Quisiera comenzar por agradecer a la AID, el BID, el Banco Mundial, la Federación de Municipalidades de Centroamérica, la Fundación Interamericana y a quienes a nombre de la OEA han participado en la organización de este encuentro, por la oportunidad que me han ofrecido de participar de nuevo, al igual que lo hiciera en noviembre de 1994, en esta Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes.

Es particularmente apropiado reunirnos para dialogar sobre el futuro de nuestras ciudades en Miami, cuando ésta celebra 100 años de su creación. La ciudad de Miami se ha convertido en el mayor punto de encuentro para millones de latinoamericanos y caribeños que cada año pasan por ella. Probablemente más que ninguna otra ciudad en los Estados Unidos, Miami se ha beneficiado del talento de personas de todas las Américas y ha desempeñado un papel de liderazgo en la economía de la región.

Para mi constituye sinceramente una gran satisfacción el reunirme con alcaldes y líderes locales pues, como lo recuerdo con frecuencia y con orgullo, tuve el honor y conservo recuerdos especialmente gratos de uno de los cargos con los cuales la vida me ha honrado: el de Alcalde de Pereira, mi ciudad natal.

Se trataba, entonces, de circunstancias diferentes. A nivel internacional ya nadie duda que estamos en un mundo nuevo. Vientos de cambio derribaron muros y dictaduras, y sembraron nuevos valores y legitimidades. La Guerra Fria terminó y ha resurgido la aldea global como expresión de un mundo signado por dos realidades incuestionables: la multipolaridad y la interdependencia.

De otro lado, el crecimiento urbano ha continuado a ritmo acelerado, especialmente en los países en desarrollo. El 75% de los latinoamericanos vive en áreas urbanas y las proyecciones indican que esta tendencia continuará. De hecho, ciudades como Guadalajara se han convertido en metrópolis en el último decenio y Sao Paulo y México llegarán a tener 25 millones de personas a finales de este siglo.

La descentralización es otro de los cambios recientes en América Latina y el Caribe. Después de haber tenido regímenes altamente centralizados, las autoridades locales y aún las seccionales son elegidas y se han transferido competencias y recursos del Estado central a los niveles regionales y municipales. Hoy, los gobiernos regionales de estos países responden por cerca del 30% del gasto total del sector público y la tendencia es al aumento.

Las relaciones entre el Gobierno Federal y los Estados o Provincias también es un tema central del debate público en Estados Unidos y Canadá. Algo similar ocurre en los países de Europa Occidental y, al lado de las privatizaciones, éste ha sido el aspecto más discutido en los procesos de transición de los países del Centro y el Este de Europa y de la antigua Unión Soviética.

Las anteriores y otras transformaciones que se han dado en nuestro hemisferio y a nivel universal durante los últimos años, ponen de relieve "el rol de las ciudades en una economía global", que es el tema sobre el cual he sido invitado a hablar en esta Conferencia.

Como Ustedes saben, hace apenas un poco más de un año, se reunieron aquí, en Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. La Declaración de Principios y el Plan de Acción emanados de la Cumbre definieron los grandes pilares de una nueva agenda hemisférica, sustentada en la plena convergencia de valores y en una voluntad política sin precedentes.

En la Cumbre de Miami, los Mandatarios decidieron iniciar las negociaciones del "Area de Libre Comercio de las Américas" que deberán concluir a más tardar en el año 2005. Se trata, sin duda, de uno de los empeños colectivos más ambiciosos emprendidos por un grupo de naciones. Quizás desde la creación de la antigua Comunidad Económica Europea no había existido un esfuerzo de tantas proyecciones y con tantas posibilidades.

El objetivo de construir un Area de Libre Comercio de las Américas no es una meta exclusivamente comercial. Es, ante todo, la expresión de una convergencia de los valores económicos, políticos y sociales fundamentales que orientan a las Américas.

La integración como propósito colectivo se hizo viable porque prácticamente todas las naciones del Hemisferio han mantenido un férreo compromiso con la democracia; porque se hizo evidente en todos los países de América que las políticas proteccionistas se agotaron; y porque éstos aprendieron la dura lección en torno a los inmensos costos y traumatismos que acarrea el perder el norte del equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria y financiera.

Pero tal vez el aspecto central de lo que ha ocurrido hasta ahora, y que alimenta la esperanza de que el Area de Libre Comercio es un proyecto política y económicamente viable, es el hecho de que la liberación comercial ha demostrado su efectividad al producir resultados positivos, concretos y excepcionales.

