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  • Adultos Mayores
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    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 11
    La Argentina preside el Grupo de Trabajo sobre Personas Mayores y Derechos Humanos, que en el ámbito de la OEA se encuentra negociando una Convención Interamericana sobre Adultos Mayores, la cual pondrá a la vanguardia a la región en la protección de los derechos de este grupo vulnerable. Por mandato de la 42° Asamblea General de la OEA dicha Convención debería ser negociada con vistas a la Asamblea General de junio de 2013.

    En tal sentido, en septiembre de 2012 tuvo lugar en Buenos Aires una reunión de expertos previo al inicio del lanzamiento de las negociaciones formales. En seguimiento de la misma y con el objetivo de alcanzar consensos, entre los días 27 de febrero y 2 de marzo de 2013 tendrá lugar una reunión de expertos en San Salvador para continuar avanzando en la redacción de una Convención Americana que vele por los derechos de este grupo vulnerable.

    En lo que respecta a Naciones Unidas, nuestro país mantiene también un fuerte liderazgo en el tema, promoviendo que este tema se mantenga en agenda. En tal sentido, apoya establecer los pasos para elaborar en un futuro un instrumento internacional en la materia.

    En el ámbito de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR, está en pleno funcionamiento la Comisión Permanente sobre Adultos Mayores.

    En el ámbito del Consejo de Derecho Humanos, nuestro país ha copatrocinado un proyecto resolución elaborado por Brasil, dirigido a garantizar los mayores estándares de protección a este grupo etáreo.

    En el marco del Consejo de Derechos Humanos también está previsto durante el mes de abril de 2013 un evento donde participarán distintos expertos, entre ellos de nuestro país.

    Contexto regional de la CELAC:

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema derechos humanos:

    Contexto regional de la CELAC:

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema derechos humanos:

    “10. Reafirmamos que la democracia, el desarrollo sostenible y el respeto de todos los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, incluido el derecho al desarrollo, están íntimamente relacionados y se refuerzan mutuamente. “
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    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 9
    Seguridad Alimentaria y Nutricional
    Uno de los ejes transversales a la familia considerado fundamental, se relaciona con su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional. Como estrategia para abordar esta temática, y en el marco de la Ley Nº 25.274, se creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo se dirige a que las argentinas y los argentinos tengan una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país.
    También este Plan impulsa acciones complementarias relacionadas con la atención primaria de la salud y el desarrollo comunitario, promoviendo la educación alimentaria y nutricional, apoyando la autoproducción de alimentos y fortaleciendo a la escuela como promotora de crecimiento y desarrollo. Para ello, se impulsa un proceso de articulación entre las áreas de salud, educación y desarrollo social y con las organizaciones comunitarias. Una de las acciones específicas que se enmarcan en acompañados por un programa de capacitación, significan una oportunidad para que las personas recuperen la dignidad que implica poder elegir sus propios alimentos de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y costumbres, afianzando el objetivo de fortalecer la comensalidad familiar.
    Por otro lado, de forma complementaria al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria se encuentra el Programa PROHUERTA. Su objetivo es profundizar las acciones tendientes a la promoción de una alimentación autosustentable a partir del apoyo técnico y de la organización de pequeñas unidades productoras, que buscan fomentar el uso de alimentos frescos en huertas sobre la base de la autoproducción a nivel familiar, comunitario y escolar.
    Más de 1.751.531 familias incluidas en Seguridad Alimentaria, reciben Módulos o Tarjetas para la compra de alimentos.
    Más de 58.000.000 kilos de alimentos distribuidos a nivel nacional
    Aproximadamente 3.350.000 personas participan en huertas, familiares, comunitarias y escolares.
    Más de 12.300 comedores escolares que reciben la ayuda del Ministerio
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 9
    6. ACCIONES EN MATERIA AGRÍCOLA
    A continuación se destacan las acciones en materia agrícola que se han llevado adelante en relación a los párrafos 23, 24 y 25 de Compromiso de Puerto España y el párrafo 9 del capítulo Pobreza, desigualdad y equidad del documento alcanzado en la VI Cumbre, y que contribuyen a la implementación de dichos mandatos.
    Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se han llevado adelante acciones para el fortalecimiento del sector agroalimentario a fin de alcanzar las metas propuestas por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal 2020 (PEA2) , el cual busca hacerle frente a las demandas de alimentos mediante un incremento sustancial en la producción. Así, mediante la Resolución N ° 120/2011 crea el Programa “Agricultura Inteligente” que busca la consolidación de una agricultura competitiva y eficiente que atienda la sustentabilidad y agregue valor a la producción agropecuaria nacional. Entendiendo a la Agricultura Inteligente como una agricultura de procesos, con un enfoque sistémico, tendiente a conservar o incrementar los servicios ecosistémicos, basados en la mejora continua y el manejo adaptativo y sustentable de los sistemas productivos y que permita el gerenciamiento de la heterogeneidad ambiental, y que cuenta con el Ordenamiento Territorial Rural como proyecto a impulsar.
    En este sentido, y en el marco del proyecto FAO TCP/ARG/3302 “Fortalecimiento de las capacidades que permitan abordar los procesos de Ordenamiento Territorial Rural de forma participativa e iterativa” se capacitaron 178 gestores del territorio de 50 municipios provinciales del país, en aspectos metodológicos de OTR y se avanzó en el diagnóstico y el diseño de escenarios prospectivos de un Plan de Ordenamiento Territorial Rural para el sitio piloto de Tunuyán (Mendoza), donde se detectaron las problemáticas de los habitantes, mediante talleres participativos, democratizando el acceso de la población a la toma de decisiones. Asimismo, se elaboró una guía metodológica para el Ordenamiento territorial en el Municipio, que aporta tanto cuestiones conceptuales como herramientas para llevar adelante estos procesos.
    La planificación del territorio y la generación de políticas para el desarrollo es una tarea indelegable del Estado que implica propiciar la seguridad alimentaria, distribuir equitativamente costos y beneficios de las transformaciones del territorio, reducir la incertidumbre jurídica en el uso del territorio, transparentar el proceso de la toma de decisiones, mejorar la gestión y administración pública del territorio, contribuir a la coordinación y concertación para la solución de conflictos, generar mecanismos de evaluación y monitoreo de los planes de OTR, articular políticas sectoriales y de gestión territorial entre los distintos niveles buscando sinergias, orientar las inversiones en infraestructura productiva, fomentar el arraigo de las poblaciones rurales, promover la recuperación de los ecosistemas, minimizar el deterioro de los recursos naturales y la contaminación, propiciar el desarrollo de cadenas productivas, mejorar la competitividad y el empleo, que es clave para promover la mayor equidad y la reducción de las brechas territoriales.
    El Estado Argentino, como garante de derechos e impulsor de políticas de desarrollo, mediante estas acciones apunta a cerrar brechas económicas y sociales y a impulsar la generación de capacidades productivas y tecnológicas, tendientes a alcanzar un ordenamiento social y territorialmente justo, ambientalmente sostenible, regionalmente equilibrado y culturalmente respetuoso de las diferencias donde prevalezcan la justicia social, la cohesión territorial y la participación democrática.
    El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2020 aborda los desafíos planteados por estos puntos y busca el crecimiento sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial con el fin de generar una mayor riqueza con valor agregado, en particular en origen, que beneficie con desarrollo, justicia social, equidad territorial, arraigo y seguridad alimentaria nutricional a todo el pueblo de la Nación Argentina. En tal sentido se destaca que en el informe país presentado en 2013, ya fue presentado y profundamente detallado.
    Respecto de las acciones que el IICA trabaja en nuestro país en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se llevan adelante numerosos Proyectos y Programas en el que se abordan desde distintos enfoques, problemáticas como: sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos; seguridad alimentaria; agronegocios y comercialización; gestión en territorios, agricultura y bienestar rural; recursos naturales y cambio climático; política y comercio, e innovación tecnológica.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 9
    Con respecto al desarrollo agroalimentario y agroindustrial, el Estado Argentino ha tomado la iniciativa de elaborar de manera colectiva un Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal, 2010-2020 (PEA). El mismo se desarrolla en el marco del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP).

    Para alcanzar tal objetivo, el PEA desarrolló desde sus inicios un proceso participativo y federal, convocando a los diversos actores que conforman el Sector Agroalimentario y Agroindustrial argentino para que, siguiendo una metodología predefinida, y en ámbitos especialmente diseñados al efecto, realizaran sus aportes e intercambiaran ideas en pos de elaborar las distintas etapas del Plan.

    Para ello, los actores involucrados han seguido un proceso sistemático de secuencia de etapas en los diversos ámbitos de participación, los cuales han sido destinados a asegurar que los actores puedan expresar sus expectativas, necesidades e intereses; poner en juego estrategias de cooperación, cooptación y conflicto, así como ejercitar la persuasión, negociación, mediación y disuasión.

    El PEA está orientado al crecimiento sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial con el fin de generar una mayor riqueza con valor agregado, en particular en origen, que beneficie con desarrollo, justicia social, equidad territorial, arraigo y seguridad alimentaria nutricional a todo el pueblo de la Nación Argentina.

    Los productores rurales argentinos son el epicentro de un proceso de transformación que no sólo se entiende por el cambio de paradigma tecnológico, por ejemplo al pasar de un esquema de labranza convencional a la adopción masiva de la siembra directa, sino también por el proceso de reconversión organizacional que han vivido.

    El modelo de la nueva agricultura argentina ha sido objeto de análisis por parte de los principales centros de estudios agrícolas del mundo. Las empresas rurales locales se han convertido en “casos” analizados y debatidos desde Harvard hasta el International Food & Agribusiness Management Association (IAMA).

    Este nuevo productor rural argentino del siglo XXI puede ser caracterizado teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

    - Una actitud claramente positiva hacia la incorporación de tecnología. La tasa de adopción por parte de los productores argentinos fue particularmente alta. En el sector agrícola desde la siembra directa hasta la agricultura por ambientes, pasando por la biotecnología o la maquinaria de precisión, o la evolución creciente de los sectores vitivinícola, avícola, entre otros.

    - Una neta vocación por la productividad. Sin subsidios de ningún tipo busca maximizar su beneficio económico para lograr mayores rindes en sus producciones.

    - Capacidad para asumir el riesgo. Contemplar las contingencias de la agricultura, es decir, la incertidumbre climática, la volatilidad de los precios o la dinámica de los mercados forma parte de la cultura del productor argentino.

    - No busca refugio en el paraguas de la protección estatal; por el contrario, acepta el juego de integrar una cadena global agroalimentaria.

    - Incorporación de conocimiento para la gestión. En forma creciente, el productor posee formación profesional en el área, incluso de posgrado. Por otra parte, este conocimiento no queda limitado al específicamente agropecuario, sino que se expande al management empresario o los aspectos organizacionales de la gestión.

    - Innovación y motivación emprendedora. El sistema agropecuario argentino ha desarrollado respuestas ingeniosas a sus desafíos, tales como el desarrollo del almacenamiento de granos en silos bolsas. Y no solo lleva adelante estas soluciones; también “exporta” el conocimiento hacia otras regiones agrícolas del planeta.

    Por otra parte, el productor competitivo ha sido el responsable del crecimiento de la agricultura en regiones extra-pampeanas, generando riqueza y valor local e incluso traspasando las fronteras hasta convertirse en generador de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) transnacionales.

    Empresas agroalimentarias de estructura familiar se han convertido en “multinacionales de bolsillo”, al llevar los productos argentinos al mundo. Al respecto, es posible citar los sectores de los vinos, los cítricos y las golosinas, entre otros.

    En el contexto de estas transformaciones, se replantea el sentido y la instrumentación de futuras estrategias de inserción externas, en pos de captar mayores rentas internacionales y aplicarlas al proceso de desarrollo interno, promoviendo el Estado Nacional políticas de desarrollo territorial en un proceso de reconfiguración del sistema productivo que permita crecer con mayor valor agregado, en particular en origen, a fin de desarrollar una agroindustria que a su vez tenga los medios para generar empleo para muchos, en contextos territoriales que posibiliten una nueva ruralidad.

    Un interior rural con más pueblos y pequeñas ciudades integrado a la economía nacional, que revalorice el lugar de la juventud trabajadora, la convoque y la integre a la producción y al crecimiento, con mejora en las condiciones de vida que implica trabajo en el lugar, educación, salud, alimentación, vivienda, caminos e infraestructura.

    Esta nueva ruralidad debe equilibrar el modelo de la agricultura industrializada de gran escala que se asienta en la concentración del capital a nivel global, y que habrá de consolidar a la Argentina como líder mundial agroalimentario y agroindustrial, con los objetivos estratégicos socioculturales y ambientales.

    Esta también logrará el abastecimiento del mercado interno y el acceso a los alimentos para todos los argentinos, impulsará la producción con más productores, promoverá el arraigo de la población rural y el empleo agroindustrial, incrementará la seguridad y la salud en el empleo rural, fomentará la responsabilidad social empresaria y contribuirá al cumplimiento de las metas locales de los Objetivos del Milenio (ODM), preservando el ambiente y recuperando en valor los bienes agropecuarios.

    Desde esta visión se plantea como objetivo la necesidad de generar condiciones adecuadas para la generación de riqueza con desarrollo social, organizacional, ambiental y humano de todos los territorios que conforman el país, priorizando la equidad, la inclusión, el arraigo, y el respeto a la diversidad cultural.

    A partir de estas particularidades que indican la presencia de una nueva ruralidad, desde la creación del MAGyP, se han generado acciones políticas concretas que tienen impacto directo sobre el Sector Agroalimentario y Agroindustrial.

    En primer lugar, se ha asumido la necesidad de intensificar el diálogo esencialmente con los productores de todas las regiones del país, especialmente con los pequeños y medianos, donde la presencia activa del Estado resulta relevante para su desarrollo y permanencia dentro del sistema. Los programas de apoyo a productores hoy operan en todas las provincias y en todas las economías regionales, con asistencia técnica y creación de fondos rotatorios dentro del marco de la emergencia agropecuaria, créditos blandos a tasa subsidiada del 8% de interés anual y con períodos de gracia, tanto para agricultura como ganadería, infraestructura y adquisición de maquinaria agrícola.

    El Gobierno Nacional ha entendido también la necesidad de generar legislación para aquellas temáticas más sensibles. En ese sentido, la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad de las Tierras Rurales, que no pretende perjudicar la inversión y la llegada de capitales, pero pone límites a la transferencia de tierras a extranjeros; una nueva Ley de Semillas; marcos regulatorios para el uso racional del agua; buenas prácticas para la aplicación correcta de agroquímicos, son hoy algunos de los temas de amplio debate en la sociedad argentina.

    A lo expresado debemos agregar que el futuro cercano nos propone un escenario donde las actuales demandas de alimentos, crecientes y sostenidas, tienden a consolidarse en el tiempo producto de mayores y más sofisticados consumos y como resultado del incremento de la población mundial.

    Simultáneamente, la producción argentina viene mostrando tasas de crecimiento cualitativas y cuantitativas (mayor productividad por unidad de superficie e incorporación de nuevas tierras cultivables) altamente significativas, basadas en mayor generación y adopción de tecnología.

    La situación descripta ha traído como consecuencia la determinación del MAGyP de poner en marcha la elaboración de un plan que garantice que el crecimiento en el que estamos inmersos, se genere en un contexto de desarrollo y sustentabilidad que marque el rumbo futuro del país. Este Plan Estratégico ampliamente participativo y federal no pretende más que profundizar y consolidar un modelo productivo virtuoso que logre el mayor de los consensos posible y garantice los mecanismos de institucionalización permanente de las políticas del Sector con una perspectiva de largo plazo.

    El afianzamiento de las condiciones de producción, tanto agroalimentaria como agroindustrial, y la mejora en la condiciones de vida y de trabajo de todo el entramado social conexo con dicho Sector, a la par del crecimiento y diversificación de la inserción externa sectorial implica ahondar en el camino que venimos recorriendo, planificando los próximos pasos a dar, con una visión estratégica y con un claro sentido participativo y federal.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 9
    En ese marco el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) elaboró el documento denominado “Estimación de Techos Productivos Sustentables de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales”. La estimación de los techos productivos potenciales sustentables busca integrar las capacidades productivas y tecnológicas de todas las economías regionales a partir de la cobertura nacional de las actividades del INTA que tienen como foco tres grandes ámbitos de intervención: las cadenas de valor, los agro-ecosistemas y los territorios.

    En ese contexto federal, se abordaron los aspectos vinculados a los techos productivos potenciales de las principales cadenas agroalimentarias, considerando las restricciones ambientales dentro del ordenamiento territorial y la inclusión social en el contexto del mapa social de las grandes regiones y ámbitos provinciales.

    Los techos productivos sustentables se elaboraron en un ámbito político-institucional que propone poner la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo, como sinónimo del aumento equitativo de la calidad de vida de la sociedad a nivel nacional, regional y local. En consecuencia, apunta a identificar los problemas y oportunidades a nivel productivo, ambiental y social para brindar una solución integrada a sus objetivos de competitividad, sustentabilidad ambiental y equidad social, con énfasis en la generación de valor agregado, en particular en origen, integración regional y complementación alimentos / energía / ambiente.

    Como se expuso anteriormente, el crecimiento de la producción primaria y de la producción agroalimentaria y agroindustrial ha sido muy grande a lo largo de estos años, y fue uno de los motores que –guiado por la política económica y social del Gobierno Nacional- permitió salir al país de la profunda crisis en la que estaba sumido a inicios del presente siglo.

    Es mucho lo que se hizo en conjunto entre el sector productivo, el sector industrial y el Estado, y es mucho también todo lo que es posible hacer marchando juntos, en armonía y con intereses confluentes. Sólo a través de un trabajo mancomunado de todos los actores involucrados en el devenir del Sector Agroalimentario y Agroindustrial Argentino es posible profundizar el camino recorrido, generando más desarrollo para el conjunto de la sociedad.

    Finalmente, queremos exponer algunos de los fines estratégicos concretos que, con el objetivo de incrementar el volumen y diversidad de la producción agroalimentaria y agroindustrial nos hemos propuesto.

    El objetivo es lograrlo incrementando el número de productores. De esta manera tendremos más producción con más productores.
    Anexo Producción Agricola
    • Recursos Relacionados
    oas
    Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO) - Perfil Nutricional - Argentina (2001)
    Producción Agricola
  • Asuntos de Género
    Ministeriales
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    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En Argentina el organismo nacional responsable para el adelanto de las mujeres es el Consejo Nacional de las Mujeres que tiene por función definir políticas públicas de igualdad de género e igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres.

    Un hito importante de la participación de la mujer en política ha sido la aprobación de la Ley de Cupo Femenino (1991) que estableció que las listas electorales deberán contar con un mínimo de 30% de mujeres en los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas.

    La Argentina ocupa un lugar preponderante en lo que respecta a la participación de mujeres en cargos ministeriales, direcciones de gobierno y bancas parlamentarias. La mayoría de los ministerios cuentan con áreas especializadas en temas de género. En la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, las mujeres representan alrededor del 50% de la fuerza de trabajo empleada. Además de la señora Vice-Presidenta de la Nación, tres de los veinte Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional y una de las cuatro sillas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación están ocupadas por mujeres.
    La Argentina cuenta con una Canciller mujer que se ha destacado en el ámbito de las Naciones Unidas y en la actualidad hay diplomáticas argentinas ocupando importantes cargos en organismos internacionales. En abril de 2016 la Canciller adhirió a la “Campaña GQUAL para la paridad de género en la representación internacional”, junto a ocho Ministros del Gabinete Nacional.

    Bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación funcionan dos organismos para preservar los derechos de las mujeres: la Oficina de Violencia Doméstica, que facilita el acceso a la justicia de las víctimas de este delito y la Oficina de la Mujer, que implementa la perspectiva de género en el Poder Judicial.
    En ambas Cámaras del Congreso de la Nación funciona una comisión específica encargada de dictaminar en todo lo relativo a cuestiones de género en los proyectos de leyes de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que la Argentina es parte.

    Cinco de las veinticuatro provincias argentinas están gobernadas por mujeres: Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

    En el mercado laboral, la incorporación acelerada de las mujeres se da en la década de 1990 y se vincula con la pérdida de empleo masculino en un contexto de recesión económica. A partir de la recuperación económica posterior, esta participación continuó incrementándose hasta alcanzar niveles relativamente elevados en 2006. Desde entonces, la trayectoria se ha mantenido estable. Hoy en día no sólo es mucho mayor la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, sino también más estable a lo largo de su adultez.

    A pesar de sus avances en el mercado del trabajo, en general, las mujeres argentinas siguen enfrentando una segregación vertical -por niveles de jerarquía- y horizontal -por sectores productivos-. Su inserción no trajo aparejada una incorporación masiva de los hombres al mundo del cuidado y las tareas domésticas y esto produjo fenómenos como el de la doble jornada laboral de las mujeres. Existe una más alta representación femenina en los puestos de mayor informalidad, los de menor jerarquía y menor calificación, así como en el subempleo y en el desempleo, lo que genera que las mujeres perciban, en promedio, un ingreso inferior al de los varones, aun cuando su calificación sea, en términos generales, superior.

    Por medio de la ley 26.844 sobre Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (2013) se avanzó en los derechos de las trabajadoras domésticas al equipararlos con los de cualquier otro trabajador. Se formalizó su situación y se las incorporó al sistema de seguridad social y previsional.

    El Programa “Ellas Hacen” está destinado a madres solas con tres o más hijos menores de 18 años a cargo que perciben la Asignación Universal por Hijo y que viven en barrios informales. El Programa incluye de manera prioritaria a aquellas mujeres que atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad o que han sido víctimas de violencia de género. Estas mujeres reciben entrenamiento en oficios vinculados a la construcción, como instalaciones de redes y cañerías para la provisión de agua, recuperación de espacios verdes, electricidad, albañilería, fabricación de ladrillos. Se organizan en cooperativas de trabajo que llevan adelante diversas obras en sus comunidades y hasta construyen sus propias viviendas. Las mujeres reciben un ingreso y además, como requisito, aquellas que no tengan estudios, deben completar la educación primaria o secundaria.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 14
    Las líneas de acción que se desarrollan desde la Modalidad de Educación Rural proponen a las provincias que se resguarde la calidad y equidad de las propuestas para escuelas rurales, asegurando para ellas las políticas que se definan para todas las instituciones de los niveles educativos inicial, primario y secundario. Para que ello sea posible y con el objeto de respetar las necesidades, particularidades y potencialidades de los contextos rurales, se implementan dos ejes de trabajo:

    - Contemplar la organización en salas de edades múltiples, plurigrados y años múltiples (en el caso de cada nivel) como modelo organizacional propio de los ámbitos de localización rurales.

    - Propiciar la superación del aislamiento del trabajo docente, el aprendizaje de los alumnos y las actividades de las comunidades, a través de la conformación de agrupamientos de escuelas. El “agrupamiento” es considerado una unidad de definición de las políticas educativas a nivel local.

    Ambos ejes constituyen el aspecto común de las diversas acciones que se desarrollan en forma articulada con cada una de las jurisdicciones.

    Acciones con las jurisdicciones
    La Resolución 128/10 del Consejo Federal de Educación (CFE) establece las políticas para la modalidad en el Sistema Educativo Nacional y da marco a las líneas de acción que se desarrollan desde su formulación.

    Encuentros nacionales con los referentes provinciales de la Modalidad aseguran acuerdos a nivel federal para las acciones de cada año.

    Reuniones sistemáticas con los equipos técnicos provinciales actualizan las particularidades para cada jurisdicción.

    Reuniones de trabajo -con frecuencia que se determina con cada provincia– convocando a Supervisores, Directivos y docentes a cargo de alumnos de los diferentes niveles ponen en juego el acompañamiento del equipo nacional para la implementación de las líneas de acción definidas de forma acordada con cada jurisdicción.

    Acciones hacia las escuelas

    Respecto de los recursos:
    - Acciones de la Dirección de Infraestructura para la construcción, refacción y provisión de servicios básicos a las instituciones seleccionadas por cada provincia.
    - Aportes financieros para cada institución, con el propósito de propiciar el mantenimiento de infraestructura y mobiliario.
    - Provisión de juegotecas, bibliotecas, material didáctico, equipamiento informático, laboratorios y mobiliario en función del nivel.
    - Provisión de materiales de desarrollo curricular destinados a los docentes de los tres niveles.
    - Provisión de materiales de desarrollo curricular: impresos destinados a los alumnas y alumnos del Ciclo Básico de la Educación Secundaria (1 por cada uno de los tres años por área - Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Educación Artística)
    - Provisión de programas de TV (126 por año por área) elaborados conjuntamente con Canal Encuentro.
    - Desarrollo de secuencias didácticas para incluir en el escritorio rural de las netbook provistas a escuelas rurales por Conectar Igualdad.

    Políticas por nivel

    Nivel Inicial
    - Creación de salas multiedad (para que asistan niñas y niños de 3, 4 y 5 años) en las zonas rurales, a cargo de un/ a maestro/a del Nivel.
    - Establecimiento de agrupamientos de escuelas de modo de propiciar acciones compartidas para instalar el trabajo colaborativo entre docentes, facilitar la participación de los alumnos en acciones entre salas de la misma zona, promover las actividades conjuntas de distintas comunidades.
    - Capacitación a los y las maestros y maestras para la utilización de los recursos provistos a las escuelas tendiendo a mejorar las propuestas de enseñanza en las salas multiedad.

    Nivel Primario
    - Capacitación a supervisores, directivos y docentes del nivel avanzando en la consideración de las potencialidades del plurigrado como espacio de enseñanza.
    - Promoción del trabajo por agrupamientos de escuelas.
    - Desarrollo del postítulo en Educación Rural para docentes de plurigrados.
    - Capacitación a los maestros y las maestras para la utilización de los recursos provistos a las escuelas tendiendo a mejorar las propuestas de enseñanza en los plurigrados.
    - Inclusión de las escuelas rurales en los planes de fortalecimiento de la alfabetización, la lectura y la escritura, con propuestas didácticas elaboradas para mejorar los aprendizajes de las /os alumnas/os en los plurigrados.
    - Inclusión de las escuelas rurales en la estrategia nacional de mejoramiento de la enseñanza de las ciencias naturales y matemática con alternativas especialmente diseñadas para la organización en grados múltiples.

    Nivel secundario
    - Desarrollo de una propuesta de Ciclo Básico de la Educación Secundaria para implementar alternativas de cursada del nivel en zonas rurales aisladas ( propuesta multimedial - materiales impresos, programas de TV , propuestas para uso de las netbooks – para ser desarrollada conforme el modelo de organización que cada provincia defina: localización en las primarias con maestros tutores y profesores itinerantes; alternancia de períodos de asistencia; nuclearización, etc. )
    - Capacitación a supervisores, directivos y docentes a cargo de pluriaños, orientadas al reconocimiento del modelo de organización y las particularidades didácticas que impone a la enseñanza y el aprendizaje.
    - Inclusión de las escuelas rurales en los planes, programas y proyectos para todas las secundarias definidas por el nivel (Planes de mejora; Educación Sexual Integral; Prevención; Parlamento Juvenil asi como otras políticas socioeducativas - movilidad, atención a escuelas albergue, centros de actividades juveniles, etc.)
    - Diseño de un Ciclo orientado para las escuelas que se constituyen en única alternativa para las y los adolescentes que residen en zonas rurales.

    Nivel Superior
    -Postítulo de Especialización Superior en Educación Rural para docentes en servicio en escuelas con plurigrado.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 6, 11
    La República Argentina reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos y, en ese sentido, la igualdad de género es uno de los objetivos de su política nacional. Se han ratificado todos los Convenios Internacionales de derechos humanos, incluyendo el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el año 2007. Algunos de estos tratados tienen rango constitucional desde 1994 como la Convención CEDAW.

    Institucionalidad de Género
    Mecanismo Nacional de la Mujer de la República Argentina: Consejo Nacional de las Mujeres

    El Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) forma parte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) de Presidencia de la Nación, como una instancia de participación y coordinación e influencia. El CNCPS es el organismo que posee entre otras funciones la de establecer la planificación estratégica de políticas y programas sociales del gobierno nacional, las estrategias de intervención, los compromisos por resultados y el diseño de mecanismos de articulación entre los programas que ejecutan distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo Nacional.

    TRATAMIENTO DE LOS TEMAS DE LA MUJER EN LA AGENDA INTERNACIONAL
    La República Argentina cuenta con un área especializada en temas de mujer en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que está integrada por la Representación Especial para Temas de la Mujer en el Ámbito Internacional.

    POLITICAS PUBLICAS DE GENERO
    En el ámbito político, la Ley de Cupo sancionada en el año 1991 -que exige un mínimo de 30% de mujeres en las listas de candidatos de todos los partidos políticos como requisito para su oficialización- permitió garantizar el acceso masivo de las mujeres al Parlamento Nacional.

    PARTICIPACION EN EL MERCADO DE TRABAJO
    *La Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones en el Mundo Laboral (CTIO) fue creada en 1999 con el compromiso de construir un espacio de dialogo donde los distintos actores involucrados -el Estado, los Sindicatos y las Cámaras Empresarias- trabajen de manera conjunta en la erradicación de la discriminación y en la inserción laboral de las mujeres.
    *El Programa Piloto de Certificación de empresas de Equidad de Género MEGA tiene como objetivo promover la equidad de género en las empresas.
    Proyecto MEGA de Equidad de Género en las empresas:
    El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo —INADI—, en forma coordinada con el CNM, la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública y la CTIO, lanzó en 2009 el Programa Piloto de Certificación de empresas de Equidad de Género MEGA —Modelo de Equidad de Género para Argentina— 2009, con el apoyo del Banco Mundial y con el objetivo de promover la equidad de género en las empresas. Dicho modelo es una herramienta que promueve la equidad de género bajo un enfoque participativo y el programa apunta a otorgar el sello MEGA 2009 a aquellas empresas interesadas.
    El objetivo del MEGA2009 es desarrollar y promover la equidad de género en las empresas a través de un enfoque participativo que apunta a 1) facilitar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en las políticas de recursos humanos —selección de personal, ascenso y formación—; 2) facilitar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el desarrollo profesional; 3) promover la equidad entre mujeres y varones en las políticas de conciliación laboral y familiar; 4) promover un clima laboral saludable; y 5) promover criterios de equidad en la imagen de las empresas y sus productos o servicios.

    Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” y Programa Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cajade”.
    El Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, vigente desde el año 2003, promueve el fortalecimiento de ámbitos productivos, financiando y asistiendo experiencias locales, y está destinado prioritariamente a personas, familias y grupos en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social que conformen experiencias socioproductivas.
    En 2006, se sumó al anterior programa el Programa Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cajade”. La Comisión Nacional de Coordinación del Programa es asistida por un directorio del que forma parte, entre otras instituciones, el Consejo Nacional de las Mujeres. El Microcrédito es una herramienta que va más allá de la financiación de proyectos y apunta al desarrollo de capital social e inserción de sectores postergados de la sociedad. Reúne a emprendedoras/es, organizaciones y promotores que desarrollan las actividades de capacitación, facilitan la resolución de problemas barriales, son referentes para distintas necesidades sociales, etc. Hacia 2007 se contaba con 1900 promotores de crédito capacitados y 100 promotores en condiciones de formar y replicar la experiencia. A inicios de 2010, se contaba con 440 bancos que otorgaron créditos desde $500 hasta $1.500 —esto es, aproximadamente entre US$ 135 y US$ 400— de devolución semanal. Se otorgaron 18.000 créditos, 90% adjudicados a mujeres, en 17 provincias y a través de 65 organizaciones regionales.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 6, 11
    Respecto de la erradicación de la violencia contra las mujeres, en marzo de 2009 fue sancionada la Ley Nº26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Dicha ley fue elaborada siguiendo los lineamientos de las Convenciones Internacionales de CEDAW y Belém do Pará y responde a las recomendaciones que el Comité de Expertas de CEDAW venía realizando a este país respecto a la necesidad de la sanción de una norma que tuviera como fin prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Actualmente la ley está en proceso de reglamentación.

    Esta ley reconoce cinco tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, bajo seis modalidades que van desde el plano intrafamiliar al institucional. Su objeto es promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre las mujeres y varones entendiendo y definiendo, por primera vez, la violencia contra las mujeres como violencia de género. Cabe señalar que la ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y que requiere de la articulación a través de distintos organismos públicos de todas las jurisdicciones para dar respuesta a la problemática de violencia de género.

    (Para más información sobre Asuntos de Género, consulte las páginas 15-21 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas - Argentina)
    • Recursos Relacionados
    ARGENTINA- INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMERICAS
    INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMERICAS-ARGENTINA
  • Comercio
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 14
    La República Argentina viene asumiendo en las negociaciones comerciales multilaterales que se llevan a cabo en el marco de la Ronda de Doha una posición consistente con el párrafo 14.

    La Argentina, conjuntamente con otros países del hemisferio firmantes de la mencionada Declaración, aspira a un resultado de la Ronda justo y equitativo, abogando por el respeto al mandato y a los principios que guían las negociaciones: trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, reciprocidad menos que plena en las reducciones arancelarias, y un comparable nivel de ambición en acceso a los mercados entre los sectores agrícola e industrial.

    La Argentina, conjuntamente con esos países, demanda una mínima flexibilidad de parte de los países de mayor peso comercial, que son los que tienen mayores responsabilidades para lograr un sistema multilateral de comercio abierto, transparente y basado en normas.
  • Cooperación Pública y Privada
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 8
    I. En relación a la temática de desarrollo , cabe señalar que la agenda en esta materia dentro del G20 progresó significativamente a partir de la cumbre de Seúl celebrada en noviembre de 2010. Allí se elaboró un Plan de Acción Multianual que avanzó en la coordinación dentro del G20 con un enfoque guiado por los siguientes principios: el enfoque en el crecimiento económico inclusivo, la asociación global por el desarrollo con una vinculación como iguales entre miembros del G20 y países de bajos ingresos, el enfoque prioritario en los asuntos sistémicos globales o regionales, la participación del sector privado, la complementariedad y un método de trabajo orientado a la búsqueda de resultados. Con el fin de concretar acciones específicas, se establecieron nueve áreas temáticas, ellas son, infraestructura, inversión privada y creación de empleos, desarrollo de recursos humanos, comercio, inclusión financiera, crecimiento resiliente, seguridad alimentaria, movilización de los recursos internos e intercambio de conocimientos.

    En este esquema, por Resolución AG/doc.5242/12, se aprobó la Carta Social el 3 de junio de 2012, quedando pendiente la elaboración del citado Plan de Acción, para lo cual se encomendó al Grupo de Trabajo Conjunto de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), que continúe su labor para dicho fin.

    b) En referencia a los avances logrados en materia de integración de la infraestructura física en América del Sur en el marco del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), del cual participan doce países de América del Sur (entre ellos Argentina), aprobó en su reunión de noviembre de 2011 los siguientes instrumentos:

    • Plan de Acción Estratégico 2012-2022, encaminado a mejorar las herramientas para la ejecución y conclusión de proyectos; la incorporación en el menor plazo posible de mecanismos de participación social; la atención al aspecto de financiamiento de proyectos de alto impacto en la región; y la compatibilización de los marcos regulatorios e institucionales de los países de América del Sur.

    • Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración – API, la cual reúne 31 proyectos estructurantes para la integración suramericana, con fuerte potencial de impulsar el desarrollo socio-económico regional. Esta API contará con un sistema permanente de evaluación y ajustes necesarios, expresando el compromiso de atribuir especial atención a la implementación de estos proyectos con las acciones necesarias, de carácter continuo, atendiendo a la sustentabilidad ambiental y el desarrollo e integración regional. Se crearon tres Grupos de Trabajo que permitirán dar seguimiento a tres temáticas consideradas prioritarias en el proceso de integración de la infraestructura regional:

    • Grupo de Trabajo sobre Integración Ferroviaria Suramericana: contribuir al desarrollo de los proyectos del modo de transporte ferroviario, logrando el desarrollo de una red básica e integrada. Continuar los trabajos ya avanzados de la Comisión de Integración Ferroviaria Bi-oceánica Argentina-Brasil-Chile-Paraguay en la consolidación del Proyecto de Corredor Bi-oceánico Ferroviario Paranaguá-Antofagasta que ya cuenta con un interesante nivel de avance.

    • Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías: Se crea el Grupo de Trabajo con el objetivo de diseñar herramientas financieras y facilitar la ejecución de los proyectos de la API, que constituye uno de los objetivos prioritarios del COSIPLAN.

    • Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones: Tal como se establece en el art. 4 del Estatuto del COSIPLAN y en el Objetivo 5 del Plan de Acción Estratégico, existe el compromiso con la promoción del uso intensivo de la Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) con el fin de superar las barreras geográficas y operativas en América del Sur. Por estas razones se crea el Grupo de Trabajo, siendo una prioridad del mismo estudiar y proponer alternativas para impulsar la interconexión de las diferentes estructuras y redes de fibras ópticas en América del sur y la formación del anillo Óptico Suramericano.

    c) En materia de promoción y profundización de proyectos de infraestructura física a nivel nacional, subregional y regional cabe destacar la participación de la República Argentina en el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Se trata de una herramienta creada en 2005 en el ámbito del MERCOSUR con el objetivo de promover la convergencia entre los Estados Partes del bloque y reducir las asimetrías existentes en la región a través del financiamiento de proyectos nacionales o pluri estatales presentados por los Estados Partes.

    El FOCEM financia cuatro Programas, a saber:

    - Programa I de Convergencia Estructural
    - Programa II de Desarrollo de la Competitividad
    - Programa III de Cohesión Social
    - Programa IV de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración

    En particular, los proyectos presentados en el marco del Programa I de Convergencia Estructural deben contribuir al desarrollo y ajuste estructural de las economías menores y regiones menos desarrolladas, incluyendo el mejoramiento de los sistemas de integración fronteriza y de los sistemas de comunicación en general. El Programa comprende los siguientes componentes:

    i) Construcción, adecuación, modernización y recuperación de vías de transporte; de sistemas logísticos y de control fronterizo que optimicen el flujo de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus subregiones.
    ii) Exploración, transporte y distribución de combustibles fósiles y biocombustibles.
    iii) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
    iv) Implementación de obras de infraestructura hídrica para contención y abducción de aguas brutas, de saneamiento ambiental y de macro drenaje.

    En la actualidad, el FOCEM está integrado por aportes anuales de u$s 100 millones, que son aportados en un 70% por Brasil, 27% por Argentina, 2% por Uruguay y 1% por Paraguay. Estos recursos se distribuyen anualmente de modo tal que Paraguay recibe el 48%, Uruguay el 32% y Brasil y Argentina 10% cada uno. De esta manera puede observarse cómo opera la transferencia neta de recursos desde las economías más grandes del MERCOSUR hacia los socios de menor desarrollo relativo. Asimismo, con la aprobación de la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 41/12, se han iniciado los trabajos tendientes a permitir la participación de la República Bolivariana de Venezuela en el Fondo, en virtud de su reciente ingreso como miembro pleno del bloque.

    De los 43 proyectos aprobados en ejecución hasta el momento, 19 se hallan enmarcados en el Programa I de Convergencia Estructural. El costo total de estos Proyectos asciende a U$S 1.234.095.950, de los cuales U$S 814.300.719 son financiados por el FOCEM. En cuanto a la distribución geográfica, 10 proyectos son ejecutados por Paraguay, 5 por Uruguay, 2 por Brasil y 1 por nuestro país. Existe, además, un proyecto binacional ejecutado por Brasil y Uruguay.
    Anexo cuadro de los Proyectos FOCEM en ejecución correspondientes al Programa I de Convergencia Estructural
  • Democracia
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    El fortalecimiento institucional y la modernización de los órganos electorales es un tema relevante para el gobierno argentino. El Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso sendos proyectos de ley sobre Reforma Electoral y Debate Presidencial Obligatorio. El primero cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el segundo ya fue aprobado.

    La Reforma Electoral fortalece el rol de la Cámara Nacional Electoral y amplía sus competencias y recursos. Incorpora un sistema de votación con boleta única electrónica, aumenta el control sobre el financiamiento político y extiende la prohibición de realizar actos de gobierno que puedan interpretarse como orientados a promover la captación del sufragio con 30 días antelación a las elecciones.

    El Debate Presidencial Obligatorio busca asegurar que todos los candidatos a la presidencia tengan el derecho y el deber de participar de un debate público en condiciones de plena equidad.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En Argentina el proceso de inscripción e identificación de las personas es simultáneo. Cuando una persona nace debe ser inscripta en el Registro Civil e identificada con un número de matrícula individual, único e intransferible, que es el Documento Nacional de Identidad.

    El sistema se basa en dos subsistemas interdependientes: el registral y el identificatorio. El primero es descentralizado y su ejecución corresponde a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas emiten los instrumentos relativos al estado civil de las personas, como registro de nacimientos, matrimonios, incapacidades y defunciones. El segundo es privativo del gobierno federal y hace referencia a la identificación de dichas personas a través de la producción del Documento Nacional de Identidad y las técnicas de identificación dactiloscópicas. El sistema identificatorio es la base para la confección del Padrón Electoral.

    El desafío de disminuir el subregistro de nacimientos y la indocumentación ha recibido especial atención. A partir de 2009, el Registro Nacional de las Personas encaró un proceso de trasformación orientado a la digitalización de sus principales sistemas de información vinculados a la identificación de las personas.

    Para los ciudadanos extranjeros, la Dirección Nacional de Migraciones juntamente con el Registro Nacional de las Personas implementaron el Sistema de Ventanilla Única de Radicación + DNI que permitió unificar el trámite y recibir los DNI en sus domicilios.

    El derecho a la identidad es la potestad más importante con que cuenta un ciudadano. En 2009 se creó un régimen administrativo que permite a los niños de hasta doce años no inscriptos por sus padres regularizar su situación evitando la compleja vía judicial. Simultáneamente a la inscripción, el oficial público debe otorgar el Documento Nacional de Identidad. El trámite es gratuito y no se cobra ningún tipo de punitorio.

    En materia de reconocimiento de la identidad en la diversidad, específicamente la población LGBTI (lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales), la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley 26.743 de Identidad de Género (2012) ubican a la Argentina a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas en diversidad sexual. Los desafíos que las mismas planteaban se vieron reflejados en la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (2015).

    El Decreto 1006/2012 permitió regularizar las inscripciones de los niños nacidos antes de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) de dos madres casadas. Se menciona, asimismo, la adopción de medidas sobre la emisión del Documento Nacional de Identidad para el reconocimiento real y efectivo de los derechos de los hijos e hijas de parejas de personas de un mismo sexo tendientes a incluir los nombres, apellidos y números de DNI de sus madres o padres en el documento de los niños.
    La Ley 26.743 (2012) promueve la dignidad de trato, libertad y autonomía de las personas trans en condiciones de igualdad y no discriminación y toda persona puede solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En materia de gobierno abierto y acceso a la información se busca generar una comunicación activa y permanente entre el Gobierno, los actores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.

    Se han diseñado los siguientes instrumentos:

    -Un sistema de expediente electrónico de acceso a la información pública.
    -Un nuevo organigrama de la Administración Pública Nacional.
    -Una nueva versión online del registro de audiencias.
    -Mesas de diálogo con distintos actores de la sociedad civil en torno a la elaboración de un proyecto de ley.
    -Ocho mesas de trabajo con diferentes ministerios, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en el marco de la participación en la Alianza para el Gobierno Abierto.
    -La Plataforma de Consulta Pública como un canal de debate y diálogo entre el gobierno y la comunidad.
    -El Plan Nacional de Apertura de Datos para hacer transparente la gestión del Estado y la publicación de información.
    -La Ley 27.275 (2016) de Acceso a la Información Pública, que obliga al Estado a brindar los datos que solicite cualquier ciudadano en el plazo de 15 días.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina participa activamente del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y presentó recientemente su Informe de Avance, correspondiente al período marzo de 2015 a marzo de 2016.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 80
    La Argentina cuenta con una Oficina Anticorrupción (OA) la cual fue creada por la Ley N ° 25233 en 1999, con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción, y en forma concurrente con la Fiscalía de investigaciones administrativas, la cual vela por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la corrupción.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 81
    La Argentina cuenta con legislación específica y un ordenamiento institucional que asegura el acceso a la información pública, dentro del marco de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

    A través del decreto 1172/03 (Boletín Oficial 04/12/2003) “Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus Instituciones” se reguló el derecho de toda persona a requerir, consultar y recibir información por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través del respeto de los estándares internacionales en la materia. Esta política constituye una importante herramienta de participación ciudadana.
  • Derechos Humanos
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 10
    Nuestro país participa activamente del proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que está teniendo lugar en la actualidad en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El pasado 14 de noviembre 2012, presentó sus propuestas, las cuales seguirán siendo negociadas junto con las del resto de los Estados, con miras a la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, la cual tendrá lugar el próximo 22 de marzo de 2013 en Washington.

    Las propuestas de nuestro país se centran principalmente en fortalecer el Sistema alcanzando su universalidad y financiamiento adecuado, de modo que pueda elevar los estándares de protección de los ciudadanos de las Américas.

    En este sentido, la Argentina se encuentra en un proceso de claro crecimiento y
    fortalecimiento de diferentes aspectos de su política de derechos humanos con inclusión social y, participa activamente en el proceso de avance Regional, tanto en la Comisión Permanente de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco del MERCOSUR (Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados), como en el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) de la Organización de Estados Americanos
    (OEA) .

    En noviembre de 2012, la Argentina remitió su 2° informe de cumplimiento del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos Humanos y dignidad de las personas con discapacidad (2006-2016) y de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad.

    Por otro lado, cabe destacar los siguientes avances en diferentes temáticas que hace a la inclusión de las personas con discapacidad:

    Desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios conjuntamente con otros organismos de gobierno y la sociedad civil se trabajó en la promoción de la Accesibilidad e Inclusión digital a través del diseño del Decodificador accesible para la Televisión Digital Terrestre (TVDT) que permite la igualdad de acceso a los contenidos de la TVDT a las personas con discapacidad.

    Desde el Ministerio de Industria se implementa el Programa de Aplicación de Tecnologías para la Salud para personas con discapacidad orientado al desarrollo de instrumentos de diagnóstico rápido, portátiles y de bajo costo y a la investigación, diseño y fabricación de tecnología médica a nivel local para lograr soluciones acordes a las condiciones regionales y se creó el “Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad”, cuya misión se dirige a mejorar la calidad de vida de las personas con
    discapacidad.

    Por otro lado, el Ministerio de Educación implementa, entre otros, el Programa Conectar Igualdad que brinda el acceso a la educación y las tecnologías mediante la entrega netbooks a todos los estudiantes de la Educación Secundaria y provee el equipamiento de PC adaptadas para los/as estudiantes con discapacidad.

    La promulgación de la ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral en diciembre de 2009, implica un significativo avance en materia de promoción de la participación política, la equiparación de derechos y la accesibilidad de las personas con discapacidad en los procesos políticos.

    En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido creado el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS) que promueve la igualdad de tratamiento y la participación de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales. Este programa busca facilitar y promover el acceso a sus legítimos derechos y la administración de Justicia de todas las personas con discapacidad.

    A través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se creó el Comité Técnico de Seguimiento de la Normativa Laboral y de Seguridad Social para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.

    Finalmente, y vinculado a la recopilación de datos y estadística, podemos señalar que en la actualidad la Argentina se encuentra trabajando en la preparación de la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI 2) programada para realizarse el presente año.

    Por último, otra medida nacional, que se constituye en otra muestra de la decisión política de incluir y transversalizar los asuntos de la discapacidad en las políticas y prácticas públicas es la creación del Observatorio de la Discapacidad en el ámbito de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad.

    Adicionalmente, válido es señalar que Argentina participa activamente de la negociación del “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” y del "Instrumento Jurídico Vinculante" contra la intolerancia y otras formas de discriminación, que tiene lugar en el marco de la OEA.

    Al respecto, los aportes de nuestro país tienen como objetivo elevar los estándares de protección en materia de discriminación en la región, poniendo especial atención en grupos vulnerables.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 82, 83
    Con fecha 14 de mayo de 2010 se llevó a cabo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, tal como se realiza anualmente una sesión relacionada con el “Diálogo sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de derechos humanos entre los Estados Miembros, y los Miembros de la Corte Interamericana de derechos humanos”.

    En dicha oportunidad, la Argentina participó activamente a los fines de reafirmar la tradicional posición de nuestro país de apoyo incondicional e irrestricto a la autonomía e independencia de los órganos del SIDH como valores a preservar por los Estados.
  • Desarrollo Económico Sostenible
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 7
    A partir del año 2012, la Secretaría de Empleo plasmó en la puesta en marcha de la Subsecretaría de Promoción del Sector Social de la Economía (SPSSE) una serie de acciones que ya venía desarrollando al interior de sus dependencias.

    La mencionada Subsecretaría tiene, entre otros objetivos, la promoción de la creación, desarrollo y mejora continua de las unidades productivas autogestionadas, independientes o asociativas, que integran el colectivo de la Economía Social. Con ese fin articula su trabajo con actores públicos, privados y de la sociedad civil. También desarrolló mecanismos de integración y articulación entre las políticas y programas actuales así como nuevas líneas de acción, reforzando el trabajo conjunto con el objetivo de mejorar los parámetros de empleo de los grupos de trabajadores en cuestión, alcanzando estándares de trabajo decente.

    • Programa Trabajo Autogestionado
    Su objetivo es brindar apoyo a los trabajadores asociados de forma autónoma, acompañando la consolidación de los procesos productivos autogestionados:
    - Generando nuevas fuentes de trabajo y manteniendo las existentes a través de la promoción y fortalecimiento de las unidades productivas.
    - Contribuyendo a la mejora de la calidad del empleo autogestionado, la productividad, la sustentabilidad y la competitividad.

    Son destinatarios del Programa las unidades productivas autogestionadas por sus trabajadores, ya sea en empresas recuperadas o generadas por la iniciativa de los mismos.

    El Programa asistió a 673 unidades productivas, de las cuales 314 son empresas recuperadas y 359 se constituyeron a partir de la iniciativa de sus trabajadores. Con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) se beneficiaron un total de 24.000 trabajadores.

    • Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales
    El Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los trabajadores y grupos asociativos de emprendimientos productivos con el objetivo de mejorar su calidad, formalidad y sustentabilidad.

    Desde el año 2004 se han apoyado 39.000 emprendimientos que significaron la oportunidad de que 60.718 trabajadores volvieran a insertarse en el mercado de trabajo de manera independiente.

    Se generó una Red Nacional con más de 100 Instituciones para brindar asistencia técnica a emprendedores logrando dictar cursos a más de 15.000 trabajadores.

    Por su parte, la línea de entramados productivos locales tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad del trabajo existente a través del financiamiento de maquinarias y herramientas, insumos, asistencia técnica y capacitación. También apoya el acondicionamiento de infraestructura complementaria para la instalación y funcionamiento de Centros de Servicios o Unidades Productivas orientadas a pequeños productores y micro emprendedores.

    • Políticas de empleo y formación continua en Industrias Culturales
    En el marco de las líneas de acción de fortalecimiento y consolidación de la red de formación continua y de servicios de capacitación y formación, se realizó en agosto de 2011 el primer Consejo Sectorial de Industrias Culturales. En él se consolidó el diálogo social entre los actores más relevantes del sector, tanto por la presencia de los representantes de los trabajadores y de las empresas como por instituciones gubernamentales.

    El MTEySS reconoce el valor estratégico de las industrias culturales y su impacto tanto en el campo económico como en el mercado de trabajo ya que constituyen el 3,5% del Producto Bruto Interno y ocupan a más de 300.000 trabajadores.

    Es en este marco, que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se ha propuesto durante el Segundo Consejo Sectorial fortalecer la capacitación sectorial e iniciar el camino de su normalización a través de la formación de calidad para los trabajadores y trabajadoras, el mejoramiento de las instituciones de formación y la certificación de competencias laborales.

    Como resultado se puede mencionar la formación de 2300 trabajadores por medio de la Línea Sectorial, 310 gracias al crédito fiscal y otros 365 por medio de organizaciones sociales. También se fortalecieron 6 instituciones de formación y se incluyó 1 empresa en el Régimen de crédito fiscal.

    Adicionalmente, y en referencia a lo desarrollado en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación, se vienen llevando a cabo diversas actividades. En este sentido, se puede mencionar lo siguiente:


    DIVERSIDAD CULTURAL
    La Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación internacional (DNPCyCI) de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación es punto focal de la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005). Desde el año 2010 representa al país en el Comité Intergubernamental de la mencionada Convención. La Dirección Nacional difunde el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural y recibe los proyectos. El proyecto Escuela Vocacional de Artes Escénicas de La Plata, que recibió el apoyo del Fondo en el año 2010, fue reconocido como buena práctica por UNESCO.

    CAPACITACION
    En el año 2011 y 2012 se ejecutó el Proyecto: “La Diversidad Cultural como agente de desarrollo en Argentina”, con la colaboración de UNESCO.

    Los objetivos específicos fueron 1- sensibilizar a gobiernos provinciales y municipales sobre la importancia de definir políticas públicas que contemplen el concepto de Diversidad Cultural como elemento fundamental del desarrollo sostenible; y 2- promover, entre los artistas locales, acciones tendientes a fortalecer la producción de creaciones artesanales como una de las principales actividades para la preservación y promoción de la Diversidad Cultural.

    En el año 2012 se realizaron tres encuentros de capacitación sobre Diversidad Cultural para la Inclusión Social en Santa Rosa, La Pampa y Avellaneda, Buenos Aires. Durante CINCO días, DIEZ maestros dictaron CUARENTA horas de clase y fueron beneficiados CIENTO CINCUENTA personas.


    IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE CULTURA
    En la ciudad de Mar del Plata, durante el mes de septiembre, se llevó a cabo la cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Cultura, cuyo título fue “Cultura, Política y Participación popular”. En un contexto civilizatorio de gran complejidad y acelerados procesos de debate cultural, estético y democrático, se reunieron políticos, intelectuales y personalidades que, desde sus distintos perfiles, reflexionaron sobre las transformaciones culturas contemporáneas y las políticas públicas que las acompañan como parte de la reivindicación identitaria y de la integración iberoamericana. En particular, esta cuarta edición del Congreso incluyó en su agenda un nuevo eje que atravesó las jornadas y que, sin duda, revitalizó los debates sobre las políticas culturales: la participación popular. Junto con el de cultura y política, este eje se proyectó sobre otros más específicos, como la integración regional, la necesidad de democratizar el mapa de medios, el acceso a la información, las nuevas tecnologías y su rol en las industrias culturales. La revitalización de este debate sobre las políticas culturales está ligada fuertemente a los procesos de transformación que se vienen produciendo en los últimos años en América Latina, procesos que encuentran en la participación popular y en sus saberes culturales la fuente y el sustento que los legitima. En las vísperas de los doscientos años de independencia de muchas de las naciones latinoamericanas, uno de los lemas que más eco hizo en este Congreso fue el de “desculturizar la cultura”. Este juego de palabras simboliza, precisamente, el horizonte hacia donde debería apuntar la agenda de las naciones iberoamericanas: repensar la tradición, reivindicar la cultura popular y activar los mecanismos y estructuras que aseguren una difusión amplia y sostenible para el acceso de toda la ciudadanía. Dos pilares fueron destacados, entonces, para cumplir con este objetivo: la producción de contenidos y la infraestructura que proteja la diversidad cultural y la pluralidad de voces.


    SEMINARIO MALRAUX “Cultura y Desarrollo Sustentable”
    La Secretaría de Cultura de la Presidencia de Nación, a través de la Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional, reanudó la realización de los Seminarios Malraux en Argentina en el marco del fortalecimiento y la consolidación de la cooperación bilateral con Francia.

    La tercera edición de los Seminarios Malraux se realizó los días 25 y 26 de octubre de 2012, en la Ciudad de Buenos Aires, y abordó los debates sobre la relación entre los conceptos de Cultura y Desarrollo Sustentable.

    El modelo economicista que consideraba a la cultura como un obstáculo para el desarrollo ha ido perdiendo vigencia en las últimas décadas. El Desarrollo - como práctica y discurso - sufrió importantes transformaciones y la experiencia ha demostrado que el verdadero desarrollo es aquel que pone énfasis en los actores.

    El principal desafío que atraviesa la gestión cultural en la actualidad es lograr el reconocimiento de la cultura como una dimensión fundamental y como cuarto pilar del Desarrollo Sustentable conjuntamente con los ya reconocidos económico, social y ambiental.

    El objetivo del Seminario fue conocer la experiencia del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia en políticas vinculadas a la Cultura y el Desarrollo Sustentable, y estimular la reflexión y el debate entre los especialistas franceses invitados y los expertos locales.

    El intercambio de especialistas franceses y argentinos incluyó los siguientes temas: la relación estratégica entre Cultura y Desarrollo Sustentable, los procesos de resignificación de los espacios públicos urbanos, la sustentabilidad urbana, los procesos de transformación de las ciudades, entre otros.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 7
    II REUNIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL

    Se llevó acabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 18 y 19 de abril de 2012, y contó con la presencia de las delegaciones del bloque y de la Sra. Danielle Cliche, Secretaria de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. En este marco, los delegados comentaron las experiencias de aplicación del Fondo Internacional de la Diversidad Cultural en sus países; compartieron sus experiencias en materia de promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales; y debatieron sobre las dificultades encontradas para la elaboración del "Informe Periódico Cuatrianual de las medidas encaminadas a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales", que solicita la UNESCO a todos los países que han ratificado la Convención.


    PUBLICACIÓN “LOS ESTADOS DE LA CULTURA, ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS PAÍSES MIEMBRO DEL SICSUR”

    El Foro del Sistema de Información Cultural del MERCOSUR (SICSUR), coordinado por la República Argentina, presentó en 2012 el libro “Los Estados de la Cultura, estudio sobre la institucionalidad de los países miembro del SICSUR”. Esta publicación es el resultado de dos años de trabajo coordinado entre las instituciones de cultura de los diez países que integran el SICSUR, respondiendo a la necesidad continua de revisión de la institucionalidad en la construcción de los Estados.

    En este contexto, también es pertinente señalar que el MICA –Mercado de Industrias Culturales Argentinas- es una política pública del gobierno nacional que apunta a la construcción colectiva de un país más federal, con oportunidades para los jóvenes emprendedores y para las PyMEs de origen nacional radicadas en todo el territorio argentino. Busca contribuir al progreso socioeconómico de la Argentina, impulsando y posicionando a las industrias culturales como una nueva fuente de desarrollo de oportunidades. Asimismo, procura impulsar la generación y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas dispersas en todo el territorio nacional modificando el escenario de concentración geográfica y de capital existente.

    Actualmente, las industrias culturales -que comprenden aquellos sectores involucrados con la creación, producción y distribución de bienes y servicios que son de naturaleza cultural y que están protegidos por el derecho de autor- aportan el 3.7% al PBI de la argentina. En la edición 2011, el MICA contó con más de 200 productores internacionales Durante las cuatro jornadas, se organizaron 4500 reuniones de negocios entre 1700 empresas y productores culturales argentinos fomentando así el intercambio y la información entre referentes de distintos países. Estos encuentros, que se complementaron con cursos y seminarios específicos, apuntan a la profundización del intercambio, la apertura de nuevos mercados, el crecimiento de la economía y la generación de nuevas oportunidades de trabajo. “Hemos colocado un pilar fundamental en la construcción de la plataforma necesaria para transformar la creatividad argentina en una industria exitosa, para que la disfrutemos en el país y en el exterior”, señaló el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, como balance del MICA 2011.

    Asimismo, la Argentina se encuentra llevando a cabo diversos programas focalizados en el área cultural. Entre ellos, se encuentran:

    -Programa Café Cultura: Promueve la reflexión en torno a una amplia diversidad de temáticas culturales, sociales, educativas y políticas, generando espacios de debate e intercambio de opiniones, experiencias y conocimientos por todo el país, con la intención de construir ciudadanía a partir de posibilitar el acceso democrático a conferencias, debates y actividades artísticas de interés comunitario.

    - Programa de Derechos Humanos: Genera actividades que promuevan el ejercicio de la memoria, la verdad y la justicia, con el objetivo de desnaturalizar situaciones de vulnerabilidad de los derechos humanos, con una perspectiva histórica pero ampliada a las problemáticas actuales.

    - Programa Cultura e infancia: Apunta a difundir, proteger y promover los derechos culturales de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

    - Puntos de Cultura: Apunta a fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y comunidades indígenas, promoviendo la inclusión social, identidad local y participación popular a través del apoyo económico y técnico de proyectos culturales.

    - Programa Colectividades y Afrodescendientes: tiene como meta el reconocimiento de la diversidad cultural y el aporte de las colectividades latinoamericanas radicadas en la Argentina, promoviendo su inclusión socio-cultural.

    - Programa Maravillosa Música: Apunta a la inclusión de jóvenes y adolescentes fomentando la creación artística juvenil mediante la expresión musical, con el apoyo y fomento de la formación de bandas musicales juveniles en todos los géneros, por medio del concurso federal.

    - Programa Pueblos Indígenas: Cumple con los objetivos de reivindicar las culturas originarias y promover el diálogo intercultural, a partir de difundir producciones culturales de los pueblos y sus comunidades. Fortalecer los procesos de rescate, valorización y transmisión de las identidades indígenas que se vienen desarrollando en todo el país.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 7
    El compromiso de cooperar y "trabajar juntos para restaurar el crecimiento mundial y lograr las reformas necesarias en los sistemas financieros mundiales" se ha materializado con el involucramiento y la coordinación, en ejercicios de geometría variable, en el ámbito del G-20. Las Cumbres de Washington, Londres y Pittsburgh sentaron una agenda ambiciosa, en proceso de implementación, con reformas que apuntan a perfeccionar la arquitectura financiera internacional pero sin afectar el paradigma de regulación vigente
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 12
    En lo referente a pobreza e indigencia los ODM de Argentina a cumplir en 2015 son dos : i) reducir la pobreza por debajo de 20% de la población; ii) eliminar la indigencia y el hambre. Al respecto, el Informe Oficial señala que "desde el primer semestre de 2003 hasta el segundo semestre del 2008, 8.400.000 personas superaron la situación de pobreza en la que se encontraban, lo cual representa una reducción del 72%. De esta manera se superó mucho antes de 2015 la meta de reducir la pobreza a menos del 20%, alcanzando en el segundo semestre de 2008 un 15%. En el mismo período 5.146.000 personas dejan atrás su situación de indigencia, la cual se redujo en un 84%, siendo actualmente el 4,4 % de la población".

    La Argentina sostiene que debe ponerse gran énfasis en la utilización de la Cooperación Sur-Sur y Triangular dado que ha demostrado ser una fórmula válida para llevar adelante actividades de asistencia técnica y de desarrollo de proyectos de mayor envergadura. Asociar dos países, o un país y un organismo internacional, para asistir a un tercero en la búsqueda de su desarrollo, hace posible una diversidad de vínculos que pone en evidencia la necesaria sinergia de los procesos de cooperación en todas sus dimensiones, articulando a países desarrollados u organismos multilaterales con Países de Renta Media. La Cooperación Sur-Sur y Triangular, en este sentido, permite una ampliación tanto territorial como en profundidad de la cooperación, para una mejor utilización de conocimientos y técnicas adquiridos por los países en desarrollo, siendo por tanto una modalidad excelente para una efectiva ejecución de los recursos de la cooperación internacional.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 13
    Con relación a la implementación del párrafo 13 de la Declaración, se informa que el Foro de Competitividad de las Américas tuvo lugar en Chile en la fecha prevista (27-29/9/09) y que Argentina participó del mismo, con una delegación encabezada por la entonces Presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, Dra. Beatriz Nofal.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 20
    En lo que respecta al "llamamiento a las instituciones financieras internacionales y regionales, según corresponda, a que aumenten sus esfuerzos para promover el desarrollo y el crecimiento de nuestras economías, incrementando los préstamos y expandiendo significativamente el acceso al crédito para el 2012" (párrafo 20) es apropiado notar que no han habido políticas significativas en este sentido, a excepción quizá de la ampliación de las líneas para financiar comercio exterior (mayoritariamente no Pyme) acordadas en el marco del G-20.
  • Desarrollo Social
    Ministeriales
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 2
    Trabajo Autogestionado
    Objetivo: Contribuir a la generación de nuevas fuentes de trabajo y/o al mantenimiento de puestos existentes, a través de la promoción y el fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas por los trabajadores y a mejorar su competitividad y sustentabilidad. Contribuir a la mejora de las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores de las unidades productivas autogestionadas, promoviendo la incorporación de políticas preventivas en materia de mejoramiento de las condiciones de medio ambiente de trabajo. Atender la situación específica de trabajadores que procuran concretar iniciativas laborales autogestionadas en forma asociativa, tanto en el ámbito urbano como rural, ya sea en las fases de puesta en marcha y/o reactivación como en las fases de consolidación y mejoramiento de su competitividad.
    Durante los diez años de ejecución del Programa se han asistido a más de 800 unidades productivas localizadas en todo el territorio nacional, dedicadas a diferentes rubros de la producción tales como Industria Metalúrgica, Textil, Alimenticia, Gráfica, Madera, Vidrio, Frigorífica; y del sector servicios: Salud, Hotelería, Transporte, etc.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 1
    Prevención y erradicación del trabajo infantil
    La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), creada por Decreto en el año 2000 en el ámbito del MTEySS, tiene el objeto de coordinar, evaluar y dar seguimiento a los esfuerzos en favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil. Es una mesa de trabajo tripartita que cuenta con el asesoramiento de agencias internacionales como OIT y UNICEF.
    La CONAETI junto a las COPRETI elaboraron a la fecha 2 Planes Nacionales: uno con vigencia entre los años 2006-2010, el cual fue evaluado y rediseñado para su segunda versión, con vigencia en el periodo 2011-2015. El objetivo general de ambos planes se propone “Prevenir y erradicar el trabajo infantil, en todas sus formas, a través del desarrollo de acciones que favorezcan la participación de los diferentes actores sociales en todo el País”.
    La Comisión Nacional se encuentra en su tercera fase en virtud de un proceso dinámico que partió de la desnaturalización de la problemática y se centra específicamente en las acciones de intervención en el nivel local. La herramienta privilegiada para la intervención en terreno que se promueve a partir de los resultados de una investigación cualitativa impulsada por CONAETI, es la creación de espacios de atención y cuidado para los niños/as y espacios recreativos para preadolescentes durante la jornada laboral de sus padres.
    a)
    Marco normativo
    En Abril de 2013, se sancionó y promulgó la Ley 26.847 que incorpora el Art. 148 bis al Código Penal, el cual penaliza la utilización de mano de obra infantil con pena de prisión de 1 a 4 años a quién se aprovechare económicamente del trabajo de un niño/a en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil. Se excluyen de la posible penalización a los padres, madres, tutores o guardadores por entender que la intervención dirigida a afianzar la responsabilidad parental deber estar a cargo de áreas administrativas de protección de derechos de la niñez.
    Junto con este nuevo artículo en el Código Penal, la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, del año 2008, la cual prohíbe el trabajo de niños/as por debajo de los 16 años de edad y regulariza mediante ciertos requisitos la incorporación al mundo laboral de los adolescentes entre los 16 y los 18 años, y la Ley 26.727 por la que se modifica el Régimen de Trabajo Agrario, promulgada en el año 2011, la cual incorpora un capítulo en el que se tratan: la edad mínima de admisión al empleo, la regularización del trabajo adolescente en el sector agrícola y la creación de espacios de contención para hijos de los trabajadores agrícolas dentro de los predios productivos, en consonancia con lo establecido en la Ley 26.390, implican contar con un conjunto de instrumentos que configuran una base normativa para prevenir distintas modalidades de trabajo infantil a la vez que posibilita la sanción a los responsables de la demanda y contratación.

    Esta Comisión Nacional ha brindado información y formación sobre la normativa vigente, tanto entre actores del ámbito público con competencia en temas de infancia como en empresas y sindicatos.
    b) Descentralización de la política pública a nivel provincial
    A la fecha se cuenta con 23 Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) en el país. En estos ámbitos provinciales se realizan permanentemente capacitaciones, asistencias técnicas, como diseño y ejecución de acciones en prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Estas Comisiones Provinciales reciben apoyo y seguimiento permanente de la Comisión Nacional. Actualmente se ha creado una herramienta de comunicación virtual entre la CONAETI y las COPRETIs concretada en un blog que facilita la transmisión de experiencias y la actualización de las actividades.
    A su vez, para la unificación de prácticas de intervención a nivel provincial y nacional se elaboró un “Circuito de intervención para un abordaje integral de las situaciones de trabajo infantil” acordado con las COPRETIs. Dicho circuito se basa en el respeto al ejercicio de los derechos enunciados en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y en consecuencia prevé un abordaje integral a partir de la detección de situaciones de trabajo infantil.
    c) Descentralización de la política pública a nivel municipal
    A partir del año 2012, la CONAETI viene apoyando acciones de intervención en terreno para dar respuesta a la problemática del trabajo infantil y adolescente mediante los “Proyectos locales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Promoción del Diálogo Social”. Esta iniciativa se apoya en el proceso de descentralización, tanto a nivel provincial como municipal, condición necesaria para la implementación/ejecución de políticas en materia de trabajo infantil dada la conformación geopolítica de nuestro país.
    Este Proyecto cuenta con 3 ejes fundamentales: 1) creación de una mesa local conformada por actores comprometidos con la temática que representen los 4 sectores (estado, empresas, sindicatos y ONGs); 2) realización de un estudio diagnóstico sobre la situación del trabajo infantil y del trabajo adolescente en el municipio, ya sea focalizado en determinadas modalidades de trabajo infantil o sobre la problemática en general; 3) en base a los resultados del diagnóstico, se diseñan conjuntamente entre la mesa local y los actores del nivel nacional y provincial, las líneas de intervención a implementar en el territorio.
    Si bien las acciones se ejecutan en los municipios, cuentan con el apoyo de una mesa nacional conformada por representantes de las tres secretarías del MTEySS; del RENATEA; del Ministerio de Educación; de la SENAF; del Ministerio del Interior; de la Secretaría de Medio ambiente; del Ministerio de Salud; y de la OIT. La coordinación de la Mesa está a cargo de la CONAETI.
    Al momento, estos “Proyectos locales de prevención y erradicación del trabajo infantil y promoción del diálogo social” se implementan en los municipios de Machagai (Chaco), Tupungato (Mendoza), Bahía Blanca y General Pueyrredón (Buenos Aires).
    d) Alianza público-privado
    La Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, con una existencia de más de siete años, es un espacio de articulación público-privado que brinda la posibilidad al sector empresarial de colaborar en el diseño de políticas públicas en la materia, a través de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria. Actualmente esta conformada por casi 100 empresas líderes en nuestro país y lleva a cabo acciones de prevención, erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.
    Esta Red cuenta con u cuerpo directivo y subcomisión temática (comunicación, intervención comunitaria, formación y de consolidación) que elaboran y consensúan un Plan de Trabajo anual en el que se diseñan las distintas líneas de acción. Actualmente el eje del trabajo esta focalizado en la cadena de suministros por lo cual se están diseñando herramientas para la política con proveedores dado el compromiso de no contar con trabajo infantil o trabajo adolescente desprotegido en ningún eslabón de su cadena productiva. Apoyando esta política se encuentra vigente una campaña de sensibilización bajo el slogan “Cadena de valor y trabajo infantil”. a nivel de intervención comunitaria, en el marco de la Red, se lleva adelante en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones, el Programa “Jardines de Cosecha” entre el Ministerio de Desarrollo Social, el MTEySS, la CONAETI y empresas vinculadas a la Red de Empresas contra el trabajo infantil.
    En conmemoración del 12 de Junio, Día Mundial y Nacional contra el Trabajo Infantil se ha institucionalizado la Carrera “Por una niñez sin trabajo infantil” organizada por la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil junto con la CONAETI y el MTEySS, con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre la problemática del trabajo infantil y difundir este espacio de articulación público-privado. Lo recaudado por las inscripciones se dona a proyectos que colaboran en la prevención y erradicación del trabajo infantil.
    Esta Red de articulación público-privado se ha constituido como modelo de buenas prácticas en materia de trabajo decente para los países de América Latina. Motivo por el cual, a lo largo de este año, se ha participado en eventos internacionales en Ecuador, Colombia y Brasil. A su vez, ha recibido solicitud de cooperación de países de la región.
    e) Trabajo Infantil en el sector agrícola
    A raíz de diversos estudios cualitativos realizadas en el ámbito de la CONAETI, se ha diseñado como herramienta para la política pública en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, la creación de espacios de atención y cuidado para niños y niñas durante la jornada laboral de sus padres trabajan, dado que la carencia de estos espacios darían lugar a uno de los factores que condiciona la presencia del trabajo infantil en el ámbito rural. Por ello la CONAETI promueve, acompaña y brinda asistencia técnica a programas en distintas provincias de nuestro país, como por ejemplo al Programa “Jardines de Cosecha” mencionado en el ítem anterior; Programa “Buena Cosecha” que tiene por objeto mejorar las condiciones de los trabajadores rurales de temporada y sus familias, dando apoyo para la construcción y/o mejoramiento de edificios públicos habilitados para funcionar como Centros Socio Educativos Rurales para hijas e hijos de los trabajadores durante la cosecha o para albergues destinados a familias de trabajadores migrantes; igualmente se facilitó el transporte de ida y vuelta de las niñas y niños entre sus lugares de alojamiento y los mencionados Centros Socio-Educativos. Así también como al “Proyecto local de prevención y erradicación del trabajo infantil. Promoción del diálogo social” mencionado en el ítems c) siendo una de las líneas de intervención en terreno la creación de espacios de atención y cuidado
    Parte 1
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 1
    f) Salud y Trabajo Infantil
    En el marco del Plan Conjunto de apoyo al Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, se han puesto en práctica experiencias piloto de capacitación a agentes de salud en 5 regiones del país con el fin de generar conciencia en dicho sector sobre las consecuencias negativas que ocasiona el trabajo en la salud psicofísica de los niños y niñas. Tarea esta que se continúa realizando a cargo de la Subcomisión de Salud y Trabajo Infantil de la CONAETI. Como producto de estas experiencias de formación se ha realizado un Manual de Salud y Trabajo Infantil, el cual contiene modelos de herramientas de detección, notificación y abordaje de lesiones ocasionadas por trabajo infantil para los equipos de salud.
    Actualmente se trabaja en el diseño de un circuito de notificación no obligatoria que permita registrar los daños psicofísicos que genera el trabajo infantil en el desarrollo psicofísico de los niños y niñas.
    g) Nivel Internacional: Regional y Subregional
    A nivel de política internacional, la Presidenta de la CONAETI en representación de la República Argentina, participa de la “Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libres de trabajo infantil”, la cual fue propuesta por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe iniciativa. En este marco, se seleccionó un grupo de países que conforman el GRULAC para que cumplan el rol de promotores de la iniciativa, entre los que se encuentra la Argentina, lo que implica un reconocimiento para el país.
    A nivel Subregional MERCOSUR, en el seno del SGT10 de Trabajo, se ha elaborado un nuevo Proyecto de Apoyo al Plan Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el MERCOSUR con vigencia durante 2014 y 2015. Para el mismo se obtuvo financiamiento por parte de OIT y ABC (Agencia Brasilera de Cooperación) y la Unidad Ejecutora del Plan Regional es quien mantiene a su cargo la ejecución de este nuevo proyecto, el cual profundiza las líneas de capacitación, difusión e intervención establecidas en el Plan Regional.
    La República Argentina ha participado con una comitiva conformada por la Presidenta de la CONAETI en representación del MTEySS y representantes del sector sindical, de la III Conferencia Global de Trabajo Infantil, realizada en la ciudad de Brasilia en el pasado Octubre. En la segunda jornada, Argentina presentó en semi-plenaria sobre “Trabajo infantil en la cadena de suministros”, la alianza público-privado que se lleva a cabo desde el Ministerio de Trabajo, CONAETI y la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, con especial énfasis en las normas que regulan la cadena de valor de cada una de las empresas que la conforman.
    En dicho encuentro se acordó que la IV Conferencia Global de Trabajo Infantil será realizada en Argentina. Esta decisión implica no solo definir una sede geográfica, sino reconocer al país un rol de liderazgo en el tema en base a los avances logrados en la política pública en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil.
    h) Estadísticas de trabajo infantil
    Reducción de la cantidad de niños y niñas que trabajan. Según el último censo realizado en el 2010, la Argentina es un país con 40.117.096 de habitantes de los cuales 12.333.747 son menores de dieciocho años. De ellos 6.261.566 son varones mientras que 6.072.181 son mujeres.

    En relación con el trabajo de la franja de menores de 18 años, se incorporó un módulo de actividades de niños, niñas y adolescentes (MANNyA) en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), que se administró durante el tercer trimestre de 2012, como una iniciativa interinstitucional que suma el aporte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil al esfuerzo del Instituto Nacional de Estadística y Censos y las Direcciones Provinciales de Estadística. Dicho estudio arroja en sus resultados preliminares una disminución del trabajo infantil y adolescente respecto de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescente (EANNA) realizada en el año 2004.
    El objetivo de este estudio fue complementar la información socioeconómica obtenida en EAHU para la población de 5 a 17 años, relevando adicionalmente algunas dimensiones vinculadas con el uso del tiempo libre, el acceso a tecnologías de la información y la participación en las tareas domésticas, en la producción para el auto consumo, así como en las actividades económicas a partir de entrevistar, siempre que fuera posible, directamente al niño o niña.
    El diseño de la investigación acoge en las líneas centrales los desarrollos y antecedentes más inmediatos en el país (Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes - EANNA 2004 y 2006), en la región y las recomendaciones de la Resolución sobre Estadísticas de Trabajo Infantil de la 18° Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo del año 2008, así como del Programa de Información Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) y del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo, adecuándolos a los actuales requerimientos de las áreas sustantivas para la implementación de las políticas públicas en materia de protección de derechos en la niñez y adolescencia, de empleo juvenil y de erradicación del trabajo infantil.
    De acuerdo a ello, la incidencia laboral de los niños y niñas de 5 a 13 años descendió de 6,4% a 2,2% lo que representa una baja del 66% entre ambos períodos; mientras que entre los de 14 a 17 años disminuye de 19,1% a 14,6%, representando una baja del 24% entre los períodos comparados.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 2
    Trabajo Autogestionado
    • Objetivos
    El Programa tiene por objetivo contribuir a la generación de nuevas fuentes de trabajo y/o al mantenimiento de puestos existentes, a través de la promoción y el fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas por los trabajadores y a mejorar su competitividad y sustentabilidad.
    Asimismo, tiene como propósito contribuir a la mejora de las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores de las unidades productivas autogestionadas, promoviendo la incorporación de políticas preventivas en materia de mejoramiento de las condiciones de medio ambiente de trabajo.
    • Destinatarios
    Las acciones del Programa se dirigen a unidades productivas autogestionadas por sus trabajadores en forma asociativa.

    En una primera etapa los destinatarios de las acciones fueron las empresas recuperadas por los trabajadores, quienes recurrieron al Ministerio de Trabajo a raíz del cierre de empresas, con el objetivo de mantener sus fuentes de trabajo en el marco de las consecuencias de la crisis económica que afectó al país entre los años 2001/2002. A partir del año 2007, el Programa comenzó a analizar e incorporar otros actores que no provenían de procesos de recuperación, siempre que respondieran al modelo de autogestión asociativa.

    Acciones del programa
    Las acciones del Programa se extienden a todo el territorio nacional previendo un esquema de trabajo integral y flexible que incluye las siguientes prestaciones:
    -
    Ayuda Económica Individual: brinda apoyo económico en la fase de inicio de actividades o ante situaciones críticas que afectan el sostén de los puestos de trabajo y/o el normal desenvolvimiento de la actividad productiva.
    -
    Apoyo técnico y económico para la mejora de la capacidad productiva: contribuye al fortalecimiento de las unidades productivas en su fase de puesta en marcha y/o consolidación de los procesos productivos. Se concreta a través de un aporte destinado a la reparación y/o adquisición de equipamiento y/o de materias primas y/o de insumos y/o reacondicionamiento de infraestructura e instalaciones.
    -
    Apoyo técnico y económico para la mejora de la competitividad: propicia la mejora de los factores de competitividad y sostenibilidad en base a necesidades detectadas, consensuadas y cofinanciadas con los trabajadores de las unidades productivas. Se materializa a través de la cofinanciación de proyectos de inversión de pequeña escala para bienes de capital con o sin capital de trabajo asociado y/o reacondicionamiento de infraestructura e instalaciones.
    -
    Asistencia técnica y capacitación para la mejora de la capacidad de gestión de las unidades productivas: propicia la aplicación de modelos de gestión empresarial sostenibles, contribuyendo a la mejora de los factores de competitividad de las unidades productivas a través de la contratación de especialistas para ejecutar acciones de asistencia técnica y/o capacitación.
    -
    Asistencia para la Higiene y Seguridad en el Trabajo: mejora las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores y promueve la incorporación de políticas preventivas en esta materia.

    Principales resultados obtenidos
    Durante los diez años de ejecución del Programa se han asistido a más de 800 unidades productivas localizadas en todo el territorio nacional, dedicadas a diferentes rubros de la producción tales como Industria Metalúrgica, Textil, Alimenticia, Gráfica, Madera, Vidrio, Frigorífica; y del sector servicios: Salud, Hotelería, Transporte, etc.

    Proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral
    Durante el año 2014, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el Proyecto del ley sobre Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral.
    Entre otras medidas, el proyecto de ley prevé:
    • la creación de dos regímenes especiales que atienden a distintas necesidades de los sectores de la producción:
    1.
    Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores. Los empleadores comprendidos en el mismo -personas físicas, sociedades de hecho y sociedades de responsabilidad limitada con una dotación de hasta 5 trabajadores, siempre que no superen un determinado nivel de facturación anual- se beneficiarán de una reducción permanente de las contribuciones patronales concernientes a todos sus dependientes que hayan sido o sean contratados por tiempo indeterminado, así como de la fijación de un monto máximo en las cuotas correspondientes al régimen de riesgos del trabajo.
    2.
    Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado. Con este régimen, los empleadores que produzcan incrementos netos en sus nóminas de personal a través de la contratación por tiempo indeterminado gozarán, por el plazo de los primeros 24 meses, de una reducción de las contribuciones patronales correspondientes a las nuevas incorporaciones. Una modificación principal respecto del esquema de incentivos precedente es que las reducciones previstas en el régimen especial serán diferenciadas de acuerdo al tamaño de los empleadores, otorgándoles los mayores beneficios a las micro y pequeñas empresas que aumenten su dotación de personal.

    • el fortalecimiento de la aplicación de los Convenios de Corresponsabilidad Social en materia de Seguridad Social. En particular, se propone que los empleadores encuadrados en el régimen de sustitución de aportes emergentes de convenios suscriptos en el marco de la ley 26377 se beneficien de una exención parcial de las contribuciones patronales correspondientes a los 2 primeros ciclos de vigencia de los mismos mediante la integración de ese beneficio al cálculo de las tarifas sustitutivas.
    Plan Progresar
    Por otra parte, en 2014 fue lanzado el Plan Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina). Este plan implica un reconocimiento a cambio de estudios, una contraprestación de 600 pesos mensuales y se prevé que abarque a un millón y medio de jóvenes.
    Se trata de un nuevo derecho que tienen los jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar posee iguales condiciones, para iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo.
    El programa también prevé que se pueda solicitar, si se necesita, la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para otorgar asistencia en la inserción laboral, o del Ministerio de Desarrollo Social para encontrar una guardería infantil para el cuidado de los hijos y así facilitar los estudios.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 4, 8, 10, 1, 2
    4. ACCIONES EN MATERIA SOCIAL
    El punto 3 contiene la actualización de las acciones que en materia social implementa el Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina vinculadas al seguimiento del Compromiso de Puerto España y del Capítulo “Pobreza, Desigualdad e Inequidad”.
    Es importante destacar que la información fue estructurada interrelacionando los distintos puntos a abordar y no punto por punto, dado que la mirada de Argentina con respecto las políticas sociales es integral. Los Puntos del Compromiso de Puerto España a responder, son los siguientes: 4., 8., 9., 10., 18., 19., 41., 42., 84. y 87. Y los Párrafos 1., 2. y 8. Del Capítulo “Pobreza, Desigualdad e Inequidad”
    Siguiendo con el cambio paradigmático en la política argentina inaugurado por el ex Presidente Néstor Kirchner continuado y profundizado por la Presidenta Cristina Fernández, desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja en la generación de políticas sociales que generen inclusión y justicia social. Es a través de la política, como herramienta transformadora, que se construye el camino de las políticas sociales que reconocen el hecho ineludible de empoderar a los sujetos de derechos como protagonistas del cambio y la transformación.
    La República Argentina viene transitando profundas transformaciones, donde la dimensión social es un aspecto de especial relieve, pero que forma parte de la integralidad de un proyecto que ha recuperado el ejercicio de la política como herramienta fundamental para la transformación de las realidades, con el fomento de la participación activa de la ciudadanía y la organización.
    Tenemos un proyecto político, social y económico que reconoce a cada una y cada uno de los argentinos como sujetos plenos de derecho (humano), y que les ha devuelto un proyecto de vida con inclusión y justicia social; un proyecto nacional y popular, de producción, desendeudamiento, de Estado activo, presente y promotor.
    En este sentido, venimos trabajando fuertemente en la reconstrucción del tejido social y en saldar las desigualdades que dejaron décadas de políticas neoliberales. La restitución y ampliación de derechos, la generación y defensa del empleo y el desarrollo de la producción nacional se constituyeron en ejes fundamentales de esa transformación.
    En la profundización de nuestra gestión, en el marco de una comunidad organizada, justa y solidaria, sostenemos la importancia del carácter indisociable entre la política económica y la política social y asimismo reconocemos que la clave para una solución estructural a la pobreza sigue sosteniéndose sobre la base del crecimiento económico y la creación constante de trabajo.
    El crecimiento económico junto con medidas políticas de redistribución equitativa, le permite al Estado argentino avanzar en la consolidación de derechos para todos y todas en la búsqueda de igualdad de oportunidades a través de políticas activas de protección y promoción social.
    En este marco, la perspectiva que asume el Ministerio de Desarrollo Social va más allá de la eliminación de la pobreza en sí, sino que está enmarcada en toda una política de restitución de derechos. Así las personas tienen el derecho a trabajar dignamente y con un ingreso acorde, a la seguridad social, a una educación de calidad, a un sistema de salud, a pensiones a la vejez, a la discapacidad, al esparcimiento y al deporte. Vamos más allá de la erradicación de la pobreza porque buscamos la inclusión de todas y todos con equidad. Es nuestro objetivo hacer de esas personas y sus familias sujetos de derechos plenos, activos y participativos.
    Por ello, entendemos a la política social de forma integral y participativa, que no sólo protege sino que también promueve las bases, condiciones y herramientas para el desarrollo sustentable de las personas, las familias y las comunidades argentinas. Por ello, consideramos como guía de ruta para nuestras políticas la aspiración hacia la universalidad y la interdependencia de la política social.
    Dimensión Social de la Política Pública
    Desde el Ministerio de Desarrollo Social se consideran los siguientes ejes a la hora de abordar a las políticas sociales:
    En este marco, implementamos políticas integrales e inclusivas con equidad territorial en torno a dos ejes centrales: el Trabajo y la Familia, y lo hacemos promoviendo la participación y la organización de las comunidades, como ejes transversales.
    Argentina Trabaja
    En relación al Empleo y el Trabajo Decente, creemos fervientemente que el trabajo debe ser considerado como la política social por excelencia. No sólo por la retribución que genera el trabajo en sí mismo y la dignidad en el trabajador, sino también porque crea vínculos e identidad en y con las comunidades, construyendo, de esta forma, lazos colectivos. En este ámbito, desde el Gobierno Nacional, y a través del Ministerio de Desarrollo Social, se promueve la Economía Social y Solidaria.
    De esta forma, se promueven políticas que apoyan a los emprendimientos económicos y productivos de la economía social y solidaria, puesto que aboga por resignificarla como una parte importante de la economía tradicional, dándole valor agregado a sus productos y servicios y fomentando su consumo.
    Desde el 2003 a la fecha se han creado más de 6.000.000 de puestos de trabajos, de los cuales más de 1.500.000 han sido creados desde la Economía Social y Solidaria.
    En el Eje Argentina Trabaja existen herramientas que permiten el apoyo financiero y técnico a proyectos productivos, ya sea mediante subsidios o microcréditos, como así también el acceso al monotributo, la marca colectiva, al apoyo y fomento del cooperativismo y la comercialización. A partir del fortalecimiento del trabajo integral en el territorio, cobraron mayor fuerza la recuperación de los lazos sociales solidarios que permitieron, a través del esfuerzo conjunto, avanzar hacia la inclusión de los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad y lograr genuinas alternativas de trabajo.
    Desde la República Argentina, a diferencia de otras experiencias a nivel mundial, ha sido el Estado quien asumió la responsabilidad de facilitar con sus propios recursos el acceso al crédito a los proyectos productivos de la Economía Social, fijando esta responsabilidad por ley y con una tasa de interés que no puede superior al 6% anual efectivo.
    El acceso a microcréditos fue fundamental para la consolidación de los emprendimientos productivos, ya que se aplicó, mayoritariamente, para la adquisición de capital de trabajo y la renovación de equipos para la producción. En este sentido, más de 450.000 microcréditos han sido otorgados para fortalecer a los distintos emprendimientos productivos.
    En cuanto al Monotributo social más de 630.000 personas físicas han sido inscriptas. Se trata de una nueva categoría tributaria, que permite a los emprendedores de la economía social facturar sus productos y contar con una obra social y jubilación en el futuro. En el año 2012 se establecieron mayores medidas de inclusión social como por ejemplo: el costo cero del monotributo para tomadores de microcrédito y la exención de los monotributistas sociales en el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires.
    Con estas medidas se avanza en la integración de las personas que han sido históricamente excluidas, en el sistema económico formal, favoreciendo la posibilidad de emitir factura y ser proveedores del Estado por compra directa.
    Un aspecto fundamental para favorecer la sustentabilidad de las iniciativas productivas fue el desarrollo de estrategias de comercialización, a través de la consolidación de ferias permanentes. En el marco de la economía social, se acordaron con los gobiernos locales, los términos de referencia, otorgando seguridad y previsibilidad al accionar de los actores involucrados. Al respecto, se han generado y promovido más de 4.700 espacios permanentes de comercialización, distribuidos en 132 municipios, que buscan fortalecer el aspecto comercial de los monotributistas sociales, impulsando su desarrollo y sustentabilidad, brindándoles la posibilidad de hacer visible, en un espacio adecuado y permanente, el producto de su trabajo y así mejorar sustancialmente la calidad de vida del grupo familiar. Al mismo tiempo se fortalecieron estas iniciativas a través de la gestión de más de 71 Marcas Colectivas, que busca certificar la calidad de los productos.
    El portal “Compremos lo Nuestro” fue renovado, mejorando la comercialización de los emprendedores de todo el país. A través de este portal, pueden vender sus productos y enviarlos a cualquier destino nacional, accediendo a tarifas diferenciales del Correo Argentino.

