Medidas Cautelares
Resolución No. 83/23( AMPLIACIÓN, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO PARCIAL )
MC 416-13 - Indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Justicia y la Dignidad , Honduras
El 27 de diciembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió emitir la Resolución de Seguimiento, Ampliación y Levantamiento Parcial respecto de las medidas cautelares 416-13 a favor de indígenas tolupantes integrantes del Movimiento Amplio por la Justicia y Dignidad (MADJ) en Honduras. En la resolución, la CIDH decidió mantener las medidas cautelares, y ampliarlas a favor de 61 integrantes identificados del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) que habitan la Tribu San Francisco Locomapa, debido a si situación de grave y urgente riesgo a raíz de sus actividades de defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio. Asimismo, la CIDH decidió levantar las medidas cautelares a favor de Santos Matute y José Salomón Matute, teniendo en cuenta que los beneficiarios fueron asesinados en 2016 y 2019, respectivamente. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión decidió:
- continuar con el seguimiento de las presentes medidas cautelares en los términos establecidos por el artículo 25 del Reglamento de la CIDH;
- levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de Santos Matute y José Salomón Matute;
- ampliar las medidas cautelares otorgadas a favor de 61 integrantes del MADJ que habitan la Tribu San Francisco Locomapa, solicitando su protección en los términos de la Resolución 12/2013; y
- implementar las presentes medidas cautelares considerando el enfoque étnico y de género aplicable, según corresponda.
Resolución No. 55/23
MC 137-23 - Integrantes identificadas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y del Bufete Justicia para los Pueblos, Honduras
El 5 de octubre de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 30 integrantes identificados de Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Honduras. De acuerdo a la solicitud, las personas beneficiarias han sido objeto de amenazas de muerte, seguimientos, vigilancias, hostigamientos y otros hechos de violencia, a lo largo de los últimos años, particularmente en el ámbito de su trabajo como personas defensoras de derechos ambientales y como representantes legales del Comité en torno proyectos extractivos y de explotación minera. Se alega que determinadas personas beneficiarias no cuentan con ninguna medida de protección y las que cuentan con esquemas de protección vigentes, estos no se estarían implementando adecuadamente, permitiendo que la continuidad y permanencia de la situación de riesgo. La Comisión valoró las acciones implementadas por el Estado, sin embargo, observó que continúa la situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Honduras:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas integrantes identificadas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y del Bufete Justicia para los Pueblos;
- adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que las personas beneficiarias puedan continuar realizando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia;
- concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolución No. 47/23
MC 404-23 - Integrantes de la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Honduras
El 20 de agosto 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alegó que las personas integrantes de ARCAH desarrollan actividades en la defensa de los derechos ambientales, realizando denuncias en torno a proyectos industriales y extractivos y estarían siendo objeto de vigilancias, seguimientos, intimidaciones, amenazas y otros eventos de riesgo que les ponen en riesgo en el ejercicio de sus labores. Asimismo, señaló que, a pesar de contar con medidas de protección vigentes, estas no se estarían implementando adecuadamente, lo cual ha permitido que la continuidad y permanencia de la situación de riesgo en perjuicio de las personas integrantes de ARCAH. Tales situaciones que se mantendrían en el tiempo e incluso habrían aumentado durante el 2023. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Honduras:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las once personas integrantes de ARCAH;
- adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos ambientales, sin ser objeto de amenazas, hostigamientos y otros actos de violencia en el ejercicio de sus labores;
- concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.
Resolución No. 18/23
MC 937-22 - Pedro de Jesús Pinto Cabrera y su núcleo familiar, Honduras
El 13 de abril de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Pedro de Jesús Pinto Cabrera y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario es funcionario público del Instituto de Conservación Forestal y desarrolla actividades de defensa de derechos ambientales en el municipio La Labor, del departamento de Ocotepeque, en la Reserva de Guisayote. Debido a su labor, el propuesto beneficiario estaría siendo objeto de actos de violencia, amenazas e intimidación desde noviembre de 2022. En su análisis, la Comisión valoró las medidas de protección adoptadas por el Estado. No obstante, la Comisión consideró que los eventos de riesgo serían una forma de represalia a la actuación del propuesto beneficiario en la defensa del medio ambiente, así como la seriedad y la continuidad de su situación de riesgo, pese a las medidas de protección. Por consiguientes, en los términos del artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita al Estado de Honduras que:
- adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Pedro de Jesús Pinto Cabrera y su núcleo familiar;
- adopte las medidas necesarias para que el beneficiario pueda desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de amenazas, hostigamientos y violencia en el ejercicio de sus labores como Guarda Reserva de la Dirección del Instituto de Reserva Guisayote y Presidente de la Junta de Agua del barrio la Mesa, de La Labor, departamento de Ocotepeque;
- concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución No. 11/23
MC 41-22 - Hedme Fátima Castro Vargas y su núcleo familiar, Honduras
El 6 de marzo de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Hedme Fátima Castro Vargas y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alegó que Hedme Fátima Castro Vargas, quien es defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), estaría siendo objeto de actos de seguimientos, vigilancias, amenazas y otros eventos de riesgo en el ejercicio de sus labores. Asimismo, señaló que, a pesar de contar con medidas de protección vigentes, estas no se estarían implementando adecuadamente ni se han hechos los correctivos correspondientes a la fecha, lo cual ha permitido que la continuidad y permanencia de la situación de riesgo en perjuicio de la señora Hedme Fátima Castro Vargas y los miembros de un núcleo familiar. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Honduras:
- adopte las medidas necesarias, con enfoque de género, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora Hedme Fátima Castro Vargas y los integrantes de su núcleo familiar;
- adopte las medidas de protección que resulten necesarias, con el correspondiente enfoque de género, para que la señora Hedme Fátima Castro Vargas pueda continuar realizando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia;
- concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así´ evitar su repetición.