CIDH y REDESCA llaman a garantizar los esfuerzos de instituciones de educación superior para preservar la memoria afrodescendiente

22 de marzo de 2024

Washington, D.C. - En conmemoración de los días internacionales de la Eliminación de la Discriminación Racial de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Personas Esclavizadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) reconocen el rol de las instituciones de educación superior para la preservación y acceso a la correcta memoria histórica de las personas afrodescendientes, y llaman a los Estados de la región a adoptar las medidas necesarias para garantizar que estas instituciones puedan mantener estos esfuerzos, así como todas las acciones educativas que contribuyan en la lucha contra la discriminación racial.

Instituciones de educación superior en la región han implementado estrategias para el reconocimiento de los aportes de la diáspora africana en las Américas, a través de la investigación y la enseñanza sobre la trata transatlántica de personas esclavizadas. Sin embargo, se ha tomado conocimiento de iniciativas regresivas que se oponen a la promoción de la conciencia histórica sobre los impactos la colonización y esclavitud en la región, así como la necesidad de reparaciones por esclavitud en el hemisferio. Tales iniciativas incluyen, por ejemplo, recortes presupuestarios a universidades y propuestas de ley para la prohibición de la enseñanza sobre los impactos de la discriminación racial.

La inclusión de programas educativos sobre memoria histórica afrodescendiente dentro de los currículos de educación superior es esencial para garantizar una educación integral y holística, que debe extenderse más allá de los niveles primario y secundario. Las universidades y otras instituciones de educación superior desempeñan un papel significativo en el reconocimiento de la correcta memoria de las comunidades negras en las Américas a través de la investigación y la enseñanza. En esta línea, los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, la Comisión y sus Relatorías Especiales enfatizaron que los Estados tienen el deber de promover e implementar el diseño y aplicación de programas educativos integrales que promuevan una cultura de derechos humanos, contrarrestando todos los prejuicios y prácticas que afiancen, promuevan o instiguen la discriminación contra personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad o discriminación histórica.

Por su parte, en su informe Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de personas Afrodescendientes (2021), la CIDH y la REDESCA resaltaron que los Estados, tanto en los sistemas públicos como privados de educación, deben garantizar el derecho a la memoria histórica afrodescendiente a través de la implementación de una cátedra especializada que dé cuenta de la historia de la diáspora africana y sus procesos de resistencia, reivindicación y avances. En esa misma línea, el Plan de acción del decenio de las y los afrodescendientes en las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resaltó la importancia de la colaboración de las universidades en iniciativas estatales para reforzar la inclusión de la historia de África y la población afrodescendiente en las Américas, así como el enfoque intercultural en los currículos educativos.

La Comisión y la REDESCA llaman a los Estados a seguir adoptando medidas para promover que las instituciones de educación superior consoliden sus esfuerzos en la lucha contra la discriminación racial y la difusión del legado de las personas y pueblos afrodescendientes, en ejercicio de su libertad académica y en observancia de los principios de igualdad y no discriminación. Los Estados deben garantizar que las universidades sean espacios seguros para todos los grupos étnico-raciales; asimismo, apoyar las acciones afirmativas para asegurar la representación de personas afrodescendientes en todos los centros de educación superior.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 057/24

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