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    Asimismo, el Ministerio fortaleció las estrategias institucionales de creación de ciudadanía, desarrollando la responsabilidad social, como línea de trabajo dentro de la Economía Social y creando su marco institucional mediante el Decreto 2083. De esta forma, el Ministerio de Desarrollo Social incluyó a la responsabilidad social como parte de las políticas de Estado, con el objetivo de dar un salto cualitativo e innovador en la gestión pública. Esta nueva forma de accionar y gestionar comprende todas las acciones y decisiones que llevan a cabo las personas y las organizaciones -sociales, económicas, políticas, y/o culturales-, sean públicas o privadas, tendientes a contribuir al bienestar de la sociedad de la que forman parte. En este sentido, implica la adopción y puesta en práctica de valores y comportamientos que fortalezcan la sostenibilidad, la inclusión, la justicia y el desarrollo social de todos los argentinos.
    Profundizando la línea de formación y capacitación, en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, se viene trabajando en un programa de terminalidad escolar denominado “FINES”.
    El inicio de la línea “Capacitación en Obra” y la acreditación de oficios para capataces, son también acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de los cooperativistas y a la continuidad laboral de las cooperativas.
    Dentro del sistema más amplio del campo cooperativo y de mutuales, destacamos la constitución de un fondo de garantía que brinda a sus asociados, asistencia económica y financiera, en carácter de préstamos, garantías y otras modalidades.
    En el marco del Programa Ingreso Social con Trabajo, más de 200.000 cooperativistas realizan obras de mejora en espacios públicos, al mismo tiempo que acceden a la capacitación práctica en oficios, terminalidad educativa y control de la salud. Del mismo modo, 97.000 mujeres cooperativistas se incluyeron en la línea “Ellas Hacen” del Programa de Ingreso Social con Trabajo.
    Asimismo, se brindó asistencia técnica directa a trabajadores que quieren recuperar su empresa, colaborando en la formación de la cooperativa, capacitando para la gestión efectiva de la entidad y asesorándolos legalmente para resolver la continuidad de la explotación conforme lo establece la ley de Concursos y Quiebra. Como resultado de esta decisión, se conformaron 20 nuevas entidades que le permitieron conservar la fuente de trabajo de más de 1500 personas a los que se los capacito directamente
    Todas estas experiencias reflejan la férrea decisión del Gobierno Argentino de brindar herramientas y condiciones que permiten el empoderamiento de los sujetos de derecho, permitiendo el crecimiento económico y social del país. Estas iniciativas de la Economía Social y Solidaria representan el 10% del PBI, reafirmando el valor de seguir promoviendo y apostando por este sector.
    Otras políticas del Estado tendientes a la Inclusión Laboral, puede mencionarse la sanción del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, amas de casa y del Nuevo Estatuto del Peón Rural, así como también:
    Familia argentina
    A la hora de abordar a la distintas problemáticas sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se plantean dos Ejes fundamentales. Por un lado, el Eje que contempla al trabajo y su relación con la economía y el desarrollo social, ARGENTINA TRABAJA (que ya fue explicitado líneas arriba) y, por otro, el Eje FAMILIA ARGENTINA.

    Partimos de la base del reconocimiento de la familia como unidad originaria. La familia es una institución universal constituida socialmente, en la medida que fue y es concebida de forma distinta según los momentos históricos, los modos culturales de organización y las relaciones de poder dominante. Todas las formas surgidas representan un vasto conjunto de modalidades alrededor de las cuales se organiza la vida privada y en sociedad de la población. Estos grupos familiares que conviven están unidos, a su vez, con redes de parentesco en las que, generalmente, circula la reciprocidad, el sentimiento de pertenencia y a través de las cuales se relacionan distintas generaciones.
    Por todo lo dicho, la familia, junto a la escuela y al trabajo se constituye como el ámbito fundamental para la organización y el desarrollo de la vida en comunidad. Es la familia el primer espacio en el que las personas crecen, aprenden, construyen y comparten valores. Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja en la protección y promoción de la familia como eje fundamental de las políticas sociales destinadas a impulsar la integración social, la protección de los derechos, el desarrollo pleno de todos sus miembros y la inclusión social.
    Niñez
    En lo que a la niñez respecta, cabe destacar la vigencia de la Ley Nº 26.061 de “Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes” que expresa la decisión política de concebir como Política de estado la garantía a los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables. Es en el marco de esta Ley que se creó el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene como objetivo establecer lineamientos, generando consensos y profundizando el proceso de transformación institucional y la promoción de adecuaciones normativas a nivel nacional, de las provincias y los municipios, de manera de armonizar las instituciones y los marcos jurídicos que permitan consolidar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y las familias.
    Desde el Ministerio de Desarrollo Social se vienen desarrollando distintas iniciativas tendientes a la promoción, protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes en cada rincón del país, generando protocolos y estándares mínimos que sean respetuosos de sus derechos.
    Entre las principales líneas de acción se destacan:
    Centros de Desarrollo Infantil12, como espacios destinados a la atención integral de la primera infancia con el objeto de brindar los cuidados adecuados e imprescindibles, complementando, orientando y coadyuvando en su rol, a las familias desde una función preventiva, promocional y reparadora. Destinados a los niños y niñas en la franja de edad desde los 45 días a los cuatro años de edad. El proyecto institucional del mismo debe formularse observando la situación particular del territorio donde se inscribe, contemplando necesidades y demandas de las familias y comunidades. En estos espacios se implementan actividades que hagan a una saludable y equilibrada conciliación de la vida laboral y familiar prevaleciente en cada comunidad; actividades y espacios que estimulen la inclusión de niños y niñas con capacidades especiales; garantizar acceso a servicios sanitarios locales; asegurar el acceso a las necesidades alimentarias, control periódico y desarrollo de cada uno de los niños y niñas, entre otros.

    Programa Nuestro Lugar propicia la participación activa de niñas, niños y adolescentes en los temas que los involucran, demandando al Estado a generar un gran número de herramientas para acompañarlas. En este sentido, desde 2009 se convoca a las y los adolescentes de entre 14 a 18 años a un concurso a nivel nacional de presentación de proyectos realizados por ellos, siguiendo distintas categorías como deporte y recreación, ciencia y tecnología, imagen y sonido, educación social. El objetivo es generar canales para que los adolescentes puedan expresarse, manifestar sus opiniones e ideas y ser escuchados.
    Derecho a la Identidad: por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 90/2009, se facilita la inscripción en los Registros Civiles de niños y niñas de hasta 12 años que aún no están inscriptos. Este instrumento implica la facilitación y remoción de obstáculos para la procedencia de la inscripción de nacimientos, con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de las personas.
    Proyecto “Jardines de Cosecha”, de combate al trabajo infantil. Esta experiencia es llevada en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y empresas integrantes de la Red de empresas para la lucha contra el Trabajo de Infantes. El objetivo de los mismos es dar respuesta a la necesidad manifestada por los trabajadores rurales de dejar en lugares adecuados a sus hijos e hijas menores durante la época de cosecha. No sólo se trata de espacios que cubren los cuidados básicos de los niños, sino que también se les da contención y la posibilidad de desarrollar actividades de atención integral a la infancia.
    Otra de las medidas trascendentales que impulsa el Estado argentino desde el año 2007 en materia de políticas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o discapacitados cuyos padres se encuentran desempleados o que forman parte del mercado informal de trabajo o sean monotributistas sociales, es la Asignación Universal por Hijo, que complementa a los sistemas de protección social existentes.
    Una de las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes es la trata de personas y explotación sexual y laboral. En relación a este tema, desde el Estado Nacional se han venido implementado distintas políticas con el objetivo de:
    • Consolidar sistemas de protección y promoción de derechos a nivel nacional, provincial y municipal.
    •Promover instancias educativas y de reflexión sobre la diversidad cultural y el cuidado del cuerpo.
    • Fortalecer las capacidades personales, familiares y comunitarias para la restitución y exigibilidad de los derechos mediante un abordaje integral.
    • Generar y facilitar las condiciones para la participación de los niños, niñas y adolescentes en espacios de vida social, cultural, institucional, científica, recreativa y deportiva.
    • Garantizar la restitución familiar en un marco de retorno voluntario y asistido de los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de explotación.

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    Garantizar la restitución familiar en un marco de retorno voluntario y asistido de los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de explotación.

    Garantizar el derecho a la identidad mediante el otorgamiento de la documentación correspondiente. Y en los casos de trata internacional, para la regularización de la residencia temporal o para realizar el retorno a su país de origen en forma rápida y gratuita.
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    Promover el desarrollo de políticas públicas activas y de integración regional, a nivel MERCOSUR y Estados Asociados, para el abordaje integral y transversal de las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia, respetando particularidades históricas, políticas y culturales.
    Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se vienen desarrollando estrategias que se presentan como un marco operativo para la intervención en situación de explotación, que reconocen como principios articuladores los siguientes: La asistencia debe ser integral, interdisciplinaria e interinstitucional y el trabajo articulado en red es una estrategia óptima para brindar una asistencia efectiva a las víctimas.
    Por otro lado, en complementación a las acciones llevadas a cabo por el Estado Nacional, se sancionó la Ley N ° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, que tipifica el delito con rango federal y establece mecanismos para la prevención de las víctimas al implementar medidas para la asistencia.
    Otra de las estrategias que se realizan a modo de combatir esta problemática se vincula a la sensibilización. Con este fin, en el año 2010 se firma un Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, la Secretaría de Transporte de la Nación y UNICEF Argentina para la difusión de spots y afiches promoviendo el compromiso de todos y todas ante esta problemática.
    Esta campaña se emite en las estaciones de subtes y trenes, terminales de ómnibus, aeropuertos nacionales e internacionales de nuestros país, y se han remitido a los representantes provinciales del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia para su reproducción en todo el territorio. También, dentro del marco del proceso de integración y a través de agentes territoriales, se elaboró material gráfico para la Triple Frontera Argentina, Brasil, Paraguay aprobado por la Reunión de Ministros de Desarrollo Social de MERCOSUR.
    Asimismo, en ocasión de la VII Reunión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, se aprobaron las Directrices para Aplicación del Protocolo de Asistencia a Personas Víctimas de Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas, que tiene como objetivo la implementación de estrategias integrales y coordinadas de asistencia a las víctimas y cuya flexibilidad permite su adecuación a las características particulares de cada jurisdicción.

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    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1, 2
    La Política Social es abordada desde su multidimensionalidad, que incluye la protección de las personas y su promoción en busca de lograr la mejora en su calidad de vida, el desarrollo en plenitud para un efectivo acceso, disfrute y ejercicio de derechos y la disminución de la brecha de desigualdad. De allí, su carácter integral.

    En lo que respecta a la Seguridad Social, que forma parte de la Protección Social de las personas, desde el Ministerio de Desarrollo Social -a través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales- se implementan Pensiones No Contributivas, que contemplan:

    a) Pensiones a la vejez (a personas mayores de 70 años. Ley Nº 13.478 Decreto Reglamentario Nº 582/03)

    b) Madres de 7 o más hijos biológicos o adoptivos (Ley Nº 23. 746 Decreto Reglamentario Nº 2360/90)

    c) Discapacidad/Invalidez (dirigida a aquellas personas que presentan un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 76% comprobable por el Baremo Nacional establecido en el Decreto 478/98. Ley Nº 18.910 Decreto Reglamentario Nº 432/97)

    A Diciembre 2012 acumulado desde el 2003 se han otorgados las siguientes:
    VEJEZ 126.626
    INVALIDEZ 980.649
    MADRES 293.890
    GRACIABLES 174.556
    ESPECIALES 17.286
    TOTAL 1.649.457

    A continuación se describe el monto percibido según tipo de pensión (a partir del mes de marzo 2013)

    Invalidez $ 1.515,5 U$S 303.71
    Madres de 7 o más hijos $ 2.165 U$S 433,07
    Adultos mayores $ 1.515,5 U$S 303.71

    Cabe señalar que esta transferencia de ingreso es considerada decididamente como un derecho a la protección social básica que no requiere contribución, y como parte de una respuesta integral del Estado, que debe garantizarse por la situación misma de vulnerabilidad social sin amparo previsional por la que se atraviesa, en este sentido, es imperioso resaltar que el Estado Nacional plantea a estas Pensiones como un derecho y no como un beneficio.

    Reconocemos que la clave para una solución estructural a la pobreza sigue sosteniéndose sobre la base del crecimiento económico y la creación constante de trabajo.

    ARGENTINA TRABAJA
    Partiendo de la premisa básica de que la generación de trabajo es uno de los mejores ordenadores sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social se generan programas que buscan re-significar al trabajo como parte del desarrollo de capacidades personales, como también para el de su familia y su comunidad. Es en el ámbito laboral que las personas socializan y crecen con dignidad. El trabajo se constituye, entonces, en la herramienta más eficaz para combatir la pobreza.

    Por lo tanto, las estrategias implementadas buscan promover políticas que generen fuentes de trabajo a la par de brindar herramientas y permanente capacitación para que los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años puedan reinsertarse en el mercado laboral en la búsqueda de inclusión social.

    Las políticas sociales enfocadas en la inclusión social con trabajo se enmarcan dentro del segundo Eje que dirige a nuestras políticas sociales, que es el de ARGENTINA TRABAJA. Una de sus principales estrategias de acción es el Plan Nacional de Economía Social y Desarrollo Local. Pensar en la política social como parte indisociable de la política económica nos lleva a considerar un nuevo tipo de economía; una economía más inclusiva, justa y solidaria, asumiendo que el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta básica al servicio de la igualdad de oportunidades y la justicia social, garantizando un desarrollo integral sustentable de distribución equitativa.

    Las políticas enmarcadas en esta línea de acción tienen como objetivo la oferta de herramientas e instrumentos orientados a la mejora de las capacidades de las personas y sus grupos familiares mediante el apoyo económico y organizacional a Emprendedores, Unidades Productivas que implican mano de obra intensiva y grupos vulnerables desempleados. Asimismo, este plan busca funcionar como un puente para la reinserción laboral al Mercado Laboral.

    El Programa Ingreso Social con Trabajo está destinado a personas físicas o jurídicas en situación de alta vulnerabilidad socio – económica, que no cuentan con otros ingresos y se propone mejorar la calidad de vida de las familias y los barrios más vulnerables, así como el desarrollo de las capacidades personales y sociales de los destinatarios, a través de la realización de obras de baja y media complejidad de mejora de espacios públicos y la formación de cooperativas de trabajo. Se instrumenta a partir de convenios con Entes Ejecutores (fundamentalmente gobiernos municipales y provinciales) para la implementación de proyectos acordes a las necesidades territoriales, que favorezcan la inclusión de los destinatarios del Programa, organizados en cooperativas de trabajo especialmente protegidas.

    Líneas de Acción:
    Proyectos Socio – productivos “Manos a la Obra”: promueve el desarrollo integral de las distintas localidades y regiones de nuestro país a través del impulso de proyectos productivos individuales, familiares o asociativos que fomentan el autoempleo e incorporan a la economía bienes y servicios de buena calidad a precios justos. Hay distintas unidades económicas que se encuentran dentro de este programa:

    - Talleres Familiares y Grupos Comunitarios: provee equipamiento e insumos a emprendimientos familiares o comunitarios básicos. Busca generar cadenas productivas o proyectos integrales de desarrollo local. Supone actividades a pequeña escala, basadas en un oficio o en “saber hacer”.

    - Asociativos, Pre – cooperativos, Comerciales y Productivos Comunitarios: Están dirigidos a grupos de hasta 5 integrantes que llevan adelante una actividad en conjunto y que requieren apoyo para la obtención de materia prima, herramientas, máquinas y adecuación de instalaciones para el desarrollo de su capacidad productiva y comercial.

    - Encadenamientos Productivos: son grupos de unidades económicas que constituyan eslabones de cadenas productivas, que requieran apoyo para trabajar integradamente y potenciar esfuerzos.

    - Servicios de Apoyo a la Producción: Consisten en emprendimientos complementarios que brindan servicios o proveen bienes a otros emprendimientos de la Economía Social y requieren apoyo para optimizar su capacidad productiva.

    - Empresas Autogestionadas: empresas que han sido recuperadas o están en proceso de serlo y se encuentran bajo el control de sus trabajadores. El apoyo consiste en acompañamiento, asistencia técnica y legal, a modo de aumentar la competitividad y eficacia productiva.

    El Estado provee herramientas complementarias a estas líneas de acción, con el objetivo de consolidar, fortalecer y darles sustentabilidad

    1) Registro de Efectores para el desarrollo local.

    2) Microcrédito. Sancionada por Ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social. Permite acceso con fines productivos de grupos vulnerables.

    3) Marca Colectiva. Promueve el estímulo del desarrollo integral de emprendedores con escasos recursos, distinguiendo a los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía socia.

    4) Comercialización y Compra Social. Se generan y/o fortalecen canales de desarrollo de proveedores y productos de la Economía Social.

    Algunos Datos Relevantes.
    De los 5 millones de puestos de trabajo creados en nuestro país en los últimos 8 años, más del 10% se generó a través de emprendimientos productivos en el ámbito de la Economía Social o Solidaria.

    • Más de 420.000 emprendedores fortalecidos a través del Programa Manos a la Obra y que forman parte de los más de 1.317.040 trabajadores de la economía social incluidos por los diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
    • 202.178 cooperativistas.
    • 309.000 microcréditos.
    • Más de 558.258 monotributistas sociales inscriptos

    Siguiendo con el cambio paradigmático en la política argentina inaugurado por el ex Presidente Néstor Kirchner, desde el Ministerio de Desarrollo Social se ha seguido trabajando con la misma convicción en la generación de políticas sociales que generen inclusión y justicia social. Es a través de la política, como herramienta transformadora, que vienen construyendo el camino de las políticas sociales que reconocen el hecho ineludible de empoderar a los sujetos de derechos como protagonistas del cambio y la transformación

    El horizonte de las transformaciones sociales en nuestro país tiene como sustento indiscutible los valores compartidos e irremplazables en torno a los derechos humanos y la justicia social y sobre el marco institucional que ellos promueven. El ideario social que guía el accionar nacional está unido a los criterios de equidad, territorialidad y la promoción de derechos, desde los cuales se tejen las líneas de gestión e intervención que asume la Política Social. Porque aún siendo una sociedad formalmente democrática, bajo un Estado de derecho, si el proyecto de país resulta en un modelo de acumulación expulsivo y excluyente de una parte de la sociedad, no podemos hablar de un Estado respetuoso de los Derechos Humanos. Por ello, la necesidad de incorporar la perspectiva de derecho a lo que concierne a la dimensión social y a las políticas sociales mismas.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1, 2
    En este marco, la perspectiva que asume el Ministerio de Desarrollo Social va más allá de la eliminación de la pobreza en sí, porque eleva a la persona en condición de “pobre” a sujeto, que no sólo tiene el derecho a no ser pobre, sino que también tiene el derecho a trabajar dignamente y con un ingreso acorde, a la seguridad social, a una educación de calidad, a un sistema de salud, a pensiones a la vejez, a la discapacidad, al esparcimiento y al deporte. Vamos más allá de la erradicación de la pobreza porque buscamos la inclusión de todas y todos con equidad. Es un objetivo de la República Argentina hacer de esas personas y sus familias sujetos de derechos plenos, activos y participativos.

    Por ello, se entiende a la política social de forma integral y participativa, que no sólo protege sino que también promueve las bases, condiciones y herramientas para el desarrollo sustentable de las personas, las familias y las comunidades argentinas. Por ello, se considera como guía de ruta para las políticas argentinas la aspiración hacia la universalidad y la interdependencia de la política social.

    Es decir, concebimos a las políticas desde varias dimensiones que requieren un abordaje que contemple la realidad dinámica que se presenta. Por ello, con el firme objetivo de elevar la calidad de vida del pueblo argentino, sobre todo de aquellas personas, familias y comunidades más vulnerables, continuamos concibiendo estrategias sociales de participación. Sostenemos la importancia de la acción – participación y organización de los sujetos de derecho como forma de desarrollo personal, pero sobre todo como parte de un sujeto colectivo.

    En suma, considerando la extensión de nuestro territorio y siendo nuestro país un Estado Federal, seguimos con la concepción de un modelo de gestión que permita la descentralización y fomente la distribución de competencias. Este proceso conlleva una fuerte articulación entre la Nación, los gobiernos provinciales y los municipales, junto con los actores territoriales a modo de poder respetar sus particularidades. De ahí se desprende nuestra estrategia de abordaje territorial.


    Dimensión Social de la Política Pública

    Continuando con el proceso transformador en América Latina, del cual formamos parte, seguimos promoviendo un Estado activo y a la política como herramienta para la transformación. Hemos hecho camino en la eliminación de aquella falacia que sostenía al mercado como herramienta para la correcta distribución de los beneficios y la relacionada teoría del derrame, que sólo fomentaba la pasividad para la obtención de beneficio. Por el contrario, en cada acción propuesta reivindicamos a la política como herramienta de transformación, y al rol del Estado como promotor y protector de los derechos de las personas. De allí, la indisociabilidad de la economía y la política social, puesto que es el Estado quien tiene como objetivo último generar crecimiento con inclusión social e igualdad. Volvemos a centrarnos en el protagonismo del Estado, que se materializa en la ejecución de políticas públicas que tienen impactos concretos. Todo desde la óptica y con el objetivo primero de sostener este proyecto nacional y popular, a lo largo y ancho del territorio argentino.

    En este sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social se consideran los siguientes ejes a la hora de abordar a las políticas sociales:

    1. Familia: como el principal eje de la política social. Concebido como el primer espacio colectivo para desarrollar el principio de integración social y desarrollo de las personas.

    2. Trabajo: considerado como el mejor ordenador social y como la mejor política social. Se plantea la necesidad de re – dignificar al trabajo como herramienta para el desarrollo personal y colectivo, así como también para la inclusión social. No sólo permite desarrollar las capacidades de cada uno de los individuos, sino que también permite generar lazos de solidaridad que ayudan a la reconstrucción del tejido social.

    3. Territorialidad: resulta indispensable desde la perspectiva argentina considerar la cuestión territorial para analizar problemáticas sociales. Es necesario no perder de vista y respetar las particularidades territoriales que existen; sobre todo teniendo en cuenta la extensión geográfica que tiene nuestro Estado. Ello implica ampliar aún más el carácter integral de las políticas sociales, reconociendo situaciones particulares como también actores activos necesarios para ellas.

    4. Participación – Acción: desde esta mirada integral de las políticas sociales, como lo hemos establecido, incentivamos al trabajo articulado que responda a la multidimensionalidad de las políticas sociales. Por ello, es necesaria la participación de los ciudadanos y ciudadanas como protagonistas del cambio. Terminando con aquella imagen de pasividad, desde la política nacional brindamos herramientas para que sean las propias personas, comunidades y organizaciones, quienes contribuyan en este proceso de transformación. Para ello también impulsamos espacios de participación, que permitan la articulación entre Estados y actores sociales.

    5. Políticas Sociales Integrales y Articuladas: sumado a todo lo que venimos diciendo, se generan acciones concretas como el fortalecimiento de la Red Federal de Políticas Sociales y el trabajo con el Consejo Coordinador de Políticas Sociales.

    Siguiendo con los frutos que nuestro modelo de país continúa generando, basado en el crecimiento económico con incentivo al crecimiento del mercado interno y generando puestos de trabajo a partir del aumento del consumo interno, los índices de pobreza, desigualdad y marginación social han ido disminuyendo. Los esfuerzos continúan por lo que falta y sobre todo por seguir protegiendo a nuestro país de la crisis actual que están sufriendo los países como aquellos de la Unión Europea. En vez de flaquear frente a esta crisis del capital, nuestro Estado ha demostrado más que nunca su presencia a la hora de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, sin detener los procesos de transformación social iniciados desde el 2003.

    Concebimos a las políticas sociales como herramientas para restituir, proteger y promover los derechos de las personas, alejándonos de una visión estrictamente cuantificadora de “pobres” que reduce a la pobreza a una cuestión de ingresos.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1, 2
    TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE

    En referencia a la inspección del trabajo infantil y adolescente , el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), en el marco de las competencias que le son propias y en ejecución de los planes nacionales de fiscalización que realiza, actualmente el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, cuando encuentra niños y niñas en situación de trabajo infantil, labra la actuación correspondiente y la remite a la autoridad administrativa laboral que corresponda por jurisdicción, a efectos que ella continúe con el procedimiento hasta la efectiva aplicación de la sanción.

    Desde el punto de vista del compromiso institucional que ésta cartera de Estado tiene con la inspección del trabajo infantil y el adolescente, en el año 2011 y por el Decreto 260, formalizó la Coordinación de Prevención del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente, bajo la órbita de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo.

    Esta Coordinación tiene entre sus objetivos el fomento del fortalecimiento de los sistemas de inspección del trabajo en la materia, promoviendo la figura del inspector de trabajo como actor clave en la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, tal cual lo establece el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajado Infantil (2011-2015).

    Importa mencionar que en materia laboral rige desde el año 2008 la Ley N° 26.390 de “Prohibición del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente”, la que introduce modificaciones más protectorias respecto del trabajo adolescente, tanto en su denominación como en su contenido, basándose en los postulados de la Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que sostiene la Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional en nuestro país, desde la modificación de la Constitución Nacional en el año 1994; y en línea con la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

    Con base en ésa perspectiva, se han diseñado nuevas actas para contener la información resultante de los relevamientos, teniendo en cuenta la edad del sujeto a encuestar, y por ello ahora contamos con un instrumento para las situaciones de trabajo infantil (Acta de Infracción por Trabajo Infantil Prohibido) y otro para el caso de los trabajadores adolescentes (Acta de Constatación de Trabajo Adolescente), ya que son dos categorías distintas y cada una requiere un tratamiento especial.

    Asimismo, y a fin de poder hacer un adecuado monitoreo y seguimiento de ésta clase de inspecciones, se ha puesto en funcionamiento el Aplicativo COODITIA, que permite conocer toda la historia de la inspección, desde su origen hasta su efectiva resolución por el área administrativa laboral local, así como el resultado obtenido en materia de ayuda social para el niño, niña y/o adolescente cuyos derechos se han visto vulnerados por ser víctimas del trabajo infantil o del trabajo adolescente irregular.

    Por otro lado, la Coordinación promueve la realización de inspecciones laborales periódicas a través del Consejo Federal del Trabajo y de las Administraciones Provinciales del Trabajo y brinda información y asesoramiento a distintas áreas del MTEySS e instituciones u organismos que lo solicitan en materia de normativa laboral y aspectos operativos de la inspección del trabajo infantil y del trabajo adolescente.

    En ese marco se realizan capacitaciones a los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo nacional y de las Administraciones laborales en normativa y aspectos operativos de la inspección del trabajo infantil y adolescente.

    Asimismo, la Secretaría Trabajo del MTEySS de la Nación, de la cual dependen inspectores y fiscalizadores, lideró el proceso de instalación de principios básicos, estándares o directrices que deberán respetar y garantizar todas las áreas laborales, cuando desde la inspección se aborda a un niño, niña o adolescente trabajador, y que fueran consensuados con las distintas jurisdicciones.

    El compromiso de adecuar los sistemas de inspección a la perspectiva integral protección de los derechos del niño, se plasmó en la reunión del Consejo Federal del Trabajo N° 71 celebrada el 6 de mayo 2011 en Buenos Aires, en la que las Administraciones laborales del país aprobaron los “Estándares mínimos para el abordaje del Trabajo Infantil y Adolescente a través de la Inspección del Trabajo”.

    El documento establece que los estándares se fijan con la finalidad de: a) promover el respeto a los derechos humanos y a la consideración de los niños, niñas y adolescentes como SUJETOS DE DERECHOS; b) brindar información a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias sobre sus derechos; c) prestar asesoramiento a los empleadores a los fines de estimular el cumplimiento de la ley y contribuir a la aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; d) colaborar en la implementación de estrategias integrales con enfoque territorial.

    Los estándares mínimos consensuados fueron los siguientes:

    1. Responsabilidad: Asumir en tanto funcionarios públicos, la responsabilidad que como imperativo legal establecen las normas en materia de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (N° 26.061) y la ley de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (N°26.390).

    2. Trabajo adolescente: Reconocer en los términos de la ley 26.390 la franja etaria entre 16 y 18 años como una categoría diferenciada de trabajadores/as que cuentan con una protección particular.

    3. Capacitación de los inspectores: Brindar con continuidad a los inspectores de trabajo de un marco conceptual y operativo para el abordaje del trabajo infantil y del trabajo

    4. Trabajo artístico y normas de procedimiento a los efectos de su autorización: Dictar las normas reglamentarias del régimen de excepción a la prohibición del trabajo infantil, cuando la finalidad sea la participación de niñas y niños en representaciones artísticas, en consonancia con las disposiciones del Convenio OIT N° 138.

    5. Instrumentos actuariales: Diseñar instrumentos específicos y diferenciados para relevar datos de trabajo infantil y trabajo adolescente considerando los componentes educativos y sociales, instando a la unificación de criterios y contenidos a nivel país.

    6. Articulación para la restitución de derechos: Actuar articuladamente con los organismos y actores competentes en el marco de la corresponsabilidad para lograr la restitución de los derechos vulnerados a los niños, niñas y adolescentes detectados por la inspección del trabajo.

    7. Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y trata de personas: Tratándose de tipos delictivos, la inspección deberá dar aviso inmediato al organismo competente en la materia.

    Asimismo, se decidió conmemorar anualmente el día 12 de junio “Día mundial contra el Trabajo Infantil” (Ley 26.064), para lo cual las administraciones laborales se comprometieron a generar cada año, durante el mes de Junio, acciones tendientes a sensibilizar, difundir y reflexionar sobre la naturaleza del trabajo infantil como problemática social compleja.

    Actualmente, en el marco de las reuniones técnicas del Consejo Federal del Trabajo, se está trabajando en la profundización de cada uno de estos estándares.

    De lo expresado surge con claridad que la temática del trabajo infantil y el adolescente, es motivo de preocupación constante por parte de la Secretaria de Trabajo, la que sin perjuicio de las competencias de fiscalización primaria de las jurisdicciones provinciales, la aborda en sus tareas de fiscalización, asesoramiento, asistencia técnica y capacitación, en cumplimiento del imperativo legal que establece como prioritario la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1, 2
    FAMILIA ARGENTINA

    A la hora de abordar a la distintas problemáticas sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se plantean dos Ejes fundamentales. Por un lado, el Eje que contempla al trabajo y su relación con la economía y el desarrollo social, ARGENTINA TRABAJA (que ya fue explicitado líneas arriba) y, por otro, el Eje FAMILIA ARGENTINA.

    Se parte de la base del reconocimiento de la familia como unidad originaria. La familia es una institución universal constituida socialmente, en la medida que fue y es concebida de forma distinta según los momentos históricos, los modos culturales de organización y las relaciones de poder dominante. Todas las formas surgidas representan un vasto conjunto de modalidades alrededor de las cuales se organiza la vida privada y en sociedad de la población. Estos grupos familiares que conviven están unidos, a su vez, con redes de parentesco en las que, generalmente, circula la reciprocidad, el sentimiento de pertenencia y a través de las cuales se relacionan distintas generaciones.

    Por todo lo dicho, la familia, junto a la escuela y al trabajo se constituye como el ámbito fundamental para la organización y el desarrollo de la vida en comunidad. Es la familia el primer espacio en el que las personas crecen, aprenden, construyen y comparten valores. Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja en la protección y promoción de la familia como eje fundamental de las políticas sociales destinadas a impulsar la integración social, la protección de los derechos, el desarrollo pleno de todos sus miembros y la inclusión social.

    Niñez
    En lo que a la niñez respecta, cabe destacar la vigencia de la Ley Nº 26.061 de “Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes” que expresa la decisión política de concebir como Política de estado la garantía a los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables. Es en el marco de esta Ley que se creó el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene como objetivo establecer lineamientos, generando consensos y profundizando el proceso de transformación institucional y la promoción de adecuaciones normativas a nivel nacional, de las provincias y los municipios, de manera de armonizar las instituciones y los marcos jurídicos que permitan consolidar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y las familias.

    Desde el Ministerio de Desarrollo Social se vienen desarrollando distintas iniciativas tendientes a la promoción, protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes en cada rincón del país, generando protocolos y estándares mínimos que sean respetuosos de sus derechos.

    Entre las principales líneas de acción se destacan:
    • Centros de Desarrollo Infantil , como espacios destinados a la atención integral de la primera infancia con el objeto de brindar los cuidados adecuados e imprescindibles, complementando, orientando y coadyuvando en su rol, a las familias desde una función preventiva, promocional y reparadora. Destinados a los niños y niñas en la franja de edad desde los 45 días a los cuatro años de edad. El proyecto institucional del mismo debe formularse observando la situación particular del territorio donde se inscribe, contemplando necesidades y demandas de las familias y comunidades. En estos espacios se implementan actividades que hagan a una saludable y equilibrada conciliación de la vida laboral y familiar prevaleciente en cada comunidad; actividades y espacios que estimulen la inclusión de niños y niñas con capacidades especiales; garantizar acceso a servicios sanitarios locales; asegurar el acceso a las necesidades alimentarias, control periódico y desarrollo de cada uno de los niños y niñas, entre otros.

    • Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes (2012-2015) definida como una herramienta común de planificación que plantea las grandes líneas estratégicas de desarrollo de las políticas de niñez, adolescencia y familia para los próximos cuatro años. constituye un mecanismo integrador que prioriza objetivos, establece metas, articula acciones, sugiere adecuaciones normativas e impone pautas de monitoreo y seguimiento de políticas activas que, respondiendo a la nueva legalidad y la nueva institucionalidad, garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, como política de Estado.

    • Programa Nuestro Lugar propicia la participación activa de niñas, niños y adolescentes en los temas que los involucran, demandando al Estado a generar un gran número de herramientas para acompañarlas. En este sentido, desde 2009 se convoca a las y los adolescentes de entre 14 a 18 años a un concurso a nivel nacional de presentación de proyectos realizados por ellos, siguiendo distintas categorías como deporte y recreación, ciencia y tecnología, imagen y sonido, educación social. El objetivo es generar canales para que los
    adolescentes puedan expresarse, manifestar sus opiniones e ideas y ser escuchados.

    • Derecho a la Identidad: por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 90/2009, se facilita la inscripción en los Registros Civiles de niños y niñas de hasta 12 años que aún no están inscriptos. Este instrumento implica la facilitación y remoción de obstáculos para la procedencia de la inscripción de nacimientos, con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de las personas.

    • Proyecto “Jardines de Cosecha”, de combate al trabajo infantil. Esta experiencia es llevada en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y empresas integrantes de la Red de empresas para la lucha contra el Trabajo de Infantes. El objetivo de los mismos es dar respuesta a la necesidad manifestada por los trabajadores rurales de dejar en lugares adecuados a sus hijos e hijas menores durante la época de cosecha. No sólo se trata de espacios que cubren los cuidados básicos de los niños, sino que también se les da contención y la posibilidad de desarrollar actividades de atención integral a la infancia.

    Otra de las medidas trascendentales que impulsa el Estado argentino desde el año 2007 en materia de políticas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o discapacitados cuyos padres se encuentran desempleados o que forman parte del mercado informal de trabajo o sean monotributistas sociales, es la Asignación Universal por Hijo, que complementa a los sistemas de protección social existentes.

    Los titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social incorporan un total de 3.562.000 niños y niñas, totalizando al momento la inclusión de más del 90% de los niños y niñas en el sistema de seguridad social, lo que lleva a un total (con los que se encuentran amparados en el Régimen de Asignaciones Familiares) a 10.000.000 de niños y niñas.

    En conclusión, desde el año 2003 a la fecha por medio de la implementación de todas estas políticas, han emergido de la pobreza más de 3.000.000 de niños y niñas, y más de 1.700.000 lo han hecho de la indigencia.

    Asimismo, otra de las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes es la trata de personas y explotación sexual y laboral . En relación a este tema, desde el Estado Nacional se han venido implementado distintas políticas con el objetivo de:
    - Consolidar sistemas de protección y promoción de derechos a nivel nacional, provincial y municipal.
    - Promover instancias educativas y de reflexión sobre la diversidad cultural y el cuidado del cuerpo.
    - Fortalecer las capacidades personales, familiares y comunitarias para la restitución y exigibilidad de los derechos mediante un abordaje integral.
    - Generar y facilitar las condiciones para la participación de los niños, niñas y adolescentes en espacios de vida social, cultural, institucional, científica, recreativa y deportiva.
    - Garantizar la restitución familiar en un marco de retorno voluntario y asistido de los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de explotación.
    - Garantizar el derecho a la identidad mediante el otorgamiento de la documentación correspondiente. Y en los casos de trata internacional, para la regularización de la residencia temporal o para realizar el retorno a su país de origen en forma rápida y gratuita.
    - Promover el desarrollo de políticas públicas activas y de integración regional, a nivel MERCOSUR y Estados Asociados, para el abordaje integral y transversal de las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia, respetando particularidades históricas, políticas y culturales.

    Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se vienen desarrollando estrategias que se presentan como un marco operativo para la intervención en situación de explotación, que reconocen como principios articuladores los siguientes:
    - La asistencia debe ser integral, interdisciplinaria e interinstitucional.
    - El trabajo articulado en red es una estrategia óptima para brindar una asistencia efectiva a las víctimas.

    Por otro lado, en complementación a las acciones llevadas a cabo por el Estado Nacional, se sancionó la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, que tipifica el delito con rango federal y establece mecanismos para la prevención de las víctimas al implementar medidas para la asistencia.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1, 2
    Otra de las estrategias que se realizan a modo de combatir esta problemática se vincula a la sensibilización. Con este fin, en el año 2010 se firma un Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, la Secretaría de Transporte de la Nación y UNICEF Argentina para la difusión de spots y afiches promoviendo el compromiso de todos y todas ante esta problemática.

    Esta campaña se emite en las estaciones de subtes y trenes, terminales de ómnibus, aeropuertos nacionales e internacionales de nuestros país, y se han remitido a los representantes provinciales del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia para su reproducción en todo el territorio. También, dentro del marco del proceso de integración y a través de agentes territoriales, se elaboró material gráfico para la Triple Frontera Argentina, Brasil, Paraguay aprobado por la Reunión de Ministros de Desarrollo Social de MERCOSUR.

    Del mismo modo, en ocasión de la VII Reunión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, se aprobaron las Directrices para Aplicación del Protocolo de Asistencia a Personas Víctimas de Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas, que tiene como objetivo la implementación de estrategias integrales y coordinadas de asistencia a las víctimas y cuya flexibilidad permite su adecuación a las características particulares de cada jurisdicción.

    Contexto regional en la CELAC.
    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema:

    “11. Coincidimos en la importancia de adoptar un conjunto de Indicadores Económicos y Sociales que permitan evaluar periódicamente el estado de la región, particularmente en cuanto al progreso social. Agradecemos el apoyo decidido de CEPAL a esta formulación”.

    “62. Estamos conscientes de la fragilidad de la situación económica y financiera internacional y los riesgos que ésta representa para la continuidad de los logros obtenidos por nuestros países en materia de inclusión social, crecimiento con equidad, desarrollo sostenible e integración de la región. Si bien es importante reconocer que la crisis ha tenido un menor efecto en América Latina y el Caribe en relación al resto del mundo, trabajaremos conjuntamente para enfrentar los desafíos de un escenario internacional debilitado y realizaremos esfuerzos para impulsar ritmos de crecimiento sostenido, dinámico, inclusivo y de largo plazo para la región”.

    SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
    Uno de los ejes transversales a la familia considerando fundamental, se relaciona con su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional. Como estrategia para abordar esta temática, y en el marco de la Ley Nº 25.274, se creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo se dirige a que las argentinas y los argentinos tengan una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país.

    También este Plan impulsa acciones complementarias relacionadas con la atención primaria de la salud y el desarrollo comunitario, promoviendo la educación alimentaria y nutricional, apoyando la autoproducción de alimentos y fortaleciendo a la escuela como promotora de crecimiento y desarrollo. Para ello, se impulsa un proceso de articulación entre las áreas de salud, educación y desarrollo social y con las organizaciones comunitarias. Una de las acciones específicas que se enmarcan en este Plan son la entrega de tickets y tarjetas de compra de alimentos que, acompañados por un programa de capacitación, significan una oportunidad para que las personas recuperen la dignidad que implica poder elegir sus propios alimentos de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y costumbres, afianzando el objetivo de fortalecer la comensalidad familiar.

    Por otro lado, de forma complementaria al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria se encuentra el Programa PROHUERTA. Su objetivo es profundizar las acciones tendientes a la promoción de una alimentación autosustentable a partir del apoyo técnico y de la organización de pequeñas unidades productoras, que buscan fomentar el uso de alimentos frescos en huertas sobre la base de la autoproducción a nivel familiar, comunitario y escolar.

    Más de 1.751.531 familias incluidas en Seguridad Alimentaria, reciben Módulos o Tarjetas para la compra de alimentos.

    Más de 58.000.000 kilos de alimentos distribuidos a nivel nacional.
    Aproximadamente 3.350.000 personas participan en huertas, familiares, comunitarias y escolares.
    Más de 12.300 comedores escolares que reciben la ayuda del Ministerio .

    Contexto regional en la CELAC.
    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema:

    39. Reiteramos nuestro compromiso de promover la seguridad alimentaria y nutricional de nuestras poblaciones. Reconocemos que la causa principal del hambre es la pobreza y que, para superarla, es necesario coordinar acciones relacionadas con la inclusión productiva de los pequeños agricultores familiares, el comercio internacional y el acceso a servicios públicos de salud y educación, entre otros, a través del continuo apoyo de diferentes organismos, mecanismos y agencias regionales. Resaltamos el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual afirma que los países de América Latina y el Caribe fueron los que más avanzaron en políticas de seguridad alimentaria y nutricional, aunque todavía 49 millones de personas sufran hambre en la región y tomamos nota con satisfacción de las propuestas de cooperación de FAO y CELAC. Reiteramos nuestro compromiso de fortalecer los procesos de integración en el ámbito alimentario y conjugar esfuerzos en apoyo de la iniciativa “América Latina y Caribe Sin Hambre 2025”. Asimismo, expresamos nuestro apoyo al "Desafío Mundial Cero Hambre", propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Río+20) que reconoce la alimentación adecuada como un derecho humano.

    56. Reiteramos nuestro compromiso para erradicar el hambre y la pobreza en la región y, en ese sentido, ratificamos la Declaración de la I Reunión de Ministros de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza adoptada en el marco de la CALC (marzo de 2011) y los Comunicados Especiales sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional y contra la Especulación Financiera y la Excesiva Volatilidad de Precios de los Alimentos, realizados en el marco de la Cumbre Fundacional de CELAC, celebrada en Caracas, en diciembre de 2011.

    PLAN NACIONAL DE DEPORTE SOCIAL
    Este plan, que fomenta el deporte como estrategia de promoción e inclusión social, incluye programas y proyectos que delimitan los lineamientos de política deportiva, en la construcción de un modelo político nacional y popular. Entre los objetivos que contempla, busca aumentar la participación comunitaria en el acceso de la población al deporte. También persigue el objetivo de formar recursos humanos en la aplicación de la política social de deporte.
    Más de 5.500 clubes de barrio de todo el país recibieron apoyo financiero y capacitación.
    Más de 2.006 becas Deportivas destinadas a atletas de los distintos niveles del alto rendimiento.
    Casi 1.000 becas deportivas otorgadas correspondientes a la implementación de los Polos Deportivos

    EMBARAZO ADOLESCENTE
    A partir del año 2003, bajo la presidencia del Dr. Néstor Carlos Kirchner se inicio la reconstrucción de la Argentina como un país de derechos ampliados e inclusivos. La actual gestión está abocada a mejorar la calidad y los niveles de cobertura del sistema público abocado a la atención de la salud de la población, muy especialmente la de los grupos más vulnerables: mujeres embarazadas, bebés, niños y adolescentes .

    Para lograr este objetivo, se han implementado programas orientados a fortalecer la estructura de la Atención Primaria de la Salud, con el objetivo de garantizar una mayor cobertura, periodicidad y calidad en el control prenatal y puerperal, integrando los diferentes niveles de complejidad para poder brindar asistencia segura en el parto, al tiempo que se reaseguro el acceso a los medicamentos, a través de la provisión y distribución gratuita.

    Uno de los ejes prioritarios de la política sanitaria ha sido la mejora de la situación materna e infantil. Actualmente con un abanico de políticas centradas en la salud de la mujer embarazada, mujeres puérperas, niños y adolescentes, ampliado recientemente a todas las mujeres adultas, con diversos ejes de intervención y modalidades de articulación con los Estados Provinciales.

    La mortalidad infantil ha tenido una priorización en la última década, lo cual se ve reflejado en una clara tendencia decreciente. Muestra de ello es el descenso a más de la mitad de la tasa de mortalidad infantil entre 1990 y 2011, pasando de 25,6 por mil a 11,7 por mil. En consencuencia, en ese mismo período la tasa de mortalidad neonatal bajo del 15,6% al 7,9% y la tasa de mortalidad post-neonatal del 9,4 % al 4% producto de una serie de acciones orientadas a mejorar la prevención y la atención de los partos y niños recién nacidos.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1, 2
    En cuanto a la salud sexual y reproductiva, los índices a 2008, reflejaron que del total de mujeres entre 10 y 49 años sexualmente iniciadas y no embarazadas, 3 de cada 4 se encuentra utilizando anticonceptivos al menos de forma intermitente. En el mismo año, la tasa de natalidad de las adolescentes reflejaba que del total de los nacimientos 0,4 % de los nacimientos correspondían a adolescentes entre 10-14 años, el 15% a madres entre 15 y 19 años, en tanto que el 84,6% a madres de más de 20 años.

    Se han implementado programas específicos para niños entre 0 y 6 años de edad, que incluyen el control del crecimiento y desarrollo infantil, un plan de reducción de las enfermedades prevalentes de la infancia, la educación alimentaria y nutricional.

    En 2009, nuestro país ha impulsado el Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno, Infantil de las Mujeres y de las Adolescentes, que posibilitó al Ministerio de Salud establecer conjuntamente con las Provincias las metas y acciones más eficaces a ejecutar para redoblar esfuerzos para la reducción de la mortalidad infantil neonatal y post-neonatal, la mortalidad materna, el embarazo adolescente no planificado, los egresos hospitalarios por aborto y la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino. El Plan se potencia con las múltiples estrategias implementadas en las distintas jurisdicciones para incidir en el mejoramiento de la salud de niños y niñas, adolescentes y mujeres principalmente las orientadas a la promoción de la lactancia materna, el aseguramiento de las condiciones obstétricas neonatales esenciales, las maternidades centradas en la familia, la regionalización hospitalaria y el mejoramiento de la vinculación entre los diferentes niveles de atención.

    El Plan Nacer aprobado en el año 2005, busca favorecer la accesibilidad a los servicios de mujeres embarazadas, y niños de 0 a 6 años sin seguro social ni plan de medicina prepaga, asegurándoles la atención cuidados de la salud en forma gratuita, previa inscripción.

    En el año 2012 fue ampliado bajo la nueva denominación del Programa SUMAR, permitiendo incorporar además a los niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta los 64 años. Este programa configura un esquema de aseguramiento pública de la salud que asocia y vincula derechos con servicios, explicitando la cobertura en salud para sus beneficiarios a partir de un conjunto de prestaciones priorizadas.

    Desde sus inicio en el 2005, más de 4 millones y medio de niños, niñas, adolescentes y embarazadas recibieron cobertura de salud a través de 37 millones de prestaciones.
    Estas iniciativas se aplican en un contexto federal, priorizando regiones que presentan indicadores sociales más desfavorables a fin de reducir la brecha de inequidad entre las diferentes poblaciones del país.

    El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado a partir de la Ley Nacional N? 25.673 de 2002, ha permitido que en la actualidad más del 90 % de los efectores en salud cuenten con consultorios de salud sexual y reproductiva. En el marco de este Programa se ha avanzado desde un enfoque de género en acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud sexual, mediante el acceso y mejora de la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para toda la población.

    El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable reparte en forma gratuita métodos anticonceptivos a 4500 Centros de Atención Primaria de la Salud y a los Hospitales Públicos, posibilitando que más de 6 millones de mujeres accedas en forma gratuita. Entre 2003 y 2010 se distribuyeron cerca de 130 mil tratamientos anticonceptivos con una inversión total de 56,5 millones de pesos. En los últimos años la entrega de métodos anticonceptivos (DIUS; preservativos, inyectables, orales y otros métodos) aumentó un 322%.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 5
    Independientemente de la labor que se viene desarrollando desde los Ministerios respectivos, en el área de Género del MERCOSUR, la necesidad de profundizar la inclusión de la perspectiva de género en el proceso de integración regional y de actualizar las acciones acordadas entre los países en cuanto a las políticas de género condujo a la elaboración del proyecto Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR.

    El proyecto espera contar con los siguientes resultados:

    - funcionarios/as nacionales y del MERCOSUR sensibilizados en los temas de género;
    - diagnóstico regional sobre violencia doméstica basada en el género;
    - un Parlamento del MERCOSUR con perspectiva de género;
    - instrumentos de detección, intervención, rescate y reinserción de mujeres víctimas de trata compartidos regionalmente

    Por otro lado, se realizó -bajo Presidencia Pro Tempore Argentina del MERCOSUR- la Segunda Sesión Ampliada de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR, con la presencia de Ministros y Altas Autoridades de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados participantes en las Reuniones de Ministros de Desarrollo Social, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Justicia, Derechos Humanos, Mujer, Interior - Seguridad y Agricultura Familiar, entre otros.

    En ese marco, las Ministras y Ministros emitieron la "Declaración de Buenos Aires Por un MERCOSUR Social e Inclusivo: Avanzando hacia la Patria Grande", por medio de la cual se comprometen a avanzar en distintas iniciativas, proyectos y acuerdos alcanzados en el marco del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS) durante el semestre. Entre estas últimas, se destacan las siguientes:

    a) Promover la implementación del "Proyecto pluriestatal FOCEM sobre Económica Social y Solidaria" con el propósito de fortalecer el entramado productivo de zonas gemelas en fronteras; elaborar el proyecto social regional "Fortalecimiento de las capacidades públicas de los Estados del MERCOSUR para el desarrollo de estrategias integrales de erradicación de la pobreza extrema y el hambre"; desarrollar la iniciativa "Revalorizando Nuestros Alimentos Tradicionales: Seguridad Alimentaria, Identidad y Diversidad Cultural en el MERCOSUR".

    b) Impulsar políticas sociales y económicas que contribuyan a la autonomía económica de las mujeres, a través de la Economía Social y Solidaria; mejorar las condiciones laborales para el sector del trabajo doméstico remunerado; fomentar la definición de "Lineamientos de Política de Igualdad de Género del MERCOSUR" e iniciativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres; diseñar programas integrales de atención de violencia contra las mujeres; adoptar políticas que generen condiciones paritarias en los contextos económicos, sociales y culturales, poniendo énfasis en la intención de lograr la paridad política en los ámbitos nacionales y regionales.

    c) Fortalecer planes y programas educativos como factores principales para prevenir la trata de personas; Incorporar en la currícula de las instituciones educativas módulos informativos respecto de la trata de personas a fin de concientizar a los niños, niñas y adolescentes; fomentar una educación de calidad, con especial atención de los sectores vulnerables. Promover la generación de políticas públicas transversales en materia de Cultura y Desarrollo Sustentable.
    • Fecha:  21/12/2011    Párrafos: 4, 8, 9, 10, 84, 95
    Asignación Universal por Hijo
    Un paso trascendental en cuanto a Políticas Públicas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ha sido la implementación de la Asignación Universal por Hijo para protección social. La misma constituye una verdadera prioridad del Gobierno nacional para que millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o discapacitados, cuyos padres estén desempleados, sean trabajadores en el mercado informal o en el servicio doméstico (que perciban un salario inferior al mínimo vital y móvil) o sean monotributistas sociales, mejoren sus condiciones de vida, salud y educación.
    Los padres cobran una Asignación de 220 pesos por hijo/a y 880 pesos por hijo/a discapacitado. Todos los meses se paga el 80% de estos montos porque el restante 20% se hace efectivo una vez al año si el niño/a cumple con los requisitos de salud (vacunas) y educación (asistencia a clase).
    A la fecha los principales logros de la medida son los siguientes:
    • Reciben la asignación 3.481.082 menores de 18 años, de los cuales 12.503 son discapacitados y corresponden a 1.844.483 familias.
    • El impacto de la asignación en la educación redundó en un incremento de 25 % de la matrícula escolar.
    Otras Cuestiones
    A nivel regional, impulsada por la Argentina se viene trabajando la temática de la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de explotación sexual en el ámbito del MERCOSUR, principalmente enfocados a la zona de la Triple Frontera Argentino-Brasileño-Paraguaya.
    En este sentido se viene realizando un trabajo conjunto en la zona, integral, interdisciplinario que conjuga acciones de concientización, movilización de la comunidad y actores públicos y privados locales, capacitaciones, campañas comunicacionales comunes, conformación de protocolos de intervención comunes, entre otras acciones. Entre ellos mencionamos:
    • Se realizó un mapeo de actores locales en cada uno de los países conforme su incumbencia para los casos de denuncia de trata
    • Se consensuó un marco para un Protocolo de intervención conjunto para la atención a las víctimas de trata.
    • Se diseño y acordó una imagen comunicacional, un afiche y trípticos común a los tres países para sensibilización y prevención en cada uno de los países, en tres idiomas: español, portugués y guaraní, cuya difusión en los países del MERCOSUR fue acordada por Recomendación N° 03/2008 del Consejo de Mercado Común.
    • Se realizaron intercambios y capacitaciones de manera conjunta a fuerzas de seguridad, poder judicial, autoridades locales de protección a niñas, niños y adolescentes, autoridades de migraciones, etc.
    • Mapeo de pasos internacionales ilegales y/o clandestinos
    En la última reunión, celebrada en Puerto Iguazú, Argentina el 27 y 28 de julio de 2010, se acordaron, entre otros, los siguientes compromisos:
    • Se está comenzando a un debate en torno a la conformación de un sistema de información para todas las autoridades intervinientes en la zona de cada uno de los países sobre los casos de Trata de personas en los que se ha intervenido, con la idea de avanzar hacia una base de datos común.
    • Intercambio de informes periódicos sobre situación de las victimas que han sido rescatadas y han optado por retornar a sus hogares, en razón de la necesidad de conocer los avances de esa persona en el país de retorno, así como facilitar su localización en caso de ser requerida su presencia como testigo en instancias de juicio contra sus captores.
    • Seguir trabajando con las capacitaciones al resto de los actores locales claves como transportistas, hoteleros, agentes de turismo, etc.
    • Continuar con las campañas de comunicación para la sensibilización en la temática de Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, a través de campañas radiales, televisivas, gráficas
    En este sentido merece especial mención, la adopción de un spot televisivo común a los cuatro países en idioma español, portugués y guaraní, relativo a la “Prevención, Concientización y Lucha contra la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de Explotación Sexual y/o Laboral”, elaborado con la cooperación de UNICEF Argentina.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 8
    Durante el año 2009, los esfuerzos estuvieron orientados a profundizar y escalar las políticas sociales en dos direcciones básicas: por un lado garantizando un ingreso universal para niños, niñas y adolescentes a través de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, y por otro, generar más y más trabajo, con el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, con lo que redoblamos nuestra apuesta de derrotar la exclusión a través del trabajo genuino.

    Asignación Universal por Hijo
    La Asignación Universal por Hijo para protección social constituye una verdadera prioridad del Gobierno nacional para que millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o discapacitados, cuyos padres estén desempleados, sean trabajadores en el mercado informal o en el servicio doméstico (que perciban un salario inferior al mínimo vital y móvil) o sean monotributistas sociales, mejoren sus condiciones de vida, salud y educación. Los padres cobran una Asignación de 220 pesos por hijo/a y 880 pesos por hijo/a discapacitado. Todos los meses se paga el 80% de estos montos porque el restante 20% se hace efectivo una vez al año si el niño/a cumple con los requisitos de salud (vacunas) y educación (asistencia a clase).

    El Plan de Ingreso Social con Trabajo en el marco del Plan Nacional de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social
    Su objetivo es la creación masiva de cooperativas sociales en todo el país con la generación de más de 100 mil fuentes de trabajo, con una inversión de nueve mil millones de pesos por parte del Estado nacional.

    Los resultados a la fecha son los siguientes:
    -Alrededor de 1500 cooperativas creadas
    -134,708 cooperativistas dentro del Programa de Ingreso Social con trabajo “Argentina Trabaja”

    (Para más información, consulte páginas 2-15 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina)
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 9
    El Plan Nacional “Manos a la Obra” promueve y fortalece los ámbitos productivos a través de la generación de empleo y la participación ciudadana en espacios comunitarios, contribuyendo a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social.

    El propósito del Plan es alcanzar un desarrollo social y económico sustentable que permita concretar la inclusión social en un marco de equidad y participación. Sus líneas de acción se estructuran a través del apoyo económico y financiero, el fortalecimiento institucional, la asistencia técnica y la capacitación.

    Este Plan Nacional promueve el desarrollo de proyectos productivos que generen valor agregado e integren cadenas de producción, a la vez que incorpora al Sector privado en algunas de las fases del desarrollo de los emprendimientos (cadenas de proveedores, capacitación, asesoramiento técnico); consolidando la sustentabilidad de las actividades productivas y potenciando la posibilidad de generación de mejores ingresos.


    A través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, se lanzó el “Plan Nacional de Abordaje Integral, “Ahí, con la gente” - innovando en materia de experiencias sociales en la región latinoamericana- que tiene por objetivo profundizar la intervención en los núcleos duros de la pobreza, ampliando la presencia del Estado en el territorio, creando acceso y rescatando las redes e identidades locales. En este sentido, se promueve el desarrollo social y humano de las personas, familias y comunidades en situación de alta vulnerabilidad social, a través de la implementación de políticas públicas integrales orientadas hacia el efectivo cumplimiento de derechos sociales como la educación, la salud comunitaria, el trabajo, la vivienda, la cultura, la recreación y el acceso a servicios públicos de infraestructuras esenciales.

    (Para más información, consulte páginas 2-15 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina)
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 10
    El Plan Nacional Familias que atraviesa transversalmente a los planes nacionales, tiene por objetivo fortalecer el núcleo familiar como generador de valores, preservando la identidad cultural y la protección de derechos. Enmarcado en el Plan Familias, se halla un componente interesante en el proceso de construcción de ciudadanía: el Programa “Familias por la inclusión social” que combina derechos y obligaciones. Dirigido a familias en situación de riesgo social, establece la transferencia de ingresos no remunerativos, con la condición de que la familia asuma su responsabilidad en el cuidado de la salud y garantice la asistencia escolar de los niño/as a su cargo.

    En el área de juventud, cabe destacar el Programa “Jóvenes Padre Mugica, asumiendo la responsabilidad de generar el proceso de reconstrucción de una ciudadanía activa e impulsando una intensa tarea de promoción social.

    Sus objetivos son:

    • Promover el servicio solidario, el compromiso social y la participación de los/as jóvenes en pos del fortalecimiento del tejido social.

    • Generar espacios de capacitación en oficios e inclusión laboral juvenil que favorezcan la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes.

    • Fortalecer la creación de una identidad colectiva a partir de la participación de los y las jóvenes en diferentes espacios culturales.

    • Promover los espacios de participación y comunicación, garantizando la igualdad de oportunidades en el uso y acceso de las nuevas tecnologías.

    “Jóvenes Padre Mugica” desde el modelo de construcción, ejecución y evaluación de políticas con y desde jóvenes, busca la participación de 500.000 jóvenes en la elaboración de los diagnósticos juveniles locales –a nivel nacional- y de distintas actividades de servicio solidario/colectivo.

    (Para más información, consulte páginas 2-15 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina)
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 95
    Para información sobre Desarrollo Social, consulte páginas 2-15 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas- Argentina
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 4, 8, 9, 10, 84, 95
    En la República Argentina, el horizonte de las transformaciones sociales tiene como sustento indiscutible los valores compartidos e irremplazables en torno a los derechos humanos y la justicia social y sobre el marco institucional que ellos promueven. El ideario social que guía nuestro accionar está unido a los criterios de equidad, territorialidad y la promoción de derechos, desde los cuales se tejen las líneas de gestión e intervención que asume la Política Social.
    Por ello, y con el objetivo fundamental de elevar la calidad de vida del pueblo argentino, y especialmente de las condiciones de vida de las familias y comunidades más vulnerables de nuestro país, seguimos impulsando estrategias sociales participativas que, en base a los ejes mencionados permitan la transformación de las realidades de nuestro pueblo y su reconocimiento como sujeto de derecho y, con él, el logro del desarrollo humano y social sustentable.
    Avanzamos en la consolidación de una política pública en donde cada sujeto se reconoce y actúa en función del logro, no sólo de su proyecto personal sino, también, en beneficio del colectivo.
    En este sentido, volvemos a poner en el centro de las relaciones humanas el concepto de solidaridad, pero con una visión superadora de aquella que solo es concebida entre un sujeto activo que da y uno pasivo que recibe. Concebimos la solidaridad no como caridad, sino desde la reciprocidad, donde se trasluce una relación de derechos y obligaciones recíprocas. De esto se trata, cuando planteamos una política social que tiende a la reconstrucción del tejido social, no sustentada en dádiva, sino en una verdadera corresponsabilidad social.
    Se trata de una política social integral participativa que protege y promueve en la medida en que sienta las bases para el desarrollo sustentable de las familias, definida en función de tres aspectos íntimamente relacionados:
    1. Por un lado, la aspiración a la universalidad e interdependencia de la política social a partir de la comprensión de “lo social”, como un fenómeno complejo que no puede ser abordado con lógicas de trabajo programáticas y fragmentadas y ajenas a la situación que se plantea resolver, sin relación entre sí y sin contemplar una realidad dinámica que no divide sus problemáticas en compartimentos estancos, sino que trasciende su ámbito y se interpenetra con otras problemáticas.
    No es posible abordar la problemática social sino en su globalidad e interdependientemente.
    2. Por otro, conforme la República Argentina es un Estado federal, concebimos la ejecución de la política social desde la idea de gestión asociada y descentralizada, con distribución de competencias, a través de una articulación desde la Nación con las Provincias y los Municipios, e involucrando a todos los actores que se desempeñan en esos ámbitos, respetando las particularidades de cada territorio.
    Así, la lógica de las políticas sociales integrales, mientras por un lado posibilita la necesaria optimización de recursos y evita la duplicación de estructuras, por otro lado evita la extemporalidad de objetivos, impulsando un trabajo de unificación y articulación de recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas. Abordaje integral a problemas complejos, ese es el objeto que nos guía.
    3. Concomitantemente en esta nueva concepción avanzamos desde un nuevo paradigma, en el cual se reconoce la multidimensionalidad del sujeto social anclado en su historia. Un sujeto que conjuga formas de vida, experiencias y desafíos y que se construye continuamente a partir del mutuo reconocimiento con el otro y su territorio con características particulares.

    Una Política Pública para la Integración Social
    Formamos parte de un proceso de transformaciones, de la apertura de un nuevo capítulo político en América Latina, expresado en la recuperación de la política – y del Estado como su principal ejecutor - como herramienta de cambio en la transformación de la realidad.
    Durante décadas se nos intentó convencer de las bondades del mercado como principal organizador de la vida económico-comercial y principal “distribuidor” de los beneficios conforme los criterios de “eficiencia” y “rentabilidad”.
    Bajo esta lógica, se consideró que la concentración de bienes y capital en aquellos sectores más proclives a la inversión y al ahorro, mejoraría el bienestar de los sectores pobres por la vía del incremento agregado del bienestar, el cual “gotearía” – por ello se lo denominó Teoría del Derrame – en la modalidad de empleos para estos sectores, incrementando sus ingresos y produciendo, finalmente, un efecto agregado sobre la igualdad.
    Los hechos han demostrado que ese modelo sólo ha sido funcional a los intereses de las grandes corporaciones, dejando a la gran mayoría de la población ausente de los beneficios.
    Por ello, el Gobierno Nacional, en la redefinición del Estado, ha optado por un rol activo, promotor, presente y, cuando es necesario protector, que siente las bases y garantice una efectiva Integración Social de sus comunidades.
    En su estrategia se combinan crecimiento económico y políticas sociales. En este sentido, nuestros esfuerzos se encaminan a erradicar la pobreza principalmente sobre la base de la generación de trabajo decente, la distribución del ingreso y el acceso a una educación pública de calidad, constituyéndose en ejes centrales facilitadores en la satisfacción de las necesidades básicas.
    Esta transformación en el paradigma de las políticas sociales, diametralmente opuestas a las planteadas por el neoliberalismo y el Consenso de Washington en los 90, pudo llevarse a cabo gracias al reposicionamiento del Estado como el principal sujeto activo y promotor de la sociedad, constituyendo la única instancia capaz de priorizar el bien común fuera de criterios mercantilistas de rentabilidad o conveniencia económica.
    Este Estado, que vuelve a ser protagonista, se materializa a través de la generación y ejecución de políticas públicas, con visión de bien común y no como respuesta a la simple demanda (aunque válida) de sujetos individuales. En ellas, la política económica, laboral, sanitaria, exterior y también la social se retroalimentan y complementan en un proyecto nacional que solo puede ser el de un país con crecimiento económico sostenible, pero también con justicia e inclusión social.
    En este marco, la Política Social implica:
    • Considerar a la familia como principal eje de la política social, como el ámbito primario para la integración social y el desarrollo de las personas.
    • Concebir el empleo como eje de la inclusión social y estrategia central en la erradicación de la pobreza. La Argenina promueve el desarrollo y fortalecimiento del Desarrollo Local y de la Economía Social los cuales, apoyándose en el Microcrédito y a través de innovadoras estrategias de comercialización, permiten a emprendedores de escasos recursos la obtención de empleo, recursos genuinos y el desarrollo y aplicación de sus propias capacidades, al tiempo que se fortalecen y reconstruyen los vínculos solidarios y la cultura del trabajo como elemento integrador y dignificante.
    • Reconocer la dinámica territorial propia de cada zona, provincia, municipio o región, actuando en forma coordinada en pos de una política social dirigida directamente a las necesidades detectadas y demandadas desde cada lugar, promoviendo respuestas a partir de la revalorización de las propias capacidades y la experiencia comunitaria, a través de lo cual se respeta la diversidad.
    • Impulsar la participación ciudadana a través de la generación de espacios inclusivos. Para ello, hemos implementado los Consejos Consultivos y Mesas de Gestión, que recuperan el trabajo asociado entre el Estado y la sociedad civil.
    • Integralidad y articulación de las políticas sociales. Esta nueva concepción, que explicitamos con anterioridad, implica un enorme esfuerzo en la tarea diaria. Rescatamos y fortalecemos los espacios existentes, resguardando de no superponer formas y modelos de gestión que resultan ajenos a la realidad local.
    Esta visión articulada se institucionaliza a través del fortalecimiento de la Red Federal de Políticas Sociales, caracterizada por el rol activo del Estado con capacidad de garantizar una fuerte inversión social. Para ello, trabajamos articulada, intersectorial e interdisciplinariamente, donde cada uno de los actores involucrados participa, decide y cogestiona en su territorio.
    En el marco de un Proyecto Político Nacional y Popular, el actual modelo de acumulación orientado hacia la producción y el trabajo, posibilitó la recuperación de todos los indicadores sociales sobre pobreza, desigualdad y marginación social.
    Nuestro país, al igual que el resto del mundo, se vio azotado, durante el último año, por una profunda crisis financiera que ha puesto a prueba la solidez y la capacidad de respuesta de las políticas públicas implementadas en nuestro país en los últimos 7 años y de sus instituciones para comandar “el barco del Estado durante la tormenta”.
    Por ello, durante el año 2009, los esfuerzos estuvieron orientados a profundizar y escalar las políticas sociales en dos direcciones básicas: por un lado garantizando un ingreso universal para niños, niñas y adolescentes a través de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, y por otro, generar más y más trabajo, con el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, con lo que redoblamos nuestra apuesta de derrotar la exclusión a través del trabajo genuino.
    A ello se suma las tareas desarrolladas en el marco del Plan de Abordaje Integral con eje territorial, orientado a intervenir en los factores condicionantes de los núcleos duros de pobreza. Dirigido a las poblaciones de localidades rurales con menos de 12.000 habitantes, como así también en barrios y villas de emergencia de aglomerados urbanos, abordando las distintas tramas y facetas que obstaculizan el tránsito hacia la superación de la pobreza estructural.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 4, 8, 9, 10, 84, 95
    Asimismo, el avance de los Planes Nacionales: Familia, Seguridad Alimentaria y de Deportes, que tienen como objetivo restituir los derechos fundamentales de las familias argentinas, han realizado los cambios que la realidad social ha exigido, a partir de una permanente cercanía con las comunidades, encontrando los mejores modos de concretar los principios rectores de esta política social.
    De esta forma, los cuatro Planes Nacionales, que desarrollamos en el Capítulo IV, representan líneas específicas de intervención que garantizan la Integración Social de las comunidades.
    A continuación presentaremos los contenidos básicos y los objetivos de nuestros Planes Nacionales:

    El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, impulsa un proceso de articulación entre las áreas de desarrollo social, salud, educación, organizaciones no gubernamentales y el ámbito local, con el propósito de brindar una respuesta de calidad al derecho a la seguridad alimentaria .
    Con el objetivo de incentivar el ejercicio de derechos, el Plan impulsa acciones complementarias relacionadas con la atención primaria de la salud y el desarrollo comunitario, promoviendo la educación alimentaria y nutricional, apoyando la autoproducción de alimentos y fortaleciendo a la escuela como promotora de crecimiento y desarrollo.
    Actualmente, se encuentran en funcionamiento más de 609.717 huertas, entre familiares, escolares y comunitarias, favoreciendo así el incremento de la productividad de las mismas mediante el empleo de un sistema de trabajo con máquinas itinerantes.
    En esta idea constante de afianzar el ejercicio de los derechos, es relevante mencionar la entrega de tickets y tarjetas de compra de alimentos que, acompañados por un programa de capacitación, significan una oportunidad para que las personas recuperen la dignidad que implica poder elegir sus propios alimentos de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y costumbres, afianzando el objetivo de fortalecer la comensalidad familiar.
    En la actualidad, la casi totalidad de las jurisdicciones han adoptado total o parcialmente el ticket o tarjeta magnética como prestación alimentaria.
    Al mes de julio de 2010, los resultados son los siguientes:
    • 1.645.855 familias ejercen el derecho a una alimentación apropiada. El 90 por ciento lo hace a través de la Tarjeta Social. El resto por medio de módulos, vales o leche en polvo.
    • 34.449.853 kilogramos de alimentos distribuidos en todo el país.
    • Casi 3 millones y medio de personas participan en más de 628.000 huertas familiares, escolares y comunitarias a través del Programa Pro Huerta, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
    • Casi 1.700.000 alumnos reciben refuerzo alimentario en comedores escolares.

    El Plan Nacional Familias que atraviesa transversalmente a los planes nacionales, tiene por objetivo fortalecer el núcleo familiar como generador de valores, preservando la identidad cultural y la protección de derechos.
    Se trata de desarrollar las capacidades y factores de protección de las familias, como forma de prevención de disfunciones y vulnerabilidad, a través de la información, orientación, educación y el apoyo oportuno y solidario.
    En este sentido, es de destacar la vigencia y el cambio de paradigma operado a través de la Ley Nº 26.061 de “Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes” que expresa la decisión política de concebir como Política de estado la garantía a los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables.
    Enmarcado en el Plan Familias, se halla un componente interesante en el proceso de construcción de ciudadanía: el Programa “Familias por la inclusión social” que combina derechos y obligaciones. Dirigido a familias en situación de riesgo social, establece la transferencia de ingresos no remunerativos, con la condición de que la familia asuma su responsabilidad en el cuidado de la salud y garantice la asistencia escolar de los niño/as a su cargo.
    El actual componente de Ingresos es considerado decididamente como un derecho a la protección social básica y parte de una respuesta integral del Estado, que debe garantizarse por la situación misma de vulnerabilidad o riesgo social que atraviesa la familia.
    Pero también corresponde destacar que, como enunciáramos líneas arriba, la centralidad del trabajo como eje para la inclusión social y la necesidad de seguir avanzando en la superación de la pobreza y la desigualdad social, tal cual fuera ratificada por la Presidenta de la República Argentina Cristina Fernández.
    Durante el 2008, se han implementado adecuaciones y cambios necesarios que permiten transitar de un programa de transferencia condicionada de ingresos hacia un programa de promoción, protección y participación social.
    El sentido final es lograr que los destinatarios y actuales titulares del programa, no se consideren beneficiarios, meros receptores o depositarios de un ingreso condicionado, sino como titulares de derechos, participes de una comunidad activa y organizada en una Argentina que los incorpora en la movilidad social ascendente.
    Se propone que los planes de actividades de promoción familiar contemplen y contengan la formulación e implementación de proyectos, ya sea identificando y promoviendo iniciativas en marcha, o canalizando saberes de la población. Que promuevan a estas familias, acercándolas al financiamiento, a la capacitación, a la construcción de redes para el afianzamiento de sus actividades.
    Estos procesos, además de incorporar los recursos y necesidades de la región, tendrán una especial atención y ponderación de las experiencias laborales u ocupacionales de la población involucrada.
    • 783.636 niños, niñas y adolescentes asistidos por pensiones a madres con mas de 7 hijos y por invalidez.
    • 948.226 pensiones no contributivas que incluye a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años, leyes especiales y pensiones graciables, acumulando un crecimiento de 185 % desde el año 2003 (en el cual había 332.022 pensionados).
    • En el 2003, los pensionados por Madres de 7 hijos eran 58.380 personas, que recibían $150 mensuales. Hoy son casi 5 veces más: 283.787, que reciben $1.046 por mes, 7 veces lo que cobraban en el 2003.
    • En el 2003, los pensionados mayores de 70 años eran 39.045 y recibían $103 mensuales. Hoy son 51.978, que reciben $732, más de siete veces el monto del 2003.
    • En el 2003, los pensionados por discapacidad eran 79.484 y recibían $103 mensuales. Hoy son seis veces más: 500.227, que reciben $ 732 por mes.
    • 1.708.798 personas han accedido al derecho del cuidado de su salud y equipamiento familiar

    El Plan Nacional de Deporte Social establece los lineamientos de la política deportiva nacional. Incluye programas y proyectos basándose para su diseño e implementación en un modelo político nacional y popular.
    Constituye una estrategia ideal para generar fuentes laborales, redes sociales continuas y una herramienta legítima para reducir los riesgos y amenazas sociales de nuestro tiempo.
    Persigue, entre otros, objetivos:
    • Aumentar la participación comunitaria posibilitando el acceso masivo de la población a la práctica deportiva.
    • Incentivar la práctica deportiva en los establecimientos educacionales de todos los niveles
    • Formar recursos humanos con capacidad profesional y responsabilidad social para la correcta aplicación de la política social del deporte
    Entre los principales resultados en relación a esta línea de trabajo podemos mencionar lo siguiente:
    • Más de 1 millón de niños y adolescentes participaron en los juegos Nacionales Evita.
    • “Argentina Nuestra Cancha”: creación de 593 polos de desarrollo deportivo, incorporando actualmente, 32.000 personas de diversas edades, desde niños a adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
    • 1.173 clubes de barrio recibieron apoyo financiero y capacitación.
    • 20.226 deportistas y entrenadores de alto rendimiento recibieron becas y capacitaciones.

    El Plan Nacional “Manos a la Obra” promueve y fortalece los ámbitos productivos a través de la generación de empleo y la participación ciudadana en espacios comunitarios, contribuyendo a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social.
    El propósito del Plan es alcanzar un desarrollo social y económico sustentable que permita concretar la inclusión social en un marco de equidad y participación. Sus líneas de acción se estructuran a través del apoyo económico y financiero, el fortalecimiento institucional, la asistencia técnica y la capacitación.
    El Plan ha logrado consolidar una red pública con la intervención del Estado nacional y la sociedad civil para la aplicación de las políticas sociales integrales, la gestión descentralizada, articulando capacidades y responsabilidades, agilizando la aplicación de sus fondos, así como la consolidación de procesos participativos, intersectoriales, respetando el perfil productivo y de servicios de cada región, a través de las unidades de evaluación provinciales, microregionales y municipales, verdadero ejemplo del trabajo conjunto de los representantes técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de los organismos locales participantes.
    Este Plan Nacional promueve el desarrollo de proyectos productivos que generen valor agregado e integren cadenas de producción, a la vez que incorpora al Sector privado en algunas de las fases del desarrollo de los emprendimientos (cadenas de proveedores, capacitación, asesoramiento técnico); consolidando la sustentabilidad de las actividades productivas y potenciando la posibilidad de generación de mejores ingresos.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 4, 8, 9, 10, 84, 95
    El plan se complementa y potencia a través de diferentes herramientas:
    • Financiamiento: Resulta importante destacar la centralidad del Microcrédito en la estrategia de potencializar y otorgar sustentabilidad a los proyectos enmarcado en la economía social. Desde el 2006 se cuenta con la Ley 26.117 de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social que tiende a estimular el desarrollo y el acceso al crédito con fines productivos de grupos vulnerables, constituyendo una herramienta fundamental para disminuir la pobreza, enmarcado en el compromiso de nuestro país para con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El mismo se implementa a través del Programa de Promoción del Microcrédito “Padre Carlos Cajade” con la aplicación de un fondo que a la fecha ya ha ejecutado más de 400 millones de pesos. Esto constituye un suceso sin precedente, dado que es el Estado y no el sector privado quien otorga los microcréditos a través de fondos públicos a una tasa de interés máxima del 6% anual, muy por debajo de la tasa de mercado.
    • Comercialización: el Ministerio de Desarrollo Social ha dado un fuerte hincapié a la comercialización de los bienes producidos por la economía social. Así, se fortalece el desarrollo y la inserción de los efectores sociales en el circuito de la comercialización, a través de la difusión de sus productos, formulación e implementación de planes de mercadeo en asociación con organismos públicos y de la sociedad civil, apoyo a ferias de emprendedores, organización de rondas de negocios de emprendedores y de estos con PyMES, conformar y fomentar cooperativas para estos fines, certificar calidad de gestión y de los productos según normas aprobadas por IRAM-MDS, creación de catálogos virtuales, etc.
    • Marca Colectiva: Por Ley 26.355 del 2008 nace la figura de Marca colectiva para estimular el desarrollo integral de emprendedores de escasos recursos. La misma consiste en fortalecer la producción y comercialización de los emprendimientos de la economía social, permitiendo entre otras cosas mejorar la calidad de los productos/ servicios y procesos de producción, otorgar normativas y herramientas para que puedan aumentar sus ventas y generar valor agregado
    • Registro de efectores para el desarrollo local: Constituye una herramienta para fortalecer la economía social y promover la inclusión. El Registro Nacional de Efectores del Desarrollo Local y la Economía Social constituye una iniciativa inédita, tendiente a promover pequeños emprendimientos, sustentados por personas que habían perdido su ocupación o no tenían posibilidades de insertarse en el mercado laboral. El Registro fue creado para facilitar al efector social el desarrollo de su actividad económica y el incremento de sus ingresos, a partir de la posibilidad de facturar y de ese modo incorporar nuevos compradores o clientes. El efector social quedará inscripto dentro del régimen de monotributo social, por medio del cual podrá: emitir factura oficial, acceder a una obra social de libre elección para los titulares y su grupo familiar, acceso al sistema jubilatorio, podrán ser proveedores del Estado a través de la modalidad de contratación directa.
    Cooperativas
    En pos de contribuir a la generación de trabajo, desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), se evaluaron y subsidiaron proyectos destinados fundamentalmente a la compra de herramientas y maquinarias.
    En particular se aprobaron proyectos a cooperativas surgidas a partir de las denominadas empresas recuperadas, favoreciendo de este modo la consolidación de las entidades y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
    Algunos de los números de estas acciones de generación de ingreso genuino se puede mencionar lo siguiente:
    • Desde 2003 más de 600 mil emprendedores de todo el país se integraron a la economía social.
    • 300 mil puestos de trabajo directo creados por cooperativas y mutuales.
    • 17 mil cooperativas y mutuales registradas y 14 millones de asociados en todo el país, aportan casi el 10 por ciento del Producto Bruto Interno nacional (PBI).
    • 115.541 microcréditos otorgados
    • 82.942 emprendedores asistidos
    • 1.429 Organizaciones que otorgan microcréditos.
    • 5.287 Asesores de microcrédito en el territorio.
    • 356.057 monotributistas sociales inscriptos

    En el marco de alentar la creación de nuevas fuentes de trabajo en los sectores más vulnerables se implementa el Plan de Ingreso Social con Trabajo en el marco del Plan Nacional de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social.
    o Su objetivo es la creación masiva de cooperativas sociales en todo el país con la generación de más de 100 mil fuentes de trabajo, con una inversión de nueve mil millones de pesos por parte del Estado nacional.
    o De esta manera, el Gobierno nacional, con la participación de las provincias y municipios, tiene el propósito de poner en marcha miles de cooperativas, especialmente aquellas dedicadas a la infraestructura básica. Los trabajos a realizar por las cooperativas incluirán desde el pintado de cordones y escuelas hasta la construcción de redes cloacales y veredas.
    o El "Plan de Ingreso Social con Trabajo " se pondrá en marcha en varias etapas, con una asignación de 1.500 millones de pesos para generar 100 mil nuevos trabajos cooperativistas en su inicio. El plan comenzará a aplicarse en el conurbano bonaerense, en especial en "barrios, villas y aglomerados urbanos con alta vulnerabilidad social" con el propósito de abrir en una segunda instancia nuevas etapas en distintas zonas geográficas del país que también tengan esta densidad de vulnerabilidad social
    o Cada trabajador será un monotributista y tendrá una tarjeta que le permitirá cobrar en una entidad crediticia evitando la existencia de intermediarios
    o Mediante esta política no solo se aborda la situación del trabajador integrante de la cooperativa sino también la de su familia, a partir de la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud
    o El Plan está dirigido sólo a desocupados.
    Los resultados a la fecha son los siguientes:
    • Alrededor de 1500 cooperativas creadas
    • 134.708 cooperativistas dentro del Programa de Ingreso Social con trabajo “Argentina Trabaja”
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 4
    A través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, del que participan todos los Ministerio con incumbencia en lo social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se lanzó el “Plan Nacional de Abordaje Integral, “Ahí, con la gente” - innovando en materia de experiencias sociales en la región latinoamericana- que tiene por objetivo profundizar la intervención en los núcleos duros de la pobreza, ampliando la presencia del Estado en el territorio, creando acceso y rescatando las redes e identidades locales.
    En este sentido, se promueve el desarrollo social y humano de las personas, familias y comunidades en situación de alta vulnerabilidad social, a través de la implementación de políticas públicas integrales orientadas hacia el efectivo cumplimiento de derechos sociales como la educación, la salud comunitaria, el trabajo, la vivienda, la cultura, la recreación y el acceso a servicios públicos de infraestructuras esenciales.
    Considerando que la pobreza significa mucho más que un problema de ingresos, es decir tiene causas y factores económicos, culturales y sociales, el Plan Nacional Ahí prioriza las zonas en situación de alta vulnerabilidad social, localidades rurales, parajes, población dispersa, grandes aglomerados y comunidades de pueblos originarios.
    Mediante el trabajo conjunto y articulado de los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, asociados a los distintos actores de la comunidad, se trabaja estableciendo cuatro polos de intervención:
    • Organización social: Cabildos Abiertos (Mesas de Gestión); promoción de derechos (adultos- cuidadores domiciliarios); organización de tareas culturales; recreación del deporte social; bibliotecas populares, orquestas y bandas infantiles y juveniles autóctonas y músicos por el país; documentación; convenio con organizaciones sindicales y sociales; centros de jubilados.
    • Productivo y de servicios: Producción familiar para el autoconsumo; emprendimientos sociales; cadenas productivas; cooperativas; etc.
    • Prestaciones y servicios (salud, educación y trabajo): Control de la embarazada; vigilancia intensiva del niño los primeros 60 días y luego en el Plan Materno Infantil, sensibilización y control de vacunas; Plan Familias – Desarrollo infantil; Plan de ingresos para las familias en zonas rurales; formación de asistentes técnicos para el desarrollo infantil; huertas familiares; terminalidad educativa; generación de tecnicaturas en oficios con títulos oficiales; formación de cuidadoras domiciliarias; trabajo con jóvenes; promoción de derechos de personas con capacidades diferentes; pensiones no contributivas
    • Infraestructura y equipamiento social: Construcción de viviendas rurales; incorporación de los CICS móviles; centros integradores comunitarios; CICs Urbanos; ejecución de CICs Rurales; construcción de pozos de agua; desarrollo de energías alternativas; playones deportivos; apoyo a centros de desarrollo infantil
    El Plan Nacional de Abordaje Integral busca la formación y capacitación de actores locales, sensibilización y formación en salud y creación de espacios participativos y organizativos para la restitución de derechos, la protección familiar, el reconocimiento y respeto por la identidad individual y colectiva, la creación de espacios para la recreación y la expresión cultural, el acceso y permanencia en el sistema educativo, la realización de controles médicos y hábitos saludables, la conformación de redes de emprendimientos socio productivos para el desarrollo local y el apoyo para el envejecimiento activo y seguro.
    Asimismo, y en relación a las intervenciones en el área de juventud, es de destacar el Programa “Jóvenes Padre Mugica, asumiendo la responsabilidad de generar el proceso de reconstrucción de una ciudadanía activa, impulsando una intensa tarea de promoción social.
    Sus objetivos son:
    • Promover el servicio solidario, el compromiso social y la participación de los/as jóvenes en pos del fortalecimiento del tejido social.
    • Generar espacios de capacitación en oficios e inclusión laboral juvenil que favorezcan la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes.
    • Fortalecer la creación de una identidad colectiva a partir de la participación de los y las jóvenes en diferentes espacios culturales.
    • Promover los espacios de participación y comunicación, garantizando la igualdad de oportunidades en el uso y acceso de las nuevas tecnologías.
    El Programa se implementa en todo el territorio nacional. En su primera etapa prioriza su ejecución en 223 localidades que integran el Plan Nacional de Abordaje Integral “Ahí, ahí en el lugar”. Comprende 4 ejes:
    Movimiento Solidario Juvenil: formación de 50.000 promotores “Jóvenes Padre Mugica” desde el modelo de construcción, ejecución y evaluación de políticas con y desde jóvenes, busca la participación de 500.000 jóvenes en la elaboración de los diagnósticos juveniles locales –a nivel nacional- y de distintas actividades de servicio solidario/colectivo. Los promotores, se capacitan en talleres con la modalidad de “formador de formadores” y “Educación popular”, con hincapié en temáticas como: Participación Juvenil, Diagnóstico Participativo, Voluntariado Social, Formulación de Proyectos Productivos y Socio comunitarios, Derechos Humanos, Centros de Estudiantes, Salud Sexual, Uso y Abuso de Sustancias, Seguridad Vial Joven, Medio Ambiente, entre otras.
    Construyendo Oportunidades: Se sustenta en los valores del trabajo como la igualdad de oportunidades, el acceso a la formación y la adquisición de las habilidades para el ejercicio de oficios. Asimismo, se garantizará la alfabetización y terminalidad de los estudios de nivel medio de los/as jóvenes a través de una modalidad semi presencial y por módulos; como así también el acompañamiento de los/as mismos/as a través de facilitadores pedagógicos.
    Movimiento Cultural Juvenil: La participación de los/as jóvenes a través del arte, radios comunitarias, espacios culturales y deportivos, confección de murales, entre otras expresiones son algunas de las herramientas de transformación social.
    Nuevas Tecnologías: El eje comunicativo del Programa se apoya en la integración de los/as jóvenes, apuntando a generar igualdad en el acceso, uso y funciones de las nuevas tecnologías.
    Algunos de los resultados sobre este Programa, se menciona:
    • Se alcanzó la meta de 20.000 jóvenes promotores en todo el país, en mayo de 2010
    • Se logró la incorporación de los Foros de Juventud en todas las provincias y regiones del país el documento "Desafíos del Protagonismo Político de la Juventud” Foros para la movilización, hacia un plan quinquenal de juventud
    • Conformación de Foros de Promotores/ as Jóvenes Padre Mugica. Este es el desafío que nos compromete a organizarnos, para dejar de ser testigos de lo que otros han construido, y empezar a construir nuestro destino hoy. El desafió, en última instancia es la definición de una nueva militancia, la invención de una nueva ideología, la construcción de un nuevo camino, la participación como jóvenes de la construcción de un país más justo y solidario.
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  • Diversidad Cultural
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    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En el ámbito del Ministerio de Cultura, se creó la Subsecretaría de Economía Creativa que tiene por objeto fomentar el desarrollo cultural a partir de variables socioeconómicas e impulsar los sectores creativos que tienen un impacto en la economía, la creación del empleo y el Producto Bruto Interno. La Subsecretaría impulsa, además, un programa federal de mercado de arte y artesanías tradicionales argentinas.

    El Programa Federal de Emprendedores Culturales tiene por finalidad apoyar a los emprendedores culturales a iniciar sus proyectos y sostenerlos en el tiempo. Para este fin, se ha diseñado una política cultural que comprende:
    -la Fábrica de Emprendedores Culturales, que es un programa de capacitación y asistencia orientado a impulsar emprendimientos culturales sustentables,
    -el Fondo Argentino de Economía Creativa, que distribuye subsidios directos al sector, -la Red de Ciudades Creativas, que es una plataforma donde la cultura es una de las principales herramientas para el desarrollo económico local y
    -el Laboratorio de Innovación Cultural, con actividades que invitan a repensar la gestión cultural y generar espacios de pensamiento, reflexión y nuevas ideas en este quehacer.

    El Mercado de Industrias Culturales -MICA- es una iniciativa que apunta a fomentar, federalizar y visibilizar la industria cultural argentina. Es la principal feria de industrias culturales del país y una de las principales de Latinoamérica y reúne a los sectores vinculados a la industria audiovisual, música, artes escénicas, editorial, diseño y videojuegos.

    El Fondo Argentino de Desarrollo Cultural busca profundizar las políticas públicas de desarrollo cultural y brindar a artistas, creadores, productores y gestores culturales la posibilidad de presentar proyectos y/o actividades que requieran financiamiento.

    En el ámbito regional, la Argentina participa de la Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR y de las Reuniones Inter-Plataformas MERCOSUR-UNASUR para la Prevención y Combate al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 44
    Los principios enunciados en el párrafo son acordes con los de nuestra Constitución Nacional, en cuanto la misma señala expresamente la protección de la diversidad cultural como carácter necesario de todas de las políticas culturales, tanto nacionales como provinciales, inclusivas y de participación ciudadana.
    Con ese marco, el desarrollo de los bienes y servicios culturales, como portadores de identidad y sentido y apoyo a la preservación de la diversidad, son premisas básicas que orientan las actividades de la Argentina junto con la obligación de protección de la diversidad cultural y de la interculturalidad, en especial aquellos que involucran a los pueblos originarios y a los sectores de mayor vulnerabilidad social.
    Entre las actividades que implementa la Argentina, se menciona el Programa Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial que propone el relevamiento, difusión y salvaguardia de las expresiones que identifican a las distintas comunidades que se desarrollan en la Argentina y a través de las cuales los integrantes de dichas comunidades refuerzan su sentido de pertenencia a un grupo social, se reconocen en el mismo como parte y herederos de una cultura común.
    Asimismo, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, la Secretaría de Cultura forma parte del Programa Regional Qhapaq Ñan / Camino Principal Andino, que comprende Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y nuestro país. En la Argentina, el Programa involucra a las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Mendoza y uno de los ejes sobre los cuales se desarrolla es el de la participación comunitaria en la planificación, gestión y manejo de los bienes culturales –materiales e inmateriales- que integran el Camino Andino en Argentina. Para ello, se ha conformado un Comité Interministerial Técnico Nacional y en las provincias se han constituido Comités Provinciales de Gestión, de los cuales forman parte los actores sociales involucrados y asociados a los sitios y tramos que forman el Camino, y de manera particular, se señala la participación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Consejo de Participación Indígena.
    Por otra parte, la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos participa de los planes del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo desde el año 2002, a través de la capacitación y de beneficiarios del Plan de Jefes y Jefas de Hogar en distintos organismos que dependen de la Dirección, muchos de los cuales han sido incorporados a la planta de personal. Este año, y en colaboración con el Ministerio de Trabajo, se implementa la capacitación de jóvenes de bajos recursos y baja formación educativa formal a través del Plan “Más y Mejor Trabajo”, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad y promover la reinserción laboral de los participantes. Participan de esta iniciativa los museos dependientes de la Dirección de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación y que están emplazados en el interior del país.

    Las industrias culturales presentan una condición doble: constituyen un sector relevante de la economía, y, a su vez, son incesantes generadoras de símbolos, saberes e identidades. En el año 2008, la cultura representó un 3,3% del PBI nacional, atravesando su quinto año de crecimiento consecutivo y duplicando las tasas de la economía en su conjunto. Además, generó más de 200 mil puestos de trabajo que componen un sector calificado y diverso. El desafío hoy para las industrias culturales es fortalecer el vínculo entre la innovación tecnológica, las condiciones materiales de reproducción masiva, y los modos y hábitos de apropiación democrática por parte del público.

