Medidas Cautelares
MC 347-09 - Integrantes de la Comunidad El Nogalito (Pueblo Lule), ubicados en la Provincia de Tucumán, Argentina
El 27 de diciembre de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de la comunidad El Nogalito (Pueblo Lule) de la Provincia de Tucumán en Argentina. Conforme a la información aportada por los solicitantes, el 11 de noviembre de 2012 se habrían producido hechos de violencia por parte de terceros interesados en el territorio ocupado históricamente por la Comunidad Indígena El Nogalito del Pueblo Lule, en la Provincia de Tucumán. En particular, la información recibida indica que particulares habrían realizado actos de despojo, "consistentes en el arado del terreno comunitario y eliminación de postes y alambrados", y que habrían agredido físicamente a los miembros de la Comunidad que intentaron detener tales actos. Según informaron los solicitantes, como resultado de estas agresiones, tres miembros de la Comunidad habrían resultado heridos. En concreto, informaron que el Cacique Joaquín Pérez habría recibido un golpe en la cabeza que le habría hecho perder la consciencia; que Margarita Mamaní habría sido herida en los brazos; y que el niño Ángel José Pérez, de 17 años de edad, habría resultado lesionado en la espalda y los brazos. Los solicitantes indicaron además que estas personas continuarían amenazando con desalojar a la fuerza a la comunidad indígena. En consecuencia, la Comisión solicito al Gobierno de Argentina que: 1. Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los integrantes de la Comunidad El Nogalito (Pueblo Lule), ubicados en la Provincia de Tucumán; 2. Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e 3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 490-12 - Linda Carty, Estados Unidos
El 26 de diciembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Linda Carty, quien fue condenada a la pena de muerte en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentra acompañada por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P-2309/12. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo de la parte peticionaria sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.
MC 370-12 - 334 Pacientes del Hospital Federico Mora, Guatemala
El 20 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 334 pacientes del Hospital Federico Mora, en Guatemala. La solicitud de medidas cautelares alega que todas las personas internadas en el Hospital Federico Mora se encontrarían en una situación de riesgo. De acuerdo a la solicitud, los 334 pacientes allí internados, que incluiría niños y niñas, comparten el mismo espacio con personas con discapacidad mental que han sido procesados y sentenciados por diversos crímenes. La solicitud agrega que agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Sistema Penitenciario estarían a cargo de la custodia del lugar, y utilizarían amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de los pacientes. La información presentada a la CIDH indica que existirían abusos físicos y sexuales contra mujeres y niños, que se habría negado asistencia médica adecuada a los pacientes y que se estaría proporcionando tratamiento psiquiátrico no apto para sus patologías. Asimismo, se informó que algunos pacientes estarían encerrados en cuartos de aislamiento, y que existiría la práctica de amarrar a pacientes a sillas, entre otras alegaciones. La CIDH solicitó al Gobierno de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas internadas en el Hospital Federico Mora; en particular, proporcionar el tratamiento médico adecuado a los internos, de acuerdo a las patologías propias de cada persona; asegurar la separación de los niños de los adultos, procurando medidas especiales, a la luz del principio del interés superior del niño; separar a los internos procesados y sentenciados, quienes están bajo orden judicial de privación de libertad, de los demás pacientes del hospital, y que la tutela de éstos sea proporcionada por personal del hospital no armado; restringir el uso de cuartos de aislamiento a las situaciones y bajo las condiciones establecidas en los estándares internacionales sobre personas con discapacidad mental; implementar medidas de prevención inmediatas orientadas a que todos los pacientes, en particular mujeres y niños, no sean objeto de actos de violencia física, psicológica y sexual por parte de otros pacientes, agentes de seguridad o funcionarios del hospital. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes. En este sentido, la CIDH informó al Gobierno que considera necesario que, de común acuerdo, las partes presenten un cronograma para la implementación de las presentes medidas cautelares, después de haber realizado la primera reunión de concertación de las medidas cautelares. Finalmente, la CIDH solicitó al Gobierno que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares.
