Las personas con discapacidad enfrentan una serie de obstáculos que entorpecen su acceso a la salud, la educación, el empleo, el transporte, la información y otros servicios considerados básicos. Como consecuencia, tienen peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas, conforme indica el Informe Mundial de la Discapacidad publicado por el Bando Mundial y la Organización Mundial de la Salud.
Para atender a esta situación, el Departamento de Inclusión Social, como área responsable de promover la agenda de derechos de las personas con discapacidad a nivel hemisférico, trabaja de la mano de autoridades nacionales de gobierno, representantes de organismos internacionales, instituciones académicas, entes del sector privado empresarial y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de cambiar las condiciones y garantizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.
Esto, en concreto, significa difundir los marcos normativos sobre los derechos de las personas con discapacidad; compartir experiencias exitosas de inclusión; celebrar acuerdos de cooperación; evaluar los progresos y dificultades registrados en la región; participar en eventos de concientización o promoción de derechos; prestar asistencia técnica, y servir de foro para el diálogo político para la negociación y búsqueda de soluciones entre actores claves.