Como proyecto pionero, este esfuerzo colaborativo reúne 5 áreas de la OEA con el objetivo de fortalecer las capacidades de siete (7) Estados Miembros para prevenir e investigar el crimen organizado vinculado a la explotación de los refugiados y migrantes venezolanos, en particular, la trata de personas, y el tráfico de migrantes. El proyecto también busca fortalecer la gestión fronteriza en los países beneficiarios para aumentar la detección de movimientos irregulares de bienes, y personas; y promover la inclusión de las víctimas y sobrevivientes de estos delitos en la sociedad.
Los 7 países -Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago- se beneficiarán de diferentes actividades dirigidas por el Departamento de Seguridad Pública (DPS), la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), el Departamento de Inclusión Social (DIS), el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) y el Grupo de Trabajo para el Abordaje de la Crisis Migratoria y de Refugiados de Venezuela en la Región.
El proyecto está financiado por el Programa de Desarrollo de Capacidades de lucha contra el Crimen (ACCBP) de Global Affairs Canada. Por lo tanto, está alineado con sus prioridades para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.