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Comunicado de Prensa

Comunicado de la Misión de Mediación de la Secretaría General de la OEA en Guatemala

La Misión de Mediación para Guatemala designada por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifiesta su preocupación por los últimos acontecimientos acaecidos en el país.

Un clima de crispación y reproches se adueña de la situación política del país. Mientras la tensión social fue cediendo en los últimos días con la flexibilización de los cortes de carreteras, como contrapartida, se radicaliza la posición de algunos órganos del Estado que han llegado incluso a acusar judicialmente a un Ministro por mantener una actitud pacífica y prudente que, además, ha arrojado en la práctica excelentes resultados, sin enfrentamientos ni violencia.

Legítimo es protestar, legítimo es cuestionar, legítimo es también ejercer la autoridad, pero ninguna actitud que se apoye o fantasee con la violencia es legítima. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace muy poco tiempo se expresó en términos claros con resultados rotundos. Nadie se puede anteponer a esa decisión soberana de la ciudadanía.

La Misión llama a todos los actores políticos y sociales a asumir con absoluta claridad y consciencia que cualquier desvío o exceso pone en riesgo la paz y, con ella, el derecho de todas y todos los guatemaltecos de elegir su destino.

Esta Misión, en cumplimiento del objetivo propuesto se ha reunido con diversos interlocutores relacionados con la coyuntura actual del país. Las invitaciones al diálogo, que respondieron a una convocatoria amplia e inclusiva, fueron recibidas de manera positiva. La Misión constató que el motivo de las movilizaciones, bloqueos y el rechazo ciudadano está relacionado con las acciones de la Fiscal General, Consuelo Porras, del Fiscal Rafael Curruchiche, la Fiscal Cinthia Monterroso y el Juez Fredy Orellana, que atentan contra la integridad del proceso electoral y los resultados de las Elecciones Generales 2023. En particular, se identifican como detonantes las acciones ocurridas a finales de septiembre de 2023, cuando fiscales del Ministerio Público irrumpieron con fuerza en la sede del Tribunal Supremo Electoral y extrajeron material electoral sensible, correspondiente a las actas originales electorales 4 y 8, que contienen la sumatoria de los resultados de la primera vuelta electoral celebrada en junio pasado.

Las autoridades indígenas que lideran la protesta social han sido enfáticas en señalar que no representan ni permiten la participación de ningún líder, partido, o movimiento político. Por lo tanto, las acusaciones para involucrar al presidente electo, Bernardo Arévalo, o a cualquier otro liderazgo político en estas acciones, no son de recibo ni admisibles.

La Misión, en comunicado emitido el 13 de octubre pasado, resaltó el profesionalismo de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, el pasado 16 de octubre de 2023, el Ministerio Público (MP) pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) la destitución del Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, por considerar que incumplió con lo ordenado por dicha instancia, en un amparo otorgado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y porque no se han efectuado acciones para retirar a los manifestantes que impiden el paso del personal de la Fiscalía a su sede central. El mismo 16 de octubre, el Ministro de Gobernación Barrientos, presentó su renuncia al Presidente de la República, Doctor Alejandro Giammattei, la misma que fue aceptada. El 18 de octubre, la misma Corte de Constitucionalidad ordenó investigar al ex Ministro Barrientos por el supuesto incumplimiento de las resoluciones de esa instancia. De acuerdo a ello, el Ministerio Público tendrá que iniciar una pesquisa en su contra.

Entre las coincidencias y preocupaciones de la mayoría de los actores entrevistados por la Misión, se encuentran 1) la importancia de garantizar y respetar el derecho a la protesta social y abstenerse de criminalizar y perseguir tanto a manifestantes como a instituciones. La Misión resalta que el día 18 de octubre de 2023, este derecho se ha visto condicionado con la decisión de la Corte de Constitucionalidad ordenando liberar las instalaciones del Ministerio Público, en un plazo de seis horas, y conminando al Ministro de Gobernación y Director de la Policía Nacional Civil a cumplir con el fallo; y 2) La preocupación sobre los criterios de competencia del Ministerio Público y sus actuaciones en materia electoral, que desdibujan el buen suceso de las Elecciones Generales 2023, así como la necesidad de conocer los resultados sobre las investigaciones en esta materia. La violación a la soberanía que radica en el pueblo no puede repetirse.

Por sobre todo, la Misión de Mediación y la Secretaría General reiteran la importancia de garantizar que el proceso de transición gubernamental continúe de manera pacífica y no se vea afectado por ningún requerimiento o reclamos al gobierno electo. Al mismo tiempo, la Misión rechaza y condena cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral, sus resultados y el proceso de transición que concluirá el 14 de enero de 2024, cuando asumirán sus cargos el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera.

La Misión de Mediación continuará su mandato de manera ininterrumpida en el país, dando seguimiento cercano a la coyuntura nacional y manteniendo reuniones con los principales actores políticos y sociales, como ha venido haciendo. La Misión reitera su compromiso, y el de la Secretaría General de la OEA, de apoyar los espacios de diálogo, exhortando a todas las partes a que faciliten las condiciones necesarias para concretar las reuniones que quedaron pendientes, con la premura que amerita la situación sensible del país.

Referencia: C-068/23