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La Organización de los Estados Americanos (OEA) acogió hoy una Mesa Redonda de Políticas sobre el tema “Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas”, en la sede de la institución hemisférica en Washington, DC, en la que se presentó el informe de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) titulado “Mujeres y drogas en las Américas: un diagnóstico de política en construcción”.
La Secretaria Ejecutiva de la CIM de la OEA, Carmen Moreno, resaltó en la presentación, entre otros aspectos, que la población carcelaria femenina ha crecido a una tasa superior a la masculina en América Latina, que la mayoría de las encarceladas lo están por crímenes relacionados con las drogas, y que el 80 por ciento de ellas están en prisión preventiva. “Este es un indicador crítico de la sobrecarga de trabajo que actualmente enfrentan nuestros sistemas de justicia, ocasionada en gran parte por el problema hemisférico de las drogas ilícitas”, dijo la Embajadora Moreno.
“La tendencia a penalizar de manera especial, y a menudo desproporcionada, los delitos relacionados con las drogas ha contribuido al incremento significativo del número de mujeres privadas de libertad en la región”, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CIM, y expresó su esperanza de que, con mecanismos como la Mesa Redonda, “podamos avanzar en un abordaje participativo de este tema, desde un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y desarrollo sostenible, particularmente de cara a la Asamblea Extraordinaria de la OEA que se organizará en septiembre de este año en Guatemala para continuar el debate del tema de las drogas y su impacto en las Américas”.
La presentación magistral de la Mesa Redonda estuvo a cargo de Gabriela Olivera, de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay, quien habló de las experiencias de su país en el tema, la importancia de las alianzas con la sociedad civil, y del estudio sobre la relación entre las mujeres uruguayas y las redes de microtráfico, que llevó a cabo su oficina. Olivera explicó que en su país “existe en la Secretaría Nacional de Drogas una Secretaria de Género que tiene como propósito el poder transversalizar los aspectos y los enfoques de género en las políticas de drogas, sobre todo, en la práctica, en los programas de prevención, de tratamiento y de reinserción”.
Olivera afirmó que muchas veces las mujeres encarceladas por delitos de drogas “han sido transgresoras, han cometido un delito y se las castiga desproporcionadamente por este delito, mucho más que los hombres”, y que esta dinámica se debe en gran medida a las relaciones de género en la sociedad. “Si un hombre no cumple con un mandato, va a tener una pena, o puede no ser llevado en prisión. Pero el juez mira con otros ojos a la mujer”, lo cual resulta muchas veces en sentencias desproporcionadas.
El Representante Permanente de Uruguay ante la OEA, Milton Romani, enfatizó la necesidad de debatir los problemas causados por lo que calificó de “un enfoque represivo del tema de las drogas”. El Embajador Romani recordó que su país “está apostando a regular el mercado de cannabis con otros mecanismos de fiscalización”, concientes de que “tenemos que revisar el modelo actual” que encarcela a “las personas más vulnerables”.
En la segunda parte del evento, Coletta Youngers, Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Consultora del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) moderó un panel de discusión en el cual participaron Olivera; Corina Giacomello, del IDPC; Nischa Pieris, de la CIM; y Rosa Julia Leyva, de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación de México.
Nischa Pieris presentó algunos indicativos del informe de la CIM “Mujeres y drogas en las Américas: un diagnóstico de política en construcción”, que surgió de la necesidad de buscar más y mejores datos sobre el tema de las mujeres en la producción, la comercialización y el consumo de las drogas ilícitas y su impacto social. “Esperamos que las recomendaciones en nuestro informe ayudarán a promover cambios de políticas desde una perspectiva de género” dijo Pieris, y agregó que “la idea es traducir la información en acción”.
Por su parte, Corina Giacomello afirmó que “la cárcel es un mal social, y mientras no logremos deshacernos de ella, hay que intentar hacerla un poco mejor”. Hizo un llamado a “revertir la lógica de abordaje, porque las personas que han terminado en la cárcel por esta guerra contra las drogas son las personas que ocupan los lugares inferiores y que son tratadas como objetos por las organizaciones de la delincuencia organizada, y por el sistema de castigos también”.
Rosa Julia Leyva, de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación de México, relató sus experiencias primero al ser encarcelada injustamente por más de 12 años por delitos de drogas, y después como participante en un programa de reinserción del Gobierno de México. Leyva, que trabaja ahora en programas de arte y teatro con las personas encarceladas en el país, afirmó que “yo creo firmemente que, en vez de hacer cárceles, deberíamos de prevenir que las personas llegaran hasta allí”.
Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo de Paulina Duarte, Directora del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, quien coincidió con el informe del CIM en que “las mujeres que tienen niveles socioeconómicos y de educación bajos constituyen el grupo con más opciones para convertirse sin dificultad en productoras de drogas, comerciantes, o 'mulas'". Advirtió que "el avance de su participación es preocupante, no sólo por su involucramiento en cadenas de distribución ilícitas, sino también por el incremento de su propio consumo”. La Directora Duarte agregó que para romper el ciclo vicioso de la violencia que conllevan las actividades criminales relacionados con las drogas “dependerá de la reducción de su vulnerabilidad económica y social, lo cual requiere un especial atención por parte de los estados y la sociedad civil”.
La galería de fotos de este evento está disponible aquí.
Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org.
Referencia: C-123/14