Guatemala: CIDH y RELE rechazan el persistente abuso de poder con fines político-electorales y la criminalización

18 de noviembre de 2023

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) rechazan el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala, mediante incesantes acciones e injerencias indebidas. Estas atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país.

El 16 de noviembre, el MP anunció la apertura de una investigación por hechos relacionados con las movilizaciones estudiantiles y la ocupación de la Universidad de San Carlos (USAC), ocurridas entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023, en las que la comunidad universitaria denunciaba irregularidades en el proceso de elección del rector de dicha entidad.

El Ministerio Público indicó que la USAC tuvo un daño de 90 millones de quetzales en su estructura física. Además, señaló que el objeto real de la toma de dicha Universidad "fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a personas candidatas de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso de la República, entre otros".

Posteriormente, a través de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, el MP anunció la solicitud de 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión en contra de líderes y lideresas universitarias, personal académico, el exprocurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, entre otras; por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada y asociación ilícita. Hasta el 16 de noviembre, 5 personas habían sido detenidas, Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Marcela Blanco Fuentes, excandidata a diputada del partido Semilla.

El mismo 16 de noviembre, el Ministerio Público informó sobre la presentación de solicitudes de retiro de inmunidad de 5 diputados integrantes de los partidos políticos Movimiento Semilla, VOS y Winaq; así como del presidente electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera, vicepresidenta electa, con base en alegados pronunciamientos de redes sociales sobre la toma de la USAC.

Por otra parte, la CIDH advierte con preocupación que la solicitud del retiro de inmunidad del presidente y vicepresidenta electos ocurre en un contexto ampliamente documentado sobre reiteradas acciones injerencistas del MP en las elecciones generales y en el proceso de transición en curso, mediante la instrumentalización del derecho penal. Asimismo, alerta sobre el riesgo de dichas injerencias respecto de la toma de posesión del presidente electo, conforme la voluntad soberana expresada en las urnas, lo que socava gravemente el principio de separación de poderes y profundiza la inestabilidad política en Guatemala.

La Secretaría General de la OEA, señaló que "estas decisiones del Ministerio Público constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático".

El respeto a los derechos humanos; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; y la separación e independencia de los poderes públicos, son elementos esenciales de la democracia representativa, según el art. 3 de la Carta Democrática. La CIDH recuerda que "el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de derecho que incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia".

La CIDH y su RELE reiteran su llamado a cesar las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población, y de esta forma cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Finalmente, urgen al Estado a garantizar y respetar el proceso de transición presidencial.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 268/23

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