    Líneas de acción
    1. Investigación y acceso a la información

    Sistema de Información Cultural de la Argentina: sistema integrado de información cultural de alcance nacional y federal compuesto de cinco proyectos de relevamiento, medición y procesamiento de la información cultural: la generación continua de Estadisticas Culturales , la producción de un Mapa Cultural de la Argentina, el relevamiento de diferentes aspectos de la Gestión Pública en Cultura , la construcción de una Centro de Documentación sobre economía cultural y la coordinación de la actualización de datos sobre economía cultural y gestión pública en la cultura de diez países de Sudamérica (SICSUR).
    Consejo Coordinador Nacional de Lectura: Conformado con el objeto de coordinar las acciones de promoción de lectura que se desarrollan desde los distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional, a través de la identificación y evaluación de las mismas, a fin de garantizar su calidad y cobertura.

    2. Promoción de las Industrias Culturales Argentinas

    MICA - Mercado de Industrias Culturales Argentinas: Primer espacio en nuestro país que concentrará las distintas ramas que componen este sector: productores audiovisuales, empresas discográficas, editoriales, productores de video juegos, productores de teatro, y diseñadores, en un mismo lugar, con el objeto de generar negocios, intercambiar información y presentar su producción a los principales referentes de todo el mundo. Se realizará en la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2011, seguido del IV Seminario Iberoamericano de Industrias Culturales.

    Revistas Culturales Argentinas: Con el objetivo de identificar, relevar y poner en valor como sector a las revistas culturales que se producen y editan en papel en el territorio de la República Argentina, poniendo énfasis en los proyectos independientes que contribuyen a la pluralidad de voces, se lanzó el Concurso Nacional de Nuevas Revistas Culturales “Abelardo Castillo” y se puso en funcionamiento del sitio web www.revistas.cultura.gov.ar en el que funciona el Registro Nacional de Revistas Culturales.

    Programa Identidades productivas: fomenta la creatividad de colectivos sociales integrados por artesanos, diseñadores, artistas visuales y pequeños productores que deseen potenciar su proyecto individual en la interrelación con otros.


    3. Inclusión social a través de la Industrias Culturales

    Escuelas de oficios en Industrias Culturales: cursos de introducción básica y general al oficio de libreros, fotógrafos y fotoperiodistas, operadores radiales, luthiers y gestores teatrales, que permitirán la profesionalización del sector y abrirán nuevas oportunidades de trabajo.

    Prácticas laborales para jóvenes en espacios culturales: Prácticas laborales rentadas en museos, espacios INCAA, Casas del Bicentenario, y otros espacios culturales, con el fin de promover y generar más puestos de trabajo en oficios vinculados a las industrias culturales.

    Programa “Libros y Casas”: Entrega de bibliotecas completas a las viviendas construidas a través del Plan Federal de Viviendas, y talleres y actividades de lectura en barrios dirigidos a quienes recibieron el material.

    4. Identidad hacia el Bicentenario

    La Patria dibujada: Producción de un libro y una muestra de artes visuales integradas por diez historietas originales realizadas por diez guionistas y diez dibujantes convocados con motivo de la conmemoración del Bicentenario versionando 10 momentos históricos en la Plaza de Mayo.

    Encuentro latinoamericano del libro social y político del Bicentenario: feria de libros que incluye foros, mesas redondas y conferencias de editores, escritores e intelectuales argentinos y de los países invitados. Se realizará entre el 17 y el 20 de noviembre del 2010 en la Biblioteca Nacional

    Libro "Argentina 1810-2010 Bicentenario": Publicación conmemorativa de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810. Tiene el objetivo de repasar los acontecimientos más significativos de la historia argentina durante los dos últimos siglos, como así también analizar los aspectos constitutivos de la identidad nacional. La obra cuenta con la participación de destacados intelectuales y personalidades del ámbito nacional.
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  • Educación
    Ministeriales
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    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    Argentina ha puesto en marcha los siguientes programas que tienen por objeto promover políticas públicas para contener, incluir, acompañar y favorecer el desarrollo de los jóvenes:

    *Ser Protagonista
    Abre espacios para que los jóvenes puedan capacitarse y recibir asesoramiento profesional para su primer empleo o desarrollo de su proyecto de vida CASAS DEL FUTURO, financia la refacción de inmuebles u obras desde cero y otorga subsidios a ONG´s, PASIÓN POR NUESTRO FUTURO, fortalece instituciones populares deportivas y culturales de los barrios más vulnerables para recuperar su condición de lugar de encuentro en base a valores como el respeto, el compromiso, la confianza, la solidaridad y el trabajo en equipo. Se acompañan y equipan murgas y clubes de fútbol, básquet, hockey, vóley y boxeo.

    *Ser Creativo: DESARROLLARTE
    Promueve el desarrollo de proyectos de jóvenes a partir del arte y el emprendedurismo. Se realizan murales en barrios vulnerables para fomentar la expresión y el trabajo comunitario y los jóvenes pueden explorar sus habilidades a partir de talleres y capacitaciones específicas en áreas como la música, letras, artes escénicas, visuales y audiovisuales.

    *Ser Voluntario: DEMANDAS FEDERALES
    Da respuesta rápida y efectiva a las necesidades que no pueden esperar soluciones de fondo. Pueden participar autoridades provinciales, municipales, entidades de bien público, grupos y/o redes o federaciones de ONG’s.

    *ACÁ ESTAMOS
    Canaliza las fuerzas de la juventud en dos líneas de acción: Acá Estamos Historias, que busca reconocer a jóvenes comprometidos con el país y destacar a los líderes que inspiran y crean nuevas oportunidades en sus comunidades y Acá Estamos Territorial, que se centra en la visita a instituciones barriales para hacer un relevamiento social y medir el grado de vulnerabilidad de cada una de ellas. Se analiza la información y se determina de qué manera se puede mejorar su situación y brindar apoyo sostenido en el tiempo. Existen, también, los Voluntariados de emergencia para la asistencia a las personas que hayan sufrido alguna catástrofe natural o de cualquier otra índole y las Jornadas Solidarias, a través de las cuales se realizan obras, talleres de capacitación y se aporta materiales para poner en valor escuelas, comedores o espacios públicos.

    *Ser Estudiante: CONOCIENDO MI PAÍS
    Incentiva a los jóvenes de la Argentina a conocer distintos puntos del país para fomentar el intercambio cultural. Durante el viaje los jóvenes realizan actividades deportivas, culturales y talleres sobre temáticas transversales.

    *Ser Global: RELACIONES INTERNACIONALES
    Promueve alianzas entre jóvenes del mundo para impulsar propuestas y temáticas globales. En conjunto con los países miembros del Organismo Internacional de Juventud (OIJ) se suscribió el Pacto Iberoamericano de Juventud, desde donde se trabajará en iniciativas regionales en la materia.

    *HABLEMOS DE TODO
    Canaliza las inquietudes de los jóvenes que muchas veces no encuentran respuesta. Las temáticas que abarcan son los trastornos de conducta alimentaria, género y sexualidad, violencia, “Bullying”, acoso laboral, consumos problemáticos. Para este fin, se ha habilitado un sitio web con acceso a toda la información necesaria y un chat online; así como charlas y talleres en territorio sobre estas temáticas.

    *EMPLEO JOVEN
    Proporciona las herramientas necesarias para el desarrollo de los jóvenes en vulnerabilidad social, lograr su inserción laboral y fortalecer las economías regionales. Cuenta con tres ejes: Expo Empleo, por medio del cual los jóvenes estudiantes universitarios y terciarios se ponen en contacto con empresas nacionales y provinciales; Tu Primer Laburo, mediante el cual se otorgan becas para acompañar a los jóvenes en su ingreso al mundo laboral a través de una bolsa de primer empleo y Yo Puedo Programar, gracias al cual, a través de una alianza con Microsoft, se brinda a los jóvenes capacitación y certificación tecnológica.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    El 12 de febrero de 2016 el Ministerio de Educación y Deportes suscribió con los Ministros de Educación de las 24 provincias que integran la República Argentina la Declaración de Purmamarca que establece los siguientes lineamientos en materia educativa:

    a. Promover la educación como un bien público, un derecho personal y social.
    b. Sostener la inversión en Educación en el 6% del PBI.
    c. Avanzar en la obligatoriedad de todo el nivel inicial, desde los 3 años.
    d. Fortalecer los aprendizajes en la escuela primaria para que todos los niños y niñas egresen del nivel contando con los conocimientos indispensables para acceder a la escuela secundaria.
    e. Implementar progresivamente la jornada extendida a través de actividades escolares, culturales, de educación física, deportivas, recreativas, artísticas y sociales.
    f. Asegurar el ingreso, permanencia y egreso para la totalidad de los estudiantes de la educación secundaria.
    g. Promover procesos de evaluaciones anuales en la educación primaria y secundaria. El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación impulsará la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa.
    h. Mejorar la formación inicial y continua de los docentes.

    En este marco, se impulsan las siguientes políticas públicas:

    ACCESO A LA EDUCACION - CUIDADO DE LA PRIMERA INFANCIA

    *Asignación Universal por Hijo
    La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) financia el programa Asignación Universal por Hijo (AUH) que consiste en una contribución económica para los hijos de personas desocupadas que trabajan en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, son monotributistas, trabajadores del servicio doméstico, trabajadores por temporada en el período de reserva del puesto o perciben otros planes sociales. Se abona a los menores de 18 años, hasta un máximo de 5 hijos, priorizando a los hijos discapacitados y a los de menor edad. Se liquida a uno solo de los padres, priorizando a la madre. Dado que el cobro de la AUH requiere la acreditación anual de escolarización, esta medida ha tenido un alto impacto y aumentado la cantidad de niños, niñas y jóvenes en las escuelas.

    *Universalización de las Salas de 3 y 4 años en el nivel inicial y promoción de políticas para la atención de la primera infancia
    El Poder Ejecutivo Nacional ha presentado al Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar la obligatoriedad de la sala de 3 años. En la actualidad, son obligatorias las salas de 4 y 5 años. Se ha anunciado la construcción de 3.000 jardines de infantes en todo el país, en un plazo de cuatro años.



    MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS

    *Nuevas Técnicas de enseñanza y aprendizaje en los niveles inicial y primario
    Se promueven nuevas propuestas curriculares, mejores enfoques pedagógicos y el desarrollo de prácticas de aprendizaje inspiradas en el conocimiento cognitivo y las neurociencias. Se aprobaron nuevas pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en el nivel inicial y primario.

    *Jornada Extendida y Centros de Actividades Infantiles
    Busca mejorar las experiencias educativas ofreciendo más tiempo, espacios y diversidad de propuestas pedagógicas en las escuelas. Promueve que los alumnos participen de talleres de actividades infantiles para que fortalezcan y complementen sus trayectorias escolares.

    FORTALECIMIENTO DE PROCESOS INCLUSIVOS

    * Centros de Acción Juvenil
    Brindan a los jóvenes la posibilidad de desarrollar actividades educativas y recreativas vinculadas con el cuidado del ambiente, la ciencia, el uso de los medios de comunicación y nuevas tecnologías, el deporte, el arte y la literatura.

    *Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles
    Está destinada a niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas ubicadas en zonas de vulnerabilidad social y que se encuentran en riesgo de abandono escolar. Su propósito es mejorar el acceso a bienes y servicios culturales, tender puentes hacia la reinserción en la escuela, evitar la deserción y estimular el contacto con la música. Durante 2015, se promovieron 157 orquestas y 140 coros de los cuales participaron 20.700 niños, niñas y jóvenes.

    NUEVAS ESTRATEGIAS - EXPERIENCIAS INNOVADORAS

    *Programa Ferias de Ciencias
    Tiene por objeto mejorar los aprendizajes y optimizar la enseñanza de ciencias a nivel escolar. La Feria Nacional de Ciencias reúne y califica las producciones de todos los niveles educativos que atravesaron las instancias feriales previas (escolar, local, regional y provincial) de todo el país, a las que se suman los trabajos en el extranjero. En 2015 participaron cerca de 1.500.000 personas en todo el proceso, incluidos estudiantes, docentes y especialistas y unas 6.000 instituciones.

    *Programa Olimpíadas Académicas
    Se realizan de manera anual y están co-organizadas con Universidades Nacionales. Participan docentes, alumnos de nivel secundario y, en el caso de “Ciencias Junior”, también estudiantes de nivel primario.

    EDUCACION INTERCULTURAL

    *Educación Intercultural Bilingüe
    El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación lleva adelante la coordinación de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en el sistema educativo nacional y es la herramienta responsable de garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas a una educación que preserve y fortalezca sus pautas culturales, lengua, cosmovisión e identidad étnica.

    *Programa Intercultural de escuelas de Frontera del Sector Educativo MERCOSUR
    Propone un trabajo conjunto entre instituciones “espejo” en zona de frontera de los países del Mercosur, en particular con la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay. El proyecto apunta a profundizar la integración regional a partir de una planificación conjunta y el “cruce” de docentes.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    *Programa IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
    Aporta entrenamiento técnico a estudiantes universitarios de carreras tecnológicas a través de pasantías en empresas o institutos del sistema científico tecnológico. Se trata de una práctica profesional concreta que contempla la formación académica del estudiante y facilita su posterior inserción laboral. A través de este programa se otorgaron, en 2015, 38 becas a estudiantes argentinos y 42 a estudiantes extranjeros. En la Argentina se financia con aportes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

    *Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior -RAICES-
    Es una red formada por investigadores argentinos (residentes en el país y en el exterior) cuyo propósito es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de Argentina mediante la implementación de políticas de retención, promoción del retorno y vinculación científico-académica. Las principales líneas de acción son: los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica, orientados a promover el vínculo entre investigadores residentes en el país e investigadores residentes en el exterior y la difusión de antecedentes científicos de investigadores que decidan reinsertarse en el medio profesional argentino; los Subsidios de Retorno, que facilitan la instalación en el país de investigadores argentinos residentes en el extranjero que tengan una oferta laboral en la Argentina y RAICES Productivo, un enlace de empresarios e investigadores argentinos en el exterior para el desarrollo de oportunidades de negocios con alto valor agregado. RAICES ha logrado el regreso de 1.282 científicos a la Argentina.


    *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-
    A través del CONICET se otorgaron en 2015 más de 10.000 becas de formación doctoral y posdoctoral en las áreas de ciencias agrarias, biológicas, de la salud, exactas y naturales, sociales, ingeniería, humanidades y tecnología. Se desarrollaron 318 proyectos de investigación que incluyeron la movilidad de 1.220 investigadores argentinos y del exterior. Se ejecutaron proyectos científico-tecnológicos y actividades de formación de recursos humanos en el marco de la cooperación con el Centro Universitario Argentino-Alemán (CUAA), el Centro Binacional con China, la Sociedad Max Planck, el Centro Binacional Argentino-Cubano de biotecnología aplicada en el desarrollo de vacunas y fármacos, escuelas CIMPA de Francia y Escuela PROBITEC de Brasil.

    *Programa Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria -CELFI-
    Busca establecer redes de interacción latinoamericana para la formación de científicos en el abordaje de problemas multidisciplinarios. Se ejecuta a través de Unidades o Centros CELFI que realizan: a) cursos, conferencias y reuniones de trabajo para estudiantes latinoamericanos y del interior del país y b) financiamiento a investigadores visitantes para el desarrollo de un plan de trabajo. En 2015 se otorgaron 142 becas para alumnos del país y Latinoamérica.

    *Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica -FONCYT-
    Brinda apoyo a proyectos de investigación desarrollados por instituciones públicas y/o privadas para la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Administra subsidios, realiza concursos públicos y promueve proyectos de cooperación en distintas zonas del país y en conjunto con investigadores argentinos y extranjeros. En 2015 fueron adjudicados 1.099 proyectos, de los cuales 208 pueden clasificarse en las áreas temáticas incluidas en los mandatos del presente Informe.

    *Fundación Argentina de Nanotecnología
    Busca difundir este campo del conocimiento entre los jóvenes con el propósito de impulsarlos a optar por carreras tecnológicas. Sus objetivos son sentar las bases para promover el desarrollo de las nano y microtecnologías, fomentar el aumento del valor agregado de la producción nacional, realizar proyectos con el sector privado e identificar prioridades temáticas, nichos de oportunidad y buenas prácticas en esta temática.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 3
    Red de Formación Continua
    Componen esta red un conjunto de entidades que tienen como objetivo desarrollar actividades formativas que articulen la demanda de los sectores productivos con las necesidades de formación de los trabajadores ocupados y desocupados, teniendo en cuenta la perspectiva estratégica de desarrollo local. En la actualidad integran la Red de Formación Continua alrededor de 1500 Instituciones de Formación Profesional instaladas en todo el territorio del país.
    Estas instituciones brindan formación general, integrándose como efectores de las políticas activas de empleo del Ministerio de Trabajo. Tienen el propósito de aumentar la empleabilidad de los trabajadores (esto es, que las personas se hallen en condiciones de obtener un empleo o mejorar su situación laboral), y generar condiciones de Trabajo Decente, dos objetivos básicos en la política del MTEySS.
    Asimismo, mediante la línea de Fortalecimiento Institucional se ofrecen planes para instituciones de formación profesional que buscan mejorar la calidad de su gestión. Su fin es lograr un cierto estándar de calidad entre todas las instituciones de formación y que pasen a integrar la Red de Formación Continua en todo el país, de acuerdo al Referencial de Calidad MTEySS-IRAM. Desde el año 2006 hasta la fecha se encuentran desarrollando sus planes de mejora institucional 356 instituciones. En ese marco programático se han capacitado a 3900 docentes de las instituciones de Formación Profesional que integran la Red de Formación Continua.
    Se busca el consenso entre los distintos actores para implementar acciones vinculadas con: la identificación y selección de las instituciones de formación continua del sector, para fortalecerlas; la convocatoria de trabajadores y trabajadoras en las acciones de certificación y formación continua; la definición de la estrategia de desarrollo del personal del sector para la localización de las acciones y la vinculación de los trabajadores capacitados con las empresas del sector.
    La Red de Formación Continua junto con la Red de Servicios de Empleo, es un dispositivo estratégico de las políticas activas de empleo en el territorio. En ellas participan:

    Referentes sectoriales (sindicatos y/o cámaras)

    Instituciones de Formación Profesional (IFP)

    MTEySS
    o
    Consejos Sectoriales Tripartitos de Formación Continua y Certificación de Competencias
    Se llevan adelante políticas y acciones que contribuyen a la construcción y consolidación de un Sistema Nacional de Formación Continua que mejore la inclusión laboral ascendente de los trabajadores y trabajadoras y la competitividad de las empresas de nuestro país. De esta manera, se mejoran las calificaciones y las competencias laborales de los trabajadores mejorando sus posibilidades de inserción en empleos de calidad.

    Las políticas se traducen en líneas de acción que son llevadas de manera coordinada a través de la construcción de una matriz de calificaciones que expresa: las normas de competencia, los diseños curriculares a ellas vinculados y la denominación de los cursos que se registran. Esta matriz es el instrumento técnico que permite darle orden, transparencia y racionalidad a los elementos regulativos del Sistema de Formación Continua.
    En este sentido se consolidaron y ampliaron los Consejos Sectoriales Tripartitos de Formación Continua y Certificación de Competencias. Los mismos son espacios de articulación de las políticas que lleva adelante la Secretaría de Empleo, a través de la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesional. Este espacio surge como un ámbito del diálogo social de actores que requiere un Sistema de Formación Continua. Por tal motivo, se ha ampliado la convocatoria a sectores y actores participantes de los mismos, favoreciendo su institucionalización al interior de los sectores de actividad que participan de las políticas de empleo.
    A lo largo de la gestión se han desarrollado más de 23 Consejos Sectoriales Tripartitos donde participaron diversas áreas del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. También se contó con la participación de otros organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 3
    5. ACCIONES EN MATERIA EDUCATIVA
    Ley 26.206/06 de Educación Nacional
    La ley Nacional de Educación determina en su articulo 4 que “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratitud y equidad en le ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. “
    El Estado Nacional garantiza el acceso universal al nivel primario a través de la Asignación Universal por Hijo, provisión de recursos como, ejemplo, la provisión de un fondo para útiles escolares y equipamiento informático, fondo a aportes escolares a través del PIIE- Programa Integral para la Igualdad Educativa- , libros y bibliotecas y la distribución de becas y movilidad, a través de la dirección de políticas socioeducativas.
    Educación especial
    Respeto de la Educación de niños y niñas con discapacidad , la resolución 155 “Educación Especial” aprobada por el Consejo Federal de Educación en el 2011, en su articulo 18 expresa “ Garantizar el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad exige que todos/as los /as alumnos/as con discapacidad estén en aquellas escuelas que lo beneficien en mayor medida, tomando como referencia el currículo común y elaborado, en base a este, estrategias diversificadas que contemplen la complejidad o especificidad de la problemática de los/as estudiantes , de manera de implementar las configuraciones de apoyo que se requieran”.
    Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
    Esta ley constituye parte fundamental del marco estratégico y legal con el que las jurisdicciones y la nación llevan a cabo políticas públicas con foco en un cambio de paradigma sobre la minoridad.
    Art. 15 “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.”
    Ley de Educación Sexual Integral Nº 26.150
    A partir de la sanción de a Ley 26150 del año 2006, que crea este Programa Nacional, y de la aprobación de los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral (ESI) la escuela tiene la responsabilidad y a la vez, la oportunidad, de enseñar educación sexual a nuestros niños, niñas y jóvenes.
    Son objetivos de la Ley 26150:
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    Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica equilibrada y permanente de las personas.
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    Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral.
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    Promover actitudes responsables ante la sexualidad y prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva n particular.
    ??Procurar igualdad de trato y oportunidades para las mujeres y varones.

    Programas del Ministerio de Educación de la Nación
    El Ministerio asume estrategias nacionales para proteger a todas las personas, en particular las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes con respecto a las relaciones generadas en los espacios escolares. Los Programas específicos se nuclean desde el año 2013 bajo la Coordinación de Programas de Inclusión Democrática en las Escuelas, que comprende:
    Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
    Son objetivos del programa:
    1- Promover entre los alumnos y alumnas el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de sus derechos.
    2- Prevenir diversas formas de vulneración de derechos.
    3- Acompañar acciones de protección y restitución.
    4- Participar activamente en la construcción del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
    Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas
    Son objetivos del Observatorio:
    1- Ofrecer herramientas teóricas y prácticas a los actores que intervienen en prácticas educativas y comunitarias.
    2- Conformar un núcleo de investigación interdisciplinario sobre la violencia en las escuelas, considerando tanto su multicausalidad como sus diferentes modalidades de expresión y representación.
    3- Debatir y reflexionar sobre la problemática de la violencia, y sus implicancias en la enseñanza y el aprendizaje.
    4- Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención y abordaje de la violencia en las escuelas.
    Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Profesional de Equipos de Apoyo y Orientación.
    Creado como Programa en 2013, sus líneas prioritarias son:
    -Profundizar en la dimensión institucional del objeto de análisis e intervención de Equipos de Apoyo y Orientación que trabajan en las escuelas.
    -Concebir la intervención institucional desde la interdisciplinariedad en torno a ejes y encuadres de trabajo en común.
    -Reconocer las condiciones de época para pensar hoy el trabajo en educación.
    Algunos ejes temáticos propuestos, como punto de partida desde el cual debatir y ampliar hacia otros ejes, son:
    • La escuela, los sujetos, la enseñanza, el aprendizaje, en tiempos actuales.
    • La tarea docente y directiva junto a los Equipos de Apoyo en las instituciones escolares de hoy.
    • El lugar de la autoridad en tiempos de transformación.
    • El lugar del adulto en la construcción de prácticas de cuidado de uno mismo y los otros en el marco de la escuela actual.
    • La posición profesional de los Equipos de Apoyo y Orientación junto a otros actores institucionales de la educación y de otros ámbitos.
    • Las modalidades de intervención habilitantes de condiciones para enseñar y aprender.

    Desde la Coordinación de Programas para la Inclusión Democrática en las Escuelas se coordinó el trabajo de construcción de la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas Relacionadas a la Vida Escolar.
    La misma propone una serie de orientaciones para el trabajo en relación al cuidado comunitario, la construcción de una convivencia democrática y la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
    Entre las temáticas desarrolladas se encuentran: convivencia escolar, resolución de conflictos, maltrato infantil, abuso sexual, trata de personas, suicidio adolescente, entre otras.
    Asimismo se están desarrollando propuestas formativas para docentes, directivos y supervisores escolares para el trabajo con la Guía Federal de Orientaciones.
    La Guía ha sido aprobada por el Consejo Federal de Educación el 15 de abril de 2014 bajo resolución N° 217/14.
    A su vez se están desarrollando en las provincias las Mesas Intersectoriales “Educación y Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” para articular y profundizar el trabajo con los organismos de niñez.
    Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE)
    Son objetivos del Programa Nacional:
    1- Ofrecer recursos para que las instituciones puedan ser lugares de formación en valores democráticos focalizando en el ámbito de las normativas escolares, la relación de supervisión con el sistema educativo y el vínculo entre la escuela y la familia.
    2- Dar la palabra a los docentes, considerarlos constructores de teoría educativa y apuntar al diseño autónomo de experimentos controlados de cambio práctico-teórico protagonizados por ellos.
    Educación inicial
    La Educación Inicial abarca el período de la vida comprendido entre el nacimiento y el ingreso a la educación básica, constituyendo una experiencia irrepetible en la historia personal y decisiva respecto del logro de futuros aprendizajes y de trayectorias escolares completas. La Ley Nacional de Educación de la Argentina, vigente desde 2006, establece la obligatoriedad de educación desde los cinco años, y obliga a los estados a universalizar la oferta educativa para los niños de cuatro años.
    En este sentido, se han realizado importantes avances en la inclusión de los niños de temprana edad a la educación inicial, en especial desde los tres años en adelante.
    La matrícula total del Nivel Inicial en el año 2006 era de 1.375.504 alumnos, mientras que en 2012 son 1.610.845 los niños que realizan su experiencia educativa en el nivel inicial. Más de dos tercios de esos niños concurren a instituciones de gestión estatal. Según los últimos datos censales disponibles, la escolarización de niños de cinco años alcanza al 97% de la población, mientras que el 82% de los niños de cuatro años concurre al jardín de infantes. Paulatinamente crece también la oferta de carácter educativo para la atención de los niños entre los 45 días y los 3 años.
    Para incluir a todos los niños de 4 y 5 años y ampliar la oferta educativa para los niños menores en el país ya se cuenta con 20.311 unidades educativas del nivel inicial, 1888 de las cuales se han creado desde la sanción de la Ley Nacional de Educación.
    La mayor parte de los niños concurre diariamente a clases, y los grupos están a cargo de maestros especializados, con título docente y en instituciones educativas del nivel.

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    También se trabaja en la actualización curricular para mejorar las prácticas de enseñanza en el nivel y en la provisión de materiales educativos adecuados para los niños pequeños.

    Se han reformulado la mayor parte de los diseños curriculares de las jurisdicciones, respetando los acuerdos alcanzados en el marco del Consejo Federal de Educación en cuanto a los núcleos de aprendizaje prioritarios.

    Se han distribuido desde el año 2009, 16.012 ludotecas, colecciones de juguetes especialmente seleccionados para la enseñanza del juego dramático, el juego de construcciones y el juego de reglas.

    Durante el año 2014 se distribuirán 9500 nuevas ludotecas.

    También se han entregado a todos los jardines de infantes bibliotecas institucionales con 60 títulos seleccionados entre los mejores disponibles de literatura infantil.

    En el año 2013 se han distribuido también colecciones de aula para cada sala de 4 y 5 años del país, consistentes en 25 cuentos para cada sección, seleccionados entre 100, de manera que cada jardín de infantes cuente con títulos que pueda intercambiar entre secciones.

    Se está distribuyendo un fondo especial para la compra de materiales para educación física a los jardines de infantes.

    También láminas con fotografías de animales de las diferentes zonas geográficas de Argentina y otras con reproducciones de obras de artistas obrantes en la pinacoteca del Ministerio de Educación de la Nación.

    Cada una de estas entregas fue acompañada de orientaciones a los docentes y capacitaciones virtuales y presenciales para su uso.

    Cada una de las entregas de materiales y las capacitaciones a los docentes se han realizado tanto para los jardines ubicados en zonas urbanas como para los contextos rurales y de islas.

    Se han distribuido también 4000 bibliotecas para docentes, constituidas por 60 títulos de reconocidos autores nacionales e internacionales, relacionados con los marcos conceptuales y las didácticas más actuales para la educación inicial.
    ¿Cómo se concibe la educación en el Nivel Inicial?
    El Nivel Inicial recupera saberes previos de los alumnos y se compromete en la promoción de conocimientos que se profundizarán a lo largo de la trayectoria escolar básica constituyendo la sala de 5 años el primer escalón de los 10 años de escolaridad obligatoria. Es un nivel que presenta clara intencionalidad pedagógica brindando una formación integral que abarca los aspectos sociales, afectivo-emocionales, cognitivos, motrices y expresivos. Estos se encuentran entrelazados, conformando subjetividades que se manifiestan en modos personales de ser, hacer, pensar y sentir. Por ello presenta características propias en las estrategias escolares que se diferencian notablemente de los niveles posteriores. Los chicos de esta edad encuentran oportunidad de realizar experiencias educativas en un ambiente flexible tanto en la disposición y uso de espacios como en la organización de tiempos y agrupamiento de los alumnos.
    El juego en el Nivel Inicial orienta la acción educativa promoviendo la interacción entre lo individual y lo social, entre lo subjetivo y lo objetivado. Sin embargo, no todos los niños juegan de la misma manera y tampoco a los mismos juegos dado que son sujetos sociales portadores de una historia social culturalmente construida. En este sentido son los propios niños los que marcan los rasgos comunes del juego que siempre supone desafío, la idea de incertidumbre, la intención y el placer de jugar concretando un espacio de creación y resolución de problemas. La variación del juego está fuertemente condicionada por la pertenencia social, por la experiencia y condiciones de vida (a qué y cómo se juega).
    Si entendemos el juego como un producto de la cultura podemos afirmar que a jugar se aprende y en este sentido se recupera el valor intrínseco que tiene para el desarrollo de las posibilidades representativas, de la imaginación, de la comunicación y de la comprensión de la realidad. Desde la perspectiva de la enseñanza, es importante su presencia en las actividades del jardín a través de sus distintos formatos: juego simbólico o dramático, juegos tradicionales, juegos de construcción, juegos matemáticos y otros, que se desarrollan en el espacio de la sala y en espacios abiertos.
    Todos los campos de conocimiento aportan saberes que permiten mayor comprensión y organización de la realidad, enriqueciendo el desarrollo del juego y promoviendo la construcción de conocimientos. Esto posibilita a los niños ampliar sus márgenes de autonomía, cooperación, solidaridad y conocimientos sobre sí mismos, sobre los otros y sobre el mundo.
    En este sentido reconocemos la especificidad de los marcos disciplinares y didácticos, a la vez que valoramos las estrategias pedagógicas que en el Nivel Inicial contextualizan saberes a través de intervenciones que permiten abordar recortes significativos de la realidad.
    Las propuestas de enseñanza pueden adoptar formatos muy diversos como por ejemplo la unidad didáctica y los proyectos que presentan itinerarios didácticos que articulan contenidos de algunas áreas del currículo según el recorte del ambiente a indagar y la direccionalidad de los objetivos definidos. Pueden incluir entre otros, experiencias directas, salidas, estrategias metodológicas como el juego-trabajo, juego centralizado, talleres y otras alternativas con o sin componente lúdico.
    Sentido de los aprendizajes en el nivel inicial
    • Propiciar la conformación de identidad personal y colectiva, promoviendo el reconocimiento de culturas, lenguajes e historias personal, familiar, local, provincial, regional y nacional.
    • Promover el conocimiento y respeto de valores y normas para la formación de actitudes en relación con la confianza en sí mismo, en los otros, la autonomía, la solidaridad, la cooperación, amistad, trabajo compartido, etc.
    • Propiciar la comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales y no verbales, brindando un ámbito confiable que ofrezca oportunidades para adquirir seguridad en los recursos propios, en la relación con los otros y que promueva el conocimiento del mundo cultural.
    • Alentar el juego como contenido cultural de valor, incentivando su presencia en las actividades cotidianas.
    • Asegurar la enseñanza de conocimientos significativos que amplíen sus saberes y aumenten el placer por conocer.
    • Promover la alfabetización inicial reconociendo la importancia del lenguaje para el acceso a los conocimientos, para recrear las prácticas culturales al mismo tiempo que posibilitar el ingreso a otros mundos posibles. Reconocer el valor de la diversidad de las lenguas y culturas indígenas y otras expresiones particulares de las infancias pertenecientes a espacios sociales rurales y urbanos.
    • Favorecer la indagación del ambiente promoviendo el conocimiento y organización de la realidad. Iniciarse en la identificación de problemas ambientales que afectan la vida cotidiana. Promover la apropiación de hábitos saludables que contribuyan al cuidado de sí, de los otros y del ambiente.
    • Integrar a las familias en la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto mutuo y articular con la comunidad para potenciar el logro de los objetivos educativos.
    • Articular ambos ciclos del Nivel (0 a 2 y 3 a 5 años) y con el Nivel siguiente conociendo y compatibilizando las estrategias pedagógicas y didácticas.

    Educación Secundaria
    A partir del año 2010 se implementan acciones en el marco de los acuerdos federales para la educación Secundaria Obligatoria (Res. Consejo Federal de educación –CFE- N ° 84/09 “Lineamientos políticos y estratégico de la Educación Secundaria Obligatoria”, Resolución CFE N ° 88/09 “Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación Secundaria Obligatoria” y la Res. CFE N ° 93/09 “Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la educación Secundaria Obligatoria”.
    A su vez en diciembre de 2012 se aprueba por unanimidad en el ámbito del CFE la Resolución N ° 188/12 “Plan Nacional de educación obligatoria y Formación Docente” en la que se establecen las acciones priorizadas para dar cumplimiento a la obligatoriedad del Nivel desde la perspectiva del reconocimiento del derecho de todos los adolescentes y jóvenes del país a ingresar, permanecer aprendiendo y egresar de la Escuela Secundaria. A esto se suma lo establecido por la resolución CFE N ° 201 “programa Nacional de Formación Docentes” que se implementa en todas las jurisdicciones para que desde los trayectos de formación de implementación gradual con horizonte de aplicación universal –tanto escuelas de gestión pública como privada, en los tres niveles educativos y de todas las modalidades- se fortalezcan los marcos de política educativa en marcha como así también cada uno de los roles específicos (de docentes, no docentes, de tutorías, de acompañamiento territorial, de supervisión, entre otros)
    En ese marco de las políticas acordadas por la totalidad de las jurisdicciones del país para el nivel Secundario se encuentran los Planes Jurisdiccionales y los Planes de Mejora Institucional (PMI) que reciben financiamiento específico desde la nación y dentro de los cuales una de las líneas de trabajo priorizadas se concentra en el cuidado de las trayectorias escolares tanto en el Ciclo Básico como en el Ciclo Orientado. En ese marco se implementan tutorías específicas para el acompañamiento a los estudiantes que suponen a su vez el establecimiento de acuerdos entre docentes para fortalecer dicho acompañamiento.
    Asimismo se trabaja dentro de las políticas de mejora la diversificación en lo que refiere a políticas y cronogramas de evaluación parcial o final que permitan el sostenimiento de trayectorias que presenten niveles significativos de labilidad en la asistencia o bien dificultades en los resultados de aprendizaje siempre hacia el logro de trayectorias continuas y completas. De este modo se está avanzando con cada Jurisdicción en la oferta de un mayor repertorio de instancias de evaluación.
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    El Programa Conectar Igualdad también está contribuyendo con estrategias y la generación de diferentes escenarios para la enseñanza y el aprendizaje apelando a la utilización de modos y lenguajes que hagan más asequibles los conocimientos que se espera los estudiantes alcancen entendiéndose esto en el marco de la obligatoriedad del Nivel Secundario (ley 20206) que -desde el resguardo del ejercicio del derecho a la educación de todos los adolescentes y jóvenes- acerca desde esa convocatoria una amplísima diversidad de nuevos estudiantes desde también muy diversos contextos de procedencia.
    Fortalecimiento de la Enseñanza en la Educación Secundaria: dado que los resultados de aprendizaje inciden en el logro o no de trayectorias continuas y completas es que se busca trabajar sobre las prácticas de enseñanza. Se está implementando esta línea - en forma progresiva y en el marco del Plan Nacional de educación obligatoria y el Plan Nacional de Formación Docente Permanente- en el Área de Ciencias Naturales -específicamente en Física, Química y Biología - ya en desarrollo en las jurisdicciones y en el segundo trimestre se comienza con el Fortalecimiento en el Área de Lengua conjuntamente con la implementación de la Promoción de la Lectura a partir del desarrollo de rutinas de lectura que se aplicarán en todas las escuelas con especificidad para el Ciclo Básico y para el Ciclo Orientado. A partir del cuarto trimestre se lanza el Fortalecimiento de la Enseñanza de la Matemática y se presenta el Fortalecimiento de la Enseñanza de las Ciencias Sociales (Historia y Geografía). El fortalecimiento de la enseñanza se concentra en: políticas de inclusión educativa, incorporación de TIC y el trabajo sobre los Núcleos de Aprendizaje prioritarios (NAP) de acuerdo federal para cada área y disciplina del CB y del CO.-
    También se desarrolla la Línea "Ponele Título a tu Secundaria" con el seguimiento en línea en el marco del SITRARED de los alumnos del último año de escolaridad (cohortes 2012 y 2013) que habiendo finalizado de cursar adeudan materias con lo que han obtenido el egreso efectivo. A su vez se lleva adelante también dentro del mismo sistema del registro de las estrategias que cada escuela desarrolla para el logro del egreso en la totalidad de sus estudiantes desde la asunción de la responsabilidad institucional que le cabe en el acompañamiento de las trayectorias hasta la obtención del título correspondiente.-
    Las escuelas cuentan con Asistentes Técnico Territoriales (ATT) financiados desde la nación en el marco de los Planes Jurisdiccionales para el acompañamiento de cada una de las acciones de su PMI fundamentalmente vinculadas al cuidado de las trayectorias de los estudiantes
    Educación de calidad de las niñas
    No hay evidencia en nuestro país acerca de la necesidad de tomar medidas específicas destinadas a las niñas. Al contrario, referencias aún pendientes de sistematización dan cuenta de mayores dificultades para la continuidad de la trayectoria escolar en los varones. Ellos son demandados por las tareas familiares e incorporados más tempranamente que las mujeres a la vida laboral.
    Modalidad Educación Rural
    Las políticas educativas para la ruralidad están expresadas en la Resolución 128/10 del CFE que refiere a los fundamentos de las acciones destinadas a las poblaciones que habitan en zonas rurales: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
    Las líneas de acción que se desarrollan desde la Modalidad se acuerdan con las provincias en el marco del trabajo compartido con los referentes provinciales de la modalidad. Actualmente se encuentra instalada en el conjunto de jurisdicciones que cuentan con escuelas rurales. Con diferentes modos de incorporación en los sistemas educativos de las provincias según sus propios modos de organización: direcciones de modalidad; coordinaciones de áreas; referentes en la escala de subsecretarías o por cada uno de los niveles educativos. A pesar de las diferencias en las dependencias, se ha alcanzado la constitución de un equipo federal con continuidad de alrededor de cinco años. Se han constituido diferentes modos de realización del trabajo compartido: encuentros nacionales de referentes; acciones de cooperación horizontal interprovinciales con la participación del equipo nacional; desarrollo de un aula virtual para esos referentes donde a través de foros y grupos de trabajo se intercambian las formas de implementación de acciones, se acuerdan criterios, se toman decisiones para los diferentes niveles. El propósito es que se resguarde la calidad y equidad de las propuestas para escuelas rurales, asegurando para ellas las políticas que se definan para todas las instituciones de los niveles educativos inicial, primario y secundario. A partir de las orientaciones emanadas de la Resolución 128, todas las acciones que se implementan están atravesadas por dos ejes de trabajo:
    Contemplar como modelo organizacional propio de los espacios sociales rurales con baja densidad de población, la conformación de salas de edades múltiples –en el Nivel Inicial- , plurigrados –en la escuela primaria- y años múltiples (en el caso de nivel secundario). Identificado el conjunto de escuelas rurales, y habiendo implementado acciones comunes para el universo completo, actualmente se ha avanzado hacia desarrollar estrategias por grupos de escuelas que comparten características y demandan definiciones específicas: salas de nivel inicial independientes o anexas a primarias; maestros de escuela primaria a las que asisten no más de cinco alumnos del nivel inicial; escuelas primarias de matrículas muy reducidas con un único maestro; escuelas de dos o tres maestros con director libre o a cargo de grado; escuelas con la planta docente completa aunque localizadas en zonas muy aisladas; escuelas con albergue, ciclos básicos del nivel secundario localizados en escuelas primarias aisladas; secundarios virtuales; ciclos orientados de concentración; etc. Para esas categorías de escuelas se adecua los recursos que se proveen y las actividades de formación permanente para los docentes.
    Propiciar la superación del aislamiento del trabajo docente, el aprendizaje de los alumnos y las actividades de las comunidades, a través de la conformación de agrupamientos de escuelas. El “agrupamiento” es considerado una unidad de definición de las políticas educativas a nivel local. Anualmente y con la participación de las direcciones de estadística y los equipos de supervisión se actualiza la conformación de los agrupamientos. Alrededor de 1800 agrupamientos reúnen a las 15000 escuelas rurales de los distintos niveles.
    Ambos ejes constituyen el aspecto común de las diversas acciones que se desarrollan en forma articulada con cada una de las jurisdicciones.
    Acciones con las jurisdicciones
    Acompañamiento a los equipos técnicos políticos de las jurisdicciones para avanzar en la incorporación de la modalidad en todas las provincias: las 23 provincias que tienen escuelas rurales disponen actualmente de un interlocutor estable para las acciones compartidas con el Ministerio de Educación de la Nación.
    Encuentros nacionales con los referentes provinciales de la Modalidad aseguran acuerdos a nivel federal para las acciones de cada año. Se realizan tres por año: al inicio para la planificación de las acciones; a mediados de cada ciclo para realizar el seguimiento; al final el año para evaluar los desarrollos y avanzar en la programación del año siguiente. Se da continuidad a ese trabajo a través del aula virtual.
    Reuniones sistemáticas con los equipos técnicos provinciales actualizan las particularidades para cada jurisdicción. Se realizan en la ciudad de Buenos Aires o en cada una de las provincias, a demanda de las jurisdicciones o en función de necesidades particulares de diferentes líneas de acción.
    Reuniones de trabajo -con frecuencia que se determina con cada provincia- convocando a Supervisores, Directivos y docentes a cargo de alumnos de los diferentes niveles ponen en juego el acompañamiento del equipo nacional para la jurisdicción.
    Acciones hacia las escuelas
    Respecto de los recursos: Se continúa con las líneas de construcción, refacción y provisión de servicios básicos a las instituciones seleccionadas por cada provincia. Respecto de la distribución de materiales didácticos y recursos definidos con carácter universal, se establecen criterios particulares en función de la matrícula.
    Políticas por nivel
    Nivel Inicial
    Avance progresivo en la ampliación de la cobertura del nivel: creación de salas multiedad (para que asistan niñas y niños de 3, 4 y 5 años) en las zonas rurales, a cargo de un/ a maestro/a del Nivel, cuando la matrícula conformada por las tres edades es suficiente para la conformación de un grupo. Además se acompaña a los equipos provinciales en la definición de modelos alternativos: conformación de un grupo en los plurigrados de primer ciclo de la primaria, selección de territorios para el establecimiento de modelos de maestros itinerantes.
    Con el objeto de contemplar situaciones particulares de los alumnos del nivel que no pueden asistir cotidianamente a la sala o bien que por lo reducido del grupo no tienen maestro del nivel, se elaboró un cuaderno de actividades para los alumnos y el correspondiente de apoyo a los docentes, actualmente en etapa de edición, para entrega a los niños y niñas. Se acompañará la distribución del material con recursos didácticos de entrega individual y equipamiento para las aulas.
    En la línea de identificar categorías de escuelas o salas con características que demandan acciones específicas se está desarrollando un trayecto formativo para parejas pedagógicas de salas de nivel inicial de zonas rurales en contextos de bilingüismo. La implementación del trayecto se realiza conjuntamente entre el nivel, el área de capacitación, y las modalidades intercultural y rural. Durante 2014 se alcanzarán 200 parejas integradas por maestros del nivel y educadores indígenas de cuatro provincias.
    Parte 3/4
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 3
    Nivel Primario
    Capacitación a supervisores, directivos y docentes del nivel avanzando en la consideración de las potencialidades del plurigrado como espacio de enseñanza.
    Promoción del trabajo por agrupamientos de escuelas.
    Inclusión de las escuelas rurales en los planes de fortalecimiento de la alfabetización, la lectura y la escritura, con propuestas didácticas elaboradas para mejorar los aprendizajes de las /os alumnas/os en los plurigrados.
    Inclusión de las escuelas rurales en la estrategia nacional de mejoramiento de la enseñanza de las ciencias naturales y matemática con alternativas especialmente diseñadas para la organización en grados múltiples.

    En septiembre del 2013, por primera vez se reunieron 3700 maestros de las escuelas primarias de personal único en la Ciudad de Buenos Aires. A través de seis jornadas se inició la línea de acción destinada a esas escuelas. Esos encuentros propiciaron el conocimiento e intercambio de experiencias entre maestros de todas las jurisdicciones. La línea se continúa durante este año 2014 mediante: una línea de apoyo socioeducativo a escuelas de personal único –se provee de un monto anual a cada director para que lo destine a traslados para lograr reuniones de trabajo con otros docentes diseñando proyectos comunes y para que pueda adquirir los recursos didácticos necesarios para la implementación de tales proyectos.
    Nivel secundario
    Desarrollo de una propuesta de Ciclo Básico de la Educación Secundaria para implementar alternativas de cursada del nivel en zonas rurales aisladas (propuesta multimedial -materiales impresos, programas de TV , propuestas para uso de las netbooks- para ser desarrollada conforme el modelo de organización que cada provincia defina: localización en las primarias con maestros tutores y profesores itinerantes; alternancia de períodos de asistencia; nuclearización, etc.)
    Capacitación a supervisores, directivos y docentes a cargo de pluriaños, orientadas al reconocimiento del modelo de organización y las particularidades didácticas que impone a la enseñanza y el aprendizaje.
    Inclusión de las escuelas rurales en los planes, programas y proyectos para todas las secundarias definidas por el nivel (Planes de mejora; Educación Sexual Integral; Prevención; Parlamento Juvenil así como otras políticas socioeducativas - movilidad, atención a escuelas albergue, centros de actividades juveniles, etc.)
    Diseño de un Ciclo orientado para las escuelas que se constituyen en única alternativa para las y los adolescentes que residen en zonas rurales. Se está trabajando conjuntamente con Áreas Curriculares en la definición del marco de referencia de la orientación en Agro y ambiente.
    Para las escuelas secundarias rurales de reciente creación que se conforman con pluriaños, conjuntamente con el área de desarrollo profesional se desarrolla un trayecto formativo para directivos, actualmente en implementación en la provincia de Salta, con aportes de la experiencia lograda en el desarrollo del trayecto en el segundo cuatrimestre de 2013 en Catamarca.
    Nivel Superior
    La concreción del Postítulo de Especialización Superior en Educación Rural para docentes en servicio en escuelas con plurigrado, finalizado en 16 provincias en 2013, y sus evaluaciones han dado lugar a su reformulación. Actualmente se trabaja con equipos provinciales en tres líneas: la adecuación de la cursada del postítulo contemplando una reorganización de los módulos que lo constituyen; la inclusión progresiva en la formación inicial de los docentes de contenidos vinculados con las concepciones de ruralidad y reflexiones didácticas en torno al plurigrado y el trabajo con los docentes de institutos de formación que participan de proyectos de acompañamiento a docentes noveles.

    Parte 4/4
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 4, 3
    La ley 26.206/06 de Educación Nacional determina en su artículo 4 que “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratitud y equidad en le ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.”

    En este sentido, el Estado Nacional garantiza el acceso universal al nivel primario a través de la Asignación Universal por Hijo, la provisión de recursos como por ejemplo, la provisión de un fondo para útiles escolares y equipamiento informático, el fondo a aportes escolares a través del PIIE- Programa Integral para la Igualdad Educativa-, libros y bibliotecas y la distribución de becas y movilidad, a través de la Dirección de Políticas Socioeducativas.

    Asimismo, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, constituye parte fundamental del marco estratégico y legal con el que las jurisdicciones y la nación llevan a cabo políticas públicas con foco en un cambio de paradigma sobre la minoridad.

    En su artículo 15 sostiene que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.”

    Respecto de la educación de niños y niñas con discapacidad, la resolución 155 “Educación Especial” aprobada por el Consejo Federal de Educación en 2011, en su artículo 18 expresa que “garantizar el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad exige que todos los/as alumnos/as con discapacidad estén en aquella escuela que los beneficie en mayor medida, tomando como referencia el currículum común y elaborando, en base a éste, estrategias diversificadas que contemplen la complejidad o especificidad de la problemática de los/as estudiantes, de manera de implementar las configuraciones de apoyo que se requieran”.

    El Ministerio de Educación asume estrategias nacionales para proteger a todas las personas, en particular las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes con respecto a las relaciones generadas en los espacios escolares. Son dichos programas:
    Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

    Los objetivos del mismo son:
    1- Promover entre los alumnos y alumnas el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de sus derechos.
    2- Prevenir diversas formas de vulneración de derechos.
    3- Acompañar acciones de protección y restitución.
    4- Participar activamente en la construcción del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

    Violencia escolar
    Nuestra estrategia actual puede describirse a partir de los objetivos de la instancia de articulación estratégica que representa la Coordinación de Programas para la Construcción de Ciudadanía en las Escuelas y el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Creemos que más que una respuesta disciplinaria y sancionadora de la violencia, la escuela debe ofrecer una alternativa, institucional y positiva a la violencia, que es un modo posible que asume las relaciones sociales. Por esto, es importante fortalecer la responsabilidad y la autoridad de los adultos frente a nuestros niños y jóvenes, puesto que sabemos por las investigaciones que hemos realizado y lo indagado en el marco de ateneos y talleres, que cuando el adulto interviene, la violencia tiende a disminuir. Pero para esto es importante promover la plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, pasar de paradigma de niñez y adolescencia tutelar a uno centrado en los derechos, que vea en los jóvenes sujetos activos y capaces de formar parte de la toma de decisiones. Esto a su vez, implica el énfasis en toda actividad o propuesta que facilite el pasaje de un modelo disciplinario hacia un modelo centrado en la convivencia democrática, es decir, iniciativas tendientes a generar y/ o consolidar instancias de participación real en la vida institucional, convocando a los distintos actores de la comunidad educativa.

    Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas
    Son objetivos del Observatorio:
    1- Ofrecer herramientas teóricas y prácticas a los actores que intervienen en prácticas educativas y comunitarias.
    2- Conformar un núcleo de investigación interdisciplinario sobre la violencia en las escuelas, considerando tanto su multi-causalidad como sus diferentes modalidades de expresión y representación.
    3- Debatir y reflexionar sobre la problemática de la violencia, y sus implicancias en la enseñanza y el aprendizaje.
    4- Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención y abordaje de la violencia en las escuelas.

    Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE)
    Son objetivos del Programa Nacional:
    1- Ofrecer recursos para que las instituciones puedan ser lugares de formación en valores democráticos focalizando en el ámbito de las normativas escolares, la relación de supervisión con el sistema educativo y el vínculo entre la escuela y la familia.
    2- Dar la palabra a los docentes, considerarlos constructores de teoría educativa y apuntar al diseño autónomo de experimentos controlados de cambio práctico-teórico protagonizados por ellos.

    A partir de la sanción de la Ley 26.150 del año 2006, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y de la aprobación de los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral (ESI), la escuela tiene la responsabilidad y a la vez, la oportunidad, de enseñar educación sexual a nuestros niños, niñas y jóvenes.

    Son objetivos de la Ley 26.150:
    - Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica equilibrada y permanente de las personas.
    - Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral.
    - Promover actitudes responsables ante la sexualidad y prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular.
    - Procurar igualdad de trato y oportunidades para las mujeres y varones.

    Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Gestión Educativa, en consonancia con lo establecido por el Consejo Federal de Educación en la Resolución Nº 134/11, se están realizando acciones sistemáticas de lectura en las escuelas, y se ha delineado un proyecto que concentra la intensificación de la enseñanza de la lectura en los grados de cierre del ciclo (3ª y 6ª) .

    Se propone un conjunto de acciones que tienen como finalidad instalar la enseñanza de la lectura a lo largo de toda la escolaridad y en todas las áreas del currículo, con prácticas sustentadas y coherente con los actuales desarrollos técnicos y didácticos acerca de la lectura y de su aprendizaje, adecuadas a los contextos socioculturales actuales (variados y complejos), planificadas, sistemáticas y sostenidas a nivel institucional y de aula.

    Este proyecto abarca a las escuelas urbanas y a escuelas de modalidad rural, interculturalidad Bilingüe y Educación especial.

    Respecto de las enseñanzas de las matemáticas, el Plan Matemáticas Para Todos se enmarca en la consolidación de políticas de enseñanza llevadas adelante por el Estado Nacional, teniendo como propósito general, promover un mejoramiento de la enseñanza vinculada a los contenidos de matemáticas considerados centrales en 4to, 5to y 6to año de la escuela primaria. Se trata de un plan bianual que tiene como objetivo trabajar con 1700 escuelas.

    Por su parte, el Plan de Enseñanza de las Ciencias Naturales se propone cumplir con los objetivos previstos a nivel federal por las políticas de calidad. En este sentido, tiene como compromiso consolidar las políticas de enseñanza entendiendo a las mismas como la responsabilidad indelegable del Estado Nacional de acompañar y proponer mejores condiciones de enseñanza en dichas escuela aportando al desarrollo cotidiano de la misma.

    El Plan se estructura desde el desarrollo de los siguientes componentes:
    • Abordaje institucional: tomando como unidad de trabajo la escuela. En esta etapa, se ha seleccionado al Segundo Ciclo como beneficiario del Plan.
    • Desarrollo profesional docente: como prácticas de formación continua de maestros y maestras.
    • Dotación de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.

    El Estado Nacional propone desarrollar también un conjunto de acciones que garanticen el fortalecimiento para la enseñanza de las ciencias sociales en las esuelas primarias. La intención es continuar con el mejoramiento de las condiciones de enseñanza para que los maestros construyan o profundicen los proyectos tendientes a que todos los niños y las niñas tengan trayectorias escolares de mayor calidad.

    Para ello, se plantea una doble acción: por un lado, una segunda cohorte de la Cátedra Nacional de Ciencias Sociales y su enseñanza, a) para continuar con el desarrollo de los temas relevantes y problemáticos de la vida social así como su tratamiento didáctico en los distintos grados de la escuela; y, por otro la presentación de un Dispositivo de Acompañamiento a las escuelas, b) y que atraviese la reflexión sobre las prácticas, la profundización de los proyectos de ciencias sociales que se llevan a cabo y la potenciación de nuevas propuestas en el área para los diferentes grados.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 4, 3
    Respecto de las políticas de alfabetización inicial, desde fines de 2008 se desarrolla el Proyecto de Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial que comenzó en nueve provincias y actualmente se está realizando en catorce provincias que son las que tienen los indicadores socioeducativos más críticos. Esta línea de política se propone garantizar la continuidad del proceso de alfabetización de los niños, a través de una oferta de formación de equipos de docentes de primer ciclo y de la conformación de un espacio de trabajo de profesores capacitadores, entre los que se generan espacios de producción y reflexión colectivas en torno de la pedagogía en alfabetización inicial.

    A través de un conjunto de herramientas metodológicas y teóricas se busca que los docentes de primer ciclo puedan desarrollar prácticas alfabetizadotas alternativas.

    La Ley de Educación Nacional define a la educación como un bien público y como un derecho personal y social, a ser garantizado por el Estado (Art. 2 Ley Educación Nacional), y jerarquiza la política educativa como una política de estado fundamental para la construcción de una sociedad más justa. La legislación otorga y reconoce los derechos y las políticas públicas generan las condiciones para el ejercicio efectivo de estos derechos.

    Garantizar las condiciones para promover la igualdad de todos al derecho a la educación, requirió el desarrollo de políticas públicas para la extensión de la cobertura del Nivel Inicial y de la Educación Obligatoria, alcanzar la unidad y organización del sistema, adecuar las estrategias institucionales y pedagógicas para asegurar una buena escuela para todos, ampliando la convocatoria a otros ámbitos del estado, asumiendo el carácter intersectorial de las políticas de infancia y reforzando la relación entre el estado y la sociedad en el cuidado y acompañamiento de los niños para la construcción de una sociedad mas justa, tal como lo establece la ley 26.061 de protección integral de los derechos de la infancia y de la adolescencia.

    Por ello se fortalecen las condiciones para que los docentes, como agentes del estado, valoricen el carácter político de su responsabilidad en la transmisión de saberes y construcción de ciudadanía.

    Las estrategias de universalización del nivel inicial y el cumplimiento de la educación obligatoria son acompañadas de una condición central: la profundización de las mejoras en las condiciones laborales docentes, su desarrollo profesional y con ello la revisión del trabajo docente. De este modo se reconoce y jerarquiza el papel de los trabajadores de la educación.

    Para el alcance de los objetivos de la Educación Inicial, se define una construcción federal reconociendo la importancia de las iniciativas y aportes jurisdiccionales, en un espacio de diálogos y consensos.

    En una acción conjunta con las jurisdicciones, se integra las políticas nacionales, provinciales y locales, con estrategias claras para enfrentar los desafíos de la Educación Inicial, en articulación con diferentes sectores del Ministerio de Educación.

    Se definen acciones coordinadas entre los equipos nacionales y provinciales para cumplir con las disposiciones legales establecidas.

    Decimos que la Ley de Educación Nacional y el Decreto Presidencial de Asignación Universal por Hijo, en el Nivel Inicial llevaron a ampliar notoriamente la cobertura en la sala de 5 años.

    Se produjo un cambio de paradigma hacia una concepción del niño como sujeto de derecho, revalorizando el juego como un espacio propio de la Educación Inicial.

    Destacándose el objetivo estratégico de expandir y extender la Educación Inicial en todo el país acompañado por objetivos:
    - Más años en la escuela.
    - Mayor calidad de la enseñanza y los aprendizajes
    - Más inclusión
    - Más acompañamiento a equipos escolares
    - Condiciones de acceso a la educación: infraestructura escolar y equipamiento escolar.

    Las acciones en desarrollo permiten:
    - Reforzar la identidad y los objetivos del Nivel Inicial en todo el territorio nacional.
    1.1 Acompañamiento de la aplicación de la Ley de Educación Nacional y Leyes provinciales de educación, implementando instancias de trabajo conjunto.
    1.2 Decreto Presidencial de Asignación Universal por hijo.

    - Expansión de la Educación Inicial de 0 a 5: Cobertura y oferta
    2.1 Desarrollo de Estrategias para alcanzar la cobertura del 100 % en sala de 5 años y la universalización en sala de 4.
    2.2- Estrategias para el desarrollo de ambientes educativos para el bienestar infantil 0 a 3 años.

    - Fortalecer políticas de enseñanza y enriquecer propuestas pedagógicas del Nivel Inicial a través de:
    3.1- Políticas de capacitación: dispositivos de desarrollo profesional.
    3.2- Mejora en las condiciones materiales: ludotecas escolares y bibliotecas de literatura infantil y para el docente.

    - Fortalecimiento Institucional para Acompañar las trayectorias escolares que garanticen las condiciones de acceso, permanencia y egreso con calidad.
    4.1 Diseñar e implementar junto al Nivel Primario de las jurisdicciones, dispositivos de articulación para el mejoramiento de las trayectorias de los niños/as, empleando: el juego, la alfabetización, los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios y los Cuadernos para el Aula.
    4.2 Desarrollar acciones intersectoriales e interministeriales que potencien el trabajo comunitario, en beneficio de los niños y niñas, en contextos rurales de aislamiento, en jardines externos a las unidades penitenciarias y dependientes de los sistemas educativos provinciales, como así también en contextos de interculturalidad y /o bilingüismo, especialmente en escuelas con población perteneciente a pueblos originarios.

    - Generar instancias de revisión y construcción de normativas en cada jurisdicción, que legitimen las necesidades y particularidades de cada una.

    - Generar instancias de revisión y construcción conjunta de los Diseños Curriculares del Nivel Inicial.
    - Generar procesos internos de equipos, que permitan la mejora en la gestión del sistema educativo para la implementación de la Ley de Educación Nacional.

    Logros:
    Crecimiento de Unidades Servicio:
    Año
    2003_____________ 17.738
    2004_____________ 17.828
    2005_____________ 18.162
    2006_____________ 18.423
    2007_____________ 18.942
    2008_____________ 19.339
    2009_____________ 19.401
    2010_____________ 19.609
    Fuente: Ministerio de Educación. DINIECE. Relevamientos Anuales 2003 -2010

    Cobertura
    Tasa de escolarización por sala. Nivel Inicial- Jardín de infantes

    Tasa de escolarización 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Sala de 3 años 27,2 28,8 29,6 30,3 31,9 33,9 34,3 35,2
    Sala de 4 años 53,1 53,3 59,3 59,6 64,2 69,7 71,2 71,8
    Sala de 5 años 91,4 91,9 94,1 94,6 95,0 94,9 95,7 95,9

    Fuente: Ministerio de Educación-DINIECE-Relevamientos Anuales 2003 -2010
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 4, 3
    CONDICIONES MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL AMBITO URBANO Y RURAL

    -Biblioteca para las docentes de Educación Inicial:
    Colección de libros: “Educadores e infancias”. 4000 bibliotecas con 60 títulos cada una, destinadas a docentes de región NEA NOA Conurbano y otras provincias del país. Un total de 240.000 libros.

    -PUBLICACIONES:
    - Serie de 2 Afiches sobre la identidad del Nivel Inicial: 20.000. (10.000 de cada uno)
    -Cuadernillos “Serie Temas de Inicial”. 60.000 a distribuir en las 24 jurisdicciones: 10.000 de cada uno.
    - “Políticas de enseñanza y definiciones curriculares. “.Documento federal a partir del Foro Nacional para la Educación Inicial: 6000. para las 24 jurisdicciones.

    - Ludotecas escolares: Cobertura en el 85% del país.
    La misma reafirma el sentido identitario del Nivel Inicial, que le atribuye al juego un papel preponderante en el desarrollo del pensamiento, la imaginación y la conformación de lo grupal. Se considera un desafío y una oportunidad para mejorar las prácticas pedagógicas centradas en el juego, y promover el intercambio de experiencias entre los docentes. Con una cobertura universal para el ámbito urbano y rural se han entregado a la fecha 16.012 ludotecas escolares.

    - Total de Ludotecas distribuidas al 2011: 16.012
    Inversión total en ludotecas escolares: $41.111.842

    - Entrega de 100 Videoscopios con instructivo, a docentes de todo el país que participaron en 1° y 2° Edición de Jardines en Feria. Feria Nacional de Ciencia Tecnología y Sociedad 2010/11.Coordinado con el Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología.

    DOCENTES BENEFICIADOS 2008-2012: 70.000 A TRAVES DE:
    *Asistencias
    -Técnicas bilaterales.
    -Encuentros Nacionales
    -Encuentros Regionales
    -Encuentros Provinciales
    -Dispositivos de Capacitación conjunto con Educación Intercultural Bilingue-Ruralidad-Area de Capacitación.

    *Canal Encuentro: Videos institucionales sobre el Nivel Inicial y sus prácticas de enseñanza.-
    *Políticas de inclusión digital.
    Cátedra Nacional Abierta de Juego Modalidad Virtual:
    Cantidad de docentes:
    - 4400 Registrados
    -1800 Inscriptos en Trayectos
    -3700 en redes sociales
    TOTAL: 9900

    Líneas de Continuidad:
    * Cobertura 100 % niños 5 años.
    * Trabajo con Modalidades para garantizar trayectorias escolares.
    * Políticas de igualdad, calidad y fortalecimiento de la gestión.
    * Reforzar identidad y objetivos de la Educación Inicial.
    * Fortalecimiento a equipos técnicos provinciales para el cumplimiento de las líneas prioritarias de la Dirección:
    - Asesoramiento en Plan Jurisdiccional de Nivel Inicial.
    - Universalización del acceso de 4 años:
    - Infraestructura.
    - Planeamiento.
    - Costos.
    - Mapa Educativo.
    - Diniece.
    - Trayectorias escolares.
    - Educación de 0 a 3.

    Medidas de Gestión-Líneas de Acción 2012.
    * Más años en la escuela.
    - Universalización oferta 4 años.
    - Estrategias intersectoriales 0 a 3.
    - Trayecto de Formación para docentes de Educación Intercultural Bilingüe en la Educación Inicial. Esta instancia se constituye un reconocimiento a los desafíos que tiene la educación inicial en los contextos interculturales y/o bilingües localizados en ámbitos rurales. Se realiza conjuntamente con la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe.
    - Encuentros de intercambio y formación con educadores de la Primera Infancia en el marco de la política integral para el cuidado y la educación de la primera infancia: Creciendo juntos. Acción conjunta entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
    - Acompañamiento en Centros de Actividades Infantiles (CAI)
    - Trabajo conjunto con Dirección de Políticas Socioeducativas
    - Participación en Mercosur Educativo - Reunión de Primera Infancia y Básica.
    - Trayecto de Capacitación para Supervisores y Directores de Nivel Inicial conjuntamente con el Área de Capacitación.
    - Trabajo conjunto con Abuelas, Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa, Área de Educación y Memoria y Plan Nacional de Lectura.
    - Asistencia técnica a jurisdicciones que poseen equipamiento Tics.
    - Video-conferencias sobre la Educación Inicial”, destinada a todas las docentes del país.
    - Participación en Feria Nacional de Ciencias. Jardines en Feria 3° Edición.

    Por otro lado, y de acuerdo a lo referido en el párrafo 37 de la V Cumbre , se informa las principales líneas de trabajo para todo el país de la Dirección Nacional de Gestión Educativa - Dirección de Educación Secundaria (Ministerio de Educación).

    Tasa Bruta de Escolarización Secundaria
    Del relevamiento de 2010 se desprende que respecto de la Tasa Bruta de Escolarización para el segmento de 12 17 años, es del 89,0 % (datos Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010)

    Políticas educativas para la Educación Secundaria:
    Las leyes nacionales de Educación Técnico- Profesional, Ley de financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional N° 26.206, brindaron un marco normativo para orientar acuerdos sobre el diseño e implementación de las políticas educativas para el conjunto del sistema, y, en el caso de la Educación Secundaria para aquellas tendientes a garantizar la obligatoriedad del Nivel.

    El cumplimiento de estas leyes requirió la expresión de la voluntad política del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que se tradujeron en Acuerdos Federales que orientaron a nivel nacional, provincial y local la priorización de estrategias, metas, acciones y recursos en el mediano y corto plazo.

    Atendiendo a ello el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Equidad y Calidad, propusieron un Plan Nacional Trienal para la Educación Obligatoria (Res.CFE N° 79/09), orientado a dar continuidad a las acciones en marcha en todo el territorio nacional y la implementación de nuevas líneas que respondan a los objetivos que priorizados, conformando una agenda política e institucional de corto y mediano plazo.

    Entre los objetivos estratégicos de igualdad de oportunidades educativas, mejora de la calidad de la educación y fortalecimiento institucional, se definieron un conjunto de líneas de acción tendientes a garantizar el derecho educativo en la franja del sistema educativo definido como obligatoria.

    Así, la Resolución del CFE Nº 84/09, establece lineamientos políticos y estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria, que comprometen al desarrollo de políticas universales de promoción de la igualdad educativa que aseguren las condiciones necesarias para la inclusión, la integración y el logro educativo de todos los adolescentes, jóvenes y adultos en los niveles obligatorios del sistema educativo, y a la provisión de los recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a alumnos, docentes, familias y escuelas cuyas necesidades así lo requieran.

    En este marco, el Ministerio de Educación de la Nación y las Jurisdicciones desarrollan acciones tendientes a incidir en la problemática de las desigualdades educativas, sociales y económicas que dificultan el acceso y el ejercicio del derecho a la Educación de adolescentes y jóvenes pertenecientes a sectores en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, propiciando políticas que garanticen el ingreso, reingreso, la permanencia, la promoción y el egreso del nivel secundario.

    Para avanzar en esos propósitos se plantea la construcción de una nueva institucionalidad para la educación secundaria sustentada en acuerdos políticos e institucionales capaces de producir referencias a un sistema y generar a nivel de las escuelas condiciones para que los estudiantes del sistema nacional ejerzan su derecho a aprendizajes equivalentes en cualquier punto del país, puedan transitar y moverse sin obstáculos entre las instituciones y las jurisdicciones y obtengan certificaciones de alcance y validez nacional.

    Al mismo tiempo orienta la definición de políticas específicas que garanticen la educación obligatoria en contextos rurales y poblaciones que, a partir de la sanción de la ley de educación nacional, son reconocidos como sujetos de derecho a la educación obligatoria: indígenas, adultos, personas con discapacidades transitorias o permanentes y en contextos de encierro.

    Entre las herramientas para la gestión y financiamiento de estas políticas se definieron dos instrumentos, a través de la Resolución del CFE Nº 88/09:

    ? Planes Jurisdiccionales a través de los cuales se promueve la integralidad de las políticas educativas provinciales para garantizar las condiciones materiales y simbólicas que aseguren el derecho de todos los jóvenes a la educación secundaria.

    ? Planes de Mejora Institucional mediante los cuales se promueve el desarrollo de políticas y acciones de fortalecimiento institucional tendientes a promover una gestión democrática, estrategias de inclusión que aseguren trayectorias escolares continuas y completas, a través de formas diversas de organización escolar, conformación y organización de equipos docentes, incorporación de nuevas figuras, redefinición de funciones y políticas de vinculación con otros ámbitos y sectores, entre otros.

    A la fecha el total de las 24 provincias viene desarrollando anualmente sus Planes Jurisdiccionales para la Educación Secundaria y 8.300 escuelas secundarias del país desplegando Planes de Mejora Institucional, financiados ambos por el Ministerio Nacional.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 4, 3
    Es preciso destacar que son múltiples las acciones destinadas al aumento de la educación terciaria, en general, tanto la referida a Formación Docente como a la Formación Superior en Tecnicaturas Socio humanísticas. El aumento constante de las Becas, las variadas estrategias de acompañamiento a las trayectorias, el ingreso irrestricto y la distribución geográfica plena de los Institutos de gestión estatal y privada aseguran que, sumado al estímulo a la terminalidad del nivel Secundario, el país esté en condiciones de alcanzar altas metas de ingreso a la educación terciaria en un período bastante más cercano que 2020. En ese sentido, el aumento de matrícula sostenido de los últimos nueve años y la persistente instalación de ofertas planificadas según necesidades, aseguran una expansión de la formación terciaria que acompañe las demandas del sistema educativo en su conjunto y las que exprese el proyecto socio productivo del país. En síntesis, el planeamiento estratégico del nivel superior, la inversión en estímulos y acompañamiento, la obligatoriedad de la secundaria y la instalación de los programas de conectividad para estudiantes y profesores de Formación Docente, que aseguren franquear la brecha digital y superar las barreras de distancia y extracción social componen una política integral que se refleja en el sostenimiento y aumento permanente de matrícula en el nivel terciario>
    Además, como parte de la estrategia de mejora continua de la calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la educación técnico profesional, se implementa la Red Federal de Institutos Superiores Técnicos para la Industria (147 institutos en las distintas provincias argentinas) en el marco del plan Estratégico 2020 del Ministerio de Industria de la Nación, con el propósito de formar técnicos y de favorecer transferencia tecnológica para la innovación en PyMES de sectores económico productivos prioritarios.

    La Educación Técnico Profesional en el nivel secundario y superior tiene como propósitos específicos (art. 7° de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional):

    - Formar técnicos de nivel secundario y superior en áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación para generar en las personas capacidades profesionales que son la base de esas competencias.

    - Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y alumnas, y a proporcionales condiciones para el crecimiento personal, laboral y comunitario, en el marco de una Educación Técnico Profesional continua y permanente.

    - Desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el trabajo, la investigación y la producción, la complementación teórico- práctico en la formación, la formación ciudadana, la humanística general, y la relacionada con campos profesionales específicos.

    - Desarrollar trayectorias de profesionalización que garanticen a los alumnos y alumnas el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes que les permita su inserción en el mundo del trabajo, así como continuar aprendiendo durante toda su vida.

    La formación profesional tiene como propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científicos- tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito económico- productivo (art. 8° de la Ley 26.058).

    Las instituciones de la modalidad de la Educación Técnico Profesional son de tres tipos (Res. CFE Nº 62/08 CFE, artículo 12), de acuerdo al nivel formativo al que corresponden. El sistema educativo responde a criterios federales, por lo que las instituciones dependen de las jurisdicciones provinciales y pueden asumir distintas denominaciones.

    • Instituciones de Educación Técnico Profesional de nivel secundario: escuelas técnicas, industriales, agropecuarias o de servicios.

    • Instituciones de Educación Técnico Profesional de nivel superior: institutos superiores, institutos tecnológicos, institutos de educación superior.

    • Instituciones de formación profesional: centros de formación profesional, escuelas de capacitación laboral, centros de educación agraria, misiones monotécnicas, escuelas de artes y oficios, escuelas secundarias que brindan formación profesional, escuelas de adultos con formación profesional.

    Tipo de Institución Gestión Estatal Gestión Privada Totales
    Totales 3.217 743 3.960


    CARRERAS O ESPECIALIDADES DE FORMACIÓN
    Cada jurisdicción define sus ofertas formativas y respectivas cargas horarias, pero siempre respetando las cargas horarias mínimas acordadas federalmente.

    La Educación Técnico Profesional de nivel secundario tiene una duración mínima de 6 años (Art 24, Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional) y está organizada en dos ciclos. Dado que en algunas jurisdicciones la educación de nivel primario tiene una duración de 6 o 7 años, el primer ciclo de la educación técnica puede tener una duración de 2 o 3 años. El segundo ciclo, en todos los casos, tiene una duración de 4 años.

    La Educación Técnico Profesional de nivel superior tiene una carga horaria mínima de 1600 a 2000 horas reloj, según lo establecido en los respectivos Marcos de Referencia, y una duración mínima de dos años y medio.

    La carga horaria de las ofertas de formación profesional inicial y de formación continua en el ámbito de la educación técnica está dada en función de las características de la propuesta formativa y del nivel de certificación correspondiente establecidos en los respectivos Marcos de Referencia.

    A nivel nacional, independientemente de las denominaciones otorgadas por cada jurisdicción a sus respectivas ofertas formativas, se establecen los siguientes títulos y certificados de la Educación Técnico Profesional (Resolución CFE N° 13/07):

    - Titulación técnica I: Que comprende a los títulos técnicos que corresponden al nivel secundario
    - Titulación técnica II: Que comprende a los títulos técnicos que corresponden al nivel superior
    - Certificados de Formación Profesional Inicial: Que comprende los Niveles de Certificación I, II y III
    - Certificados de Formación Continua en el ámbito de la Educación Técnica
    - Certificados de Formación Continua en el ámbito específico de la Formación Profesional
    - Certificados de Capacitación Laboral

    El reconocimiento a nivel nacional de los títulos y certificados en los términos mencionados anteriormente se desarrolla a través del proceso de homologación que está acordado federalmente por Res. CFE Nro. 261/06. Básicamente, el proceso de homologación consiste en el análisis de los diseños curriculares inherentes a titulaciones técnicas o certificados de formación profesional y su evaluación comparativa con un conjunto de criterios básicos y estándares relativos a dos aspectos relevantes: perfil profesional y trayectoria formativa prevista orientada a dicho perfil, indicados en los Marcos de referencia para cada uno de ellos, a efectos de establecer su correspondencia.

    SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
    En el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) funciona, desde el año 2008, el Sistema de Seguimiento de Egresados de Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario –SEGETP–. El mismo está conformado por tres componentes: Censo de alumnos que cursan el último año de secundario, Encuesta de inserción a una muestra de egresados recientes y Estudio de trayectoria profesional y educativa a los tres primeros años de concluido el secundario.

    A la fecha se ha concretado el Censo entre mayo y junio de 2009 y la Encuesta de inserción entre marzo y mayo de 2011. El estudio de trayectoria está planeado para el segundo semestre de 2013.

    Cabe señalar que en la primera parte del año 2011 se concluyó la publicación de resultados definitivos del CENUAETP 2009. Al respecto se editaron cuatro títulos: Metodología y resultados generales, Características sociodemográficas, Trayectorias escolares, Elección de estudios y expectativas juveniles

    De esta serie se han publicado en total 16.000 ejemplares (4.000 de cada título) que han sido entregados a todas las escuelas técnicas de nivel secundario de gestión estatal de la Argentina. Asimismo se han entregado ejemplares a organismos públicos vinculados con el análisis y el diseño de políticas educativas, así como a instituciones académicas y centros de investigación orientados al estudio de la educación técnica.

    Otra línea en estudio apuntaría a evaluar el impacto de los programas enfocados a asistir la terminalidad de los estudiantes que llegados al último año de educación técnica adeudan materias que le impiden acceder al título. Al respecto, en 2012 se hizo una encuesta vía web a estudiantes que declararon seguir adeudando materias para conocer el perfil de las asignaturas pendientes y las expectativas de concluir el nivel secundario.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 4, 3
    INCENTIVOS PARA EL INGRESO AL ESTUDIO DE CARRERAS TÉCNICAS

    Se desarrolla a nivel nacional el Programa de Becas Bicentenario para Carreras Científicas y Técnicas cuyo objetivo es fomentar el ingreso de jóvenes de bajos recursos al sistema educativo superior en carreras consideradas prioritarias por su carácter estratégico para el desarrollo económico y productivo del país, vinculadas a las ciencias aplicadas, las ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias básicas, y también incentivar la permanencia, mejorar el rendimiento académico y la finalización de estudios de grado y tecnicaturas. Los alumnos de las ofertas formativas de nivel superior de la ETP son beneficiarios de estas becas.

    Existen, además, políticas nacionales destinadas a apoyar el ingreso, permanencia y egreso de la escolaridad obligatoria para todas las modalidades educativas, incluyendo la técnica, como son la Asignación Universal por Hijo (Decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo Nacional) y el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios del Ministerio de Educación de la Nación.

    Por otra parte, el Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional contempla dentro de sus líneas de acción la de estrategias para la igualdad de oportunidades. Esta línea está orientada principalmente a proyectos que contemplen acciones específicas –becas estímulo, tutorías, orientadores, equipamiento de residencias o albergues estudiantiles- para garantizar el acceso, permanencia y completamiento de los trayectos formativos de en la ETP para los jóvenes en situación de riesgo social o con dificultades de aprendizaje (Res. CFE N° 62/08).


    DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO DE LOS DOCENTES

    Programa de Formación Docente Inicial para la Educación Técnico Profesional

    El INET coordina la elaboración e implementación del Profesorado para la Educación Técnico Profesional (ETP). Está dirigido a los técnicos medios y superiores, y a los profesionales universitarios de carreras de grado afines a la ETP que se desempeñan actualmente en escuelas técnicas e institutos técnicos superiores o aspirantes a ingresar en esa carrera docente de aquellas especialidades que ya tienen marcos de referencia homologados por el Consejo Federal de Educación.

    El Programa se enmarca en los artículos 29 y 30 del Capítulo IV “Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional” de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, y fue aprobado por la Resolución CFE 64/08.

    El Plan de Estudios fue aprobado por las Res. CFE N° 63/08 y su ampliatoria la Res. CFE N° 147/11. El título que se otorga es el de Profesor de Educación Secundaria de la modalidad Técnico Profesional en concurrencia con el título de base.

    Al ser requisito para la inscripción presentar título técnico secundario, superior o de grado universitario afines a las especialidades de la ETP mencionadas más arriba, el cómputo total de horas incluye la cantidad total de horas que está presente en este plan de estudios más las presentes en el título de base, lo que sobrepasa el requerimiento de las 2600 horas reloj para esta titulación.

    Objetivos

    - Calificar a los directivos y docentes de las instituciones de ETP en el marco de los instrumentos para la mejora continua de la calidad de la ETP, previstos por la Ley 26.058.

    - Instalar en el ámbito de la Formación Docente una oferta curricular de nivel superior que contemple los requerimientos de formación de los diversos perfiles docentes de la ETP.

    - Mejorar las condiciones para la carrera docente de los técnicos y profesionales que se encuentran insertos en el sistema, garantizando el libre tránsito académico y laboral de sus alumnos y egresados.

    Finalidad

    -Ofrecer un título docente específico para la ETP, que permita acceder a un conjunto de saberes, habilidades y estrategias provenientes de otros campos disciplinares (Pedagogía, Sociología, Historia, Psicología, Política Educativa, entre otras) imprescindibles para una mejor comprensión del hecho educativo y sus características socio históricas, culturales, políticas y económicas y en su dimensión sistémica, institucional y áulica.

    - Crear las condiciones académicas e institucionales que permitan revisar y validar la experiencia adquirida en la práctica educativa, ampliando la comprensión y reflexión en función de nuevos marcos teóricos y el acompañamiento y la valoración experta de otros profesionales.

    - Completar la formación específica recibida en su título de base, a través de trayectos de actualización científico tecnológica brindados por las universidades, que permitan una actualización correlativa en los contenidos de los planes de estudio de las ofertas formativas profesionalizantes.

    - Enriquecer la formación pedagógica en lo que refiere a la comprensión de la dimensión institucional y política de la ETP, la complejidad en la formación del egresado y a las relaciones que la vinculan con el sector socio-productivo en general y con las necesidades y particularidades de su entorno local y regional.

    Implementación

    Las provincias iniciaron la implementación de este Programa a comienzos de 2009 y se fueron incorporando paulatinamente. Simultáneamente, la lectura de demandas de los docentes de ETP motivó la decisión de las respectivas provincias para tramitar el inicio de segundas y terceras cohortes.
    Financiamiento

    El programa se financia con recursos provenientes del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y/o en combinación con recursos jurisdiccionales.

    Contempla:

    - El financiamiento de las horas docentes (presenciales y proporcionales para atender requerimientos de semi presencialidad).

    - Los viáticos de cursantes y docentes para el cumplimiento de sus obligaciones presenciales (exclusivamente para los docentes en ejercicio).

    - La elaboración e impresión de materiales: revistas, libros, fichas de cátedra y material didáctico producido por el INET, las jurisdicciones y/o los IFD.

    - Los honorarios para el personal académico y administrativo necesario en los IFD involucrados.

    - La adquisición de bibliotecas especializadas ad hoc para los IFD involucrados por la jurisdicción.
    Anexos Programa de Formacion Docente Inicial
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 4, 3
    Principales acciones de inclusión y desarrollo profesional docente para todo el país del Instituto Nacional de Formación Docente:

    En relación a la inclusión educativa en el nivel terciario, el INFD lleva otorgadas 68100 Becas para el estímulo al ingreso a la Formación Docente en estudiantes de bajos recursos, para los ingresantes a carreras de Ciencias y para estudiantes de Pueblos Originarios. Asimismo, en las tareas relacionadas con la participación de las y los jóvenes en situación de desigualdad geográfica ha estimulado la creación de Institutos Superiores en zonas de frontera, rurales de difícil acceso y enclavadas en poblaciones del interior profundo en todo el país.

    Las acciones de formación continua que se enuncian seguidamente están dirigidas a docentes de Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) y se conciben desde la perspectiva del desarrollo profesional.

    Proyectos jurisdiccionales de desarrollo profesional. Es una propuesta en la que se trabaja en forma colaborativa con las autoridades de nivel superior de las jurisdicciones para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo profesional docente centrados en la escuela. Estos proyectos se orientan a construir con los docentes de los distintos niveles y modalidades del sistema, abordajes teóricos y estrategias de acción para superar desde la enseñanza, las problemáticas educativas detectadas por cada una de las jurisdicciones.

    Acompañamiento a docentes noveles. Propuesta centrar en apoyar a los docentes que comienzan a ejercer su trabajo. Tiene como objetivo propiciar acciones de acompañamiento a los docentes que inicien su actividad profesional con miras a institucionalizar un sistema de acompañamiento profesionalizante.

    Ciclos de desarrollo profesional están compuestos por diversas actividades donde se focalizan aspectos temáticos relacionados con la experiencia docente de los profesores que participan y con su desempeño actual o futuro.

    Alfabetización inicial en el primer ciclo de la primaria. En este ciclo se analizan los marcos curriculares, los aportes de la didáctica de la lengua y distintos materiales que permitan tomar decisiones razonadas para formar maestros capaces de seleccionar y secuenciar los contenidos del área para el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, así como gestionar su enseñanza; se Interpretan prácticas alfabetizadoras que se desarrollen en las escuelas y propuestas de líneas de desarrollo profesional para contextos específicos que se gestionen desde el ISFD.

    Análisis de las prácticas de enseñanza de matemática en la escuela primaria. Este ciclo busca constituir una visión más profunda de la escuela primaria a partir de considerarla objeto de estudio y abordarlo en un trabajo compartido con otros colegas, utilizando y elaborando herramientas de análisis que puedan ser incorporadas a su tarea formadora, definiendo interrogantes, problemas a estudiar y seleccionando estrategias de indagación y tratamiento de datos pertinentes.

    Acompañamiento pedagógico virtual. Este ciclo consiste en la instalación de un espacio virtual destinado a que directivos y docentes de diversas disciplinas de Institutos Superiores de Formación Docente, analicen sus prácticas de enseñanza y conducción, de modo colectivo y con el apoyo de la coordinación.

    Posgrados y Stages se desarrolla una oferta coordinada de formación docente continua que apunta a mayores grados de profesionalidad, partiendo de las necesidades del sistema educativo, incluyendo modalidades pedagógicas diversificadas y de impacto en las escuelas.

    Visitas nacionales e internacionales propuestas que brinda a los docentes la posibilidad de asistir a congreso, conferencias y seminarios internacionales y, de intercambiar experiencias pedagógicas entre los ISFD de las distintas jurisdicciones.

    Postítulo. La oferta de postítulos federales docentes tiene como objetivo principal brindar a los docentes una formación post-inicial coherente, estructurada y que apunte al mejoramiento de la calidad educativa:
    - Especialización docente de nivel superior en educación rural para el nivel primario.
    - Especialización docente de nivel superior en educación en contextos de encierro.
    - Especialización docente de nivel superior en educación y TIC para nivel secundario, modalidad especial y formación docente.
    - Acciones formativas virtuales. Oferta virtual de formación continua sobre uso pedagógico de las TIC.

    POLÍTICAS de ARTICULACIÓN UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

    - Trabajo conjunto entre profesores de las universidades y de los institutos superiores de formación docente en políticas curriculares, de desarrollo profesional y de investigación

    - Elaboración de documentos sobre qué debe comprender sobre su disciplina y qué experiencias formativas debe atravesar un futuro profesor de educación secundaria. Dichos documentos constituyen insumos para la elaboración de diseños curriculares y estándares,

    - Planificación de políticas de formación continúa para ambos subsistemas, en formatos virtuales y presenciales para la enseñanza de las disciplinas.

    - Diseño y desarrollo de investigaciones sobre temáticas relevantes para ambos subsistemas
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 36
    El Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia, firmado por los Ministros en ocasión de la Quinta Reunión de Ministros de Educación (noviembre de 2007), planteó el objetivo de aumentar la cobertura de educación de calidad a la primera infancia, de acuerdo a las realidades de cada Estado Miembro con un objetivo a largo plazo de universalizar su atención integral.

    En ese sentido, la República Argentina se comprometió a llevar del 95% al 100% de la tasa neta de escolarización del tramo obligatorio del nivel inicial (sala de 5 años) para el año 2015, y aumentar la cobertura del resto del nivel, con especial atención a los sectores más desfavorecidos y zonas rurales dispersas.

    Asimismo, según las metas comprometidas por la República Argentina para el 2015 en materia de cobertura, se estima que la tasa de escolarización de nivel inicial para la franja etárea de 3 a 5 años pase del 67,2% al 75,5% .

    En materia de política para cumplir con las metas comprometidas, se prevé ampliar la cobertura en los ámbitos urbano y rural, priorizando a los niños de sectores más vulnerables, e incorporando modelos organizacionales que permitan responder más adecuadamente a las especificidades del contexto como salas que agrupan a niños de diferentes edades en un mismo espacio (salas multiedad), en el ámbito rural.

    Respecto de las acciones destinadas a la mejora de la calidad de la educación ofrecida por las instituciones que brindan educación inicial se destina un monto significativo de recursos al equipamiento con bibliotecas y juegotecas, recursos didácticos y pedagógicos, y acciones de capacitación docente.

    Asimismo, el cumplimiento de la ampliación de la cobertura incluye brindar respuesta a las necesidades de infraestructura (aulas y edificios), servicio alimentario y salarios docentes.

    Para los niños y niñas que pertenecen al grupo de edad de 0 a 2 años las acciones están orientadas a fortalecer la articulación con otros organismos gubernamentales especialmente el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, Municipios y organizaciones sociales, para asegurar la finalidad educativa de los servicios provistos.

    Cabe destacar que la República Argentina ha logrado este año la cobertura universal de la educación primaria, y lleva a cabo medidas y políticas a fin de mejorar su calidad.

    En tal sentido, se brinda especial atención a la trayectoria de los alumnos para dar respuesta a los problemas de repetición y abandono, fundamentalmente de los niños/as más desfavorecidos, cuestión para la cual se contemplan mejoras en las condiciones sociales, materiales y pedagógicas de los estudiantes no escolarizados, en riesgo de abandono y con sobreedad.

    Para ello, una de las acciones prioritarias, se refiere al financiamiento de iniciativas pedagógicas destinadas a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de propuestas elaboradas desde las propias escuelas. En 2010 se está ampliando la cobertura de este financiamiento a 3800 escuelas primarias y 200 escuelas especiales, lo que representa el 50 % de las escuelas urbanas del país, y el 100% de las escuelas que reciben niños y niñas en condición de vulnerabilidad.

    De modo complementario y para promover una mayor inserción de los alumnos en el sistema, se están desarrollando una política de creación de Centros de Actividades Infantiles (CAI), destinados por un lado a fortalecer las trayectorias escolares acompañando a los niños y a las niñas que requieren de mayor apoyo para acceder y/o completar sus estudios, y por otro, promover actividades que fortalezcan el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad. A esto se suma la conformación de orquestas infantiles, entre otros.

    En términos materiales, también en materia de acompañamiento de las trayectorias escolares, se lleva adelante una política de dotación de recursos (becas, Asignación Universal por Hijo, útiles, material didáctico, servicios alimentario, apoyo a la movilidad, entre otros).

    En relación a los esfuerzos para evaluar el avance educativo en el país, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, es la unidad del Ministerio de Educación de la República Argentina responsable de:

    • el desarrollo y la sustentabilidad del Sistema Federal de Información Educativa;
    • las acciones de evaluación del sistema educativo nacional;
    • el diseño y desarrollo de investigaciones vinculadas con la formulación de las políticas educativas.

    Su misión es brindar información oportuna y de calidad para la planificación, gestión y evaluación de la política educativa y facilitar el acceso a la información pública.

    En tanto parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN), produce, analiza y difunde información sobre diferentes aspectos del sistema educativo nacional, con excepción del nivel universitario, y desarrolla investigaciones orientadas a mejorar su calidad y equidad.

    Esta información resulta no sólo un insumo para la toma de decisiones a nivel del diseño de políticas educativas, sino que constituye un elemento valioso para mejorar la gestión institucional, las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los alumnos.

    Los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) se llevan a cabo periódicamente en las 24 jurisdicciones del país desde el año 1993. Son planificados, coordinados e implementados por el Área de Evaluación de la Calidad Educativa de la DINIECE con la colaboración de cada una de las jurisdicciones.