MC 350-12 - Yoani María Sánchez Cordero, Cuba
El 9 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yoani María Sánchez Cordero y su familia, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares indica que Yoani María Sánchez Cordero se encontraría en una situación de riesgo, debido a la publicación de varios artículos en un blog en Internet sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. En particular, los solicitantes alegan presuntas amenazas, hostigamientos y campañas de desprestigio en su contra. Asimismo, la solicitud señala que Yoani María Sánchez Cordero y su esposo habrían sido detenidos el 4 de octubre de 2012 y que como resultado de agresiones que habría sufrido por parte de agentes policiales, Yoani María Sánche Codero tuvo fractura de un diente y contusiones. Yoani María Sánchez Cordero habría sido detenida nuevamente el 8 de noviembre de 2012. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Yoani María Sánchez Cordero y su familia, que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representates, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares
MC 354-12 - Sonia Garro, Cuba
El 8 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Sonia Garro, en Cuba. Según la solicitud de medidas cautelares, la vida e integridad de Sonia Garro, miembro de las Damas de Blanco de la Fundación Afrocubana Independiente, estarían en riesgo inminente. Según la solicitud, Sonia Garro padecería de varias enfermedades y se encontraría privada de libertad en el Penitenciario de Mujeres de Occidente, donde sería objeto de amenazas. La solicitud agrega que a raíz de un incidente en la cárcel, se le habría suspendido la entrega de alimentos por parte de sus familiares, que sería su única fuente de alimentación debido a su condición médica. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Sonia Garro, que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 388-12 - Edgar Ismael Solorio Solís y otros, México
El 6 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los tres hijos de Ismael Urrutia y Manuela Marta Solís, quienes fueran líderes de la organización "El Barzon", así como los miembros de dicha organización, en México. Según la solicitud de medidas cautelares, la organización "El Barzón" se dedica a la defensa de un medio ambiente sano en el estado de Chihuahua, México. Alega asimismo que desde julio de 2012, todos los miembros de la organización serían objeto de continuas amenazas de muerte. La solicitud indica que el 13 de octubre de 2012, miembros de una empresa minera habrían golpeado a Ismael Urrutia, tras lo cual habría solicitado protección a las autoridades competentes, la cual no se habría implementado. Agregan que el 22 de octubre de 2012, Ismael urrutia y Manuela Marta Solís habrían sido asesinados, tras lo cual sus tres hijos solicitaron protección, sin haber obtenido respuesta. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Edgar Ismael Solorio Solís, Erick Solorio Solís, Uriel Alejandro Solorio Solís, Joaquín Solorio Urrutia, Felipe Solorio Urrutia, César Solorio Urrutia, Heraclio Rodríguez, Martín Solís Bustamante, Luis Miguel Rueda Solorio, Ángel Rueda Solís y Siria Solís. La CIDH solicitó asimismo al Estado de México que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 484-11 - José Daniel Ferrer García, Cuba
El 5 de noviembre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Daniel Ferrer García, en Cuba. Según la solicitud de medidas cautelares, José Daniel Ferrer García habría sido privado de su libertad, sometido a incomunicación y recibido amenazas por parte de los guardias de seguridad en reiteradas ocasiones, en febrero, abril, mayo y julio de 2012. En particular, la solicitud indica que agentes de la policía le habrían amenazado con "meter presa a su mujer" y "dejar a sus tres niños, sin sus padres, en la calle". La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 363-12 - Mario Joseph, Haití
El 19 de octubre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Mario Joseph, en Haití. Según la solicitud de medida cautelar, la vida y la integridad personal de Mario Joseph, director de la organización no gubernamental Bureau des Avocats Internationaux (BAI), estarían en riesgo. La solicitud alega que Mario Joseph habría sido objeto de amenazas y actos de hostigamiento en los últimos meses, presuntamente por su actividad en defensa de los derechos humanos. Se indica que recibió varias amenazas de muerte por día tras participar en febrero de 2012 en una conferencia de prensa sobre el proceso penal en curso contra el ex presidente François Duvalier, y que a partir de septiembre de 2012, agentes de seguridad habrían interrogado a miembros del BAI, revisado las instalaciones de la organización, y perseguido a Mario Joseph. La CIDH solicitó al Estado de Haití adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Mario Joseph, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar judicialmente los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 225-12 - Alfamir Castillo, Colombia
