Discursos

DR. DIEGO GARCIA-SAYAN, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERU
DISCURSO EN EL CONSEJO PERMANENTE DE LA O.E.A.

13 de febrero de 2002 - Washington, DC


Señor Presidente,



Es para mi un honor estar con ustedes para traer el saludo entusiasta de un pueblo que ha recuperado su democracia, que lucha decididamente contra la corrupción y que avanza vigorosamente en construir una sociedad justa y solidaria. El gobierno que encabeza el Presidente Alejandro Toledo, fiel impulsor y catalizador de esa lucha, les extiende la mano fraterna y agradecida y el compromiso de desempeñar un papel decidido en la afirmación de la democracia en nuestro continente.

En esta primera ocasión en la que me dirijo al Consejo Permanente en mi condición de Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, debo expresar mi público reconocimiento a los gobiernos que prestaron su respaldo a la lucha democrática del pueblo peruano y al papel cumplido por la OEA. Con su desempeño desde la Asamblea General efectuada en Windsor en junio del 2000 frente al caso peruano, la OEA se ha vigorizado en su función de promover el respeto a los principios democráticos contenidos en la Carta.

En el caso de mi país, señor Presidente, la Misión de Alto Nivel que en el año 2000 conformaron el Secretario General y el entonces presidente de la Asamblea General, el Canciller de Canadá, fue una pieza muy importante en el proceso de recuperación democrática del Perú. La agenda sustantiva de trabajo que se presentó y la Mesa de Diálogo a la que concurrieron los representantes de la oposición democrática y del régimen autoritario, fueron espacios fundamentales para encontrar un camino institucional y pacifico para el tránsito de la dictadura a la democracia.

Esta forma de encarar la situación constituyó el punto de inflexión. Si bien fue una respuesta apropiada al clamor democrático y de recuperación de la ética que expresaba el pueblo peruano en las calles, demostró que había que recurrir a respuestas ad hoc dadas las limitaciones de los instrumentos interamericanos disponibles hasta ese momento. Eso nos hizo reflexionar sobre la urgente necesidad de contar con nuevos mecanismos que respondan a los problemas y amenazas contra la democracia en el hemisferio.



CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA



Señor Presidente,

La mejor demostración de la existencia de un sistema regional que promueve y se basa en valores fundamentales como la democracia, es la forma como se plasmó la iniciativa del Perú respecto a la Carta Democrática Interamericana. En ella se recogió una necesidad y una convicción compartida por los pueblos de nuestro hemisferio de que la defensa del sistema democrático de gobierno es un asunto de incumbencia continental y que constituye la mejor garantía para la preservación y el respeto de los derechos humanos.

La Carta Democrática Interamericana es el fruto de un consenso generado en un complejo proceso negociador en el que todas las delegaciones, conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, enriquecieron su contenido con sustanciales aportes. La Carta Democrática Interamericana es hoy una herramienta de gran valor con que cuenta la Organización de los Estados Americanos para el cumplimiento de una de las más importantes funciones que se le encomienda en su carta constitutiva. Estamos seguros que contribuirá decididamente a preservar los valores esenciales de nuestras democracias, acechadas por sutiles y encubiertas formas de autoritarismo como aquellas que sometieron y sofocaron a mi país durante la última década.

Su solemne aprobación en Lima el pasado 11 de setiembre, en circunstancias dramáticas por todos conocidas, no constituye sin embargo el final de la tarea. Por el contrario, sólo vislumbra el surgimiento de nuevas e importantes metas de carácter preventivo y promotor así como de oportuna y enérgica reacción cuando el ordenamiento democrático se haya visto afectado.

Hoy, vigorizada con su valioso papel en la contribución al esfuerzo democrático de los peruanos y premunida de un novedoso instrumento como la Carta Democrática Interamericana, la OEA expresa mucho mejor las voluntades democráticas compartidas en el hemisferio y la decisión de defender y promover los valores que allí se encuentran condensados.

HAITI


Señor Presidente,
El Perú sigue con mucha preocupación la situación en Haití y respalda decididamente los esfuerzos del Secretario General y del Secretario General Adjunto en el proceso de defensa de la democracia en ese país. El Perú apoya totalmente la resolución aprobada en el Consejo Permanente el 16 de enero en la que se exhorta al Gobierno de Haití a que invite a la OEA para que envíe a sus representantes para investigar y evaluar la situación en dicho país y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una visita in situ.