    3 Relevamiento Anual de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 2007 (DINIECE), Ministerio de Educación de la Nación. Estimaciones realizadas en el año 2010 sobre la base del Relevamiento Anual de Matrícula 2007 DINIECE/SE/ME y proyecciones de Población INDEC.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 37
    Si bien la Argentina presenta una tasa neta de escolarización del nivel secundario de 80,6% según los datos del último relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, el Ministerio de Educación de la Nación se encuentra actualmente encarando un proceso de transformación de la educación secundaria como respuesta a la extensión de la obligatoriedad hasta la finalización del ciclo superior, establecida por la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Para ello se ha establecido una serie de medidas que se irán implementando a lo largo de los próximos años de modo de lograr que todos los jóvenes, adolescentes y adultos que no hayan concluido el nivel en la edad estipulada, puedan concluir sus estudios secundarios en igualdad de condiciones respecto del acceso al conocimiento.
    Para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria respecto de la tasa se están aplicando las siguientes medidas:

    Planeamiento estratégico de la oferta de nivel secundario:

    a. Ampliación de cobertura
    b. Rediseño de la oferta curricular
    c. Ampliación, refacción y creación de nuevos edificios
    d. Cobertura de cargos
    e. Equipamiento y mobiliario
    f. Ayuda para la movilidad, útiles y textos escolares, equipamiento informático y multimedia
    g. Concesión de becas y asignación universal por hijo


    Gestión del nivel secundario:

    a. Seguimiento de las trayectorias escolares de los alumnos que incluye acciones referidas a:
    - sistemas de tutorías y acompañamiento a los estudiantes
    - espacios formativos extra-clase.
    - articulaciones entre niveles y ciclos.
    b. Propuesta escolar y organización institucional desarrollando políticas de enseñanza para renovar las propuestas pedagógicas de las escuelas mediante variados itinerarios, formatos y espacios curriculares.
    c. Formación inicial y continua de los docentes de nivel secundario, dando prioridad en las líneas de formación continua, a los docentes cuyas escuelas estén incluidas en los Planes de Mejora (trayectos para directores y tutores, proyecto de capacitación multimedial en ciencias sociales y naturales y todas aquellas acciones que la provincia estime pertinente).
    d. Organización de un ciclo de formación específico para aquellos docentes a quienes se le asignen horas institucionales para la implementación del Plan de Mejora.
    e. Acompañamiento al proceso de diseño, implementación y evaluación de los Planes de Mejora Institucionales de las escuelas secundarias.
    f. Adecuación de la normativa que regula la relación entre la provincia y las instituciones, y las prácticas institucionales referidas a las trayectorias escolares a efectos de favorecer una educación de calidad para todos.

    En lo que se refiera a los grupos más vulnerables y aquellos con necesidades educativas especiales, desde el Ministerio se llevan a cabo las siguientes acciones:

    a. conseguir que el porcentaje de niños y niñas indígenas sea al menos igual a la media del alumnado escolarizado en la educación inicial, primaria y secundaria básica mediante la ampliación de la oferta en contextos educativos con presencia de población indígena, la inclusión en la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, y la realización de tutorías. Además, a través de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación en colaboración con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se otorgan becas destinadas a promover el derecho a la educación de adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a comunidades indígenas. El objetivo es reducir los niveles de abandono y repitencia, y facilitar el ingreso, la permanencia y la promoción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeducativa.

    b. en el marco de las políticas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y para garantizar la calidad y pertinencia de la educación de los alumnos de los pueblos originarios, se financian actualmente cerca de 400 proyectos pedagógicos institucionales, política que se ampliará en 2010 hasta alcanzar 650 proyectos. Para el 2015 del total de escuelas cuya matrícula indígena representa al menos el 50% del total, se espera que 8 de cada 10 escuelas contemplen en su Proyecto Institucional el enfoque educativo de EIB. Además se desarrollan acciones de: producción, edición e impresión de material didáctico dirigido principalmente a la enseñanza de las lenguas y de las áreas curriculares; incorporación de maestros de lengua y cultura indígena en sintonía con la creación de un Postítulo en EIB y la inclusión de módulos de EIB en los Postítulos de Educación Rural, destinados a garantizar a estas minorías el pleno ejercicio del derecho a la educación.

    c. Respecto de los alumnos y alumnas con necesidades educativas provenientes de discapacidades transitorias o permanentes, la Argentina destina importantes esfuerzos orientados a la integración de estos alumnos y alumnas al sistema de educación común, nivel que se pretende elevar desde el 50% actual hasta alcanzar el 80% del universo total para el 2021. El mayor problema se encuentra en poder garantizar el ingreso en la edad correspondiente y la terminalidad de dichos estudios para esta población. Para garantizar que quienes asisten a instituciones de educación especial logren una mayor calidad en los aprendizajes en condiciones equivalentes al resto del sistema, en el marco del Programa “Conectar.igualdad.com.ar” en 2010 se prevé adquirir computadoras portátiles para todos los alumnos que reciben educación especial en todos los niveles educativos.

    4 Fuente: Relevamiento anual de DINIECE 2006, Ministerio de Educación de Nación.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 38
    Respecto de la educación terciaria, la República Argentina presenta una tasa neta de escolarización del nivel terciario (universitario y no universitario) del 26,4% .

    Nuestro país promulgó en el año 2005 la Ley de Educación-Técnico Profesional (Ley 26.058) con el objetivo de regular y ordenar la Educación Técnico Profesional en el nivel medio y superior no universitario del Sistema Educativo Nacional y la Formación Profesional.

    Esta ley se aplica en toda la Nación en su conjunto, respetando los criterios federales, las diversidades regionales y articulando la educación formal y no formal, la formación general y la profesional en el marco de la educación continua y permanente.

    Se pretende así mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico-profesional a las demandas laborales y aumentar los niveles de inserción laboral de los jóvenes.

    La política en este sentido se orienta a la conformación de un Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones que permitan detectar necesidades de formación en el mundo productivo, a partir del trabajo en Foros intersectoriales. En este marco es el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) quien, a través del Programa de Formación Profesional, impulsa la conformación de Redes Sectoriales de Formación Profesional con el objetivo de contribuir tanto al fortalecimiento integral de las instituciones que brindan este tipo de formación, como a una mejor vinculación de las mismas con el sector productivo. De esta manera es posible dar respuesta a las necesidades de calificación de la mano de obra, incidir en el aumento de productividad de la economía y ayudar a la inserción laboral de la población desempleada.

    La Ley 26.058 también crea un Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional al que el Gobierno Nacional financia con un 0,2% del PBI. Dicho Fondo estableció el Programa de Mejora Continua de la Calidad de las Instituciones de Educación Técnica Profesional que se encuentra en su quinto año de ejecución. Este programa se desarrolla a partir de planes de mejora, jurisdiccionales e institucionales, relativos a diferentes dimensiones: formación y capacitación docente, vinculación con sectores socio-productivos y de ciencia y tecnología, acondicionamiento y refacción edilicia, higiene y seguridad, conectividad, bibliotecas especializadas y equipamiento.

    En relación a la formación docente, el ámbito responsable es el Instituto Nacional de Formación Docente, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación y su creación fue dispuesta por la Ley de Educación Nacional (26.206/06) .

    Para estimular la elección y permanencia de alumnos que evidencien buen rendimiento académico y compromiso con los estudios en carreras de formación docente inicial y apoyo a la práctica docente en residencias pedagógicas, se prevén estrategias encaminadas a promover el mejoramiento de las condiciones de ingreso.

    Respecto del desarrollo curricular, todas las jurisdicciones han adecuado en 2009, sus planes de estudio, ampliando a cuatro años la duración de las carreras según lo establecido por la legislación.
    Para asegurar el derecho a una formación de calidad a todos los estudiantes, se promueve la articulación entre la formación general y la específica, propiciar experiencias de innovación de la enseñanza en las escuelas, la investigación y la experimentación pedagógica para el mejoramiento de las prácticas docentes.

    Las necesidades resultantes de los cambios sociales y culturales, el desarrollo del sistema educativo y los aportes del pensamiento educacional contemporáneo, hacen de la formación docente un proceso permanente y de larga duración. El principal obstáculo para consolidar el desarrollo profesional pasa por su escasa planificación, monitoreo y evaluación, problema para el cual se busca desarrollar ofertas coordinadas entre las jurisdicciones, que aseguren mayores grados de profesionalidad y atiendan las necesidades del sistema educativo, incluyendo modalidades pedagógicas diversificadas y de impacto en las escuelas, y ampliar la cobertura de los programas de postítulo para los profesores de los institutos de formación docente.

    Con relación a la mejora y expansión de la alfabetización, en nuestro país el porcentaje de la población alfabetizada al año 2010 es del 98%.

    En el marco de la Década de la Alfabetización 2003-2012 declarada por las Naciones Unidas, el Ministerio de Educación dio lugar al Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos. El Programa está dirigido a todas aquellas personas, jóvenes y adultas analfabetas, mayores de 15 años, incluyendo a la población de los servicios penitenciarios.

    Los alfabetizadores son voluntarios, integrantes de organismos del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de agrupaciones barriales, de institutos de formación docente, del estudiantado universitario, docentes, etc.

    En materia de cobertura se implementa desde 2008, una línea de acción fundamental para la finalización de estudios primarios y secundarios, destinado tanto a jóvenes y adultos mayores de 18 años que terminaron de cursar el último año de la educación secundaria (bachiller, técnica, comercial, polimodal, de adultos) y adeudan materias, como a los jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la primaria o la secundaria, así como el Programa Nacional de Alfabetización.

    La Argentina contempla garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades e incrementar su participación en programas de formación continua presenciales y a distancia.

    Sobre los conocimientos básicos de las ciencias, nuestro país promueve líneas de acción permanentes vinculadas sobre todo a la promoción y valorización del conocimiento científico para el nivel primario. Además, se viene desarrollando una línea de acompañamiento didáctico al docente situado en la escuela para fortalecer la enseñanza de las ciencias que se espera se extienda a todas las provincias con una incorporación gradual de docentes y profesores acompañantes.

    Respecto de la Educación Secundaria, los nuevos acuerdos alcanzados en el marco de la política de transformación de la educación secundaria se orientan a lograr una reducción de las disciplinas actualmente existentes en los Planes de Estudio para concentrar en diez disciplinas únicamente, con especial énfasis en Matemática, Lengua, Ciencias y Lengua Extranjera.

    6 Cabe señalar que en la Argentina las Instituciones a cargo de la formación docente dependen de las Provincias que determinan la regulación en el marco del Consejo Federal de Educación. El sistema no funciona en base a un proceso de acreditación previa de instituciones.
    • Recursos Relacionados
    ARGENTINA- INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMERICAS
    Programa de Formación Docente Inicial
    Programa de Formación Docente Inicial II
  • Empleo
    Ministeriales
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 13
    3. ACCIONES EN MATERIA LABORAL
    Plan Integral de Empleo Más y Mejor Trabajo
    El punto 2 contiene las acciones que el Gobierno argentino llevó adelante en materia laboral durante el período 2012-2013 en línea con los mandatos previstos en los párrafos 15, 16, 18, 20 y 21 de la Declaración de Compromiso de Puerto España (V Cumbre de las Américas) y en los párrafos 7, 13 y 16 de los Mandatos Derivados de la Sexta Cumbre de las Américas.
    En el marco del Plan Integral Más y Mejor Trabajo se continúan profundizando las líneas de trabajo tendientes a promover la inserción laboral de trabajadores desocupados en empleos de calidad.
    Para lograrlo, el ministerio impulsa políticas activas que, en el marco del proceso de recuperación económica, favorezcan la creación de empleo genuino y la transformación de programas asistenciales en políticas de integración social y productiva de la población desocupada.
    Entre las políticas más destacadas del Plan, se detallan las siguientes:
    o
    Consolidación de la Red de Servicios de Empleo
    Objetivo: Fortalecer el servicio público y gratuito a la población con problemas de empleo. Que el Estado municipal, con el apoyo del Estado Nacional, brinde servicios para mejorar las condiciones de acceso al empleo de las personas. Proveer de una adecuada atención, a través de servicios de calidad, a personas desocupadas o con problemas de empleo, para favorecer su inserción laboral o incrementar sus condiciones laborales.
    Durante el año 2013 se pusieron en funcionamiento 52 nuevas oficinas de empleo. De las cuales 35 son unidades de empleo en municipios de menos de 10 mil habitantes.
    De esta manera, se encuentran instaladas un total de 568 oficinas de empleo distribuidas en todas las provincias del país. Las mismas cubren el 84% de los habitantes del país, siendo atendidas en ellas más de 1,8 millones de personas.
    o
    Seguro de Capacitación y Empleo
    Objetivo: Es un esquema integrado de prestaciones por desempleo no contributivo para apoyar a las personas con la búsqueda activa de un empleo adecuado, con la actualización de sus competencias laborales y la inserción en empleos de calidad. Este esquema integra una prestación monetaria no remunerativa con herramientas de política activa de empleo para la inserción laboral y el reconocimiento de antigüedad computable para el otorgamiento de la jubilación.
    En su inicio, durante el año 2006, la prioridad de acceso la tuvieron los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJH), en años sucesivos se abrió el ingreso a personas privadas de libertad en proceso de liberación y a los padres de niños que el Ministerio de Educación detectó que estaban en situación de trabajo infantil para revertir dicho contexto, entre otras poblaciones. También se incorporaron otros colectivos de trabajadores desocupados entre los que se cuentan las personas víctimas de trata y aquellas que se encuentran en uso y egreso de sustancias psicoactivas.
    Desde su inicio hasta la actualidad, 511.600 personas transitaron por este instituto, que se gestiona a través de 369 Municipios de todo el país. Durante los años 2012 y 2013 la cantidad de participantes fue de 226.752 y 166.355, respectivamente.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 13
    Formación para el Trabajo
    Objetivo: Incrementar la empleabilidad de las personas a través de la certificación de educación formal de adultos (CEF) y de la formación profesional (FP). Conformar ámbitos de concertación entre distintos niveles del Estado y otros actores para la toma de decisiones y la gestión de los servicios de formación de adultos. Facilitar el acceso de la población destinataria a los servicios de formación y la apertura de éstos al mundo del trabajo.
    Para el período 2003-2013, la cantidad de personas que participaron en este tipo de acciones asciende a más de 1.651.000.
    o Formación con Equidad para el Trabajo Decente
    Objetivo: El Programa procura mejorar la empleabilidad de las personas de bajos ingresos, y/o en condiciones de precariedad laboral, a través de la formación de calidad y en articulación con orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo. Se propone además, profesionalizar y jerarquizar, con criterios de equidad, a las ocupaciones tradicionalmente desvalorizadas y asociadas a tareas realizadas por la mujer en el ámbito doméstico. Promueve a su vez, desde una perspectiva de género, la inclusión de personas de ambos sexos en las ocupaciones del sector de los servicios así como el Trabajo Decente y los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, en vinculación con diversos ámbitos de política educativa.
    o
    Gestión Territorial
    En el marco del desarrollo de políticas activas de empleo llevadas adelante por la Secretaría de Empleo, mediante la articulación de distintas políticas públicas instrumentadas por el MTEySS, se llevan adelante Acuerdos Territoriales de Promoción del Empleo.
    Las líneas a través de las cuales se canalizan los mencionados acuerdos son las siguientes:

    1 - Fortalecimiento de capacidades institucionales locales.
    2 - Acciones preparatorias y/o propuesta territorial.
    Esta herramienta contempla la elaboración del Documento Base de Análisis Territorial, y diversas acciones que disponen al territorio para el desarrollo integral de políticas de empleo.
    Formalización de empresas y trabajadores
    Dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la Dirección Nacional de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, la encargada de controlar el cumplimiento de las leyes laborales.
    El principal objetivo es lograr la inclusión laboral de aquellos trabajadores contratados irregularmente por medio de la inspección del trabajo.
    Logros de la gestión:
    - Fiscalización de establecimientos en todo el territorio nacional
    - Detección de trabajadores no registrados
    - Regularización de trabajadores no registrados por acción inspectiva

    A partir de septiembre del año 2.003 el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), procura combatir el trabajo no registrado y verificar la debida protección social, incorporando al sistema de la seguridad social a los trabajadores excluidos, buscando que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación.
    A estos fines, resulta fundamental la labor fiscalizadora de los inspectores, quienes a lo largo de los diez años de gestión del MTEySS (ver Tabla 1), en el marco del PNRT, inspeccionaron más de 1.210.000 de establecimientos. Gracias a dicho denuedo, logramos relevar a más de 3.600.000 trabajadores, mejorando de este modo las condiciones laborales de cada uno de ellos.

    A partir del año 2.005 este MTEySS adoptó un nuevo procedimiento en relación a los indicadores del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), por lo que los resultados que aquí mostraremos se encuentran comprendidos a partir de dicho período.

    Gracias al trabajo de los fiscalizadores, el PNRT logró llegar a cada una de las Provincias, repartiendo dicho esfuerzo tanto entre aquellas con mayor población y grandes centros urbanos, como así también entre las zonas más alejadas y con mayores necesidades. Del mismo modo, la asignación de dicha labor (ver Tabla 2) tiene en cuenta tanto la distribución de la población como así también la actividad económica, a fin de lograr una adecuada presencia de la inspección del trabajo en todo el territorio nacional.

    El objetivo de las fiscalizaciones es encontrar trabajadores no registrados en su lugar de trabajo, logrando a través de dicha labor la regularización de los mismos. La detección de trabajadores no registrados (TNR) hace referencia a los trabajadores relevados que se ha constatado en los registros del SIPA9 y de Mi Simplificación10 que no han sido declarados por los empleadores a los que prestan sus servicios11. El porcentaje de TNR resulta de dividir los trabajadores no registrados por el total de trabajadores a los que se ha verificado su condición en SIPA y Mi Simplificación, división que luego se multiplica por cien. Es decir, este porcentaje muestra la proporción de detección de TNR. El indicador de TNR refiere a la no recepción del descuento jubilatorio correspondiente.
    En este sentido, durante estos diez años de gestión (ver Gráfico 1), el MTEySS detectó casi a 1.000.000 de trabajadores sin registrar, lo que implica que prácticamente 3 de cada 10 trabajadores se encontraban fuera del sistema. Del mismo modo, podemos apreciar un paulatino aumento tanto respecto a la detección de trabajadores no registrados, como así también sobre el porcentaje de TNR, mostrando una mayor focalización en la tarea, logrando pasar de los 70.291 trabajadores no registrados y %TNR del 22.6 alcanzada durante los primeros años del PNRT a los actuales 104.633 (indicador que sufrirá un aumento durante los meses que restan para finalizar el año) y %TNR del 34.1%.

    En sintonía con lo mencionado en el punto anterior, la regularización por acción inspectiva (RAI) hace referencia a los trabajadores que han obtenido la Clave de Alta Temprana (CAT). En el marco del PNRT se sanciona la falta de CAT. El monto de la multa se reduce sensiblemente si el empleador tramita la CAT del trabajador que se constató que carecía de la misma con fecha igual o anterior al momento de relevamiento. Para verse beneficiado con la reducción en el monto de la multa el empleador debe informar el Alta Temprana en Mi Simplificación antes de presentarse a la Audiencia de Descargo. Se considera con CAT regularizada por acción inspectiva a aquellos trabajadores que habiéndose constatado la falta de CAT al momento de la inspección se la han tramitado en un plazo anterior a la audiencia de descargo y con fecha igual o anterior a la de relevamiento. Esto significa que la observación de la situación de registración de los trabajadores relevados se realiza desde la fecha de relevamiento y hasta la fecha de la audiencia de descargo, ya que son estos los plazos que inciden en el monto de las multas. La CAT es la puerta de entrada al Sistema de la Seguridad Social para todo trabajador.
    A efectos de cálculo resta señalar que la detección de la falta de CAT se efectúa en un primer proceso de verificación ante las bases de registro ya mencionadas. Sin embargo el resultado definitivo de la regularización se obtiene luego de la segunda verificación, la cual se realiza inmediatamente después de la audiencia de descargo. Es decir, el porcentaje de trabajadores con CAT regularizada por acción inspectiva surge de dividir el total de trabajadores con las mencionadas características sobre el total de trabajadores con CAT irregular detectados con el proceso de segunda verificación cerrado, por cien.
    Podemos notar cómo (ver Gráfico 2) fue aumentando tanto la cantidad como así también el porcentaje de trabajadores regularizados, pasando de los 18.296 trabajadores regularizados y una RAI del 31.8% durante el primer año del PNRT a los más de 48.000 trabajadores proyectados para el fin del período y RAI del 44.9% logrados en este año. Estos datos muestran cómo desde le MTEySS, se logró la regularización de casi 350.000 trabajadores promediando la RAI acumulada un 39%.

    Cooperación internacional:
    El uso de tecnologías aplicado a la inspección (expediente digital/inspector digital, utilización coordinada de bases de información entre distintas áreas del Estado Nacional-MTEySS, AFIP y Anses), los sistemas de seguimiento y control que implican una auto-auditoría de nuestros procesos han despertado el interés de algunos países latinoamericanos (Chile, Brasil, Trinidad y Tobago, entre otros) a quienes hemos recibido para que conozcan los avances que hemos realizado.

    Trabajo registrado móvil:
    El Ministerio de Trabajo de la Nación continúa su recorrido en el marco de la campaña de asesoramiento y difusión “Trabajo Registrado Móvil”.
    Cuanta con dos unidades móviles (vans) equipadas con la última tecnología que les permite funcionar como “oficinas móviles” en cualquier parte del país.
    En ellas recorren el país un equipo de profesionales capacitados para evacuar dudas referidas a la registración laboral.
    Este nuevo servicio tiene como objetivo profundizar la lucha contra en trabajo no registrado en todo el país y marcar presencia en lugares donde nunca hemos llegado. Los interesados (trabajadores y empleadores), pueden asesorarse sobre los pasos a seguir a la hora de registrar a un trabajador, realizar trámites, denuncias, etc.
    Además, se informa acerca de los beneficios de la registración de trabajadores de casas particulares (servicio doméstico), cómo se realiza el trámite, su escala salarial y las condiciones mínimas de labor.
    En el caso de trabajadores que no cuenten con obra social, no tengan aportes jubilatorios, ni vacaciones, podrán acercarse a nuestra unidad móvil donde nuestros inspectores le tomarán la denuncia correspondiente.

    Parte 1/2
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 13
    Seguimiento y Control de la Inspección:
    En el marco de la Certificación de normas ISO 9001 y a fin de mantener activo el sistema de gestión de calidad la Dirección de Seguimiento y Control realizó 38 auditorías internas en la Delegaciones Regionales de la Secretaría de Trabajo a fin de constatar el correcto funcionamiento de los sistemas de inspección y la aplicación de los respectivos procedimientos.

    Respecto de los controles en las tareas de campo en la labor inspectiva se realizaron 18 operativos de refiscalización a lo largo de todo el país con el fin de constatar el adecuado proceder de los inspectores visitándose 1512 establecimientos en los cuales se realizó una inspección y una encuesta de calidad.

    Se destaca como resultado positivo una buena imagen del ministerio en más del 90% de los casos.
    Finalmente resulta indispensable resaltar que en el transcurso del año 2013 se ha logrado afianzar la utilización de la herramienta del inspector digital llegando a más del 90% de uso a nivel país. Esto ha logrado el menor tiempo de tramitación de los sumarios desde el inicio del Plan Nacional de Regularización del Trabajo. El promedio 2013 desde el acto inspectivo hasta la aplicación de la sanción es de 51 días corridos.

    Parte 2/2
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 13
    Sistema de Protección y Promoción Social
    Argentina es uno de los países que, con la aplicación de respuestas políticas tempranas ante la crisis económica, mostró la determinación política de incorporar objetivos sociales en las estrategias de recuperación económica. El país logró superar los efectos derivados de la crisis financiera y económica internacional de 2008-2009 y se encuentra en adecuada posición para enfrentar las eventuales consecuencias de la actual volatilidad mundial.
    Ello posibilita realizar una asignación selectiva de los gastos primarios destinados prioritariamente a las acciones a favor de la seguridad social, incluida la movilidad provisional y la seguridad social; la educación, ciencia y tecnología; y la inversión en infraestructura económica y social; la promoción y protección social.
    El crecimiento y la solidez macroeconómica se alcanzaron por un lado gracias a las políticas orientadas a recuperar la fortaleza externa y fiscal pero, además, mediante medidas que apuntaron a mejorar el nivel de vida de la población, sobre la base de la redistribución y la equidad, impulsando significativamente la demanda agregada y el nivel de actividad.
    De este modo, se comprende cómo en pleno contexto de crisis económica y financiera, Argentina logró profundizar y ampliar sus acciones en materia social con un sostenido crecimiento económico.
    Uno de los ejemplos más claros se remite a la universalización de las asignaciones familiares a través de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social a la que acceden los hijos de las personas desocupadas que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Consiste en el pago mensual de $ 460 (pesos argentinos) para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y de $ 1500 (pesos argentinos) para chicos discapacitados sin límite de edad.
    Esta asignación comenzó a regir a partir del 1ro. de noviembre de 2009. El objetivo es asegurar que las niñas, los niños y los adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio. Actualmente, más de 3.800.000 chicos y adolescentes perciben esta asignación, lo que representa, sumando las asignaciones contributivas, una cobertura superior al 90%.

    Adicionalmente, en mayo de 2011, se creó la Asignación por Embarazo para la Protección Social, que consiste en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abona a las mujeres embarazadas, a partir de las 12 semanas de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.
    A ello se le suma el lanzamiento de un nuevo programa que extiende la edad de cobertura hasta los 24 años; el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PRO.GRE.SAR). Este programa está orientado a los jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen estudios, no tienen trabajo o el trabajo que tienen pertenece al sector informal de la economía, con lo cual no llegan a percibir el salario mínimo establecido. A ellos se les otorgará una prestación económica universal de $600 (pesos argentinos) por mes, cuya contraprestación serán controles médicos anuales y atención en establecimientos educativos públicos como escuelas, universidades o espacios para el aprendizaje de oficios. Constituye la política de inclusión joven más abarcativa de Latinoamérica.
    Asimismo y en el marco de la protección social, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Comisión Nacional de Pensiones, viene otorgando Pensiones no Contributivas, que para el año 2014 ascendieron a un total de más de 1.400.000 que incluyen Pensiones por Vejez, Discapacidad y para aquellas Madres de 7 hijos.
    Desde el año 2004 se vienen instrumentando diversas medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Entre los principales hitos del sistema contributivo se destaca la sanción en medio de la crisis financiera del 2008-2009 de la ley que eliminó el régimen de capitalización, retornando los recursos y responsabilidad de las pensiones y jubilaciones al Estado; la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece la movilidad de los haberes provisionales en forma automática, vinculando la evolución de las prestaciones a los salarios de la economía y a los ingresos del Sistema Integrado Provisional Argentino, garantizando así la sustentabilidad del sistema previsional; el Plan de Inclusión Provisional que brinda la posibilidad de acceder a una jubilación o pensión al llegar a los 60 o 65 años respectivamente. Este plan ha permitido que cerca de 2.375.000 personas en edad de jubilarse, pero sin los aportes necesarios para ello, puedan acceder a una jubilación digna, llevando la tasa de cobertura previsional desde el 49% que tenía hacia el 2003 a más del 90% en la actualidad.
    Cabe señalar que esta transferencia de ingreso es considerada decididamente como un derecho a la protección social básica que no requiere contribución, y como parte de una respuesta integral del Estado, que debe garantizarse por la situación misma de vulnerabilidad social sin amparo previsional por la que se atraviesa, en este sentido, es imperioso resaltar que el Estado Nacional plantea a estas Pensiones como un derecho y no como un beneficio.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 13
    La importancia de las políticas de empleo en este nuevo siglo y la profundidad de los cambios planteados en materia política, económica y social a partir del año 2003, sólo son posibles de comprender si se tiene en cuenta la situación social y laboral en la que se encontraba el país tras casi treinta años de aplicación del modelo de desarrollo neoliberal. Valga como medida saber que tras la crisis del año 2001, el porcentaje de trabajadores argentinos desocupados alcanzaba casi al 25% de la población y el trabajo no registrado trepaba al 50%. Tras nueve años de promoción e implementación de un nuevo modelo de desarrollo que asegura la equidad social, la tasa de desempleo se sitúa en 7,1 puntos y los sistemas de protección social alcanzan en su cobertura a cerca del 85% de la población menor de 18 años y de las personas en edad jubilatoria.

    En este marco, el proceso de construcción de políticas de empleo, transitó diferentes etapas, asociadas a los cambios sociales que fueron generando. El dinamismo de las acciones instrumentadas es un concepto sustantivo para explicar las políticas de empleo:

    En los primeros años de gestión, se administró y se reformuló el Programa Jefes de Hogar que implicaba una transferencia de ingresos a hogares de bajos recursos. Esta política asistió a los grupos más vulnerables de los desocupados, sosteniendo, además, el consumo de quienes enfrentaron mayores restricciones durante los primeras tiempos de la recuperación económica.

    Durante los primeros meses del segundo semestre del año 2003, la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) centró sus esfuerzos en la administración responsable del mencionado Programa y se propuso como horizonte una salida progresiva del mismo, orientándolo hacia otras políticas socio laborales superadoras de aquella.

    En el año 2003 este programa brindaba asistencia a más de 2 millones de personas. Sin embargo, en los años subsiguientes, progresivamente muchos de estos trabajadores desocupados fueron incorporándose al empleo formal (más de 600 mil), desarrollaron emprendimientos productivos, o dejaron de percibir el beneficio debido a la modificación de la situación general del hogar (mayoría de edad de los hijos, mejora de los ingresos familiares por la activación general de la economía).

    La instauración de un modelo de crecimiento y desarrollo económico basado en la inclusión social con eje en el trabajo decente y la consolidación de políticas e instituciones en materia de política laboral, de empleo y de seguridad social permitieron que entre los años 2003 y 2009 el Programa Jefes de Hogar se redujera notablemente y hacia fines de 2009 se coronara la salida virtuosa del Programa, mediante la decisión política más progresista y extraordinaria en materia de cobertura social: la Asignación Universal por Hijo para Protección Social instituida por el Decreto Nro. 1602/09.

    También desde el año 2003, la Secretaría de Empleo diseña y promueve acciones que posibilitan la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de los trabajadores desocupados y ocupados y que tienden a consolidar una estructura institucional que permite dar continuidad a las acciones desarrolladas.

    Las acciones promovidas se encuadran en las siguientes líneas de gestión:

    • Creación, fortalecimiento y consolidación de una Red de Servicios de Empleo que desarrolla acciones de orientación e intermediación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo.

    • Fortalecimiento y consolidación de la Red de Formación Continua que promueve la incorporación y mejora de las instituciones de Formación Profesional a través de la optimización de la infraestructura de capacitación y contenidos curriculares.

    • Servicios de capacitación y formación mediante el diseño y ejecución de programas, proyectos y medidas tendientes a mejorar la empleabilidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades de trato, como así también la inclusión de grupos con mayores dificultades para incorporarse a un trabajo.

    • Promoción del empleo a través del establecimiento y desarrollo de mecanismos de inserción laboral asistida, para que los trabajadores más vulnerables obtengan o preserven su empleo.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 13
    Asimismo, la Argentina ha desarrollado el Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT), del que se destacan los siguientes puntos :


    ? La política pública contra el trabajo no registrado y el cumplimiento de la normativa laboral

    El Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) fue lanzado por el entonces Presidente de la Nación Argentina, Néstor Kirchner, el 26 de agosto de 2003 con el objetivo de incorporar al Sistema de Seguridad Social a los trabajadores excluidos luego de décadas de flexibilización laboral y de la retirada del Estado como contralor, en el marco de las políticas laborales que llegaron a su máximo desarrollo en los ´90, facilitando el incumplimiento de la normativa de trabajo y las formas de contratación, llevando a que el trabajo no registrado experimentara un crecimiento nunca alcanzado e inaceptable, tornándose una práctica común al interior en la relación empleador-trabajador.

    Bajo ese escenario nacieron también nuevos mecanismos de precarización como las pseudo cooperativas, agencias, empresas de servicios y modalidades de subcontratación dejando, a determinados sectores y actividades, en una situación de vulnerabilidad extrema llevando el índice de trabajo no registrado, en mayo de 2003, al 49,9%.

    La circunstancia de la no registración tiene como correlato la exclusión de los trabajadores. No gozan de la protección de las normas laborales y de los beneficios de la seguridad social. Ello incide directamente en el bienestar general de la Nación, ya que no sólo perjudica a los trabajadores, sino que también pone en peligro el financiamiento de las prestaciones sociales y quiebra las reglas de la competencia leal entre las empresas.

    Desde el Ministerio de Trabajo, en línea con la decisión del Gobierno Nacional, se decidió reubicar, fortificadamente, al empleo como eje central de su política. En ese sentido, los planes, programas y acciones desarrollados por la Secretaría de Trabajo se orientaron fundamentalmente a la Promoción del Trabajo Decente, entendiendo que un trabajo de calidad, debe ser realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

    Por medio de las acciones fiscalizadoras en sus distintas facetas (estrictamente inspectiva, educativa y sancionatoria), se procuró detectar los incumplimientos, en todo el territorio nacional, de las obligaciones, por parte de los empleadores, de declarar e ingresar aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social y de la obligación de solicitar la respectiva Clave de Alta Temprana (CAT) de sus trabajadores dependientes. Esta última, no es un fin en sí misma sino una herramienta con la que se persigue el objetivo de lograr el cumplimiento de las normas del derecho del trabajo, propiamente dicho y de la seguridad social.

    Las fiscalizaciones se realizan según dos modalidades:

    ? Fiscalizaciones por competencia Federal: en ellas se verifican las condiciones laborales de los trabajadores que desempeñan tareas en ámbitos federales, tales como en los casos del transporte de cargas, de pasajeros automotor, marítimo y fluvial. A fines de diciembre de 2005 -luego de 10 años -se reabrió la Oficina del Puerto, la cual tiene como función brindar asistencia a los trabajadores portuarios, ya sea de estiba o embarcado, mediante las acciones de recepción de denuncias, asesoramiento de los trabajadores del sector y de corresponder fiscalización,.

    ? Fiscalizaciones en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) las mismas se realizan en todo el país y tienen como objetivo principal la detección de trabajo no registrado a través de distintas constataciones: la ya mencionada declaración de la clave de Alta Temprana, las inscripciones de los empleadores como tal y la falta de declaración de aportes y contribuciones que debe realizarse en forma periódica y mensual.

    ? El rol de la inspección

    Cuando se lanza el Plan, en septiembre de 2003, comienzan las tareas concretas para transformar en trabajo digno aquel a aquel que no lo era. Ello requería recuperar a la inspección laboral como herramienta clave de ese proceso y recuperar la presencia de la autoridad administrativa del trabajo en el territorio nacional todo, fundamentalmente que volviera a estar presente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

    Por ello se llevó a cabo la revalorización de todo el aparato inspectivo con las siguientes tareas:

    - Planificación de las tareas a desarrollar que obtuvieran esos objetivos;
    - Fortalecimiento de Jefes y Delegados Regionales;
    - Concientización de todos los agentes;
    - Capacitación de nuestro personal;
    - Adquisición de vehículos;
    - Mejoramiento de las superficie de las oficinas de las Delegaciones y Direcciones Regionales;
    - Desarrollo un aplicativo informático para dar soporte a la tarea fiscalizadora;
    - Planificación previa de todas las acciones.

    Todo ello sumado a la incorporación de personal llevando de 40 a 400 el número de inspectores que, en todo el país, a través de las 38 delegaciones regionales, realizan tareas de inteligencia previa para luego realizar los operativos de control indicados.

    Ello se tradujo en una clara recuperación de la presencia del Estado, consolidando una credibilidad de todos los actores sociales para el trabajo en conjunto.

    Coadyuvan a la tareas, la articulación de acciones de difusión (conferencias y encuentros con los actores sociales) y la fiscalización realizada por los inspectores pertenecientes a la estructura de inspección existente y personal técnico especializado del MTEySS, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de las administraciones provinciales del trabajo (por medio del Consejo Federal del Trabajo), organismos que actúan conjuntamente en la ejecución del Plan.

    Desde el inicio del Plan se trabajó fuertemente en impulsar iniciativas vinculadas con las mejoras de los circuitos y procedimientos y con la utilización de las tecnologías en la actividad fiscalizadora. Asimismo se puso especial énfasis en lograr transparencia y eficiencia en la actividad inspectiva.

    Se establecieron nuevas y más precisas pautas en lo que se refiere a los procedimientos lo que contribuye con una mejor planificación y propende a evitar la discrecionalidad del cuerpo de fiscalizadores.

    Si bien lograr un importante número de establecimientos fiscalizados y trabajadores relevados produce un impacto directo respecto de la presencia del Estado, se trabajó intensamente en la mejora cualitativa de la inspección a fin de lograr un aumento de la detección de trabajadores no registrados y a su vez mejorar las tasas de regularización con motivo de la acción inspectiva.

    Ello así hasta el año 2006 se buscó consolidar la presencia del MTEySS en el lugar en el que los trabajadores desempeñan habitualmente sus tareas. Este objetivo se logró aumentando la cantidad de relevamientos. La experiencia y los resultados adquiridos en este periodo permitieron incrementar la calidad de las fiscalizaciones en los años siguientes, focalizándose las fiscalizaciones en aquellos establecimientos y actividades con mayor grado de informalidad laboral.

    ? Resultados de la Gestión

    En lo que respecta al cumplimiento de las apuestas estratégicas, la actividad fiscalizadora de estos siete años, instrumentada mediante el PNRT no tiene precedentes históricos: entre septiembre de 2003 y junio de 2011, 1.027.146 establecimientos fueron fiscalizados y 3.196.242 trabajadores fueron relevados.

    La labor inspectiva sin duda contribuyó a la disminución de la tasa de empleo no registrado. En el segundo semestre del año 2003 el 49,9% del total de trabajadores no estaba debidamente registrado en el Sistema de la Seguridad, mientras que en el primer trimestre de 2012 (última medición de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC a hoy) ese porcentaje se redujo al 32,8%.
    Anexo Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 13
    El Ministerio ha ampliado su presencia territorial, aumentando sus Delegaciones Regionales, incrementando su dotación de personal y de inspectores en particular, utilizando un mayor parque automotor y de equipamiento informático, de software y de hardware como jamás tuviera. Todos estos esfuerzos deben sumarse a la capacitación y a la concientización del rol social que todo el personal que desarrolla tareas en las áreas de fiscalización.

    Sin disminuir la tasa de detección de trabajadores no registrados se ha logrado, año tras año, un notorio incremento en la tasa de regularización de los trabajadores por el accionar de la acción inspectiva.

    De acuerdo a la información relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la tasa de empleo no registrado en el primer trimestre de 2012 descendió a 32,8%.

    Desde una perspectiva de más largo plazo, se observa que este indicador se ubica 16,9 puntos porcentuales por debajo del máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2003 (49,7%).

    ? Sistematización del área denuncias

    También contribuyó en gran medida a la transparencia y eficiencia de la actividad inspectiva la sistematización del área de “denuncias”, estableciéndose plazos perentorios para la fiscalización de este tipo de situaciones y lográndose al mismo tiempo el seguimiento de cada uno de los casos denunciados. Otra de las mejoras implementadas en éste área fue la “verificación automática” de la situación registral de los trabajadores relevados en las fiscalizaciones.

    ? Trabajo Registrado digital. El Inspector Digital.

    Durante el año 2011 se equipó al cuerpo de inspectores con un total de 500 netbooks con soporte móvil 3G para facilitar la integración on line de las tareas de relevamiento, verificación y citación de audiencias fomentando una mayor economía y eficiencia del gasto público.

    Se implementa de esta forma el ambicioso sistema del inspector digital que modifica sustancialmente los procedimientos de inspección. Al incorporar una herramienta informática en los relevamientos de trabajadores se reemplaza el llenado de formularios en papel, por la carga de los datos en un aplicativo informático desarrollado a tal fin por el propio personal del Ministerio. Todo ello se dirige a optimizar los procesos de detección y corrección de los incumplimientos de la normativa laboral, ahorrando tiempo y fortaleciendo aún más la transparencia.

    En el mismo momento de la inspección sabemos si estamos o no frente a un incumplimiento y se puede desarrollar toda la tarea educativa, la que se va cargando y asentando instantáneamente en nuestros servidores.

    Forma parte de los próximos desafíos la incorporación de GPS (Global Positioning System) al servicio de la inspección, lo que permitirá utilizar la geo-referencia en la inteligencia de la planificación. Esto también se encuentra vinculado con la necesidad de transformar la carga de los domicilios que hoy se encuentran en textos libres por un sistema de tabulación de los mismos.

    En orden al objetivo central del Plan, se proseguirá con el desarrollo de una plataforma de información operativa para profundizar las tareas de fiscalización y control del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social al mismo tiempo se perfeccionará el registro de inspecciones, infracciones y sanciones, donde consten los datos de aquellos empleadores que hubiesen infringido el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social.

    ? Mejora continua – Norma ISO 9001

    Finalmente, el Ministerio en el año 2009 definió y aprobó su política de Calidad en consonancia con la visión, misión, actividad y acciones del organismo. La propuesta y la decisión adoptada fue el compromiso de mejorar de modo continuo la calidad y efectividad de todos sus procesos de gestión.

    A partir de una administración y asignación de los recursos con eficiencia y eficacia para responder adecuadamente a las necesidades y requerimientos, todo ello con una metodología participativa. Con el objetivo político determinado, comprometido con la promoción del trabajo decente, se debe trabajar según determinadas conductas y procedimientos que hagan a la eficiencia.

    En lo que respecta a la Secretaría de Trabajo fueron seleccionados dos procesos para certificar calidad mediante normas ISO: el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y la digitalización de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

    En el presente año hemos certificado mediante la norma ISO 9001 el Plan Nacional de Regularización del Trabajo. Dicha norma está basada en los principios de calidad, fundamentales para una buena gestión, entre los que se destacan: participación del personal en el proceso, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, sintetizando: mejora continua. La certificación obtenida significa afianzar los principios de transparencia, confiabilidad, seguridad y accesibilidad. Fortalecernos en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), simplificando los trámites y procesos. Asimismo promover la capacitación y desarrollo continuado de las habilidades y competencias del personal para producir una mayor valoración de la importancia de la calidad, de la mejora continua y de la ética en el desempeño de las funciones. Debe destacarse otro punto importante como lo es la comunicación eficaz a los ciudadanos y demás destinatarios sobre las acciones, planes, proyectos y servicios que presta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 15
    Plan Integral de Empleo
    •El Plan “Más y Mejor Trabajo” es una herramienta creada para promover la inserción laboral de trabajadores desocupados en empleos de calidad. Para lograrlo, el Ministerio de Trabajo impulsa políticas activas que, en el marco del proceso de recuperación económica, favorezcan la creación de empleo genuino y la transformación de programas asistenciales en políticas de integración social y productiva de la población desocupada.

    Programa de Formación para el Trabajo
    •Se está implementando un programa de formación para el trabajo que tiene como propósito favorecer la empleabilidad de los trabajadores desocupados que se encuentran en situación de desventaja frente al empleo, alentar la finalización de los estudios básicos (primarios o secundarios) con su correspondiente certificación oficial y capacitar laboralmente, acorde a las necesidades productivas y a la experiencia laboral de los trabajadores desocupados. El programa brinda asistencia técnica y apoyo económico-financiero a las instituciones educativas para el desarrollo de ofertas formativas y asiste a las instituciones en la diversificación de las ofertas formativas acorde a los contextos productivos locales y en modalidades de integración entre la Formación General y la Formación Profesional.

    Programas para la conservación del empleo
    •El Programa de Recuperación Productiva (REPRO) logró evitar una gran cantidad de despidos. El REPRO, creado en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional para contribuir al sostenimiento y promoción del empleo genuino, apoyando la recuperación de sectores privados y/o áreas geográficas en crisis, continuó su vigencia durante el año 2010, a partir del dictado de la Resolución MTEySS N° 150 de fecha 4 de febrero de 2010.
    Mediante este Programa, los trabajadores de las empresas adheridas reciben, a través del pago directo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), una suma fija mensual no remunerativa y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar la remuneración correspondiente a su categoría laboral. Para acceder a este beneficio, las empresas deben acreditar la situación de crisis que atraviesan, estipulando además las acciones a desarrollar en miras a su recuperación y comprometerse a no realizar despidos.

    El Ministerio de Trabajo recepciona y evalúa la solicitud de cada empresa y realiza un informe técnico proponiendo, de considerarlo pertinente, el otorgamiento del subsidio a las personas se encuentren registradas como trabajadores en relación de dependencia de la firma.

    Desde su vigencia y especialmente a partir del último trimestre del año 2008, el Programa de Recuperación Productiva se constituyó como una de las herramientas más efectivas del Ministerio de Trabajo para enfrentar los efectos de la crisis internacional en el mercado laboral.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 16
    En mayo de 2003 las Secretarías de Trabajo y de Seguridad Social de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos firmaron una Resolución Conjunta en la que establecieron que “las Secretarías de Trabajo y de Seguridad Social comprobarán y verificarán, indistintamente, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial con destino al Sistema Único de Seguridad Social”. Surgió de esta manera el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) como respuesta a una situación sociolaboral preocupante expresada en un 49,9% de trabajo no registrado, y sus consecuencias: la inestabilidad laboral y la fragmentación social.
    El Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) es una política activa implementada por el Estado Nacional que busca transformar en trabajo digno aquellas ocupaciones que se desenvuelven en la irregularidad. Pensado no sólo como una política de fiscalización, los inspectores verifican que las empresas tengan a sus trabajadores registrados y, en caso de no estarlo, incentivan a los empleadores a regularizar su situación, a la vez que concientizan a los trabajadores acerca de la importancia de estar formalmente registrados. Ya que el compromiso del PNRT consistió en transformar en trabajo digno aquel que no lo era, se entendió que el Estado Nacional debía recuperar la inspección laboral como herramienta clave de este proceso.

    El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha incrementado el número de inspectores en todo el país año tras año, con lo que logró recuperar su presencia y consolidar una credibilidad de todos los actores sociales para el trabajo en conjunto.
    A ello hay que sumarle la firme apuesta por la coordinación de políticas entre los órganos intraestatales, que posibilitó la suma de esfuerzos de diversas áreas como la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el Consejo Federal del Trabajo y la invaluable colaboración de los distintos gobiernos provinciales.

    Por otra parte, y para afianzar el éxito alcanzado con el PNRT, se sancionó en diciembre de 2008 la ley N° 26.476 de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales, mediante la cual los empleadores que regularicen a sus trabajadores y declaren la verdadera remuneración o la real fecha de ingreso, resultarán exentos de abonar la totalidad de la deuda por aportes y contribuciones devengados y se los liberará de las multas y sanciones impuestas, o a imponerse, tanto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) como por la

    Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por otra parte, las relaciones laborales regularizadas y los nuevos empleos que se generen gozarán de una reducción de las contribuciones por el plazo de 2 años. (50% los primeros 12 meses y 25% los 12 meses últimos).

    Gracias a estas medidas la República Argentina ha logrado mantener una tendencia constante de disminución de la informalidad laboral que, pese a haber registrado un freno en su avance con el impacto de la crisis internacional en la Argentina durante el 2009, logró conservar su orientación descendente.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 18
    Desarrollo de un clima de compromiso social, cultural y político de lucha para la prevención y erradicación del trabajo infantil

    El Gobierno argentino, que considera como un objetivo central de sus políticas laborales la prevención y erradicación de todo tipo de trabajo infantil, y en especial de sus peores formas. En este sentido, resulta oportuno precisar que la Republica Argentina, ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño así como los dos instrumentos internacionales de la OIT - Convenios Nro. 138 sobre edad mínima de admisión al empleo y Convenio Nro. 182 sobre las Peores Formas del Trabajo Infantil -. Se destaca la adecuación normativa de nuestro país a los Estándares internacionales de lucha contra el trabajo infantil con una secuencia de leyes que han cubierto todos los aspectos de la problemática

    Este complejo de normas se complementa con una ley dedicada a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes abarcativa de los aspectos educacionales; de salud; familiares y de prevención del trabajo infantil (Ley N° 26.061/2005 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.)

    Desarrollo institucional de la lucha para la erradicación del Trabajo Infantil

    La Comisión Nacional de Erradicación contra el Trabajo Infantil -CONAETI- ha permitido profundizar la coordinación intergubernamental de las políticas y ordenar el trabajo de las provincias, las que han desarrollado ámbitos de coordinación y mecanismo de intervención semejantes al Gobierno Nacional a través de las denominadas COPRETIS. Esta institución ha permitido canalizar la participación de los actores sociales a través de los sindicatos y logrado el compromiso de las empresas a través de la “red social de empresas” comprometidas con la lucha contra el trabajo infantil.

    • Política Nacional de Asignaciones Familiares
    La República Argentina tiene instaurado desde 1996, mediante Ley N° 24.714, un completo sistema de asignaciones familiares que incluía en su artículo 6 toda una amplia gama de situaciones de cobertura: asignación prenatal, por matrimonio, por nacimiento, por maternidad, por adopción, por hijo, por hijo con discapacidad, y por ayuda escolar anual.

    Sin embargo, y teniendo en cuenta que ese sistema sólo estaba destinado a los trabajadores del sector formal, y la desigualdad que este hecho generaba, se ha creado en octubre de 2009, mediante Decreto Presidencial Nro. 1602/2009, un subsistema no contributivo de “Asignación Universal por Hijo para Protección Social”, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la Republica Argentina que no tengan otra asignación familiar prevista por la Ley N° 24.714 y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal. Esta asignación, que por su volumen y cobertura la convierten en uno de los planes de transferencia de ingresos más ambiciosos dentro de su categoría, es una de las principales medidas que expresan en forma indubitada el pleno compromiso del Estado Argentino en la lucha para erradicar cualquier forma trabajo infantil.

    Por otra parte, y para garantizar los derechos sanitarios y educativos de las niñas, niños y adolescentes cubiertos por este plan, se ha establecido que para cobrar la asignación se deberá presentar anualmente el certificado de cumplimiento del plan de vacunación obligatorio y del Control sanitario hasta los cuatro años de edad del hijo. Además, a partir de los cinco años, también deberá presentar el certificado de asistencia escolar del año anterior.

    Finalmente, para completar esta política, se han incrementado los valores de las Asignaciones Familiares por prenatal, hijo y por hijo con discapacidad (Decreto Nro. 1729/09) lo que constituye asimismo una forma de retención del niño en el hogar y evita el trabajo infantil aumentando el ingreso del hogar.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 15
    • XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)
    La República Argentina tuvo el honor de ser la sede de la XVI CIMT. Cabe destacar que esta Conferencia, convocada bajo el lema “Enfrentar la crisis con Desarrollo, Trabajo Decente y Protección Social”, ha presentado innovaciones importantes como la realización de un panel de diálogo intersectorial con autoridades de las aéreas Economía, Producción y Desarrollo Social, y la modificación del estatus jurídico de las organizaciones de trabajadores y empleadores que actúan en el ámbito de la OEA. Quedó plasmada de esta forma la necesidad de profundizar la coordinación y articulación de políticas económicas y sociolaborales en pos del objetivo de crear puestos de trabajos para todos y de calidad.

    Durante la reunión se destacó la importancia de la centralidad del trabajo y el empleo en la definición de las políticas públicas, lo que se reflejó en el consenso alcanzado alrededor de la idea de que la crisis debe ser enfrentada priorizando la creación de puestos de trabajos, y no puede servir de excusa para reducir los derechos laborales.

    Como producto de la participación activa de todos los Ministerios de Trabajo de la región, y de dos grandes instituciones internacionales como la OEA y la OIT, la Declaración y el Plan de Acción de Buenos Aires retoman diversos aportes de las Declaraciones de Londres y Pittsburgh. En consecuencia, se acordó remitir -en calidad de aporte- ambos documentos a los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 donde ha sido bien recibida y ha servido como insumo para los debates y la elaboración del documento final.

    De esta forma, los Ministros de Trabajo de las Américas han cumplido con el mandato otorgado por los líderes en la V Cumbre de establecer un Plan de Acción para seguir trabajando en la creación de empleo de calidad en la región y en la promoción de los principios de Trabajo Decente y los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
    • Recursos Relacionados
    ACTIVIDADES DE MAYOR ÍNDICE DE TRABAJADORES NO REGISTRADOS AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN
    ARGENTINA- INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMERICAS
    Plan Nacional para la Regularización del Trabajo
  • Energía
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La composición de la matriz energética argentina plantea la necesidad de impulsar políticas tendientes a su diversificación e intensificar el uso eficiente de la energía y los recursos renovables. Desde el punto de vista ambiental, se busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos de las actividades energéticas. En base a estos lineamientos, se articulan las siguientes políticas:

    *Se otorgan fondos destinados a la promoción del sector energético en áreas como energía solar, biomasa, energía eólica y biocombustibles.

    *Se declaró de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables y se promovió la investigación para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos con esa finalidad. El objetivo es lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta alcanzar el 20% de la matriz en 2025.

    *Se dio inicio al Programa RenovAr-Ronda 1 para la contratación en el mercado eléctrico mayorista de fuentes renovables de energía por un total de 1.000 megavatios que se sumarán a la oferta energética del país divididos de la siguiente manera: 600 megavatios Eólicos, 300 megavatios Solares, 65 megavatios de Biomasa, 20 megavatios de Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos y 15 megavatios de Biogás. El plazo de ejecución de los contratos es de hasta 24 meses, con una inversión estimada de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.

    *Se puso en marcha el Proyecto de Energías renovables en Mercados Rurales que busca facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas alejadas de las redes de distribución. Procura contribuir, asimismo, a mitigar la migración campo-ciudad, mejorar la calidad de vida rural y disminuir la utilización de fuentes de energía contaminantes. Financia la provisión e instalación de sistemas fotovoltaicos y/o eólicos individuales, mini-redes (hidráulica-solar/eólica-híbridas), cocinas parabólicas, hornos y termotanques solares, sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua potable y otros con mayor potencia para proyectos productivos. El proyecto es de alcance nacional y la participación de las provincias se concreta por adhesión.

    *Se impulsó el Proyecto de Interconexión a la Red de Energía Solar Urbana que tiene por finalidad promover la instalación de sistemas fotovoltaicos (de baja tensión) a la red eléctrica pública urbana para complementar la energía disponible en el Sistema Interconectado Nacional y contribuir paulatinamente a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

    *Se promovió el Proyecto ProBiomasa que busca incrementar la producción de energía térmica y eléctrica derivada de la biomasa para asegurar un creciente suministro de energía limpia, confiable y competitiva y abrir nuevas oportunidades a los sectores agropecuario, forestal y agroindustrial. Es una iniciativa conjunta con asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

    *Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) crearon el proyecto Y-TEC: YPF Tecnología destinado a brindar soluciones innovadoras al sector energético y formar especialistas del sector hidrocarburífero nacional.

    *Se inauguró en la ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires, una planta de 12.000 m2 íntegramente dedicada a actividades de Investigación y Desarrollo con el propósito de incrementar la producción de gasoil, naftas y coke. Asimismo, se busca optimizar las investigaciones en torno al litio y el refinamiento de técnicas de exploración y explotación de energías no convencionales.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La ubicación de la Argentina en el Cono Sur hace que el país tenga un rol central en la interconexión de redes eléctricas y gasoductos. Existen numerosas líneas de interconexión en extra alta tensión que vinculan los sistemas eléctricos de los países vecinos y pueden ser utilizadas tanto para importaciones y exportaciones como para la realización de intercambios compensados ante situaciones de emergencia.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina participa en diversos foros y organismos regionales como la Alianza de Energía y Clima de las Américas, la Organización Latinoamericana de Energía, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones del Sur y el Mercado Común del Sur, desde donde trabaja para expandir la integración, interconexión y seguridad energética regional. Ha concluido acuerdos de cooperación energética con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

    Bajo el Subgrupo de Trabajo N°9 “Energía” del Mercosur se impulsó la elaboración de estudios de planeamiento energético de integración regional a través de un análisis comparativo de los planes energéticos de los Estados Parte. Del año 2010 se lleva adelante el Proyecto sobre “Calificación de proveedores de la cadena productiva de petróleo y gas”, financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur y la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. El objetivo es fortalecer la cadena productiva regional del sector y aumentar la competitividad de las empresas proveedoras.

    Se brindó a Bolivia cooperación en dos proyectos de capacitación: “fortalecimiento de la gestión y del desarrollo de las capacidad del personal del Ministerio de Hidrocarburos y Energía en temas relacionados a prospectiva energética y eficiencia energética” y “apoyo a la tecnología de la información en la implementación del sistema de información geográfica en línea para energías alternativas”.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    El Programa de Inclusión Eléctrica Nacional tiene por objeto realizar obras que permitan lograr un acceso seguro al servicio público de electricidad en los asentamientos poblacionales que no tienen este servicio, tanto en la parte interior como exterior de la vivienda. Algunos de los proyectos implementados se encuentran en las provincias de Jujuy, San Juan, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    Se implementaron las siguientes medidas de uso eficiente de la energía:

    -Etiquetado obligatorio de eficiencia energética en refrigeradores y congeladores (freezers) de uso doméstico, lámparas, acondicionadores de aire, lavarropas, balastos para lámparas fluorescentes, motores de inducción trifásica, motores monofásicos y televisores.
    -Estándares de eficiencia energética: establecimiento de la clase B como nivel máximo de consumo específico de energía o mínimo de eficiencia energética para refrigeradores, congeladores y lavarropas, clase A para acondicionadores de aire en modo refrigeración y clase C para acondicionadores de aire en modo calefacción. Prohibición de lámparas incandescentes.
    -Artefactos a Gas: aplicación de la Norma NAG - 312 (anafes y hornos) y Norma NAG – 313 (calefones), obligatoriedad.
    -Vivienda: aplicación de la Norma IRAM 11900, EE en edificios, de carácter voluntaria. En estudio se encuentra el etiquetado de eficiencia energética en ventanas.
    -Programa de Diagnósticos Energéticos: para realizar diagnóstico energético en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). A la fecha se completaron más de 100 estudios.
    -Fondo Argentino de Eficiencia Energética tiene por objeto apoyar el financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que presenten proyectos de inversión que conlleven a una mejora de la eficiencia energética en sus empresas. Está operado desde la Secretaría de la Mediana y Pequeña Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Producción.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 45
    2. ACCIONES EN MATERIA ENERGÉTICA
    Marco regulatorio de estímulo a las energías renovables1:
    • Ley 25.019: Régimen nacional de energía eólica y solar, promueve la investigación y el uso de energías no convencionales o renovables. Aunque los proyectos que originalmente fueron acordados no se encuentren vigentes, es el principal antecedente en la materia en Argentina.
    • Ley Nº 26.190: establece un Régimen de fomento para el uso de fuentes renovables para la producción de electricidad, estableciendo como meta que el 8% del consumo de energía eléctrica nacional debe ser proveniente de fuentes renovables al año 2016, incluyendo a todas las fuentes alternativas y sólo limitando a las hidroeléctricas hasta 30 MW. Incorpora incentivos fiscales. Reglamentada a través del Decreto Nº 562/09.
    • La Resolución Conjunta Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 572/2011 y Ministerio de Economía y Hacienda 172/2011: establece en su Anexo I el procedimiento para evaluación y selección de proyectos de la Ley 26.190.
    • Ley 26.123: Régimen para el desarrollo de la tecnología, producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía.
    • La Res. 220/2007 de la Secretaría de Energía: habilita el establecimiento de Contratos de abastecimiento entre Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y auto o co-generadores.
    • La Resolución 280/2008 de la Secretaría de Energía: habilita a los Prestadores municipales y/o provinciales a entregar al Organismo Encargado del Despacho (OED), en el marco de contratos MEM ó contratos con distribuidores. Alcanza a cualquier tipo de generación con energías renovables de hasta 2000 Kw, incluidas en la 26.190.
    • La Resolución 269/2008 de la Secretaría de Energía: establece la figura del “Autogenerador Distribuido”, que consiste en un consumidor de electricidad que además genera energía eléctrica, pero con la particularidad de que los puntos
    • La Resolución 712/2009 de la Secretaría de Energía: habilita la realización de contratos de abastecimiento entre el MEM y las ofertas de generación asociadas presentadas por ENARSA. En este marco se lanzó el Programa GENREN, que licitó la adquisición de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables de energía a través de ENARSA. Como resultado de diversas licitaciones llevadas adelante fueron finalizados 12 proyectos de energía eólica, solar, biomasa, biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos por aproximadamente 210 MW.
    • La Resolución 108/2011 de la Secretaría de Energía: habilita a Agentes Generadores, Cogeneradores y Autogeneradores la realización de contratos de abastecimiento en el Mercado Eléctrico Mayorista. A través de Contratos de Abastecimiento implementados con esta modalidad se han incorporado 7 proyectos adicionales de energía eólica, solar y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos por alrededor de 70 MW.

    Otras iniciativas y programas:
    • Programa PROBIOMASA Tiene por objetivo incrementar la producción de energía derivada de biomasa para asegurar un creciente suministro de energía renovable, limpia, confiable y competitiva mientras se abren nuevas oportunidades para el desarrollo del sector agropecuario, forestal y agroindustrial del país. El programa se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la asistencia de FAO.
    • Programa de Estudios del Sector Energético (PESE): La Secretaría de Energía ha sido designada como “Organismo Ejecutor” de este programa, financiado parcialmente con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Se propone realizar estudios de preinversión para el sector energético; en particular, para las energías renovables. Se espera realizar los siguientes estudios:
    o Estudio para la Utilización de biomasa para la generación de energía eléctrica en la Provincia del Chaco.
    o Estudio para la Utilización de biomasa para la generación de energía eléctrica en la Provincia de Formosa.
    o Estudio de Prefactibilidad del Aprovechamiento Hidroeléctrico del Arroyo Feliciano, Provincia de Entre Ríos.
    o Relevamiento y actualización de estudios de Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, en la Provincia de Mendoza.
    o Estudio del potencial de renovación y modernización de los Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos de la Republica Argentina.
    • Otros estudios en el sector de energías renovables: estos estudios se realizan con el objeto de alcanzar la meta prevista por la Ley Nº 26.190, tales como:
    o Estudio de Prefactibilidad para la Utilización de Residuos Derivados de la Industria Arrocera y de la Forestoindustria para la generación de energía eléctrica en la Provincia de Entre Ríos.
    o Documento de Proyecto para la construcción de la Central Biomásica en la localidad de Federación en la Provincia de Entre Ríos.
    o Estudio para mejorar el conocimiento y la promoción de Oferta Hidroeléctrica en Pequeños Aprovechamientos.
    Asimismo, y relacionado con el párrafo 47 del texto de la V Cumbre2, se puede mencionar el siguiente marco regulatorio:
    Decreto Nº 140/2007: declara de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía. Aprueba los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Acciones implementadas en el marco del decreto:
    - Reemplazo masivo de lámparas incandescentes por LFC s, en todas las viviendas del país: 29,7 millones de LFC`s distribuidas en 23 Provincias y Ciudad de Buenos Aires. Además se entregaron 94.500 lámparas LED en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Edificios públicos:
    - Cambio de 300.000 lámparas en edificios públicos.
    - Creación de la Unidad de Ejecución y Gestión para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (UNIRAE), cuya función es la de realizar las acciones que permitan asegurar la implementación del PROUREE en los edificios públicos.
    - En cada Organismo se creó la figura del Administrador Energético, siendo éste el nexo entre la UNIRAE y el Organismo correspondiente. Se está desarrollando un sistema informático para que los Administradores Energéticos se inscriban en el sistema.
    Alumbrado Público:
    Proyectos aprobados en 244 municipios por un total de 529.452 luminarias (a junio de 2014), de las cuales ya se han instalado 235.219. Ahorro promedio de energía de los proyectos 35%.
    Etiquetado Artefactos Eléctricos:
    - Etiquetado obligatorio de EE en refrigeradores y congeladores (freezers) de uso doméstico, lámparas, acondicionadores de aire, lavarropas y balastos para lámparas fluorescentes. Voluntario: Motores de inducción Trifásicos, bombas centrífugas para uso domiciliario, calentadores de agua de acumulación eléctricos para uso doméstico, televisores en modo encendido y medición del consumo de potencia en modo de espera (stand by) para aparatos eléctricos. En estudio: Microondas y Motores monofásicos y la actualización de las relativas a Heladeras, Congeladores y Lámparas.
    - Estándares de EE: establecimiento de la clase B como nivel máximo de consumo específico de energía o mínimo de eficiencia energética para refrigeradores, congeladores, lavarropas y acondicionadores de aire (modo refrigeración); y clase C para acondicionadores de aire (modo calefacción).
    - Cursos de capacitación a vendedores de salón: Desarrollo de cursos de capacitación destinados a vendedores de electrodomésticos en la temática del uso racional y eficiente de la energía y ventajas del etiquetado de eficiencia energética. Al momento se capacitaron 3.000 vendedores en todo el país.
    - Desarrollo de un “Sistema informático para el Almacenamiento y Análisis de datos del Mercado de Equipos y/o artefactos Consumidores de energía” en donde se reúnan las características más importantes relacionadas con la EE de este tipo de equipos comercializados en el país.
    - Desarrollo de un curso en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial destinado a proveer asistencia técnica a los fabricantes de heladeras para estudiar las posibles mejoras en eficiencia energética y la manera de llevarlas a cabo mediante el rediseño de los productos.

    Parte 1/3
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 51
    Artefactos a Gas:
    Norma IRAM 19050-1 emitido (anafes y hornos), voluntaria.
    Vivienda:
    Norma IRAM 11900, EE en Edificios, voluntaria. En estudio: etiquetado de Eficiencia Energética en Ventanas.
    Turismo:
    Convenio Marco firmado entre FEHGRA, SECTUR y SE para impulsar medidas de EE en el sector.
    Cogeneración:
    Inicio de 4 casos de estudio, en el marco del proyecto TECH4CDM.
    Industria:
    - Diagnósticos Energéticos: El proyecto GEF prevé la realización de aproximadamente 325 diagnósticos energéticos a industrias. Hasta hoy, se completaron 52 estudios, 26 se encuentran en proceso de ejecución.
    - Se han llevado a cabo 19 Jornadas de Difusión de los Resultados de los Diagnósticos Energéticos realizados, donde se compartieron los resultados obtenidos con los presentes, contando con la participación de representantes de la Secretaría de Energía, la Unión Industrial Argentina, el Banco Mundial, las consultoras seleccionadas para la ejecución de los diagnósticos energéticos, y las industrias beneficiarias del programa.
    - Implementación del Fondo Argentino de Eficiencia Energética (FAEE), está operando bajo la órbita del ya existente Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) dependiente de la Secretaría de la Mediana y Pequeña Empresa y Desarrollo Regional del MINISTERIO DE INDUSTRIA. A principios de septiembre de 2014 se publicó el primer llamado del FAEE. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3831
    - Capacitación a Industrias: Organización y dictado de Programas de Capacitación European Energy Manager (EUREM) – Primera edición 2014 – Segunda Edición 2014-2015, destinados a proveer asistencia técnica a las empresas PYMES beneficiarias de los diagnósticos energéticos. Actualmente participan 30 representantes de distintas industrias.
    - Capacitación a Industrias: Capacitación e Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía (SGE) basado en la Norma ISO 50001 en 10 empresas Medianas/Grandes del sector industrial.

    - Empresas Proveedoras de Servicios Energéticos (EPSEs):
    * Roster de EPSEs: Conformación de un registro de EPSEs interesadas en participar en la realización de diagnósticos energéticos durante la Fase Principal del proyecto. Actualmente se encuentra integrado por 19 empresas.
    * Capacitación de EPSEs: se realizaron dos jornadas de capacitación destinadas a las empresas que confirman el Roster. (1-Sistemas de Gestión Energética y Norma ISO 50001 / 2-Sistemas eléctricos).
    Difusión y capacitación:
    - Campañas de difusión y concientización en Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, San Juan, Mendoza, destinadas a niños de entre 6 y 12 años. (2011, 2012, 2013 y 2014).
    - Talleres lúdico-didácticos en escuelas de nivel primario de GBA, Entre Ríos, San Juan y Neuquén (300 durante el 2013) y en GBA, interior de la provincia de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero (se espera alcanzar 400 en 2014).
    - Participación en la Feria del Libro Infantil y la Feria de la Sustentabilidad de Berazategui (2013 – 2014).
    Por otro lado, considerando lo señalado por el párrafo 49 del texto de la Declaración de Puerto España3, se puede mencionar la siguiente normativa:

    Ley 26.093: establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.

    Ley 26.334: se aprueba el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol.
    Las mencionadas leyes fijan la autoridad de aplicación (Secretaría de Energía). Se refieren al corte obligatorio de Biocombustibles con Combustibles Fósiles: todo combustible líquido como las naftas o el diesel oil deberán tener una mezcla en proporciones crecientes, hasta un mínimo del 5% de biocombustible a alcanzar en cuatro años. El régimen prevé beneficios fiscales y a la inversión y otorgan un papel muy importante a los productores agropecuarios que incluso pueden destinar el producto para autoconsumo de las tareas agrícolas. Mediante la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 828/2010 se amplió el corte obligatorio del biodiesel al 7%; actualmente, el corte mínimo con Biodiesel (Res. S.E. Nº1125/2013) y Bioetanol (Res. S.E. Nº44/2014) es del 10%.
    A su vez, con respecto a la actividad nuclear4, la Argentina ha sancionado la Ley 26.176: Plan para la Reactivación de la Actividad Nuclear en la Argentina, promulgada el 17 de diciembre de 2009. Incluye entre otros tópicos:
    - Extensión de Vida Central Nuclear Embalse (CNE)
    - Estudio de Factibilidad de una nueva Central
    - Reactivación de la Planta de Agua Pesada
    - Reactivación del desarrollo del Reactor CAREM
    - Reactivación de la Planta de Enriquecimiento de Uranio
    - Terminación de la Central Nuclear Atucha II (CNA-II)
    En relación a las actividades en energía nuclear puede decirse que la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. se encuentra trabajando en la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse y que se han firmado recientemente convenios con la República Popular China para la construcción de una IV Central Nuclear, donde se estima una alta participación de la industria local.
    Uno de los hitos más importantes de este último año ha sido la culminación y la puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II (renombrada Presidente Néstor Carlos Kirchner) que ya está entregando energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo sensiblemente a la diversificación de la matriz eléctrica.
    Adicionalmente, Nucleoeléctrica Argentina S.A. está trabajando también en la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I (renombrada Presidente Juan Domingo Perón)
    La Comisión Nacional de Energía Atómica avanza en la construcción del Prototipo de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) de 25 MW, uno de los pilares fundamentales del Plan Nuclear Argentino y que consiste en el desarrollo autónomo del primer reactor nuclear de potencia de diseño íntegramente nacional. En febrero de 2014 se dio comienzo formal a la construcción de la obra civil, concretándose la primer hormigonada estructural. En este sentido, el país reafirma su posición internacional como desarrollador de tecnología de reactores nucleares, obteniendo una posición destacada en el segmento de reactores modulares pequeños (SMR).
    Este proyecto reviste un carácter estratégico en función de generar electricidad en bajas y medianas potencias, simplificar la construcción, operación y mantenimiento con eficiencia y seguridad incrementadas, la posibilidad de abastecer a localidades alejadas de los centros urbanos, y otras prestaciones como la desalinización de agua o la provisión de vapor para usos industriales. Esta central se está construyendo en la Localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires, en el sitio donde se encuentran las centrales Presidente Juan Domingo Perón y Presidente Néstor Carlos Kirchner (ex Atucha I y Atucha II, respectivamente).
    Por otra parte, se reactivó la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) situada en Arroyito, Provincia de Neuquén. La misma, cuya producción estuvo detenida por 7 años, es una instalación de alta complejidad que permitió abastecer de este insumo a las centrales nucleares argentinas.
    En tercer lugar, cabe destacar que actualmente se están reactivando las actividades de enriquecimiento de uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, Provincia de Río Negro. Al respecto se ha finalizado la Planta Piloto de Mock-Up para la producción de uranio enriquecido en pequeña escala. Actualmente, el país se encuentra desarrollando diversas líneas tecnológicas tales como difusión gaseosa, centrífugas y láser, y cabe destacar que estas actividades se realizan bajo un estricto cumplimiento y respeto a los compromisos de no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear asumidos por la Argentina a través de diversos tratados internacionales.
    Por último, debe destacarse que la construcción del Reactor de Investigación RA- 10 se constituye como otro de los proyectos de mayor relevancia en lo vinculado al desarrollo de reactores nucleares nacionales. El mismo consiste en el diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor multipropósito cuyos objetivos principales consistirán en la producción de radioisótopos, ensayo de materiales y combustibles e investigación y desarrollo basado en técnicas neutrónicas.
    En relación a la energía hidroeléctrica se ha creado el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas (Res. SE 762/2009), cuyo objetivo es avanzar en la concreción de las obras hidroeléctricas que se encuentran en etapa de evaluación y/o licitación, como también de aquellas que se identifiquen como necesarias a fin de fomentar el normal desenvolvimiento del Sistema Energético Nacional y de esa manera contribuir al crecimiento de la demanda existente, relacionada al desarrollo económico del País.
    Asimismo, en el marco del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Decreto Nº 140 de 2007), se encuentra en proceso de implementación con las distintas jurisdicciones provinciales programas educativos de eficiencia energética (manuales y talleres de capacitación extracurriculares)5. Además, las empresas distribuidoras de energía eléctrica han implementado campañas masivas de comunicación.
    En este esquema, la Secretaría de Energía ha realizado, durante los meses de enero y febrero del año 2011 y 2012 campañas de difusión sobre el uso responsable de la energía: “HAGAMOS CLICK CUIDEMOS LA ENERGÍA", orientadas a niños y sus familias, llevadas a cabo en los principales centros turísticos del país.
    Actualmente se está realizando una nueva campaña (HAGAMOS CLICK! CUIDEMOS LA ENERGIA 2013) de similares características, que promueve la difusión y concientización del uso responsable de la energía. La campaña consta de dos etapas, a saber:
    Etapa 1 (finalizada): se realizó durante el mes de enero en los balnearios centrales de la Costa Atlántica de la Provincia de Buenos Aires.
    Etapa 2 (en proceso): se está llevando a cabo en las Provincias de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y San Juan.
    Parte 2/3
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 54
    Tal como dice el párrafo 54 del texto de la V Cumbre6, Argentina apoya las iniciativas internacionales en marcha para promover una mejor gestión, transparencia y responsabilidad en el sector energético.
    Una de ellas, es formando parte activamente del Foro Internacional de Energía (FIE), del que Argentina es miembro pleno desde el año 2011. El FIE es un facilitador neutral del diálogo energético de carácter global, informal, abierto, informado y continuo entre productores y consumidores de petróleo y gas, así como países de tránsito.
    Luego de su adhesión, Argentina se involucró concienzudamente en el trabajo del FIE, siendo hoy parte, como miembro permanente, del Consejo Ejecutivo del Foro (Executive Board).
    A su vez, la Iniciativa Conjunta de Datos de Petróleo (JODI) ha surgido como un resultado concreto del diálogo energético entre productores y consumidores. En el año 2013, en aras de conseguir una mayor transparencia en el mercado de hidrocarburos, se avanzó sobre una base de datos de gas natural, conocida como JODI-Gas, la cual ya se encuentra en la etapa de recopilación de datos.
    En Mayo de 2014 se realizó la última Reunión Ministerial en Moscú, donde los principales temas abordados fueron sobre seguridad energética, la nueva geografía de la producción y la irrupción de los hidrocarburos no convencionales. Argentina participó de la reunión brindando una exposición sobre el potencial del país en hidrocarburos no convencionales.
    La Próxima Reunión Ministerial será en 2016 en Argelia; y para ella, la República Argentina fue invitada a ser co-anfitriona. Aun no se ha confirmado que lo sea, pero se espera la decisión en los próximos meses.
    Además, Argentina es miembro del Grupo de los 20 (G-20). Durante la Presidencia Pro Tempore de Francia en el año 2011, se crearon cuatro subgrupos de energía:
    -
    Subsidios a los combustibles fósiles.
    -
    Volatilidad de los precios de los combustibles fósiles.
    -
    Protección Ambiental Global del Medio Marino.
    -
    Energía Limpia y Eficiencia Energética.
    En particular, en el Subgrupo de Volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, Argentina fomenta junto a los demás miembros la mejora de la calidad, oportunidad y confiabilidad de la base de datos de la Iniciativa Conjunta de Datos de Petróleo (JODI en inglés).
    En el año 2013, bajo la Presidencia Pro Tempore de Rusia, se ha decidido que estos cuatro subgrupos sean llevados adelante por el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Energética. Por tanto, en 2014 que la Presidencia Pro Témpore la lleva adelante Australia, éste continúa trabajando en la reducción de la volatilidad en los mercados de hidrocarburos, la reducción de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y la regulación de la infraestructura de integración energética, entre otros temas.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 56
    Proyecto de Energías Rurales en Mercados Rurales (PERMER).
    Entre sus objetivos se destacan:
    - Contribuir a mitigar la migración rural mediante la mejora de la calidad de vida.
    - Disminuir la utilización de fuentes energéticas contaminantes mediante tecnologías que aprovechan recursos renovables de disponibilidad local.
    - Promover el uso sustentable de los recursos naturales.
    - Mejorar la productividad de la enseñanza rural.
    - Contribuir a la realización de emprendimientos productivos de la población rural.
    - Mejorar la regulación y supervisión del mercado rural disperso.
    - Mejorar las condiciones lumínicas y de comunicación social de la población rural.
    Instalaciones concretadas:
    Sistemas solares residenciales 9.747
    Sistemas solares en escuelas 1.382
    Sistemas solares en Servicios Públicos 221
    Cocinas, hornos, y calefones solares 272
    Mini redes (cantidad de usuarios) 2.351
    Sistemas eólicos residenciales 1.615
    Instalaciones en ejecución:
    Sistemas solares residenciales 13.469
    Sistemas solares en escuelas 512
    Cocinas, hornos, y calefones solares 35
    Recientemente el Banco Mundial (BM) aprobó la Estrategia País, en la que se determinarán las áreas en las que se aplicaran los recursos de un nuevo programa denominado PERMER II, del que se estima tendrá lugar una Negociación del acuerdo entre Febrero y Marzo de 2015. Las tecnologías a ampliar serán la Eólica, Solar Fotovoltaica y Térmica y Bombeo de Agua con aplicaciones residenciales y usos productivos.
    En cuanto al ámbito internacional8, la integración energética es un objetivo permanente de la política energética del país. La Argentina participa de diversos foros y cumbres internacionales como el OLADE, CELAC, UNASUR y MERCOSUR donde el objetivo de conseguir una plena integración energética entre los mercados de los países de nuestro hemisferio siempre estuvo presente.
    Adicionalmente, la estratégica ubicación geográfica de la Argentina en el Cono Sur hace que el país tenga un rol central en la interconexión de redes eléctricas y gasoductos. Existen hoy en el Cono Sur numerosas líneas de interconexión en extra alta tensión que vinculan los sistemas eléctricos de los países, aprovechando así para la realización de intercambios compensados de energía o apoyo ante situaciones de emergencia.
    Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
    La Organización Latinoamericana de Energía es uno de los organismos de integración energética multilateral más antiguos de la región. El Convenio de Lima del año 1973 dio origen a esta Organización de la que hoy son miembros 27 países de América Latina y el Caribe.
    La instancia máxima de OLADE es su Reunión de Ministros de Energía, que sesiona una vez al año en forma ordinaria, aunque puede también ser convocada de manera extraordinaria.
    La OLADE posee además una Secretaría Permanente, cuya sede se encuentra en la ciudad de Quito, República del Ecuador, que establece programas de trabajo que serán revisados y aprobados por el Comité Directivo de la organización y la Reunión de Ministros.
    Entre los trabajos impulsados por esta organización dedicada a la integración energética se encuentran estudios de interconexión eléctrica como el de vinculación del SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central) con México y Colombia y estudios para el fomento de las energías renovables en los países miembros como el de “Desarrollo de la Geotermia en la región Andina”, “Perspectiva de la Energía Solar Térmica en América Latina y el Caribe” y el de “Cogeneración” desarrollado en conjunto con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), entre otros proyectos.
    La transferencia de capacidades ha sido siempre un pilar de los programas de capacitación de la OLADE. Durante el año 2014, se han realizado 11 cursos donde participaron 3.227 participantes de los países miembros en temas tan diversos como las energías renovables, energía e inclusión social y desarrollo de una planificación energética para el Caribe, entre otros programas.
    Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema:
    27. Resaltamos el avance que ha experimentado la región en la formulación de esquemas que buscan expandir, promover y regular los intercambios internacionales de productos energéticos, con lo cual esperamos poder conformar, gradualmente, un espacio regional de la energía, combinando la utilización de mecanismos de mercado y de cooperación, impactando así positivamente la calidad de vida de nuestros países. Conjuntamente, reafirmamos la necesidad de dar mayor impulso a la integración energética regional; la importancia de contar con un suministro energético socialmente inclusivo, seguro, confiable, solidario, competitivo y respetuoso del medio ambiente; y la decisión de avanzar en la conformación de un régimen que facilite el libre tránsito energético en la región, respetando los marcos legales y regulatorios de los países”.
    La II Cumbre Presidencial se llevó a cabo en La Habana, Cuba en enero de 2014, donde los Jefes de Estado y de gobierno señalaron:
    “5. Promovemos una visión de desarrollo integral e inclusivo, que garantice el desarrollo sostenible y productivo, en armonía con la naturaleza, en aquellos ámbitos en los que podemos construir sinergias, particularmente en áreas como la energía, …”
    La I Reunión de Ministros de Energía de la CELAC tuvo lugar en Lima, Perú el día 16 de noviembre de 2012. Como resultado de la misma se alcanzó el Plan de Acción de Lima, en el que se reconoce que la región posee valiosos e inmensos recursos naturales energéticos, renovables y no renovables, así como grandes potencialidades para el desarrollo de nuevas fuentes de energía, las cuales son potencialmente suficientes para satisfacer los requerimientos energéticos de nuestros pueblos, al mismo tiempo que permiten diversificar la matriz energética regional.
    Afirma que la máxima instancia en materia energética de CELAC será la Reunión de Ministros de Energía, que sesionará anualmente, y se propone que transitoriamente la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) sea su Asesor Técnico.
    Sobre la Estrategia Energética de la CELAC, agrega que se someterá a la consideración de los Estados Miembros de CELAC la estrategia energética diseñada por UNASUR, como asimismo se solicitará a los otros mecanismos de integración energética de la Región (CARICOM, Estrategia Energética Centroamericana, Petrocaribe, Mesoamérica y otros) hacer llegar sus propias estrategias y planes de acción. Sobre la base de estos comentarios y aportes, OLADE preparará un informe que reúna y sistematice las diversas perspectivas de las subregiones y sus Estados miembros, y diseñe posibles escenarios que consoliden los puntos en común.
    Luego, la II Reunión de Ministros de Energía tuvo lugar en Montego Bay (Jamaica) el día 25 de octubre de 2013. Como resultado de la misma se lanzaron la Declaración de Montego Bay y el Plan de Acción de Montego Bay.
    Del mencionado Plan de Acción surgió la creación de un Grupo de Trabajo Ad Hoc en Energía con el objeto proponer y analizar escenarios sobre políticas y estrategias para el sector energético de CELAC. Este Grupo deberá realizar un Informe que mantendrá a todos sus miembros al tanto de sus actividades a través de su Coordinador de la PPT de CELAC.
    Durante el mes de noviembre de 2014 tuvo lugar la III Reunión de Ministros de Energía de CELAC en El Salvador, donde se reiteró la necesidad de que el Grupo de Trabajo Ad Hoc se reúna y trabaje en unos Lineamientos para una Estrategia Energética de la CELAC que deberán estar basados en los lineamientos de estrategia energética suramericana aprobados por UNASUR en 2008.
    Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
    El 17 de abril de 2007, los Jefes de Estado y de Gobierno suscribieron en Venezuela, la “Declaración de Margarita”. A través de ella, los Presidentes crean el Consejo Energético de Suramérica, integrado por los Ministros de Energía de cada país.
    En la I Reunión del Consejo Energético Suramericano, celebrada el 8 de Mayo de 2008 en Caracas, se aprobaron los Lineamientos de Estrategia Energética Suramericana y el Plan de Acción, los cuales fueron elevados para su análisis y aprobación por parte de los Presidentes. Y la Estructura del Tratado Energético Suramericano fue aprobada en la II Reunión del Consejo Energético Suramericano, celebrada el 25 de marzo de 2010.
    Así fue como, los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la UNASUR, en la Reunión Presidencial Extraordinaria celebrada el 04 de Mayo de 2010 aprobaron los Lineamientos de Estrategia Energética Suramericana, el Plan de Acción y la Estructura del Tratado Energético Suramericano, encomendando a los Ministros de Energía a avanzar en el desarrollo del contenido del Tratado.
    En la III Reunión del Consejo Energético Suramericano, celebrada el 18 de Mayo del 2012 en la Ciudad de Caracas, Venezuela, se resolvió, conformar un “Grupo especializado Ad Hoc en materia Jurídico-Política”, encargado de la redacción del mismo, trabajo que se encuentra en proceso.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 45
    A nivel regional, se puede hacer referencia a la participación de la Delegación Argentina en la Reunión Ministerial de las Américas sobre Energía y Clima que tuvo lugar el día 15 de abril de 2010, en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, y el 16 de abril de 2010 en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, DC. Con respecto a eficiencia energética o energías renovables, tanto en UNASUR como en el ámbito del MERCOSUR se trabaja en estos temas

    A nivel UNASUR, nuestro país participa activamente de las reuniones del Consejo Energético Sudamericano está trabajando en acelerar los procesos de integración energética. En el marco del MERCOSUR, se destacan las negociaciones encaradas en busca de una estrategia de integración productiva regional en materia de energías renovables, en particular en lo que se refiere a la energía eólica y a la participación en la cadena de valor de los parques eólicos a instalarse en la región.

    En materia de energías renovables, a nivel bilateral, se pueden mencionar las reuniones del Grupo de Trabajo en materia de energía con Estados Unidos (el 4 de junio próximo pasado se suscribió el Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina y el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América sobre cooperación en tecnologías de energía limpia).
  • Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
  • Infancia y Juventud
    Ministeriales
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 16
    Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
    Objetivo: Generar oportunidades de inclusión social y laboral de las y los jóvenes, a través de acciones integradas que les permitan identificar el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo de calidad. Para el logro de este objetivo se han establecido y organizado distintas líneas de trabajo a través de las cuales se promueve la participación de los jóvenes en acciones de orientación e inducción al mundo del trabajo; de certificación de estudios primarios y secundarios, de formación profesional, de entrenamiento para el trabajo, de apoyo a la búsqueda de empleo, de planificación e implementación de emprendimientos independientes. Asimismo, se han creado Áreas de Empleo para jóvenes en las Oficinas de Empleo Municipales, integrantes de la Red de Servicios de Empleo del país, que son espacios institucionales desde los cuales se garantiza una adecuada atención de los y las participantes y se gestiona el programa.
    El programa atendió, desde su inicio, a más de 690.000 jóvenes, que participaron en las distintas actividades mencionadas en el párrafo anterior, organizadas en sus localidades de residencia. De ese total, 220.000 adhirieron y/o desarrollaron actividades durante el año 2013.
    El Programa se desarrolla en 342 municipios, a través de sus Oficinas de Empleo, en todas las provincias del país.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 16
    Juventud
    El Ministerio de Desarrollo Social, es el organismo del Estado Nacional encargado de llevar a cabo las políticas públicas vinculadas a los jóvenes de entre 15 y 29 años. Las políticas públicas de Juventud se construyen desde un enfoque de derechos, enfatizando la perspectiva generacional y con estrategias que tienen por objetivo la inclusión social de los y las jóvenes, a través de una importante articulación interinstitucional, dado que las mismas se construyen desde un enfoque de transversalidad e integralidad en el que se conjugan las respuestas programáticas compartidas y asumidas desde el Estado junto con la comunidad.
    En esta línea de trabajo con una clara articulación interinstitucional y territorial se conformó el Consejo Federal de Juventud, con el propósito de diseñar las políticas públicas de Juventud, promoviendo la ciudadanía activa y participativa con y desde las juventudes, para que asuman un rol protagónico como actores estratégicos de desarrollo. El desafío es que el diseño, fortalecimiento y coordinación de las políticas públicas de juventudes sean cada vez más inclusivas, impulsadas desde el territorio y construidas colectivamente a partir de las voces, intereses y propuestas de los y las jóvenes.

    Plan Nacional de Deporte Social
    Sobre la base de que el Deporte, en su dimensión social es una fuerte herramienta de inclusión, en particular de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, este plan, que fomenta el deporte como estrategia de promoción e inclusión social, incluye programas y proyectos que delimitan los lineamientos de política deportiva, en la construcción de un modelo político nacional y popular. Entre los objetivos que contempla, busca aumentar la participación comunitaria en el acceso de la población al deporte. También persigue el objetivo de formar recursos humanos en la aplicación de la política social de deporte.
    Más de 5.500 clubes de barrio de todo el país recibieron apoyo financiero y capacitación.
    Más de 2.006 becas Deportivas destinadas a atletas de los distintos niveles del alto rendimiento.
    Casi 1.000 becas deportivas otorgadas correspondientes a la implementación de los Polos Deportivos14
    Asimismo se crearon más de 650 Polos de Desarrollo de Actividad Física y Deportes.
    Otras acciones afines: Programa Nacional “Juegos Nacionales Evita”, donde participan año a año más de 1 millón de adolescentes de todo el país.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 16
    Juventud

    El Ministerio de Desarrollo Social es el organismo del Estado Nacional encargado de llevar a cabo las políticas públicas vinculadas a los jóvenes de entre 15 y 29 años. Las políticas públicas de Juventud se construyen desde un enfoque de derechos, enfatizando la perspectiva generacional y con estrategias que tienen por objetivo la inclusión social de los y las jóvenes, a través de una importante articulación interinstitucional, dado que las mismas se construyen desde un enfoque de transversalidad e integralidad en el que se conjugan las respuestas programáticas compartidas y asumidas desde el Estado junto con la comunidad.

    En esta línea de trabajo con una clara articulación interinstitucional y territorial se conformó el Consejo Federal de Juventud, con el propósito de diseñar las políticas públicas de Juventud, promoviendo la ciudadanía activa y participativa con y desde las juventudes, para que asuman un rol protagónico como actores estratégicos de desarrollo. El desafío es que el diseño, fortalecimiento y coordinación de las políticas públicas de juventudes sean cada vez más inclusivas, impulsadas desde el territorio y construidas colectivamente a partir de las voces, intereses y propuestas de los y las jóvenes.

    Los ejes centrales con respecto a las políticas públicas de juventud son:

    - Participación

    - Formación

    En este ámbito, se consolida el desarrollo del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, con el objetivo de generar oportunidades de inclusión social y laboral de los jóvenes, a través de acciones integradas, que les permitan construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo.

    Participan jóvenes de 18 a 24 años de edad, con residencia permanente en el país, que no hayan completado el nivel primario y/o secundario de escolaridad y se encuentren desempleados.

    Orientación e inducción de los jóvenes al mundo del trabajo

    El primer paso que propone el Programa son los Talleres de Orientación e Inducción al Mundo del Trabajo. Durante el desarrollo de los mismos, los jóvenes cuentan con el asesoramiento de un orientador o tutor que les brinda los elementos necesarios para la identificación de:

    • sus intereses, necesidades y prioridades;
    • las particularidades de su entorno social y productivo;
    • la revalorización de los saberes y habilidades para el trabajo, que haya adquirido en distintos espacios de aprendizaje y experiencia; y
    • estrategias adecuadas para planificar y desarrollar su camino de búsqueda, formación y acceso al empleo.

    A partir de los Talleres de Orientación e Inducción al Mundo del Trabajo, los jóvenes pueden definir un proyecto formativo y ocupacional.

    Los mencionados talleres duran un período máximo de dos meses. Esta etapa es importante y, en general, previa a la participación en las demás acciones del Programa.