El 17 de octubre de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Alfamir Castillo, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que Alfamir Castillo fue objeto de reiteradas amenazas de muerte y persecusiones. Según la solicitud, el 28 de agosto de 2012, una persona a bordo de una motocicleta dio dos disparos al aire al pasar al lado de ella, y el 10 de octubre de 2012, un desconocido le apuntó un arma de fuego al pecho y la amenazó de muerte. La solicitud indica que estas acciones estarían ligadas a su participación en la investigación penal sobre la muerte de su hijo. La CIDH solicitó al Gobierno de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Alfamir Castillo, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 342-12 - César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, Honduras
El 3 de octubre de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que los dos defensores de derechos humanos, miembros del "Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia", habrían sido objeto de amenazas y hostigamientos en los últimos meses. Asimismo, se informó que el 18 de agosto de 2012, desconocidos habrían ingresado en la casa de César Adán Alvarenga, donde habrían destruido varias de sus pertenencias, aunque no habrían robado nada de valor. Los solicitantes indicaron que se realizó la denuncia ante las autoriddes competentes, pero que hasta ahora no se han implementado medidas de protección. La CIDH soliicitó al Gobierno de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 207-11 - Telma Yolanda Oqueli Veliz y su núcleo familiar, Guatemala
El 24 de agosto de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Telma Yolanda Oqueli Veliz y su núcleo familiar, en Guatemala. Según la solicitud de medidas cautelares, Telma Yolanda Oqueli Veliz, quien es defensora de derechos humanos y miembro del grupo comunitario Frente Norte del Área Metropolitana Pueblos en Resistencia, habría recibido amenazas en el marco de la oposición de esta organización a un proyecto de minería. Se indica que el 13 de junio de 2012, Telma Yolanda Oqueli Veliz recibió disparos en la espalda, tras lo cual estuvo varios días hospitalizada. Se agrega asimismo que su hermano también habría recibido amenazas. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Telma Yolanda Oqueli Veliz y su núcleo familiar, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 152-11 - Miembros de la Casa del Migrante "Frontera Digna", Municipio de Piedras Negras, estado de Coahuila, México
El 17 de agosto de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de la Casa del Migrante "Frontera Digna", en el Municipio de Piedras Negras, estado de Coahuila, México. La CIDH inicialmente solicitó información al Estado y tomó nota sobre la implementación de medidas de protección a favor de los miembros de la organización por parte de las autoridades competentes. No obstante, la CIDH ha continuado recibiendo información que indica que las amenazas y los hostigamientos en su contra habrían continuado. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la Casa del Migrante "Frontera Digna"; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 269-10 - Manuel Junior Cortéz Gómez y Yolanda Gómez Torres, Colombia
El 22 de junio de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Manuel Junior Cortéz Gómez y Yolanda Gómez Torres, en Colombia. Según la solicitud de medidas cautelares, Manuel Junior Cortéz Gómez es el único sobreviviente de una alegada masacre de un equipo de jugadores de fútbol, la cual habría sido ejecutada en octubre de 2009 en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, por un grupo autodenominado Fuerza de Liberación Bolivariana. La solicitud alega que tras la alegada masacre, Manuel Junior Cortéz Gómez y Yolanda Gómez Torres habrían colaborado con la justicia, tras lo cual habrían comenzado los hostigamientos y amenazas en su contra. Adicionalmente, se indica que el 6 de junio de 2012, Manuel Junior Cortéz Gómez habría sido atacado y apuñalado, e internado en un hospital con heridas graves. La CIDH solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Manuel Junior Cortéz Gómez y Yolanda Gómez Torres, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 163-12 - Damaris Moya Portieles e hija, Cuba
El 12 de junio de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Damaris Moya Portiele y su hija, de 5 años de edad, en Cuba. La solicitud de medidas cautelares indica que Damaris Moya Portiele es defensora de derechos humanos, y que habría sido privada de su libertad en reiteradas ocasiones como resultado de su participación en manifestaciones en su país. La solicitud agrega que el 2 de mayo de 2012, durante una vigilia organizada por la libertad en Cuba, agentes de la policía de Seguridad le habrían privado nuevamente de su libertad, la habrían golpeado y habrían amenazado con violar sexualmente a su hija. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Damaris Moya Portiele y su hija, que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representates, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 131-12 - Hernán Henry Díaz, Colombia
