Nicaragua: CIDH y sus Relatorías Especiales condenan interferencias arbitrarias a la libertad académica

29 de agosto de 2023

Washington D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) rechazan las interferencias arbitrarias a la libertad académica y la profundización del cierre de espacios cívicos en Nicaragua. Particularmente, condenan la cancelación de la personería jurídica y la confiscación arbitraria de las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), así como el desalojo forzado de integrantes de la Compañía de Jesús de su residencia.

El sábado 19 de agosto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre el desalojo de seis integrantes de la Compañía de Jesús y la confiscación arbitraria de la residencia Villa del Carmen, comunidad donde vivían los jesuitas trabajadores en la UCA. Estos hechos ocurrieron al día siguiente de la publicación del Acuerdo Ministerial que oficializó el cierre forzado y la cancelación de la personería jurídica de la institución, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado Décimo de Distrito de lo Penal de Nicaragua del 15 de agosto. Juzgado que ordenó la incautación de todos los bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de la universidad, al señalar que funcionó como un "centro de terrorismo", "organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas en el país".

En el mismo Acuerdo Ministerial, el Estado aprobó la creación de la Universidad Nacional "Casimiro Sotelo Montenegro" y ordenó la entrega de toda la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio y de las bases de datos de matrícula al Consejo Nacional de Universidades (CNU), entidad que funciona de conformidad con los intereses del partido oficial y del Ejecutivo.

El cierre de esta Universidad, además de afectar a por lo menos 5 mil estudiantes, tiene un grave impacto para la sociedad nicaragüense en su conjunto. En los últimos años, la comunidad jesuita de la UCA ha sido víctima de asedio, acoso y hostigamiento como represalia por su apoyo y defensa de los derechos de las y los estudiantes que participaron en las movilizaciones sociales de 2018. En 2022, la Universidad denunció mecanismos de presión e injerencia como la no extensión de certificaciones necesarias para su funcionamiento y su exclusión del CNU con la finalidad de debilitar su presupuesto. Estos hechos se enmarcan en un contexto de graves restricciones a la libertad religiosa y persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua.

La CIDH y sus Relatorías Especiales observan que desde el 2020 otras 25 universidades fueron cerradas mediante la cancelación de su personería jurídica, lo que ha afectado a más de 37 mil estudiantes. A ello se suman denuncias recibidas sobre el adoctrinamiento y la intensificación del proselitismo político al interior de los espacios académicos para imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política; el control de las organizaciones estudiantiles por parte de partidarios del Frente Sandinista; así como la criminalización de estudiantes. En este marco, el 19 de agosto, se recibió información sobre las detenciones de las dirigentes estudiantiles Adela Espinoza y Gabriela Morales por parte de la Policía Nacional.

Según los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, cualquier interferencia a la libertad académica debe cumplir requisitos de legalidad, finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en una sociedad democrática, dado que constituyen una salvaguarda frente a las arbitrariedades por parte de las autoridades tanto dentro como fuera de las instituciones académicas. Asimismo, las restricciones a la libertad académica no deben perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia.

La CIDH alerta a la comunidad internacional el cierre o cancelación de universidades u otros espacios en los que se desarrolla la actividad académica como una forma de represalia por disentir de la visión ideológica del gobierno constituye otro patrón más del cierre de los espacios cívicos en Nicaragua, que además de afectar el derecho a la libertad de asociación, restringe los derechos a la educación, la libertad académica, la libertad de expresión, el pluralismo de ideas, el desarrollo humano y de la sociedad civil en detrimento de las democracias.

La CIDH, la RELE y REDESCA urgen al Estado de Nicaragua a cesar cualquier interferencia arbitraria a la libertad académica y dejar sin efectos la cancelación de la personería jurídica de Universidades y centros académicos que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso. De igual manera, instan a devolver a sus integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados.

En virtud de los principios de igualdad y no discriminación, solidaridad y cooperación internacional, la CIDH y sus Relatorías Especiales exhortan a los Estados de la región a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para personas estudiantes y académicas nicaragüenses afectadas, también mediante programas virtuales, con el fin de garantizar la continuidad de la educación que resulta y es parte del proyecto de vida de cada persona.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 201/23

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