Para el Perú la democracia es una obligación exigible a todos los Estados miembros de nuestra Organización, de acuerdo con los instrumentos adoptados por el Sistema Interamericano, incluyendo la Carta Democrática Interamericana. La defensa y el ejercicio de la democracia se sustentan en la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, en un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, en la separación e independencia de los poderes públicos, en la preservación del Estado de Derecho y en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El objetivo final de la participación de la OEA en Haití debe estar dirigido, señor Presidente, a lograr la plena vigencia de la democracia y de los derechos humanos en ese país. Ello permitirá normalizar sus relaciones con la comunidad internacional, para que su pueblo se beneficie del desarrollo social y económico a que tiene derecho a aspirar. El Perú seguirá con atención la evolución de la situación en Haití y los resultados que alcancen las misiones de la Organización para adoptar las acciones que sean necesarias dentro de lo establecido en la Carta Democrática Interamericana y la carta constitutiva de la organización.



TERRORISMO
Señor Presidente,

El terrorismo es incompatible con el concepto mismo de democracia pues se nutre y fomenta la intolerancia sin importarle sus consecuencias económicas o humanas. El Gobierno del Perú se encuentra comprometido plenamente en la lucha contra el terrorismo. Sin ambigüedad alguna. Creemos que la solidaridad y la activa cooperación internacional deben prevenir y perseguir la violencia terrorista.

El Perú, por directiva expresa del Presidente Alejandro Toledo, ha incorporado la lucha contra el terrorismo como un componente esencial de su política exterior, haciendo hincapié en que el éxito de ella tiene que ver mucho con que ésta se lleve a cabo dentro del marco del pleno respeto de los derechos humanos y de la soberanía de los Estados. Ello marca, asimismo, nuestra decidida participación en los distintos trabajos sobre la materia en la OEA.

Mi país viene impulsando desde el mes de setiembre la aprobación de una Convención Interamericana Contra el Terrorismo. La aprobación de la Convención debe ser una señal política inequívoca del compromiso del sistema interamericano en la lucha contra el terrorismo, así como un instrumento jurídico eficaz para la cooperación horizontal. Por ello, el Perú y la Argentina presentaron un texto consolidado, el mismo que está siendo negociado con imaginación y flexibilidad a favor de la obtención de una Convención orientada a la acción práctica con un enfoque proactivo a favor de la mejor y más efectiva cooperación entre nuestros gobiernos.

Asimismo, quiero resaltar la contribución de los Estados Unidos de América que se ha materializado en una propuesta de texto que complementa desde otra perspectiva la propuesta peruano-argentina y que estoy seguro enriquecerá el texto final de Convención.

El Perú, en este proceso, está firmemente comprometido con la tarea del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para preparar el texto de la Convención, cuya acertada dirección ha sido asumida por México.


Señor Presidente,

Mi país ha ofrecido y reitera aquí su ofrecimiento de que se lleve a cabo en Lima antes del mes de junio la reunión del Consejo Permanente en la que se aprobará el texto del Proyecto de Convención, el mismo que será sometido a la consideración final de la Asamblea General de Barbados.

Con respecto al Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), el Perú presidio la Subcomisión de Control Fronterizo y ha contribuido recientemente al fondo voluntario para el sostenimiento de dicho Comité, lo que demuestra su compromiso con los propósitos del CICTE. En ese marco, mi país reitera su ofrecimiento de cooperación permanente a fin de obtener resultados concretos que coadyuven en la lucha internacional en contra del terrorismo.


LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Perú asigna una de las primeras prioridades en sus objetivos de política interna y externa a la lucha contra la corrupción. Estamos enfrentando este problema de manera frontal y sin ambages, adoptando importantes medidas para combatirlo y rompiendo con muchos tabúes en la política peruana acostumbrada a la impunidad de la clase política y de los altos mandos militares en el cumplimiento de sus responsabilidades.

El Procurador del Estado, así como los jueces y fiscales que tienen a su cargo las investigaciones, han logrado congelar cuentas bancarias, poner tras las rejas a más de un centenar de personajes de la administración del ex Presidente Fujimori, vinculados a la comisión de graves delitos en agravio del Estado. Se ha respondido y se está respondiendo con el más escrupuloso respeto del Estado de Derecho y de los estándares del debido proceso.

Para enfrentar con éxito a la banda de crimen organizado que se apoderó del Estado peruano, se está usando sólo las armas de la ley y de un Poder Judicial que ha recuperado su independencia. Este esfuerzo de los peruanos en la guerra contra la corrupción, que es parte de los compromisos que los Estados democráticos tenemos, requiere sin embargo, de la más amplia colaboración de la comunidad internacional para que no triunfe la impunidad. De manera bilateral se está avanzando significativamente en acuerdos que permitirán recuperar importantes sumas de dinero que están depositadas en el exterior; y la detención de personas vinculadas a la red de corrupción que implantó el gobierno de Fujimori. Quiero expresar, aquí, nuestro reconocimiento al apoyo que en esta materia se ha recibido de varios países de este hemisferio, así como de países más lejanos como Suiza.