    Formación para la certificación de estudios primarios y/o secundarios

    La certificación de estudios es una de las vías para mejorar la inserción en trabajos de calidad y disminuir la rotación exacerbada en empleos de corta duración. Por estas razones dichas certificaciones constituyen uno de los objetivos centrales del programa.

    Cursos de formación profesional

    De acuerdo a sus intereses y expectativas de inserción laboral, los jóvenes participan en los cursos de formación profesional que les sean ofrecidos por la Oficina de Empleo Municipal. Estos cursos les permitirán adquirir o fortalecer las competencias y habilidades requeridas para el ejercicio de la ocupación definida durante la etapa de elaboración de su proyecto formativo y ocupacional.

    Certificación de Competencias Laborales

    Los jóvenes que han tenido experiencia laboral previa pueden ser evaluados y certificados en las competencias laborales que han desarrollado en el ejercicio de esa ocupación. En caso que necesitaran formación complementaria, el orientador o tutor los derivará al curso correspondiente de manera que puedan certificar la totalidad de las competencias laborales que requiere la ocupación.

    Generación de emprendimientos independientes

    Los jóvenes que en su proyecto formativo y ocupacional se definan por el desarrollo de un emprendimiento independiente o pequeña empresa, en forma individual o asociativa, asisten a cursos de gestión empresarial y son asistidos por consultores especializados en la elaboración de un Plan de Negocio. Una vez aprobado el Plan de Negocio, se le brindará asistencia legal, técnica y financiera para su implementación durante las primeras etapas de desarrollo del emprendimiento.

    Prácticas calificantes en ambientes de trabajo

    Para iniciar o completar la formación recibida los jóvenes podrán realizar prácticas calificantes en ambientes de trabajo.

    Dichas prácticas son ofrecidas por empresas del sector público o privado, para lo cual reciben asesoramiento por parte de las Oficinas de Empleo Municipales.

    Las empresas deben formular un proyecto que debe incluir un período de formación teórica y otro de formación en el puesto de trabajo. La formación teórica incorpora los conceptos técnicos básicos, aspectos de seguridad y de higiene y salud que se aplican en el ejercicio de la ocupación, temas de calidad y mejora continua y otros que resulten pertinentes. Durante el segundo, con el apoyo de un tutor designado por la empresa, los jóvenes, aplicando los conocimientos adquiridos, completan su formación en prácticas realizadas en el puesto de trabajo.

    Apoyo a la búsqueda de empleo

    Los jóvenes reciben asistencia de manera permanente para la elaboración de estrategias adecuadas para la búsqueda de empleo. A estos efectos, serán citados periódicamente en la Oficina Municipal de Empleo para su asesoramiento, orientación y evaluación.

    Intermediación Laboral

    A través de las Oficinas Municipales de Empleo, los jóvenes incorporados al Programa serán informados sobre las demandas de trabajo formuladas por las empresas que sean compatibles con sus perfiles profesionales. El tutor les informará sobre las condiciones de la oferta de trabajo y los asesorará sobre las características de la entrevista de selección, derivándolos a los potenciales empleadores.

    Apoyo a la inserción laboral

    El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) promueve la contratación de jóvenes ofreciendo incentivos financieros a las empresas que los incorporen durante un plazo máximo de SEIS (6) meses.

    Algunos resultados específicos:

    - 26.187 Jóvenes se insertaron en un empleo Registrado luego de participar en el Programa;
    - 2.062 jóvenes se insertaron laboralmente en una empresa en el marco del Programa de Inserción Laboral;
    - 300.000 Jóvenes participaron como primera actividad del proceso de orientación e inducción al mundo del trabajo;
    - 306.000 Jóvenes participaron en la terminación de los estudios primarios y secundarios;
    - 29.000 Jóvenes han participado en prácticas calificantes en empresas;
    - 48.000 Jóvenes finalizaron cursos de formación profesional.;
    - 2.000 Jóvenes iniciaron emprendimientos independientes
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 19, 39, 87
    Asignación Universal por Hijo
    Un paso trascendental en cuanto a Políticas Públicas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ha sido la implementación de la Asignación Universal por Hijo para protección social. La misma constituye una verdadera prioridad del Gobierno nacional para que millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años o discapacitados, cuyos padres estén desempleados, sean trabajadores en el mercado informal o en el servicio doméstico (que perciban un salario inferior al mínimo vital y móvil) o sean monotributistas sociales, mejoren sus condiciones de vida, salud y educación.
    Los padres cobran una Asignación de 220 pesos por hijo/a y 880 pesos por hijo/a discapacitado. Todos los meses se paga el 80% de estos montos porque el restante 20% se hace efectivo una vez al año si el niño/a cumple con los requisitos de salud (vacunas) y educación (asistencia a clase).
    A la fecha los principales logros de la medida son los siguientes:
    • Reciben la asignación 3.481.082 menores de 18 años, de los cuales 12.503 son discapacitados y corresponden a 1.844.483 familias.
    • El impacto de la asignación en la educación redundó en un incremento de 25 % de la matrícula escolar.
    Otras Cuestiones
    A nivel regional, impulsada por la Argentina se viene trabajando la temática de la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de explotación sexual en el ámbito del MERCOSUR, principalmente enfocados a la zona de la Triple Frontera Argentino-Brasileño-Paraguaya.
    En este sentido se viene realizando un trabajo conjunto en la zona, integral, interdisciplinario que conjuga acciones de concientización, movilización de la comunidad y actores públicos y privados locales, capacitaciones, campañas comunicacionales comunes, conformación de protocolos de intervención comunes, entre otras acciones. Entre ellos mencionamos:
    • Se realizó un mapeo de actores locales en cada uno de los países conforme su incumbencia para los casos de denuncia de trata
    • Se consensuó un marco para un Protocolo de intervención conjunto para la atención a las víctimas de trata.
    • Se diseño y acordó una imagen comunicacional, un afiche y trípticos común a los tres países para sensibilización y prevención en cada uno de los países, en tres idiomas: español, portugués y guaraní, cuya difusión en los países del MERCOSUR fue acordada por Recomendación N° 03/2008 del Consejo de Mercado Común.
    • Se realizaron intercambios y capacitaciones de manera conjunta a fuerzas de seguridad, poder judicial, autoridades locales de protección a niñas, niños y adolescentes, autoridades de migraciones, etc.
    • Mapeo de pasos internacionales ilegales y/o clandestinos
    En la última reunión, celebrada en Puerto Iguazú, Argentina el 27 y 28 de julio de 2010, se acordaron, entre otros, los siguientes compromisos:
    • Se está comenzando a un debate en torno a la conformación de un sistema de información para todas las autoridades intervinientes en la zona de cada uno de los países sobre los casos de Trata de personas en los que se ha intervenido, con la idea de avanzar hacia una base de datos común.
    • Intercambio de informes periódicos sobre situación de las victimas que han sido rescatadas y han optado por retornar a sus hogares, en razón de la necesidad de conocer los avances de esa persona en el país de retorno, así como facilitar su localización en caso de ser requerida su presencia como testigo en instancias de juicio contra sus captores.
    • Seguir trabajando con las capacitaciones al resto de los actores locales claves como transportistas, hoteleros, agentes de turismo, etc.
    • Continuar con las campañas de comunicación para la sensibilización en la temática de Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, a través de campañas radiales, televisivas, gráficas
    En este sentido merece especial mención, la adopción de un spot televisivo común a los cuatro países en idioma español, portugués y guaraní, relativo a la “Prevención, Concientización y Lucha contra la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de Explotación Sexual y/o Laboral”, elaborado con la cooperación de UNICEF Argentina.
    • Recursos Relacionados
    ARGENTINA- INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMERICAS
    ARGENTINA- INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMERICAS
    ARGENTINA- INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMERICAS
  • Infraestructura y Transporte
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    1. ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS AMÉRICAS

    Promoción y profundización de proyectos de infraestructura física a nivel nacional, subregional y regional
    En materia de promoción y profundización de proyectos de infraestructura física a nivel nacional, subregional y regional cabe destacar la participación de la República Argentina en el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Se trata de una herramienta creada en 2005 en el ámbito del MERCOSUR con el objetivo de promover la convergencia entre los Estados Partes del bloque y reducir las asimetrías existentes en la región a través del financiamiento de proyectos nacionales o pluriestatales presentados por los Estados Partes. El FOCEM constituye uno de los ejemplos más tangibles del impacto positivo del proceso de integración regional en el marco del MERCOSUR, lo que también queda evidenciado en su espíritu solidario, ya que los Estados Parte de menor desarrollo relativo, que contribuyen en menor proporción a su financiamiento, resultan sus principales beneficiarios, al recibir una transferencia neta de recursos provenientes de las economías más grandes del MERCOSUR.
    Dicho principio solidario queda evidenciado en las normas de capitalización del Fondo. En la actualidad, el FOCEM está integrado por aportes anuales de US$ 100 millones, que son aportados en un 70% por Brasil, 27% por Argentina, 2% por Uruguay y 1% por Paraguay. Estos recursos se distribuyen anualmente de modo tal que Paraguay recibe el 48%, Uruguay el 32% y Brasil y Argentina 10% cada uno. Asimismo, con la aprobación de la Decisión del Consejo del Mercado Común N ° 41/12, se han iniciado los trabajos tendientes a permitir la participación de la República Bolivariana de Venezuela en el Fondo, en virtud de su ingreso como miembro pleno del bloque.
    El FOCEM financia cuatro Programas, a saber:
    - Programa I de Convergencia Estructural
    - Programa II de Desarrollo de la Competitividad
    - Programa III de Cohesión Social
    - Programa IV de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración

    En particular, los proyectos presentados en el marco del Programa I de Convergencia Estructural deben contribuir al desarrollo y ajuste estructural de las economías menores y regiones menos desarrolladas, incluyendo el mejoramiento de los sistemas de integración fronteriza y de los sistemas de comunicación en general. El Programa comprende los siguientes componentes:

    i) Construcción, adecuación, modernización y recuperación de vías de transporte; de sistemas logísticos y de control fronterizo que optimicen el flujo de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus subregiones.

    ii) Exploración, transporte y distribución de combustibles fósiles y biocombustibles.

    iii) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

    iv) Implementación de obras de infraestructura hídrica para contención y abducción de aguas brutas, de saneamiento ambiental y de macrodrenaje.

    De los 37 proyectos aprobados que actualmente se encuentran en ejecución, 17 se hallan enmarcados en el Programa I de Convergencia Estructural. El costo total de estos Proyectos asciende a US$ 1.221.795.950, de los cuales US$ 806.062.719 son financiados por el FOCEM. En cuanto a la distribución geográfica, 10 proyectos son ejecutados por Paraguay, 3 por Uruguay, 2 por Brasil y 1 por nuestro país. Existe, además, un proyecto binacional ejecutado por Brasil y Uruguay.
    A continuación se presenta un cuadro de los Proyectos FOCEM en ejecución correspondientes al Programa I de Convergencia Estructural:
    Nº País Proyecto Monto total Proyecto (u$s) Monto Total FOCEM (u$s)
    1 Paraguay Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de acceso y Circunvalación del Gran Asunción 1 4.860.000 12.631.000
    2 Paraguay Rehabilitación de Corredores Viales 16.990.294 14.441.758
    3 Paraguay Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País 39.470.702 28.516.221
    4 Paraguay Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 8, corredor de integración regional, Ruta 8 – San Salvador – Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero 7.413.198 4.902.000
    5 Paraguay Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de las Rutas 6 y 7, corredores de integración regional, Pdte. Franco - Cedrales 5.846.500 4.517.000
    6 Paraguay Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 2, corredor de integración regional, Itacurubi de la Cordillera – Valenzuela – Gral. Bernardino Caballero 5.186.500 4.008.000
    7 Paraguay Recapado del tramo alimentador de las Rutas 1 y 6, corredores de integración regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná) – La Paz, Ruta Graneros del Sur 4.004.000 3.092.750
    8 Uruguay Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay – Brasil 153.913.516 83.113.000
    9 Argentina Vínculo de Interconexión en 132 Kv. ET Iberá – ET Paso de los Libres Norte 34.250.745 23.720.911
    10 Brasil Ampliación del Sistema de Saneamiento de Ponta Porã – MS 6.136.208 4.496.135
    11 Paraguay Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepción – Puerto Vallemí 99.788.565 75.309.382
    12 Paraguay Construcción de la Línea de Transmisión 500 kv Itaipú-Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la Ampliación de la Sub-Estación Margen Derecha Itaipú 555.000.000 400.000.000
    13 Brasil Obras de Ingeniería del Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Sao Borja-RS 9.967.535 6.502.362
    14 Uruguay Rehabilitación de Vías Férreas, línea Rivera: tramo Pintado (Km 144) - Frontera (Km 566) 74.830.970 50.100.407
    15 Paraguay Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa (11,522 Km) 59.196.693 41.212.084
    16 Brasil/
    Uruguay Saneamiento Urbano Integrado Aceguá/Brasil y Aceguá/Uruguay 7.640.524 5.719.708
    17 Uruguay Rehabilitación de vías férreas II (tramos Piedra Sola – Tres Áboles – Algorta – Paysandú, Queguay – Salto – Salto Grande) 127.300.000 43.780.000
    TOTAL 1.221.795.950 806.062.719

    COSIPLAN
    Reafirmando el compromiso de la República Argentina en el proceso de integración de la infraestructura física regional, se resalta la participación activa en el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento -COSIPLAN- de la UNASUR, en el que se articula la intervención de los sectores de transportes, obras públicas, energía, comunicaciones de nuestro país, así como los relacionados con proyectos y acciones complementarias a la infraestructura.
    En el COSIPLAN se ha elaborado una Cartera de Proyectos de Integración que abarca mas de 500 proyectos a nivel de América del Sur y relacionados con los sectores de transporte, energía y comunicaciones.
    Al mismo tiempo un grupo de esos proyectos se los ha identificado como integrantes de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración API, que son 33 proyectos estructurados cuya ejecución en un horizonte definido al 2022, permitirá contar con territorios integrados a nivel interno de la región y a nivel global, así como ubicados en la senda del desarrollo sostenible.
    Al respecto entre los días 22 al 24 de abril de 2014, se realizó en Bogotá (Colombia) la reunión del COSIPLAN en la que se inició el proceso de actualización de proyectos, que permitirá contar con la Cartera de Proyectos 2014, y la evaluación del avance de la API, que permitirá elevar a las autoridades políticas de la UNASUR los avances de la misma y las recomendaciones de acciones necesarias para promover su cumplimiento.
    También es necesario mencionar que como parte del Plan de Acción del COSIPLAN, se llevan adelante otras acciones que han permitido el desarrollo y aplicación de Metodologías de Planificación territorial indicativa a distintos agrupamientos de proyectos. Entre dichas metodologías se destacan:
    - Evaluación Ambiental y Social Estratégica
    - Integración Productiva y Logística
    - Metodología de Prevención de Riesgos y Catástrofes en la Infraestructura.

    La aplicación de estas metodologías a la Cartera de Proyectos permitirá contar con una evolución de los mismos que permitirá evaluar el impacto territorial de los mismos en las dimensiones ambiental, social, productiva, logística, a fin de desarrollar acciones complementarias a los mismos, y por otra parte incorporar de manera preventiva en el desarrollo de la infraestructura el concepto del riesgo.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1, 2, 3, 4
    I. En relación a la temática de desarrollo , cabe señalar que la agenda en esta materia dentro del G20 progresó significativamente a partir de la cumbre de Seúl celebrada en noviembre de 2010. Allí se elaboró un Plan de Acción Multianual que avanzó en la coordinación dentro del G20 con un enfoque guiado por los siguientes principios: el enfoque en el crecimiento económico inclusivo, la asociación global por el desarrollo con una vinculación como iguales entre miembros del G20 y países de bajos ingresos, el enfoque prioritario en los asuntos sistémicos globales o regionales, la participación del sector privado, la complementariedad y un método de trabajo orientado a la búsqueda de resultados. Con el fin de concretar acciones específicas, se establecieron nueve áreas temáticas, ellas son, infraestructura, inversión privada y creación de empleos, desarrollo de recursos humanos, comercio, inclusión financiera, crecimiento resiliente, seguridad alimentaria, movilización de los recursos internos e intercambio de conocimientos.

    En este esquema, por Resolución AG/doc.5242/12, se aprobó la Carta Social el 3 de junio de 2012, quedando pendiente la elaboración del citado Plan de Acción, para lo cual se encomendó al Grupo de Trabajo Conjunto de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), que continúe su labor para dicho fin.

    b) En referencia a los avances logrados en materia de integración de la infraestructura física en América del Sur en el marco del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), del cual participan doce países de América del Sur (entre ellos Argentina), aprobó en su reunión de noviembre de 2011 los siguientes instrumentos:

    • Plan de Acción Estratégico 2012-2022, encaminado a mejorar las herramientas para la ejecución y conclusión de proyectos; la incorporación en el menor plazo posible de mecanismos de participación social; la atención al aspecto de financiamiento de proyectos de alto impacto en la región; y la compatibilización de los marcos regulatorios e institucionales de los países de América del Sur.

    • Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración – API, la cual reúne 31 proyectos estructurantes para la integración suramericana, con fuerte potencial de impulsar el desarrollo socio-económico regional. Esta API contará con un sistema permanente de evaluación y ajustes necesarios, expresando el compromiso de atribuir especial atención a la implementación de estos proyectos con las acciones necesarias, de carácter continuo, atendiendo a la sustentabilidad ambiental y el desarrollo e integración regional. Se crearon tres Grupos de Trabajo que permitirán dar seguimiento a tres temáticas consideradas prioritarias en el proceso de integración de la infraestructura regional:

    • Grupo de Trabajo sobre Integración Ferroviaria Suramericana: contribuir al desarrollo de los proyectos del modo de transporte ferroviario, logrando el desarrollo de una red básica e integrada. Continuar los trabajos ya avanzados de la Comisión de Integración Ferroviaria Bi-oceánica Argentina-Brasil-Chile-Paraguay en la consolidación del Proyecto de Corredor Bi-oceánico Ferroviario Paranaguá-Antofagasta que ya cuenta con un interesante nivel de avance.

    • Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías: Se crea el Grupo de Trabajo con el objetivo de diseñar herramientas financieras y facilitar la ejecución de los proyectos de la API, que constituye uno de los objetivos prioritarios del COSIPLAN.

    • Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones: Tal como se establece en el art. 4 del Estatuto del COSIPLAN y en el Objetivo 5 del Plan de Acción Estratégico, existe el compromiso con la promoción del uso intensivo de la Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) con el fin de superar las barreras geográficas y operativas en América del Sur. Por estas razones se crea el Grupo de Trabajo, siendo una prioridad del mismo estudiar y proponer alternativas para impulsar la interconexión de las diferentes estructuras y redes de fibras ópticas en América del sur y la formación del anillo Óptico Suramericano.

    c) En materia de promoción y profundización de proyectos de infraestructura física a nivel nacional, subregional y regional cabe destacar la participación de la República Argentina en el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Se trata de una herramienta creada en 2005 en el ámbito del MERCOSUR con el objetivo de promover la convergencia entre los Estados Partes del bloque y reducir las asimetrías existentes en la región a través del financiamiento de proyectos nacionales o pluri estatales presentados por los Estados Partes.

    El FOCEM financia cuatro Programas, a saber:

    - Programa I de Convergencia Estructural
    - Programa II de Desarrollo de la Competitividad
    - Programa III de Cohesión Social
    - Programa IV de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración

    En particular, los proyectos presentados en el marco del Programa I de Convergencia Estructural deben contribuir al desarrollo y ajuste estructural de las economías menores y regiones menos desarrolladas, incluyendo el mejoramiento de los sistemas de integración fronteriza y de los sistemas de comunicación en general. El Programa comprende los siguientes componentes:

    i) Construcción, adecuación, modernización y recuperación de vías de transporte; de sistemas logísticos y de control fronterizo que optimicen el flujo de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus subregiones.
    ii) Exploración, transporte y distribución de combustibles fósiles y biocombustibles.
    iii) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
    iv) Implementación de obras de infraestructura hídrica para contención y abducción de aguas brutas, de saneamiento ambiental y de macro drenaje.

    En la actualidad, el FOCEM está integrado por aportes anuales de u$s 100 millones, que son aportados en un 70% por Brasil, 27% por Argentina, 2% por Uruguay y 1% por Paraguay. Estos recursos se distribuyen anualmente de modo tal que Paraguay recibe el 48%, Uruguay el 32% y Brasil y Argentina 10% cada uno. De esta manera puede observarse cómo opera la transferencia neta de recursos desde las economías más grandes del MERCOSUR hacia los socios de menor desarrollo relativo. Asimismo, con la aprobación de la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 41/12, se han iniciado los trabajos tendientes a permitir la participación de la República Bolivariana de Venezuela en el Fondo, en virtud de su reciente ingreso como miembro pleno del bloque.

    De los 43 proyectos aprobados en ejecución hasta el momento, 19 se hallan enmarcados en el Programa I de Convergencia Estructural. El costo total de estos Proyectos asciende a U$S 1.234.095.950, de los cuales U$S 814.300.719 son financiados por el FOCEM. En cuanto a la distribución geográfica, 10 proyectos son ejecutados por Paraguay, 5 por Uruguay, 2 por Brasil y 1 por nuestro país. Existe, además, un proyecto binacional ejecutado por Brasil y Uruguay.
    En anexo cuadro de los Proyectos FOCEM en ejecución correspondientes al Programa I de Convergencia Estructural
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 5, 6, 7
    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señanaron lo siguiente respecto al tema:
    “25. Enfatizamos la necesidad de intensificar y diversificar la conectividad entre los países de CELAC, en términos de transporte aéreo y marítimo, y reiteramos que sinergias deben ser identificadas con el fin de fortalecer la cooperación. Para ese fin, alentamos la consideración de iniciativas para mejorar la conectividad entre el Caribe, Mesoamérica y la América del Sur. Cabe a CELAC actuar en complementación a los proyectos en curso”.
    “26. Destacamos los resultados y el plan de trabajo de la Primera Reunión Ministerial de Infraestructura. Reafirmamos que en la integración física, así como en otras áreas, el proyecto más amplio de integración latinoamericana y caribeña se beneficia del fortalecimiento de los programas regionales y subregionales -como el COSIPLAN/UNASUR, el Proyecto MESOAMÉRICA y la CARICOM-. Cabe a CELAC actuar en complementación a los proyectos en curso”.

    V. Planes, programas y proyectos ejecutados por la Secretaría de Energía:
    Marco regulatorio de estímulo a las energías renovables :

    • Ley 25.019: Régimen nacional de energía eólica y solar, promueve la investigación y el uso de energías no convencionales o renovables.

    • Estudio para mejorar el conocimiento y la promoción de Oferta Hidroeléctrica en Pequeños Aprovechamientos (2006).

    • Ley Nº 26.190: establece un Régimen de Fomento para el uso de fuentes renovables para la producción de electricidad, estableciendo como meta que el 8% del consumo de energía eléctrica nacional debe ser proveniente de fuentes renovables al año 2016, incluyendo a todas las fuentes alternativas y sólo limitando a las hidroeléctricas hasta 30 Mw. Incorpora incentivos fiscales. Reglamentada a través del Decreto Nº 562/09. En el marco de esta Ley se implementan los siguientes proyectos:

    - Proyecto PROBIOMASA con el de objetivo incrementar la producción de energía derivada de biomasa para asegurar un creciente suministro de energía renovable, limpia, confiable y competitiva mientras se abren nuevas oportunidades para el desarrollo del sector agropecuario, forestal y agroindustrial del país. El proyecto se lleva a delante en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la asistencia de FAO.

    - Estudio de Prefactibilidad para la Utilización de Residuos Derivados de la Industria Arrocera y Forestal en la Generación Eléctrica en Entre Ríos y documento de proyecto para la construcción de la Central Bio-másica de Federación- Entre Ríos- (Residuos foresto-industriales)

    - Implementación de un Plan Estratégico Nacional de Energía Eólica, el cual implica:
    - La confección de un Sistema de Información Geográfico del Potencial Eólico Argentino
    - Un plan para el desarrollo de la Industria Eólica
    - La adecuación de Infraestructuras Asociadas
    - El Desarrollo y Explotación de Parques Eólicos

    - Programa GENREN: Licitación de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables: en el marco del cual se adjudicaron 1.050 MW de potencia a partir de fuentes renovables distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Incluyendo proyectos que utilizan el recurso eólico, solar, biocombustibles, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biogás.

    Adicionalmente, se encuentra en curso la licitación de 100 MW a partir de residuos sólidos urbanos originados en la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo sobre la que tiene jurisdicción la ACUMAR .

    • Ley 26.123: Régimen para el desarrollo de la tecnología, producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía.

    • La Res. 220/2007: habilita el establecimiento de Contratos de abastecimiento entre Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y auto o co-generadores.

    • La Resolución 280/2008: habilita los Prestadores municipales y/o provinciales a entregar al Organismo Encargado del Despacho (OED) en el marco de contratos MEM ó contratos con distribuidores. Alcanza a cualquier tipo de generación con energías renovables de hasta 2000 Kw, incluidas en la 26.190.

    • La Resolución 712/2009: habilita la realización de contratos de abastecimiento entre el MEM y las ofertas de generación asociadas presentadas por ENARSA.

    • La Resolución 108/2011: habilita a Agentes Generadores, Cogeneradores y autogeneradores la realización de contratos de abastecimiento en el Mercado Eléctrico Mayorista.

    • La Resolución Conjunta Ministerio de Planificación Federal Inversión Publica y Servicios 572/2011 y Ministerio de Economía y Hacienda 172/2011: establece en su Anexo I el procedimiento de para evaluación y selección de proyectos de la Ley 26.190

    Asimismo, y relacionado con el párrafo 47 del texto de la V Cumbre , se puede mencionar el siguiente marco regulatorio:
    • Decreto Nº 140/2007: declara de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía. Aprueba los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Acciones implementadas en el marco del decreto:

    - Reemplazo masivo de lámparas incandescentes por LFC s, en todas las viviendas del país: 27,5 millones de LFC`s distribuidas en 9 millones de hogares de 1.950 localidades en 24 Provincias.

    - Cambio de 300.000 lámparas en edificios públicos.

    - Alumbrado Público: 510 municipios adheridos (25,5 % del total) en ejecución; Recambio: 577.000 Luminarias; Inversión Proyectada: 387,1 millones de pesos; Ejecutada: 137,1 millones de pesos.

    - Etiquetado Artefactos Eléctricos

    - Etiquetado obligatorio de EE en refrigeradores y congeladores (freezers) de uso doméstico, lámparas y acondicionadores de aire y lavarropas. Voluntario: Motores de inducción Trifásicos, bombas centrífugas para uso domiciliario, calentadores de agua de acumulación eléctricos para uso doméstico, televisores en modo encendido y medición del consumo de potencia en modo de espera (stand by) para aparatos eléctricos.

    - Estándares de EE: establecimiento de la clase C como nivel máximo de consumo específico de energía o mínimo de eficiencia energética para refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire.

    - Artefactos a Gas: norma IRAM 19050-1 emitido (anafes y hornos), voluntaria.

    - Vivienda: norma IRAM 11900, EE en Edificios, voluntaria.

    - Turismo: Convenio Marco firmado entre FEHGRA, SECTUR y SE para impulsar medidas de EE en el sector.

    - Cogeneración: Inicio de 4 casos de estudio, en el marco del proyecto TECH4CDM.

    - Industria: El proyecto GEF prevé la realización de aproximadamente 330 diagnósticos energéticos a industrias: El Proyecto, en su primera etapa de ejecución durante el año 2012, tuvo como resultado la realización de diagnósticos energéticos a 25 empresas de distintos sectores y regiones de nuestro país.

    A fines del año 2012 se llevó a cabo una Jornada de Difusión de los Resultados de los Diagnósticos Energéticos realizados. En la misma se compartieron los resultados obtenidos con los presentes, contando con la participación de representantes de la Secretaría de Energía, la Unión Industrial Argentina, el Banco Mundial, las consultoras seleccionadas para la ejecución de los diagnósticos energéticos, y las industrias beneficiarias del programa.

    Por otro lado, considerando lo señalado por el párrafo 49 del texto de la Declaración de Puerto España , se puede mencionar la siguiente normativa:

    • Ley 26.093: establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. También se fija la autoridad de aplicación (Secretaría de Energía). Se refiere al mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. Infracciones y sanciones. Establece que todo combustible líquido como las naftas o el diesel oil deberán tener una mezcla en proporciones crecientes, hasta un mínimo del 5% de biocombustible a alcanzar en cuatro años. El régimen prevé beneficios fiscales y a la inversión y otorgan un papel muy importante a los productores agropecuarios que incluso pueden destinar el producto para autoconsumo de las tareas agrícolas. Mediante la Resolución Nº 828/2010 se amplía el corte obligatorio del biodiesel al 7%. Se encuentra en estudio ampliar el corte al 10%.

    • Ley 26.334: Se aprueba el Régimen de Promoción de la Producción de Bio-etanol.

    A su vez, con respecto a la actividad nuclear , la Argentina ha sancionado recientemente la Ley 26.176: Plan para la Reactivación de la Actividad Nuclear en la Argentina, promulgada el 17 de diciembre de 2009. Incluye entre otros tópicos:

    - Extensión de Vida Central Nuclear Embalse (CNE)
    - Estudio de Factibilidad de una nueva Central
    - Reactivación de la Planta de Agua Pesada
    - Reactivación del desarrollo del Reactor CAREM
    - Reactivación de la Planta de Enriquecimiento de Uranio
    - Terminación de la Central Nuclear Atucha II (CNA-II)

    En relación a la energía hidroeléctrica se ha creado el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas (Res. SE 762/2009), cuyo objetivo es avanzar en la concreción de las obras hidroeléctricas que se encuentran en etapa de evaluación y/o licitación, como también de aquellas que se identifiquen como necesarias a fin de fomentar el normal desenvolvimiento del Sistema Energético Nacional y de esa manera contribuir al crecimiento de la demanda existente, relacionada al desarrollo económico del País.

    La integración energética es un objetivo permanente de la política energética del país. La Argentina participa de diversos foros y cumbres internacionales como el MERCOSUR, la UNASUR o la CELAC donde el objetivo de conseguir una plena integración energética entre los mercados de los países de nuestro hemisferio siempre estuvo presente.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 5, 6, 7
    Adicionalmente, la estratégica ubicación geográfica de la Argentina en el Cono Sur hace que el país tenga un rol central en la interconexión de redes eléctricas y gasoductos. Existen hoy en el Cono sur numerosas líneas de interconexión en extra alta tensión que vinculan los sistemas eléctricos de los países, aprovechando así para la realización de intercambios compensados de energía o apoyo ante situaciones de emergencia.

    Por otro lado, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, realizan el cálculo correspondiente al factor de emisión de CO2 de la red eléctrica argentina, dato necesario para la presentación de proyectos para obtener beneficios derivados del Mecanismo de Desarrollo Limpio .

    La Secretaría de Energía forma parte del Comité Ejecutivo de la Oficina Argentina del Mecanismos para un Desarrollo Limpio.

    Asimismo, en el marco del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Decreto Nº 140 de 2007), se encuentra en proceso de implementación con las distintas jurisdicciones provinciales programas educativos de eficiencia energética (manuales y talleres de capacitación extracurriculares) . Además, las empresas distribuidoras de energía eléctrica han implementado campañas masivas de comunicación.

    En este esquema, la Secretaría de Energía ha realizado, durante los meses de enero y febrero del año 2011 y 2012 campañas de difusión sobre el uso responsable de la energía: “HAGAMOS CLICK CUIDEMOS LA ENERGÍA", orientadas a niños y sus familias, llevadas a cabo en los principales centros turísticos del país.

    Actualmente se está realizando una nueva campaña (HAGAMOS CLICK! CUIDEMOS LA ENERGIA 2013) de similares características, que promueve la difusión y concientización del uso responsable de la energía. La campaña consta de dos etapas, a saber:

    Etapa 1 (finalizada): se realizó durante el mes de enero en los balnearios centrales de la Costa Atlántica de la Provincia de Buenos Aires.

    Etapa 2 (en proceso): se está llevando a cabo en las Provincias de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y San Juan.

    Del mismo modo, se está trabajando en mecanismos de transparencia y recopilación de información consistente; adicionalmente, se están implementando nuevos sistemas de monitoreo.

    Tal como dice el párrafo 54 del texto de la V Cumbre , Argentina apoya las iniciativas internacionales en marcha para promover una mejor gestión, transparencia y responsabilidad en el sector energético. Por ello, en el mes de febrero de 2011 ha decidido no ser solamente un miembro observador, sino formar parte del Foro Internacional de Energía (FIE).

    El FIE es un facilitador neutral del diálogo energético de carácter global, informal, abierto, informado y continuo entre productores y consumidores de petróleo y gas, así como países de tránsito. A su vez, la Iniciativa Conjunta de Datos de Petróleo (JODI) ha surgido como un resultado concreto del diálogo energético entre productores y consumidores. En el año 2013, en aras de conseguir una mayor transparencia en el mercado de hidrocarburos, se avanzará sobre una base de datos de gas natural, que será conocida como JODI-Gas.

    Además, Argentina es miembro del G-20, donde uno de sus subgrupos de energía llamado Volatilidad de los precios de los combustibles fósiles se basa en datos de de la Iniciativa Conjunta de Datos de Petróleo (JODI en inglés), en el que Argentina fomenta junto a los demás miembros la mejora de la calidad, oportunidad y confiabilidad de la base de datos JODI.

    En 2013, la Presidencia Pro Témpore de Rusia del G-20 encarará los temas energéticos que se discuten en este foro bajo un grupo denominado Grupo de trabajo de Sustentabilidad Energética, entre sus temas se trabajarán la reducción de la volatilidad en los mercados de hidrocarburos, la reducción de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y la regulación de la infraestructura de integración energética, entre otros temas.

    Finalmente, en referencia al párrafo 56 del texto de la Declaración de Puerto España , es preciso destacar:

    • Proyecto de Energías Rurales en Mercados Rurales (PERMER).

    Entre sus objetivos se destacan:

    - Contribuir a mitigar la migración rural mediante la mejora de la calidad de vida.
    - Disminuir la utilización de fuentes energéticas contaminantes mediante tecnologías que aprovechan recursos renovables de disponibilidad local.
    - Promover el uso sustentable de los recursos naturales.
    - Mejorar la productividad de la enseñanza rural.
    - Contribuir a la realización de emprendimientos productivos de la población rural.
    - Mejorar la regulación y supervisión del mercado rural disperso.
    - Mejorar las condiciones lumínicas y de comunicación social de la población rural.

    Instalaciones concretadas:

    Sistemas solares residenciales 9.747
    Sistemas solares en escuelas 1.382
    Sistemas solares en Servicios Públicos 221
    Cocinas, hornos, y calefones solares 272
    Mini redes (cantidad de usuarios) 2.351
    Sistemas eólicos residenciales 1.615

    Instalaciones en ejecución:

    Sistemas solares residenciales 13.469
    Sistemas solares en escuelas 512
    Cocinas, hornos, y calefones solares 35

    Contexto regional en la CELAC.

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema:

    27. Resaltamos el avance que ha experimentado la región en la formulación de esquemas que buscan expandir, promover y regular los intercambios internacionales de productos energéticos, con lo cual esperamos poder conformar, gradualmente, un espacio regional de la energía, combinando la utilización de mecanismos de mercado y de cooperación, impactando así positivamente la calidad de vida de nuestros países. Conjuntamente, reafirmamos la necesidad de dar mayor impulso a la integración energética regional; la importancia de contar con un suministro energético socialmente inclusivo, seguro, confiable, solidario, competitivo y respetuoso del medio ambiente; y la decisión de avanzar en la conformación de un régimen que facilite el libre tránsito energético en la región, respetando los marcos legales y regulatorios de los países”.
    • Recursos Relacionados
    Proyectos FOCEM en ejecución correspondientes al Programa I de Convergencia Estructural
  • Justicia y Estado de Derecho
  • Manejo de Desastres
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 60, 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6
    9. ACCIONES EN MATERIA DE REDUCCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
    Los compromisos asumidos en la V Cumbre de las Américas, consignados en los párrafos 60 y 62 de la Declaración de Puerto España (abril 2009) y los 6 mandatos derivados de la VI Cumbre de las Américas (Cartagena de Indias, abril de 2012) buscan mejorar la cooperación regional en todos los aspectos de la gestión de riesgos, desde la prevención hasta la rehabilitación, respetando las pautas de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU y del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. En cumplimiento de estos compromisos nuestro país ha realizado diversas acciones para la articulación internacional de la Argentina con la reducción de riesgo, la gestión integral de riesgos y los asuntos humanitarios.

    LA ARTICULACION INTERNACIONAL DE LA ARGENTINA CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y LOS ASUNTOS HUMANITARIOS
    Introducción
    La República Argentina es uno de los países de la región con mayor tradición en la cooperación técnica y financiera y la asistencia humanitaria internacional. Su instalación como proveedor de esos aspectos cada vez que países del hemisferio y de otros continentes así lo han requerido comienza, incluso, antes del período en que el crecimiento económico de las naciones de Latinoamérica y el Caribe posibilitara que dejasen de ser exclusivas receptoras de la ayuda internacional ante situaciones de emergencia o desastre, para conformar un grupo sólido de proveedores activos de la misma.
    La Ley de Ministerios (Ley 22520) marca que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto debe “Entender en las políticas y determinación de acciones de asistencia humanitaria internacional, ayuda de emergencia y rehabilitación para el desarrollo a nivel internacional”.
    Es así que la competencia general de la cooperación técnica, atribuida por Ley al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es ejercida por la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional y la Dirección General de Cooperación Internacional, la Cooperación Financiera recae bajo responsabilidad coordinada de la Jefatura de Gabinetes de Ministros y el Ministerio de Economía de la Nación y la Asistencia Humanitaria y de Emergencia Internacional queda bajo la competencia de la Comisión Cascos Blancos.
    La normativa vigente otorga a la Comisión Cascos Blancos el papel de viabilizar las capacidades nacionales que se ofrecen hacia el exterior y de canalizar los recursos que pudiese necesitar el país en caso de que sus capacidades de respuesta fuesen superadas por algún evento desastroso.
    Como herramienta de política exterior, Cascos Blancos realiza acciones y misiones de asistencia humanitaria internacional ante emergencias en las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción; y realiza proyectos de Cooperación Técnica en gestión de riesgos y manejo de desastres, en distintas latitudes, que incluyen regiones como Latinoamérica, El Caribe, Centroamérica, Asia y Africa.
    Cabe resaltar que en 2014 la Iniciativa Cascos Blancos cumplió 20 años desde que fuera creada y reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, consolidándose como una de las políticas del Estado Nacional.
    Como aportes al debate, Gobierno Argentino acompañó el proceso que permitió desarrollar un nuevo modelo de asistencia humanitaria internacional y se constituyó en uno de los actores centrales de la región. En ese sentido, abogó por el modelo de “Asistencia Humanitaria”, con gestión local, participación de la comunidad y con el Marco de Acción de Hyogo (MAH) como rector de las acciones y rechazó los criterios de la Asistencia Dirigida.
    Sin abandonar el objeto de definiciones tradicionales como “desastre”, «emergencia» o «catástrofe», fue necesario incluir definiciones que permitieron incluir las nuevas visiones de estas problemáticas. Junto a otros países del Hemisferio, muy especialmente a los del Mercosur, se adoptó, por ejemplo, el concepto de “desastre socionatural”, en reemplazo de la visión parcial, superada y paralizante de “desastre natural”.

    En ese camino, el organismo del Gobierno Argentino ocupa espacios institucionales y constituye un referente regional en la defensa de la gestión integral del riesgo. Estableció alianzas estratégicas tanto en el ámbito global de las Naciones Unidas como en el hemisférico en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Del mismo modo, potenció la importancia de los acuerdos subregionales e impulsó, junto a Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, la creación de la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria del MERCOSUR (REHU), y conforma el Grupo de Trabajo sobre Gestión Integral de Riesgos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
    La Comisión Cascos Blancos y la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad, coordinan la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y comparten responsabilidades en la representación de la Argentina en sus relaciones bilaterales, regionales y multilaterales.
    Actualmente, la Argentina - a través de Cascos Blancos - participa activamente en los procesos conducentes a la III Conferencia Mundial de Reducción de Riesgos de Desastres (Sendai, 2015) y la I Cumbre Global Humanitaria (Estambul, 2016), que definirán los nuevos marcos internacionales que regirán la reducción de riesgos y la respuesta humanitaria ante desastres respectivamente.
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    1. Argentina en el marco de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)
    La República Argentina adoptó una posición activa desde el mismo momento en que el conjunto de países de las Naciones Unidas decidieron avanzar en una propuesta global destinada a dar visibilidad y a generar e institucionalizar políticas destinadas a reducir los riesgos de desastres y a prevenirlos, por encima de las concepciones que se limitaban a preparar acciones de respuesta a eventos desastrosos.
    En 2005 se realizó la reunión mundial en la que se aprobó en Japón el Marco de Acción de Hyogo, con la presencia de la Argentina, que inició a partir de ese momento una intensa relación de trabajo conjunto con la Estrategia Internacional para la Reducción de los Riesgos (ISDR/EIRD).
    Esta relación se nutre con acciones concretas por parte de la Argentina en el marco de propuestas de la EIRD, de la contribución financiera voluntaria anual que realiza el Gobierno Nacional y de la colaboración técnico-profesional a programas regionales y globales impulsados por la Estrategia.
    Asimismo, Argentina ha participado con Delegaciones de alto nivel de representación a las sucesivas Sesiones de la Plataforma Regional las Américas para la Reducción de Desastres (Panamá, marzo 2009; México, marzo 2011, Santiago de Chile, junio 2012; Guayaquil, mayo de 2014); y de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgos (Ginebra, junio 2009 y mayo 2011).
    Actualmente Argentina participa activamente en el proceso hacia la III Conferencia Mundial de Reducción de Riesgos de Desastres (Sendai, 2015), en sus consultas regionales y globales, aportando al debate en la construcción del marco internacional post 2015.
    Argentina constituyó en 2007 la Plataforma Nacional Argentina para la Reducción de Desastres (PNRD), que es actualmente coordinada por la Comisión Cascos Blancos y la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad.
    Dicho espacio está constituido actualmente por un centenar de miembros, representantes de sectores gubernamentales y no gubernamentales. En tal sentido, cabe destacar a:

    Organismos públicos nacionales, provinciales y municipales.

    Instituciones especializadas (actividades espaciales, nucleares, manejo de cuencas).

    Sector académico proveniente de universidades públicas y privadas.

    ONG´s que abarcan organizaciones de diverso porte y temática, como Cruz Roja, Scouts, Caritas, Sociedad Argentina de Psicología en Emergencias y Desastres, Sociedad Argentina de Psicotraumas, Médicos sin Fronteras, Hábitat para la Humanidad, Fundación Metropolitana, ADRA, Save the Children y otras.

    Sector privado, con representación de compañías de seguros y bancos y proveedores de insumos humanitarios.

    Medios de comunicación, en particular redes y revistas especializadas con la temática.
    La PNDR fue la instancia encargada de aprobar los documentos para las Representaciones de la Argentina ante las sesiones de la Plataforma Regional las Américas para la Reducción de Desastres (Panamá, marzo 2009; México, marzo 2011, Santiago de Chile, junio 2012; Guayaquil, mayo de 2014) y frente a la Plataforma Global para la RD (Ginebra, junio 2009, mayo 2011 y mayo 2013).
    Cabe apuntar que la Argentina presidió el Grupo de Apoyo a la EIRD durante el período 2007-2009, y es uno de los países seleccionados para informar de los avances que se registran en el seguimiento del Marco de Acción de Hyogo en la página oficial de la EIRD. Del mismo modo, se encarga de presentar los avances que se producen con relación al Monitoreo y Revisión de dicho marco de acción. Dicho Informe queda a disposición de los usuarios, sigue el proceso de consultas y actualización y se cierra el proceso para su utilización por la Plataforma Global para la RD.
    A juicio de la EIRD, este proceso participativo coloca a la Argentina entre los países destacados por el cumplimiento en tiempo y forma de la elaboración del Informe. Tal consideración hizo que el país fuese seleccionado para una consulta y una prueba piloto en busca de mejorar y optimizar los frutos del mismo.
    En 2010, la EIRD lanzó su “Campaña Mundial de Reducción de Desastres 2010-2013: desarrollando ciudades resilientes”, con la intención de construir instrumentos y herramientas que estén a disposición de los gobiernos locales.
    La iniciativa busca fortalecer y respaldar a los gobiernos locales y a su personal técnico encargado de la planificación del desarrollo urbano y la gestión de riesgo de desastres, y a los grupos y dirigentes comunitarios.
    Cascos Blancos colabora, junto al Ministerio de Seguridad y a solicitud de Municipios, en proyectos para la instalación local de herramientas de resiliencia, con participación de las comunidades y materiales específicos para implementar la Campaña en distintas localidades del territorio nacional.
    Distintos municipios de la Argentina se encuentran adheridos a la campaña y se comprometieron a cumplimentar los pasos necesarios para contribuir a la resiliencia de sus ciudades.
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    2. Cooperación con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
    La República Argentina mantiene una estrecha relación de trabajo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
    A nivel global, la relación se vio fortalecida a partir de las contribuciones voluntarias que la Cancillería ha transferido a la Oficina, de manera ininterrumpida, desde 2009. En la actualidad, y desde febrero de 2011, la Argentina tiene rango de miembro pleno del Sistema UNDAC (Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres), cuenta con representación ante el Grupo Consultivo del Fondo central para la respuesta en casos de emergencia (CERF), y participa de diversas actividades como país donante, entre las cuales cabe resaltar la Misión de Partenariado Humanitario a Panamá y Haití en noviembre de 2011.
    A nivel regional, esta alianza estratégica se ha visto cristalizada en distintos ámbitos como el impulso a la discusión sobre la temática humanitaria y su coordinación en las Reuniones Regionales sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH), la cooperación en terreno a través de mecanismos especializados como el propio UNDAC y el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), y la colaboración en manejo de información en el marco de la Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe (REDHUM).
    Las Reuniones Regionales sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) surgen impulsadas por OCHA, a instancias de su Grupo de Apoyo de Donantes (OCHA Donor Support Group - ODSG). Comenzaron en México D.F. en 2008 y continuaron anualmente en Florianópolis, Brasil; Buenos Aires, Argentina; Quito, Ecuador; Ciudad de Panamá, Panamá; y Kingston, Jamaica.
    Dichos encuentros internacionales congregan a representantes de las cancillerías y las estructuras de protección civil y gestión de riesgos de Latinoamérica y el Caribe.
    Las Reuniones tienen el objetivo de fortalecer las asociaciones entre los principales actores humanitarios, construir herramientas de operación y coordinación de la asistencia y difundir la misión, objetivos y procedimientos que la Comunidad Internacional pone a disposición de los estados en función de una mejor gestión de la asistencia humanitaria.
    Argentina, a través de Cascos Blancos integra el Grupo de Seguimiento MIAH, que actualmente está conformado, entre otros, por los países anfitriones, OCHA y los mecanismos subregionales de gestión del riesgo (CAPRADE, CDEMA, CEPREDENAC y REHU). Este Grupo constituye el primer nivel de institucionalización del proceso de reuniones.
    Actualmente, Cascos Blancos trabaja activamente en la instrumentación del Plan de Acción MIAH hacia la próxima Reunión MIAH (Guatemala, 2015), que será – además- el marco de la Consulta Regional con vistas a la I Cumbre Global Humanitaria (Estambul, 2016).
    El Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC), tiene su Punto Focal Nacional en Cascos Blancos. En ese carácter Argentina tiene una activa participación y el corolario será la organización en Buenos Aires, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, del curso regional de refresco para miembros UNDAC, en diciembre de 2014.
    Por su parte, el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) es una red integrada por países y organizaciones dedicados a la búsqueda y rescate de estructuras colapsadas en zonas urbanas (Urban Search and Rescue – USAR), que actúan en caso de desastres.
    Esta red global agrupa bajo el paraguas de Naciones Unidas a más de 80 países y organizaciones de respuesta. El Punto Focal Político de la República Argentina recae en Cascos Blancos, mientras que el Punto Focal Operativo recae en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
    3. Otras iniciativas con el Sistema de Naciones Unidas: ACNUR, VNU y OIM
    Argentina desarrolla una muy significativa interacción con las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, tanto en materia de cooperación hacia necesidades locales como en la oferta de apoyo hacia el exterior.
    En el año 2011 se concretó la primera acción de cooperación entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través del desplazamiento de una misión de equipo y voluntarios a la frontera de Túnez con Libia, para colaborar en el manejo de campamentos de refugiados y desplazados por el conflicto libio.
    Cascos Blancos, tuvo a su cargo la selección de sus voluntarios especializados y miembros de su staff permanente, en función de los requerimientos del Alto Comisionado.
    Como consecuencia de esta primera experiencia exitosa de cooperación, la alianza entre el ACNUR y la Comisión Cascos Blancos se formalizó con la firma de un Memorándum de Entendimiento en Octubre de 2011.
    Asimismo, durante los meses de agosto y noviembre de 2012, se llevó a cabo una misión de Asistencia a Refugiados sirios en la Región del Kurdistán, Irak. Se desplazaron tres voluntarias: una trabajadora social, una psicóloga social y una arquitecta, para realizar tareas de asistencia psicosocial y articulación comunitaria en los campamentos para refugiados Sirios en Dohuk, así como también tareas de planificación, agua y saneamiento.
    La Iniciativa de creación de Cascos Blancos (ICB), respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Res. 49/149B en 1994, se vinculó operativamente con el programa Voluntarios de Naciones Unidas (VNU).
    Argentina fue elegida sede del encuentro latinoamericano que analizó al estado del voluntariado en la región en 2011 y contribuyó a la organización de la Consulta Regional de Latinoamérica: “10º aniversario del Año Internacional de los Voluntarios (AIV+10)”, realizada en Quito.
    El 21 de junio de 2012, VNU y Cascos Blancos subscribieron un nuevo Acuerdo de Cooperación durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, para seguir desarrollando respuestas rápidas y eficientes a situaciones de emergencias complejas y desastres socio-naturales, en especial en América Latina y el Caribe, pero también en el resto del mundo.
    El nuevo acuerdo, que remplaza al que estaba vigente desde el año 1995, se complementa con el proyecto “Prevención y respuesta a situaciones de emergencia y desastres a través del voluntariado”, que define en términos operativos los alcances del Acuerdo.
    En este marco se continuarán desarrollando misiones humanitarias, en cooperación con agencias del sistema de Naciones Unidas, en Asia, África o en la región, así como el desarrollo de proyectos conjuntos (CB – VNU) y actividades de difusión del voluntariado dentro y fuera de la región.
    La Organización Internacional para las Migraciones y la Comisión Cascos Blancos firmaron un Memorando de Entendimiento que contempla el apoyo de voluntarios a las tareas de la OIM, según términos de referencias específicos para posiciones concretas dentro de los proyectos de respuesta a emergencias en el hemisferio. En tal sentido, entre septiembre de 2013 y marzo de 2014 se desplazaron a Puerto Príncipe, Haití, dos especialistas Cascos Blancos. Una Voluntaria Arquitecta colaboró con el Programa de Construcción de Viviendas Sustentables que lleva a cabo la Organización, colaborando en tareas de supervisión de los aspectos técnicos de las construcciones que encara la Organización en Haití. Por su parte, un especialista en emergencias y gestión de riesgos diseñó y elaboró planes y procedimientos en las áreas de gestión de riesgos y la reducción del riesgo de desastres, incluyendo el vínculo con la Dirección Nacional de Protección Civil (DNPC) de la República de Haití.
    A principios de septiembre de 2014 está comenzando una misión conjunta en Sudan del Sur, con el envío de un experto en logística de la Comisión Cascos Blancos para colaborar en las tareas de organización de campamentos y albergues.
    4. Actividades con la Organización de los Estados Americanos (OEA)
    En el marco de las Resoluciones de la Asamblea General relativas a la Iniciativa Cascos Blancos, aprobadas entre 1995 y 1997, la OEA dispuso elaborar un sistema de apoyo para actividades de asistencia humanitaria de Cascos Blancos en las Américas. Con la creación del Fondo Especial OEA/Cascos Blancos, a partir de 1998, se implementaron misiones en el Hemisferio, referidas a temáticas como la asistencia sanitaria y hospitalaria, el manejo de emergencias, apoyo al sector educativo o a las áreas agrícolas y ganaderas, en Centroamérica.
    La ICB fue incluida en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de 1994 como una herramienta destinada a contribuir a la erradicación de la pobreza en el continente, en un momento en que la OEA no poseía un sistema de voluntariado como el presentado por la Argentina, a diferencia de la ONU que contaba con la Agencia de Voluntarios de Naciones Unidas (VNU).
    Entre las resoluciones y acuerdos hemisféricos, sobresale el acuerdo concretado en 1998 para constituir un Fondo Especial Cascos Blancos de sostén de sus actividades en la región, junto a la propia OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que incluyó un Convenio de Cooperación Técnica para la realización de un programa de consolidación de la participación del voluntariado para la asistencia humanitaria en América Latina.
    La ICB logró desplegarse en el Continente y potenciar su visualización entre los países de la región. Entre los logros alcanzados en los últimos años se destacan los avances en la interconectividad de los proyectos locales a través de la Red Regional de Voluntariado Humanitario, la integración regional de la experiencia, con actividades integradas por voluntarios de distintos países, y la construcción de alianzas estratégicas con organismos internacionales y regionales, como el Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales y la Red Interamericana de Mitigación de Desastres.
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    de un Plan Interamericano para la Coordinación de la Prevención, la Atención de los Desastres y la Asistencia Humanitaria, respondiendo al diagnóstico realizado por el Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y el Comité Interamericano para el Desarrollo Integral de OEA, sobre “Los Mecanismos Existentes sobre Prevención, Atención de los Desastres y Asistencia Humanitaria entre los Estados Miembros”.
    El diagnóstico, elaborado por el Grupo con el apoyo de 35 expertos del más alto nivel de los países miembro, remarcó la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales, la conveniencia de instrumentar las orientaciones que emanan del MAH en políticas públicas, la insuficiencia de legislación específica, los conflictos de jurisdicción y/o de competencia en la gestión de la asistencia humanitaria internacional y la insuficiencia de acuerdos entre los Estados que faciliten la recepción, donación o tránsito de los insumos humanitarios en situaciones de desastre o emergencia, como también expresó la importancia de fortalecer los organismos regionales y subregionales de gestión de riesgo y emergencias.
    El proyecto relacionado con dicho plan fue elaborado por la Argentina y fue presentado para su negociación en el seno del Grupo.
    El Plan, de carácter no vinculante y aprobado en junio de 2012 por la XLII Asamblea General en Bolivia (AG/RES 2750, XLII-O/12), respeta las prácticas soberanas de cada Estado Miembro, y servirá como herramienta de utilidad relacionada con los Objetivos Generales que presenta. La herramienta constituirá una hoja de ruta de buenas prácticas que consta de tres ejes fundamentales: la prevención, la respuesta y la coordinación, que constituyen sus tres objetivos generales. Estos a su vez se dividen en objetivos específicos, a los que corresponden actividades, indicadores y productos a cumplimentar por los Estados Miembros, la OEA y distintos actores de la temática humanitaria, incluyendo la sociedad civil.
    Para el seguimiento del Plan Interamericano por parte de los Estados Miembros de la OEA, se diseño una herramienta virtual mediante la cual los países podrán volcar sus avances y compartir las experiencias exitosas y buenas prácticas en temas de prevención, atención y coordinación de la asistencia humanitaria internacional. Esta herramienta será presentada formalmente el 30 de septiembre de 2014 en una reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA en Washington DC.
    5. Iniciativas en organizaciones subregionales
    MERCOSUR
    A iniciativa de la República Argentina, los presidentes y cancilleres de la región decidieron crear la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria (REHU), durante la Cumbre del MERCOSUR de Asunción, Paraguay, celebrada en julio de 2009.
    La REHU, integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y abierta a la participación de los Estados Asociados del bloque (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú), constituye el primer paso en el camino hacia la consolidación de un mecanismo de asistencia mutua dentro del Mercado Común en el terreno de la gestión de riesgos y la respuesta a desastres.
    Los mandatarios coincidieron en la importancia de los lineamientos del MAH y expresaron su interés en incorporar la gestión local del riesgo en la agenda pública de los países de la subregión.
    La Coordinación Nacional Argentina está conformada por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes y la Comisión Cascos Blancos.
    A cinco años de la creación de la REHU, dentro del balance positivo de este espacio de coordinación regional se puede incluir el aumento de los niveles de coordinación entre los sistemas nacionales de gestión del riesgo, a través de misiones conjuntas, intercambio de información y la promoción de actividades que están permitiendo ampliar estos ámbitos de integración.
    Durante el segundo semestre de 2014 Argentina ejercerá la Presidencia Pro Tempore de la REHU, en la cual se dará continuidad a iniciativas como el abordaje de problemáticas transfronterizas, la creación de una red de investigadores del MERCOSUR en RRD, la vinculación con MERCOCIUDADES, y consultas subregionales en los procesos conducentes a la III Conferencia Mundial de Reducción de Riesgos de Desastres (Sendai, 2015) y la I Cumbre Global Humanitaria (Estambul, 2016)
    La REHU integra el Foro de Coordinación y Cooperación de los Mecanismos Subregionales de Gestión del Riesgo de Latinoamérica y el Caribe, junto al Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), y la Agencia Caribeña de Manejo de Emergencias (CDEMA).
    El Foro se constituyó en Pisco, Perú, en 2009, y se encuentra en plena etapa de institucionalización. En junio de 2014 en Lima tuvo su última reunión que se orientó a la búsqueda de generar herramientas formales de coordinación de los diversos mecanismos subregionales, consolidar un espacio de diálogo y concertación, que permita avanzar en la creación de una Agenda Estratégica Común.
    Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
    La UNASUR es un organismo de ámbito regional que tiene el objetivo de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado.
    En lo atinente a la asistencia humanitaria, el terremoto de Haití de 2010 puso de manifiesto el carácter prioritario que reviste ese país caribeño para la UNASUR, a partir de la decisión de crear una Oficina Técnica en Puerto Príncipe.
    Argentina colaboró con la Secretaría Técnica de la UNASUR y con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en el abordaje de la problemática nutricional en el país caribeño, a través del apoyo al Programa Nacional de Cantinas Escolares (PNCS).
    Por su parte, en agosto de 2013 el Consejo de Jefes y Jefas de Estado creó el Grupo de Trabajo de Gestión Integral de Riesgos. Argentina participó de la primera reunión del Grupo realizada en abril de 2014 en Santiago de Chile, en la cual se discutió la conveniencia de adoptar una Guía UNASUR de Asistencia Mutua en Casos de Desastre.
    Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
    La Comunidad, surgida de la convergencia de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), y el Grupo de Río, se formalizó en diciembre de 2011 en Caracas, Venezuela, y constituye en la actualidad el único espacio de integración y concertación política regional que abarca la totalidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
    El Plan de Acción 2014 de la CELAC contiene un capítulo específico sobre asistencia humanitaria, y Argentina apoyó la asociación de la CELAC al proceso de Reuniones Regionales sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) coordinado por la Oficina Regional OCHA- ROLAC.
    La República Argentina ha brindado su apoyo a esta decisión, alentando el espíritu de la CELAC de no duplicar esfuerzos; y en coherencia con la posición argentina de contribuir en su institucionalización.
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    Gestión de Riesgo de Desastres
    K.1) Legislación Internacionales para la Respuesta en los Desastres (IDRL)

    En agosto de 2011 la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja (FICR) presentó un proyecto de asistencia técnica para fortalecer los componentes legales en materia de asistencia humanitaria internacional de la República Argentina.

    La Comisión Cascos Blancos, la Cruz Roja Argentina, con el apoyo de un consultor jurídico, y la Coordinadora del Programa IDRL para las Américas, trabajaron en las instancias preliminares de la elaboración del perfil nacional de la Argentina.

    La asistencia técnica apunta a analizar, junto a las distintas autoridades a aplicación nacional, relacionadas con la temática específica, las normativas pertinentes y a formular recomendaciones para fortalecer los marcos legales que faciliten la entrega, el tránsito o la recepción de asistencia humanitaria internacional ante situaciones de desastres socionaturales. La propuesta se basa en las Directrices sobre la facilitación y reglamentación nacionales de las operaciones internacionales de socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial (“Directrices IDRL”, por sus siglas en inglés), adoptadas de manera unánime por los estados participantes en los Convenios de Ginebra en la XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en noviembre del 2007. Dichas Directrices proponen la manera en que los Estados pueden mejorar, a través de su legislación, problemas comunes a las operaciones internacionales de asistencia en situaciones de desastre.

    La Argentina continúa trabajando arduamente con objeto de implementar iniciativas tendientes a la concreción del desarrollo sostenible, lo cual involucra la acción transversal entre las distintas áreas de gobierno nacional y del sector privado. Se trabaja “… por una armonía entre ambiente y producción que implique la generación de empleo, inclusión social y equidad en nuestra sociedad, en aras de beneficiar el ecosistema en su conjunto y alcanzar, así, el Desarrollo Sustentable” (“Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible”, 2009, pág. 3)

    En el plano internacional, la Argentina presenta Informes Nacionales sobre los diversos ejes temáticos tratados en los ciclos bianuales de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esos Informes se encuentran disponibles en la dirección Web http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_guidelines.shtml.

    Asimismo, Argentina apoyó el éxito de la reunión “Río más 20”, llevada a cabo en junio de 2012, a través de una participación destacada y activa en las negociaciones, coordinando sus posiciones en el contexto del G-77 y China, particularmente, con los países afines tanto de América del Sur como de otras regiones.

    En el 2011, al igual que en los años 2009 y 2010, Argentina participó de las negociaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto - foro de competencia primaria de las negociaciones de cambio climático- así como de una serie de diálogos realizados en otros foros, entre los que se encuentran: la Cumbre ALC-UE, UNASUR, MERCOSUR-UE, la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y los derechos de la madre tierra y los diálogos convocados por las sucesivas Presidencias de las Conferencias de las Partes sobre cambio climático.

    La Argentina continuará colaborando con el Gobierno que ejerza la presidencia y otras Partes de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, para promover mayores niveles de diálogo y entendimiento, dirigidos al logro de un acuerdo consensuado y equitativo, en el marco de las Naciones Unidas y producto de un proceso de negociación transparente e inclusivo, que permita la aplicación completa, efectiva y sostenida de la CMNUCC.

    Adicionalmente , la Argentina participó activamente en la negociación del Protocolo de acceso a recursos genéticos y distribución de los beneficios, en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) cuyo Protocolo fue adoptado en la COP-10, en Nagoya, Japón, en octubre de 2010. Este Protocolo entrará en efecto cuando cuente con 50 ratificaciones. La República Argentina es país signatario, más allá de que aun no lo ha ratificado.

    Asimismo, nuestro país participó activamente del Comité Intergubernamental de dicho Protocolo, que es el órgano que por decisión de la misma COP 10 da seguimiento a la evolución de los temas relacionados con su entrada en vigor y futuro funcionamiento. Esta última sesión tuvo lugar en New Delhi, India en julio de 2012.

    En este sentido, válido es destacar que la República Argentina aboga por la aplicación equilibrada de los tres pilares de la CDB, siendo uno de ellos el reconocimiento y la distribución de los beneficios derivados del acceso y uso de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados; junto con la conservación y el uso sustentable.

    Finalmente, cabe señalar que la Subsecretaría de Pesca de la Nación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto han elaborado en forma conjunta el “Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Aves con Pesquerías en la República Argentina”, en el marco de la FAO y siguiendo los objetivos del Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles. El mencionado Plan fue aprobado por el Consejo Federal Pesquero mediante Resolución Nº 15/2010.

    Asimismo, en el marco del Plan de Acción Internacional para la Conservación y Ordenación de Tiburones-“PAI Tiburones”- el Consejo Federal Pesquero dictó la Resolución CFP6/2009 que aprueba el Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina, cuyo objetivo es garantizar, en el marco de la normativa nacional e internacional aplicable, la conservación y el manejo sustentable de los condrictios en los ámbitos bajo jurisdicción de la República Argentina, siguiendo los lineamientos del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO.

    Argentina, por otra parte, ha desarrollado diversas acciones en materia de conservación de ecosistemas marinos que se detallan en el 4° Informe Nacional presentado a la Convención sobre la Diversidad Biológica (puede consultarse en http://www.cbd.int/doc/world/ar/ar-nr-04-es.pdf).

    Finalmente, es preciso destacar que el Ministerio de Salud trabaja por medio de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) que brinda cobertura a la comunidad ante siniestros, catástrofes, y emergencias sociales. El mencionado organismo, también, capacita a técnicos y profesionales, en articulación con las jurisdicciones, constituyendo una red nacional de emergencias para posibilitar de modo permanente respuestas eficaces, adecuadas e inmediatas ante eventos adversos naturales y producidos por el hombre.

    Los operativos efectuados durante las severas epidemias de dengue y H1N1 del 2009, las inundaciones de Salta, la erupción del volcán Chaitén en el Sur del país, el alud en la localidad salteña de Tartagal, el tornado en el paraje Santa Rosa de Misiones y las inundaciones en la ciudad entrerriana de Concordia, fueron algunas de las intervenciones llevadas a cabo por la DINESA en estos últimos años. Además, en cumplimiento con acuerdos internacionales, ofrece asistencia a otros países a través del suministro de insumos médicos y las actuaciones de sus equipos en terreno. Algunos de los ejemplos de su intervención, son en los terremotos de Haití y Chile.
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    Gestión de Riesgo de Desastres
    K) Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja (FICR)

    La relación entre la Comisión Cascos Blancos y la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja (FICR) permitió instalar y visualizar, en el escenario regional, la necesidad de avanzar en la facilitación de la coordinación de la asistencia humanitaria entre los países de la región, a través de sus normativas nacionales.

    La temática fue protagonista destacada de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Grupo de Trabajo relacionado con la gestión de riesgo y la coordinación de la asistencia humanitaria, y en cada una de las cinco ediciones realizadas a la fecha de las Reuniones MIAH.

    En el marco de la II Reunión MIAH, que tuvo lugar en Florianópolis, Brasil, en septiembre de 2009, los países participantes decidieron promover “la compilación de un Documento Regional, basado en normas, protocolos y procedimientos nacionales y subregionales”. Un primer modelo de la propuesta se presentó en la III Reunión MIAH, en Buenos Aires, Argentina, en junio de 2010. Se manifestó entonces la intención de impulsar la construcción de un “Compendio Normativo Regional para la Gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional en Casos de Emergencia” (CNR), a la luz de las Directrices sobre la facilitación y reglamentación nacionales de las operaciones internacionales de socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial, elaboradas por la FICR (“Directrices IDRL”, por sus siglas en inglés, que en 2012 pasó a denominarse “Programa sobre derecho relativo a los desastres”).

    El Compendio tiene como propósito ser una herramienta que facilite el trabajo de los gobiernos de la región en el proceso de ensamblar, dentro de la normativa nacional, la información pertinente a la regulación y facilitación de la asistencia humanitaria internacional en casos de emergencia y/o desastre; permita a los gobiernos de la región identificar las fortalezas de la legislación nacional de su país en materia de prevención y atención de desastres, así como también aquellas áreas donde el esquema reglamentario podría ser fortalecido en previsión de futuros desastres; permita un rápido intercambio de información acerca de los procedimientos legales existentes en los diferentes países de la región durante una emergencia y/o un desastre; y mejore la cooperación mutua entre los países y demás actores internacionales que brinden asistencia humanitaria en situaciones de emergencia y/o desastre.

    El Compendio Normativo Regional para la Gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional en Casos de Emergencia refleja las recomendaciones surgidas de la III Reunión MIAH, los avances logrados entre los participantes de las cuatro reuniones virtuales, las conclusiones del Taller que el Grupo de Seguimiento de la MIAH realizó en la Ciudad de Panamá en el mes de diciembre 2010, y las recomendaciones señaladas por la FICR. La herramienta fue adoptada en la IV Reunión MIAH, en Quito, Ecuador, 2011. La IV Reunión MIAH adoptó la Declaración de Quito, en la que se alienta a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe a contribuir con el desarrollo de herramientas, entre otras, del Compendio Normativo Regional para la Gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional en Casos de Emergencia (CNR), a la luz de las Directrices IDRL.

    Tal como fuera expresado (ut supra, ítem b), en el ámbito regional la República Argentina adoptó un rol activo. Fue anfitriona de la III Reunión MIAH, en junio de 2010, y es parte del Grupo de Seguimiento MIAH, que junto con la FICR y México, impulsa el llenado del CNR entre los países de América Latina y el Caribe.
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    Gestión de Riesgo de Desastres
    G.1) Foro de Coordinación y Cooperación de los Mecanismos Subregionales de Gestión del Riesgo de Latinoamérica y el Caribe

    La REHU integra el Foro de Coordinación y Cooperación de los Mecanismos Subregionales de Gestión del Riesgo de Latinoamérica y el Caribe; junto al Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE); el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la Agencia Caribeña de Manejo de Emergencias (CDEMA).

    El Foro se constituyó en Pisco, Perú en 2009, y se encuentra en plena etapa de institucionalización, en la búsqueda de generar herramientas formales de coordinación de los diversos mecanismos subregionales. El proceso busca consolidar un espacio de diálogo y concertación, que facilite el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas y permita avanzar en la creación de una Agenda Estratégica Común. También busca avanzar hacia instancias técnicas, tomando como base las políticas, estrategias, metodologías e instrumentos sobre gestión del riesgo de desastres desarrollados por cada uno de sus integrantes, y contribuir con el proceso de implementación del Marco de Acción de Hyogo y el fortalecimiento y la articulación de las iniciativas de las plataformas nacionales, subregionales y regionales. Desde su creación, el Foro se ha insertado con éxito en los diversos escenarios existentes, convirtiéndose en interlocutor regional en los espacios multilaterales dónde se discute la temática y modelo de trabajo para las restantes regiones del mundo.

    H) Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
    La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es un organismo de ámbito regional que tiene el objetivo de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado. La conforman doce estados de Suramérica - Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela-, que suman 390 millones de habitantes y representan el 68 % de la población de América Latina. La República Argentina asumió un compromiso activo con el desarrollo y consolidación de la UNASUR, al punto que su primer Secretario General, hasta su fallecimiento, fue el ex Presidente Néstor Kirchner.
    En lo atinente a la asistencia humanitaria, el terremoto que azotó a Haití el 12 de enero de 2010 puso de manifiesto el carácter prioritario que reviste ese país caribeño para la Unión de Naciones Suramericanas, a partir de la decisión de los Presidentes del bloque regional de crear una Oficina Técnica de la UNASUR en Puerto Príncipe, capital del país afectado.

    La Comisión Cascos Blancos comprometió su esfuerzo y el de sus profesionales y especialistas voluntarios en el armado del dispositivo y las propuestas metodológicas y operativas que la Secretaría Técnica decida encarar. En ese marco, presentó una propuesta destinada a contribuir con el desarrollo o fortalecimiento de los mecanismos de coordinación en la asistencia y de las capacidades nacionales haitianas en las etapas de reconstrucción y rehabilitación tras el terremoto y el resto de eventos desastrosos y situaciones de emergencia que afectan a la nación caribeña.
    La propuesta se basó en la elaboración de una matriz de coordinación de la asistencia humanitaria, el fortalecimiento de la estructura nacional haitiana, y de las contrapartes nacionales haitianas del esquema de red humanitaria de las Naciones Unidas en el país, la organización de un equipo de coordinación técnica de emergencias y la generación de depósitos para el preposicionamiento de insumos humanitarios. Asimismo, esta Comisión, junto a otras estructuras de la Cancillería argentina, colabora con la Secretaría Técnica de la UNASUR y con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en el abordaje de la problemática nutricional en el país caribeño, a través del apoyo al Programa Nacional de Cantinas o Comedores Escolares (PNCS).

    Cabe señalar que, en el plano de la institucionalización de la UNASUR, Cascos Blancos participó de la propuesta de creación de un Consejo de Emergencias Suramericano (CES), que fue sometida a la consideración del Consejo de Delegados del Bloque para la posterior opinión de los Presidentes de los países de la Unión.

    I) Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

    La Comunidad, que surgió de la convergencia de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), y el Grupo de Río, se formalizó en diciembre de 2011 en Caracas, Venezuela y constituye en la actualidad el único espacio de integración y concertación política regional que abarca la totalidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El Plan de Acción de Cancún de la CALC (2011), contiene un capítulo específico sobre gestión integral de riesgos y asistencia humanitaria, e insta a convocar a una reunión para abordar la problemática en este ámbito de integración.

    En mayo de 2011 se realizó en Panamá la I Reunión Regional de Mecanismos Latinoamericanos y Caribeños de Asistencia Humanitaria con representación argentina a cargo de Cascos Blancos. Durante el encuentro reconocieron y apoyaron a las Reuniones Regionales de Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) y se decidió avanzar en la conformación de un Grupo de Trabajo de composición abierta, para la convergencia, coordinación y complementariedad de los distintos esfuerzos y procesos que se desarrollan en la región, particularmente con el Grupo de Seguimiento MIAH.

    En abril de 2012, la CELAC tuvo representación institucional en la V Reunión MIAH en Panamá, apoyó los resultados de la Reunión y decidió considerar la posibilidad para que el proceso MIAH converja con el mandato institucional que la CELAC otorgará a la temática de la gestión de riesgos y la asistencia humanitaria.

    La República Argentina ha brindado su apoyo a esta decisión, alentando el espíritu de la CELAC de no duplicar esfuerzos y en coherencia con la posición Argentina de contribuir en su institucionalización.


    J) Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno

    La Conferencia Iberoamericana reúne a los 22 países Iberoamericanos; constituyéndose como un espacio de cooperación coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

    Desde la XVI Cumbre Iberoamericana realizada en Montevideo, Uruguay en 2006, Cascos Blancos participa de las reuniones Cumbre en carácter de organismo especial invitado, ya que la SEGIB reconoció la regionalización de la Iniciativa Cascos Blancos en Latinoamérica y el Caribe.

    En el marco de la XVIII Cumbre de San Salvador de 2008, Cascos Blancos y la SEGIB firmaron un Memorando de Entendimiento con vistas al fortalecimiento del Voluntariado Humanitario en Iberoamérica. En representación de la SEGIB firmó su Secretario General, D. Enrique V. Iglesias; mientras que la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, firmó en representación de Cascos Blancos.

    En el marco de la Cumbre de Mar del Plata (2010), se aprobó la Iniciativa impulsada de Cooperación Iberoamericana "Construcción de una metodología para el abordaje y formalización de saberes y prácticas ancestrales de los pueblos originarios relacionados a problemáticas asociadas con la gestión integral de riesgos", propuesta por Cascos Blancos. Participaron de la misma Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú, con el objetivo de avanzar en la construcción de una herramienta metodológica para la recuperación de saberes ancestrales de los pueblos originarios, que sirvan de insumo para el desarrollo de acciones y políticas públicas, apuntando al desarrollo y la consolidación de la organización comunitaria para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a nivel local a problemáticas asociadas con la gestión integral de riesgos.

    J.1) Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ)

    En el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en Asunción, Paraguay en octubre de 2011, la Comisión Cascos Blancos y la OIJ firmaron un Memorando de Entendimiento con el propósito de promover y fortalecer el voluntariado juvenil en Iberoamérica.

    El Memorando puso de manifiesto el deseo compartido para contribuir a la incorporación de sectores organizados de la juventud iberoamericana a las experiencias relacionadas con los mecanismos de prevención, preparación y respuesta local ante situaciones de emergencia humanitaria, y al desarrollo de planes de capacitación destinados al fortalecimiento de los sectores juveniles.
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    Gestión de Riesgo de Desastres
    G) MERCOSUR - Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria (REHU)

    A iniciativa de la República Argentina, los Presidentes y Cancilleres de la región decidieron crear la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria (REHU), durante la Cumbre del MERCOSUR de Asunción, Paraguay, celebrada en julio de 2009.

    La REHU, integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y abierta a la participación de los Estados Asociados del bloque (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), constituye el primer paso en el camino hacia la consolidación de un mecanismo de asistencia mutua dentro del MERCOSUR en el terreno de la gestión de riesgos y la respuesta a desastres.

    Los Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aprobaron la declaración específica que reconoció, ante el incremento de los desastres socionaturales en la región, la necesidad de socializar, agilizar y fortalecer la prevención y la respuesta ante esos fenómenos. Los mandatarios coincidieron en la importancia de los lineamientos del “Marco de Acción de Hyogo” y expresaron su interés en incorporar la gestión local del riesgo en la agenda pública de los países de la subregión, fomentando la participación comunitaria organizada, de modo que los propios beneficiarios cooperen en las diferentes actividades de prevención, mitigación y atención de desastres. Por otra parte, dispusieron el establecimiento de un mecanismo institucional de coordinación, cooperación y deliberación que permita sistematizar la experiencia subregional y generar mecanismos para prevenir y atender los efectos de los desastres socionaturales, a la vez que genere relaciones institucionales permanentes, entre los organismos e instituciones competentes en la materia. La Coordinación Nacional Argentina está conformada por la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y la Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial del Ministerio del Interior.

    A tres años de la creación de la REHU, dentro del balance positivo de este espacio de coordinación regional se puede incluir, en el ámbito del MERCOSUR, el aumento de los niveles de coordinación entre los sistemas nacionales de gestión del riesgo, a través de misiones conjuntas, intercambio de información y la promoción de actividades que están permitiendo ampliar estos ámbitos de integración. Los países avanzaron también en un proceso de “reuniones técnicas”, que convocan a especialistas de los 4 países en diferentes temáticas, con el objetivo de avanzar en el intercambio de experiencias y la construcción de propuestas compartidas. Esta metodología constituye una clara manifestación del interés del MERCOSUR en transitar hacia un abordaje integral de la problemática de la gestión de riesgos y la asistencia humanitaria, en tiempos en que los desastres son cada vez más desastrosos y menos naturales.

    Durante el primer semestre de 2012, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, la República Argentina mancomunó esfuerzos y la REHU logró avanzar en la construcción de un modelo de dispositivo de coordinación subregional de manejo de suministros humanitarios y organización de bodegas y debatir el abordaje de la gestión sustentable de cuencas hidrográficas con enfoque en la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Por otra parte identificó problemáticas transfronterizas y avanzó hacia la incorporación del enfoque de género en sus actividades. Por último, se dieron los primeros pasos hacia la creación de una base de datos de recursos compartidos de capacitación y el establecimiento de una Secretaría Técnica de Apoyo, que colabore con la Presidencia Pro Tempore de la REHU, en el seguimiento de una agenda cada vez más nutrida de temas y mandatos.
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    Gestión de Riesgo de Desastres
    F) Organización de los Estados Americanos (OEA)
    La Comisión Cascos Blancos orientó sus principales esfuerzos regionales, en el marco de la Organización de los Estados Americanos y de otros foros y espacios de coordinación continentales, hacia la búsqueda de acuerdos y consensos que permitieron avanzar en el desarrollo de una Red de Voluntariado, con capacidad de respuesta ante los problemas continentales de hambre y pobreza y frente a las situaciones de desastres que han castigado a la región. En este contexto la OEA constituye una alianza estratégica de la Iniciativa Cascos Blancos (ICB), en cuyo marco desarrolla sus acciones en las Américas.
    En el marco de las Resoluciones de la Asamblea General relativas a la Iniciativa Cascos Blancos, aprobadas entre los años 1995 y 1997, la OEA dispuso elaborar un sistema de apoyo para la realización de actividades de asistencia humanitaria de Cascos Blancos en las Américas. Con la creación del Fondo Especial OEA/Cascos Blancos, a partir de 1998, se implementaron misiones de asistencia humanitaria y fortalecimiento local en el Hemisferio, referidas a temáticas como la asistencia sanitaria y hospitalaria, el manejo de emergencias, apoyo al sector educativo o a las áreas agrícolas y ganaderas, en Centroamérica.

    Sucesivas Resoluciones y Declaraciones de la Asamblea General de la OEA ratificaron a la Iniciativa Cascos Blancos como una valiosa herramienta para la asistencia humanitaria e instaron a la Secretaría General a continuar apoyando las acciones tendientes al desarrollo regional de la ICB, a fin de contar con un mecanismo continental en materia de asistencia humanitaria. La última Resolución de la Asamblea fue la AG/RES. 2704 (XLII-O/12), aprobada en Cochabamba, Bolivia en junio de 2012.

    Por otra parte, se solicitó a la Comisión Cascos Blancos brindar asistencia técnica a los Estados Miembros que lo requieran para el desarrollo y fortalecimiento de sus voluntariados locales. Desde ese momento la Iniciativa intensificó su tarea de promoción de una Red Regional de Voluntariado Humanitario, a disposición de cualquier Estado de la región que solicite asistencia.

    F.1) Apoyo a la Iniciativa Cascos Blancos y su desarrollo en el marco del Sistema Interamericano

    La ICB fue incluida en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de 1994, como una herramienta destinada a contribuir a la erradicación del hambre y la pobreza en el continente, en un momento en que la OEA no poseía un sistema de voluntariado como el presentado por la Argentina, a diferencia de la ONU que contaba con la Agencia de Voluntarios de Naciones Unidas (VNU).

    Al adoptar la Iniciativa Cascos Blancos, mediante la resolución AG/RES 1351 XXV-O/95, aprobada en 1995, la OEA expresó su convicción en que un esfuerzo internacional, concertado de los países desarrollados y en desarrollo, podría facilitar el objetivo de erradicación de la pobreza en el hemisferio y fortalecer la capacidad de respuesta conjunta a emergencias de carácter humanitario, social y de desarrollo.

    Los distintos acuerdos realizados a fin de ampliar la Iniciativa, ratificaron el reconocimiento hacia Cascos Blancos por parte de la OEA y la voluntad de complementación de los distintos actores de la asistencia humanitaria regional, hemisférica e internacional.

    Entre las resoluciones y acuerdos hemisféricos, sobresale el acuerdo concretado en 1998 para la constituir un Fondo Especial Cascos Blancos de sostén de sus actividades en la región, junto a la propia OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que incluyó un Convenio de Cooperación Técnica, no reembolsable, para la realización de un programa de consolidación de la participación del voluntariado para la asistencia humanitaria en América Latina.

    En el 2004, la Asamblea General de la OEA remarcó la importancia de la Iniciativa Cascos Blancos y la necesidad de impulsarla a nivel regional, invitando a los Estados Miembros a expandir la Iniciativa mediante el desarrollo de puntos focales p
    F.2) Red Regional de Voluntariado Humanitario

    La Iniciativa Cascos Blancos logró desplegarse en el Continente y potenciar su visualización entre los países de la región, con el soporte del Convenio OEA/BID/Cascos Blancos de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable, “Voluntariado para la Asistencia Humanitaria en América Latina - Iniciativa Cascos Blancos”.

    Entre los logros alcanzados en los últimos años, los organismos evaluadores del proceso destacaron los siguientes:

    a. Avances en la interconectividad de los proyectos locales, con institucionalización de la misma a través de la Red Regional de Voluntariado Humanitario que a la fecha cuenta con 16 Puntos Focales formalizados: Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, y la coordinación de la Argentina.

    b. Multinacionalización de la experiencia, con bases de datos integradas por voluntarios de distintos países de Latinoamérica y el Caribe; misiones, reuniones y evaluaciones compartidas; diseño de formas de conducción compartidas.

    c. Alianzas estratégicas con organismos internacionales y regionales, como el Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales y la Red Interamericana de Mitigación de Desastres, ambos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), entre los más destacados.

    F.3) Plan Interamericano para la Coordinación de la Prevención, la Atención de los Desastres y la Asistencia Humanitaria

    El Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y el Comité Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre “Los Mecanismos Existentes sobre Prevención, Atención de los Desastres y Asistencia Humanitaria entre los Estados Miembros”, creado a fines del 2009 a iniciativa de la República Argentina, fue integrado por los Estados Miembros de la OEA y presidido por la Representante argentina con las vicepresidencias de Haití y República Dominicana.

    La Asamblea General de la Organización, mediante su AG/RES 2492 (XXXIX-O/09), dio mandato al Grupo para realizar un “diagnóstico sobre los mecanismos normativos y de coordinación existentes en materia de desastres naturales y asistencia humanitaria que considere la labor de coordinación que puede desempeñar la OEA y contemple la conveniencia de su actualización…”.

    Durante 2010, el Grupo de Trabajo se reunió junto a más de 35 expertos del más alto nivel en la temática de desastres y asistencia humanitaria de los países, de sus mecanismos subregionales, organismos y organizaciones internacionales que, junto con los Estados Miembros, debatieron sobre la problemática, con miras al diagnóstico solicitado y a los probables cursos de acción futuros.

    El diagnóstico remarcó la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales sobre la prevención, atención de los desastres y asistencia humanitaria internacional y destacó la conveniencia de instrumentar las orientaciones que emanan del Marco de Acción de Hyogo en políticas públicas que den continuidad a las políticas específicas de gestión de riesgo y emergencias, resaltando – también - la insuficiencia de legislación específica y de conflictos de jurisdicción y/o de competencia en la gestión de la asistencia humanitaria internacional y la insuficiencia de acuerdos entre los Estados que faciliten la recepción, donación o tránsito de los insumos humanitarios en situaciones de desastre o emergencia, entre otros migratorios, aduaneros e impositivos.

    También expresó la importancia de fortalecer los organismos regionales y subregionales de gestión de riesgo y emergencias, destacando la importancia de un mayor acercamiento del Sistema Interamericano a las instancias nacionales y los organismos subregionales de gestión del riesgo, fortaleciendo el concepto de complementariedad, sin duplicar esfuerzos.

    Mediante la Resolución AG/RES 2647 (XLI-O/11) la Asamblea adoptó el diagnóstico y encomendó al Grupo de Trabajo el diseño de un Plan Interamericano para la Coordinación de la Prevención, la Atención de los Desastres y la Asistencia Humanitaria que responda al diagnóstico realizado. El proyecto relacionado con dicho plan fue elaborado por la Argentina y fue presentado para su negociación en el seno del Grupo.

    El Plan, de carácter no vinculante y aprobado en junio de 2012, por la XLII Asamblea General en Bolivia (AG/RES 2750, XLII-O/12), respeta las prácticas soberanas de cada Estado Miembro, y servirá como herramienta de utilidad relacionada con los Objetivos Generales que presenta. La herramienta constituirá una hoja de ruta de buenas prácticas que consta de tres ejes fundamentales: la prevención, la respuesta y la coordinación, que constituyen sus tres objetivos generales. Como corresponde a un plan, esos objetivos generales se dividen en objetivos específicos, a los que corresponden actividades, indicadores y productos a cumplimentar por los Estados Miembros, la OEA y distintos actores de la temática humanitaria.

    En el capítulo referido a la prevención se destacan los puntos referidos al Marco de Acción de Hyogo, la importancia de incorporar a la sociedad civil en los procesos de prevención y de fomentar la participación ciudadana en todos los aspectos referidos a la gestión integral del riesgo.

    En relación a la respuesta, se incorporan las propuestas de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) en cuanto a la importancia de agilizar la legislación nacional vinculada con la entrega, recepción y tránsito de la asistencia humanitaria internacional en caso de desastres, en áreas como las de aduanas, migración o impuestos.
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    Gestión de Riesgo de Desastres
    B.3) Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG)

    El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) es una red integrada por países y organizaciones dedicados a la búsqueda y rescate de estructuras colapsadas en zonas urbanas (Urban Search and Rescue – USAR), que actúan en caso de desastres. Esta red global agrupa bajo el paraguas de Naciones Unidas a más de 80 países y organizaciones de respuesta. El Punto Focal Político de la República Argentina se asienta en la Comisión Cascos Blancos, mientras que el Punto Focal Operativo recae en la Dirección de Operaciones de la Dirección Nacional de Protección Civil de la Nación.

    La República Argentina participa en las reuniones regionales y globales de INSARAG, y sus autoridades pertinentes trabajan mancomunadamente en el diseño de un plan de capacitación y certificación de equipos especializados, en base a los estándares internacionales.

    C) Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

    La alianza de cooperación y acción entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Cascos Blancos se fortaleció en 2011, tras los acuerdos firmados entre las partes.

    En ese sentido, Cascos Blancos decidió complementar con equipos y voluntarios la tarea del ACNUR, teniendo a su cargo la selección de sus voluntarios especializados y miembros de su staff permanente, en función de los requerimientos del Alto Comisionado, en base a las reglamentaciones provistas por la dependencia de Naciones Unidas y en función del contexto operacional y las solicitudes recibidas para operaciones de emergencia específicas.

    D) Voluntarios de Naciones Unidas (VNU)

    La Iniciativa Cascos Blancos (ICB) fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Res. 49/149B de diciembre de 1994, Desde el primer momento, las partes consideraron oportuno vincular operativamente a la Iniciativa con el programa Voluntarios de Naciones Unidas (VNU).

    Como confirmación de la calidad de esa asociación humanitaria, en junio de este año, VNU y Cascos Blancos subscribieron un acuerdo de cooperación que permitirá a ambas organizaciones fortalecer su capacidad de respuesta a desastres y emergencia de manera rápida y efectiva.

    El compromiso, rubricado durante el transcurso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, permitirá seguir desarrollando respuestas rápidas y eficientes a situaciones de emergencias complejas y desastres socio-naturales, en especial en América Latina y el Caribe pero también en el resto del mundo. El proyecto diseñado será financiado en su fase inicial por la República Argentina y se encontrará abierto a la recepción de eventuales aportes voluntarios de donantes gubernamentales y no gubernamentales que contribuyan a fortalecer las acciones planificadas.

    El vínculo establecido desde hace más de 15 años incluye un componente financiero, a través de las transferencias voluntarias y anuales de recursos de la Cancillería Argentina a la ventanilla pertinente, y un capítulo operativo, constituido por los proyectos que enmarcan las acciones de los equipos Cascos Blancos, que permitieron, por ejemplo, misiones humanitarias en Haití, Paraguay, Estados Unidos, Líbano, Uruguay o Palestina y brindar capacitaciones o apoyo a encuentros de líderes solidarios jóvenes.

    Esta relación se profundizó en los últimos años, al punto de que la representante de VNU en Nueva York tomó parte activa de la presentación de Cascos Blancos en el marco de la Asamblea General de ONU en 2009 y que la propia titular del organismo internacional visitó la Argentina para entrevistarse con altas autoridades nacionales y organizaciones del voluntariado, a las que trasmitió sus buenas impresiones sobre la ICB.

    Asimismo, la Argentina fue elegida como sede del encuentro latinoamericano que analizó al estado del voluntariado en la región en 2011 en tanto que Cascos Blancos contribuyó a la organización de la Consulta Regional de Latinoamérica: “10º aniversario del Año Internacional de los Voluntarios (AIV+10)”, realizada en Quito.. El presidente de Cascos Blancos Argentina fue invitado como expositor a la Conferencia Mundial sobre el Voluntariado que VNU organizó conjuntamente con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (Budapest, 2011). Adicionalmente, VNU solicitó apoyo a Cascos Blancos para desarrollar proyectos conjuntamente en Perú y en Colombia durante 2012.

    Remarcando el énfasis en esta relación VNU-ICB, cabe resaltar que, en el marco del “Año Internacional de los Voluntarios + 10” celebrado en 2011, durante la sesión especial fijada al efecto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Informe presentado por VNU incluye un capítulo específico que recoge la experiencia de la Iniciativa Cascos Blancos.


    E) Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

    La Organización Internacional para las Migraciones y la Comisión Cascos Blancos avanzaron en la formalización de un Memorando de Entendimiento para la cooperación en las tareas que aquella organización internacional lleva adelante en las situaciones de emergencias, liderando los sectores o “cluster” de administración de albergues temporales para evacuados y desplazados internos.

    El acuerdo contempla el apoyo de las tareas de la OIM por parte de voluntarios Cascos Blancos, según términos de referencias específicos para posiciones concretas dentro de los proyectos de respuesta a emergencias en el hemisferio como el caso de Haití. A fines de 2011 se puso en práctica el acuerdo con el despliegue de una voluntaria especialista en planificación urbana para trabajar en la evaluación de factibilidad de la urbanización de asentamientos precarios establecidos post terremoto del 12 de enero de 2010.

