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Comunicado de Prensa

OEA realizó mesa redonda sobre el problema de las drogas en las Américas desde la perspectiva de los Derechos Humanos

La Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó hoy su 54 Mesa Redonda que estuvo centrada en discutir problema de las drogas en las Américas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, en la sede central de la institución hemisférica en Washington, DC.

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, indicó que el informe de la OEA sobre el “Problema de Drogas en las Américas” (Informe Analítico e Informe de Escenarios), fue presentado en diversas ocasiones desde su publicación en mayo, pero que nunca había sido sometido a una discusión con un público involucrado en el tema de los Derechos Humanos. “El Informe nos fue encargado por la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de las Américas, ante la evidencia de que las políticas para eliminar el narcotráfico en las últimas décadas han fracasado, hasta el punto de que, lejos de reducirse, se extiende a toda la región y ha terminado por constituirse en amenaza a la integridad de los Estados”, dijo.

El Secretario General de la OEA manifestó que si bien el tráfico y consumo de drogas afectan a todos los países de la región, el consumo, si bien es mayor en Norteamérica, está registrando un aumento en América del Sur, donde en algunas regiones el consumo de pasta base y crack es preocupante. “Por contraste, el impacto en la economía, la seguridad y la gobernabilidad democrática es mayor en los países de cultivo, producción y tránsito situados en el sur y en América Central, México y en el Caribe.

Al analizar el problema desde la perspectiva de los derechos humanos, el Secretario General Insulza afirmó que la inseguridad originada por la actividad las bandas del narcotráfico, “afecta a los ciudadanos en su integridad física y en su patrimonio, y a la sociedad en su conjunto, generando situaciones de corrupción que debilitan a las instituciones civiles y estatales y pueden afectar la gobernabilidad democrática de los países”. En este sentido, indicó que “es la falta de estado de derecho lo que mejor explica los altos índices de violencia por parte de las organizaciones criminales y el hecho que éstas dominen territorios e influyan sobre las decisiones públicas”.

El máximo representante de la OEA dijo que el Estado no puede abdicar de la obligación de proteger la vida, la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, amenazada por la violencia criminal organizada. “La violencia criminal que ejercen los clanes criminales en regiones y barrios de nuestros países, viola los derechos considerados en los Artículos 3 y 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Artículo 1 de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, que hablan de la vida, la seguridad y la libertad de las personas”. En este sentido, también indicó que la libertad de expresión se ve amenazada, “cuando en América Latina se asesina y amedrenta a periodistas con tanta frecuencia”, y también cuando “el acceso a la justicia es afectado cuando las víctimas o testigos que denuncian crímenes son objeto de la venganza impune de las bandas”.

El Secretario General de la OEA opinó que los Convenios internacionales relacionados con el tema de las drogas hacen poca referencia a estándares de justicia basados en principios de derechos humanos. “Las Convenciones internacionales sobre Drogas en el marco de ONU de 1961, 1971 y 1988, sólo mencionan una vez en forma expresa la necesidad de aplicar criterios basando en el respeto a los Derechos Humanos: el artículo 14 Convención 1988 sobre erradicación de cultivos”, ejemplificó. Añadió que “la omisión también está presente en las legislaciones nacionales”, y que pese que muchos países de la región han reconocido que el consumo y abuso de drogas debe ser tratado como un problema de salud, “en estos países, es posible encontrar en las cárceles, a consumidores de drogas por el sólo hecho de haberlas tenido para consumirlas”.

“El principal mensaje de nuestro Informe, es que para enfrentar el problema de las drogas de una manera eficaz se requiere de un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, de comprensión por realidades diferentes y del convencimiento de que, para ser exitosos, se debe mantener la unidad de nuestros países admitiendo la diversidad de sus situaciones particulares”, dijo el Secretario General Insulza, y agregó que una mayor flexibilidad podría llevar a aceptar transformaciones en las legislaciones nacionales o de impulsar cambios en la legislación internacional.

“En el plano de las convenciones de las Naciones Unidas, transformaciones surgirán de la posibilidad que el actual sistema de control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se flexibilice y permita que los países exploren colectivamente opciones en materia de política sobre drogas, que tengan en consideración necesidades, conductas y tradiciones particulares de cada uno de ellos”, concluyó el Secretario General de la OEA.

En tanto, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, indicó que el problema de las drogas en la región afecta profundamente a las familias y los jóvenes, en especial los de menos recursos. “Hay un problema con las opciones que tienen algunos jóvenes de nuestros países, cuando tienen como horizonte o desarrollo la pobreza o la migración, la delincuencia o las drogas”, indicó, y agregó que “en algunos sectores de nuestros países este es el horizonte que se les está ofreciendo, y esta realidad significa un contexto de negación de derechos.

El Secretario Ejecutivo de la CIDH sostuvo que esta falta de oportunidades que tienen amplios sectores de la juventud de las Américas, “es parte de los desafíos de las democracias, porque si bien hemos ido avanzado y hemos hecho muchos esfuerzos por construir una primavera democrática en la región, esto no significa que no tengamos riesgos graves y que no tengamos condiciones de negación de derechos”. “La cantidad de personas que están muriendo a consecuencia de la violencia que genera el narcotráfico, merecen otro tipo de respuestas, y bajo este dilema, estamos obligados a empujar no solo el debate, sino a cambiar una realidad que es inaceptable”, insistió.

“Mirar hacia 2025”

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Paul Simons, centró su presentación en el Informe de Escenarios y la metodología usada para elaborarlo. “Tratamos de ser muy inclusivos, incorporando muchos puntos de vista y haciendo hincapié en el componente multidimensional del tema. Los escenarios fueron diseñados por un grupo de 47 representantes de gobiernos, sociedad civil, jueces, policías, trabajadores sanitarios, jóvenes, mujeres e indígenas, entre otros”, explicó.

Después de un año de trabajo, 75 entrevistas de alto nivel incluyendo Jefes de Estado y ex Jefes de Estado, dos reuniones en Panamá de una semana cada una y un punto de partida de 200 escenarios posibles, se llegó a los cuatro finalmente seleccionados. Tres de ellos -“Juntos”, “Caminos” y “Resiliencia”- describen distintas alternativas de futuro según se ponga el acento en el fortalecimiento institucional, la experimentación con modificaciones legales o la capacidad de reacción ante el problema desde la comunidad, y el cuarto, “Ruptura”, advierte sobre lo que podría ocurrir si no se llega a corto plazo a una visión compartida que permita sumar esfuerzos para enfrentar el problema.

El objetivo a la hora de escoger y desarrollar los escenarios, explicó Simons, era “mirar hacia el futuro en el año 2025, con unas fotografías del mundo de drogas que fueran relevantes, desafiantes, factibles y claras. No se trataba necesariamente de crear pronósticos ni futuros preferidos, sino futuros posibles”, concluyó.

Por su parte, Javier Sicilia, poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia Social y Dignidad, y cuyo hijo fue asesinado junto a otros jóvenes en México por narcotraficantes en el 2011, alabó que la OEA se preocupe por el tema del narcotráfico y ponga el tema en debate. “Yo hablo de las víctimas, como mi hijo Juan Francisco, que no era un adicto, era un deportista, y de miles que como él están perdiendo la vida en esta guerra; y perdonen la palabra, la guerra es idiota, pero ésta es la más idiota que he visto en mi vida”, reclamó.

Sicilia sostuvo que “la prohibición de la droga es una estupidez” y señaló que “el problema de la droga debe ser tratado desde el punto de vista de la salud pública”. Agregó que el “problema delicado son las armas, porque la droga mata, aunque puede no matar, pero si se controla bien su uso va a matar menos. Pero las armas si matan, son contundentes y expansivas, no solo asesinan, someten, intimidad, extorsionan y producen secuestros”, afirmó. Señaló que en el caso de Estados Unidos “tienen invertido el problema, tienen condenadas las drogas y liberalizadas las armas”.

El Director del Programa de Derechos Humanos de la organización Global Exchange, Ted Lewis, señaló que el problema de las drogas afecta de manera en particular a la comunidad latina y afroamericana de Estados Unidos, y destacó que la violencia de la guerra contra las drogas se agravó a partir de la declaración de guerra que hizo el gobierno de México en 2006. Lewis llamó a ser más flexible frente al problema y alabó a países como Uruguay, y a los estados de Estados de Estados Unidos –Washington DC y Colorado- que están probando otras alternativas al legalizar el consumo de marihuana a efectos de quitarle al narcotráfico el control del mercado negro.

El Director Ejecutivo del Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano (LCLAA), Hector Sánchez, una organización que lucha por los derechos de los latinos en Estados Unidos, indicó que en este país “existe una gran exclusión contra los latinos y los afroamericanos”, que registran los niveles más altos de encarcelamiento por causas relacionadas con las drogas. Sánchez señaló que los latinos tienen que hacer valer su creciente peso político en las elecciones de Estados Unidos, porque su voto es clave a la hora de elegir al Presidente de Estados Unidos. También denunció la privatización de las cárceles en Estados Unidos, y dijo que las corporaciones hacen cabildeo en Washington para endurecer las penas, las cuales tienen un impacto directo en la comunidad latina.

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Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org.

Referencia: C-428/13