El 11 de junio de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Hernán Henry Díaz, en Colombia. La CIDH recibió información el 25 y el 27 de abril de 2012 sobre la presunta desaparición forzada de Hernán Henry Díaz, líder campesino integrante de la Mesa de Organizaciones Sociales, Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas del Departamento del Putumayo, miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, y dirigente del movimiento social y político Marcha Patriótica. Según la información recibida, la última vez que se tuvieron noticias de Hernán Henry Díaz fue el 18 de abril de 2012, cuando por mensaje de texto comunicó que estaba en camino hacia Bogotá para participar del lanzamiento de la "Marcha Patriótica". Mediante la medida cautelar, la CIDH solicitó al Estado de Colombia que adopte, de forma inmediata, las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Hernán Henry Díaz y para proteger su vida e integridad personal; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 60-12 - Integrantes de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, San Juan Cópala, Putla de Guerrero, Oaxaca, México
El 29 de mayo de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 76 integrantes de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, San Juan Cópala, Putla de Guerrero, Oaxaca, en México. La solicitud de medidas cautelares indica que 76 personas integrantes de la comunidad Triqui asentados actualmente en Valle del Río se encontrarían en una situación de riesgo. Informaron que habían sido desplazados de la localidad de San Juan Copala por parte de actores armados en la zona, y que serían actualmente objeto de amenazas, actos de violencia y hostigamiento con el objetivo de desalojarlos del lugar donde se encuentran actualmente asentados. En ese contexto, el 8 de mayo de 2012, una camioneta habría irrumpido violentamente en la comunidad, disparando contra las viviendas, hechos en los cuales habrían resultado muertas tres personas. La CIDH solicitó al Estado de México adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los 76 integrantes de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, San Juan Cópala, Putla de Guerrero, Estado de Oaxaca; concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 21-11 - Blanca Velázquez Díaz y otros, México
El 29 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Blanca Velázquez Díaz, José Enrique Morales Montaño, Cecilia medina y demás miembros del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), en México. La solicitud de medidas cautelares indica que los miembros de CAT han sido víctimas de hostigamientos, seguimientos y amenazas, debido a su involucramiento en acciones para fomentar la protección de derechos laborales en México. Posteriormente, informaron que el 15 de mayo de 2012 fue secuestrado el defensor José Enrique Morales Montaño, quien habría resultado gravemente lesionado, tras lo cual las amenazas telefónicas se habrían incrementado. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Blanca Velázquez Díaz, José Enrique Morales Montaño, Cecilia Medina y demás miembros del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT); que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 399-09 - 15 trabajadores de Radio Progreso, Honduras
El 25 de mayo de 2012, la CIDH decidió ampliar la Medida Cautelar 399/09, a favor de Jerson David Rivera Amaya, periodista de Radio Progreso, en Honduras. De acuerdo a la información recibida, Jerson David Rivera Amaya habría recibido amenazas desde octubre de 2011. Se indicó asimismo que las autoridades se habrían negado a recibir su denuncia. La CIDH incluyó a Jerson David Rivera entre los beneficiarios de la medida cautelar y solicitó al Estado de Honduras informar a la CIDH sobre la concertación de su implementación con los beneficiarios. La MC 399/09, que protege a varios trabajadores de Radio Progreso en Honduras, fue desglosada de la MC 196/09 el 1 de abril de 2011.
MC 77-12 - Alberto Patishtán Gómez, México
El 24 de mayo de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Alberto Patishtán Gómez, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que la salud de Alberto Patishtán Gómez, quien se encuentra privado de su libertad, se encuentra en grave peligro por el empeoramiento de un alegado glaucoma. De acuerdo a la solicitud, sin acceso al tratamiento médico adecuado, que depende de la atención que pueda recibir bajo la custodia del Estado, Alberto Patishtán Gómez podría perder la visión de manera permanente. La CIDH soliicitó al Gobierno de México que instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar la salud del beneficiario y brindarle el tratamiento adecuado, y que acuerde las medidas a adoptarse con el beneficiario y el peticionario, garantizando el acceso al expediente médico del beneficiario a él y a quien él lo permita.
