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Reportaje

El auge de las tecnologías del último siglo ha traído consigo innumerables avances para la humanidad, pero también otra serie de retos para las autoridades, legisladores  e investigadores en las Américas, quienes han tenido que centrarse cada vez más en la persecución y sanción de los delitos cibernéticos, como la pornografía infantil, robo de identidad, acoso cibernético o “hacking”. Según estimaciones de LACNIC, el organismo que maneja el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, el cibercrimen le cuesta a nuestra región alrededor de 90.000 millones de dólares al año.

Por eso, en 1999 los Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas decidieron reunir en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) un grupo de expertos sobre delito cibernético para:

• realizar un diagnóstico de la actividad delictiva vinculada a las computadoras y la información en los Estados Miembros,

• hacer un análisis de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales sobre cibercrimen,.

• identificar las entidades nacionales e internacionales que tienen experiencia en la materia, y.

• buscar mecanismos de cooperación para combatir este flagelo.

Hoy esta entidad se conoce como el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas  (REMJA), que se reúne bianualmente  para mejorar y fortalecer la cooperación jurídica y judicial entre los Estados del Hemisferio.

El diagnóstico que salió de este proceso demostró que quizás la mayor dificultad que enfrentan los países de la región en cuanto al delito cibernético es la carencia de entidades especializadas en la materia que tengan la facultad para investigar y perseguir la comisión de este delito y la falta de capacitación suficiente para adelantar una labor exhaustiva y coordinada.

En respuesta a este reto, la OEA, con el apoyo de algunos países de la región, decidió empezar a desarrollar talleres y entrenamientos para capacitar a los jueces y magistrados de los poderes judiciales en el contenido y alcance de las convenciones y disposiciones internacionales en materia de delito cibernético.  La capacitación cubría también las otras herramientas jurídicas disponibles, el manejo de las pruebas digitales, la legislación procesal relacionada con este tipo de delitos y la importancia de la cooperación jurídica internacional para su persecución y sanción.

Gracias a esta iniciativa, más de 1.500 jueces, fiscales, investigadores y creadores de políticas legislativas han recibido hasta ahora formación y capacitación en 26 talleres regionales coordinados por la OEA. Los talleres han abarcado temas desde técnicas básicas de investigación y enjuiciamiento, manejo, conservación y admisibilidad de la prueba electrónica y digital, la cooperación internacional y la asistencia judicial recíproca, hasta la técnica para el desarrollo de legislación sobre Delito Cibernético con base en el Convenio del Consejo de Europa en la materia.

Esta semana, los contenidos de los talleres están siendo impartidos a 50 jueces y magistrados de los poderes judiciales de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, quienes participarán en una capacitación en cooperación jurídica contra el delito cibernético en Buenos Aires.

En estos ejercicios, los participantes identifican ejemplos de delitos informáticos que ocurren en sus países y los desafíos que existen: aprenden sobre el Portal Interamericano en Delito Cibernético que implementó la OEA; conocen sobre información de fuentes abiertas de datos enfocados a la investigación de los delitos informáticos, metadatos y búsquedas inversas; y reciben entrenamiento sobre aspectos básicos de la evidencia digital, como asegurarla y garantizar la correcta preservación de la cadena de custodia. Igualmente, discuten sobre el necesario balance entre privacidad y seguridad y los aspectos legales de las pruebas digitales y  las maneras formales e informales de obtenerlas.

El taller en Buenos Aires, destinado a los países del cono sur, es el primero de una serie que a lo largo de 2016 cubrirá toda la región de Latinoamérica y el Caribe. El taller para la los países centroamericanos se llevará a cabo en Costa Rica en julio; el destinado a los países caribeños se celebrará en Fort Lauderdale, (EEUU) en agosto y el orientado a la región andina se impartirá en Perú en octubre.

Desde su creación, el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético ha servido como facilitador de intercambio de información y de experiencias y para formulas recomendaciones para mejorar y garantizar la efectividad en el combate de este delito en la región.

Además del combate contra el ciberdelito, la OEA, a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), adelantan programas específicos para prevenir y mitigar las amenazas del delito cibernético, especialmente enfocadas en construir capacidades de seguridad entre los Estados, establecer grupos nacionales de "alerta, vigilancia y prevención", desarrollar Estrategias Nacionales sobre Seguridad Cibernética, planes de protección de infraestructura crítica y en general la seguridad del espacio cibernético.

Referencia: C-063/16