Las cifras no pueden ser más dicientes. El arancel promedio de las diez más grandes economías latinoamericanas bajó de más del 50% hace una década al 25% en 1991 y al 12% durante 1993. El comercio intra-regional de MERCOSUR viene creciendo a un ritmo del 30% anual promedio desde 1992. El comercio intrarregional entre América Latina y el Caribe creció el 20% el año pasado y, en general, las exportaciones intraregionales se duplicaron entre 1992 y 1995. Las exportaciones entre miembros del Grupo Andino han duplicado su participación en el total exportado.

El comercio entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe alcanzó, en 1995, 202 mil millones de dólares lo que representa un 12% de crecimiento con respecto a 1994 y un 72% con respecto a 1990. Las exportaciones de los Estados Unidos a las Américas han crecido al doble comparadas con cualquier otra región del mundo. Las exportaciones de Canadá a América Latina y el Caribe crecieron un 30% el año pasado. Y para ilustrar el punto, basta mencionar que los Estados Unidos exportan hoy más a Costa Rica que a toda Europa del Este, y que Brasil es un mercado más grande que China para los productores norteamericanos.

El proceso hacia el Area de Libre Comercio de las Américas, ha avanzado desde la Cumbre de Miami. Como era previsible, él no ha estado exento de controversias. Seguramente, tampoco lo estará en los próximos años dada su trascendencia para el futuro de nuestros países. Pero francamente yo no creo que el aislacionismo sea una alternativa realista.

En desarrollo de ese proceso, hace apenas tres semanas, ante los empresarios del Hemisferio reunidos en Cartagena de Indias, tuve la ocasión de referirme a las lecciones que hemos aprendido desde la Cumbre de Miami, a los asuntos de fondo y apremiantes que es preciso decidir y a la estrategia que deberíamos seguir para conseguir la integración de las Américas en el año 2005.

Sin desconocer la relación que algunos de esos temas tienen con el ordenamiento urbano, hoy quisiera destacar ante Ustedes algunos de los retos que tienen los Estados y, en especial, las ciudades para asegurar la competitividad de las economías nacionales en un escenario más abierto e integrado.

Sin lugar a dudas, la apertura e internacionalización de las economías no sólo hace necesario que las empresas se transformen sino también que las instituciones públicas, en todos los niveles, se modernicen al mismo ritmo. En un ambiente de apertura, la competencia no sólo se da entre una empresa y otra, sino también y, sobre todo, entre los sistemas de los cuales una y otra hacen parte.

Por eso, es indispensable repensar el papel del Estado y tomar decisiones estratégicas fundamentales para asegurar la competitividad de los sistemas nacionales como un todo. Permítanme relevar algunos de los desafíos para las ciudades en este nuevo contexto.

En primer lugar, la infraestructura de transporte urbano y de comunicaciones, la eficiencia en la administración de puertos y aeropuertos, la prestación adecuada de los servicios de energía eléctrica, agua potable, saneamiento básico, recolección y eliminación de residuos sólidos y, en general, la existencia de una infraestructura de servicios urbanos es fundamental para las actividades económicas.

Según un estudio del Banco Mundial, las empresas en Lagos, Nigeria, tienen que invertir entre el 10% y el 35% de su capital en la generación privada de energía eléctrica; la congestión en Bangkok, El Cairo y Ciudad de México obstaculiza el movimiento de bienes y servicios; y el número de automóviles de Sao Paulo es dos veces superior al número de teléfonos. Hechos como estos pueden afectar la competitividad de las economías.

En segundo lugar, las regulaciones, los trámites y, en general, las modalidades de intervención del Estado, tienen claras incidencias sobre la posibilidad de que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales y que los empresarios extranjeros encuentren en cada país un terreno propicio para invertir sus capitales.

En este sentido, las regulaciones urbanas, relacionadas entre otros con el establecimiento de actividades productivas o con los mercados de terrenos y viviendas, pueden influir sobre la competitividad de una economía. En Malasia, por ejemplo, según el mismo estudio, se necesitan 53 trámites para obtener un permiso de construcción y el costo anual del exceso de reglamentaciones del mercado inmobiliario asciende al 3% del PIB.

Hacia el futuro, parafraseando la expresión de Toffler, el mundo se dividirá entre Estados lentos y rápidos, y es claro que los países que quieran tener una posición ventajosa en el concierto internacional deberán hacer parte de este último grupo.

En tercer lugar y con la misma orientación, es necesario modernizar y redefinir el papel del Estado a nivel local. Para ello se precisa, entre otras cosas, fortalecer institucionalmente los municipios, reestructurar entidades, reducir progresivamente la gestión de aquellas actividades que puede cumplir más eficientemente el sector privado, mejorar el régimen de los funcionarios públicos locales y las relaciones de la administración con los ciudadanos.

