Introducción

En virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, se considera como refugiado a la persona que, “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

A nivel regional, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, aunque carezca de fuerza vinculante, recomendó la extensión de esta definición para la región de manera a abarcar también a “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”

Desde hace por lo menos 3 décadas, la OEA se ha ocupado de la cuestión de los solicitantes de la condición de refugiados y de los refugiados en la región, como lo evidencian las resoluciones adoptadas cada año por la Asamblea General de la Organización.