MC 153-12 - Niurka Luque Álvarez, Cuba
El 16 de mayo de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Niurka Luque Álvarez, en Cuba. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Niurka Luque Álvarez padece ataques de epilepsia, y que no le habría sido proporcionada atención médica, ni medicamentos, ni permiso para que sus familiares le proveyeran los medicamentos necesarios para atender su situación. La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Niurka Luque Álvarez; que instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar la salud de la beneficiaria y autorizar el tratamiento adecuado para sus padecimientos, incluyendo la provisión de los medicamentos necesarios para tratar su condición epiléptica; y que adopte estas medidas en consulta con la beneficiaria y sus representantes.
MC 323-11 - Miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y sus Seccionales, Colombia
El 9 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Edgar Montilla, Martín Sandoval, Athemay Sterling y Diego Alejandro Martínez Castillo, así como de los integrantes de los Seccionales Bogotá, Huila, Nariño y Arauca del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), en Colombia. La solicitud de medida cautelar alega que los integrantes del CPDH en Bogotá y en 14 seccionales en el país han sido objetos de amenazas, señalamientos y hostigamientos desde 2009. Alegan que, a pesar de haber solicitado medidas de protección, a algunos no les habrían sido concedidas y en otros casos serían insuficientes e inefectivas. La CIDH solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Edgar Montilla, Martín Sandoval, Athemay Sterling y Diego Alejandro Martínez Castillo, así como de los integrantes de los Seccionales Bogotá, Hila, Nariño y Arauca del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 485-11 - X, México
El 8 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la niña X, en México. La CIDH mantiene su identidad en reserva debido a que se trata de un menor de edad. La solicitud de medida cautelar alega que el 17 de julio de 2011, aproximadamente a la una de la madrugada, un grupo de quince policías y paramilitares portando armas de fuego entraron a la casa de la familia de X, en el Estado de Chiapas. La solicitud agrega que el padre de familia no se encontraba, y que la madre intentó despertar a sus cuatro hijos e hijas, pero X no se despertó a tiempo y ella huyó con los otros tres. El paradero actual de la niña X es indeterminado. La CIDH solicitó al Estado de México adoptar, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de la niña X y para proteger su vida e integridad personal, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares.
MC 13-12 - Miembros del Bufete Jurídico en Derechos Humanos, Guatemala
El 2 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del Bufete Jurídico en Derechos Humanos, en Guatemala. Según la solicitud de medidas cautelares, los integrantes del bufete habrían sido objeto de amenazas y hostigamientos en relación con sus labores, en particular, el impulso de los casos relacionados con el período del conflicto armado interno. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros del Bufete Jurídico en Derechos Humanos, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 104-12 - Servicio Penitenciario Bonaerense, Provincia de Buenos Aires, Argentina
El 13 de abril de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Según la solicitud de medidas cautelares, existirían patrones de violencia a lo interno de estas unidades, los cuales estarían vinculados con la presunta presencia de armas blancas y drogas, la alegada inactividad de agentes penitenciarios con respecto a la protección de los reclusos, la supuesta práctica de recluir en una misma celda o espacio a reclusos con enemistad manifiesta, y el hacinamiento, entre otros factores que habrían resultado en la muerte de al menos cuatro reclusos. La CIDH solicitó al Estado de Argentina que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas privadas de libertad en las unidades 46, 47 y 48 del Sistema Penitenciario Bonaerense.
MC 101-12 - Julius O. Robinson, Estados Unidos
El 9 de abril de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Julius O. Robinson, quien fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentra acompañada por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P-561-12. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.