Por supuesto, para ello también se requiere asegurar que los municipios cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La descentralización de competencias debe estar unida a la transferencia de los recursos correspondientes.

Además y esto es especialmente válido para las medianas y grandes ciudades, es necesario avanzar en el fortalecimiento de la autonomía fiscal municipal. La transferencia de recursos, debe ir acompañada de un esfuerzo fiscal propio. Las ciudades deben poder establecer sus propios tributos y tomar las decisiones necesarias en materia de inversión o destinación de los recursos recaudados. Sólo así se logrará avanzar dentro de los propósitos de una mayor eficiencia económica y un mejoramiento de las condiciones locales.

Pero si bien todo esto se requiere, quisiera destacar, como lo dije ante los empresarios en Cartagena de Indias, que la integración no es simplemente un proyecto económico sino un proyecto político. Que más allá de preservar la voluntad de los países, o de sus gobiernos o de mantener el dinamismo de las corrientes comerciales como uno de los motores de nuestro crecimiento económico, es necesario fortalecer la democracia, combatir amenazas como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, luchar contra la pobreza extrema y mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos.

No tendría sentido que avanzáramos en materias comerciales si nuestras democracias tambalean carcomidas por la corrupción, o si las gentes se levantan contra el sistema de libertad de empresa porque equivocadamente lo responsabilizan de la inhabilidad de los gobiernos para adelantar políticas sociales que realmente mejoren los niveles de vida de los sectores más pobres.

Lo que ha pasado en las Américas no es muy distinto de lo que ha ocurrido con la evolución económica y política del este de Europa y de la antigua Unión soviética. Hasta hace unos pocos meses, pensabamos que la globalización, la prosperidad, el progreso y la reforma económica eran inevitables porque compartíamos unos valores económicos y subestimábamos los problemas políticos y sociales. Vivíamos una oleada de euforia ilimitada. Hoy ya sabemos que no hay utopía sin tropiezos.

Yo no creo que en ningún país de América se esté dando un retroceso. Más bien estamos viviendo en un mundo más realista, sin milagros económicos y sin la fe ciega en esa suerte de determinismo, según la cual, la fortaleza de los mecanismos del mercado era suficiente para garantizar el crecimiento y el bienestar.

Las gentes de nuestros países no le han dado la espalda a la modernización, pero, de igual forma, quieren que las reformas lleguen hasta las funciones del Estado y que éste tenga la capacidad de enfrentar los problemas que a los ciudadanos más les conciernen en su vida diaria. La integración, repito, es también un proyecto político y en este campo es igualmente crucial el papel de las ciudades. Permítanme destacar algunas áreas en que ello es más evidente.

Para comenzar tenemos que avanzar hacia una democracia más participativa, especialmente a nivel local. El esquema político de la democracia representativa que resultó eficaz por muchos años, hoy resulta insuficiente para satisfacer las necesidades y anhelos de los ciudadanos. La erosión de la legitimidad de algunas instituciones, la marginalidad política de amplios sectores de la población, la pérdida de identidad de los ciudadanos con normas que regulan su vida, la apatía, el desinterés por la forma como se toman las decisiones que les afectan, la desobediencia a la ley y la violencia misma, son problemas que sólo podrán encontrar solución definitiva si construimos una democracia más abierta a la participación ciudadana.

De igual forma, es necesario luchar contra las diferentes amenazas a la democracia. Hace dos semanas, en Caracas, los países de las Américas, reunidos en el marco de la OEA, adoptaron por primera vez en la historia internacional una Convención para combatir la corrupción, uno de los problemas que más mina el sistema democrático. Muchas de las decisiones allí previstas para prevenir este fenómeno, como las que buscan asegurar la transparencia en la gestión pública y un mayor control ciudadano, tienen especial aplicación en los niveles locales.

La inseguridad ciudadana es otro de los problemas que afecta la democracia en las Américas. Sus efectos son particularmente negativos sobre la calidad de vida de los ciudadanos. La criminalidad es cada vez más acentuada en los centros urbanos. Por eso, la colaboración ciudadana, la interacción entre Estado y sociedad, la ampliación de instancias de conciliación de conflictos, la atención de sectores de la población vulnerables como los jóvenes y otras estrategias para combatir los fenómenos criminales se deben implementar a nivel local, bajo el liderazgo de sus autoridades.

