THE 2016 CONCORDIA SUMMIT
PANEL: “THE SECURITY TRIANGLE: COLOMBIA, CUBA, VENEZUELA”

20 de septiembre de 2016 - Nueva York

*Cotejar con discurso pronunciado*

La crisis política, social y económica de Venezuela preocupa mucho, y cada vez más, a toda la región. La última vez que hablé ante ustedes estábamos ante una situación casi límite y la realidad es que la situación sólo ha empeorado:  el sistema democrático está bloqueado no funciona , hay más presos políticos, se dilata él revocatorio y el pueblo ha aumentado sus protestas a medida que las puertas se van cerrando

Amigos y amigas, 

Es un gusto volver a verlos tras cuatro meses muy intensos. La semana pasada conmemoramos los 15 años de la Carta Democrática Interamericana, que yo llamo la “Constitución de las Américas”, y que enuncia  que los pueblos de nuestro hemisferio tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

Este es un compromiso de los Estados Miembros de la OEA que lo consagraron en el artículo 1 de la Carta Democrática. Este derecho pertenece a los pueblos, es el derecho de los pueblos a la democracia, y ese derecho definitivamente nos hace responsables a todos.

La Carta no es un documento que haya sido impuesto. Los Estados miembros eligieron firmarla y la aprobaron por aclamación -en aquel fatídico 11 de septiembre de 2001- . Hay que recordar que en la Carta se reafirman los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros.

La Carta señala que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que también requiere una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla. Esa labor incluye prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que pueden afectar a los sistemas democráticos de gobierno. Por ello nuestro trabajo en la OEA es diario, permanente, constante y también es de anticipación.

Invocación de la Carta Democrática Interamericana

Como ustedes saben, el 23 de junio presenté un informe al Consejo Permanente de la OEA sobre la situación que atraviesa Venezuela, y pedi la Carta Interamericana en base al artículo 20, en pleno cumplimiento de las capacidades que dicho artículo concede al Secretario General de la OEA.

Ese día, en mi calidad de Secretario General solicité al Consejo, a los Estados Miembros, que realizase "una apreciación colectiva de la situación" en Venezuela y luego adopte "las decisiones que estime conveniente".

Fue una jornada histórica para la OEA y para la región: por 20 votos contra 12, los Países Miembros de la OEA aprobaron tratar el tema de Venezuela en el seno de la Organización. 
Recuerden que en marzo de 2014 los países bloquearon una iniciativa para que una congresista de la oposición venezolana hablara ante el Consejo.

Hasta mediados de este año, la OEA se negó a debatir el tema de Venezuela.

Las razones por las cuales estimé -y estimo- que existe una alteración del orden constitucional, las expuse con detalle en un documento de 132 páginas que es público y que ustedes pueden encontrar en nuestra web. El informe está basado en la conclusión de que existe una grave alteración de cómo operan las instituciones en Venezuela.

El informe apela a los principios que están claramente plasmados:

• En la Carta de la OEA,
• En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
• En la resolución de la Asamblea General 1080, "Democracia representativa", 
• Y en la Carta Democrática Interamericana. 

Y como recién dije, estos no son documentos que hayan sido impuestos a los Estados: ellos se comprometieron libre y voluntariamente a respetar y hacer cumplir estos principios. 
Si analizamos el procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática, se delinean cuatro pasos:

• Primero: la convocatoria del Consejo Permanente por parte del Secretario General ante una situación de alteración del orden constitucional
• Segundo: la realización de la reunión
• Tercero: la evaluación colectiva que se haga por parte del Consejo Permanente 
• Y Cuarto: la toma de las decisiones pertinentes por parte del Consejo Permanente.

Ya hemos dado el paso uno – se convocó la reunión- y hemos dado el paso dos –se realizó la reunión-. Ahora estamos en el paso tres: en la evaluación colectiva que realiza el Consejo Permanente.

En agosto pasado, 15 países de las Américas –los más influyentes  en términos de su peso político y económico,  y entre los que se encuentran Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Argentina, Colombia y Perú, por mencionar solo algunos- emitieron una declaración pública sobre la situación venezolana.

Expresaron su apoyo a la convocatoria al Consejo Permanente donde presenté el informe sobre Venezuela, reunión que se quiso evitar hasta último minuto.

En la declaración  de agosto hicieron un expreso llamado, además, a la convocatoria del referéndum revocatorio, cumpliendo “de manera clara, cierta y sin demora” en los términos que plantea la propia Constitución venezolana.

Estamos en un momento crucial: tras los últimos acontecimientos entre los que figura como aspecto central la reafirmación totalmente arbitraria de la condena de Leopoldo López y las maniobras dilatorias respecto del revocatorio he llegado a la conclusión que la democracia venezolana ha llegado a un punto de desgaste tan elevado que no le permite funcionar como tal.

La ratificación de su condena, conocida a fines de agosto, marcó un hito: el lamentable final de la democracia en Venezuela y la terminación del Estado de Derecho. Ningún foro regional o subregional puede desconocer la realidad de que hoy en Venezuela no hay democracia ni Estado de derecho.

El Mercosur constituye el mejor ejemplo a seguir en este sentido: sis miembros impidieron que Venezuela asumiera la presidencia, y están presionando para que cumpla sus compromisos con el bloque sub regional de aquí a diciembre.

Una crisis humanitaria, de ddhh y de seguridad sin precedentes

En el informe tienen un análisis detallado de la situación de Venezuela.

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.

• Una cuarta parte de los 31 millones de venezolanos, es decir casi ocho millones de personas, comen sólo dos veces al día.
• La inflación ha llegado al 720 por ciento, por lejos, las más alta del mundo.
• El Producto Bruto Interno disminuirá un 8 por ciento más en 2016. La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.
• Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo.
• El 76 por ciento de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015. Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes. Eso es menos de 50 centavos de dólar por día.

Venezuela vive una crisis de seguridad a niveles de zona de guerra:

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos en Venezuela: Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo.

• Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas.
• La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas. 
• En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán. 
• Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos. 

Venezuela es el país más corrupto de las Américas. La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico.

También constatamos acoso, censura e intimidación a los medios de comunicación 

En Venezuela los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron su profunda preocupación por la manipulación del poder punitivo del Estado con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, expresión y participación política de líderes de la oposición venezolana, manifestantes y periodistas.

En particular, la CIDH señaló su preocupación por las detenciones realizadas en represalia a expresiones de protesta hayan sido precedidas por declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y que puedan estar basadas en acusaciones falsas o denuncias infundadas

Recientemente se recrudeció en la práctica de detenciones arbitrarias. Detener ciudadanos  por motivos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario.

Pérdida de una verdadera separación de poderes:

En los primeros nueve meses de 2016, hemos señalado y denunciado el esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir el funcionamiento del poder legislativo.

• El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

¿Diálogo en marcha? NO marcha

El Gobierno venezolano se escuda en que existe un diálogo, el que encabezan los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Pero la realidad es que, después de seis meses, aún no existe un diálogo. Dialogar no es sentarse a hablar. Es atender los problemas reales con la perspectiva de alcanzar soluciones concretas.

El proceso de los ex presidentes no ha dado aún ningún resultado. Es más, desde que comenzó eso que llaman “diálogo”, se han disparado por ejemplo las detenciones por ideas políticas. El Presidente Zapatero hizo toda una presentación ante la OEA sobre el Diálogo y no mencionó en una sola ocasión el referéndum revocatorio.

Un diálogo serio, necesita mediadores que generen confianza mutua, abordar los temas claves del referéndum, liberación de los presos políticos, canales de ayuda humanitaria, y un claro cronograma. No hay ahora mismo nada de eso.

Por eso creemos que la mejor forma de estructurar el diálogo es por el artículo 20 de la Carta Democrática, porque impone la obligación de lograr resultados concretos. Y es necesario utilizar mediadores que tengan las confianza de todos.

La falta de un auténtico diálogo político ha llevado a los ciudadanos a expresar en las calles su frustración  El 1 de septiembre, los venezolanos desafiaron la intimidación y el miedo y salieron a  protestar pacíficamente en Caracas en reclamo del referéndum revocatorio.

Ante esta situación, el gobierno debe de dejar de hacer oídos sordos y dar lugar al revocatorio como salida política. Es necesario devolverle la voz al soberano para que éste decida

Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado; Por el contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático.

Como miembros del sistema interamericano, todos queremos lo mismo: Una solución pacífica a la crisis del país

Lo hemos dicho decenas de veces La legitimidad de un Gobierno requiere la confianza de su ciudadanía. En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”, y lo reiteramos hoy. Estamos en contra de cualquier tipo de Golpe de Estado en Venezuela. La salida a esta crisis debe estar en manos de la voluntad del pueblo, por eso reclamamos la convocatoria al revocatorio en 2016.

Ya nadie puede mirar hacia el costado. Los países del Mercosur dieron un paso al frente.

Juntos en el hemisferio debemos seguir nuestro esfuerzo para ayudar a este gran país hermano a salir de la actual crisis.

Desde la OEA seguiremos impulsando los principios que consagra la carta democrática. Es nuestro deber hacerlo y hacerlo ya.

Muchas gracias y estoy a la orden para responder sus preguntas.