Señor Presidente,



En el marco de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, las autoridades judiciales han iniciado ya varios procesos penales a quien ocupó la presidencia del Perú hasta noviembre del año 2000 cuando huyó al Japón. Es muy probable que en el curso de los siguientes meses las autoridades judiciales soliciten la extradición al Perú del prófugo con la finalidad de que responda ante la justicia peruana por los graves delitos que se le imputan, que van desde la sistemática violación de los derechos humanos, el saqueo indiscriminado de los recursos del Estado y el establecimiento de una vasta red de corrupción a todo nivel que ha afectado gravemente a las estructuras políticas y económicas del país. Esta no es una causa de tipo político. Es una causa de recuperación de la ética y de afirmación de la justicia. Que requerirá del apoyo de todos los Estados democráticos para que no prevalezcan interpretaciones antojadizas, que podrían resultar en impedir la extradición de quien huyó de sus responsabilidades.



LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Señor Presidente,



El Presidente Toledo está conduciendo el firme compromiso del Perú en la lucha contra las drogas ilícitas. Este descansa, ante todo, en convicciones éticas y morales y no en contingentes consideraciones de tipo político-estratégicas. Lo hace con una perspectiva integral y bajo el principio de la responsabilidad compartida entre países productores, consumidores y de tránsito. Este flagelo que promueve la corrupción y en ocasiones se alía al terrorismo ha probado ser una de las más grandes amenazas a la paz y la seguridad en el Hemisferio.

El gobierno del Perú promueve una acción concertada en la lucha contra las drogas en el ámbito hemisférico y de la Comunidad Andina de Naciones, que ha elaborado una política exterior común en esta materia. En este marco, en la reciente Cumbre Presidencial Andina de Santa Cruz, los Jefes de Estado Andinos han propuesto una Cumbre con los Estados Unidos y la participación de otros países relevantes de la región.

Teniendo en cuenta que este flagelo afecta indistintamente a países de diverso grado de desarrollo en el Hemisferio, resulta prioritario fomentar la cooperación, la coordinación de políticas y acciones conjuntas en el ámbito continental. Para tal efecto, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) se convierte en el foro idóneo para lograr estos objetivos.

Por ello, teniendo en cuenta esta perspectiva integral de la lucha contra las drogas, el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) cobra una especial importancia. Es este un importante ejercicio de consenso que nos permitirá medir con criterios objetivos el grado de avance y de esfuerzo en esta lucha y corregir rumbos. Por tal motivo, el Perú apoya decididamente este proceso.

SEGURIDAD
Señor Presidente:



El Perú tiene una profunda vocación pacifista y como país que ha sufrido la violencia en carne propia sabe apreciar el valor supremo de la paz y la imperiosa prioridad del desarrollo y de la lucha frontal contra la pobreza.

Esta voluntad se traduce en la propuesta del Presidente Alejandro Toledo de alcanzar un consenso regional para la limitación de gastos en adquisición de armamentos, que permita concentrar todos nuestros esfuerzos y los escasos recursos de nuestros presupuestos nacionales en la solución de los graves problemas que afectan a la mayoría de los países del Hemisferio.

La propuesta peruana ha sido recogida en las declaraciones aprobadas en la Cumbre Presidencial del Grupo de Río efectuada en agosto del 2001 y en la Cumbre Iberoamericana de noviembre, así como en cada una de las declaraciones conjuntas presidenciales suscritas a nivel bilateral entre el Presidente Toledo y los Presidentes de Bolivia, Chile y Ecuador. Este mes de abril, a iniciativa del gobierno del Perú, se llevará a cabo en Lima una reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de los países andinos con el propósito de avanzar en la dirección de reducir drásticamente los gastos en armas e invertir los limitados recursos de los que disponen nuestros países en educación, salud y en la lucha contra la pobreza.

Asimismo, El Perú, como país firmante de la Convención de Ottawa, ha asumido el firme compromiso de erradicar las minas antipersonal que aún se encuentran diseminadas en nuestro territorio. Como parte de ese compromiso, recientemente el Perú ha destruido arsenales completos de estas armas y avanza en el desminado de la frontera con el Ecuador, con la valiosa cooperación de la OEA que el Perú aquí agradece.



Señor Presidente,

Mi gobierno concede especial importancia al tema de la Seguridad Hemisférica, y se apresta a participar activamente en la preparación de la Conferencia Especial sobre Seguridad.

En ese sentido, respaldamos con firmeza el ofrecimiento de México para ser sede de esta importante Conferencia en la que se deberán sentar las bases para un nuevo esquema de seguridad colectiva que reemplace al sistema vigente que responde a una etapa histórica que ya ha sido superada.

Hoy las amenazas son de carácter transnacional y han cambiado de naturaleza. Ahora son amenazas como el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el trafico ilícito de armas, la degradación del medio ambiente y la delincuencia trasnacional, entre otros, que requieren de la adopción de un nuevo esquema de seguridad interamericano que se pueda adaptar con eficiencia a estas nuevas circunstancias.