La preservación de los derechos humanos también tiene un amplio espacio de acción en el orden municipal. Desaparecidas las dictaduras, a nivel interamericano se ha avanzado en el consenso de que se requiere fortalecer los sistemas nacionales de defensa de los derechos humanos. Aquí de nuevo, muchos de los mecanismos para proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos, incluidos los sociales, económicos y culturales, o los colectivos, como el relativo a un medio ambiente sano, tienen particular desarrollo a nivel local.

En materia de lucha contra la pobreza y mejoramiento de las condiciones sociales de los habitantes, en áreas como salud, educación y vivienda, es crucial el papel de las ciudades. El mayor reto que tenemos en este campo es el de aprender a hacer inversión social sin que los recursos públicos se agoten sosteniendo pesadas burocracias o esten dirigidos a sectores privilegiados económicamente.

Algunos pasos fundamentales se han dado en los países de América. En especial, quisiera destacar las políticas encaminadas a fortalecer los subsidios a la demanda para focalizar los recursos en los grupos más pobres y vulnerables.

Los subsidios a la demanda han permitido la participación privada en la solución de los problemas de los pobres, por ejemplo apoyando a los que compran casas y no construyendo directamente casas por parte de empresas estatales; dar subsidios para la compra de tierras y no convertir al Estado en un mega latifundista; dar becas a los estudiantes pobres y no entregar todos los recursos públicos a colegios o universidades públicas o privadas; apoyar con subsidios a los más pobres en el sistema privado de pensiones o de salud; hacer más transparente los subsidios en agua y energía a fin de facilitar el subsidio a los estratos más bajos en vez de subsidiar todo el sistema o de administrar tarifas no rentables.

Los subsidios a la demanda también han permitido preservar la prestación de servicios públicos como una función del Estado, sin aparatosas entidades burocráticas, y han hecho posible introducir transparencia en la manera como se toman las decisiones de los beneficiarios, eliminando muchas de las intermediaciones políticas lesivas para el logro de los objetivos sociales.

Estos son algunos avances pero, por supuesto, aún es mucho lo que tenemos por aprender en esta materia. No todo es un problema de conseguir recursos. Pensar así nos podría generar grandes frustraciones. Estoy seguro que desde las ciudades, desde los niveles locales, surgirán nuevas iniciativas para avanzar en este frente.

Quisiera terminar presentando algunas reflexiones sobre la forma como concibo el papel de los alcaldes en la hora actual, así como sobre la cooperación técnica internacional, en especial, la que puede ofrecer una Organización como la OEA, en unión de otras instituciones, para apoyar los esfuerzos de las autoridades locales en el mejoramiento de las condiciones de sus municipios o ciudades.

Con los procesos de integración, urbanización y descentralización y los cambios que, en general, se están dando en todos los niveles, el papel de los alcaldes es fundamental. Ya no pueden dedicarse a cumplir simples funciones de trámite o a administrar la rutina como podría haber ocurrido en el pasado en algunos países como el mío. Hoy los alcaldes tienen que ser más que simples administradores. Deben ser auténticos líderes del desarrollo político, económico y social de sus ciudades, que congreguen a sus habitantes en torno a unos propósitos comunes y desencadenen los procesos necesarios para realizarlos.

Las ciudades y los municipios son, en la actualidad, grandes laboratorios en materia de nuevas modalidades de gestión pública, de participación comunitaria y ciudadana, de solución de conflictos, de desarrollo político, económico y social. Es necesario recoger todas esas ricas experiencias y compartirlas. Tenemos mucho por aprender unos de otros y todavía tenemos mucho terreno por recorrer en este campo.

Por ser la OEA el escenario natural de encuentro de todos los países de las Américas, pienso que en el apoyo al intercambio de experiencias y en la cooperación horizontal es donde podemos ser más útiles, en trabajo conjunto con otros organismos como el BID, Banco Mundial, AID, CIDA, los Estados, las asociaciones representativas de las autoridades locales y organizaciones no gubernamentales. Este encuentro de alcaldes que sin duda es un gran paso, podría realizar algunos aportes sobre la forma y las áreas en que deberíamos avanzar en esa dirección.

Los municipios son, al fin y al cabo, como lo confirmara Tocqueville, grandes escuelas de formación. "Es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres -decía-. Las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia; ellas son las que la ponen al alcance del pueblo; le hacen gustar de su uso pacífico y lo habitúan a servirse de ella".

Les agradezco de nuevo el honor de haberme invitado a participar en este encuentro de alcaldes y les deseo mucho éxito en sus deliberaciones.

Muchas Gracias