Como parte de su portafolio de proyectos de asistencia técnica enfocados en alternativas al encarcelamiento, la Unidad de Fortalecimiento Institucional ha colaborado con México durante más de una década en el desarrollo, adopción y expansión de programas de justicia terapéutica.
Los programas de justicia terapéutica en México están principalmente diseñados para personas en conflicto con la ley que tienen un trastorno por uso de sustancias, el cual es uno de los principales factores en la comisión de conductas delictivas. Dichas conductas no se refieren necesariamente a los delitos relacionados con el consumo de sustancias (por ejemplo, posesión), sino también a los cometidos bajo los efectos de sustancias psicoactivas (por ejemplo, conducir bajo los efectos de alcohol), así como aquellos cometidos con el fin de obtener dinero para poder comprar dichas sustancias (por ejemplo, robo).
Estos programas brindan a las personas en conflicto con la ley la opción de elegir el tratamiento y la rehabilitación bajo supervisión judicial, en coordinación con un equipo multidisciplinario, y en vez del encarcelamiento. La graduación del programa tiene como resultado que se retiren los cargos penales pendientes. Si el participante no logra completar el programa de manera exitosa, el participante simplemente se regresa al proceso penal ordinario. Asimismo, debido a que la participación es completamente voluntaria, los participantes pueden optar por abandonar el programa en cualquier momento del proceso.
Al centrarse en el tratamiento de un trastorno por uso de sustancias, los programas ofrecen una alternativa al encarcelamiento y abordan una causa raíz de la conducta delictiva. Estos también consideran la posibilidad de recaídas, las cuales son percibidas como elemento normal en el proceso de tratamiento. Por ende, las alternativas pueden ayudar a romper la “puerta giratoria” de la conducta delictiva, el abuso de sustancias y el encarcelamiento.
A partir de 2008, la CICAD ha apoyado informalmente a México con el lanzamiento de su primer programa piloto de alternativas al encarcelamiento con un tribunal de tratamiento de adicciones en Guadalupe, Nuevo León. En 2013, esta colaboración se transformó en un proyecto de varios años que apoyó la expansión del programa piloto en Nuevo León; el desarrollo de programas piloto en cuatro entidades federativas mexicanas adicionales (Chihuahua, Durango, Estado de México y Morelos); y la creación de una guía metodológica para la justicia terapéutica en México (la cual fue reemplazada en 2020 por la Guía de Justicia Terapéutica de México). Además, la CICAD patrocinó la publicación del primer estudio diagnóstico de los programas de justicia terapéutica en México, centrado en el programa de Guadalupe.
En 2020, el Gobierno de México y la OEA acordaron renovar este proyecto, así como ampliar aún más su alcance. Esta segunda fase tiene por objetivo (1) reforzar y expandir los cinco programas existentes; (2) establecer programas piloto adicionales en todo México; (3) desarrollar un currículo y otros materiales de capacitación destinado a futuros operadores; (4) capacitar a capacitadores expertos mexicanos para brindar sostenibilidad a largo plazo; y (5) desarrollar aún más las actividades de monitoreo y evaluación en torno al programa. A partir de septiembre de 2022, un nuevo estado mexicano ha lanzado un programa piloto (Hidalgo), con programas en varios otros estados en etapas avanzadas de planificación.
Estos programas emplean un enfoque multisectorial, el cual combina la experiencia del sistema de justicia penal, la salud pública y los servicios de reinserción social. Por tanto, también estimulan la colaboración entre estos sectores de manera más amplia, y ayudan a brindar opciones de rehabilitación más integrales a los participantes elegibles. Adicionalmente, el programa ha presentado el modelo de Gestión de Casos y Atención Integral (CCM, por sus siglas en inglés) a las entidades federativas como parte de sus actividades de asistencia técnica.