    Asimismo el acuerdo sirvió de marco a la decisión de constituir a OIM en contraparte para la recepción de suministros humanitarios de Cascos Blancos destinados al sector refugio.
    B.2) Grupo de Trabajo sobre Riesgos, Emergencias y Desastres del Comité Permanente de Organismos (REDLAC)

    La presencia de distintos organismos y organizaciones humanitarias regionales en Ciudad de Panamá y la necesidad de aumentar la colaboración entre agencias dieron pie para el establecimiento del grupo inter-agencias REDLAC en 2003.

    El objetivo de este grupo de trabajo es el de mejorar el intercambio de información, la reflexión y la planificación de esfuerzos conjuntos para la prevención y mitigación del impacto humanitario en crisis y emergencias

    La República Argentina, a través de la Comisión Cascos Blancos, ha realizado aportes para la creación de productos REDLAC, como la Guía para Gobiernos y el Directorio de Recursos y Organizaciones. Asimismo, desde julio de 2011, la Comisión constituye el punto focal en Argentina de la Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe (Redhum), una iniciativa del REDLAC coordinada por OCHA.

    Esta red constituye una plataforma regional que apunta a difundir información humanitaria, fortalecer los vínculos entre actores humanitarios y prestar apoyo técnico en manejo y sistemas de información. Cuenta con una Coordinación General y un equipo de 11 asistentes de información en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Redhum realiza un monitoreo diario de información oportuna, pertinente y relevante que se publica en el sitio web www.redhum.org. Además de las actividades de monitoreo y difusión, promueve esfuerzos conjuntos e intercambio de información, junto con la creación y fortalecimiento de las redes de actores humanitarios
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    Gestión de Riesgo de Desastres
    A.4) Seguimiento del Marco de Acción de Hyogo (MAH)

    Anualmente se realiza el seguimiento de la evolución y cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo. A pedido de la EIRD la Comisión Cascos Blancos sigue el orden de requerimientos que guía la confección del Informe pertinente y efectúa una consulta a todos los miembros de la Plataforma Nacional Argentina para la Reducción de Desastres, recabando actualizaciones sobre los temas de su competencia.

    La información relevada, es sometida a una rueda de consulta con el grupo de la Plataforma que realiza la tarea de consolidación y depuración. El producto de este trabajo es sometido nuevamente a la consulta de todos los miembros de la PNRD, se recogen e incorporan nuevas sugerencias e informaciones, se redacta el Informe Final y se sube on-line en los términos y tiempos fijados por la EIRD-Oficina Las Américas. Dicho Informe queda a disposición de los usuarios, sigue el proceso de consultas y actualización y se cierra el proceso para su utilización por la Plataforma Global para la RD.

    A juicio de la EIRD, este proceso participativo coloca a la Argentina entre los países destacados por el cumplimiento en tiempo y forma la elaboración del Informe. Tal consideración hizo que el país fuese seleccionado para una consulta y una prueba piloto en busca de mejorar y optimizar los frutos del mismo.

    B) Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

    La República Argentina mantiene una estrecha relación de trabajo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. (OCHA). Dicha articulación encuentra su sustento en la adopción de un enfoque centrado en la gestión integral del riesgo, concepción que, desde la óptica de la respuesta, implica enfatizar la preparación de todos los actores de manera coordinada, a fin de garantizar que, una vez producido el desastre, la asistencia que se brinde una vez que las capacidades naciones se vean superadas, sea pertinente y lo más eficiente y eficaz posible.
    A nivel global, la relación se vio fortalecida a partir de las contribuciones voluntarias que la Cancillería ha transferido a la Oficina, de manera ininterrumpida, desde 2009. En la actualidad, y desde febrero de 2011, la Argentina tiene rango de miembro pleno del Sistema UNDAC (Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres), cuenta con representación ante el Grupo Consultivo del Fondo Central para la Respuesta en Casos de Emergencia (CERF) y participa de diversas actividades como país donante, entre las cuales cabe resaltar la Misión de Partenariado Humanitario a Panamá y Haití en noviembre de 2011.
    A nivel regional, esta alianza estratégica se ha visto cristalizada en distintos ámbitos como son el impulso a la discusión sobre la temática humanitaria y su coordinación a través de las Reuniones Regionales sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH), la cooperación en terreno a través de mecanismos especializados como el propio UNDAC y el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) y la colaboración en manejo de información en el marco de la Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe (REDHUM).
    B.1) Reuniones Regionales de Asistencia Humanitaria en América Latina y el Caribe (MIAH)
    Las Reuniones Regionales sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) surgen impulsadas por OCHA, a instancias de su Grupo de Apoyo de Donantes (OCHA Donor Support Group - ODSG). Dichos encuentros internacionales congregan a representantes de las cancillerías y las estructuras de protección civil y gestión de riesgos de Latinoamérica y el Caribe. Comenzaron en Ciudad de México en 2008 y continuaron anualmente en Florianópolis, Brasil; Buenos Aires, Argentina; Quito, Ecuador y Ciudad de Panamá, Panamá.
    Las Reuniones MIAH tienen el objetivo de fortalecer las asociaciones entre los principales actores humanitarios, construir herramientas de operación y coordinación de la asistencia y difundir la misión, objetivos y procedimientos que la Comunidad Internacional pone a disposición de los estados en función de una mejor gestión de la asistencia humanitaria.

    La República Argentina, a través de la Comisión Cascos Blancos y en coordinación con la Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior y Transporte, fue protagonista de este proceso desde sus inicios. Participó como expositor de las reuniones de México y Florianópolis; organizó la Tercera Reunión Regional MIAH, que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 17 y 18 de junio de 2010; contribuyó activamente del proceso de transición y organización de la de Quito y asistió, tanto a título nacional, como en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de la REHU, a la V Reunión MIAH en Panamá (2012). También fue impulsor de la creación del Grupo de Seguimiento MIAH, que actualmente integra, junto a México, Brasil, Ecuador Panamá, OCHA y los mecanismos subregionales de gestión del riesgo (CAPRADE, CDEMA, CEPREDENAC y REHU). Este Grupo constituye el primer nivel de institucionalización del proceso de reuniones.

    El enfoque con que la Oficina Regional de OCHA (OCHA/ROLAC) impulsó esta iniciativa, con protagonismo destacado de los países, responsables primarios en la respuesta a emergencias, contribuye a que el escenario se constituya en uno de los principales espacios abocados a la cuestión humanitaria de la región.

    Durante la fase preparatoria para la V MIAH, con el fin de adaptar esta iniciativa a la realidad regional, el Grupo de Seguimiento preparó una hoja de ruta que permite definir las acciones prioritarias en la región, los actores involucrados, y los plazos para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos .

    El procesamiento de los documentos finales acordados en las reuniones anteriores, dio como resultado el Plan de Acción de Panamá. En el mes de marzo pasado, los participantes acordaron responsabilidades y acciones futuras en torno a cuatro grupos temáticos: participación, gestión del riesgo y atención integral; movilización de recursos y marcos legales; fortalecimiento de la coordinación humanitaria nacional, subregional, regional e internacional y manejo de información.

    De este modo, se vio fortalecido el desarrollo de herramientas específicas, tales como un Compendio Normativo Regional, un modelo de Procedimientos Formales para la Gestión de la Asistencia Humanitaria y la propuesta de dispositivo para el manejo de suministros a nivel subregional del MERCOSUR, entre otras.

    B.2) Grupo de Trabajo sobre Riesgos, Emergencias y Desastres del Comité Permanente de Organismos (REDLAC)

    La presencia de distintos organismos y organizaciones humanitarias regionales en Ciudad de Panamá y la necesidad de aumentar la colaboración entre agencias dieron pie para el establecimiento del grupo inter-agencias REDLAC en 2003.

    El objetivo de este grupo de trabajo es el de mejorar el intercambio de información, la reflexión y la planificación de esfuerzos conjuntos para la prevención y mitigación del impacto humanitario en crisis y emergencias

    La República Argentina, a través de la Comisión Cascos Blancos, ha realizado aportes para la creación de productos REDLAC, como la Guía para Gobiernos y el Directorio de Recursos y Organizaciones. Asimismo, desde julio de 2011, la Comisión constituye el punto focal en Argentina de la Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe (Redhum), una iniciativa del REDLAC coordinada por OCHA.

    Esta red constituye una plataforma regional que apunta a difundir información humanitaria, fortalecer los vínculos entre actores humanitarios y prestar apoyo técnico en manejo y sistemas de información. Cuenta con una Coordinación General y un equipo de 11 asistentes de información en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Redhum realiza un monitoreo diario de información oportuna, pertinente y relevante que se publica en el sitio web www.redhum.org. Además de las actividades de monitoreo y difusión, promueve esfuerzos conjuntos e intercambio de información, junto con la creación y fortalecimiento de las redes de actores humanitarios
    A.3) Participación argentina del Grupo Técnico de análisis del Sistema de Medición (Gestión) de Resultados de la EIRD

    Desde 2011, la Comisión Cascos Blancos participa del Grupo Técnico de Trabajo de la EIRD encargado de analizar el Sistema de Gestión por Resultados del organismo, del que también forman parte representantes y funcionarios de Australia, China, Comisión Europea, Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia, Japón, Noruega, Países Bajos, Suiza y del Banco Mundial.

    Este ámbito fue concebido para revisar y analizar el Sistema de Gestión por Resultados de la EIRD, en especial los productos generados por el organismo y su sistema de indicadores, así como los pasos futuros en relación a la determinación de un nuevo modelo de Gestión por Resultados. También pretende recuperar las sugerencias de los donantes en relación al destino de sus aportes, la comunicación de los resultados del organismo y la adecuación de los reportes, en especial los financieros, a los requerimientos de los donantes.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 60, 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6
    Gestión de Riesgo de Desastres

    A) Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD)

    La República Argentina adoptó una posición activa desde el mismo momento en que el conjunto de países de las Naciones Unidas decidieron avanzar en una propuesta global destinada a dar visibilidad y a generar e institucionalizar políticas destinadas a reducir los riesgos de desastres y a prevenirlos, por encima de las concepciones que se limitaban a preparar acciones de respuesta a eventos dañinos. En 2005 se realizó aquella reunión mundial en la que se aprobó en Japón el Marco de Acción de Hyogo en 2005 y la Delegación Argentina estuvo encabezada por el Presidente de la Comisión Cascos Blancos del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

    Desde entonces, nuestro país desarrolla una intensa relación de trabajo conjunto con la Estrategia Internacional para la Reducción de los Riesgos (EIRD).

    Esta relación se nutre con acciones concretas por parte de la Argentina en el marco de propuestas de la EIRD, de la contribución financiera voluntaria anual que realiza el Gobierno Nacional y de la colaboración técnico-profesional a programas regionales y globales encarados por la Estrategia.

    A.1) Plataforma Nacional Argentina para la Reducción de Desastres (PNRD)

    La PNRD se constituyó de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (ISDR/EIRD), organismo de Naciones Unidas encargado del seguimiento del Marco de Acción de Hyogo aprobado en 2005 en ocasión de la Cumbre Mundial para la Reducción de los Desastres (Kobe, Japón).

    La Plataforma Nacional Argentina es coordinada por la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería y por la Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial del Ministerio del Interior y Transporte, de la que depende la Dirección Nacional de Protección Civil. La Plataforma se constituyó en 2007, y lleva desarrollada hasta la fecha una serie de 7 encuentros de alcance nacional.

    Dicho espacio está constituido actualmente por un centenar de miembros, representantes de sectores gubernamentales y no gubernamentales.

    Por otra parte, fue la instancia encargada de aprobar los documentos preparados por Cascos Blancos, para su presentación por las Representaciones de la Argentina ante las sesiones de la Plataforma Regional las Américas para la RD (Panamá, marzo 2009; México, marzo 2011) y frente a la Plataforma Global para la RD (Ginebra, junio 2009 y mayo 2011).

    Cabe apuntar que la Argentina presidió el Grupo de Apoyo a la EIRD durante el período 2007-2009, y es uno de los países seleccionados para informar de los avances que se registran en el seguimiento del Marco de Acción de Hyogo en la página oficial de la EIRD. Del mismo modo, se encarga de presentar los avances que se producen con relación al Monitoreo y Revisión de dicho marco de acción. Los informes nacionales son remitidos a la Oficina Regional las Américas de la EIRD (con sede en Panamá), encargada de incorporarlos a la Plataforma Global para la Reducción de Desastres que bianualmente se reúne en Ginebra, Suiza.

    La experiencia desarrollada ha sido presentada ante la VI Reunión Plenaria de la Plataforma Nacional para la RD, la campaña “Ciudades Resilientes” que encabeza la EIRD, cuyo lanzamiento mundial se realizó en Bonn, Alemania (mayo 2010) y el regional en Lima, Perú (junio 2010). Distintos municipios de la Argentina se encuentran adheridos a la campaña y se comprometieron a cumplimentar los pasos necesarios para contribuir a la resiliencia de sus ciudades.

    A.2) Campaña Ciudades Resilientes

    En 2010, la EIRD lanzó su “Campaña Mundial de Reducción de Desastres 2010-2013: desarrollando ciudades resilientes”, con la intención de construir instrumentos y herramientas que estén a disposición de los gobiernos locales.

    La iniciativa busca fortalecer y respaldar a los gobiernos locales y a su personal técnico encargado de la planificación del desarrollo urbano y la gestión de riesgo de desastres y a los grupos y dirigentes comunitarios. Propone una lista de 10 aspectos básicos, derivados de las cinco prioridades del MAH, que se consideran necesarios para lograr ciudades resilientes.

    El apoyo de la República Argentina a esta Campaña se formalizó en octubre de 2011 cuando la Comisión Cascos Blancos, el Ministerio del Interior de la Nación, la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la Oficina de las Américas de la EIRD, suscribieron una Carta de Adhesión con el objetivo de colaborar para promover y avanzar con la iniciativa. Como resultado de ese acuerdo, Cascos Blancos y la Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior desarrollaron un proyecto para la instalación local de herramientas de resiliencia local, con participación de las comunidades y materiales específicos para implementar la Campaña en distintas localidades del territorio nacional. Se desarrollaron actividades de difusión y sensibilización sobre los objetivos de la campaña en municipios de las provincias de Jujuy, Santa Fe, Salta y Buenos Aires (San Antonio de Areco).

    La Campaña también tuvo su eco con la inclusión de la Ciudad de Santa Fe en el dispositivo mundial, que culminara con el otorgamiento del Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres en Ginebra (Mayo de 2011) en reconocimiento por la comunicación efectiva de los riesgos a los ciudadanos en la capital santafecina. También se registró la adscripción de la ciudad de Posadas a los objetivos de la misma y las presentaciones de 7 municipios de la Provincia de Córdoba. El interés de Cascos Blancos en este proceso vinculó a sus equipos técnico-profesionales en la instalación y operación de la Campaña a nivel de Latinoamérica y el Caribe, a través de la construcción herramental y de sus participaciones como expositores y facilitadores en talleres como los realizados en Tegucigalpa, Honduras (agosto 2011) para Centroamérica y en Quito, Ecuador (noviembre, 2011) para la Región Andina.

    A.3) Participación argentina del Grupo Técnico de análisis del Sistema de Medición (Gestión) de Resultados de la EIRD

    Desde 2011, la Comisión Cascos Blancos participa del Grupo Técnico de Trabajo de la EIRD encargado de analizar el Sistema de Gestión por Resultados del organismo, del que también forman parte representantes y funcionarios de Australia, China, Comisión Europea, Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia, Japón, Noruega, Países Bajos, Suiza y del Banco Mundial.

    Este ámbito fue concebido para revisar y analizar el Sistema de Gestión por Resultados de la EIRD, en especial los productos generados por el organismo y su sistema de indicadores, así como los pasos futuros en relación a la determinación de un nuevo modelo de Gestión por Resultados. También pretende recuperar las sugerencias de los donantes en relación al destino de sus aportes, la comunicación de los resultados del organismo y la adecuación de los reportes, en especial los financieros, a los requerimientos de los donantes.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 60, 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6
    Los compromisos asumidos en la V Cumbre de las Américas, consignados en los párrafos 60 y 62 de la Declaración de Puerto España (abril 2009) y los 6 mandatos derivados de la VI Cumbre de las Américas (Cartagena de Indias, abril de 2012) buscan mejorar la cooperación regional en todos los aspectos de la gestión de riesgos, desde la prevención hasta la rehabilitación, respetando las pautas de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU y del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. En cumplimiento de estos compromisos nuestro país ha realizado diversas acciones para la articulación internacional de la Argentina con la reducción de riesgo, la gestión integral de riesgos y los asuntos humanitarios.

    Los desastres socio-naturales merecen cada día mayor atención por parte de los organismos y organizaciones globales, de las estructuras regionales y subregionales y, desde ya, de los países, sus estructuras gubernamentales y no gubernamentales y sus comunidades.

    El crecimiento económico, la visualización de la importancia de responder de forma eficaz, eficiente y pertinente a las demandas de países afectados o de la comunidad internacional involucrada y la asunción del compromiso horizontal y solidario lograron que Latinoamérica y el Caribe se instalen en el mundo como región destacada en la oferta de asistencia humanitaria. Desde la creación de Cascos Blancos, en 1993, la Argentina fue pionera de este esfuerzo. El incremento del impacto que produjeron los eventos desastrosos en la última década, en particular sobre las comunidades más vulnerables - tanto de los países en desarrollo como sobre las zonas o las poblaciones más pobres de los países desarrollados - potencia la necesidad de participación de la comunidad internacional en la prestación de asistencia y en la búsqueda de alternativas que eviten o disminuyan el impacto desastroso.

    La Argentina siempre ha respondido positivamente a esos llamados mediante la adopción de políticas de reducción del riesgo de desastre, prevención, preparación, respuesta a la emergencia y las etapas post desastre de rehabilitación y reconstrucción a partir de un modelo de trabajo basado en un concepto de gestión integral del riesgo con participación de la comunidad, reconociendo los saberes ancestrales y las capacidades locales, utilizando al voluntariado entrenado y capacitado -con participación activa del Gobierno- como herramienta apta para el cumplimiento de esos fines.

    Cascos Blancos acompañó el proceso que permitió desarrollar el nuevo modelo de asistencia humanitaria internacional y se constituyó en uno de los actores centrales de la región.

    El Gobierno argentino, a través de Cascos Blancos, ocupa espacios institucionales y constituye un referente regional en la defensa de la gestión integral del riesgo y la reducción de riesgos de desastres. Estableció alianzas estratégicas tanto en el ámbito global de las Naciones Unidas como en el regional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y firmó acuerdos con las principales agencias del sistema internacional.

    Del mismo modo, potenció la importancia de los acuerdos subregionales e impulsó, junto a Brasil, Paraguay y Uruguay, la creación de la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria del MERCOSUR (REHU) que se instaló junto a sus pares del Caribe, Centroamérica y los Países Andinos en el Foro de Coordinación y Cooperación de los Mecanismos Subregionales de Gestión del Riesgo de Latinoamérica y el Caribe; junto al Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE); el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la Agencia Caribeña de Manejo de Emergencias (CDEMA).

    El accionar internacional incluye temas que exigen la articulación de sus acciones y misiones con actividades en el propio ámbito nacional, lo que conlleva una actuación conjunta de los organismos que cuentan con la competencia pertinente. En ese sentido, y en función de sus vinculaciones con las problemáticas de reducción y la gestión integral de riesgos, la Comisión Cascos Blancos y la Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial del Ministerio del Interior y Transporte, de la que depende la Dirección Nacional de Protección Civil, coordinan, por ejemplo, la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y comparten responsabilidades en la representación de la Argentina ante espacios como la REHU, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) o las Reuniones Regionales sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH).

    El involucramiento del país en el contexto internacional de la reducción del riesgo, lo llevó a ocupar posiciones tales como la Presidencia del Grupo de Apoyo a la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres; a liderar junto a otros países de la región procesos como el Mecanismo de Reuniones Regionales MIAH conjuntamente con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) o el Plan Interamericano de Atención de los Desastres en el marco de la OEA; a participar activamente en otros organismos o foros internacionales como aquellos en los que se discuten las facilidades jurídicas para el envío, el tránsito o la recepción de asistencia humanitaria internacional que conduce la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) o los lineamientos operativos del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG); formar parte del Consejo Consultivo del Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC), o erigirse en anfitrión de la III Reunión de la Plataforma Regional para la Reducción de Desastres.

    En el plano internacional, la Comisión contribuye al fortalecimiento de las capacidades locales y lleva asistencia humanitaria de la Argentina, o de la subregión, a los países que lo requieran, incluso más allá de los límites continentales.

    La presencia de la Argentina y Cascos Blancos se ve fortalecida por la existencia de una Red Regional de Voluntariado Humanitario, sostenida en Puntos Focales designados en 16 países, 16 proyectos de fortalecimiento de voluntariados locales, 12 talleres regionales de instalación del modelo de trabajo, 90 misiones de asistencia humanitaria internacional en los 5 continentes, 20 seminarios internacionales, 42 convenios internacionales y nacionales y 28 talleres internacionales de fortalecimiento de voluntariados locales y difusión del modelo de trabajo.

    En cada uno de esos proyectos, acciones y debates, el Gobierno argentino y Cascos Blancos estuvieron presentes y lo hicieron desde una posición de compromiso y profesionalidad, recibiendo el reconocimiento de los países y sus organizaciones y de los organismos multilaterales y de las organizaciones humanitarias internacionales, además de compartir el liderazgo de este proceso con funcionarios e instituciones de Latinoamérica y el Caribe interesados en esta dirección de avance.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 60, 62
    Los compromisos asumidos en la V Cumbre de las Américas y consignados en los párrafos 60 y 62 de la Declaración de Puerto España (abril 2009) buscan mejorar la cooperación regional en todos los aspectos de la gestión de riesgos, desde la prevención hasta la rehabilitación, respetando las pautas de la Estrategia Internacional de la ONU para la reducción de desastres y del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. En cumplimiento de estos compromisos nuestro país ha realizado las siguientes acciones:

    1. GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO DEL CONSEJO PERMANENTE Y DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA OEA SOBRE “LOS MECANISMOS EXISTENTES SOBRE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE LOS DESASTRES Y ASISTENCIA HUMANITARIA ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS”

    Por impulso de la República Argentina la Asamblea General de la OEA, aprobó en junio de 2009 la resolución AG/RES. 2492 (XXXIX-O/09), que encomienda “…al Consejo Permanente y al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral convocar a una reunión para iniciar un proceso de diagnóstico conjunto sobre los mecanismos normativos y de coordinación existentes en materia de desastres naturales y asistencia humanitaria que considere la labor de coordinación que puede desempeñar la Organización y contemple la conveniencia de su actualización, presentando una propuesta de acción, a más tardar para el tercer trimestre de 2010” y “…Solicitar a ambos Consejos que consideren para el cumplimiento de tal mandato, la conformación de un grupo de trabajo conjunto integrado por representantes de los Estados Miembros quienes podrán ser asistidos por expertos de los países, de la Secretaría General, de organismos y entidades del Sistema Interamericano, internacionales, regionales y subregionales, pertinentes…”.
    En cumplimiento de esta Resolución en septiembre de 2009 se realizó una reunión conjunta del Consejo Permanente y la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el desarrollo integral (CEPCIDI) de la OEA en la cual se aprobó la conformación de un Grupo de Trabajo Conjunto, bajo la presidencia de la República Argentina. En diciembre de 2009 se aprobó el Plan de Trabajo de dicho Grupo, consistente en la realización de 7 reuniones temáticas para analizar el rol de las agencias multilaterales, organismos regionales, organizaciones humanitarias y organismos que financian la ayuda humanitaria en situaciones de desastre natural; la Gestión de la reducción del riesgo – dispositivos de prevención; las alternativas para agilizar de la asistencia humanitaria y la búsqueda de consensos para efectivizar un sistema de coordinación regional.
    El 8 y 9 de abril del 2010, se llevaron a cabo las dos primeras reuniones del Grupo. El intercambio de experiencias de los Estados con expertos de OCHA, del Departamento de Desarrollo Sostenible la OEA, de la OPS, del PMA, de la Federación Internacional de la Cruz Roja, del PNUD, del BID y de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU (EIRD), entre otros, permitieron elaborar una síntesis y extraer recomendaciones con miras al informe final del Grupo de Trabajo, en particular las referidas a la importancia de alcanzar un compromiso entre los Estados Miembros que permita intercambiar, de manera oportuna y eficaz, información, herramientas, experiencias exitosas y buenas prácticas entre países, agencias internacionales, organismos regionales y subregionales y organizaciones, actores sociales y entidades de la sociedad civil, en cuanto a gestión de riesgos y atención a los desastres, así como a evitar la duplicación de esfuerzos y unir sinergias de los mecanismos existentes en interés de la región.
    A partir de septiembre de 2010, se prevé completar las reuniones de trabajo restantes, referidas a las facilidades jurídicas nacionales para agilizar la asistencia humanitaria y la de mecanismos de coordinación.

    2. “III REUNIÓN REGIONAL DE MECANISMOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA INTERNACIONAL”.

    Este encuentro, organizado en forma coordinada con OCHA y con la colaboración de México y Brasil, dio continuidad a las reuniones de México (2008) y Florianópolis (2009) y se realizó lugar en Buenos Aires los días 17 y 18 de junio 2010.
    Participaron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay; y representantes de los organismos subregionales relacionados con gestión de riesgo de desastres, CAPRADE, CDEMA, CEPREDENAC y REHU. También asistieron funcionarios de OPS y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
    Las conclusiones quedaron reflejadas en la “Declaración de Buenos Aires”, cuyos principales aspectos se resumen a continuación:
    1. Desarrollo de herramientas de coordinación para evitar superposición de esfuerzos y lograr optimizar recursos, así como el fortalecimiento de los organismos y mecanismos subregionales.
    2. Asistencia de los organismos internacionales para la implementación de programas y proyectos, propuestas de capacitación y fortalecimiento institucional, destinados a los mecanismos nacionales, regionales y subregionales y a su mutuo relacionamiento.
    3. Desarrollo de herramientas operativas por parte de los países y aplicación de iniciativas sectoriales en el ámbito de la Asistencia Humanitaria; políticas nacionales, regionales y subregionales de manejo de la asistencia humanitaria en su conjunto y criterios compartidos para la movilización de recursos humanos que permitan garantizar la calidad de su desempeño, tomando en cuenta estándares nacionales e internacionales vigentes y reconocidos por los Estados.
    4. Conformar un grupo de seguimiento de las propuestas emanadas de la III Reunión, para su presentación en la IV Reunión. Dicho grupo hará el seguimiento, a partir del 1 de enero de 2011, de la Herramienta Virtual propuesta por Brasil en la II Reunión de Florianópolis, discutida y consensuada en el encuentro de Buenos Aires.
    5. El grupo de seguimiento, junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, colaborará en el diseño de un Compendio Normativo Regional. También acompañará los avances logrados en el desarrollo de recomendaciones para la elaboración de procedimientos formales de la Cancillería, o de las estructuras alternativas que se encarguen de la articulación de la asistencia humanitaria internacional en los distintos países que aún no cuentan con ellos.
    6. Elaboración de una propuesta de discusión de Guía de Operaciones para la asistencia humanitaria, en base a las ya existentes, para ser trabajada durante la IV Reunión.
    7. Análisis del modelo de manejo de suministros (SUMA LSS), para su posterior desarrollo como una herramienta subregional, promovida por la REHU.
    8. Promover propuestas para contribuir a la recuperación, revalorización, aplicación y fortalecimientos de saberes y prácticas ancestrales y contemporáneas, con pertinencia cultural y participación comunitaria, de los pueblos indígenas originarios y otros grupos étnicos.
    9. Recomendar a los organizadores de la IV Reunión que analicen la pertinencia de contemplar acciones integradas de reducción de riesgos de desastres socionaturales, asistencia humanitaria y desarrollo socioeconómico a través de mecanismos participativos que fortalezcan la resiliencia y la capacidad de respuesta de las comunidades locales.
    10. Respaldo a la campaña internacional “Saber Donar”, a fin de garantizar que la asistencia humanitaria internacional sea complementaria y coordinada con los esfuerzos del país afectado.

    3. III REUNIÓN ORDINARIA DE LA REUNIÓN ESPECIALIZADA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SOCIONATURALES, LA DEFENSA CIVIL, LA PROTECCIÓN CIVIL Y LA ASISTENCIA HUMANITARIA DEL MERCOSUR (REHU).

    La REHU fue creada en julio de 2009 por el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR y realizó su tercera reunión en Buenos Aires el 16 de junio de 2010. La República Argentina promovió su creación en vistas del incremento de los desastres de origen natural y antrópico en la región, que mostró la necesidad de explorar mecanismos de coordinación en materia de asistencia humanitaria en el ámbito del MERCOSUR. Tiene en cuenta que los Estados Parte y Asociados al MERCOSUR han adoptado el Plan de Acción de Hyogo (2005-2015) en el marco de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, lo cual implica otorgar a los desastres un enfoque integral para la prevención, la mitigación, la atención y la recuperación.
    La Reunión Especializada considera que resulta indispensable que dentro del proceso de integración regional se instaure una relación institucional de carácter permanente entre los organismos encargados de la gestión de riesgos, a través de la coordinación y el funcionamiento sistémico de las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. La finalidad de la REHU es establecer relaciones de cooperación técnica y operativa, con vistas a avanzar en un proceso de diagnóstico conjunto sobre los mecanismos normativos y de coordinación existentes en materia de desastres socionaturales y asistencia humanitaria mediante el intercambio de información y experiencias entre los organismos nacionales competentes en la temática para favorecer los procesos de compatibilización que contemplen la conveniencia de establecer un mecanismo coordinador de la gestión de riesgos y la asistencia humanitaria en el ámbito del MERCOSUR.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 61
    En la Argentina las medidas de planificación, zonificación y códigos de edificación son competencias de los gobiernos locales.
    Todos los proyectos financiados deben cumplir desde el año 2000 con los Estándares Mínimos de Calidad. En dichos estándares se determinan los siguientes requisitos, que deben satisfacer todos los terrenos donde se emplazaran las obras a fin de reducir los riesgos ante posibles desastres:

    1.El entorno deberá preferentemente pertenecer a áreas consolidadas o a consolidar, con usos predominantemente residenciales y estarán conectados al sistema vial principal.
    2.Presentarán una topografía y niveles capaces de asegurar una rápida eliminación de las aguas de lluvia.
    3.El nivel de piso terminado de la planta baja y los accesos estará sobre la cota de la máxima inundación registrada.
    4.Poseerá indicadores urbanísticos acordes al factor de ocupación del suelo y densidad del conjunto habitacional a localizar según ordenanzas municipales.
    5.Existirá disponibilidad permanente de agua potable, ya sea por fuente superficial o subterránea.
    6.Contará con suministro de energía eléctrica.
    7.Existirá disponibilidad permanente de eliminación de líquidos cloacales, ya sea por extensión de redes o por sistema individual.
    8.Se dotará a las viviendas de una adecuada estructura resistente que evite ulteriores problemas, con particular énfasis en las zonas sísmicas.
    9.Se evitará fallas en las instalaciones que pongan en riesgo físico a sus ocupantes.
    10.Se ajustará el diseño y la tecnología a elementales normas de prevención de accidentes.
    11.En caso de incendio deberá ser posible la rápida evacuación de la vivienda.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 60, 62
    En la III Reunión de Buenos Aires se avanzó en la búsqueda de consensos para el intercambio de información; desarrollo de herramientas de coordinación; fortalecimiento de los organismos y mecanismos subregionales; apoyo de los organismos internacionales a través de programas y proyectos de capacitación; desarrollo de herramientas operativas en cada país; compromiso de los países para la elaboración de: Compendio Normativo Regional, Manuales de Procedimiento de Cancillería en los distintos países, Guía de Operaciones y Formalización de saberes ancestrales.

    4. PLATAFORMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRE.

    El Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, aprobados en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción de los Desastres, reunida en Kobe, Japón en enero de 2005 estableció tres objetivos estratégicos y cinco prioridades de acción.
    Los objetivos buscan: a) integrar las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas y programas de desarrollo para prevenir y mitigar la vulnerabilidad; b) fortalecer las instituciones para aumentar la resiliencia ante amenazas; y c) incorporar criterios de reducción de riesgo en la fase de la reconstrucción. Las prioridades de acción procuran: a) destacar la importancia en la actividad de gobierno de la reducción de riesgo; b) potenciar la alerta temprana; c) crear una cultura de la seguridad, d) reducir los factores de riesgo subyacente; y e) fortalecer la preparación para asegurar respuestas eficaces.
    En cumplimiento de estas pautas –recogidas em el párrafo 62 de la Declaración de Puerto España- la Argentina ha desarrollado, a partir de 2007, el diseño de su Plataforma Nacional para reducción de desastres, emprendimiento de largo aliento que implica esfuerzos de carácter multisectorial e interdisciplinario y coordinación de los actores de los sectores público y privado para lograr la reducción de riesgos. La última reunión de la Plataforma Nacional se realizó en Buenos Aires el 15 de junio de 2010. Las plataformas nacionales son el primer elemento indispensable para lograr la articulación de mecanismos regionales y globales que hagan efectiva la aplicación de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD).
    En relación al tema cambio climático se iniciaron conversaciones para firmar un acta complementaria de trabajo entre el Plan Estratégico Territorial (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y la Dirección de Cambio Climático (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). El objetivo del trabajo conjunto es incorporar en los análisis territoriales consideraciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Al ser el PET de carácter federal, esto permitirá una cobertura total del territorio
    Como primer paso se procederá a seleccionar una provincia, que servirá de modelo piloto para el trabajo de análisis de vulnerabilidades relacionadas a los impactos del cambio climático y su variabilidad, y la generación de una propuesta integral de adaptación y reducción del riesgo.
    Se espera de esta manera poder avanzar en la creación de sinergias ínter-ministeriales y la incorporación de las cuestiones de DRR y adaptación en los planes de desarrollo.
    Asimismo, y como parte del plan de trabajo, se procederá al desarrollo de los lineamientos de la estrategia nacional de adaptación. Dicho emprendimiento contará con el apoyo de la Secretaría para las Américas de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UN¬EHUJ) quienes proveerán de apoyo técnico para el diseño de los lineamientos. De esta manera se busca sentar las bases para la Estrategia de Nacional de adaptación, la cual incorporará transversalmente las consideraciones de reducción del riesgo de desastres. En este sentido se trabajará en la articulación interna de los marcos de referencia respectivos, siendo estos el Programa de Trabajo de Nairobi sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático (de la UNFCCC) y el Marco de Acción de Hyogo (de la ElRD). Argentina apoya en sus respectivos foros ambos marcos de referencia en los temas de adaptación y reducción de riesgos, respectivamente.
    Por otro lado, respecto a la promoción, sanción y aplicación de normativa de protección ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha venido trabajando y fortaleciendo su implementación a través de la generación de programas y proyectos en línea con dicha normativa. Un ejemplo de ello es la sanción del Decreto Reglamentario 91/2009 de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (N° 26.331/2007). Es una prioridad la implementación de acciones derivadas de dicha ley, la cual establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Es por ello que a través de la resolución 256/2009 creóse el Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos.
    El sector forestal puede contribuir para mejorar la resiliencia de los bosques frente a las repercusiones adversas del cambio climático
    Se han sancionado asimismo, nuevas leyes que refuerzan el compromiso de proteger al medioambiente, como ser la Ley 26.562 (noviembre de 2009), la cual fija los presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.
    Asimismo, Argentina viene hace tiempo promoviendo la generación y uso de energía el eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables, plasmado en la ley Nº 26.190, así como también la regulación y promoción para la Producción y Uso sustentables de biocombustibles (Ley Nº 26.093)

    Por otro lado, se ha venido trabajando en conjunto con las jurisdicciones provinciales en miras a fortalecer el intercambio de información. la discusión de necesidades, barreras y acciones a llevarse a cabo, teniendo un fluido contacto con el Consejo Federal del medioambiente, participando periódicamente en el Comité Intergubernarnental sobre cambio climático, el cual funciona en el ámbito de la Secretaria.

    Por último, en lo que respecta al apoyo del trabajo del Panel lntergubernamental sobre el cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés), Argentina ha venido participando activamente en las reuniones organizadas por dicha institución, estando nuestro país representado en el Bureau y en el Equipo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, a través de la elección de científicos argentinos tanto para la co-presidencia del Grupo de Trabajo 11 sobre vulnerabilidad, impacto y adaptación al cambio climático, como en el Grupo de Trabajo Especial sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Debe destacarse la importancia que reviste la participación argentina en el proceso llevado en el marco del IPCC, por cuanto el mismo compromete e integra a gobiernos y a la comunidad científica. Por otro lado, genera un espacio para la discusión de las necesidades nacionales. Resulta de gran importancia mejorar y difundir el conocimiento global como regional sobre cambio climático y establecer las prioridades. Por ello, es menester que la Argentina forme parte de la toma de decisiones del IPCC con respecto a las cuestiones técnicas que serán tenidas en cuenta en el ámbito del Panel. Debe fomentarse el continuo flujo de información relativa a las necesidades y prioridades existentes en las distintas regiones, pudiendo posteriormente focalizar la labora realizarse en aquellas cuestiones que generen mayor preocupación.
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    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina mantiene su compromiso en la lucha internacional contra el cambio climático. Creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (antes con rango de Secretaría de Estado) y el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la finalidad de articular políticas en la materia y generar conciencia en toda la sociedad sobre su relevancia. Está integrado por 12 ministerios del Poder Ejecutivo Nacional y tiene por funciones:

    -Articular procesos participativos y de sinergia entre las diferentes áreas del gobierno nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
    -Proponer un Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
    -Fortalecer capacidades para la prevención y respuesta a situaciones de emergencia y desastre provocadas por eventos climáticos extremos.

    Las labores del Gabinete Nacional de Cambio Climático le permitió a la Argentina revisar su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de modo de incrementar su ambición en el contexto del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades. La NDC revisada está compuesta por elementos de mitigación, adaptación y medios de implementación: la Argentina no excederá la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) en el año 2030 y se encuentra abocada al diseño de un Plan Nacional de Adaptación (PNA) antes de 2019.

    En el orden interno, este compromiso se refleja en su legislación:

    -Ley 26.093 sobre el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.
    -Ley 26.123 sobre el Régimen para el desarrollo de la tecnología, producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía.
    -Ley 26.190 y 27.191 sobre el Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica.
    -Ley 26.334 sobre el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol.
    -Ley 26.473 sobre la prohibición de importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general.
    -Ley 26.331 sobre la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
    -Decreto N° 140/07 sobre el Programa Nacional de uso racional y eficiente de la energía.

    En el marco internacional, la Argentina participó activamente en las negociaciones que culminaron con la adopción del Acuerdo de París por la 21° Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el 12 de diciembre de 2015 y firmó y ratificó el Acuerdo de París, antes de su entrada en vigor.

    Participó en la COP 22 y en la Primera Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA 1) para avanzar con los trabajos necesarios para la pronta y efectiva entrada en vigor del Acuerdo de París, tanto como su implementación a través del plan de trabajo 2016-2018. En la sesión final, realizó una intervención conjunta con Brasil y Uruguay en la que hizo énfasis en la importancia de mantener el balance entre mitigación y adaptación y la relevancia de los medios de implementación para incrementar la ambición de los países en desarrollo.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    Se llevan a cabo reuniones periódicas con organizaciones del sector agrícola y entidades productivas a fin de analizar propuestas que garanticen el cuidado de los suelos y las buenas prácticas productivas. Se busca promover sistemas que preserven la biodiversidad y los procesos sostenibles de transformación productiva. Se considera que la agricultura familiar puede ser un factor fundamental para alcanzar dichas metas y que posee, además, la capacidad para generar empleos productivos y motorizar el crecimiento local y las economías regionales.

    La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se implementa en la Argentina a través del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. Se desarrollan también los proyectos de Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano (Argentina-Bolivia-Paraguay), de Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino, de Incremento de la Resiliencia Climática y Mejora de la Gestión Sustentable del Suelo en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.
    Se creó el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación a fin de elaborar propuestas e impulsar medidas de prevención, control y mitigación en esta materia.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La República Argentina reafirma el compromiso con la Declaración “Agua, alimento para la tierra” adoptada por los Ministros de Agricultura de las Américas, en 2013.
    El Gobierno dio inicio a una política general integral destinada a preservar los recursos hídricos, tanto a nivel nacional como provincial. En junio de 2016 se presentó el Plan Nacional Federal de los Recursos Hídricos que abarca diversas problemáticas relacionadas con este recurso y su aprovechamiento integral. La implementación de la Ley N° 26.639, del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, tiene por objeto la preservación del recurso como reserva hídrica estratégica y propone la realización de un Inventario Nacional de Glaciares a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
    La centralidad de los humedales como importantes reguladores hídricos, hábitat de gran número de especies y reserva de agua dulce fue reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que coordina actividades para promover la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para su protección.
    Desde 2015, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable utiliza una herramienta informática, accesible vía web, que tiene por objeto centralizar la información de la calidad de las aguas de las Cuencas Hidrográficas de la Argentina.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    El Gobierno presentó el Plan Nacional Urbano y de Hábitat que busca generar consensos e identificar instrumentos para una Ley de Acceso al Hábitat. En sus ejes centrales plantea contribuir a la planificación integral del territorio nacional, la universalización del acceso al hábitat y la promoción de una planificación urbana que garantice ciudades integradas, equitativas y sostenibles.
    La Argentina participó de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible realizada en Ecuador en octubre de 2016. En la ocasión se remarcó que la presencia del Estado es fundamental para definir una estrategia de desarrollo urbano asociada al desarrollo económico y que “mejorar el hábitat es una condición necesaria para empezar a reducir los niveles de pobreza y del crimen organizado en la Argentina”.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina es país signatario del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, el cual se encuentra en proceso de ratificación parlamentaria. Nuestro país cuenta con leyes relativas a la gestión de desechos, que incluyen aquellos con contenido de mercurio y su importación, así como a la situación de los insumos médicos que lo contienen. En 2010, junto a Uruguay, la Argentina participó en el proyecto dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre almacenamiento y eliminación de mercurio en América Latina y el Caribe. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable participa en una serie de proyectos que están siendo desarrollados desde el Centro Regional de Basilea en la Argentina, tales como el “Desarrollo de Planes para la gestión de riesgos del mercurio en los países de América Latina y el Caribe” y la “Preparación para facilitar la aplicación del Convenio de Minamata”.

    La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) fue ratificada por Ley N° 22.344. La Argentina enmarca su abordaje dentro de la posición nacional general de política ambiental, la cual involucra los principios de la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, la promoción de los tres pilares del desarrollo sustentable (ambiental, social y económico), el desarrollo social con inclusión y lucha contra la pobreza, la conservación y protección del medio ambiente, el uso sustentable de las especies y la no justificación de medidas arbitrarias al comercio internacional basadas en la protección ambiental. La Argentina participó activamente de la Conferencia Mundial de las Partes sobre Vida Silvestre (COP 17) realizada del 23 de septiembre al 5 de octubre de 2016 en Sudáfrica. Todas las propuestas de inclusión de especies en los apéndices de CITES de los países latinoamericanos fueron aceptadas, entre ellas las copatrocinadas por la Argentina (albergias, bulnesia y vicuña).

    En el marco del Programa Nacional de Conservación de Especies Amenazadas se elaboran y acuerdan las políticas nacionales para la conservación de la fauna silvestre. Se busca revalorizar los ecosistemas a través de la conservación de la fauna silvestre y beneficiar a las comunidades locales que históricamente han hecho uso de sus recursos. Se implementan proyectos para la conservación de las especies amenazadas, la concientización del público en general, la disminución de la presión de caza, la conservación de los hábitats y actividades de rescate y la reintroducción al medio silvestre.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático se lleva a cabo el intercambio de información entre las diferentes agencias del Estado y se elaboran proyectos específicos, tanto a nivel nacional, como provincial y local. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se lleva adelante el sistema de indicadores de Desarrollo Sostenible para la Argentina y existe un proyecto presentado ante la Corporación Andina de Fomento para crear un Sistema de Estadísticas Ambiental.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 57, 63, 66
    Cabe destacar que la Argentina trabaja arduamente para implementar iniciativas tendientes al desarrollo sostenible, lo cual involucra la acción transversal entre las distintas áreas de gobierno y el sector privado.

    En tal sentido, la Argentina trabaja “… por una armonía entre ambiente y producción que implique la generación de empleo, inclusión social y equidad en nuestra sociedad, en aras de beneficiar el ecosistema en su conjunto y alcanzar, así, el Desarrollo Sustentable” (“Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible”, 2009, pág. 3)
    A nivel internacional, la Argentina presenta Informes Nacionales sobre los diversos ejes temáticos tratados en los ciclos bianuales de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Dichos Informes se encuentran disponibles en http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_guidelines.shtml.
    Cabe recordar que la Argentina apoya la reunión “Río más 20”, que se llevará a cabo en 2012.

    En lo que respecta al tratamiento de estas cuestiones en el marco de la OEA, se informa que la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades sobre desarrollo sostenible tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana, del 6 al 8 de octubre de 2010.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 59
    La Argentina ha participado de todas las instancias de diálogo dirigidas a la búsqueda de consensos para el fortalecimiento de las acciones de cooperación a largo plazo, de acuerdo con el Plan de Acción de Bali lanzado en diciembre de 2007. En este sentido, durante el año 2009 y 2010, se participó de las negociaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto - foro de competencia primaria de las negociaciones de cambio climático- así como de una serie de diálogos realizados en otros foros, entre los que se encuentran: la Cumbre ALC-UE, UNASUR, MERCOSUR-UE, la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y los derechos de la madre tierra y los diálogos convocados por el Gobierno de México, en su carácter de presidencia de la próxima Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP16/CMP6), que se realizará en Cancún, en noviembre de 2010.

    La Argentina continuará colaborando con el Gobierno de México y otras Partes de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, para promover mayores niveles de diálogo y entendimiento, dirigidos al logro de un acuerdo consensuado y equitativo, en el marco de las Naciones Unidas y producto de un proceso de negociación transparente e inclusivo, que permita la aplicación completa, efectiva y sostenida de la CMNUCC.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 64
    a) La gestión sostenible de bosques, incluyendo esfuerzos para reducir la deforestación:
    En 2009 fue sancionado el decreto 91, que reglamenta la ley 26.331 de "Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos", que fuera promulgada en 2007. Entre otros aspectos, la referida ley establece un esquema de "pago por servicios ambientales", actualmente en vías de implementación.
    b) La gestión sostenible de áreas protegidas
    En materia de áreas protegidas, la Argentina es Parte de la Convención sobre los humedales (Ramsar, 1971) y a través de ella emprende acciones para la conservación de humedales en su territorio, tales como la designación y manejo de humedales de importancia internacional o Sitios Ramsar. La Argentina cuenta con 19 Sitios Ramsar en diversas regiones del país, los dos últimos designados en 2009: “Lagunas Altoandinas y Puneñas” en la provincia de Catamarca y Glaciar Vinciguerra y Turberas Asociadas en la provincia de Tierra del Fuego. A nivel regional, la Argentina forma parte de dos Estrategias Regionales para la conservación de humedales: la Estrategia de Humedales Altoandinos y la Estrategia de Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata. Asimismo, la Argentina cuenta con 13 Reservas de Biosfera (la primera de ellas creada en 1980), en cumplimiento del Programa Intergubernamental e Internacional "El Hombre y la Biosfera" (MaB) de la UNESCO, cuyo Consejo Internacional de Coordinación integra la Argentina.
    - La Administración de Parques Nacionales lidera mediante un proyecto GEF la elaboración de un Plan de Acción para el Sistema Federal de áreas protegidas para contribuir a fortalecer los sistemas provinciales de áreas protegidas.
    - Asimismo, la Administración de Parques Nacionales ha puesto en marcha el desarrollo e implementación de la Estrategia de Conservación del Gran Chaco Argentino e incipientemente se está comenzando en la Patagonia Árida.
    - La Administración de Parques Nacionales encaró con apoyo de la UICN y Fish and Wildlife Services el desarrollo e implementación de una metodología para la Evaluación de Efectividad de Manejo de sus áreas protegidas.
    c) la protección de las especies amenazadas y migratorias
    En materia de conservación de especies amenazadas o en peligro de extinción, la Argentina ha adherido a la Convención sobre el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres (CITES), a la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS), al Acuerdo sobre albatros y petreles (ACAP), así como también ha firmado acuerdos bilaterales y regionales para la protección y conservación de especies de fauna y flora como el Memorandum de Entendimiento para la conservación del cauquén colorado, el Acuerdo para la conservación de los ecosistemas australes afectados por el castor americano y el Memorandum de Entendimiento sobre aves de pastizales.
    A través de la Dirección de Fauna Silvestre, la Argentina lleva a cabo el “Programa Nacional de conservación de especies amenazadas”, entre las que se incluyen el tatú carreta, el huemul, el venado de las Pampas, el yaguareté y el ciervo de los pantanos, entre otras. El Programa encara acciones de consenso sobre líneas de trabajo para relevamientos o resolución de problemas específicos en conjunto con autoridades y administraciones de fauna y de control provinciales y el del ámbito académico científico bajo diferentes modalidades.
    La Argentina participa en el “Proyecto Globallast Partnership” puesto en marcha por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Marítima Internacional (OMI). Su objetivo principal es ayudar a los países y a las regiones particularmente vulnerables a reducir los riesgos y los impactos provocados por la introducción de especies invasoras y organismos patógenos a través del agua de lastre de los buques que realizan navegación internacional.
    d) el combate al tráfico ilegal internacional de la biodiversidad
    En materia de lucha contra el tráfico ilegal internacional, la Argentina realiza el control de embarques de exportación e importación en aeropuertos y puertos internacionales y áreas de frontera y lleva a cabo cursos de capacitación a las fuerzas de seguridad sobre técnicas de procedimientos, legislación nacional e internacional e identificación de especies silvestres y sus productos y subproductos.
    En el mes de marzo de 2010, el Consejo Federal Pesquero aprobó el “Plan Nacional para reducir la interacción de aves con pesquerías en la Republica Argentina”, acción que se enmarca en el Acuerdo sobre la Conservación de albatros y petreles (ACAP) y en el Plan Internacional para mitigar la captura incidental de aves marinas en pesquerías de la FAO. Las acciones adoptadas comprenden mejorar la toma de datos de captura incidental, promover medidas de mitigación y capacitar y concientizar a los actores involucrados y al público en general.
    e) la promoción de intercambio de conocimiento científico sobre la biodiversidad, entre otros, a través de la Red interamericana de información sobre biodiversidad.
    La Argentina ha continuado participando en la Red Interamericana de información sobre biodiversidad (IABIN, por sus siglas en inglés), a través de sus diversos programas en los que se promueven el intercambio de conocimientos científicos sobre biodiversidad en beneficio de los países participantes de la red.
    f) El reconocimiento y la distribución de los beneficios derivados del acceso y uso de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.
    La Argentina continuó participando en la negociación del Protocolo de acceso a recursos genéticos y distribución de los beneficios, en el marco de la CDB. En dicho contexto, la Argentina apoya la conclusión de tales negociaciones, de forma tal que el referido Protocolo pueda ser adoptado en la COP-10, que tendrá lugar en Nagoya, Japón, en octubre de 2010.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 65
    La Argentina ha emprendido acciones en materia de reducción y prevención de la contaminación de origen terrestre en el Río de la Plata y su frente marítimo, mediante la implementación del Programa de Acción Estratégico de FREPLATA. Este proyecto fue aprobado en 2007 por la Argentina y Uruguay y tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes del Río de la Plata y su frente marítimo a través de la preservación y restauración de la calidad de sus aguas, la biodiversidad y la sustentabilidad de sus usos y recursos.

    Cuatro son los resultados que se ha planteado alcanzar
    1) La implementación de reformas regionales acordadas y fortalecimiento de las instituciones nacionales para abordar los problemas transfronterizos prioritarios
    2) El fortalecimiento de la capacidad de participación de los gobiernos provinciales y municipales y otros entes interesados de la sociedad civil para lograr los objetivos de este proyecto
    3) La implementación de actividades piloto y demostraciones de campo y finalmente, y
    4) El desarrollo y fortalecimiento de sistemas de indicadores de monitoreo y evaluación.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 67
    Para información sobre Medio Ambiente, consulte las páginas 84-85 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina
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  • Mejora del Manejo Público
  • Migración
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    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina cuenta con 10 millones de jóvenes que representan un cuarto de su población. El Gobierno busca integrar a los mismos para que sean protagonistas y contribuyan a constituir una sociedad abierta, flexible y vigorosa. A través de su capacitación se procura su inserción laboral, económica, social y cultural. La Subsecretaría de Juventud diseña políticas públicas para este sector, varios de cuyos programas fueron especificados en el capítulo EDUCACION.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina fue tradicionalmente un país receptor de inmigrantes lo cual contribuyó a determinar su política migratoria. La Ley 25.871 fue promulgada en 2004 y consagra el derecho a migrar (y retornar). Garantiza el acceso de los migrantes a la educación, la salud y los servicios sociales en condiciones de igualdad y universalidad con los nacionales y con independencia de su situación migratoria. Reconoce el potencial de los migrantes en el plano económico, social y cultural y valora sus capacidades.
    En plano laboral, la legislación argentina establece la igualdad de condiciones de trabajo independientemente de la nacionalidad y la situación migratoria de las personas. La Asignación Universal por Hijo alcanza también a los migrantes con residencia de tres años en el país.

    En el ámbito regional, la Argentina propicia el diálogo para la concreción de políticas migratorias integrales que contemplen al migrante en sus múltiples aspectos. Participa activamente en la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, el Grupo de Trabajo de Asuntos Jurídicos y Consulares del MERCOSUR, el Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Sudamericana de la UNASUR, la Reunión de Migraciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Diálogo Estructurado y Comprensivo sobre Migraciones entre la CELAC y la Unión Europea. Es parte de la Declaración sobre Principios Fundamentales del Trabajo de la OIT y adaptó su legislación interna a dicha normativa. Ratificó, asimismo, la Convención Internacional sobre Protección de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales relativos a la protección de los Derechos Humanos. La Argentina es asimismo signataria de otros instrumentos internacionales específicos de lucha contra la trata de personas (1).

    La Ley 26.364 (2008) sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas fue el primer avance legislativo hacia los estándares que exige el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en el marco del Protocolo de Palermo. La Ley 26.842 (2012) mejora y amplía la tutela de los derechos de las víctimas en relación al delito de trata, así como las condenas para los delitos de explotación sexual simple y eleva la condena en los casos agravados.

    Convención Internacional Contra La Delincuencia Organizada Transnacional y Protocolos (Palermo, Italia 2000); Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos, y las instituciones y practicas análogas a la esclavitud (Ginebra 1956); Acuerdos alcanzados en materia de protección y promoción de los derechos de las mujeres en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Consenso de Santo Domingo, de Brasilia, de Quito, de México, de Lima, de Santiago.


    En el marco de esta normativa, en 2013, se creó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas que es un organismo con autonomía funcional, coordinado por la Jefatura de Gabinete de Ministros. El Comité articula las acciones de prevención, sanción y asistencia en materia de trata de personas implementadas por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

    Sus objetivos son:
    • impulsar políticas públicas en la materia.
    • propiciar una planificación conjunta entre los diferentes ministerios.
    • diseñar acciones de comunicación y sensibilización para prevenir este delito.
    • fortalecer la protección y asistencia integral de las víctimas para su reinserción social.

    Desde la Jefatura de Gabinete de Ministros se convoca a reuniones del Consejo Federal para la Lucha de Trata y Explotación de Personas que está integrado por funcionarios del Gobierno nacional, representantes del Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia y organismos de las provincias. Realizó su primera reunión en junio de 2016 y busca articular un enfoque integral y coordinado para prevenir y combatir este delito.

    Se realizan asimismo campañas de sensibilización y capacitación en organismos públicos (fuerzas de seguridad y Poder Judicial) y comunidad educativa y organismos de salud. Se habilitó una línea telefónica gratuita y anónima (145) para efectuar y recibir denuncias de supuestos casos de trata. A las víctimas se les brinda una atención integral, que va desde la protección y asesoramiento jurídico, hasta la vestimenta, atención médica y retorno voluntario a su lugar de origen. En el ámbito del Ministerio Público Fiscal se creó, en 2013, la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos que busca mejorar los procesos de detección, investigación y litigio de casos de trata, con eje puesto en los derechos humanos.

    En el plano de la cooperación regional, la Argentina participó del seminario de Red de atención consular a Víctimas de Violencia de Género y/o Intrafamiliar Migrante (Chile-2014 y Bolivia-2015), el Ministerio de Seguridad suscribió acuerdos de cooperación con sus pares de Paraguay, Chile y Bolivia y se constituyó el Subgrupo de Trabajo sobre Trata de Personas del Mercosur, el cual nuestro país coordina.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En materia de políticas públicas de vinculación con los nacionales en el exterior, a través de la Red Consular se establece un fluido relacionamiento y se participa activamente en la vida de las comunidades argentinas en el exterior. Se les brinda asesoramiento en materia consular, comercial, cultural y migratoria. En el país, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto mantiene contactos con asociaciones de migrantes en la Argentina con el objeto de conocer sus necesidades y problemáticas.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 12
    7. ACCIONES EN MATERIA MIGRATORIA
    Sobre los puntos 17 de la Declaración de Compromiso de Puerto España de 2009 y 12 del Documento titulado Mandatos Derivados de la VI Cumbre de las Américas, cabe señalar que en la Argentina desde la sanción de la Ley 25.871/04 y su Reglamentación por Decreto N° 616/10, los derechos humanos de los y las migrantes, independientemente de la condición migratoria, tienen calidad de políticas de Estado.
    Por otro lado, nuestro país es parte de la Declaración sobre Principios Fundamentales del Trabajo de la OIT, adoptada en 1998, y su legislación laboral es no discriminatoria, habiendo total coherencia entre la normativa migratoria y la laboral al respecto.
    Asimismo, la Argentina ha ratificado de la Convención Internacional sobre Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares desde 2007, aunque sus principios ya se encontraban incorporados a la Ley 25.871, sancionada tres años antes de esa ratificación. Las sanciones por empleo de migrantes en condición de irregularidad migratoria, solo alcanza a los empleadores, mientras que a los trabajadores migrantes en esa situación, por mandato legal, el Estado debe ofrecerle medidas tendientes a regularizarla.
    Contexto Regional: Conferencia Suramericana sobre Migraciones
    La Declaración de Buenos Aires de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, dada en la Reunión Intersesional de la Conferencia en Agosto de 2013, fijó posiciones de cara al II Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y desarrollo (II DAN)15 en algunos aspectos del tratamiento de la migración internacional.
    Entre otros puntos, reclama que los Derechos Humanos sean incorporados como un eje transversal al tratamiento del tema migratorio e insta a dar un giro al debate del nexo entre migración y desarrollo superando el tratamiento exclusivo del tema de las remesas, para centrarse en el trinomio: migración, desarrollo genuino de los países de origen y derechos humanos.
    Introduce la facilitación de la regularización como un elemento que contribuye al desarrollo humano del migrante y al desarrollo de la sociedad que lo recibe, al determinar, desde la génesis de su integración al país de destino, una situación de igualdad con los nacionales.

    En el capítulo dedicado a los derechos de los trabajadores migrantes llama a reforzar los mecanismos internacionales de defensa de sus derechos. Pone en cuestión las condiciones en que los países desarrollados ponen en práctica la llamada migración circular, y resalta el compromiso regional de prevenir y sancionar el tráfico ilícito y la trata de inmigrantes. Insta, asimismo, ala ratificación por los países que aún no lo han hecho, de la Convención Internacional sobre Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de las Naciones Unidas de 1990.
    Contexto regional: CELAC
    En la II Reunión de Migraciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC),16 éste foro hizo suyas las posiciones de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones.
    Así fue que América Latina y el Caribe pudieron llegar con importantes consensos tanto al IIDAN de las Naciones Unidas, como a la Reunión de Alto Nivel CELAC-Unión Europea (UE)17en el marco del llamado Diálogo Estructurado e Integral sobre Migración de noviembre de 2013.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 12
    La República Argentina cuenta con una legislación Laboral sustantivamente no discriminatoria, que conjugada con la nueva legislación migratoria, ha generado en los últimos años un alto nivel de inclusión de los migrantes en la estructura social del trabajo fundado en la igualdad con los trabajadores nacionales .

    Esta política de facilitación del ingreso residencia ha producido impacto positivo sobre la inserción laboral de los migrantes que han visto aumentada su participación en el mercado formal de trabajo, en proporción mayor que los nacionales. En 2010, el número de inmigrantes con empleos registrados en el sector privado de la economía aumentó un 91% mientras que entre los nacionales el aumento fue solo de 68%. En fuerte medida esto fue debido a la implementación del programa de Normalización Migratoria Patria Grande. Posteriormente al 2010, los principios del Programa Patria Grande, ya incorporados a la Ley de Migración 25.871, permiten que todos los trabajadores migrantes se incorporen al campo laboral en forma legal/formal. Otro de los efectos, es el aumento de los migrantes en el segmento de trabajo asalariado en la población total.

    En julio de 2012, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puso en marcha los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Entendiendo que la universalidad de los Derechos Humanos no puede limitarse al plano conceptual debe extenderse al plano operativo. Esto implica poner las estructuras y organismos del poder público al servicio del goce y ejercicio de esos derechos y adoptar medidas concretas para hacerlos efectivos y se traduce en el acercamiento de la justicia a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables. A tal efecto abrió Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en zonas de asentamientos precarios donde la población de encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, con una amplia gama de problemáticas no resueltas y con grandes dificultades para trasladarse en búsqueda de información o soluciones.

    Entre esta población vulnerable se encuentran también los inmigrantes que en importante número concurren a los CAJ para recibir asesoramiento, no solo sobre temas que hacen a la tramitación de su situación migratoria, sino por todas aquellas problemáticas que afectan la vida diaria de quienes viven en estos asentamientos o barrios especialmente carenciados, tales como gestión de Documentos de identidad, tramites de pensiones no contributivas, jubilaciones, asignación universal por hijo, etc

    El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribió además un acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones para que los funcionarios migratorios se sumen a los CAJ y asesoren a los extranjeros respecto de los trámites migratorios. Son frecuentes los operativos en los que concurren también funcionarios consulares de los países limítrofes.

    Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Dirección de la Mujer, con la colaboración técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se están elaborando materiales de capacitación para el cuerpo consular en materia detección temprana y prevención del delito de trata en ocasión de de la migración o desplazamiento internacional.

    En el campo regional Argentina vienen promoviendo políticas y acciones vinculadas a garantizar los derechos de los migrantes en el MERCOSUR ampliado, en el marco del Grupo de Asuntos Consulares y jurídicos del MERCOSUR, el Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR, entre otras instancias.

    En la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, Argentina presentó en 2012 varias propuestas de acción destinadas a la garantía de los derechos fundamentales de los migrantes. Entre otras: a) una propuesta de cooperación horizontal entre los países miembros para homogeneizar las políticas, normativas y marcos institucionales referenciados en los más altos estándares regionales b) una iniciativa para que los países miembros tomen como referencia los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) para implementar mecanismos parecidos en sus respectivos países.


    IBER-RUTAS

    La Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación internacional (DNPCyCI) de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación coordina la Unidad Técnica (U.T.) del Programa IBER-RUTAS, integrado por diez países. El mismo tiene por objetivo contribuir a la promoción de la diversidad cultural en Iberoamérica conformando un espacio común para la protección de los derechos de los migrantes desde una perspectiva intercultural. En el año 2012, se realizaron seis reuniones de Comité Intergubernamental y se concretaron CUATRO actividades de difusión. IBER-RUTAS fue presentado en distintas instancias internacionales: Jornada Anual de Cooperación Iberoamericana (Ecuador), Reunión Anual de Cooperación Iberoamericana (España) y I Reunión de Comisión de Diversidad Cultural del MERCOSUR Cultural (Brasil).


    MIGRACIÓN Y SALUD

    En nuestro país, el Derecho a la salud no era incluido de manera expresa en la Constitución de 1853, sino que se a través del Art 33º de los Derechos no enumerados. Era un derecho individual anexo al derecho a la vida y su sujeto pasivo era el Estado, que debía abstener de violar o dañar la salud.

    La Constitución de 1994 incorpora la salud de forma expresa y por medio de su Artículo 41º de la Constitución de la Nación Argentina (1994) se establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…”
    Párrafo 1º: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho…”
    Párrafo 2º: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”

    El Artículo 42 de la Ley Fundamental establece que “Los Consumidores y usuarios de los bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud,…”
    Párrafo 1º: “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos”
    Párrafo 2º: “La Legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos,…previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios de las provincias interesadas, en los organismos de control”

    A partir del año 2003, nuestro país ha venido propiciando una política migratoria que reconocen los derechos de los migrantes y propician su integración. De esta manera se ha propiciado una Legislación que considera a las migraciones como un Derecho Humano y donde el Estado garantiza la igualdad de derechos con los nacionales, en relación al derecho a la salud y a la Educación.

    La Ley de Migraciones (25.871) establece el marco normativo para los extranjeros que ingresa, transita, reside o se establece definitiva, temporariamente, o transitoriamente en Argentina.

    En el Art.5º de la mencionada Ley, se plantea al Estado como garante de la igualdad de trato a fin de que los Extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

    Asimismo, el Art 6º.- plantea que el Estado garantizará el acceso igualitario a los migrantes y sus familias a la protección, amparo y derechos que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social

    La Ley de Migraciones si bien se menciona que los Extranjeros pueden gozar de sus derechos si satisfacen las condiciones exigidas para su ingreso, de deja explícitamente establecido que no podrá negársele o restringírsele, en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todo extranjero que lo requiera, cualquiera sea su situación migratoria.-

    Como es posible observar, se consagra la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros, estableciendo el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, reconociendo el aporte que estos grupos de población hacen al desarrollo del país-

    Destacamos la elaboración del Primer Compendio Estadístico sobre Migraciones entre CELAC y la UE, que es un aporte para la mejor comprensión de las corrientes migratorias entre ambas regiones.

    Contexto regional de la CELAC:

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema migraciones:

    “38. Saludamos la celebración de la I Reunión sobre Migraciones de CELAC, realizada el 20 y 21 de agosto de 2012 en Comayagua, República de Honduras, y resaltamos las recomendaciones emanadas de dicho encuentro, que sienta las bases para desarrollar en ese foro regional una estrategia de CELAC sobre migraciones, que se sustente en la perspectiva de las personas migrantes como sujetos de derechos y que articule una posición común de nuestra región de cara a los procesos de diálogo con otros ámbitos regionales y globales”.
  • OEA
  • Pueblos Indígenas
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  23/12/2010    Párrafos: 86
    Referente a los párrafos 60 y 61
    2. “III Reunión Regional de Mecanismos de Asistencia Humanitaria Internacional”.
    8. Promover propuestas para contribuir a la recuperación, revalorización, aplicación y fortalecimientos de saberes y prácticas ancestrales y contemporáneas, con pertinencia cultural y participación comunitaria, de los pueblos indígenas originarios y otros grupos étnicos. Pág.88

    Mas Informes ver Diciembre del 21 al 23
    • Fecha:  22/12/2010    Párrafos: 86
    En lo que se refiera a los grupos más vulnerables y aquellos con necesidades educativas especiales, desde el Ministerio se llevan a cabo las siguientes acciones:

    a. conseguir que el porcentaje de niños y niñas indígenas sea al menos igual a la media del alumnado escolarizado en la educación inicial, primaria y secundaria básica mediante la ampliación de la oferta en contextos educativos con presencia de población indígena, la inclusión en la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, y la realización de tutorías. Además, a través de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación en colaboración con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se otorgan becas destinadas a promover el derecho a la educación de adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a comunidades indígenas. El objetivo es reducir los niveles de abandono y repitencia, y facilitar el ingreso, la permanencia y la promoción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Pág.74

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    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 86
    Argentina, además de firmar la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, viene apoyando, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) la negociación de una Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, a fin de obtener un instrumento fuerte y que ello sea una expresión genuina de las Américas en la materia.

    Asimismo, la clara voluntad política argentina a favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ve plasmada en otros ámbitos internacionales. Por ejemplo, otro instrumento internacional importante, en vigor para la Argentina, es el Convenio 169 de la O.I.T. sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (julio de 2001). La Argentina adhiere así a una orientación que jerarquiza el status jurídico de los pueblos originarios. De este modo reafirma conceptos como “pueblos indígenas” en reemplazo al concepto más restringido de “poblaciones” o “comunidades”; “territorios” para referirse a la “totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan”.

    Acepta además, los derechos a la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, la necesaria participación de los indígenas en todos los asuntos que los afecten y asume la responsabilidad de desarrollar con su participación una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos y garantizar el respeto de su integridad. Pág. 118-119

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    • Recursos Relacionados
    INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS (Argentina 2010)
    INFORME NACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS (Argentina 2010)
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  • Salud
    Ministeriales
    Párrafos Relacionados al Tema
    • Reportes
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    *El Programa Medicamentos llega mensualmente a Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país con un conjunto de medicamentos esenciales que permiten dar respuesta al 80% de las consultas que se realizan en el Primer Nivel de Atención. Esta distribución ha garantizado el acceso a medicamentos a más de 16 millones de usuarios y mejorado el estado de salud de la población. En los CAPS se realizan aproximadamente 5.000.000 de consultas y se extienden 1.700.000 recetas por mes.

    *El Programa SUMAR tiene por objeto disminuir las brechas de calidad y equidad en el acceso a la salud entre la población sin cobertura médica. Contempla políticas públicas sanitarias y financia prestaciones para la prevención y tratamiento del cáncer de mama y cáncer cervicouterino.

    *El Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia tiene por objeto favorecer las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes. Algunas de las estrategias que impulsa este programa son la detección oportuna y prevención del consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas, intentos de suicidio y trabajo sobre salud sexual y reproductiva.

    *El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas garantiza la resolución quirúrgica a los niños del país con diagnóstico de cardiopatía congénita que no cuenten con cobertura médica. Entre 2010 y 2015 se operaron 9.600 niños y se registró un aumento en el diagnóstico oportuno.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina posee un Calendario Nacional de Vacunación (CNV) que contempla un conjunto de vacunas para la prevención de enfermedades en todas las etapas de la vida, de acceso gratuito y con carácter obligatorio para todos los grupos objetivo.

    Entre 2015 y 2016 se concluyeron procesos de adquisición y distribución de vacunas en todo el país y se capacitó a la comunidad médica para la indicación de las vacunas incorporadas al CNV, entre otras, el rotavirus, varicela, meningococo, IPV y bOPV.

    La incorporación de la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV-Salk) fue establecida en 2014, considerando el compromiso del país en la Asamblea Mundial de la Salud. El Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis y Fase Final 2013 -2018 que aprobó el Consejo Ejecutivo de la OMS, recomendó la retirada de todas las vacunas orales contra la poliomielitis para 2018, iniciando nuestro país este proceso en 2016. La Argentina, ubicada en el grupo de menor riesgo, definió como estrategia realizar en forma simultánea el cambio de tOPV a bOPV y la introducción de la vacuna IPV.

    En 2015 se incorporó al CNV la vacuna contra el rotavirus, con carácter gratuito y obligatorio y con un esquema de (2) dosis (2 y 4 meses de edad) para la población objetivo determinada en lactantes. Asimismo, se estableció con carácter gratuito y obligatorio la vacunación contra varicela en niños de quince (15) meses de edad, con esquema de única dosis.

    En la Argentina se registran 250 a 300 casos de enfermedad meningocócica invasiva (EMI) por año, afectando principalmente a niños menores de 5 años. El mayor impacto se observa en la población infantil menor a 12 meses, siendo el grupo de lactantes menor a 9 meses el grupo etario más afectado (67%). Se ha previsto para 2017 la incorporación al CNV de la vacuna antimeningocócica (contra los serogrupos A, C Y y W de meningococo) con carácter universal, gratuita y obligatoria. Dicha vacuna contempla a los niños que cumplen 3 meses de edad a partir del inicio de la estrategia, con esquema de 3 dosis (3, 5 y 15 meses de edad) y los adolescentes de 11 años con esquema de dosis única.

    Las vacunas antigripales se aplican de manera gratuita y universal a todos los grupos etarios expuestos a esta enfermedad. Las mismas se producen a nivel nacional como parte de una alianza productiva y de transferencia de tecnologías entre el sector público y el privado, bajo estrictas pautas de calidad y control por parte de las autoridades sanitarias.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en colaboración con el Ministerio de Salud, diseñó el Mapa de Riesgo Ambiental de Dengue 2015 para todo el territorio argentino, que constituye una herramienta de consulta sobre la dispersión del virus y sus posibles focos de riesgo.

    El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica financiaron proyectos de investigación vinculados a la salud en poblaciones vulnerables.

    En el ámbito regional, la Argentina participa de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR en cuyo ámbito se aprobó el Proyecto “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud”, a fin de crear una Red de Institutos de Investigaciones en Biomedicina. En el marco del Programa Bi-regional ERANet LAC (Red de Innovación e investigación Conjunta Unión Europea-América Latina y el Caribe) se participó del proyecto de investigación: “Congenital Chagas disease research Consortium”, del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular Dr. Héctor Torres.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La promoción de una vida saludable, tanto a nivel nacional como comunitario, se realiza por medio de campañas de comunicación masiva, medios educativos y programas específicos. Se realizan relevamientos periódicos, congresos, jornadas científicas y de capacitación y se articulan políticas y estrategias entre varias áreas del Estado. Se llevan a cabo actividades de hábitos saludables y regulación de productos en tres áreas prioritarias: tabaco, alimentación saludable y actividad física.

    Como parte de estas políticas, se destaca la eliminación de las grasas trans del Código Alimentario Argentino, la elaboración de manuales para la implementación de entornos saludables, folletería y materiales audiovisuales para difusión, ambientes libres de humo y campañas de comunicación para el Día Mundial de la Salud o el Día Mundial de la Actividad Física, entre otros.

    Se han elaborado materiales para los equipos de salud, como guías para la prevención de enfermedades cardiovasculares, tratamiento de adicciones al tabaco, diagnóstico y tratamiento de la obesidad y diagnóstico y manejo de asma en adultos, entre otros.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    El Plan Nacional del Agua tiene por objeto proveer de agua potable y saneamiento a todos los habitantes del país, proteger a la población frente a inundaciones y sequías y promover el desarrollo productivo en base al riego.

    Se busca alcanzar en los próximos tres años el 100% de cobertura de agua potable (hoy 83%) y el 75% de saneamiento (hoy 45%). Para cubrir el déficit actual, se planea instalar 55.000 km de tuberías para la provisión de agua potable y 30.000 km de tuberías para cloacas.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    El Paquete Perinatológico de Alta Complejidad integra un conjunto de prestaciones destinadas a la reducción de la mortalidad materna e infantil, teniendo como población objetivo a las mujeres que cursan embarazo de alto riesgo y recién nacidos pre término y/o con malformaciones quirúrgicas.

    El Programa Materno Infantil tiene por objeto mejorar las condiciones de vida y la salud de niños y mujeres en edad fértil. Es universal y se canaliza a través de la visita a los Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). A las mujeres embarazadas se les entrega el Carnet Perinatal con los resultados de los controles de embarazo y a los niños un Carnet de Salud Infantil con la constancia de los controles efectuados.
    Además de la atención general, se les brinda atención especial como análisis complejos, derivación a especialistas, tratamientos e internaciones. Si durante los controles se observan deficiencias nutricionales en embarazadas, en mamás que amamantan o en niños de hasta 6 años, se les prescribe la entrega de leche en polvo fortificada u otros alimentos necesarios.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 15, 17
    8. ACCIONES EN MATERIA DE SALUD
    En el marco del compromiso asumido por la República Argentina en la Declaración de Compromiso de Puerto España, firmado el 19 de abril de 2009, el Ministerio de Salud de la Nación continuó profundizando un modelo sanitario basado en la estrategia de atención primaria de salud entendida como estrategia integral del proceso salud-enfermedad. En este sentido, se jerarquizó el fortalecimiento de la protección social y la implementación de estrategias para avanzar en el acceso universal al sistema sanitario. Entre las estrategias más importantes podemos encontrar:

    El fortalecimiento de los hospitales nacionales públicos
    Los hospitales nacionales, especialmente los hospitales de alta complejidad han incorporado durante esta década servicios que sólo estaban disponibles para quienes contaban con cobertura de obras sociales, empresas de medicina prepaga, o bien financiaban directamente sus cuidados de salud en establecimientos privados. Además, lo han hecho alcanzando y superando estándares de calidad que los colocan como modelo a nivel nacional e internacional. Estos nuevos servicios, al igual que el resto de las acciones de nuestros hospitales, se encuentran a disposición de toda la población, acortando la brecha de acceso a la salud, con calidad de excelencia y buenos resultados.
    Los hospitales nacionales han desarrollado en el año 2012, 1.100 cirugías de corazón (más de tres cirugías por día). A su vez, se incorporaron servicios como el de cirugía bariátrica para la obesidad, y se desarrollaron técnicas de avanzada para resolver malformaciones fetales mediante cirugías intrauterinas. Asimismo, se desarrollaron servicios que resultan únicos en el subsector público de todo el país, como es el caso de la neurocirugía para la enfermedad de Parkinson, que desarrolla el Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas.


    El fortalecimiento de la APS a través de estrategias que garanticen el acceso a los centros, bienes y servicios de salud tales como:
    1) La distribución gratuita de medicamentos esenciales y el fortalecimiento de la red de atención primaria de la salud
    La provisión gratuita de medicamentos esenciales constituye una importante política de redistribución del ingreso. El programa Remediar + Redes promueve el fortalecimiento de la APS, mejorando la capacidad de respuesta de las redes de salud y jerarquizando los centros de APS (CAPS) como punto estratégico de contacto con la comunidad.
    A lo largo de sus 10 años de existencia, el Programa envía a los CAPS de todas las provincias argentinas botiquines que incluyen un conjunto de medicamentos esenciales, que permiten dar respuesta al 80% de los motivos de consultas de los usuarios de estos establecimientos.
    Desde la puesta en marcha del Programa, en octubre de 2002, se han enviado 1,6 millones de botiquines a los CAPS, que representaron un total de 329 millones de tratamientos. Durante 10 años, se han registrado asimismo más de 524.4 millones de consultas médicas y odontológicas. Sólo en 2012, se distribuyeron en total 166 mil botiquines que incluyeron 37.5 millones de tratamientos.
    En promedio, anualmente se han enviado 33 millones de tratamientos, con valores por sobre la media en los años 2006 y 2012, donde los tratamientos enviados alcanzaron los 40 y 38 millones, respectivamente.
    2) Fortalecimiento de recursos humanos para el primer nivel de atención
    Una de las estrategias que ha desarrollado el país para facilitar la accesibilidad es la de asegurar recursos humanos en el primer nivel de atención. El Programa Médicos Comunitarios (PMC), creado en 2005, implementa desde hace nueve años una innovadora política de fortalecimiento de recursos humanos para el Primer Nivel de Atención cuyo propósito es la consolidación, en los Sistemas Locales de Salud, de la estrategia de Atención Primaria. El afianzamiento de esta última encuentra sustento en el desarrollo de prácticas de prevención y promoción, con activa participación de la comunidad, a través del trabajo en redes e intersectorial, puesto en marcha por un equipo de salud interdisciplinario e intersaberes. El PMC desarrolla junto a Universidades públicas y privadas, Sistemas de Salud provinciales y Referentes de Pueblos Indígenas, la Capacitación en Servicio en Salud Social y Comunitaria para integrantes de equipos de salud de todo el país con el objetivo de promover la transformación del modelo de atención y garantizar a la población el acceso al cuidado de su salud como derecho universal. Actualmente, el MSAL financia más de 10.000 recursos humanos en el primer nivel de atención en todo el país
    3) Acceso a los servicios de salud
    A través del Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial – Unidades Sanitarias Móviles, el MSAL brinda servicios de salud por medio 38 unidades sanitarias móviles que permiten realizar diagnostico controles y tratamientos a poblaciones que presentan dificultades de acceso al sistema de salud.
    En el año 2013 fueron atendidas 196.348 personas por las distintas especialidades del programa (Clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia, odontología y laboratorio de prótesis dentales, nutrición, enfermería y oftalmología y laboratorio óptico, diagnostico por imágenes y laboratorio) en el que particularmente se destacó oftalmología atendiendo a 71.041 pacientes y entregando 79.294 pares de anteojos)
    4) El fortalecimiento del calendario de vacunación
    En Argentina, la prevención primaria a través de las vacunas es una prioridad que se demuestra en la constante incorporación de vacunas al Calendario Nacional de Inmunizaciones, el cual es uno de los más completos de la región. El país cuenta hoy con 16 vacunas gratuitas y obligatorias, que constituyen una herramienta clave para mantener los logros nacionales en relación con la eliminación de la poliomielitis (último caso en 1984), el sarampión (último caso año 2000), la rubéola (último caso año 2009) y el control de enfermedades como la hepatitis A, el tétanos neonatal, la difteria y la meningitis por haempophilus influenzae tipo b, entre otras.
    Las 16 inmunizaciones que componen el Calendario Nacional de Vacunación están disponibles en forma gratuita y obligatoria en todos los hospitales y centros de salud pública del país para ser aplicadas a la población indicada.
    En relación a la estrategia de inmunización, en 2013 se inició la transferencia tecnológica para la producción nacional de vacuna antigripal y neumococo conjugada, asegurando la soberanía nacional para el acceso oportuno de las vacunas a la población. En 2014 se tiene prevista la incorporación de dos vacunas al Calendario Nacional de Vacunación: IPV tres dosis a los 2, 4 y 6 meses y Rotavirus dos dosis a los 2, 4 meses.

    5) Programa de cardiopatías congénitas
    El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas del Ministerio de Salud de la Nación garantiza la resolución quirúrgica a todos los niños y niñas del país con diagnóstico de cardiopatía congénita que no tienen obra social y hace que en la Argentina no haya ningún chico en situación de emergencia o que necesite una intervención urgente de cardiopatía congénita en lista de espera.
    Este programa financia desde abril de 2010, a través del Programa SUMAR, todas las cirugías, estudios diagnósticos y traslados de niños menores de 6 años con malformaciones congénitas del corazón, con el propósito de salvar la vida de chicos que no cuentan con cobertura de salud y que requieren de una cirugía. Entre el año 2010 y el mes de abril de 2014 se han operado más de 6.306 niños/as sin obra social y se ha registrado un aumento de más del 51% en el número de niños/niñas diagnosticados de forma oportuna. 14.268 pacientes conforman el Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas quirúrgicas y no quirúrgicas. Asimismo, se redujo la lista de espera en un 84% y aumentó la producción en Hospitales Públicos. Más de 77 millones de pesos han sido invertidos en equipamiento y transferencias de fondos a los Hospitales. A partir de la implementación del Programa se incrementó el número de establecimientos que operan Cardiopatías Congénitas. En 2003 eran 6 mientras que en 2014 son 17 los hospitales públicos con capacidad para el tratamiento de esta patología.

    6) El fortalecimiento de la atención materno infantil.
    Nuestro país elaboró un Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y Adolescentes http://www.msal.gov.ar/sitios_estaticos/plan-reduccion-mortalidad/pdfs/plan_operativo_reimpresion_junio2010_WEB.pdf, el cual se centra en detectar las principales causales que desencadenan la muerte de mujeres, adolescentes, niños y niñas de nuestro país para actuar sobre ellas. Se trata de focalizar en los procesos de gestión, recursos humanos, insumos e infraestructura que resulten un obstáculo para la correcta atención de la población en cada provincia. Esta tarea implica el trabajo coordinado y articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales, con la convicción de que es una tarea que debe realizarse en conjunto para lograr disminuir las tasas de mortalidad materno infantil, de la mujer y adolescentes.
    Siguiendo con la estrategia de inmunizaciones a nivel nacional, el neumococo es la causa más frecuente de neumonía y meningitis en los niños menores de dos años, por tal motivo y con el objeto de disminuir la mortalidad por esta enfermedad se incorporó dicha vacuna al calendario, y se están llevando a cabo estudios para demostrar el impacto de esta intervención.
    Con el objeto de disminuir la mortalidad en los lactantes y niños menores de dos años Argentina fue el primer país de la región en vacunar a las embarazadas a partir de la semana 20 de gestación contra la tos convulsa e incorporó la vacuna contra el neumococo, principal causa de neumonía y meningitis en los niños.
    Parte 1/2
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 15, 17
    A través del Programa SUMAR, la ampliación del Plan Nacer, consolidó políticas públicas más inclusivas y equitativas. El programa brinda cobertura a embarazadas y niños/as hasta los 6 años, a los niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta los 64 años, sin obra social.
    El Programa SUMAR logró resultados muy positivos a nivel sanitario:
    • Más de 9.5 millones de beneficiarios recibieron cobertura del programa.
    • 7200 establecimientos de salud públicos beneficiados.
    • Más de 1500 millones de pesos adicionales invertidos.
    • Más de 45 millones de prestaciones brindadas y financiadas.

    El fortalecimiento de estrategias de promoción y prevención de enfermedades no transmisibles.
    En relación a las enfermedades no transmisibles, se trabajó en la promoción y prevención de los factores de riesgo como: sedentarismo, alimentación, consumo de tabaco, etc. En relación al consumo de tabaco, se reglamentó la Ley Nº 26.687 que regula la publicidad, promoción y consumo, creándose una Comisión Nacional de Coordinación para el Control del Tabaco, en el ámbito del Ministerio de Salud con el fin de asesorar y coordinar políticas intersectoriales. Como resultado de todo el trabajo en este campo, en el país se redujeron a la mitad el número de consumidores de tabaco con relación al año 1999.
    Se sancionó la Ley de Regulación del Consumo de Sodio con el objetivo de disminuir el impacto de las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión, reduciendo el contenido de sodio en los alimentos procesados y eliminando saleros de los locales de venta de comida. Se implementó el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas Respiratorias que busca mejorar el acceso al tratamiento de las personas así como fortalecer la capacidad de los servicios de salud para la detección y la atención de estas patologías, que causan el 9 por ciento de las muertes en el país.

    Profundización de la estrategia de promoción, prevención y atención de personas con VIH/SIDA
    Desde el Ministerio de Salud de la Nación se elaboró una estrategia integral destinada a reducir el impacto de la epidemia de VIH/SIDA y las Infecciones de Transmisión Sexual, se trabajó en el fortalecimiento de los centros de atención y existe una política de provisión gratuita de medicamentos para todas las personas que no posean obra social.
    En los últimos años se desarrollaron cuatro líneas estratégicas prioritarias en las que se articulan políticas universales que, al mismo tiempo, se encuentran focalizadas en los grupos más vulnerables: (a) mejora en la accesibilidad a los preservativos, geles lubricantes y materiales de información y difusión; (b) mejora en la accesibilidad al diagnóstico del VIH sida y otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) con asesoramiento; (c) mejora en la calidad de atención de las personas con VIH, incluyendo el acceso a los antirretrovirales y a los estudios de seguimiento; y (d) reducción del estigma y la discriminación.
    De las 5.500 personas en promedio diagnosticadas con VIH que se notifican a la DSyETS cada año, el 90% de las mujeres y el 88% de los varones se infectaron durante una relación sexual sin protección.
    El MSAL impulsa, junto a las distintas jurisdicciones del país, el acceso de las personas al diagnóstico de VIH con asesoramiento para lo cual se compran y distribuyen a todo el país los reactivos necesarios para diagnóstico de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Una de las acciones desarrolladas fue la creación de 756 Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo en VIH y Sífilis (CePAT) en todo el país y la implementación de una política de control de calidad sobre cada uno de los laboratorios que realizan diagnóstico.
    Parte 2/2
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 31, 15, 17
    En el escenario Argentino ya se han dado importantes pasos para abordar los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) como políticas públicas. El Consejo Coordinador de Políticas Sociales es el organismo de la Jefatura de Gabinete que coordina una correcta y eficaz administración de los recursos del Estado destinados a la política social. Se trata de un espacio articulador de planificación y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno, propiciando un abordaje intersectorial e integral de las políticas sociales.

    En el año 2007, la Presidencia de la República ha creado esta Secretaría dentro del Ministerio de Salud con competencia para el abordaje de los mismos, tales como:

    ? Diseño e implementación de políticas y programas en coordinación con las áreas del Ministerio de salud destinadas a reducir la incidencia de los DSS.
    ? Elaboración de actividades de difusión, divulgación y promoción;
    ? Realización de actividades participativas a nivel local conjuntamente a fin de minimizar el impacto negativo de los DSS que operan sobre la población a través del Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables y Fomento de la participación de actores intersectoriales e interjurisdiccionales, a fin de evaluar los resultados socio ambientales de las intervenciones sanitarias del Ministerio de Salud destinadas a reducir los DSS.

    La misma Presidencia ha propiciado una política de asignación universal por hijo y por embarazo que consiste en un seguro social que otorga a los ciudadanos desempleados, trabajadores del mercado informal o aquellos que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil, los mismos derechos que los ciudadanos que se encuentran dentro del sistema de seguridad social, implicando el pago del salario familiar. Se cobra por cada hijo menor de 18 años y a partir de 2011 se han incluido a las mujeres embarazadas desde el 3° mes de embarazo

    La Secretaría de Determinantes y Relaciones Sanitarias ha considerado que solo se podrán desarrollar políticas de Estado sobre los DSS si las mismas se construyen con todos los actores y sectores a partir de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, promoviendo la gestión participativa en salud y apuntando a garantizar la universalidad de la cobertura, superando la actual segmentación y fragmentación del sistema.

    Se la considera básico la formación de recursos humanos con un enfoque de DSS, que nos permita atender los problemas y necesidades de la población. Se viene trabajando para generar un círculo virtuoso en el Sector Educativo y el Sector Salud, propiciando agendas de trabajo conjunto. También por medio de la formación de equipos de salud comunitaria, con la formación tanto de médicos como de agentes comunitarios de salud.

    Se plantea el abordaje de los DSS a través del espacio local, promoviendo el desarrollo de municipios y espacios saludables como estrategia para actuar en la construcción de hábitos de vida y prevención y construcción de ambientes sostenibles.

    Asimismo, y en relación a la Declaración de Compromisos de Puerto España, el párrafo 19 plantea el compromiso para la protección de la salud física y mental para las niñas y adolescentes. El Programa de Abordaje Sanitario Territorial cuenta con 37 unidades móviles integradas por equipos de profesionales de diferentes especialidades y equipamiento con alta tecnología médica, con el fin de reforzar el primer nivel de atención, y mejorar la capacidad de detección, diagnostico y tratamiento de problemáticas de salud para poblaciones con problemas de acceso geográfico.

    Las Unidades Móviles que recorren el país, en especial en las zonas más postergadas o de mayores necesidades, cuentan con consultorios de pediatría, toco-ginecología, clínica general, odontología, laboratorios de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes, ofalmología y laboratorio óptico. Además brinda medicación gratuita del Programa Remediar y articula con los servicios sanitarios de cada localidad para garantizar el seguimiento y las derivaciones de las personas que necesitan continuar con sus tratamientos. Desde 2009, los móviles sanitarios han permitido brindar cerca de un millón de prestaciones médicas y la confección y entrega gratuita de anteojos a personas que padecen algún grado de disminución visual.

    En Relación a la Salud mental, Argentina ha propiciado una Ley de Salud Mental que la reconoce como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya presentación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de cada miembro de la comunidad. En relación a los Niños y Adolescentes, se han creado Guías para el Abordaje de los Intentos de Suicidios y para el Consumo Excesivo de Alcohol. También se han venido propiciando talleres de capacitación para profesionales y para la propia comunidad en los CIC´s.

    En relación a las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT), desde 2008 se ha planteado una estrategia integral para la prevención y el control de los principales factores de riesgo: el consumo de tabaco y alcohol, el colesterol elevado, la inactividad física, la hipertensión, la diabetes y la alimentación no saludable. Para ello se ha puesto el acento en la promoción de la salud en la población, a través de la actividad física, la alimentación saludable, el no consumo de tabaco, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de las ECNT y sus factores de riesgo, el refuerzo de las acciones de prevención y de los cuidados brindados por los servicios de salud a las personas con factores de riesgo. Al respecto, las Encuestas de Factores de Riesgo y Enfermedades No Trasmisibles realizadas en 2005 y 2009 respectivamente han posibilitado valiosos insumos para profundizar el impulso de hábitos de efector beneficiosos en los argentinos para la prevención de diverso cánceres, la diabetes, los infartos y los accidentes cardiovasculares.

    Hacia 2010, la modificación en el Código Alimentario Argentino restringió el contenido de grasas trans, mediante la reducción gradual de esta sustancia en los productos alimenticios elaborados en el país. También se ha propiciado una Campaña Nacional de Promoción del Consumo de Frutas y Verduras destinada a fomentar la ingesta de este tipo de alimentos a partid de la alianza con la Federación Nacional de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina; y la Campaña Nacional “Menos Sal, Mas Vida” llevada a cabo a través de un acuerdo con la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a fin de reducir las cantidades de sal de sal utilizadas en la elaboración del pan artesanal.

    En relación al párrafo 31 del texto de la V Cumbre de las Américas , Argentina ha impulsado el Programa de Médicos Comunitarios, en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud como política de Estado. Esta iniciativa está destinada a potenciar la formación de los profesionales del primer nivel de atención. En este marco, cerca de 9000 profesionales desarrollan sus actividades asistenciales, tareas de prevención y promoción de la salud con la participación de la comunidad y búsqueda y seguimiento de familias vulnerables en sus respectivas áreas en 2100 Centros de Integración Comunitaria. Las mejoras en el acceso a la atención de la salud se sustentan en los lineamientos fundamentales del programa, a saber: la planificación de acciones según necesidades de cada región, el fortalecimiento de los equipos de salud mediante la capacitación permanente, la articulación con las universidades y la programación local participativa.

    El Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables es una iniciativa territorial que propone abordar de manera integral los determinantes de la salud definidos de forma participativa e intersectorial, a fin de reducir las brechas de inequidad en la población. El desarrollo de capacidades institucionales para el desarrollo de políticas sustentables y eficaces a nivel local es estimulado mediante intervenciones programáticas de asistencia técnica, capacitación, monitoreo y evaluación. En paralelo a esta iniciativa, se desarrolla el Programa Cuidarse en Salud tendiente a sensibilizar a las comunidades sobre factores de riesgo relacionados con la salud y promoción de prácticas saludables. En el marco de este programa se llevan a cabo controles y mediciones de diversos factores de riesgo y se desarrollan iniciativas de comunicación comunitaria tendientes a instalar la cultura del cuidado, la protección y la promoción de la salud.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 15, 17
    • En el marco del Programa de “Trata de Personas y Droga”, se llevaron a cabo acciones de capacitación y sensibilización sobre trata de personas y droga, explotación infantil y abuso, a partir de las cuales se logró promover la creación de foros comunales sobre estas problemáticas. Durante el transcurso del año, se realizaron charlas y jornadas en las provincias de Chaco, Formosa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Asimismo, se potenció la vinculación con distintos foros sociales que luchan contra la trata de personas y las adicciones en localidades de las provincias de Chaco, Corrientes y Córdoba. Finalmente, la articulación con diversas organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática contribuyó al intercambio de experiencias, trabajándose en conjunto en la construcción de alertas tempranas y en la adopción de mecanismos para la difusión de los derechos de mujeres, niños y adolescentes.

    • Se continuó actualizando el Registro de Instituciones Prestadoras y el Registro de Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, permitiendo mantener un permanente registro de las instituciones que brindan servicios de prevención y tratamiento de las adicciones y logrando la ampliación del número de instituciones prestadoras, alcanzado un total de 109 instituciones inscriptas en todo el país, lo que representan una capacidad de 1.848 camas para tratamientos que requieran internación. Asimismo, mediante Resolución SEDRONAR Nº 815/2011, durante el año 2011 se aprobó la incorporación al Registro de Instituciones Prestadores de los organismos públicos provinciales destinados a la asistencia a personas drogodependientes. En este sentido, diez provincias ya han iniciado el trámite para incorporarse al Programa de Financiamiento de Servicios Asistenciales del Sector Público Provincial.

    • La atención brindada por el Centro de Consulta y Orientación (CEDECOR) facilitó el acceso de la población a los recursos asistenciales y contribuyó a canalizar la demanda de tratamiento. En este sentido, durante el año 2011 se implementó un nuevo sistema informático para la carga de la información proveniente de las entrevistas realizadas, con el objeto de brindar una atención más rápida y eficaz. Asimismo, el sistema permite facilitar la liquidación de pagos de las prestaciones y garantiza el permanente seguimiento dentro del Programa de las personas que se encuentran recibiendo atención. Por otro lado, se continuó realizando distintas acciones de articulación con las organizaciones de “madres en lucha” y la Pastoral Social para Villas de Emergencia del Arzobispado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como con los equipos religiosos, técnicos y voluntarios que se desempeñan en poblaciones de alto riesgo social (Villa 21 de Barracas, Villa 1-11-14 de Bajo Flores, Villa 21-24 de Barrio Zavaleta, entre otras), a los fines de canalizar la demanda de tratamiento que existe en estas zonas de mayor vulnerabilidad.

    • La implementación del Programa de Atención a Personas de Bajos Recursos permitió garantizar el otorgamiento, el control y el seguimiento de los subsidios a personas que requieren tratamiento. Durante el transcurso del año, se registraron 553 nuevos ingresos, 220 reingresos y 162 prórrogas, que se suman a los más de 600 subsidios que se ofrecían al finalizar el año 2010.

    • El Programa de Grupos de Contención y Orientación a familiares y amigos respondió un total de 594 consultas, logrando generar un espacio de acompañamiento para aquellas personas que presentan un familiar o amigo con problemas de adicciones. Asimismo, se desarrollaron actividades sobre patologías asociadas al consumo de drogas en distintas comunidades terapéuticas.

    • La continuidad de las actividades del “Programa de Seguimiento Post Alta y Reinserción Socio-Laboral” permitió consolidar el proceso de reinserción social de muchos pacientes que terminan su tratamiento, previendo de esta manera la posibilidad de eventuales recaídas. Asimismo, se desarrollaron distintas acciones de capacitación a equipos profesionales de las Provincias de Entre Ríos y Tucumán, a fin de replicar el programa en ámbitos locales.

    • El Servicio de Orientación Telefónica 0800 continuó brindando contención, orientación y asesoramiento permanente y gratuito sobre adicciones a nivel nacional las 24 horas todos los días del año, brindando respuesta a más de 10.000 consultas durante el año 2011. Por otro lado, a partir de la ejecución del Programa de Pasantías “El 0800 como escuela de capacitación” y del “Curso de Formación de Servicios 0-800”, se logró extender la capacitación especializada destinada al personal que se desempeña en servicios provinciales de orientación telefónica en materia de adicciones.

    • A partir de la ejecución del Programa de Auditorías, se garantizó el adecuado cumplimiento de las prestaciones asistenciales y se realizó una evaluación integral del tratamiento que reciben los pacientes subsidiados. En este sentido, durante el año 2011 se llevaron a cabo alrededor de 20 Auditorías de Estructura y Recertificación, y alrededor de 300 Auditorías de Procesos y Resultados. Asimismo, se efectuó un permanente seguimiento de los pacientes que se encuentran realizando su tratamiento en los distintos centros asistenciales subsidiados por esta Secretaría de Estado, determinando en cada caso la pertinencia de prorrogar o no la asistencia. Finalmente, se desarrollaron actividades de capacitación a equipos provinciales que desarrollan acciones de auditoría en el ámbito local.

    • La implementación del Programa de Redes Asistenciales Provinciales permitió avanzar en la creación y fortalecimiento de redes institucionales locales, potenciando las acciones de los equipos técnicos provinciales y locales mediante capacitación específica y la optimización de la coordinación de los recursos asistenciales existentes. En el transcurso del año, el Programa fue implementado en distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires, a través de la realización de diferentes encuentros abiertos en los que participaron Organismos Gubernamentales y Organismos No Gubernamentales vinculados a la problemática de las drogas. Asimismo, durante el año 2011 se llevaron a cabo reuniones de trabajo interministeriales con el objetivo avanzar en la implementación del proyecto de generar un Sistema de Intervención en Urgencias de Toxicomanías (SIUT), orientado a profundizar la federalización y descentralización de las políticas de asistencia a las adicciones.

    • La realización de dos Asambleas Nacionales de la Mesa 1 del Consejo Federal de Drogas (COFEDRO) y la participación en Asambleas Regionales permitió optimizar la coordinación de estrategias y acciones en materia de prevención y asistencia del uso indebido de drogas con todas las jurisdicciones provinciales.

    Contexto regional de la CELAC:

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema salud:

    “30. Resaltamos la importancia que CELAC haya puesto en ejecución la celebración del Simposio “Avances y Desafíos en la Investigación Científica sobre Tratamientos, Estrategias Farmacológicas y Vacunas, contra la Adicción a las Drogas” en el año fundacional y nos comprometemos a que nuestros países, de conformidad con su legislación interna, asuman un rol activo para entregar apoyo y fondos al trabajo de los investigadores de los países miembros de CELAC y para que se avance en la investigación científica de vacunas, antídotos, remedios y tratamientos que enfrenten la drogadicción.

    31. Hacemos un llamado para que los países se adhieran al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de los Productos del Tabaco, adoptado en la Quinta Sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (COP5), llevada a cabo en noviembre de 2012, en Seúl, República de Corea”.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 15, 17
    Garantizar el acceso a los medicamentos esenciales de calidad es una política priorizada que impacta decisivamente en el éxito de la estrategia de atención primaria de la salud. La creación del Programa Remediar + Redes permite asegurar a los ciudadanos el acceso gratuito a fármacos e incentivar la demanda de consultas a la red asistencial de primer nivel de atención (fundamentalmente entre los sectores de mayor vulnerabilidad que suelen tener más dificultades de acceso a los servicios). La provisión gratuita combinada con el adecuado registro y procesamiento de datos de salud del beneficiario permiten hacer un seguimiento más eficaz desde la gestión del programa. Debe destacarse que desde su puesta en marcha, el programa ha dado cobertura a más de 15 millones de personas mediante la provisión gratuita de fármacos destinados a cubrir el 80 por ciento de las consultas del primer nivel de atención.

    Adicionalmente, teniendo en consideración que uno de los factores que inciden negativamente en la salud de la población es el consumo abusivo de drogas y el uso de drogas ilícitas , válido es destacar que durante el año 2011, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) ha realizado las siguientes acciones:

    • Se continuó aplicando el Programa de prevención integral del uso indebido de drogas en el ámbito educativo “Quiero Ser”, extendiendo su implementación a un total de 19 provincias del país (Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Chubut, San Juan, Santa Cruz, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Corrientes, La Pampa y Misiones). De esta manera, el Programa alcanzó a más de 3.000 escuelas, que implican un total de más de 270.000 alumnos y 10.000 profesores beneficiarios. Adicionalmente, se continuó con la entrega de materiales específicos, el asesoramiento técnico-pedagógico y el monitoreo y evaluación de la ejecución del programa en distintas jurisdicciones donde se lleva a cabo.

    • En el marco del Programa de Prevención Comunitaria, se desarrollaron numerosas actividades de sensibilización en diferentes municipios del país, que incluyeron la realización de talleres de difusión en materia de prevención del consumo de drogas, y la asistencia y capacitación a los equipos técnicos de los municipios integrados al programa. Asimismo, durante el año 2011 se logró ampliar la cobertura alcanzada por el programa, a partir de la suscripción de nuevos convenios con municipios de las Provincias de Entre Ríos, Santa Cruz y Santa Fe.

    • La implementación del Programa de “Prevención y Participación Juvenil” posibilitó avanzar en la formación de una red de jóvenes referentes de grupos juveniles de una franja de edad considerada entre las más vulnerables, a partir del desarrollo de talleres destinados a sensibilizar sobre los riesgos de la problemática del uso indebido de drogas y la importancia de promover alternativas saludables para su prevención. Las acciones de capacitación realizadas en varias localidades de las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén y Santa Cruz, alcanzaron a un total aproximado de 3.000 jóvenes. Asimismo, durante el transcurso del año se elaboró y distribuyó material de difusión como insumo guía para facilitar las acciones de prevención de estos jóvenes en sus grupos de pares.

    • En el marco del Programa de Prevención en el Deporte se desarrollaron acciones de capacitación y sensibilización en distintos clubes y ámbitos deportivos de todo el país promoviendo la creación de una Red de Prevención que incluye entrenadores, niños y adolescentes. Asimismo, la implementación del subprograma “El fútbol es igual que la vida” permitió llegar a más de 4.000 jóvenes mediante acciones de prevención en zonas vulnerables, especialmente vinculadas a la problemática del “paco”.

    • A través de las distintas acciones de sensibilización, asesoramiento técnico y capacitación realizadas en el marco del Programa de Prevención en el Ámbito Laboral, se logró la promoción de una cultura preventiva del cuidado de la salud en instituciones públicas y privadas de todo el país, consiguiendo promover el compromiso de los sectores empresarios, sindicatos, gremios y trabajadores en difundir información clara y precisa en la temática y en proveer herramientas tendientes a facilitar una cultura preventiva de promoción de la salud en los lugares de trabajo. La implementación de este Programa ha logrado alcanzar a más de 6.500 trabajadores beneficiarios.

    • El Programa Prevenir consolidó su presencia en 47 municipios del país, de los cuales 33 han recibido ya financiamiento para la implementación de acciones preventivas en el ámbito comunitario. Asimismo, en el marco de este programa se realizó un curso de capacitación para dispositivos municipales de prevención en 30 municipios del país, proporcionando una plataforma virtual con acceso para ciento veinte usuarios de los niveles locales, a partir de la cual se consiguió fortalecer el proceso de formación de recursos humanos e interacción en red.

    • La implementación del Programa de Prevención del Uso Indebido de Drogas en el Ámbito Familiar “Protección Familiar”, permitió avanzar en la formación y reforzamiento de redes de prevención, y brindar capacitación a líderes preventivos a partir de grupos de padres y madres. Durante el año 2011, el programa comenzó a aplicarse en las provincias de Catamarca, San Juan, Salta, Misiones, La Rioja y Formosa, mientras que en la Provincia de Entre Ríos los formadores oportunamente capacitados ya han comenzado a replicar el programa con grupos de padres a nivel local.

    • Se reformularon los contenidos del Programa de Prevención del Uso Indebido de Drogas en Población Privada de la Libertad, en función de favorecer la formación de preventores del uso indebido de drogas en el ámbito carcelario. Durante el año 2011, se efectuó una prueba piloto de los nuevos contenidos en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos, brindando capacitación a 104 oficiales, suboficiales y agentes penitenciarios de dicha institución.

    • Las diferentes acciones de sensibilización dirigidas a la población en general sobre la problemática del uso indebido de drogas, que incluyen campañas informativas, participación institucional en diversos congresos y eventos públicos, posibilitó alcanzar aproximadamente un total de 1.600.000 beneficiarios en todo el país.

    • El Programa de Capacitación de Posgrado continuó con el dictado de los cursos de “Urgencias Clínico-Toxicológicas en el Uso Indebido de Drogas” y “Toxicidad Sub-Aguda y Crónica de las Drogas de Abuso”. A través de dichos cursos, dirigidos a profesionales de la salud de hospitales públicos de todo el país, durante el año 2011 se logró brindar capacitación especializada a 667 profesionales integrantes de los equipos de salud de hospitales (médicos clínicos, pediatras, terapistas, emergentólogos y otros profesionales de la salud) de las provincias de Entre Ríos, Salta, Misiones, Jujuy, Tucumán, Formosa, San Juan y Catamarca, alcanzando un total de 3.766 beneficiarios directos. Asimismo, se proporcionó capacitación para la aplicación de protocolos para el abordaje de las Urgencias Toxicológicas en el Uso Indebido de Drogas (episodios de intoxicación aguda y síndromes de abstinencia) y se entregó material bibliográfico a los distintos equipos de salud beneficiarios del programa. Finalmente, se concluyó la elaboración del libro “Aspectos Toxicológicos de la Droga-dependiencia”, que será próximamente publicado y distribuido como parte del material bibliográfico del programa.

    • A través del dictado del Programa de Capacitación en Patologías de Consumo para Agentes Sanitarios, se logró brindar capacitación en materia de prevención y asistencia del uso indebido de drogas a 604 profesionales y agentes sanitarios de las provincias de Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y San Juan.

    • Se optimizaron los procesos de evaluación técnica realizados por la Comisión Evaluadora de Proyectos Institucionales, logrando agilizar el auspicio y financiamiento de diversas iniciativas referidas a la problemática del uso indebido de drogas, fomentando de esta manera el involucramiento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la materia.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 27
    En el año 2008 fallecieron 6.196 niños menores de 1 mes en la República Argentina. Con 746.460 nacidos vivos en el mismo año, representa una Tasa de Mortalidad Neonatal de 8,3‰.
    La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas y culturales.
    La mayoría de las causas de muerte son de origen perinatal y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).
    La Tasa de Mortalidad Neonatal tiene como numerador: el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y como denominador: el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

    EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD NEONATAL:
    Desde el año 1980 se observa una tendencia al descenso en la Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN), con ligeras oscilaciones ascendentes en los años 1981,1984, 1986, 1992, 1998 y 2002. En los últimos 28 años, el descenso en la Tasa de Mortalidad Neonatal ha sido de 55,6%, desde una TMN de 18,7‰ en el año 1980 a 8,3‰ en 2008.
    Gráfico 1: Evolución de la Tasa de Mortalidad Neonatal. Total País. República Argentina. Años 1980 - 2008, disponibles en las páginas 36-58 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 29
    El Ministerio de Salud de la Nación aprobó mediante Resolución Ministerial 1083/2009, publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero del corriente, la "Estrategia Nacional de prevención y control de Enfermedades crónicas no transmisibles". Dicha estrategia tiene como líneas de acción el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, de las enfermedades no transmisibles, las intervenciones de base poblacional destinadas a disminuir los factores de riesgo para estas enfermedades, la formulación de políticas publicas y la reorientacion y el fortalecimiento de los servicios de salud para mejorar los cuidados de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo.

    Se está trabajando, en el marco de la Estrategia mencionada, en el apoyo a la Estrategia Regional y Plan de Acción para un Enfoque Integrado sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades Crónicas, incluyendo el Régimen Alimentario, la Actividad Física y la Salud de la OPS y se están desarrollando actividades en pos de la reducción del consumo del tabaco en base a los lineamientos del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS.

    Asimismo en dicho decreto reglamentario se crea la "Comisión nacional de prevención y control de enfermedades no transmisibles", integrada por diversos actores de distintos Ministerios, sociedades científicas, universidades y miembros de la sociedad civil involucrados con la problemática de estas enfermedades. De esta manera se está trabajando también en la vigilancia de ENT y sus factores de riesgo. Por último, cabe decir que en base a la estrategia aprobada se puso en marcha el plan de acción y en estos momentos se encuentra en ejecución a través de varias acciones y programas.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 30
    A partir de la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones dispuesta mediante el decreto 457/10, firmado a principios de Abril del corriente por la Presidenta Cristina Fernández y el Ministro de Salud, Juan Manzur; el Ministerio de Salud de la Nación apunta a lograr “un adecuado cumplimiento de los criterios de eficacia y eficiencia necesarios para el logro de los objetivos estratégicos establecidos para el Ministerio de Salud, posibilitando una mejor respuesta a las demandas en materia de atención primaria de salud mental y de diversas adicciones”.
    Esta reforma prioriza la atención en adicciones como una función indelegable del Estado Nacional.
    Dicha Dirección depende directamente de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene un rol específico y claro en materia de brindar los mecanismos necesarios para diseñar y establecer estrategias de acción que se empeñen en promover conciencia sobre la importancia de reducir el abuso de sustancias psicoactivas.
    Con tal finalidad se han generado diferentes acciones:
    Creación de Programa Nacional de Prevención y Lucha frente al Uso Nocivo de Alcohol, el cual depende de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, cuya misión es promover conductas saludables en relación al uso de alcohol. El Ministerio de Salud de la Nación, además, coincide con los enunciados en la 63.ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza; celebrada el 17 de Mayo del 2010, poniendo el énfasis en prevenir el consumo peligroso y nocivo, la detección precoz y el tratamiento eficaz.
    • Mesa Interministerial conformada por el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Desarrollo Social. Con el propósito de evaluar y mejorar, en forma conjunta, estrategias destinadas a minimizar el impacto de los determinantes sociales que conciernen a la problemática de las adicciones, como así también promover el trabajo de las Organizaciones Comunitarias y fortalecer la respuesta adecuada tanto al sector público como privado constituyen acciones insoslayables tendientes a mejorar el futuro sanitario de la Republica Argentina.
    • Continuar trabajando en forma conjunta con el Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico (COFEDRO) cuyo objetivo general es la concertación y coordinación de la ejecución de las políticas nacionales y provinciales en esta materia;
    • Formación y mejoras de guías y protocolos de atención a personas que presenten dificultades en lo que respecta al abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas.
    • Capacitación permanente en servicio a los equipos del primer nivel de atención junto con el Programa Nacional de Médicos Comunitarios.
    • Reactualización de estrategias prestacionales en Centro Nacional de Reeducacion Social.
    • Fortalecimiento del Hospital Escuela C.E.NA.RE.SO.
    • El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, concreta acciones sanitaristas mediante el Tren Sanitario para acercar la atención médica y la promoción y prevención de la salud a poblaciones vulnerables del interior del país.
    • Implementación de estrategias adecuadas que favorezcan la sensibilización social en la problemática en el abuso de las sustancias psicoactivas.
    • Aumentar la equidad y accesibilidad de dicha población a la atención sanitaria y garantizar la calidad de atención.
    Mediante el Decreto 1359/2009, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Publicas en materia de Prevención y Control de Trafico ilícito de estupefacientes propone considerar la drogadicción como una cuestión sanitaria y no como un tema penal. Pretendiendo fortalecer la intervención pública en la materia, su coordinación y la cooperación entre todas las áreas de la Administración Pública Nacional.
    La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones esta fortaleciendo el plan de tratamiento de las adicciones con nuevas estrategias que prioricen el tratamiento de las personas padecientes de esta afección a ser asistidas en forma integral y multidisciplinaria en el Sistema Sanitario Nacional.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 31
    El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con el Programa Remediar + redes cuyo objetivo principal es fortalecer el funcionamiento en red de los servicios públicos de salud en las provincias argentinas, como parte del proceso de implementación de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (EAPS); con el fin ultimo de contribuir a mejorar el estado de salud de la población y orientando el funcionamiento de las redes hacia la implementación de EAPS.

    Los objetivos del Programa son fortalecer la capacidad resolutiva de la Red de servicios de Salud, consolidando los programas de gestión de suministros de medicamento y formación de los recursos humanos de salud orientados a la promoción y prevención, así como fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud Nacional y los Ministerios de Salud Provinciales.

    Desde 2002 y hasta la actualidad Remediar + Redes realizo la provisión gratuita de medicamentes e insumos para el Primer Nivel de Atención. La cantidad de consultas registradas asciende a 402.6 millones y las recetas Remediar emitidas a 118.8 millones. Se han distribuido 1.058.267 botiquines, cifra que implica 252.8 millones de tratamientos.

    Adicionalmente, y en pos de fortalecer la capacidad de respuesta del Primer Nivel de Atención (PNA), el Programa implementa acciones de formación y capacitación de recursos humanos del PNA- Postgrado en Salud Social y Comunitaria en conjunto con el Programa Médicos Comunitarios, el Curso de Uso Racional de Medicamentos (URM), y el curso de Terapéutica Racional en APS (TRAPS).

    Desde el área de Capacitación de Recursos Humanos se realizaron, en conjunto con Universidades, tres cohortes del Programa de Uso Racional de Medicamentos que contó con más de 5000 (cinco mil) inscriptos.
    Dado lo exitoso de la experiencia se efectuó una nueva convocatoria abierta a todas las facultades de Medicina, a través de la Asociación de Facultades de Ciencias Medicas de la Republica Argentina (Afacimera), y la UBA, que quedó plasmada en la suscripción entre el Sr. Ministro de Salud de la Nación y la Asociación del “Acta Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Salud de la Nación y AFACIMERA”, para el dictado de nuevas capacitaciones, con temática surgidas desde las necesidades percibidas desde el Nivel Central, y acorde a los lineamientos políticos sanitarios establecidos.
    Se diseño en conjunto con las Unidades Académicas, un nuevo curso, esta vez en Terapéutica Racional en APS, cuyo primer curso trata de Riesgo Cardiovascular Global. La actividad está destinada a 6.000 médicos del Primer Nivel de Atención.
    Como estrategia complementaria se encuentran los Proyectos Locales Participativos (PlPs). El objetivo de estos Proyectos es fortalecer la estrategia de participación comunitaria en los sistemas de salud provincial y municipal, abordando los problemas de salud de mayor prevalencia a nivel local. El propósito de los mismos consiste en generar estrategias comunitarias para el abordaje de problemas locales que impliquen la articulación entre los equipos de Salud de los Centros de Atención Primaria de la Salud y los distintos actores de la comunidad en la que estos están insertos. Producto de esta convocatoria, se seleccionaron 60 PLPs con financiamiento. Los Proyectos financiados, en función del diagnóstico epidemiológico, corresponden a las regiones de NOA, NEA y Centro.

    La distribución de los mismos es la siguiente:

    Región Noroeste Argentino (NOA): 10 Proyectos de Jujuy, 8 de Salta, 5 de Tucumán, 2 de Santiago del Estero, 1 de La Rioja y 4 de Catamarca.
    Región Noreste Argentino (NEA): 5 de Chaco, 4 de Corrientes, 1 de Formosa y 7 de Misiones.
    Región Centro: 4 Proyectos de Córdoba, 6 de Santa Fe y 3 de Entre Ríos.

    Para la implementación de los Proyectos Locales Participativos se realizaron encuentros de asistencia técnica presénciales, de carácter regional.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 34
    El Informe de Avance País de Argentina es el siguiente:

    Acciones Estratégicas para Aplicación de RSI:
    1) Impulsar las alianzas regionales y nacionales:
    • Argentina ha participado en todas las reuniones de UNASUR y MERCOSUR sobre RSI, colaborando activamente desde el comienzo en el desarrollo de los instrumentos de evaluación de las capacidades, como la validación de los instrumentos de evaluación de los niveles intermedios y locales.
    • Se participó en las dos mesas de trabajo sobre dengue y fiebre amarilla entre los países que integran la triple frontera (Paraguay, Brasil y Argentina), Puerto Iguazú en 2009 e Itaipú en 2010.
    • Se realizaron reuniones de autoridades de vigilancia y de puntos de entrada con autoridades subnacionales y de otras instancias de gobierno para sensibilizarlas sobre el RSI, durante 2006-2007.

    Sobre el ANEXO IA
    • Se realizaron reuniones con las direcciones de epidemiología de las provincias para socializar el RSI (2005) y para realizar las evaluaciones de las capacidades como así también para redactar sus planes de acción y llevarlos a cabo (fortalecimiento).
    • Se realizaron diferentes actividades con las redes de laboratorios centrales (ANLIS), salud animal (SENASA), emergencias sanitarias (DINESA), inocuidad de alimentos (INAL) y médicos de hospitales de referencia, para colaborar con las evaluaciones de los niveles intermedios y capacitar a sus contrapartes en el país.

    Sobre el ANEXO IB
    • Se realizaron entre 2009 y 2010 tres reuniones intergubernamentales tendientes a lograr acuerdos con todos los actores comprometidos en las evaluaciones y fortalecimientos de los puntos de entrada: ORSNA; Administración General de Puertos, Secretaría Técnica de Sanidad de Fronteras, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, SENASA, Migraciones, Aduana, Sanidad de Fronteras.

    2) Fortalecer los sistemas de vigilancia, prevención, control y respuesta:
    • Se logró una expansión presupuestaria para la evaluación del RSI en el año 2007 que continúa en la actualidad.

    Sobre el ANEXO IA
    • Se legitimó como sistema nacional de vigilancia al SNVS y SIVILA, ambos con plataforma online, abarcando 5.700 establecimientos de salud.
    • Se realizó la evaluación del nivel nacional en 2008, no desarrollándose a la fecha un plan de acción para llegar a las capacidades básicas para detectar, responder y comunicar un evento de salud pública.
    • Se realizó la evaluación del nivel intermedio de provincias, hasta el momento se evaluaron durante el mes de mayo del corriente las provincias de La Pampa y Ushuaia para poder elaborar un plan de acción para llegar a las capacidades básicas para detectar, responder y comunicar un evento de salud pública.

    Sobre el ANEXO IB
    • Se evaluaron las capacidades básicas para una respuesta ante un evento de salud pública en 10 puntos de entrada seleccionados, a través de reuniones donde fueron convocados todos los actores que tienen participación en las funciones de los puntos de entrada.
    • Se reprogramaron a partir de mayo de 2010 evaluar otros puntos de entrada y desarrollar los planes de acciones que restan.

    3) Fortalecer la seguridad sanitaria en los viajes y los transportes:
    • Se descongelaron cargos de planta permanente que se cubrieron por concurso para integrar profesionales médicos e inspectores en al menos 20 casos.
    • Se redactó un plan de acción global para desarrollar las capacidades para responder a emergencias de salud pública en los puntos de fronteras, que en su primera fase corresponde al período 2010-2012. A su vez, se construyeron planes de acciones específicos para puertos, y se trabaja en la generación de un plan para aeropuertos. Se socializará con las otras instancias gubernamentales, para su posterior adaptación a los puntos de entrada identificados.

    4) Fortalecer los sistemas de alerta y respuesta:
    • Desde el año 2007, se encuentra operativo el CENARR (Centro Nacional de Alerta y Respuesta Rápida) con las funciones de identificar posibles eventos de riesgo desde diferentes fuentes (dentro y fuera del sector salud), analizarlos, monitorearlos y notificarlos a las autoridades nacionales y organismos internacionales, como así también activar a los Equipos de Respuesta Rápida (ERR).
    • En enero de 2010, el CENARR, con el objetivo de optimizar su capacidad de enlazar los cuatro niveles intersectoriales de alerta y respuesta, y de responder ante los posibles ESPII, se reestructuró y comenzó la difusión mediante un nuevo boletín de eventos evaluados según el anexo 2.

    • Se definieron y funcionalizaron desde el CENARR las siguientes acciones:
    o Guardia de 24 hs. durante los 7 días.
    o Sistema de búsqueda de información y verificación de rumores
    o Formación de equipos de respuesta rápida
    o Sistematización de Sala de Situación en Contingencias
    • Se comunicaron desde el CENARR a OPS/OMS, luego de aplicar el anexo 2 del RSI (2005) a casi 800 eventos, los siguientes ESPII:
    o 2006: dengue- VNO
    o 2007: inundación- dengue- rubéola- leptospirosis
    o 2008: dengue- rubéola- FAS
    o 2009: dengue- H1N1
    o 2010: DEN 4- St. Louis
    • Se formaron y capacitaron ERR en los diferentes niveles:
    o EER Nacionales: egresados de los programas de epidemiología de campo
    o EER Jurisdiccionales: capacitación en investigación y control de ESPIN y ESPII
    o EER Locales: capacitación de dos días y medio (en desarrollo) con 4 módulos: Emergencias de salud pública, Epidemiología descriptiva, Control y respuesta, y Laboratorio

    • Dado que en la coordinación del Centro Nacional de Enlace, en cumplimiento del RSI, debe participar la Dirección Nacional De Registro, Fiscalización Y Sanidad De Fronteras, conjuntamente con las instancias correspondientes, según el decreto Nº 1343/2007, se integrará el CENARR con las autoridades de Sanidad de Fronteras y de Emergencias Sanitarias, para la formalización de la conformación del CNE. Las autoridades correspondientes aprobaron se formalice en breve, mediante resolución ministerial.

    5) Fortalecer la gestión de riesgos específicos:
    • Se realizaron diferentes simulacros sobre pandemia de influenza en sus diferentes fases verificando el impacto en puntos de entrada, servicios de salud locales y en la comunidad, en los siguientes lugares:
    o Fase 6: Ciudad de Córdoba con desborde de Servicios de Salud
    o Fase 3: Triple frontera. Argentina-Paraguay-Brasil
    o Fase 3 – 4 Mendoza. Argentina-Chile
    o Fase 4 – 5 San Juan. Argentina-Chile
    o Fase 4, 5 y 6: Jujuy. Argentina-Bolivia

    ANEXO IA
    • Creación de Comité de Emergencia para gripe aviar por decreto N° 841/2007, que fue retomado ante la pandemia de influenza H1N1 2009, el cual dio lugar a una sala de contingencia H1N1.
    • A raíz de los casos de dengue ocurridos en Argentina a principios de 2009, se crearon dos salas regionales de contingencia coordinadas por la Dirección de Epidemiología de Nación, con el objetivo de colaborar en la toma de decisiones.
    • La Dirección de Epidemiología de Nación capacitó a 4 provincias en sala de situación de contingencia durante 2010.

    ANEXO IB
    • Se trabaja actualmente en el marco de SGT11, sobre medidas de vigilancia en los puntos de fronteras sobre dengue, fiebre amarilla, influenza, malaria y rabia.

    6) Respaldar los derechos, obligaciones y procedimientos:
    • Se actualizaron los eventos de notificación obligatoria (ENO) y su modalidad de vigilancia, incluyendo aquellas enfermedades priorizadas por el RSI, según la Resolución Nº 1083/07
    • Se aprobaron las siguientes normativas:
    o Recomendaciones de salud para los viajeros (Resolución Ministerial).
    o Régimen legal sobre la llegada y la salida de viajeros internacionales (vacunación, declaración de salud del viajero, control ante sospecha, orientación y control sanitario de viajeros, etc)
    o Certificados de Sanidad a Bordo y Exención de Sanidad a Bordo
    • Se está trabajando en la aprobación de las siguientes normativas:
    o Transporte de sustancias infecciosas y muestras para diagnóstico
    o Vigilancia sanitaria en los Puestos de Control Sanitario y en las embarcaciones que operan como transporte de cargas y/o de viajeros.
    o Vigilancia sanitaria de residuos sólidos en puntos de entrada.
    o Vigilancia sanitaria de medios de transporte terrestres de carga y colectivo de pasajeros, en conjunto con Agencias de Transportes
    o Actualización de requisitos para la solicitud y concesión de libre plática en embarcaciones
    o Actualización de procedimientos mínimos de inspección sanitaria en embarcaciones
    • Se trabaja continuamente en el marco del SGT11 para profundizar los cambios de los nuevos derechos y procedimientos.

    7) Realizar estudios y vigilar los progresos realizados:
    • En coherencia con los países del MERCOSUR, según lo acordado en la última reunión celebrada por su Comisión Intergubernamental de implementación del RSI (2005), los Estados Parte están evaluando los avances utilizando los instrumentos de evaluación desarrollados y aprobados en el MERCOSUR.

    ANEXO IA
    • Debido a que la evaluación de las capacidades básicas para el anexo IA no han sido completadas, los indicadores que se reportan son parciales y provisorios.

    ANEXO IB
    I) Metodología de evaluación: Se aplicó el Cuestionario para la evaluación de capacidades básicas en 10 puntos de entrada nacionales que cuentan con unidades sanitarias de fronteras.

    La evaluación se realizo a través de reuniones donde fueron convocados todos los actores que tienen participación en las funciones de los puntos de entrada, la evaluación se llevo a cabo en los mismos puntos de entrada, esto es, en Puertos, Aeropuertos y Pasos terrestres, la evaluación fue realizada por consultores externos que contaron con asesoramiento de Sanidad de Fronteras apoyo y revisión de OPS.

    II) Selección de Puntos de Entrada, se realizo teniendo en cuenta dos características: a) Volumen y flujo de pasajeros, transportes y cargas, b) Riesgo epidémico del punto de entrada.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 35
    El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con las siguientes estrategias para cumplir con los compromisos asumidos:
    1- Mejorar la accesibilidad al Diagnóstico de la población y Seguimiento de Pvvih - sida e ITS.
    2- Mejorar la accesibilidad en Calidad de Atención de las Pvvih - sida e ITS.
    3- Difundir la política preventiva entre los actores formales del sistema, con convocatoria a otros actores sociales.
    4- Fundar las bases para garantizar el acceso a los recursos preventivos.
    5- Identificación de actores relevantes para la política preventiva y establecimiento de vínculos con los mismos.
    6- Mejorar el acceso a los recursos preventivos.
    7- Generar lineamientos sobre ejes centrales de la política preventiva.
    8- Mejorar, profundizar y socializar el conocimiento de nuestra epidemia de VIH/sida e ITS
    9- Promoción y accesibilidad al preservativo y herramientas preventivas desde la Comunicación Social

    Las metas son:
    • Disminuicion del 10% de la prevalencia VIH en mujeres embarazadas entre 15 y 24 anos (0.48/0.43)
    • Disminución 12,5% de la mortalidad por VIH (36.2 / 31,7)
    • Disminución de la incidencia de Sida en 20 % (3,5 / 2,8)
    • Disminución de la incidencia de VIH en 20% (11,2 / 9)
    • Disminuicion de la tasa de T.V. (6 / 3)
    • Aumento del 25 % uso de preservativo en población joven y de bajos recursos
    sería un 15 %
    .
    Además en relación al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la TBC y la Malaria, el país termino de ejecutar un proyecto a fines del ano 2008, y se presento a la Ronda novena sin ser aprobado. Hoy se esta trabajando para presentarse ronda 10, para el fondo de poblaciones vulnerables.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 34
    III) Puntos de Entrada Evaluados:
    Paso Terrestre Puerto Iguazú; Paso Terrestre Salvador Mazza.;Paso Terrestre Clorinda ;Paso Terrestre Posadas; Aeropuerto Puerto Internacional Córdoba; Aeropuerto Internacional Ezeiza, Aeropuerto Internacional Ushuaia, Puerto Ushuaia, Puerto Buenos Aires, Puerto Madryn.

    IV) Organismos Convocados: ORSNA; Administración General de Puertos, Secretaría Técnica de Sanidad de Fronteras (Ministerio del Interior), Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, SENASA, Migraciones, Aduana, Sanidad de Fronteras.

    Diagnóstico:
    A partir de los tres ejes evaluados por el ANEXO 1B de RSI se identificaron 4 dimensiones transversales que implican todas las áreas de acción y objetivos a evaluar, estas son:

    • Insuficientes Recursos Humanos ,
    • Deficiencias de infraestructura ,
    • Financiamiento limitado,
    • Necesidad de mayor articulación Intersectorial.

    Por lo tanto el país colocará esfuerzos en:
    • Fortalecer su capacidad para comunicar: incorporando recurso físico, recurso humano, acciones en relación a infraestructura. Reasignará presupuesto, solicitando apoyo y compromiso intersectorial y financiamiento internacional.
    • Capacidad básica de rutina: se realizará en este sentido la protocolización de los principales procedimientos necesarios para el funcionamiento de capacidades básicas, con acciones que apunten a formalizar procedimientos sobre actividades, muchas de las cuales ya son de práctica constante en los puntos de entrada. Asimismo, recurrirá a pasantías e intercambio de experiencias con países del MERCOSUR.
    • Fortalecer su capacidad para responder a una ESPII: se continuará profundizando en la construcción de planes de contingencias globales y específicos, según se trate de Puertos, Aeropuertos o Pasos Terrestres. Para lo cual se trabajara intergubernamentalmente, con adaptaciones a los puntos específicos, después.

    En este sentido, el país deberá reforzar la articulación con todas las áreas intergubernamentales para la realización de todas las acciones necesarias para elevar sus capacidades básicas de respuesta, propondrá a las diferentes áreas intergubernamentales, jerarquizar la función de vigilancia sanitaria para la detección, notificación y respuesta de eventos de salud pública de importancia nacional e internacional.

    Planes de Acción para el desarrollo de capacidades básicas del ANEXO IB:
    Se plantea la construcción completa de la Primera fase para el año 2012. Se realizó un plan de acción global para su futura presentación en la próxima reunión de socialización con todas las áreas intergubernamentales implicadas, donde se propondrán las actividades a realizar y los organismos responsables.

    Por otra parte, se realizaron avances en la construcción de Planes de Acción Puertos y Pasos Terrestres, y se trabaja en la construcción del Plan de Acción para Aeropuertos. Así mismo, a raíz de los déficits registrados en el Recurso Humano que conforma los puntos de entrada por Sanidad de Fronteras, se realiza una propuesta de perfil de recurso humano, la cual fue articulada entre la Dirección de Capital Humano, Dirección Nacional de Registro y Fiscalización, Subsecretaria de Políticas, Regulación y Fiscalización:

    Se propone un plantel mínimo de funcionamiento para las unidades sanitarias de un medico y dos inspectores. A su vez realiza una propuesta para perfil y competencia de los recursos humano de Sanidad de Fronteras.
    En este sentido se evalúan las posibilidades de capacitación e intercambio de experiencias con los demás países de la región y se destacan los avances normativos del MERCOSUR.
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    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    Desde el Ministerio de Seguridad se avanza en el diseño de un Plan Nacional de Prevención del Delito y la Violencia que contempla los factores vinculados a la criminalidad desde una perspectiva preventiva, multidimensional y con énfasis en la participación ciudadana para generar ambientes seguros. El Plan busca mejorar la recolección de datos y evaluar los resultados de las políticas públicas de prevención en la materia.

    El Programa Barrios Seguros es una herramienta que permite efectuar un diagnóstico sobre el nivel de conflictividad de distintas áreas urbanas del territorio nacional a través de un abordaje integral que contempla el relevamiento de variables, la formulación de estratégicas y la implementación de políticas.

    La Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal tiene por objeto producir y analizar información relevante para la persecución penal estratégica de fenómenos y organizaciones criminales. Interviene en el diseño y planificación de la persecución penal en conjunto con las áreas respectivas de las procuradurías especializadas y las fiscalías de distrito y cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina adhirió a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo -CEDAW- que adoptó rango constitucional y, a nivel regional, a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención de Belem do Pará.

    La Argentina considera la violencia contra la mujer como un delito grave y, en tal sentido, adoptó las siguientes medidas:

    -En 2009 sancionó la Ley 26.485 sobre Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
    -En 2013 incorporó el feminicidio como agravante de la figura de homicidio en el Código Penal.
    -En 2014 inauguró una línea telefónica gratuita (144) para recibir denuncias de violencia contra la mujer.
    -En 2015 creó la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres.
    -En 2016 lanzó el Primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que estructura su implementación en base a acciones preventivas, de atención integral y monitoreo.
    -Se editaron las “Guía de actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la investigación de feminicidios en el lugar del hallazgo”, “Pautas para la intervención policial en casos de violencia en relaciones familiares” y “Buenas Prácticas para la intervención policial ante casos de violencia intrafamiliar”.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    En 2016 la Argentina participó de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas. A nivel regional y en el marco de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos Fiscales del Mercosur, se constituyó el Subgrupo de Trabajo sobre Narcocriminalidad, que la Argentina coordina. El mismo año se celebró en Buenos Aires una Jornada de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica sobre Narcocriminalidad que contó con la participación de 17 delegaciones. Se impulsó la implementación del Proyecto Comunicación de Aeropuertos y Control Global de Contenedores a través de bases de datos de la INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas. Se continuará participando en proyectos específicos destinados a intercambiar información en tiempo real con otros Estados sobre nuevas sustancias psicoactivas y precursores químicos.
    Desde el Ministerio de Seguridad se ha elaborado una estrategia que busca atender la problemática de las drogas desde una perspectiva integral, equilibrada y multidisciplinaria. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico tiene a su cargo la coordinación de las políticas nacionales de lucha contra las drogas y las adicciones y la elaboración de un Plan Nacional Quinquenal de Reducción de la Demanda de Drogas, consensuado con todas las provincias. Por el lado de la oferta, se busca su reducción a través del fortalecimiento de las capacidades investigativas, el fomento a tareas de inteligencia por parte de las Fuerzas de Seguridad y policiales, la desarticulación del crimen organizado y la recuperación de la presencia del Estado en barrios vulnerables.

    En 2013 se creó la Procuración de Narcocriminalidad como un equipo de trabajo especializado a disposición de todas las fiscalías federales del país.
    • Fecha:  20/12/2016    Párrafos: -
    La Argentina considera que la acumulación excesiva y la proliferación incontrolada de armas de fuego generan un impacto negativo en términos de seguridad. En este entendido se inscriben los esfuerzos del Gobierno nacional para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

    Los fabricantes de armas o municiones deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Armas (RENAR) como condición previa a la habilitación de la planta o fábrica. Los fabricantes autorizados deben utilizar insumos adecuados y fiables como parte del proceso de producción. Las armas ilícitas son marcadas y decomisadas. En materia de comercialización, para poder retirar un arma de una armería, el legítimo usuario debe presentar la credencial de tenencia a su nombre, tramitada ante el RENAR. El tránsito de armas no puede hacerse sin la previa autorización del organismo competente.
    El Decreto 603/92 regula las exportaciones de armas de uso bélico, de uso exclusivo de las instituciones armadas. Al igual que en el caso de las armas de uso civil, es obligatorio obtener una autorización previa para las exportaciones.

    La Argentina participa del acuerdo de “Wassenaar” para el control de exportaciones de material bélico y tecnología sensible. Asimismo, es parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, del Tratado sobre Comercio de Armas (que entró en vigor en 2014) y participa del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. En el marco de la Organización de los Estados Americanos, suscribió, en 1997, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones y otros Materiales Relacionados y participa de las reuniones de su Comité Consultivo. En el Mercosur participa de las labores del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones.
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 1
    11. ACCIONES EN MATERIA DE JUSTICIA
    Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual
    Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina
    En julio de 2011 la Presidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, dictó el Decreto N ° 936 de Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que promuevan o fomenten la explotación sexual en los medios de comunicación, norma que reglamenta y torna operativos preceptos de las Leyes N ° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y N ° 26.485 de Protección Integral para la Prevención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
    Esta medida sin precedentes ha sido adoptada como recomendación del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que realiza el seguimiento del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños para todos los Estados Partes de la Convención, y representa un importante avance en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y en la limitación de la violencia sexual, simbólica y mediática contra las mujeres.
    Logros de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (OM) Julio 2011- Diciembre 2013
    • Se ha registrado un altísimo nivel de acatamiento a la norma: el 87% de los medios de prensa gráfica monitoreados (de distribución nacional, provincial y local) ha dejado de publicar avisos de oferta de comercio sexual.
    • Ya no se publican anuncios cuyas redacciones confieran un trato denigrante hacia las mujeres en diarios argentinos, habiéndose reducido significativamente la violencia mediática contra las mujeres: los pocos medios gráficos que persisten en el incumplimiento de la norma recurren a redacciones solapadas o 'engañosas'.
    • El promedio diario de publicaciones monitoreadas en presunta infracción al Decreto N ° 936/11 ha descendido de más de 1024 en agosto de 2011 a 374 en diciembre de 2013.
    • Se han monitoreado 473.063 avisos en presunta infracción al Decreto N ° 936/2011 Y se ha generado y alimentado un programa informático con la información de estos anuncios, que hoy constituye la base de datos sobre el sistema prostibulario más grande del país, y cuenta con unos 250.000 registros.
    • Se han respondido 67 pedidos de información de juzgados, fiscalías federales y del
    Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de causas judiciales y/o investigaciones preliminares por los delitos de explotación sexual y/o trata de personas, en los que se ha provisto información relacionada con casi 2576 avisos de comercio sexual.
    • Se han tramitado 179 denuncias, que fueron recibidas por la OM y/o realizadas por la OM y presentadas ante la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las complejas denuncias realizadas se relacionan con unos
    1511 avisos de comercio sexual y promueven un abordaje proactivo en materia de prevención e investigación de los delitos de trata de personas y explotación sexual.
    • Se han realizado 115 actuaciones relacionadas con medios gráficos que han derivado en la imposición de 31 sanciones (de apercibimiento y/o multa), promoviendo la visibilización de la responsabilidad de personas jurídicas en la vehiculización de estos delitos.
    • Se han realizado jornadas y talleres de sensibilización y difusión a los que han asistido alrededor de 4350 personas, entre ellas: estudiantes de periodismo y comunicación social, docentes de educación media, funcionarios/as públicos/as y jóvenes de entre 18 y 24 años que no han finalizado sus estudios secundarios y se encuentran en proceso de búsqueda laboral.
    • La sistematización y análisis de las publicaciones de oferta de comercio sexual realizadas en diferentes medios de comunicación permite:
    - Establecer una aproximación de la envergadura del negocio,
    - Distinguir publicaciones aisladas de aquellas que se realizan asiduamente
    -Estimar los costos fijos de promoción de la actividad,
    - Estimar cuántas personas serían o habrían sido explotadas en un lugar,
    - Vincular diferentes prostíbulos que funcionan en red,
    - Establecer diferentes puntos del territorio en los que funcionan estas redes,
    - Determinar si hay o habría habido personas migrantes en esos lugares,
    - Saber si a estas personas se les ha ofrecido una vivienda o alojamiento,
    - Conocer los porcentajes de comisión retenidos por los explotadores,
    - Saber si hay una persona que regentea el lugar de explotación,
    - Conocer las tarifas y los horarios de funcionamiento del lugar de explotación, y, por lo tanto, constituye un importante soporte para la investigación criminal. Así es que no sólo se destinan esfuerzos a la eliminación de estas publicaciones, sino que se procura que se investiguen los sitios de explotación que las generan.
    La prohibición de este tipo de anuncios pone un coto a una forma concreta de captación de mujeres y niñas para su explotación sexual y a la promoción de la explotación sexual en los medios de comunicación, que reproduce patrones socioculturales que perpetúan el posicionamiento de mujeres y niñas en un rol de subordinación y cosificación, otorgándoles un trato mercantilista que favorece la naturalización de la explotación sexual. Pero también permite ir más allá puesto que el monitoreo, la sistematización, el análisis y la denuncia de los anuncios de comercio sexual fomenta la proactividad en la investigación de los delitos que se esconden detrás de estas publicaciones, la prevención y persecución de la trata de personas y la explotación sexual, lo cual convierte al trabajo de esta Oficina en una herramienta clara al servicio del combate de la trata de personas con fines de explotación sexual.
    Lucha contra todas las formas de trata de personas y de explotación sexual y económica y de proporcionar protección y atención a las víctimas
    En lo que respecta a lo normativo, se han sancionado leyes que aprueban convenciones internacionales como así también se han emitido leyes y decretos que impulsan medidas tendientes a proteger a las víctimas de trata y erradicar el delito.
    El siguiente es el listado de documentos:
    1. "Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y su "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños" y "Contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire" (Aprobada por Ley N ° 25.632/02);
    2. "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y su Protocolo Facultativo" (Ratificada por Ley N ° 23.179 del año 1985);
    3. "Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo" (Ratificada por
    Ley N ° 23.849 Sancionada: Septiembre 27 de 1990 - Promulgada: Octubre 16 de 1990);
    4. "Convenio relativo al Trabajo forzoso u obligatorio de 1930 (Num. 29)" - (Ratificado por Ley el 14 de Marzo de 1950);
    5. "Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958 (Num. 111)" - (Ratificado por Ley el 18 de Junio de 1968);
    6. "Convenio sobre la prohibición de las perores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación de 1999 (Num. 182), de la Organización Internacional del Trabajo" (Ratificado por Ley N ° 25.255 Sancionada: Junio 7 de 2000 - Promulgada: Julio 20 de 2000);
    7. Ley N ° 26.061 "Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas. Niños y Adolescentes" (Sancionada: Septiembre 28 de 2005 - Promulgada de Hecho: Octubre 21 de 2005);
    8. Ley N ° 26.364 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" (Sancionada: Abril 9 de 2008 - Promulgada: Abril 29 de 2008);
    9. Ley N ° 26.485 "Ley de Protección integral a las Mujeres" (Sancionada: Marzo 11 de 2009. Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.);
    10. Ley N ° 26.842 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" (Sancionada: Diciembre 19 de 2012. Promulgada: Diciembre 26 de 2012.), modificatoria de la Ley N ° 26.364.
    11. Decreto N ° 936/2011 "Promuévase la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes' que estimulen o fomenten la explotación sexual.".
    12. Resolución MJSyDH (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) N ° 731/12 "Creación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata";
    13. Resoluciones MJSyDH N ° 171/2012 "Creación el ámbito del Ministerio de Seguridad la Mesa Permanente de Coordinación Interadministrativa sobre el Delito de Trata de Personas", N ° 421/2012 "Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos", N ° 1334/2012 "Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en controles vehiculares en rutas" y N ° 36/2013 "Guía Orientativa para la Recepción de Denuncias Sobre el Delito de Trata de Personas en dependencias de las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos Policiales", todas estas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
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    En este sentido, atento facultades y competencias de este Programa Nacional, cabe destacar que con la sanción de la ley N ° 26.364, en el año 2008, en el ámbito del actual MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEREHOS HUMANOS DE LA NACION se creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (En adelante "Programa Nacional de Rescate"). Este Programa Nacional es continuador de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, creado en agosto de 2008, por Resolución MJSyDH N ° 2149/08. El objetivo del Programa Nacional de Rescate es centralizar toda actividad destinada a la prevención del delito de Trata de Personas, como así también el acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica a sus víctimas, hasta el momento de la declaración testimonial. Está integrado por un Equipo Interdisciplinario de Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Politólogas, Médicos, Abogados y personal policial especializado (exclusivo de este Programa), quienes brindan asistencia psicológica, médica, jurídica, protección y seguridad hasta la culminación de la declaración testimonial; además son quienes evalúan cuál es el momento más indicado para que ésta se lleve a cabo.
    Es menester destacar que el personal del mencionado equipo, está especializado en la temática de Trata de Personas, identificación y la asistencia de las víctimas.
    El Programa Nacional de Rescate, cuenta con una "casa refugio" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que son alojadas las víctimas rescatadas. La dirección de la referida casa es confidencial y no se consigna en ningún documento en el que pueda tener acceso personas comprometidas con la causa. En dicho refugio las víctimas rescatadas reciben asistencia psicológica, social, jurídica y custodia (realizada por personal policial integrante del equipo interdisciplinario del Programa).
    En la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, se encuentran creadas unidades específicas de lucha contra la Trata de Personas en las cuatro fuerzas de seguridad federales, para la prevención, investigación y persecución del delito. Cabe mencionar que dichas unidades trabajan mancomunadamente con este Programa Nacional de Rescate.
    En el ámbito Internacional el Estado Argentino es parte del "Plan de Acción del MERCOSUR y Estados Asociados para la Lucha contra la Trata de Personas" (Emanado de la XIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados del año 2006) y del "Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas" (Sexagésimo cuarto período - Julio 2009 a/64/L.64).
    Del mismo modo, como parte de una estrategia integral contra el delito de Trata de Personas la República Argentina creó, como primer paso en la erradicación del delito a nivel Nacional y con anterioridad a la sanción de la Ley 26.364, el "Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas" (Decreto N ° 128112007 del 2 de Octubre de 2007).
    Asimismo, y en atención al avance legislativo e institucional de la Argentina se han sancionado las siguientes leyes: "De Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes" .v su Decreto Reglamentario (Sancionada el 28 septiembre de 2005 – Decreto Reglamentario N ° 415/2006 del 17 de abril de 2006), "De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales " (Ley N ° 26.485 - Sancionada: Marzo 11 de 2009.Promulgada: Abril de 2009.), el Decreto N ° 936/11 y, destacándose para el abordaje puntual del delito la de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, En este sentido, la Ley N ° 26.842 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" modificatoria de la Ley N ° 26.364 profundizó la lucha contra la Trata de Personas, estableciendo penas de prisión de cuatro a seis años al que “…ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación ...". Asimismo, cuando la víctima fuere menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión.
    Entre las modificaciones introducidas por esta nueva legislación, puede destacarse que, el consentimiento dado por la víctima de trata no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los responsables; también es dable mencionar la ampliación de los derechos de las víctimas, por la cual el Estado Nacional debe brindar gratuitamente, asistencia médica y psicológica; otorgar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar en la incorporación de la víctima en el sistema educativo. Además, se garantiza el derecho a la asistencia jurídica y al patrocinio integral y gratuito.
    La norma crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la
    Protección y Asistencia a las Víctimas, con la función de diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas. También se incluye la creación de un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Integrado por representantes de los Ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo.
    El Programa Nacional de Rescate, interactúa con distintas Organizaciones Gubernamentales, No Gubernamentales, de índole Nacional e Internacional, y del sector privado en pos de emprender conjuntamente, trabajos de investigación y estudios sobre la Trata de Personas. Ejemplo de ello es el trabajo que se realiza con:
    • Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: "Segunda Reunión lntersesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la Trata de Personas" - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 27-29 de Enero del 2010 - Viena-Austria.
    Quinto período de sesiones - "Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. especialmente mujeres y niños" - Viena, 18 a 22 de octubre de 2010.
    • Grupo de Trabajo Interministerial de Trata de Personas (Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros);
    • "Fundación Maria de los Ángeles" (ONG);
    • "El Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires",
    • "Plataforma lnteramericana de Derechos Humanos - PIDDHH – Capitulo Argentino".
    A continuación, se subraya el trabajo más relevante desarrollado por el Programa Nacional de Rescate, destacándose los objetivos primarios y secundarios de prevención, sensibilización y capacitación:
    1) Convenios suscriptos:
    -Convenio marco de cooperación en Políticas Públicas en materia de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en el mundo del trabajo, entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
    -Convenios de capacitación y asistencia técnica entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN y los Ministerios de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de las provincias. Dicho convenio marco, tiene como objetivo que el Programa Nacional de Rescate asista y capacite a las fuerzas de Seguridad, Operadores Judiciales y población en general sobre la prevención y lucha contra el delito de Trata de Personas, como así también la asistencia a víctimas, firmado en el ámbito del Consejo Federal de Justicia de la República Argentina (COFEJUS).
    -Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica en Materia de Lucha contra el delito de Trata de Personas entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de implementar acciones de formación y capacitación orientadas a la prevención, detección, sensibilización e investigación del delito de Trata de Personas.
    -Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. para el traslado de testigos, víctimas, querellantes e imputados vinculados a delitos de Lesa Humanidad, de Trata de Personas u Otras Figuras comprendidas en la Ley N ° 25.764.
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    -Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación de la Nación para incorporar un módulo pedagógico sobre la Trata de Personas en la currícula nivel inicial y secundario.
    -Convenio Marco de Cooperación y Asistencia entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y la FUNDACIÓN MARÍA DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS con el fin de posibilitar la asistencia integral de las víctimas del delito de Trata de Personas, rescatadas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas Por el Delito de Trata, en las provincias donde la FUNDACIÓN MARÍA DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS cuente con sedes y/o centros de asistencia. Asimismo se acordó la coordinación de acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de cooperación y/o complementación de carácter científico, técnico y/o de investigación u otro tipo de actividades en áreas que resulten de mutuo interés.
    -Convenio de cooperación y asistencia técnica con AEROLINEAS ARGENTINAS S.A./AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S.A., AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., FEDERACIÓN ARGENTINA DE PERSONAL AERONÁUTICO EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS, el que tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre las Partes para llevar adelante acciones conjuntas tendientes a la prevención, detección, sensibilización e investigación del delito, de acuerdo a lo establecido por Ley N ° 26.364 y su modificatoria N ° 26.842. Implementar acciones de formación y capacitación orientadas a la prevención, detección y sensibilización del delito de trata de personas, mediante el desarrollo de jornadas dirigidas a los empleados que desempeñan tareas administrativas, operativas, técnicas y las tripulaciones que se desempeñan en AEROLINEAS, AA2000 y la FAPA. Asimismo, elaborar y difundir campañas de información y sensibilización que tengan por objeto prevenir y concienciar sobre el delito, a través de distintos mecanismos de comunicación social destinada a alertar actos tendientes al ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación.
    2) Se desarrollaron Jornadas de capacitación en todo el territorio nacional, destinadas a las Fuerzas de Seguridad, Organismos Gubernamentales, No Gubernamentales y población en general. A través de las mencionadas jornadas se procura compartir y advertir sobre las características del delito de Trata de Personas, sensibilizar en relación a las cuestiones de género e infancia y crear conciencia del carácter inaceptable de la violencia contra las mujeres y en sus repercusiones y consecuencias negativas para todos los que padecen los distintos tipos de violencias.
    3) Participación activa en las Jornadas del "Grupo de trabajo sobre la trata de personas celebrada en Viena del 10 al 12 de octubre de 2011", en el marco de la "Conferencia de I Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", Es dable destacar la disertación en el tópico: "Análisis de conceptos básicos de interés especial en el concepto de "abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad" que figura en el articulo 3 del Protocolo contra la trata de personas.
    4) Campañas informativas masivas dirigidas a concientizar a la sociedad en la prevención combate del delito de Trata de Personas. Tales como; campañas televisivas emitidas en canales de aire, campañas radiales en distintas emisoras de todo el país y campañas difundidas especialmente en ómnibus y aviones de transporte de pasajeros. Dichas campañas fueron creadas desde la perspectiva de los Derechos Humanos y de Género.
    5) Creación de la línea de tres dígitos "145", gratuito y de alcance nacional, perteneciente al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Esta línea tiene como objetivo recibir denuncias de hechos de apariencia delictual (delito de Trata de Personas, las 24 horas, los 365 días del año. Quienes atienden dichos llamados son profesionales especializadas en la temática. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima.
    6) Medidas de sensibilización llevadas adelante a través de programas educacionales iniciativas focalizadas en la capacitación y concientización de niños, niñas y adolescentes, para prevenir y combatir la trata de personas.
    Dicha tarea se está llevando a cabo a partir de la incorporación, del mencionado módulo, el software desarrollado para el Programa "Conectar Igualdad" el cual se distribuye a través de computadoras personales (netbooks) que son entregadas por Presidencia de la Nación a los estudiantes de nivel primario y secundario de todo el país. Este módulo pedagógico se focaliza en la prevención del delito de Trata de Personas y constituye así una herramienta de visualización y concientización social respecto de esta problemática.
    7) Participación en mesas interinstitucionales conformadas por agentes gubernamentales que intervienen en las distintas etapas del proceso de prevención y lucha contra el delito de Trata de Personas y asistencia a las víctimas. Entre los mencionados agentes se destaca la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros.
    8) Creación de Oficinas Regionales en puntos estratégicos del territorio nacional, que permiten abordar la problemática de forma más inmediata. Ya se encuentran funcionando las Oficinas Regionales de Resistencia (provincia de Chaco), Santa Fe (provincia de Santa Fe) y Santa Rosa (provincia de La Pampa). Se proyecta la apertura de nuevas oficinas en otros puntos del país. Todas ellas bajo la coordinación de este Programa Nacional de Rescate.
    9) Se estableció un mecanismo de articulación con la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, creada por Decreto 936/2011. El objetivo de la articulación es iniciar el proceso de denuncias desde este Programa Nacional, así como también el envío hacia la Oficina de Monitoreo de los casos que ingresan por las líneas de denuncias y/o correo electrónico y contienen información que, previo a la radicación de denuncias, se considere que debe ser evaluada por dicha Oficina
    10) En conjunto con el Programa Nacional de Participación Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se llevó a cabo una Campaña de Difusión y Sensibilización sobre el fenómeno de Trata de Personas, dirigida a la comunidad educativa. Para ello se realizó en un primer momento una capacitación dirigida a los integrantes del Programa de Participación Juvenil acerca de las características del delito de Trata. Posteriormente se conformó un equipo técnico integrado por profesionales de ambos Programas, el cual tuvo a cargo el diseño y desarrollo del dispositivo de talleres. Para la puesta en marcha de la Campaña se seleccionaron diez escuelas de las zonas más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cuales se llevaron a cabo talleres de carácter participativo con alumnos, docentes y directivos de los establecimientos. El dispositivo consistió en una apertura a cargo de este Programa Nacional y la posterior realización de cuatro talleres: Género, Migraciones, Mundo Laboral, Medios de Comunicación.
    Al finalizar cada jornada se efectué una charla/debate en la que se explicitaban los contenidos de cada taller, articulando lo trabajado en los talleres de Trata de Personas y se proyectó un video diseñado y realizado por integrantes del equipo técnico de ambos Programas.
    El objetivo de la campaña fue visualizar los factores que se detectan como causas del fenómeno, instando a los participantes a la concientización y responsabilización como ciudadanos en relación a las causas que perpetúan la existencia y permanencia del delito.
    Organización de una Campaña Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, en las provincias de Chaco, Neuquén y Buenos Aires.
    La campaña se enmarcó en el proyecto PRODOC ARG 13/009 "Campaña Nacional de Lucha contra la Trata de Personas" cuyo objetivo es promover la concientización y sensibilización de la ciudadanía sobre el delito Trata de Personas así como contribuir a promover la reflexión respecto de las causas que posibilitan la existencia del delito en todas sus formas.
    Dicha campaña contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y se llevó a cabo de manera simultánea distintas jornadas a las que asistieron especialistas en la temática del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Organismos de Asistencia a Víctimas, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc.
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    11) Prevención y Sensibilización:
    .- Se realizaron campañas de difusión en zonas vulnerables de la Ciudad Autónoma de
    Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en forma conjunta con la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia. Se diseñaron remeras, afiches y folletería con información sobre el delito de Trata de Personas y números de teléfonos donde se reciben denuncias, durante las 24 horas. El objetivo - tomando en cuenta intención, medida y plazo – fue prevenir a la población de lo que es la Trata de Personas para aumentar las denuncias que se reciben en la línea 145.
    -Spot de TV: lanzado en el mes de septiembre en conmemoración al Día Internacional de la Lucha Contra la Trata de Personas. Dicho spot tiene 80 segundos de duración, refleja el relato de una víctima rescatada de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, contando su historia personal.
    -Gráfica en prensa: en esta pieza se ve una fotografía, tomada en el marco de un allanamiento en el que participaron profesionales del Equipo Técnico, acompañada por un copy dentro de una viñeta, el cual es un extracto de un relato de una víctima de trata. También se encuentra la información del Programa Nacional de Rescate y de la línea 145 para realizar denuncias.
    -Zócalo en Fútbol Para Todos: Anuncio rectangular que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Este zócalo se mostró en diversos partidos del Tornero de Primera División y partidos de la Selección Argentina desde el mes de septiembre y por un plazo de 3 meses.
    - Spot de radio: Spot en el cual se explica brevemente qué hacer en el caso de querer denunciar una situación posible de Trata de Personas y los datos del Programa Nacional y la línea 145.
    - PNT: esto es Publicidad No Tradicional; la pauta consta de un discurso donde se explica qué se puede denunciar en la línea 145, así como también los datos del Programa Nacional de Rescate que se presenta en distintos programas de televisión en vivo. Ejemplos de esto son los programas de "Intrusos" y noticieros de Canal 26.
    - Campaña de sensibilización y concientización que se realizó en TECNOPOLIS, el
    Día Internacional de Lucha Contra la Trata de Personas.
    - LIBRO reTRATAda: a mediados del año 2012, se imprimió la segunda edición del libro "reTRATAda" en donde se explica qué es la Trata de Personas, se difunden testimonios de víctimas, relatos de casos y fotografías de allanamientos.
    -El número de la línea 145, gratuita y de alcance nacional se publicita en las lunetas de los ómnibus de larga distancia, especialmente los que recorren las rutas desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el sur de la República Argentina.
    12) Articulación con otras Áreas
    Se realizó una Jornada de capacitación dirigida al equipo psico-social de la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. El objetivo principal se focalizó en los factores causantes de la existencia del delito. Asimismo se hizo especial hincapié en los indicadores del delito de trata de personas a fin de brindar las herramientas necesarias para la detección temprana de un probable caso que ingrese por una consulta en un Centro de Acceso a la Justicia.
    En el marco del trabajo que se Viene realizando con la mesa Coordinadora Interministerial e Interinstitucional, compuesto por: el Ministerio de Desarrollo Social, el
    Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y Transporte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: como también dentro o fuera de esas particulares competencias ministeriales: la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) la Dirección Nacional de Migraciones, el Consejo Nacional de Políticas Sociales - el Plan AHÍ, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), la Coordinación de Políticas de Prevención de Adicciones y Consumo de Sustancias Psicotrópicas y Drogas con Impacto en el Mundo del Trabajo (CoPreAd), el Correo, Oficial y el Consejo Nacional de las Mujeres, se realizó en las provincias de Salta y Misiones, jornadas con los organismos referidos supra para el análisis y debate sobre "La Lucha contra la Trata de Personas con fines de Explotación laboral".
    "Se realizó un Taller sobre Trata de Personas en conjunto con el RENATEA: Se llevó a cabo un taller sobre Trata de Personas dirigido a Inspectores y Delegados Provinciales de RENATEA, en el marco de las Jornadas de Capacitación organizadas por dicho organismo. Se realizó una presentación de las principales líneas de acción, objetivos y alcances del Programa Nacional, haciendo especial hincapié en la responsabilidad política, profesional y ética que como integrantes del Estado Nacional y como ciudadanos tenemos en la lucha contra el delito de Trata de Personas. En la segunda parte de la capacitación se realizó un recorrido conceptual respecto del abordaje jurídico-social del delito y la asistencia a sus víctimas, para posteriormente trabajar en modalidad taller sobre un caso de explotación laboral, a fin de que los asistentes pudieran detectar indicadores del delito de trata de personas, y debatir acerca de las posibles estrategias de intervención, priorizando la asistencia a las víctimas.
    "Se trabajó de manera articulada con el portal de noticias y la editorial de INFOJUS -Sistema Argentino de Información Jurídica- en la publicación del Libro "Trata de Personas' - Políticas de Estado para su prevención y sanción '.> Se está trabajando conjuntamente con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales y la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, con la finalidad de fortalecer la cooperación y coordinar el proyecto denominado "Campaña suramericana de sensibilización y concientización del delito de
    Trata de Personas" que busca utilizar todos los medios disponibles, particularmente las técnicas de la información y comunicación para alcanzar en forma masiva a la población suramericana y contribuir de manera eficaz a la prevención y persecución de este delito. Este proyecto pretende llegar a la población con herramientas novedosas que permitan la interacción con el destinatario.
    Tendría dos componentes:
    -Un componente digital, que busca generar un espacio digital exclusivo, inserto en la Red Suramericana de Seguridad Ciudadana, Justicia y de acciones contra el crimen organizado transnacional.
    -Un componente audiovisual, cuyo propósito es producir material televisivo (ciclo de cortometrajes y cortos audiovisuales) para ser distribuidos a nivel regional.
    Desde la sanción de la Ley N ° 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas hasta el 28 de febrero de 2014, se han rescatado un total de 6431 víctimas, en el marco de 2996 allanamientos realizados.
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    12. ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
    Sistema de registro informático de la documentación recibida referente a la criminalidad organizada
    El Ministerio de Seguridad puso en funcionamiento un sistema de registro informático de la documentación recibida referente a la criminalidad organizada. Se confeccionó un registro pormenorizado y detallado del contenido de la información que se recibe de las Fuerzas de Seguridad en relación con delitos de terrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero, contrabando, piratería del asfalto, delitos rurales, trata de personas y delitos contra la integridad sexual, en un programa informático para su análisis eficiente, interrelación y toma de medidas.
    Durante el año 2013, se gestionaron 1024 denuncias relativas al delito de trata de personas y/o delitos conexos, utilizando el Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA)18 y registro de denuncias. Se elaboraron actas de acuerdos con diferentes actores estatales, así como también se llevaron a cabo proyectos de concientización y sensibilización, además de estudios de legislación comparada en materia de trata de personas.
    En 2014, además se puso en marcha una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que tiene como objetivo crear un espacio de trabajo en el cual participen todas las áreas que tengan relación con la problemática de la trata -cada una en el ámbito de sus respectivas competencias- y, principalmente, para facilitar la interacción entre las divisiones específicas de las cuatro Fuerzas Federales para, de esta manera, fortalecer los mecanismos de trabajo en lo que hace a la prevención, investigación y persecución de este delito.
    En 2014, el Secretario de Seguridad autorizó la participación de las 4 Fuerzas de Seguridad Federales en el Operativo “Spartacus” de Interpol, por el cual se informa semanalmente al organismo lo solicitado en investigaciones y procedimientos policiales contra redes de trata.
    El Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior de la República del Paraguay se encuentran en proceso de negociación para la suscripción de un Convenio de Cooperación Conjunta para la Prevención, Investigación y Detección del Delito de Trata de Personas.
    En el marco del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la UNASUR, el Ministerio de Seguridad realizará en el transcurso del segundo semestre de 2014, un Taller de Buenas Prácticas para la Prevención y Accionar contra la Trata de Personas, destinados a funcionarios policiales de los países miembros.
    Asimismo, en el ámbito de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR, se ha impulsado la suscripción de los siguientes documentos: “Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados”; la “Declaración de Fortaleza en Materia de Trata de Personas de los Estados Miembros y Asociados del MERCOSUR” (2012), cuyo objetivo consiste en la elaboración de un plan de acción y un marco normativo para la lucha contra la trata de personas y la elaboración de un perfil profesional de especialista contra la trata de personas.
    En el ámbito regional e internacional, el Ministerio de Seguridad ha reforzado y afianzado sus relaciones con organismos destinados a combatir el problema mundial que genera el narcotráfico, como así también los delitos conexos, especialmente con la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD/OEA); la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE/OEA); el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC/ONU), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE/ONU) y el Foro de Jefes de Organismos Encargado de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas en América Latina y el Caribe (HONLEA/ONU).
    El Ministerio de Seguridad, ha mejorado las capacidades de las Fuerzas Policiales y de Seguridad en su rol de auxiliar de la Justicia a través de la conformación de mesas de trabajo en diferentes lugares del país con jueces y fiscales de la Justicia Federal para poder conocer la situación del interior y programar una agenda de trabajo común, a los fines de mejorar la cooperación y la comunicación entre las Fuerzas Federales y la Justicia.
    En el marco de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR, se suscribió un Acuerdo de Cooperación entre MERCOSUR y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
    Se ha implementado, desde la creación del MINISTERIO DE SEGURIDAD, una estrategia de seguridad enmarcada en el “Modelo Argentino de Seguridad Democrática” el cual está diseñado de forma tal que incluya un conjunto de acciones programáticas orientadas a garantizar una política pública integral en materia de Seguridad.
    Desde un punto de vista operacional, se ha realizado un trabajo articulado entre las distintas Fuerzas de Seguridad con la finalidad de dar una respuesta rápida y eficaz a la toma de decisiones que competen al ámbito de la seguridad.
    Asimismo, se le ha dado continuidad a los Operativos Centinela, destinado a brindar una mayor seguridad en el conurbano bonaerense; Escudo Norte y Cinturón Sur, para garantizar, por un lado, la seguridad, el espacio terrestre, fluvial y aéreo del norte argentino y, por el otro, asegurar el patrullaje en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal.
    La participación ciudadana es otro eje de acción que se continuó fortaleciendo a fin de canalizar inquietudes y dar respuesta a los requerimientos sobre las problemáticas locales de los vecinos que residen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, se afianzaron 40 mesas de participación ciudadana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizaron en conjunto programas de acción de inclusión social en zonas urbanas sensibles, junto a ONG’s y Movimientos de Sacerdotes Villeros, etc.
    Se puso en marcha el “Programa de Uso Racional de las Fuerza y las Armas de Fuego”, que incluyen reentrenamiento en tácticas de intervención policial.
    En el plano formativo, se actualizaron los programas de estudio de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, y se incluyeron nuevos contenidos relacionados con las problemáticas sociales, la violencia y el uso de la fuerza de acuerdo con los principios internacionales en materia de derechos humanos.
    Desde la Subsecretaría de Participación Ciudadana, se trabajó junto con la Policía Federal Argentina (PFA) en la profesionalización del personal que ingresó en los escalafones de agente furriel y auxiliar para la seguridad y defensa con vistas a elevar la calidad de la atención al público en las comisarías. Con la misma perspectiva, se están diseñando indicadores e instrumentos técnicos que aporten transparencia y faciliten los procesos de evaluación de desempeño, ascensos y asignación de destinos, en particular del personal de conducción de las 53 comisarías de la PFA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Asimismo la Subsecretaría de Participación Ciudadana impulsó la realización de talleres de prevención de los distintos tipos de violencia, llevó adelante capacitaciones para la formación de agentes multiplicadores en prevención de violencia familiar, con la participación del Centro de Orientación de la Víctima, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, ambos pertenecientes a la Policía Federal Argentina, y el Programa Víctimas contra las Violencias dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a la prevención de la trata de personas, en el que se desarrollaron talleres de sensibilización e información sobre captación y técnicas utilizadas para reclutamiento de víctimas dirigidos a adolescentes.
    Se continua implementando el Programa Camino al Cole, que tiene por objetivo prevenir los delitos de robo y hurto a escolares en horarios de ingreso y egreso de instituciones educativas. Para ello, la Subsecretaría reforzó la presencia policial en la zona y en los horarios indicados y fomentó la participación de la comunidad. Además, se llevó a cabo el “Programa Por tu Seguridad, Desármate”.
    Respecto a la prevención de incidentes en los partidos de fútbol, se desarrolló el Sistema de Registro Digital para la clasificación y archivo de imágenes, procesamiento de datos y elaboración de informes multimedia. Se implementó el control del ejercicio del derecho de admisión y se iniciaron expedientes administrativos ante violaciones y control fílmico en los espectáculos deportivos y se creó un sistema de mensajes preventivos en espectáculos futbolísticos. De esta manera, se fiscalizaron el 97,20% de los partidos de fútbol de la estimación anual, se realizaron reuniones semanales con jefes de operativos policiales, con el Consejo Nacional para la Prevención de la Violencia en el Fútbol y del Comité de Seguridad, y la coordinación con autoridades de los clubes, de la PFA y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Parte 1/2
    • Fecha:  12/06/2015    Párrafos: 2
    En función a las necesidades de equipamiento de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, entendido esto como un requerimiento esencial para consolidar las estrategias y mecanismos de prevención del delito y la violencia, se modernizó el Sistema Logístico de la Seguridad mediante las siguientes adquisiciones: 5 equipos de comunicaciones digitales destinados a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), 472 vehículos y 81 camionetas patrulleras con equipamiento, 3675 ambos hospitalarios, 2 semirremolques habitacionales destinados a la Gendarmería Nacional, 2 vehículos para transporte de cadáveres destinados a la Policía Federal Argentina, adquisición, emplazamiento, distribución geográfica y puesta en marcha del Sistema de Inspección por rayos X (14 escáneres destinados a la detección de contrabando de drogas, armas y explosivos), provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo vehicular para móviles de la Policía Federal Argentina y adquisición de accesorios para equipos de comunicación destinados a Gendarmería Nacional. A esto se sumaron 12.987guardapolvos y 16.800 juegos de ropa blanca.
    Se ha firmado un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a partir del cual se conformaron los equipos de intervención, tanto con personal policial como con médicos y psicólogos, con amplia experiencia en la materia. Esta unidad comienza a trabajar a partir de las órdenes judiciales que se reciben en la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, que registra y da instrucciones a la Unidad de traslado de forma inmediata para que efectivice el traslado, enviando vehículos y personal destinado a este trabajo, con un chofer policial, un efectivo, un médico o psicólogo a bordo, según corresponda o evalúe el personal de la SEDRONAR.
    Al respecto, el Ministerio de Seguridad participó activamente en la elaboración del Catálogo de Capacidades para la Aplicación del Tratado de Comercio de Armas (ATT) en el marco de la Reunión Técnica del Grupo de Expertos en Armas de Fuego de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cual fue suscripto en el año 2013.
    Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional
    En el ámbito de la cooperación regional, el Ministerio de Seguridad ha participado activamente en el ámbito del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR y en la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad de MERCOSUR.
    A nivel hemisférico, se ha fortalecido la presencia del Ministerio de Seguridad a través de la participación activa de funcionarios de alto nivel en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y en la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE/OEA).
    Se han implementado los Acuerdos Interinstitucionales vigentes, con el objetivo de profundizar los lazos de cooperación entre las instituciones análogas de la región19. Asimismo, el Ministerio de Seguridad ha impulsado la suscripción de acuerdos de cooperación con países que no pertenecen al bloque regional, tales como: Italia, China y Canadá (en proceso de negociación).
    El Ministerio de Seguridad aprobó un Protocolo, que incorporó una perspectiva de género y la hipótesis de femicidio (de acuerdo con la nueva normativa que agrega la figura de femicidio en el Código Penal) ante todas las intervenciones de las Fuerzas por la muerte de mujeres o personas con identidad de género femenino. Así se orienta el accionar hacia la identificación de indicios sobre la violencia de género previa o la comisión del homicidio por razones de género.
    Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se adhirió un Acta complementaria con el fin de compartir registros que puedan reflejar información probablemente vinculada con casos de violencia contra las mujeres y que podrían ser insumos para conformar el Registro Único de Casos de Violencia Contra la Mujer (RUC).
    En el marco del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR, la Delegación Argentina a través del Ministerio de Seguridad propuso la elaboración de dos cuestionarios con el objeto de gestionar un “Diagnóstico Regional sobre la Implementación de Políticas Públicas de Seguridad con Perspectiva de Género y Derechos Humanos” y un “Diagnóstico Regional sobre Mecanismos para asegurar el Trato No Discriminatorio del personal que integra las Fuerzas Policiales y de Seguridad”. Asimismo, se propuso la elaboración de un “Curso Virtual sobre Género y Derechos Humanos” a nivel regional que tome como base el que actualmente se dicta en el Ministerio de Seguridad.
    Parte 2/2
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1
    A su vez, la Argentina adhirió a la Iniciativa Global Contra el Terrorismo Nuclear (IGTLN) –que fuera lanzada conjuntamente por los presidentes de los EE.UU. y la Federación Rusa en ocasión de la Cumbre del G-8 en San Petersburgo en julio de 2006 –en ocasión de la participación, por invitación expresa del Presidente Obama, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Cumbre de Seguridad Nuclear que tuvo lugar en Washington, en abril de 2010. Entre los días 28 de febrero y 3 de marzo de 2011 se celebró en Córdoba, España, la primera “Reunión Semestral del Grupo de Implementación y Evaluación (IAG) de la IGTLN”, la cual contó con la presencia de una delegación de la República Argentina.

    En cuanto al fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, se destaca la continuidad del compromiso argentino con la labor del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en el marco de la OEA. En efecto, nuestro país participa activamente en el plan de trabajo anual de capacitación y actualización contra el terrorismo organizado por dicho comité, el cual se materializa a través de seminarios, workshops, cursos, talleres y simposios especializados en la materia. En particular, pueden mencionarse los siguientes:

    ** “II Ejercicio de Gestión de Crisis en Protección Portuaria” (Perú, 29 al 31 de marzo de 2011): asistió el Prefecto Auditor del Código de Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP).

    ** “Taller Subregional de habilidades para instructores y para el diseño de cursos sobre seguridad aeroportuaria” (Uruguay, 11 al 15 de abril de 2011).

    ** “Taller Regional de las Américas sobre Seguridad de Grandes Eventos” (Colombia, 4 al 6 de mayo de 2011)

    **”Taller Hemisférico de Seguridad y Crimen Cibernético” (Miami, 9 al 13 de mayo de 2011).

    En el ámbito de Naciones Unidas, amerita destacar la participación argentina en el siguiente evento: “Seminario para Fiscales sobre Acusación e Investigación de Terrorismo” (Turquía, 18 al 20 de julio de 2011): organizado por el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, como continuidad de otro Seminario desarrollado en Nueva Cork en diciembre de 2010.

    A nivel subregional, Argentina participó activamente en las reuniones del “Foro Especializado Terrorismo” (FET) - grupo de trabajo técnico dependiente de la Reunión de Ministros del Interior y de Justicia del MERCOSUR. En este marco, a principios de 2011 se han realizado dos encuentros, en la ciudad de Asunción, Paraguay –del 5 al 7 de abril y del 31 de mayo al 3 de junio, respectivamente- en el ámbito de la XXIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados.

    En los mencionados encuentros se procede a un fluido intercambio de información de inteligencia antiterrorista de interés de las delegaciones participantes y, en particular, se analizan cuestiones que hayan suscitado atención durante el corriente período de reuniones a fin de que los países de la Región consideren si amerita su incorporación y/o continuidad del tratamiento en el temario del foro. Por otra parte, se debaten acciones de prevención en curso, en función de potenciales focos de acción terrorista que pudieran generarse.

    Adicionalmente, la República Argentina ha firmado y ratificado la mayoría de los Convenios multilaterales que se ocupan de la lucha contra el terrorismo.

    Durante el transcurso del período 2010-2011, se sancionó la Ley 26.640, el 13 de octubre de 2010, que aprueba el Protocolo de Enmienda a la “Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares”, que fuera firmado en Viena, Austria, el 8 de julio de 2005.

    Por otra parte, se encuentra pendiente de aprobación legislativa, el proyecto de ley (sancionado por el Senado el 15/04/2010, habiendo pasado a revisión por la Cámara de Diputados) referido a la “Convención Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear”, firmada en Nueva Cork, el 14 de septiembre de 2005.

    Finalmente, cabe destacar que la República Argentina continuará exhortando la participación en todos los foros multilaterales, regionales y subregionales de lucha contra el terrorismo internacional y con la promoción de acciones de cooperación en la materia, en el marco del estricto respeto del derecho internacional, los derechos humanos, del derecho humanitario y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

    En tal sentido, se propone continuar coordinando políticas y acciones en relación a la prevención, combate y eliminación del terrorismo, en el ámbito multilateral y bilateral, en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el MERCOSUR, El GRío, el Mecanismo de Seguridad de la Triple Frontera, entre otros foros internacionales y subregionales, respectivamente.

    Contexto regional en la CELAC.

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente respecto al tema:

    “24. Rechazamos firmemente las evaluaciones, listas y certificaciones unilaterales e ilegítimas que hacen algunos países desarrollados y que afectan a países de la región, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter”.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 1
    COOPERACIÓN BILATERAL

    El Ministerio de Seguridad ha promovido la concreción de canales de cooperación y asistencia recíproca con las carteras de Seguridad de terceros países, a los fines de actualizar acuerdos existentes y suscribir nuevos Proyectos, en especial aquellos que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).


    ? Acuerdos suscriptos 2011-2012:

    • Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (2012).
    • Acuerdo Marco de Cooperación en Materia de Seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior del Ecuador (2012).
    • Acuerdo Marco de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República del Paraguay (2012).
    • Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio de Justicia de la República Federativa de Brasil para la Cooperación en materia de Seguridad Pública (2012).
    • Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación entre la policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina (2012).
    • Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile (2012).
    • Acuerdo Marco entre la Prefectura Naval Argentina y la Dirección General del Territorio Marítimo de la Marina Mercante de Chile (2011).
    • Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina Argentina para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional de Uruguay (2011).
    • Memorando de Entendimiento para la Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay en materia de Delincuencia Organizada Trasnacional (Drogas, Lavado de Dinero y Desvío de Precursores Químicos) y Delitos Conexos (2011).
    • Memorando de Entendimiento para la Cooperación en Materia de Seguridad entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Nacional de Uruguay (2011).
    • Memorando de Entendimiento para el Intercambio de Buenas Prácticas de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas entre Argentina y Paraguay (2011).


    COOPERACIÓN MULTILATERAL

    ? Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR (RMI): En el marco de la Reunión especializada en materia de Seguridad de dicho foro, se han promovido los siguientes acuerdos regionales:

    ? Declaración de Asunción sobre la prevención de la Violencia en Eventos Deportivos Internacionales, suscripto durante la XXIX Reunión de Ministros en Paraguay (2011).
    ? Acuerdo para la creación de la Red de Especialistas en Seguridad Documental Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados, firmado durante la XXX Reunión de Ministros en Argentina (2012).
    ? Acuerdo Operativo sobre Lineamientos en Materia de Seguridad en Eventos Futbolísticos Internacionales entre los Ministerios competentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
    ? Declaración de Buenos Aires sobre Estandarización de Criterios Mínimos Comunes en la producción de información sobre violencia y delito en el ámbito del MERCOSUR, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
    ? Declaración de Buenos Aires sobre el Fortalecimiento de Espacios de Formación, Investigación y Políticas de Seguridad Ciudadana en el ámbito del MERCOSUR, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
    ? Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
    ? Segundo Protocolo Adicional del “Acuerdo de Recife”, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).


    TERRORISMO

    Considerando al Terrorismo como una grave amenaza a la paz y a la seguridad internacional –tal como lo señala el párrafo 69 del texto de la V Cumbre -. la República Argentina ha llevado adelante diversas políticas relacionadas con la temática. En este sentido, puede señalarse que (en el marco de las actividades preventivas llevadas a cabo por la Unidad de Información Financiera (UIF) –creada por la ley 25.246) por Resolución N° 37, de febrero de 2011, dicha Unidad:

    • Fijó en 30 (treinta) días hábiles el plazo para reportar Operaciones Sospechosas y 48 (cuarenta y ocho) horas como el período para comunicar a la UIF toda transacción con indicios de financiación del terrosismo, desde el momento en que la misma fue realizada o se intentó llevarla a cabo.

    • Amplió los criterios de identificación del cliente, vg: elaboración de un legajo basado en las pautas establecidas por el Banco Central de la Nación, establecimiento de un listado de “Personas Expuestas Políticamente” y de quienes se encuentren en un listado de terroristas.

    Adicionalmente, el 21 de junio de 2011 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.683, por medio de la cual se modifica el Código Penal y la Ley de Prevención del Encubrimiento y el Lavado de Activos de Origen Delictivo (Ley 25246). La misma fue promulgada a través del Decreto N° 825/2011 del Poder Ejecutivo Nacional, del 17 de junio de 2011, con la observación de la cláusula que disponía que la Unidad de Información Financiera (UIF) no podía constituirse como parte querellante en procesos penales [artículo 25].

    En efecto, el mencionado Decreto manifiesta, entre sus considerandos, que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional…”; que “la UIF es el organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos proveniente tanto de la comisión de diversos tipos delictuales como del delito de financiación del terrorismo”, que “es competencia de la UIF colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público, en la persecución penal de los referidos delitos” y que “en consecuencia, se estima necesario que la (UIF) se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.” Asimismo, caracteriza a la UIF como organismo coordinador del Sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

    Cabe señalar que, con lo dispuesto en este Decreto, la República Argentina cumple asimismo con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –el organismo internacional que apunta a combatir maniobras con dinero obtenido de ilícitos- en el sentido de aplicar leyes más estrictas contra este tipo de delitos.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 71, 74, 2
    El Ministerio de Seguridad ha trabajado en pos del fortalecimiento institucional de todas las instancias de gobierno en materia de prevención del delito y la violencia .

    Uno de los ejes centrales de la gestión ha sido el desarrollo del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad y las Mesas Barriales, en cuyo ámbito se diseñan los Mapas de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, conjuntamente con la implementación del Plan de Seguridad Urbana, tendiente a reforzar la presencia policial en horarios y lugares señalados por la inteligencia criminal y por las Mesas Barriales.

    Del mismo modo, cabe señalar la ejecución del Proyecto Buenos Aires Segura, estableciendo un sistema integrado de seguridad urbana, basado en un dispositivo de seguridad ciudadana que cuenta con la tecnología más moderna para la prevención y conjura del delito; y la puesta en marcha del Programa Tren Alerta, un nuevo sistema de vigilancia de andenes, terminales ferroviarias y de ómnibus con cámaras de video de alta resolución.

    Asimismo, se ha desarrollado una propuesta formativa de “Estrategias y políticas multiagenciales para la prevención del delito y la violencia en el ámbito local”, destinada a funcionarios municipales y orientada a fortalecer sus capacidades para el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad. Se dictó el Primer Curso de formación para funcionarios nacionales en Políticas Multiagenciales para la Prevención del Delito y la Violencia, acompañado por el relevamiento de políticas de prevención del delito y la violencia en el ámbito municipal y provincial, en conjunto con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior.