PUEBLOS INDÍGENAS


Señor Presidente,

La restauración de la democracia en mi país, ha conllevado necesariamente al resurgimiento de nuevos valores y actitudes éticas y democráticas fundamentales. Nos ha llevado a la plena convicción de que sin la participación abierta, no discriminatoria y con el compromiso de cada uno de sus integrantes, no será posible construir el Perú del futuro. El Presidente Toledo ha instituido como una de sus prioridades de la agenda nacional la recuperación y revaloración del aporte de los pueblos indígenas en la construcción de una nueva nación, una nación de todas las sangres.

Desde 1998, se analiza en la Organización el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el seno del Grupo de Trabajo que preside ahora el Perú. Con su aprobación habremos contribuido al desarrollo progresivo del derecho internacional al consagrar en este instrumento los derechos humanos de los pueblos indígenas. Para lograr ese propósito el Perú, en la Sesión Especial a realizarse en marzo, propiciará y apoyará la búsqueda de consensos entre los representantes de los Estados y de los Pueblos Indígenas para avanzar en la aprobación de un texto de Declaración progresista y con visión de futuro que marque el punto de partida para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.


DERECHOS HUMANOS


Señor Presidente,



Para el Gobierno del Presidente Alejandro Toledo la promoción y protección de los derechos humanos son una prioridad que surge de la propia gesta democrática que originó su gobierno. La democracia sólo puede existir donde se dé un irrestricto respeto de los derechos humanos porque éstos son el sustento de ella y ésta, para que sea consistente y estable, no puede existir sin ellos.

En el ámbito interno, se ha promulgado una Ley que concede amnistía general a favor de todos los defensores del Estado de Derecho que batallaron contra la autocracia. Dicha ley se aplica tanto a los miembros de la sociedad civil como al personal militar y policial, excluyéndose expresamente los delitos contra la voluntad popular y los delitos de violación de derechos humanos. Asimismo, por recomendación de la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para Casos de Terrorismo y Traición a la Patria del Consejo Nacional de Derechos Humanos, se ha indultado a un número significativo de ciudadanos indebidamente sentenciados por el delito de terrorismo.

También se ha creado la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la misma que está conformada por doce personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad e identificadas en la defensa de la democracia y la institucionalidad constitucional.



Señor Presidente,



Esta nueva actitud y prioridad nos ha ubicado en la primera línea de participación y tratamiento del tema en Naciones Unidas y la OEA.

A nivel del Sistema Interamericano, ha quedado atrás la pretensión de la dictadura de apartar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la permanente confrontación con la comunidad democrática internacional. El Perú es hoy parte activa de quienes impulsan el Tribunal Penal Internacional y ha aprobado recientemente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, cuyo instrumento de ratificación estoy depositando el día de hoy en la Secretaria General.

En el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantenemos una política de trabajo conjunto y dialogo permanente, lo que nos ha llevado a lograr importantes acuerdos para la solución de numerosos asuntos pendientes.



Mi Gobierno está convencido de la necesidad de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de actualizarlo a las nuevas circunstancias, caracterizadas por la vigencia de la democracia.

Teniendo en cuenta los limitados recursos presupuestales y humanos con que cuenta la CIDH para sus actividades, deben promoverse acciones tendientes a obtener mayores recursos, al mismo tiempo que se formulen propuestas creativas que no representen costos significativos para mejorar la eficiencia del sistema.

En ese sentido, el Perú apoya los trabajos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para la evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos tendientes a su fortalecimiento y perfeccionamiento.



CIDH


Señor Presidente,



El compromiso pleno del Perú con la causa de los derechos humanos, motivó el gesto generoso del Gobierno de Transición a presentar, en enero del año 2000, mi candidatura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco, en mi nombre y en el de mi país, el significativo respaldo político que prestaron en la Asamblea General de San José de Costa Rica a la candidatura de un peruano a este significativo foro regional.

Sin embargo, el compromiso que he asumido como Canciller y la recargada agenda que este cargo conlleva, plantean dificultades objetivas para poder asumir en los próximos días mis funciones como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, mi convicción profunda siempre ha sido y sigue siendo que los miembros de los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano deben ser independientes para asegurar, así, que los órganos de protección también puedan serlo. Por estas razones, señor Presidente, considero conveniente renunciar al cargo de miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que debía haber asumido en diez días.

En tal sentido, siguiendo la tradición ya existente sobre la materia en nuestra Organización, deseo presentar a una candidata peruana para que me reemplace en este importante cargo. Se trata de la señora Susana Villarán, prestigiosa educadora de intachables credenciales en defensa de la democracia y protección de los derechos humanos, quien ejerció el cargo de Ministra de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano del Gobierno de Transición del Presidente Valentín Paniagua.



Muchas Gracias