MC 102-12 - José Humberto Torres y familia, Colombia
El 5 de abril de 2012, la CIDH informó al Estado de Colombia su decisión de separar a José Humberto Torres de la Medida Cautelar 83/99, cuyos beneficiarios son los miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, con el fin de darle seguimiento particularizado a su situación y la de su núcleo familiar. Esta decisión se basa en información recibida por la Comisión en la que se indica qu e presuntos paramilitares recluidos en las cárceles y miembros de la banda criminal "Los Rastrojos" han ofrecido 200 millones de pesos a quien de muerte a José Humberto Torres. La CIDH solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de José Humberto Torres y su familia; concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 69-12 - Leonel Asdrúbal Bendfelt y otros, Guatemala
El 5 de abril de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Leonel Asdrúbal Dubón Bendfelt y Otros, en Guatemala. La solicitud de medidas cautelares alega que Asfrúbal Dubón Bendfelt es objeto de seguimientos desde hace aproximadamente un año, como resultado de su labor de defensor de derechos humanos y de los casos adelantados por la asociación que dirige. Se alega asimismo que las amenazas se habrían intensificado en en los últimos meses, y que habría recibido amenazas directas y telefónicas. La CIDH soliicitó al Gobierno de Guatemala que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Leonel Asdrúbal Dubón Bendfelt, su núcleo familiar y los integrantes de la asociación "El Refugio de la Niñez"; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 208-10 - Estela Ángeles Mondragón, México
El 1 de marzo de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Estela Ángeles Mondragón, en México. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Estela Ángeles Mondragón se encontraría en una situación de riesgo debido a amenazas, hostigamientos y actos de violencia, presuntamente derivados de su involucramiento en diversos procesos judiciales seguidos a favor de la Comunidad Indígena Rarámuri de Baqueachí. La CIDH solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Estela Ángeles Mondragón; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares.
MC 406-11 - Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga, Ecuador
El 21 de febrero de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga, en Ecuador. Esta decisión obedece a la información recibida desde noviembre de 2011 sobre una querella por injurias calumniosas promovida por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en contra del periodista Emilio Palacio, los tres directores del periódico - Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga - y el diario El Universo. Conforme a la información aportada, el 15 de febrero de 2012 la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la sentencia que condena a los beneficiarios a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares. Los hechos denunciados a la Comisión podrían constituir daños irreparables al derecho de libertad de expresión de los señores Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Ecuador que suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero de 2012, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, la CIDH convocó a una audiencia el 28 de marzo de 2012, a fin de recibir información de las partes sobre la adopción y vigencia de estas medidas cautelares. Luego de la audiencia, la Comisión decidirá si procede continuar con estas medidas cautelares, modificarlas o levantarlas.
El 9 de marzo de 2012, la CIDH levantó estas medidas cautelares y archivó el expediente, después de recibir una comunicación, de fecha 29 de febrero de 2012, mediante la cual los solicitantes requerían dicho levantamiento, en vista que habían cesado las causas de urgencia inmediata que las motivaron. En vista del levantamiento de las medidas cautelares, la CIDH decidió además cancelar la audiencia programada para el 28 de marzo de 2012.
MC 357-11 - Héctor Rolando Medina, Estados Unidos
El 7 de febrero de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Héctor Rolando Medina, quien fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentra acompañada por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P 1907/11. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.
MC 7-12 - Edgar Tamayo Arias, Estados Unidos
El 18 de enero de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Edgar Tamayo Arias, quien fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. La solicitud de medidas cautelares se encuentra acompañada por una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P 15/12. La Comisión solicitó a los Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana, de modo de no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano.
MC 351-11 - Ananías Laparra Martínez, México
El 18 de enero de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Ananías Laparra Martínez, en México. En la solicitud de medidas cautelares se alega que la vida y la salud de Ananías Laparra Martínez, quien se encuentra privado de libertad en un centro de detención en Tapachulas, Chiapas, estaría en grave peligro, debido a que padece una situación crítica de salud y no se le han realizado los exámenes médicos necesarios para diagnosticarlo y recomendar un tratamiento. Alegan asimismo que sus representantes no han tenido acceso al expediente médico. La CIDH solicitó al Gobierno de México que adopte las medidas necesarias para proteger la integridad personal de Ananías Laparra Martínez; que instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar el estado de salud del beneficiario y autorizar el tratamiento adecuado; y que adopte las medidas en consulta con el beneficiario y los representantes, garantizándole a él y a quienes él autorice acceso a su expediente médico.
MC 349-11 - Rocío San Miguel, Venezuela
El 18 de enero de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rocío San Miguel y su hija, en Venezuela. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Rocío San Miguel habría venido siendo objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio, en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Alega además que las autoridades no habrían realizado investigaciones sobre la procedencia de tales amenazas y actos de hostigamiento, y que no habrían adoptado medidas destinadas a garantizar su vida, integridad y seguridad. La CIDH solicitó al Gobierno de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Rocío San Miguel y de su hija menor de edad; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y su representante; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares.