Junto a la minería ilegal concurre una cadena de actividades ilícitas que van desde la importación irregular de precursores y maquinaria hasta la comercialización de recursos extraídos ilegalmente.

Esto incluye el lavado de los beneficios que son reutilizados en otras actividades ilegales, o la expansión de las operaciones de minería ilegal a otras zonas en los países de la región.

Los vacíos en los marcos regulatorios y en los protocolos procesales, la insuficiente coordinación entre las autoridades responsables por la detección, investigación y persecución de la minería ilegal y de sus flujos financieros ilícitos, así como la necesidad de mejorar los mecanismos para fomentar la cooperación internacional, son algunos de los desafíos sobre los cuales se centra este proyecto.

Las actividades están dirigidas a beneficiar directamente a personas funcionarias y agencias de Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Suriname.

Estos países se encuentran entre los mayores productores de oro de Latinoamérica. Su producción combinada les ubica como el segundo mayor productor del mundo. Se estima que entre el 50% y el 60% de su industria minera en la región es informal, lo cual dificulta la supervisión y control por parte del Estado y genera las condiciones idóneas para su explotación.