    ARMAS DE FUEGO
    Teniendo en cuenta que, conforme lo destacado en el párrafo 75 del texto de la V Cumbre de las Américas, “el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son una amenaza a la seguridad, engendran violencia, exacerban los conflictos y afectan negativamente el estado de derecho”, toda acción que se lleve a cabo para controlar dichos elementos ayuda a prevenir la delincuencia y la inseguridad.

    En este marco, la normativa base para el control de armas de fuego en la Argentina son las Leyes 20.429. 24.492, 25.886, 25.938, 26.216 y 26.138 y sus Decretos Reglamentarios y modificatorios. En relación a ellas y de acuerdo a los últimos avances acontecidos en el país, se puede mencionar lo siguiente:

    Registro y Rastreo de las armas
    La Ley 25.938 –adoptada en octubre de 2004- creó un Registro bajo competencia del Registro Nacional de Armas (RENAR), en el cual se asientan los datos correspondientes a las armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones y demás materiales controlados incluidos en la ley Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales, Fuerzas de Seguridad, Policía Federal Argentina y Policías Provinciales, y demás organismos competentes en el ejercicio de las atribuciones que le son propias.

    En cuanto a la implementación de dicha ley, el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS ha gestionado con los Poderes Ejecutivos provinciales, las Supremas Cortes de Justicia provinciales y los diferentes Poderes Legislativos provinciales la adhesión a la misma.

    Provincias adheridas:
    • Jujuy (Ley N° 5.459)
    • Formosa (Ley N° 1.467)
    • Chaco (Ley N° 5.519 – adhieren solo a los arts. 1°, 2° y 3°)
    • Corrientes (Ley N° 5.732)
    • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 1.841)
    • La Pampa (Ley N° 2.138)
    • Chubut (Ley N° 5.401)
    • Rio Negro (Ley N° 3.927)
    • Mendoza (Ley N° 7.780)
    • Buenos Aires (Ley N° 13.852)
    • Santa Fe (Ley N° 12.929)
    • San Juan (Ley N° 7.799)
    • Neuquén (Ley N° 2.576)
    • Misiones (Ley N° 4.428)
    • Tierra del Fuego (Ley N° 786)
    • Salta (Ley N° 7.635)

    Provincias en vía de adhesión:
    • Córdoba
    • Entre Ríos (Proyecto en Senadores)


    INCAUTACIÓN. RECOLECCION, DECOMISO y DESTRUCCIÓN DE ARMAS:

    Incautación I Decomiso.
    La Ley 20.429 sobre Armas y Explosivos establece en su artículo 36 inciso 6, como una de las sanciones a aplicar, el decomiso de material en infracción.

    Por su parte, la mencionada Ley 25.938 -cuyo objetivo es contar con un Registro centralizado al cual todas las jurisdicciones están obligadas a dar información detallada acerca de las armas secuestradas bajo su jurisdicción (números de serie, personas involucradas y lugar del depósito)- faculta al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Registro Nacional de Armas y Secretaria de Seguridad Interior) para establecer normas y procedimientos obligatorios de seguridad para la gestión de los depósitos y arsenales de dichas armas, y establece la necesidad de proceder a la destrucción de las armas en la medida que dicha destrucción sea posible.

    Destrucciones de armas.
    Proyección. A continuación se detalla la información registrada desde el año 1993:

    AÑO ARMAS DESTRUIDAS
    1994 916
    1995 3650
    1996 1376
    1998 2626
    1999 709
    2000 14822
    2001 3925
    2002 4381
    2003 14471
    2004 11200
    2005 4808
    2006 305
    2007 20037
    2008 32825
    2009 51672
    2010 20.168
    2011 23.250
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 70, 3
    CAMPAÑAS DE DESARME Y CONCIENTIZACION NACIONAL.

    PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO – LEY 26.216
    Mediante la sanción de la Ley N° 26.216 se creó el PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO.

    El mentado PROGRAMA consistió en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones para su destrucción, con la finalidad de propender a la disminución, a cambio de un incentivo, de su uso y proliferación, la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas y la sensibilización de sus riesgos.

    El PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, que funciona conforme los términos de la Ley N° 26.520 del 16 de diciembre de 2009, tuvo como uno de sus objetivos la reducción del circulante de armas en manos de civiles a partir de la recolección de armas de forma VOLUNTARIA y ANÓNIMA a cambio de un incentivo económico.

    La respuesta de la sociedad civil a la iniciativa ha sido sumamente satisfactoria, obteniéndose óptimos resultados. La cantidad de armas de fuego recepcionadas solo conforme al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego Ley 26.216, fue de 128.734, y el total de municiones 976.465, lo cual representa aproximadamente el 10 % del total de armas registradas en manos de usuarios civiles en el país. Las mismas fueron recolectadas en puestos fijos y móviles dispuestos por el RENAR en diferentes provincias de todo el país. El tipo de armas recepcionadas en mayor cantidad fueron, revólveres 22, 32, 38 y pistolas 22 y 9 mm..

    El material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue destruido por trituración y fundición. El total de armas destruidas, fue de 149.789.

    Conforme a la “Creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestro o Incautados” Ley 25.938.

    11/12/10 16.941
    19/03/11 6.896
    12/12/11 6.550

    Conforme al “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, Ley 26.216.
    1ra: 24/10/2007 20.037 armas de fuego
    2da: 31/05/2008 32.825 armas de fuego
    3ra: 25/04/2009 20.249 armas de fuego
    4ta: 31/10/2009 31.423 armas de fuego
    5ta: 11/12/2010 3.227 armas de fuego
    6ta: 12/11/2011 9.804 armas de fuego

    Total de armas destruidas en el 2010, 20.168.
    Total de armas destruidas en el 2011, 23.250.

    El metal de rezago resultante de la fundición del material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue donado a la Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P Garraham.

    COORDINACION NACIONAL.
    La mencionada Ley 26.216 prevé la creación, conforme lo sugerido por el Programa de Acción de las Naciones Unidas (UNPOA), de la maquinaria institucional adecuada a fin de entender de forma integral y comprehensiva en las cuestiones relativas al control de armas de fuego. En este sentido, el artículo 18 de la Ley crea el Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de Fuego el cual estará integrado por el Ministerio del Justicia, Seguridad y Derechos Humanos -a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Comité, de Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y de otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional que tengan competencia en la cuestión. Asimismo, se invitará a participar a miembros del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y a representantes de las provincias.

    Asimismo, el artículo 20 de la Ley crea el Consejo Consultivo de las Políticas de Control de armas de fuego con el fin de colaborar con las autoridades competentes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de control y prevención del uso de armas de fuego y municiones. Este Consejo estará compuesto por el Comité mencionado anteriormente, representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos o expertos con reconocida trayectoria y experiencia.
    Contexto regional en la CELAC.

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente respecto al tema:

    “48. Subrayamos la necesidad de promover la plena implementación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos y de apoyar los esfuerzos con miras a restringir el flujo ilegal de esas armas y sus municiones, particularmente en América Latina y Caribe”.

    ESTADISTICA OFICIAL DE CRIMINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA.
    La Ley 25.666 establece que la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia produce el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que tiene por objetivo principal recopilar datos sobre delitos registrados por la policía y fuerzas de seguridad de todo el país. En virtud de dicha ley, el SNIC representa la estadística oficial sobre cantidad de delitos discriminados por provincias y la evolución en las tasas de criminalidad de los últimos años.

    Como un sistema de información complementario del SNIC, la Dirección de Política Criminal lleva adelante el Sistema de Alerta Temprana (SAT) que presenta la información mas desagregada sobre Homicidios Dolosos y Delitos contra la Propiedad. En este sistema es posible obtener datos sobre el tipo de armas utilizadas en la comisión de los mencionados delitos.

    Los estudios de victimización tienen por objetivo básico describir el fenómeno criminal a partir del estudio de la población general. Para esto se realizan encuestas de hogar en centros urbanos - de acuerdo a una muestra representativa - en las que se indaga acerca de las experiencias de victimización vividas durante un período determinado por las personas encuestadas y, usualmente, acerca de sus opiniones sobre cuestiones relacionadas al tema de la seguridad.

    La Dirección Nacional de Política Criminal ha realizado estudios de victimización a residentes de Ciudad de Buenos Aires y GBA sobre lo acontecido durante los años 2001, 2002 Y 2003. Sobre la base de estos estudios se cuenta con información sobre niveles de victimización (incluyendo la denominada "cifra negra" del delito, aquellos casos que no se denuncian), desagregado por tipo de delito y por la utilización de armas de fuego en su comisión. Asimismo, de estos estudios también surge información sobre porcentaje de hogares en los hay armas de fuego y las razones aducidas por las personas para contar con un arma en su casa.

    Asimismo, a partir del año 2005, la Dirección Nacional de Política Criminal realiza un Informe Anual sobre Armas de Fuego en el que recopila la información estadística oficial existente en la materia, tomando datos del RENAR, del Ministerio de Salud, de la Policía y Fuerzas de Seguridad y de sus propios estudios. La información se encuentra publicada en http://www.polcrim.jus.gov.ar/ArmaDeFuego.PDF


    ENTRENAMIENTO, CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, INVESTIGACIÓN.
    La Argentina asigna alta prioridad a todos los programas sobre construcción de capacidades para la efectiva implementación del Programa de Acción, siendo esencial la cooperación y asistencia internacional para llevar adelante dichos objetivos.

    Continúan vigentes diferentes iniciativas a fin de implementar programas nacionales y provinciales para capacitación de las fuerzas policiales.

    Actualmente se encuentra en proceso un programa de capacitación para la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y para la Policía de Seguridad Aeroportuaria en orden de optimizar la integración del Banco Nacional Informatizado de datos sobre armas de fuego y demás materiales controlados, perfeccionar y controlar la operatoria registral.


    COOPERACION CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONGS.

    Red Argentina para el Desarme (RAD):
    RAD sigue de cerca los procesos de control de armas y municiones y, específicamente, la marcha del programa de recolección de armas como miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil en materia de políticas de control de armas de fuego.


    INTERCAMBIO DE INFORMACION.
    La Argentina somete anualmente los informes relativos a las Transferencias de Armas Convencionales al Registro de las Naciones Unidas y remite dicha información a la Organización de Estados Americanos.

    La Argentina es co-patrocinadora original de la Resolución AGNU 65/63 de la Asamblea General de las Naciones Unidas referida a "Información sobre Medidas de Fomento de la Confianza en el campo de las armas convencionales" que establece la creación de una base de datos para la publicación de las medidas implementadas por los Estados Miembros en este campo, lo cual incluye aquellas cuestiones relativas a las armas pequeñas y ligeras y se solicita al Secretario General que elabore un informe.

    Cabe destacar que la Argentina, junto con Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenya y Reino Unido viene presentando, desde el año 2006, los sucesivos proyectos de resolución y de la Resolución 64/48 "Hacia un Tratado sobre el Comercio de Armas" a través de los cual establece el proceso tendiente a evaluar la factibilidad de contar con un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que establezca parámetros para regular las transferencias legales de armas convencionales.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 4
    El Ministerio de Seguridad se encarga de gestionar los sistemas de información criminal y la producción de conocimiento específico a través de estudios e investigaciones para el desarrollo e implementación de políticas públicas conducentes a la prevención del delito y la violencia, como así también contribuir en el proceso decisorio y la evaluación del desempeño de los componentes y factores que inciden en los fenómenos criminales y la violencia.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 70, 5
    En el plano nacional, el Ministerio de Seguridad ha reforzado la coordinación y trabajo conjunto con las Fuerzas Policiales y de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado , lo que ha permitido incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional. Durante el período 2011, en pos de este objetivo, se han implementado los siguientes operativos:

    ? CENTINELA: Establecido mediante el Decreto 2099/2010, implicó el despliegue de 6.000 efectivos de Gendarmería Nacional Argentina con vehículos y el sostén logístico necesario, en 27 partidos del Conurbano.

    ? ESCUDO NORTE: Establecido mediante el Decreto Nº 1091/2011, con el objetivo de prevenir y disuadir los delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes, a través del incremento de la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las regiones del NEA (Noreste argentino) y NOA (Noroeste argentino) de nuestro país, así como la aprehensión y judicialización de los incursores ilegales. Este Operativo, que implica el despliegue de efectivos y equipamiento de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA), en articulación con el Operativo Fortín II del Ministerio de Defensa, constituye un ejercicio inédito de coordinación a gran escala entre los Sistemas de Seguridad y de Defensa, cada uno en el ámbito estricto de su competencia.

    ? ÁGUILA: Constituyó el incremento de la seguridad interior, extremando las formas de control vehicular en rutas. Como consecuencia del mismo, se alcanzaron cifras históricas en relación a la incautación de estupefacientes.

    ? CINTURÓN SUR: Establecido mediante el Decreto 864/2011 con el objetivo de optimizar el servicio de seguridad ciudadana, coordinó las acciones de GNA y PNA en zonas específicas del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estableció que la Policía Federal Argentina (PFA) continúe con la actividad administrativa y judicial dentro de las Comisarías, y que la PNA y GNA ejerzan las funciones de policía de seguridad y las tareas de prevención e investigación de los delitos en las zonas asignadas. Implicó el despliegue de 1.250 gendarmes en los barrios de Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati y Villa Lugano con un refuerzo de 60 motos, 45 patrulleros y 14 camionetas, y 1.250 prefectos en los barrios de La Boca, Barracas y Parque Patricios con un refuerzo de 26 camionetas, 24 cuatriciclos y 10 patrulleros. A su vez, se ha fomentado la elaboración de estudios específicos relacionados con distintas figuras delictuales: homicidios dolosos, delito de trata de personas, robo y hurto automotor, uso ilegal de armas de fuego, piratería del asfalto, criminalidad organizada.

    ? VIGÍA: impone nuevos controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. El plan abarca tres ejes: la frontera NOA, la Terminal de Ómnibus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Retiro” y un Parador ubicado en la intersección de las rutas 197 y Panamericana. A los dispositivos de seguridad ya existentes se agregaron, 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escaners de rayos X, canes detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.

    En el ámbito internacional, se ha impulsado una estrategia proactiva para la lucha contra el Delito, estableciendo al MERCOSUR y UNASUR como espacios estratégicos de integración y de proyección prioritaria para el combate transnacional de la criminalidad organizada. De esta forma, se han fomentado diversas iniciativas de articulación en instancias subregionales, regionales y hemisféricas:

    ? COOPERACIÓN MULTILATERAL: en el marco de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR (RMI), se han promovido acuerdos regionales referentes a seguridad ciudadana, prevención y represión de actividades ilícitas, capacitación policial, lucha contra el terrorismo, organización de operativos conjuntos, etc. en cumplimiento del Acuerdo Marco sobre Cooperación en materia de Seguridad Regional suscripto en 2006 y ratificado por nuestro país en 2010. La Sra. Ministra de Seguridad –Nilda Garré- asumió la Presidencia Pro Témpore de la RMI para el primer semestre 2012, a lo largo del cual se impulsaron importantes acuerdos en materia de prevención del delito de trata a nivel regional, prevención de la violencia en eventos futbolísticos internacionales, promoción de la capacitación de personal civil y policial, desarme de la sociedad civil, entre otros.

    Asimismo, se proyecta a la UNASUR como instancia clave de consulta, cooperación y coordinación de la Seguridad Pública Regional mediante la creación de un “Consejo Sudamericano de Seguridad, Justicia y Lucha contra la Criminalidad Organizada".

    ? PROMOCIÓN DE ACUERDOS E INSTANCIAS DE COOPERACIÓN ANTE FOROS HEMISFÉRICOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS: el Ministerio de Seguridad participa activamente en la Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas/ OEA (MISPA). Se desarrollaron lineamientos estratégicos para la negociación de declaraciones, Acuerdos y Planes de Acción de cara a la MISPA III en Trinidad y Tobago (noviembre 2011), cuyo tema central fue “la gestión policial”. Asimismo, en el ámbito del Plan de Acción Hemisférico/OEA se defendió una concepción de la seguridad ciudadana como política pública ampliamente ligada a los derechos humanos, la participación ciudadana, la coordinación multiagencial, así como la profesionalización y modernización de equipamientos y recursos para efectivizar la lucha contra el delito.

    Asimismo, el Ministerio de Seguridad participa en foros vinculados a la prevención y neutralización del narcotráfico: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe (HONLEA); Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD), Reunión de Expertos en Narcotráfico Marítimo de la CICAD/OEA, Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE); I Reunión del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la UNASUR, Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en materia de drogas, su uso indebido y rehabilitación de drogadependientes del Mercosur (RED).
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 72, 5
    Por su parte, en materia de prevención y neutralización de actividades terroristas, a lo largo del 2011 el Ministerio de Seguridad participó activamente en las actividades del Comité Interamericanos contra el Terrorismo (CICTE), enviando especialistas de las Fuerzas de Seguridad y Policiales a los cursos de capacitación organizados por la Institución. Ello complementa a nivel hemisférico la participación Argentina en dos foros de carácter regional vinculados a la prevención y neutralización de actividades terroristas: el Comando Tripartito de la Triple Frontera y el Foro Especializado en Terrorismo (FET) de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR.

    ? COOPERACIÓN BILATERAL: Acentuando el gobierno político de las relaciones internacionales en materia de seguridad, se ha promovido la concreción de canales de cooperación y asistencia recíproca con las carteras de Seguridad de terceros países, a los fines de actualizar acuerdos existentes y promover la suscripción de nuevos Proyectos, en especial aquellos que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Para ello, se han considerado las necesidades operativas y estratégicas de cada una de las Instituciones que integran el Sistema de Seguridad Interior.

    Continuando con lo relativo al problema mundial de las drogas y los delitos conexos , cabe resaltar que, a fines del año 2011, la República Argentina fue elegida para ejercer la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), en función de lo cual el país ofició de sede para la realización de la 50° Reunión Plenaria de dicho organismo.

    Asimismo, la República Argentina mantuvo un importante rol en el proceso de elaboración de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan de Acción, ejerciendo la coordinación del capítulo sobre Medidas de Control. Del mismo modo, se participó en los diferentes Grupos de Expertos existentes en el ámbito de la CICAD, que abordan temas específicos como la reducción de la demanda, el desvío de precursores químicos, el tráfico ilícito de drogas por vía marítima y el lavado de activos.

    Por otra parte, el país se desempeñó como Co-coordinador en el Grupo de Contacto para la Revisión del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD, encargado de revisar integralmente el funcionamiento del mecanismo y realizar propuestas para su optimización.

    En forma paralela, nuestro país fue designado, conjuntamente con México, en la coordinación del capítulo de Medidas de Control en el marco de la Reunión Preparatoria del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) del MEM.

    Adicionalmente, cabe decir que se logró un óptimo cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la participación del país en el MEM, dentro de las que se incluye el cumplimiento de cinco de las nueve recomendaciones asignadas en la Quinta Ronda de Evaluación, conjuntamente con las tareas de coordinación desarrolladas por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) en función de su rol como Entidad Coordinadora Nacional y la participación en el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) del mencionado mecanismo.

    Por último, la SEDRONAR participa, junto a otros organismos de la Administración Pública Nacional, de los Grupos de Trabajo 2, 3 y 4 (Reducción de la Oferta, Medidas de Control y Lavado de Activos, respectivamente) al mismo tiempo que ejerce la coordinación del Grupo de Trabajo 1 de Reducción de la Demanda y co-coordina el Grupo 5 de Fortalecimiento Institucional y Armonización Legislativa, en el marco del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de Drogas (CSPMD) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).”

    Adicionalmente, válido es destacar que la 47° Sesión Ordinaria de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), realizada en Washington los días 3/5 de mayo de 2010, aprobó la “Estrategia Hemisférica sobre Drogas”, la cual subraya la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados miembro de la OEA, la conveniencia de encarar el problema mundial de las drogas con un enfoque integral (oferta y demanda) y equilibrado y el principio de responsabilidad común y compartida. Asimismo, la CICAD ratificó el compromiso de implementar las recomendaciones emanadas del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).

    Mediante la participación en los diversos mecanismos internacionales abocados a prevenir y neutralizar todos los aspectos del Problema Mundial de las Drogas, el Ministerio de Seguridad ha logrado fortalecer los lazos de cooperación con las autoridades competentes de otros países, tanto los espacios multilaterales como bilaterales. Asimismo, esta tarea se ha visto reflejada en una activa participación en los foros técnico-políticos, contribuyendo al desarrollo de proyectos, iniciativas y resoluciones para afrontar el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.

    En el ámbito de la CICAD/OEA, durante el período 2012 el Ministerio de Seguridad de la Nación ha asumido la responsabilidad del ejercicio de la presidencia del Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo, a través de la Prefectura Naval Argentina, como muestra del firme compromiso en generar espacios de consensos, en la búsqueda de estrategias coordinadas y en el fortalecimiento de la cooperación multilateral en la región. La reunión de este grupo se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires entre los días 16 y 20 de julio. Durante la misma, se logró plasmar el mandato de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas a través de la concreción de documentos – guías elevados a dicho organismo para su consideración.

    También es importante destacar la participación en la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas que se celebró en Lima durante los días 25 y 26 de junio de 2012, como parte de la estrategia antes mencionada.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    En el caso de la Argentina, se han analizado los cambios estructurales generados en los últimos años como uno de los factores causales de la revalorización de la Sociedad Civil, modificando la acción colectiva, dando lugar al surgimiento de nuevas modalidades de trabajo y a la constitución de nuevos sujetos sociales que canalizan demandas de los ciudadanos .

    El crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) en el país se entiende, en parte, por su acción colectiva agregadora de intereses y, también, por la conformación de una subjetividad que busca superar la resignación de muchos sectores que “no tienen voz”. De esta manera, las acciones de la Sociedad Civil, en general, tienden a buscar la participación y la identidad local como pilares para el desarrollo de las personas y de las comunidades.

    Cuando se habla del diseño de las políticas y las decisiones públicas, se apunta puntualmente a la creación de procesos y canales que permiten a la sociedad civil acceder individual o colectivamente a ciertas fases de elaboración de las decisiones públicas orientadas a buscar mayores niveles de democratización. Desde esta postura, se intenta encontrar estrategias que favorezcan el fortalecimiento de canales tradicionales de representación y canalización de las demandas.

    Dentro de esta visión están todas las propuestas relacionadas con los nuevos diseños institucionales creados en los últimos años, tales como audiencias públicas, consultas populares, iniciativas populares y revocatorias de mandato, entre otras.

    Los lineamientos centrales apuntan a la generación de mayor transparencia y eficiencia en los sistemas de gestión que se traducen en cuestiones concretas para la Sociedad Civil y los ciudadanos. La transparencia es un elemento central y, cuando se la alcanza, da paso a la confianza y a la legitimidad de los sistemas y organismos ante el ciudadano.

    La estrategia de incorporación de actores de la sociedad en la gestión estatal está íntimamente ligada con la preeminencia que ha ganado el tema de la democratización del Estado en la etapa post dictatorial. En este sentido, el principal argumento que se hace explícito para fundamentar el valor de este tipo de arreglos institucionales, afirma que la participación de representantes de la Sociedad Civil en el entramado de gestión de las políticas estatales contribuye a la ampliación del funcionamiento de la democracia, extendiéndolo más allá de los mecanismos establecidos por las instituciones representativas propias del sistema democrático.

    Los esfuerzos por incidir en las políticas públicas requieren de capacidades institucionales que puedan ser potenciadas a partir de estrategias de formación adecuadas a este tipo de organizaciones y en particular a la especificidad de los contextos políticos en los que actúan. El desarrollo de estas capacidades requiere de marcos de referencia que ubiquen la función de incidencia en políticas y de deliberación pública de las OSC en el contexto de la democracia y de herramientas analíticas para entender los replanteamientos actuales sobre el papel del Estado y la Sociedad Civil en la política social.

    Los esfuerzos por diseñar e implementar modelos, sistemas y mecanismos que capturen distintos aspectos de la evaluación a nivel estatal, como son el impacto, los efectos, la eficiencia, la eficacia, el desempeño o el presupuesto, también requieren de capacidades institucionales que pueden ser fortalecidas tanto desde el Estado como desde la Sociedad Civil en un ciclo virtuoso de transparencia y rendición de cuentas.

    El espacio de asociaciones voluntarias y autónomas ha sido siempre amplio y robusto en la Argentina. Esa amplitud y robustez derivan, en gran parte, de la voluntad de las elites estatales y de la eficacia de sus estrategias de construcción. El crecimiento reciente de este espacio puede asociarse con la democratización, la redefinición del rol económico del Estado, el crecimiento en la cantidad y complejidad de los temas que se constituyen como objeto de las políticas.

    La proliferación de experiencias de participación en la gestión pública ha estado, mayormente, enmarcada en procesos de desarrollo local o de implementación descentralizada de políticas sociales. Es decir, este tipo de mecanismos cobran especial relevancia en escenarios locales de gestión, donde la relación entre el Estado y los actores de la Sociedad Civil es más cercana.

    La participación de la Sociedad Civil en cuestiones de políticas públicas adquiere nuevas formas: pasa de mecanismos más tradicionales de oposición al desempeño de otros papeles, ya sea en el diseño conjunto de políticas con el Estado o la implementación directa de una ley ya no en un nivel propiamente operativo.

    Contexto regional en la CELAC.

    En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema:

    “24. Rechazamos firmemente las evaluaciones, listas y certificaciones unilaterales e ilegítimas que hacen algunos países desarrollados y que afectan a países de la región, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter”.

    “51. Ratificamos el compromiso para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada transnacional de conformidad con el derecho internacional. En tal sentido, propiciamos la adopción de respuestas estratégicas, dinámicas y holísticas para combatir la delincuencia organizada transnacional. En este marco, impulsamos la articulación y una mayor coordinación de los esfuerzos operativos y de cooperación encaminados a promover el fortalecimiento institucional relacionado con la prevención, investigación y persecución criminal contra la delincuencia organizada transnacional. Consideramos asimismo, la aplicación de mejores prácticas y explorar nuevas formas y enfoques para luchar contra este flagelo”.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    POLITICAS DE ARTICULACION ESTADO - SOCIEDAD CIVIL

    • Presidencia de la Nación

    Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

    El Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS) es un espacio multiactoral que reúne a organizaciones representativas de la comunidad ciudadana y a miembros del Estado, para analizar y recomendar políticas sociales con el objetivo de lograr inclusión social.

    Creado mediante el Decreto 15/2005 y reglamentado por la Resolución 408/2006, las funciones previstas para el CCNPS incluyen la recomendación y seguimiento de planes y programas sociales nacionales y el fortalecimiento de Consejos Consultivos (CCs).

    Los CCs son espacios en los que Sociedad Civil y el Gobierno dialogan y llegan a acuerdos sobre cómo mejorar las políticas sociales. El decreto que fundó el Consejo planteaba que “(…) fuera un espacio de consulta y participación activa de la sociedad civil, para proporcionar e impulsar propuestas que atiendan a mejorar y facilitar la articulación territorial de planes sociales”.

    Integrado por representantes gubernamentales, empresariales, de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales y de instituciones confesionales, el CCNPS se reúne semanalmente en Plenario y periódicamente emite informes de sus acuerdos para el Poder Ejecutivo Nacional. En ellos se resumen las sugerencias para la mejora de planes y programas y recomendaciones para la integración y el fortalecimiento de los CCs.

    Por otra parte, el CCNPS brinda asistencia técnica a CCs locales y gestiona sus reclamos, denuncias y consultas, además de recibir consultas de beneficiarios y organizaciones sociales respecto de la gestión y alternativas de los programas.

    Su autoridad de aplicación es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cuyo presidente honorario es la Sra. Ministra de Desarrollo Social, Dra. Alicia Kirchner. Cuenta con el apoyo económico y logístico de los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, además de la asistencia permanente de una Secretaría para la gestión y seguimiento de sus acuerdos.

    Se aspira a que todo ciudadano, todo habitante, tenga la capacidad de sostenimiento económico de la familia, la posibilidad de acceso a la educación y a la salud y el acceso a los servicios colectivos vinculados con el hábitat. El fin último es lograr que toda la población que esté bajo el nivel de la línea de pobreza acceda a los distintos recursos que tienen el Estado y la Sociedad Civil para superar su situación.

    El trabajo del CCNPS ha permitido que este organismo logre incidir positivamente en las políticas sociales del Estado. Esas nuevas políticas, impulsadas desde el Gobierno Nacional, responden en tiempo y forma a muchas de las recomendaciones realizadas por el CCNPS. En ese sentido, los analistas encuentran dos tipos de efectos, unos vinculados con cuestiones de enfoque y otros con cuestiones prácticas.

    Respecto del enfoque, la fundamentación de las reformas a las políticas sociales menciona directamente la cuestión de género, la asistencia a desempleados estructurales y el derecho de inclusión en su sentido más amplio.

    En cuanto a la repercusión en las prácticas, ésta se manifiesta en la idea de reformular las políticas sin discontinuar los beneficios, el incentivo al trabajo y el premio a la voluntad del trabajo, el incentivo a que todos puedan acceder realmente a una educación obligatoria completa, las políticas de intermediación laboral y el fortalecimiento de las oficinas de empleo, la cuestión de género en el Plan Familias y la cobertura social al trabajador, presente en el nuevo Seguro de Empleo y Capacitación.


    • Ministerio de Educación
    Programa Nacional Primeros Años
    Para dar inicio a este Programa en 2005 se firmó un convenio de colaboración con los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud, en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
    Asimismo, se formó un equipo de trabajo con profesionales de cada uno de los ministerios con el fin de construir espacios comunes de acción.
    Tras la adhesión de los gobiernos provinciales, el Programa se desarrolla en 22 jurisdicciones. En cada una se conformaron espacios interministeriales mediante la firma de acuerdos entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación de cada provincia, que cuentan con equipos técnicos interdisciplinarios capacitados por “Primeros Años” para el abordaje integral del desarrollo infantil y el apoyo al trabajo comunitario.
    La Mesa de Planificación Estratégica y Coordinación Programática que lleva adelante la implementación del Programa está integrada por áreas específicas de los tres ministerios nacionales mencionados: la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil y la Dirección de Salud Familiar y Comunitaria del Ministerio de Salud; la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social; y el Programa Nacional de Desarrollo Infantil del Ministerio de Educación.
    También se han conformado mesas intersectoriales locales en diversos barrios de 47 localidades urbanas y rurales, en zonas de alta vulnerabilidad social. Están integradas por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil a las que pertenecen 3600 facilitadores, capacitados en una concepción integral del desarrollo infantil, que acompañan a las familias en el fortalecimiento de las prácticas de crianza y promueven el intercambio de experiencias cotidianas y el establecimiento de vínculos.
    Desde 2008, a las acciones que desarrolla el Programa, se incorpora el trabajo en las localidades seleccionadas por el Plan Nacional de Abordaje Integral “Ahí en el lugar”.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    Gestión de Políticas Sociales y Participación de la Sociedad Civil

    El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, ha generado políticas públicas en relación a tres ejes estratégicos que promueven el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada. El primero de estos ejes es el fomento de una política social de tipo socio productiva que identifique el potencial económico, social, cultural y humano de cada localidad.

    El segundo es la generación de condiciones que permitan inclusión e integración social de las familias y el tercero, el fortalecimiento de los espacios multi actorales con el propósito de institucionalizar ámbitos de consenso y acuerdos entre los diferentes actores públicos y privados. En correspondencia con estos ejes, la Secretaría desarrolla tres planes nacionales. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”. Esta política apunta a identificar y fortalecer iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinado prioritariamente a personas en condición de vulnerabilidad social. Brinda asistencia técnica para la formulación o fortalecimiento de emprendimientos productivos, financiamiento (subsidios, créditos y microcréditos en concomitancia con las características de los proyectos) y capacitación para el proceso productivo. Se impulsa la asociación entre el desarrollo local y la economía social. El desarrollo local es entendido como un ámbito de interlocución que, por cercanía y conocimiento, es óptimo para el desarrollo económico. La economía social, por su parte, se refiere a un sector con alto potencial asociativo caracterizado por su variedad de experiencias, como las cooperativas y mutuales, los emprendimientos productivos familiares, las empresas recuperadas por los trabajadores, las ferias sociales y los diferentes clubes de trueque en los que el trabajo, la solidaridad y la sustentabilidad son los ejes básicos de su acción colectiva. La posibilidad de que ese desarrollo local vaya de la mano de la economía social plantea una estrategia de crecimiento sólido y sostenido.

    El segundo plan nacional es el de seguridad alimentaria, conocido como “El hambre más urgente”. Este Plan se implementa a partir de una articulación entre provincias y municipios los que, a partir de transferencias recibidas de la Nación y en el marco de una planificación consensuada que contempla las características y capacidades propias de cada territorio, brinda asistencia alimentaria directa a todas las personas que la necesiten, garantizando la cobertura nutricional y calórica correspondiente para cada edad. Este plan también prevé la promoción de una alimentación autosustentable. A partir del apoyo técnico y de la organización de pequeñas unidades productivas se busca fomentar producción de alimentos frescos y la elaboración de productos alimenticios para el consumo comunitario.

    “Familias” es el tercer plan nacional desarrollado. Esta política pública considera central fortalecer el rol de la familia en el cumplimiento de todas sus funciones. Esto implica promover el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y oportunidades entre género y generación de sus miembros. La familia y cada uno de sus integrantes con sus respectivos derechos y responsabilidades, deben propender a la equidad, la cooperación, la participación responsable, el desarrollo del asociacionismo y las redes comunitarias.

    En este sentido, el Plan “Familias” se orienta a impulsar acciones a partir del desarrollo humano y de las propias capacidades de los beneficiarios de programas sociales. Para ello, brinda apoyo económico a las familias en condición de vulnerabilidad social y desarrolla mecanismos que promuevan la asistencia escolar y el cuidado de la salud de sus niños. Esta política social contempla, entre sus propósitos, la satisfacción de sus necesidades básicas y de un ingreso familiar que les permita ser protagonistas de su desarrollo.

    Entre los logros que estos planes nacionales aportaron, se puede mencionar el haber consolidado una línea de trabajo con los Consejos Consultivos, espacios nacionales, provinciales y locales en los que conviven la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria, las OSCs y el municipio o el actor público en cada nivel. Esos espacios definen líneas de trabajo de políticas sociales propuestas muchas veces por la Sociedad Civil. El Estado nacional las acompaña o las ayuda a poner en marcha.

    Un segundo éxito que dejaron estas políticas sociales de interacción fue el respeto mostrado por los funcionarios hacia la misión, visión, lógica, tiempos y objetivos de las OSCs.

    El tercer logro fue iniciar un proceso de descentralización sin conflicto. Esta transferencia de recursos a municipios y a OSCs no se realiza con la idea de tercerizar los problemas sino como un mecanismo para que las instituciones locales propongan su definición y los recursos para ponerlo en marcha. Un ejemplo de esto es el Plan Manos a la Obra.

    Hasta 2006, la mecánica de ese plan era centralizar toda evaluación de cada proyecto productivo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, luego de decidido, se llevaba al distrito en cuestión. La mecánica actual es diferente. Cada OSC o municipio presenta las líneas generales de un proyecto institucional, el Ministerio transfiere los fondos y ellos mismos evalúan, analizan y ponen en marcha los proyectos que consideran necesarios.

    El Ministerio se limita a pedir que pongan en marcha un proyecto institucional para el que luego se le transfieren los recursos.

    Centros Integradores Comunitarios (CIC)

    Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y participativo con el objetivo de promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

    Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

    Dentro de estos espacios funciona una Mesa de Gestión Local desde donde dichos actores impulsan y desarrollan, de manera conjunta, las siguientes acciones:

    • Coordinación de políticas de desarrollo social y atención primaria de la salud (prevención, promoción y asistencia sociosanitaria).
    • Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables.
    • Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red.
    • Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular.

    Los CIC, ubicados en las zonas más vulnerables del país, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico común de escala municipal.

    Con el objetivo de generar nuevos espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, se incorporaron a los CIC instalaciones especialmente destinadas a estos fines, que se encuentran en funcionamiento.


    • Ministerio de Salud

    Municipios y Comunidades Saludables

    El Ministerio de Salud estimula fuertemente la participación de las OSCs a través de su Comisión Nacional Coordinadora. La Comisión actúa como oficina de enlace entre las organizaciones de la sociedad civil y los programas de salud ministeriales. Las OSCs pueden analizar los programas que ofrece el Ministerio y elegir el que les interese. A partir de ese momento se inicia un trabajo en equipo con ellos, y se los capacita y forma para que luego sean multiplicadores de esos programas en los lugares donde se desarrolla su actividad.

    La Comisión Nacional Coordinadora también está participando en el MERCOSUR, coordinando el Observatorio de Participación Ciudadana en Salud, donde todos los países tienen un representante político y uno académico, y son financiados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto permite proveer de información a los funcionarios para que lleven medidas productivas a la comunidad.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    • Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación

    Subsecretaria de la Gestión Pública

    Los programas vinculados con este tema que desarrolla la Subsecretaría son varios.

    En primer lugar, el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, el cual tiene cinco ejes. El fortalecimiento de la transparencia es el primero, facilita el acceso de los ciudadanos a los actos de gobierno y a la información pública. Brindar un mejor servicio al ciudadano unificando, simplificando y transparentando la vinculación de los ciudadanos con el Estado mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). Mejorar la gestión pública brindando mayor calidad en los procedimientos y sistemas de información de cada organismo de modo que redunde en una verdadera articulación entre ellos. Reducir los costos de gestión a partir de la utilización de todas las potencialidades de estas tecnologías, simplificando procedimientos y optimizando la gestión. El quinto eje es lograr una mayor participación de los ciudadanos y la sociedad civil generando espacios de intercambio de información entre el Estado y los ciudadanos.

    En segundo lugar, el Programa de Carta Compromiso con el Ciudadano. Se trata de un programa por el cual los organismos acuerdan y consensúan con los usuarios y ciudadanos determinadas mejoras de gestión, y garantizan el cumplimiento de derechos. El programa permite que se definan estándares de gestión entre cada organismo y sus usuarios, buscando la constante innovación que incremente la calidad de la gestión. Hoy existen más de 60 cartas firmadas y más de 1600 estándares definidos. Las evaluaciones que se realizan muestran significativas mejoras en el desempeño de esos organismos y en la satisfacción de los ciudadanos que utilizan sus servicios.

    Este programa representa también un avance muy importante en el esfuerzo general hacia la construcción de un nuevo modelo de gestión pública. Poco a poco, con nuevas herramientas, se deja atrás un modelo de gestión pública fuertemente vinculado al cumplimiento de normas, procedimientos y rutinas. Se va reemplazando progresivamente por un nuevo modelo de gestión que tiene como objetivo central el logro de resultados claros, objetivos y medibles, básicamente los que necesita y reclama la ciudadanía.

    Otro Programa que apunta a renovar el vínculo entre el ciudadano y la Sociedad Civil con el Estado es el de Guía de Trámites. Su objetivo es acercar la Administración Pública a la gente. Para ello, un sitio web brinda información clara y sencilla acerca de los servicios que presta el Estado, posibilitando de esta forma la transparencia de las acciones de gobierno y la reducción del tiempo que le demanda al ciudadano informarse sobre los requisitos del trámite que necesita gestionar.


    • Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

    Proyecto de Integración Social y Participación de la Sociedad Civil

    El Proyecto de Integración Social y Participación de la Sociedad Civil es una iniciativa que se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Política Latinoamericana de la Cancillería Argentina. Se trata de un espacio en el que se ven fortalecidos los mecanismos de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en Foros regionales e internacionales y en las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; a través de instancias interactivas y disponibilidad de información, promoción del intercambio de experiencias y mejores prácticas y puente entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y los organismos del Estado.
    Uno de sus principales objetivos es aumentar la incidencia de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo como un derecho, una responsabilidad y una condición necesaria para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
    Para ello se favorece la promoción de espacios de encuentro en áreas temáticas específicas, entre gobiernos y sociedad civil, en función de propiciar el conocimiento mutuo, la eventual coordinación de acciones, creación de coaliciones, agendas políticas, así como otro tipo de iniciativas de intercambio que viabilicen el trabajo concertado.

    El Proyecto promueve la amplia participación e incidencia de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados en el diálogo oficial con las organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos encuentros nacionales, regionales e internacionales.
    Mantiene un registro de OSC extranjeras e internacionales que no trabajan en Argentina, pero hacen conocer su interés en vincularse con OSC argentinas o de trabajar en el país.

    A su vez fomenta la creación de espacios de participación ciudadana en UNASUR y CELAC, en conjunto con la Representación Especial para la Integración y la Participación Social (REIPS).

    Se impulsa la articulación de los espacios de participación ya existentes en los diferentes encuentros regionales e internacionales para lograr mayor sinergia entre los representantes de las organizaciones y redes. Dichas redes son interlocutoras de amplia representatividad ya que nuclean a un número significativo de Organizaciones Sociales.

    Desde el comienzo de 2004 la actividad principal del grupo de trabajo estuvo centrada en el fomento a la participación ciudadana en los distintos encuentros regionales y ante organismos internacionales. Entre ellos se destacan las Cumbres de las Américas, Asambleas Generales, Conferencias de las Naciones Unidas (ECOSOC), Foro Social Mundial, Foro Social de las Américas, Foro de Sao Paulo, COPPPAL, Cumbres Iberoamericanas, Cumbres de la UNASUR y, en conjunto con la REIPS, las Cumbres del MERCOSUR, entre otros.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 6, 7, 8
    CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL

    La REIPS busca acercar a la sociedad civil a toda aquella información de su interés respecto a la política exterior y procesos de integración en MERCOSUR.

    Las reuniones plenarias del CCSC se organizan en la Cancillería Argentina y cuentan con la presencia de distintos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Culto. Hoy por hoy, se siguen sumando nuevas comisiones que trabajan de manera descentralizada y las cuales muchas veces son invitadas a participar de reuniones de algunos de los órganos del MERCOSUR.

    Como puede observarse, los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana suponen un abordaje multiagencial y coordinado entre los distintos niveles de gobierno y áreas operativas del Estado. Desde la creación del Ministerio de Seguridad se ha dado lugar a un planeamiento participativo y de gestión asociada Estado-Comunidad que hace de la necesidad de reducción de la violencia -condición básica para la integración y la construcción de ciudadanía-, el eje central de la intervención multiagencial del Estado. Tratándose ésta de una perspectiva que, además de responder a una inequívoca decisión política de inclusión de los sectores más postergados, responde a los estándares fijados por la doctrina internacional, tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009.
    En Materia de Capacitación y Formación del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, los lineamientos más importantes han sido:
    • Optimización de la formación de los recursos humanos de la organización conforme doctrinas, técnicas y prácticas profesionales que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.
    • Desarrollo de iniciativas de formación y difusión en materia de Derechos Humanos (DDHH) para integrantes de las Fuerzas policiales y de Seguridad (FFPPySS).
    • Fortalecimiento de la inserción profesional de la mujer en la Institución.
    • Reformulación de los planes y adecuación de la formación del personal que ingresa de las cuatro Fuerzas Federales. Convenio de Asistencia Técnica con el Ministerio de Educación para fortalecer el proceso de rediseño curricular.
    • Intervención y rediseño de los órganos de gobierno de los institutos universitarios de las FFPPySS, respondiendo a las directivas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Destacándose el proceso de reordenamiento del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), con la designación de nuevas autoridades y un nuevo estatuto.
    • Cooperación con 12 instituciones provinciales de formación policial, en el marco del convenio con el Ministerio de Educación de la Nación.
    • Modificación de los nombres de las tres escuelas de formación de la Policía Federal Argentina (PFA), contribuyendo a que estos espacios proclamen valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.
    • Reforma de los aspectos formativos de los grupos tácticos operativos a fin de asegurar estándares de profesionalismo y protección de los derechos humanos de sus integrantes.
    • Dictado de capacitaciones vinculadas a mediadores en manifestaciones públicas y protestas sociales.
    Asimismo, en materia de género y derechos humanos, se ha impulsado -entre otros- los siguientes cursos de capacitación y proyectos:
    • Capacitación de personal de las Fuerzas Policiales en el marco de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en Condiciones de Vulnerabilidad.
    • Capacitación de personal de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval sobre “El Tratamiento de los casos de violencia”, dictada por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
    • Curso Virtual “Introducción a los Derechos Humanos y la perspectiva de género en las Fuerzas de Seguridad”, organizado por la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. El curso se repite a lo largo de todo el año y está dirigido todos/as los/as jefes y subjefes de áreas estratégicas, o aquel personal que por la índole de sus funciones precise tener dichos conocimientos y todo el personal de las cuatro Fuerzas Policiales y de Seguridad que deseen cursarlo voluntariamente.

    Proyectos e iniciativas:

    • Vigilancia de Derechos y garantías: Canal de denuncias sobre irregularidades y/o delitos presumiblemente cometidos por miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que resguarde al denunciante de sanciones disciplinarias (Resolución N° 1019/11). Sistematización y recepción de denuncias y demandas de las víctimas u organismos que representan a las víctimas.

    • Resguardo de los Derechos de la Infancia: Relevamiento de las agrupaciones de Gendarmería Infantil que se encuentran funcionando en el país (74 agrupaciones de Gendarmería Infantil con asiento en 17 provincias, con 8600 niñas, niños y adolescentes participantes). Acuerdo con la Dirección Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social para el desarrollo de una agenda en materia de jóvenes y seguridad.

    • Respeto a la Identidad de Género: Regulación del trato y registro de personas por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (Resolución N° 1181/11). Adecuación de las normas de detención de personas de acuerdo a la identidad de género adoptada o autopercibida (Resolución N° 1181/11).

    • Derechos Humanos del personal:
    - Eliminación de la necesidad de autorización para contraer matrimonio (Resolución N° 548/11).
    - Prohibición de consultas sobre creencias religiosas: (Resolución Ministerial N°59/2012) instruye a los Jefes de las cuatro Fuerzas dependientes del Ministerio a revisar la normativa, reglamentación y criterios de ingreso vigentes a fin de dejar sin efecto las regulaciones que exigen declaraciones respecto de la religión del personal y/o quienes aspiren a integrar dichas instituciones. Las Instituciones Policiales ya han adecuado su normativa al respecto.
    - Adecuación de las pautas de organización de exámenes de ingreso y ascenso respetuosas de la dignidad de las personas (Resolución 131/2012) instruye a las Fuerzas a adecuar la normativa, criterios de ingreso y formularios vigentes en su ámbito interno a fin de establecer las pautas generales para la organización y realización de los exámenes médicos de aptitud psicofísica que se efectúen al personal y/o quienes aspiren a integrar dichas Instituciones. Entre los criterios establecidos en la Resolución se encuentra la prohibición de consultar sobre convicciones políticas, ideológicas, filosóficas y/o morales; la duración máxima de los exámenes a fin evitar esperas y ayunos prolongados, etc.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 9
    En lo que refiere al compromiso de proteger a todas las personas, especialmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, de todas las formas de trata de personas y de explotación sexual y económica, de prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil , y de eliminar el trabajo forzado -presente también en el párrafo 18 de la Declaración de Puerto España-, se informa que, en julio de 2011, la Argentina tomó una medida sin precedentes al dictar la Presidenta de la Nación el Decreto N° 935/11 de Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual.

    El Decreto N° 936/11 reglamenta las leyes N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y N° 26.485 de Protección Integral para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Permite, a su vez, dar cumplimiento a compromisos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC), especialmente su Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En este sentido, debe destacarse que en octubre de 2011, el Grupo de trabajo sobre la trata de personas que realiza el seguimiento de la CTOC, recomendó a sus 193 Estados Partes la adopción de medidas de prohibición de publicaciones que promuevan la explotación, siguiendo el modelo de la política Argentina .

    El Decreto N° 936/11 apunta, en primer lugar, a poner fin a las publicaciones que, por cualquier medio, puedan alentar o derivar en la captación de mujeres, niños, niñas y adolescentes para la trata de personas y la explotación sexual. En miras a ello, no sólo impide publicar anuncios que promuevan la oferta de sexo o que, de manera explícita e implícita, soliciten mujeres destinadas al comercio sexual, también prohíbe aquellos avisos que escondan esos propósitos aún cuando hagan referencia a actividades lícitas (Artículo 1°). De esta manera, el decreto profundiza el abordaje preventivo en materia de trata de personas que la Argentina promueve hace ya algunos años, dando visibilidad a la oferta sexual, pero también –y fundamentalmente- a la demanda, tanto aquella que generan las organizaciones delictivas que lucran con la explotación sexual ajena como la demanda social más amplia que la sostiene, la de los denominados ‘clientes’.

    En segundo lugar, merece destacarse la dimensión simbólica de esta medida que, en esencia, busca promover un cambio cultural. Un cambio paulatino, dirigido a eliminar los mensajes estereotipados que sostienen la desigualdad de género, discriminando y colocando las mujeres, niñas y adolescentes en una posición de subordinación. Para ello se crea un organismo específico, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (Artículo 2°), con competencias definidas (Artículo 3°) y procedimientos detalladamente pautados (Artículo 4°). De este modo, se genera un dispositivo concreto a los fines de monitorear aquellas publicaciones por medio de las cuales se tiende a naturalizar la feminización de determinadas actividades y/o situaciones y a invisibilizar la violencia que éstas encierran.

    Un último aspecto a resaltar se relaciona con los medios masivos de comunicación y el rol que éstos desempeñan a través de sus publicaciones. Pese a que la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes son temas frecuentemente abordados por los medios de comunicación en sus editoriales, secciones policiales y de sociedad, persisten publicaciones en las secciones comerciales que vehiculizan estos delitos. Al prohibir estas publicaciones, el Decreto N° 936/11 combate la participación y/o complicidad de los medios de comunicación en la configuración de los delitos de trata de personas y de explotación sexual.

    Para llevar adelante su tarea, la Oficina trabaja articuladamente con el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Otros organismos como el Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI) y la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación también contribuyen en la implementación del Decreto N° 936/11.

    Logros de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual en 2011:

    En los primeros seis meses de su puesta en funcionamiento, la Oficina monitoreó 74 medios gráficos nacionales, provinciales y locales, incluyendo revistas de distribución masiva. El 65% de los medios relevados se ajustaba a la nueva normativa, ya sea porque dejó de publicar los avisos vedados luego de la sanción del decreto y de las actuaciones de la Oficina, o bien porque no publicaba avisos de este tipo, por criterios de autorregulación.

    Entre julio y diciembre de 2011 se llevaron adelante 15 intimaciones a 13 medios gráficos. A partir de las mismas, 10 diarios dejaron de publicar los avisos prohibidos por los cuales fueron intimados, mientras que en otros casos fue necesario llegar a dictar sanciones, registrándose 4 apercibimientos en 2011.

    En esa primera etapa, se contabilizaron 123.713 anuncios en presunta infracción. El 76% de ese total de avisos fue publicado por solo 5 grandes diarios.

    Objetivos de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual para 2012:

    - Sostener los esfuerzos orientados al cumplimiento del Decreto 936/11 por parte de los medios de prensa gráfica, incrementando la cantidad de medios monitoreados y los niveles de acatamiento a la medida
    - Diseñar un procedimiento administrativo complementario para la erradicación de la difusión de avisos de oferta de comercio sexual en Internet y ponerlo en funcionamiento.
    - Relevar y sistematizar la información de los volantes de la vía pública que promueven la oferta de comercio sexual.
    - Promover investigaciones criminales de aquellos avisos sospechados de promover la trata con fines de explotación sexual y/o el proxenetismo
    - Alentar la cooperación de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en el marco de causas y/o investigaciones preliminares relacionadas con delitos de: trata de personas con fines de explotación sexual; promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución; y/u otros delitos que atenten contra la integridad sexual de las mujeres, niñas y adolescentes.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 9
    Políticas públicas contra la Trata de Personas

    La gestión políticas públicas vinculadas a la lucha contra la trata de personas han tenido un desarrollo prioritario desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2010.
    En el año 2011, las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales bajo la conducción de dicho Ministerio, lograron rescatar un total de 938 víctimas del delito de trata de personas, de las cuales 215 eran víctimas de trata con fines del explotación sexual, mientras que 723 de trata con fines de explotación laboral. Asimismo, se produjo un notorio avance en la extensión y eficacia de las acciones conducentes a la reducción de este delito. Así, en el año 2011, se logró superar ampliamente el número de víctimas rescatadas en años anteriores. Para ser más precisos, el rescate de víctimas (de trata y delitos conexos) se vio incrementado en un 187% en relación a la performance del año 2010 (en otras palabras, mientras que en el 2010 se logró rescatar a 569 víctimas, en el 2011 liberamos más de 1500 víctimas). También aumentó la cantidad de allanamientos y personas detenidas por este delito. Las Fuerzas efectuaron un total de 540 allanamientos por trata de personas, lo que implicó un aumento del 44% en relación a los operativos efectuados durante el año 2010 y detuvieron a 340 personas, es decir un 14% más que en el año 2010.
    Asumiendo las responsabilidades del combate al crimen organizado como una problemática compleja que no sólo involucra y requiere la investigación de los delitos cometidos, sino también formular y evaluar prácticas y políticas eficaces para prevenir, reprimir y sancionar este tipo de delincuencia, la Argentina ha impulsado y desarrollado como política de Estado la prevención del delito de trata de personas, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores.

    Nuestro país suscribió el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena en 1949. Reforzando este compromiso -en el año en 2008- luego de aprobar –como ya se mencionó- la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como Convención de Palermo) y su Protocolo Complementario, para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), promulgó la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

    El delito de la trata representa un atentado contra la libertad, la dignidad humana y constituye una grave violación a los derechos humanos: vulnera el derecho a la salud, a la educación y a la identidad, entre otros derechos fundamentales. Es la esclavitud del siglo XXI.

    El combate al crimen organizado y los delitos complejos, como lo es la trata de personas, exigen el fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender las particularidades y especificidades inherentes a cada uno de los fenómenos criminales.

    Con ese fin, desde su creación, en diciembre de 2010, el Ministerio de Seguridad ha encarado una multiplicidad de iniciativas tendientes a brindar una respuesta integral contra esta problemática a través de las siguientes líneas maestras de actuación:

    ? “MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS”, Resolución MS N° 171/12: A comienzos del año 2011, en el ámbito del Ministerio, se puso en marcha un espacio interno de trabajo en la materia, con el fin de impulsar, desarrollar, implementar y coordinar las políticas y programas que se adoptan en relación a esta problemática.

    ? ACCIONES DE COOPERACIÓN: Partiendo de la premisa que las redes de crimen organizado constituyen, en muchos casos, verdaderas empresas transnacionales que operan allende las fronteras, hemos celebrado Acuerdos con países de la región, entre otros, con los Estados de Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, entre otros. En el ámbito del MERCOSUR, a través de las Reuniones de Ministros del Interior (RMI), hemos ratificado el compromiso del Estado Argentino en la lucha contra este flagelo, estableciéndolo como un tema de agenda prioritario. En dicho marco, presentamos la “Guía de actuación regional para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos” que fue aprobada por los países de la región en junio de 2012 durante la Presidencia Pro Témpore del bloque. Finalmente, merece destacarse que de manera conjunta con la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil se elaboró un proyecto para el desarrollo y la implementación de un sistema integrado de información sobre la problemática de trata de personas a nivel regional, que cuenta con el apoyo económico internacional de la Unión Europea, a través del programa MIEUX-ICMPD.

    ? TRABAJO MULTIAGENCIAL: Entendiendo que el trabajo mancomunado es un requisito indispensable para el éxito de toda estrategia destinada a prevenir y combatir la trata de personas, hemos celebrado diversos convenios de cooperación y colaboración con las agencias gubernamentales que tienen intervención activa en el abordaje de esta problemática, tanto a nivel nacional como federal. Entre ellos: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Dirección Nacional de Migraciones; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además, se han iniciado tratativas para celebrar convenios de cooperación y asistencia técnica con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Desarrollo Social.

    ? ACCIONES DE COORDINACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO: Se colaboró y asistió de forma técnica en la redacción y elaboración del proyecto de ley para modificar la normativa de trata de personas vigente en nuestro país. Se mantuvo un encuentro con Diputados Nacionales de distintas fuerzas políticas, donde se informaron las acciones y políticas emprendidas por el Gobierno Nacional en materia de lucha con la criminalidad organizada y en particular el delito de trata de personas.

    ? ACCIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL FEDERAL: En el marco del Consejo de Seguridad Interior, se ha promovido la suscripción una serie de Protocolos y Acuerdos de Cooperación en la materia de Seguridad. En relación a la trata podemos mencionar el “Protocolo de Actuación para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas”. Dada la importancia de la medida adoptada, el protocolo ha sido ratificado por la mayoría de las provincias de nuestro país, para extender su vigencia también a las policías provinciales. Asimismo, actualmente se están desarrollando las gestiones necesarias para que las provincias puedan incorporarse al Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (“SisTrata”, creado por Resolución MS N° 848/2011).

    ? DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS: Para combatir de manera eficaz este flagelo, todas las acciones que emprendan las Fuerzas de Seguridad y Policiales deben enmarcarse en una estrategia integral que garantice la profesionalidad, la previsibilidad y el control civil. Sobre la base de estos pilares, el Ministerio de Seguridad dictó una serie de protocolos y guías de actuación para las Fuerzas de Seguridad y Policiales:

    - El “Protocolo de Actuación para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas” (Resolución MS N° 742/2011), el cual tiene por objeto regular la actuación de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en el marco de los procedimientos en los que intervengan con el fin de rescatar a víctimas de este delito.
    - La “Guía orientativa para la toma de denuncias en comisarías de la Policía Federal Argentina ante la posible comisión del delito de Trata de Personas”, el cual permite brindar al personal que cumple funciones en las comisarías de la Policía Federal una herramienta práctica para la detección temprana de posibles casos de trata de personas a la hora de recibir una denuncia de una posible víctima, familiares y/o testigos.
    - El “Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos” -elaborado por el Ministerio de Seguridad en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones- tiene por finalidad establecer criterios mínimos y pautas de acción comunes, con miras a la prevención del delito de trata de personas, la detección temprana y asistencia a sus posibles víctimas, la identificación de los presuntos tratantes, así como el registro estandarizado de la información sobre esta problemática.
    - Por último, se está trabajando en un “Protocolo de actuación para la detección de este delito en rutas nacionales” y en un “Protocolo para la recepción de denuncias a través del 0800 del Ministerio de Seguridad”.

    ? PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA TEMÁTICA: En el año 2008 se crearon en la Argentina unidades específicas en el ámbito de cada una de las Fuerzas de Seguridad Federales, a los fines de la prevención e investigación del delito de la trata de personas. Dichas unidades, desde la creación del Ministerio de Seguridad, han ido fortaleciéndose y profesionalizándose permanentemente, bajo la conducción operativa coordinada en base a criterios de política criminal fijados por la autoridad ministerial, para desarrollar una política estructural e integrada de esfuerzos estatales frente a la criminalidad en sus formas más complejas.
    • Fecha:  02/05/2013    Párrafos: 9
    ? ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LOS CUERPOS POLICIALES Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: El Ministerio de Seguridad ha trabajado en la formación profesional de cuadros especializados en materia de trata de personas. Entre otras, se desarrollaron las siguientes actividades de capacitación: Formación profesional de las Fuerzas de Seguridad; Formación de formadores de las Fuerzas en materia de género y trata de personas con fines de explotación sexual (curso elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –CSJN- y la Unidad Fiscal especializada –UFASE-); Módulo específico de trata de personas en los cursos de ascenso de oficiales y suboficiales, así como en la formación inicial policial; Seminarios específicos en la currícula de las escuelas de oficiales y agentes; elaboración de tarjetas de bolsillo con indicadores para la identificación de posibles víctimas de trata, destinados al personal de las Fuerzas; capacitaciones dirigidas al personal de la Policía Federal que cumple tareas en comisarías para la correcta aplicación de la “Guía orientativa para la toma de denuncias ante la posible comisión de un delito de trata de personas". Fueron capacitados más de 800 agentes de la PFA.

    ? PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CRIMINAL: Con el fin de jerarquizar el lugar que ocupa la información criminal, no sólo para conocer en profundidad las tendencias y mutaciones de la trata de personas en la Argentina sino, además, para contar con insumos útiles para la elaboración de diagnósticos calificados que favorezcan la toma de decisiones estratégicas, el Ministerio de Seguridad coordinó el trabajo con las unidades específicas en la temática que poseen las Fuerzas de Seguridad y Policiales, con miras a mejorar sus sistemas de relevamiento de información. El resultado, fue la construcción de indicadores sobre este delito y el desarrollo del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas, “SisTrata” (creado a través de la Resolución MS N° 848/2011) destinado a consolidar, de manera sistemática y uniforme, la información que resulte de los operativos realizados, así como de toda otra intervención que estas unidades puedan tener en el fenómeno.

    ? CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN: Se han diseñado diversas campañas de difusión, concientización y sensibilización sobre la trata de personas; entre ellas, las que se reseñan a continuación:

    - AFICHES, BANNERS Y FOLLETOS difundiendo la problemática de la trata de personas y el número telefónico gratuito para realizar denuncias del Ministerio de Seguridad, para su distribución en pasos fronterizos y terminales de ómnibus de larga distancia, a fin de alertar a las posibles víctimas que se encuentren en la etapa de captación y traslado. Los folletos elaborados, además, se difundieron en las oficinas de venta de Aerolíneas Argentinas y en la revista de abordo que se reparte en vuelos operados por dicha aerolínea y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.
    - SPOTS TELEVISIVOS difundiendo la problemática y los canales de denuncia del Ministerio, durante la televisación de los partidos de la liga profesional de fútbol, como a los pasajeros del transporte público automotor interurbano, mediante su proyección obligatoria en cada servicio de esa índole. Esta campaña se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Transporte.
    - Impresión de la leyenda “Trata de personas es esclavitud. Si sabés algo, denuncialo”, en todos los boletos que se emitan para los servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano, difundiendo el número gratuito para denuncias del Ministerio de Seguridad, tarea impulsada conjuntamente con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
    - CUADERNILLOS DE DIFUSIÓN “Política de Seguridad contra el Delito de Trata de Personas”, que difunden los canales de denuncia del Ministerio y contienen información respecto a: conceptualización del delito y el marco normativo de la trata de personas; estadísticas sobre los resultados de los procedimientos policiales y la labor llevada a cabo por el Ministerio en materia de trata de personas.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 68, 73, 76
    En primera instancia y reafirmando el espíritu del párrafo 68 de la Declaración de Puerto España, cabe resaltar que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina sostiene, tanto en el plano interno como en el internacional, una concepción de seguridad en sentido amplio, que abarca el pleno respeto a los derechos humanos y la aplicación eficaz de la justicia.
    Desde este perspectiva el acceso universal a la justicia, el goce irrestricto de los Derechos Humanos, y la seguridad de los ciudadanos constituyen pilares fundamentales para consolidar la paz, el desarrollo integral y la justicia social de la Nación.
    En tal sentido la Argentina aborda los ejes de justicia, seguridad y derechos humanos de manera articulada, desde un enfoque integral y multidisciplinario, que requiere necesariamente un abordaje multiagencial para hacer frente a las diversas problemáticas. Esta concepción constituye el cimiento sobre el cual se han diseñado y ejecutado las políticas públicas sobre la materia.
    En forma coherente y coordinada con los avances logrados en el ámbito interno, este Ministerio ha trabajado fuertemente para instalar la necesaria vinculación existente entre los temas de justicia y seguridad en los ámbitos subregionales, regionales y universales de los cuales participa activamente.
    Desde la celebración de la V Cumbre de las Américas a la fecha del presente informe, entre las medidas implementadas, que guardan relación con los mandatos emitidos por las Reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), cabe destacar las siguientes:
    EN EL PLANO INTERNO:
    • Programa integral de seguridad ciudadana. El Programa integral de protección ciudadana lanzado en el 2009, permite financiar con recursos no reintegrables a los municipios, para la incorporación de recursos y tecnología aplicables a la prevención y esclarecimiento de delitos, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sumando herramientas tecnológicas, operativas y de coordinación a la seguridad pública. En la actualidad se está en la segunda etapa de implementación de este modelo por el cual se fortalecerá a los gobiernos municipales en su función de colaboradores con los organismos competentes del estado provincial en la protección de la vida, la seguridad y propiedad de los ciudadanos. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, en materia de gestión de policía y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II).
    • Profundización del Programa acceso a la justicia para todos. A la fecha se inauguraron diez (10) centros de orientación y asesoramiento jurídico gratuitos para la población. Este servicio permite que los ciudadanos conozcan sus derechos, resuelvan los conflictos en este ámbito; y reciban asesoramiento cuando sea necesario defenderlos ante la justicia. (En línea a las medidas en materia de Participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II y en línea al punto 13 de la VIII REMJA referida a “acceso a la justicia”)
    • Lanzamiento del Primer Proyecto Federal de investigación criminal a través de los Ministerios Públicos de las 24 provincias argentinas.
    Se firmó un convenio que permitirá, con fondos que aportará el Estado nacional, la creación de cuatro laboratorios forenses dotados con tecnología de última generación. El acuerdo establece que el Gobierno nacional invertirá, en una primera etapa, 15 millones de pesos en la creación de Laboratorios regionales de investigación forense “con el objetivo de brindar a la investigación criminal todas las evidencias científicas imprescindibles, seguras, confiables y oportunas que requiere el proceso penal, propiciando el impacto que contribuya a la eficacia y eficiencia del funcionamiento de los operadores del sistema de persecución criminal; promoviendo el irrestricto respeto al debido proceso legal, consustancial con el Estado de Derecho; incorporando tecnología de última generación en materia de investigación criminal y dotando a los operadores del Ministerio Público Fiscal de los recursos técnicos de avanzada que ya se encuentran consensuados a nivel internacional como elementos de alto nivel indiciario y probatorio”.(En línea a las medidas en materia de Gestión de la Policía de la MISPA II y en línea al punto 3 inciso i del apartado I: Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas de la REMJA VIII).
    • Profundización del Consejo Federal a partir de la aprobación de su Reglamento. Este Consejo tiene entre sus objetivos: Proponer políticas y líneas de acción comunes en el área, que contemplen las problemáticas y particularidades regionales; Promover consensos y desarrollar anteproyectos de reforma con criterios uniformes para las distintas jurisdicciones; Propender al establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos ágiles, sencillos y económicos; Impulsar la innovación y el adelanto tecnológico en todas las jurisdicciones; Reglamentar estándares para la comunicación y el intercambio de información judicial; Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas y acciones propuestas.(En línea a las medidas en materia de Gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II y en línea al punto 6 inciso a del apartado II: Asistencia mutua penal y extradición de la REMJA VIII)
    • Articulación de Nación y Provincia. Las carteras de Estado nacional y provincial en materia de justicia y seguridad, pusieron en funcionamiento las Comisiones de Justicia y Seguridad a fin de coordinar el trabajo entre ambas. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública y en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II y en línea al punto 6 del apartado I: Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas de la REMJA VIII)
    • Ejecución del Programa Nacional de infraestructura carcelaria. Este Proyecto prevé ampliar un treinta por ciento el total de plazas del Sistema Penitenciario Federal mediante la construcción de cuatro cárceles modelo. El proyecto se basa en las pautas internacionales de operación descentralizada y arquitectura abierta, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales en la materia, los penales alojarán en forma diferenciada y sectorizada a procesados y condenados; menores y adultos; varones y mujeres; madres y condenados en el período de semi-libertad.
    Asimismo, cumplirá con todos los requerimientos de Ley en torno a que se les asegure a los internos contar con oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades.
    En ese orden, los espacios de programas están dimensionados para que los internos puedan estar ocupados por lo menos diez (10) horas al día, en actividades positivas en las que la escuela se plantea como un hito dentro del conjunto.
    La configuración general y el diseño arquitectónico reflejan los criterios penitenciarios actuales vinculados a una mayor apertura, sin que ello signifique poner en riesgo la seguridad de los internos, del personal o del propio establecimiento.
    Así, prevé una decreciente atenuación de las medidas restrictivas, conforme se desarrolla la progresividad del régimen penitenciario, con el objetivo de concretar un entorno que intenta reducir las diferencias entre la vida en prisión y la posterior vida en libertad. Está proyectado para el 2010 ampliar la construcción de estos centros penitenciarios a lo largo del país. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública de la MISPA II y en línea al punto 2 del apartado 6: Políticas penitenciarias y carcelarias de la REMJA VIII)
    • Implementación del Programa Desarme Voluntario, a través del cual fueron sacadas de circulación 107.488 armas de fuego (de las cuales, ya fueron destruidas más de 104 mil) que fueron entregadas por sus propietarios, además de 774.500 municiones. (En línea a las medidas en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II)
    • Firma de un entendimiento a través del cual los profesionales del Registro de la propiedad de la Capital Federal –dependiente del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos–, los funcionarios del Ministerio Público bonaerense recibirán asistencia para la resolución de “todas aquellas causas en que existan investigaciones judiciales relacionadas con delitos contra la fe pública y otras infracciones del Código Penal de la Nación vinculadas a los servicios de publicidad registral que tiene asignados por ley el Registro de la Propiedad” (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública y en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II)
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 69, 70, 76
    En lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere, y específicamente en materia de cooperación internacional en la materia, la Argentina ha suscripto y ratificado la mayoría de los convenios multilaterales que se ocupan del tema tanto de forma general como específica.

    En la tramitación de las rogatorias, ya sea en el marco de los tratados de cooperación, como en el ámbito de la ley interna, se ha incorporado la utilización de las nuevas tecnologías para su diligenciamiento y se incorporado la utilización de sistemas de “correo electrónico seguro”, como lo son el “Groove” (de la OEA) o el de la “IberRed” de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos. El uso de dichas herramientas ha sido incorporado en los nuevos convenios de cooperación concluidos o proyectados como forma eficaz de adelantar trámites y agilizar pedidos.

    Se han celebrado nuevos tratados bilaterales de cooperación en donde se condena específicamente el terrorismo y se promueven nuevas formas de cooperación para la facilitación de la asistencia. Un ejemplo reciente y de relevancia, es el del Tratado Asistencia Penal Mutua con la Confederación Suiza, (suscripto el 10 de noviembre de 2009), con trámite parlamentario y próximo a su aprobación legislativa en la Argentina, que prevé entre otras novedades, la de no poder invocar el secreto bancario para denegar la asistencia y en la posibilidad de utilización de las nuevas tecnologías para la cooperación.

    En materia de ciberdelito, la República Argentina ha aprobado la Ley N° 26.388, que modifica el Código penal e incorpora la tipificación de los delitos llamados “informáticos”.

    (Para más información sobre Terrorismo consulte las páginas 104-106 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina)
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 72
    La 47° Sesión Ordinaria de la Comisión Interamericana contra el abuso de drogas (CICAD), realizada en Washington los días 3/5 de mayo de 2010, aprobó la “Estrategia Hemisférica sobre drogas”, la cual subraya la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados miembros de la OEA, la conveniencia de encarar el problema mundial de las drogas con un enfoque integral (oferta y demanda) y equilibrado y el principio de responsabilidad común y compartida. Asimismo, la CICAD ratificó el compromiso de implementar las recomendaciones emanadas del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 74
    El Programa "Las víctimas contra las violencias” creado bajo Resolución 314/ 2006 el 13 de marzo de 2006 en el Ministerio del Interior, cuenta con tres Brigadas Móviles. Si bien las tres cumplen funciones asistenciales, los operadores durante sus intervenciones aportan información a las victimas para prevenir una nueva agresión (Se excluye de esta estrategia la Brigada Niñas) ya que sus víctimas, menores de edad insisten en afirmar que para ellas la prostitución a la que son sometidas se trata de “un trabajo” y se carece de recursos para intentar una reinserción social.

    En este momento el Programa mediante sus equipos presta colaboración al Programa “Acceso a la Justicia para Todos” desarrollado por el área de Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mediante reuniones en las áreas denominadas “villeras” dialogando en forma grupal con las adolescentes y mujeres de cada villa.

    El nombre del Programa “Las víctimas contra las violencias” implica intervenir con una filosofía que no solo sostenga a la víctima sino que ésta reclame al Estado por sus derechos vulnerados y solicite la sanción del/ os responsable/s.

    Estimamos que dichos principios constituyen uno de los fundamentos de las distintas formas de prevención posible de las violencias.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 75
    LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:
    PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO.

    Las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que a continuación se mencionan se encuentran publicadas en las siguientes páginas web: www.infoleg.gov.ar y www.renar.gov.ar. La normativa base para el control de armas de fuego en la Argentina son las Leyes 20.429. 24.492, 25.886, 25.938, 26.216 y 26.138 y sus Decretos Reglamentarios y modificatorios.

    Dictado Disposición RENAR N° 251/08

    Con la finalidad de ejercer un control eficaz en las operaciones de comercio internacional de armas de fuego, materiales de usos especiales, repuestos y municiones se reglamentó, mediante el dictado de la Disposición RENAR N° 251 de fecha 6 de mayo de 2008, la normativa positiva relativa a la importación comercial, la exportación y el tránsito internacional del material controlado contenidas en la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, en el Decreto N° 395/75, y demás normativa de aplicación destacándose que, antes del dictado de la mentada disposición, la materia no se encontraba regulada ordenándose, de esta forma, los procedimientos administrativos relacionados con este tipo de operaciones.

    Cabe destacar que, mediante la sanción de la ley N° 26.138 se aprobó el PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES que complementa la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL que establece que cada Estado Parte dispondrá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

    A tales efectos y mediante el dictado de la mencionada Disposición RENAR N° 251/08, se establecieron los procedimientos que garantizan el cumplimiento de lo normado por la Ley N° 26.138 y se han tomado los recaudos a fin de asegurar que los estados importadores hayan emitido las correspondientes autorizaciones de exportación y los estados de tránsito hayan otorgado los pertinentes permisos para que el material en cuestión transite por sus territorios, como así también, se han regulado los recaudos de la documentación que requieren estas tramitaciones.


    MARCAJE, REGISTRO Y RASTREO DE ARMAS en cumplimiento de lo dispuesto por el "Instrumento Internacional para permitir a los Estados identificar y localizar de forma oportuna y fidedigna armas pequeñas y ligeras ilícitas", conforme fuera adoptada por la Resolución 59/519 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Marcaje.

    Los fabricantes autorizados deben aplicar marcas adecuadas y fiables en cada arma como parte integral del proceso de producción del material producido en el país. En efecto, para el caso de las armas de guerra, además de las marcas de fábrica. Una numeración correlativa (número de serie) por clase de arma, colocadas en las piezas más importantes (cañones, armaduras, correderas, cerrojos almacenes. etc.). Las armas de uso civil llevarán la marca y numeración correlativa en una pieza fundamental de manera que esta última sea visible sin desmontar parte del arma (Decreto 395/75, Anexo 1, artículo 11). En este sentido, las marcas están ubicadas en la superficie exterior, son visibles, sin instrumentos técnicos, claramente reconocibles, legible, duraderas y en la medida de lo técnicamente posible, son también recuperables. Una cuestión de fundamental importancia respecto de la ubicación de las marcas es que las mismas se realizan en los repuestos principales, constituidos por los componentes de soporte sobre los que se ensamblan las demás partes y accesorios de las armas y las piezas estructurales que proporcionan el cierre y bloqueo del mecanismo de disparo y guiado del proyectil, debiendo considerarse tales como: los armazones, las básculas de escopetas, los bloques y sistemas de cierre, los cajones de mecanismos, los cañones, los cerrojos, las correderas, y los tambores, cuya destrucción haría a las armas permanentemente inoperables e impediría su reactivación. La marca incluye la siguiente información: nombre del fabricante, el país de fabricación, el número de serie alfanumérico, el tipo y modelo del armas y su calibre.

    Para el caso de las armas importadas, el mismo Decreto establece que dichas armas deberán tener marca de fábrica y número de serie. En el caso que dicha marca y numeración esté ausente, las armas de guerra se marcarán, en oportunidad de su remisión al RENAR, (Decreto 395/75, artículo 11). Asimismo, la normativa se completa con la disposición de la Administración Nacional de Aduana 3115/94 y sus modificatorias que en base a la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas reglamentarias, en el Anexo III, punto 1.3 establece que todas las armas de fuego que se importen al país deberán llevar la marca de fabrica y numeración y que (...) siempre que la de la inspección visual de las referidas armas no surja que las anteriores marcas y numeraciones han sido hechas desaparecer, en cuyo caso se dará intervención a la autoridad competente - Autoridad Local de Fiscalización (ALF). En la misma forma se procede para las armas de guerra y de uso civil. Por último, el sistema Informático Maria que registra las destinaciones de Importación y Exportación, exige al documentante que declare: marca y modelo, tipo de acción (simple o doble): calibre, sistemas de disparo tiro a tiro, repetición o semiautomática. Para el caso de las armas fabricadas para su exportación, se graba o estampa en ella una marca que permite identificar el país de importación.

    En la legislación argentina, la transferencia de armas de los arsenales estatales al mercado civil no está prevista, siendo dichas armas en desuso destinadas a su destrucción. El método utilizado para la destrucción de las armas es la trituración y posterior fundición, lo cual garantiza que las mismas no sean recicladas para ningún uso. Por su parte, las armas ilícitas encontradas en el territorio son marcadas y registradas en forma única, mantenidas en un lugar seguro y destruidas a la mayor prontitud posible.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 68, 73
    • Acceso a la información. El programa -diseñado por el Registro Nacional de Reincidencia- informará acerca de los pedidos de captura y rebeldía que recaen sobre una persona, cualquiera sea la jurisdicción en la que haya delinquido.
    Todos los jueces penales, miembros de las fuerzas de seguridad, policías provinciales, y fiscales debidamente autorizados por el Registro Nacional de Reincidencia podrán acceder a una base de datos específica certificando la existencia o no de procesos penales respecto a un individuo. (En línea a las medidas en materia de Gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, en materia de gestión de la policía, y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II y en línea al punto 8 del apartado I: Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas de la REMJA VIII))
    • Articulación con las Universidades. El Consejo Permanente de Decanos de Derecho de Universidades Nacionales anunció que colaborará en los programas estratégicos que se encuentra elaborando el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II)
    • Campañas de capacitación y asistencia a los municipios en la implementación de estrategias tendientes a fortalecer las políticas de Estado en materia de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional. Para lo cual se firmó un convenio de cooperación a través del cual la Secretaría de Derechos Humanos y la Federación Argentina de Municipios (FAM) se comprometieron a construir una relación complementaria en áreas de investigación técnica, académica, cultural y de desarrollo, y a favorecer la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de interés mutuo. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II)

    EN EL PLANO INTERNACIONAL
    MULTILATERALES
    MERCADO COMÚN DEL SUR Y PAÍSES ASOCIADOS (MERCOSUR):
    • La Argentina pesentó, en el ámbito de las Reuniones de Ministros de Justicia y de Ministros de Interior del MERCOSUR, en el transcurso del primer semestre del 2010, el documento denominado “Principios y Directrices Básicos del MECOSUR en materia de justicia, seguridad y derechos humanos como ejes necesarios para el avance en la integración regional” que fue negociado y aprobado por los Ministros de ambas carteras en mayo último. El citado documento cuyo contenido responde acabadamente a su titulo, encuadra de lleno en las previsiones del párrafo 68 de la Declaración de Puerto España, y constituye un notable avance en el acercamiento entre las Reuniones de Ministros de Justicia y de Ministros de Interior del MERCOSUR y Estados Asociados.
    • También en mayo del 2010, las Reuniones de Ministros del MERCOSUR citadas en el punto anterior aprobaron el Acuerdo sobre Equipos de Investigación Conjunta, el citado acuerdo constituye una herramienta moderna y operativa de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que encuentra su fundamento en la cooperación entre dependencias de los Ministerios de Justicia de los países que componen el MERCOSUR y Estados Asociados y de los Ministerios de Interior de los mismos países.
    • Otro documento presentado por la Argentina en el ámbito de las Reuniones de MERCOSUR arriba citadas, y que merece ser mencionado en el presente informe, es el “Compilado de Instrumentos Internacionales que contienen normas en materia de cooperación: judicial, penal, administrativa y/o policial”. El citado documento que refleja el estado de avance que el MERCOSUR tiene en materia de cooperación judicial, penal, administrativa y policial entre los países del bloque, fue negociado y aprobado en las Reuniones de Ministros de Justicia y de Interior del MERCOSUR en mayo del corriente año.
    • Los documentos mencionados en los dos ítems anteriores fueron presentados en el marco de la Conferencia que organizara la Argentina el día 6 de mayo próximo pasado, denominada “Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tres ejes para la integración del MERCOSUR”. En este evento, expusieron el Señor Ministro de Justicia de la República Federativa del Brasil, y el Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina. En ambas exposiciones se resaltó la necesaria complementariedad que deben tener las políticas de seguridad con las de justicia, así como el respeto a los Derechos Humanos como eje transversal a las mismas.
    • Asimismo, resulta dable de destacar como resultado de las citadas Reuniones de Ministros de Justicia y de Interior del MERCOSUR de mayor del corriente año, la suscripción de la llamada “Declaración de Buenos Aires de trata de personas, con fines de cualquier forma de explotación”. En la citada Declaración los Ministros del bloque coincidieron en la necesidad de presentar en el ámbito de Naciones Unidas, una resolución que reflejando los avances existentes en la región en materia de lucha contra la trata, planteara expresamente la necesidad de visualizar negativamente la figura del llamado cliente o usuario y de reflexionar sobre su eventual sanción. Asimismo remarcara la necesaria protección a las víctimas, haciendo especial hincapié en el irrestricto respeto a los derechos humanos de las mismas. En tal sentido mandataron al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina y al Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, para que se efectuara en el ámbito de la 19° Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONUDD, la pertinente presentación.
    Se dio cumplimiento a tal mandato, obteniendo como resultado la aprobación de una resolución que responde a los fines buscados.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 68, 73
    CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS (COMJIB)
    En el transcurso de los últimos meses el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, ha trabajado activamente en el ámbito de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB), desarrollando los documentos que serán suscriptos por los Ministros de Justicia Iberoamericanos en el mes de octubre del corriente año. Entre dichos documentos, caben ser señalados por guardar relación con la materia del presente informe:
    • Directrices sobre normas mínimas y comunes para la sanción penal de trata de personas, asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas. Todas ellas, hacen hincapié en la necesaria cooperación internacional para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada transnacional.
    • Acuerdo sobre uso de video conferencia.
    • Recomendación relativa al acceso a derechos de las personas penalmente privadas de la libertad en Iberoamérica.
    En este punto es dable señalar que en mayo del corriente año se suscribió entre este Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos de la Argentina y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, un acuerdo sede por el cual se crea en Buenos Aires, la primera oficina regional de la COMJIB. Esta oficina tendrá entre sus objetivos fundamentales el avance en mecanismos de cooperación entre los Ministerios de Justicia de la región.

    ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
    • En abril del corriente año, en el marco de la VIII REMJA el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina suscribió con la Secretaría General de la OEA un memorando de entendimiento destinado a integrar la Red Hemisférica de intercambio de información para la asistencia mutua en materia penal y extradición.
    • En el marco de la OEA, específicamente en cumplimiento a los mandatos de la REMJA cabe mencionarse como últimos antecedentes, los siguientes:
    a. Participación en el GRUPO DE TRABAJO EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN (31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2009) San Salvador, El Salvador.
    b. Participación en el GRUPO DE TRABAJO EN CIENCIAS FORENSES (24-25 Septiembre 2009) Sede de la OEA
    c. Participación en el GRUPO DE TRABAJO TRATA DE PERSONAS(Viena, Austria - 21 de abril de 2009) Reunión de Expertos sobre el Marco de Acción para una efectiva implementación del Protocolo de Palermo
    d. Participación de la Reunión de DELITO CIBERNÉTICO (21 y 22 ENERO – 2010) (Doc: CIBER-VI/doc.4/10 rev. 1)
    e. Realización en Buenos Aires, del Primer Taller de entrenamiento sobre la Encuesta de las Naciones Unidas sobre tendencias del crimen y operaciones de los sistemas criminales, organizada por la OEA conjuntamente con la ONUDD.

    • Asimismo y como resultado de la Segunda Reunión de Altas Autoridades en materia en trata de personas de la REMJA, realizada en Buenos Aires en el año 2009, en el transcurso de los últimos meses, en el ámbito de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, se ha redactado el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental 2010- 2012. En dicha redacción este Ministerio tuvo una activa participación, promoviendo que en el mismo se reflejasen los avances que sobre el tema usuario o cliente se registraron en la REMJA VIII de febrero de 2010.

    NACIONES UNIDAS (ONU)
    • En mayo del corriente año, el Ministerio de Jusitica, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina suscribió con el Representante Regional de la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito (ONUDD) el documento “Compromiso de creación de una oficina de dicha organización internacional en Buenos Aires”, destinada a colaborar y coordinar local y regionalmente acciones de lucha contra la droga y el delito.
    • En abril del corriente año, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos humanos participó del 12° Congreso de prevención del delito y justicia penal de la ONU, pronunciándose en el mismo a favor de los avances en línea de trabajos conjuntos y coordinación de los Estados en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, siempre en el marco del irrestricto respeto de los derechos humanos.
    • También resulta dable de destacar, la realización en Buenos Aires, de la Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de expertos de composición abierta “Mejoramiento de la recolección, presentación y análisis de información para aumentar los conocimientos sobre las tendencias en esferas delictivas concretas” de la ONUDD.
    CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHOS INTERNACIONAL PRIVADO
    • Relacionado con avances en medidas de cooperación e intercambio de información resulta dable de señalar, la firma del Memorandum de Entendimiento entre los Ministros de Justicia o equivalentes de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador y la República del Perú, junto a la Conferencia de la Haya de Derechos Internacional Privado, a fin de unificar progresivamente las normas de derecho universal privado, y armonizar la legislación a nivel regional.

    BILATERALES
    En el transcurso de los últimos meses el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ha avanzado en la negociación y suscripción de instrumentos bilaterales tendientes a la implementación de mecanismos de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional con el Ministerio del Interior de la República de Serbia, y con el Ministerio del Interior de la República de Israel.
    Asimismo se han mantenido conversaciones tendientes a avanzar y/o profundizar mecanismos de cooperación con el Ministerio de Interior de Bolivia, con el Ministerio de Justicia de Chile, con los Ministerios de Justicia de Turquía, Líbano y Marruecos.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 75
    3.2. Registro y Rastreo de las armas.

    Ley 25.938

    Como oportunamente se informara mediante la sanción de la Ley 25.938 se creó un Registro bajo competencia de este Registro Nacional de Armas en el cual se asientan los datos correspondientes a las armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones y demás materiales controlados incluidos en la ley Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales, Fuerzas de Seguridad, Policía Federal Argentina y Policías Provinciales, y demás organismos competentes en el ejercicio de las atribuciones que le son propias.

    En cuanto a la implementación de la ley N° 25.938 el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS ha gestionado con los Poderes Ejecutivos provinciales, las Supremas Cortes de Justicia provinciales y los diferentes Poderes Legislativos provinciales la adhesión a la misma, resultando Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan, Santa Fe y Neuquén. Se encuentran en vías de adhesión las provincias de Salta, Córdoba y Entre Ríos.

    El total de armas destruidas, durante el transcurso del año 2009, en el marco de la Ley N° 25.938 fue de MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (1884).

    Teniendo en cuenta la normativa vigente con relación a los legítimos usuarios, la regulación de la producción, comercialización interna, exportación, importación, tránsito y destrucción de las armas, así como la reglamentación aplicable para la correcta identificación de las armas, se obtiene un registro adecuado para el correcto y fehaciente rastreo de las armas de fuego. El Estado argentino exige que los registros de armas de fuego en poder de empresas que cesen en su actividad sean entregados al RENAR de conformidad con la legislación vigente.

    El Registro es un Banco Nacional Informatizado de Datos a cargo del RENAR y fue puesto en funcionamiento en el año 1993. El mantenimiento de la información es por tiempo indefinido y centralizado.

    Por su parte, a partir de la adopción de la Ley 25.938 sobre Armas Incautadas, la Argentina cuenta con una herramienta fundamental para poder establecer los posibles desvíos de las armas hacia el mercado ilegal, identificado su último usuario legal.

    Respecto de las disposiciones del instrumento sobre rastreo y marcaje en materia de cooperación y asistencia, se destaca que la Argentina se encuentra en condiciones de prestar asistencia técnica, bilateral y multilateral, previa petición de las autoridades competentes, en el fomento de la capacidad nacional en las áreas de la marcación.

    PENALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS.

    La tipificación del delito de fabricación ilegal, posesión, almacenamiento y comercialización de armas de fuego se encuentra contenido en diferentes medidas legislativas del Código Penal argentino, la Ley 24.492, la Ley 25.882, el Código Aduanero (sección XII, Disposiciones Penales. Título I (Delitos Aduaneros, Capitulo 1: Contrabando).

    La República Argentina da a publicidad a través de Resoluciones Ministeriales – según lo establecido por el Decreto N° 1521/2004 - las medidas obligatorias impuestas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en aplicación del articulo VII de la Carta, incluyendo aquí las disposiciones referidas a embargos de armas. De esta manera quedan definitivamente incorporadas al ordenamiento jurídico interno.


    INCAUTACIÓN. RECOLECCION, DECOMISO y DESTRUCCIÓN DE ARMAS:

    Incautación I Decomiso.

    La Ley 20.429 sobre Armas y Explosivos establece en su artículo 36 inciso 6, como una de las sanciones a aplicar, el decomiso de material en infracción. Su decreto reglamentario 395/75, Articulo 141, dispone "la suspensión provisional de permiso de autorización, la clausura provisional y el secuestro del material en infracción podrán ser resueltos por la autoridad competente cuando dicha medida se funde en razones de seguridad o para evitar la comisión de nuevas infracciones y hasta tanto se dicte resolución definitiva. Se podrá disponer el decomiso y destrucción del material secuestrado, cuando así lo impongan urgentes razones de seguridad".

    La Ley 25.938, adoptada en octubre de 2004, crea el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados Secuestrados e Incautados, bajo competencia del RENAR. El objetivo de la Ley es contar con un Registro centralizado al cual todas las jurisdicciones están obligadas a dar información detallada acerca de las armas secuestradas bajo su jurisdicción (números de serie, personas involucradas y lugar del depósito). Asimismo, faculta al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Registro Nacional de Armas y Secretaria de Seguridad Interior) para establecer normas y procedimientos obligatorios de seguridad para la gestión de los depósitos y arsenales de dichas armas, y por último, establece la necesidad de proceder a la destrucción de las armas en la medida que dicha destrucción sea posible.

    Actualmente, el RENAR está implementando los procedimientos y análisis estadísticos de la información que permitirá identificar los modos de operación, aplicar medidas preventivas y determinar procedimientos para optimizar la investigación de la procedencia de los materiales controlados con los cuales se cometen los ilícitos.

    En cuanto a la implementación de la Ley 25.938, el Registro Nacional de Armas está trabajando activamente a nivel provincial en el relevamiento de las capacidades logísticas de las Fuerzas de Seguridad Provinciales y Nacionales para colaborar en la provisión de los espacios físicos necesarios para almacenar las armas, explosivos y materiales controlados provenientes de secuestros.

    Por su parte, el RENAR ha firmado un Convenio con la Procuración General de la Nación por el cual se ha creado la Unidad Fiscal para la Investigación de los delitos cometidos en el ámbito de actuación del RENAR (Resolución PGN N° 01/05). Se espera que con dicha Fiscalía se pueda aumentar la eficacia y eficiencia de las inspecciones, combatir la proliferación ilegal de armas, explosivos y pirotecnia, e investigar delitos relativos al uso o presencia de armas y materiales controlados, permitiendo optimizar la prevención y combate de los delitos cometidos con armas o explosivos.

    Destrucciones de armas.

    Proyección. A continuación se detalla la información registrada desde el año 1993:

    AÑO 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
    ARMAS DESTRUIDAS 916 3650 1376 2626 709 14822 3925 4381 14471 11200 4808 305 20037 32825 51672 167723

    El origen de las armas destruidas es el siguiente:

    - incautadas en procedimientos efectuados por la Policía que carecen de titular reqistral o con su numeración eliminada.

    - entregadas por juzgados una vez finalizados los procedimientos judiciales correspondientes para su destrucción registradas y no registradas, abandonadas por particulares para la destrucción entregadas en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO

    - rezagos (surplus) de origen policial.

    El método de destrucción empleado es la trituración y posterior fundición de armas de acero en el horno de fundición eléctrico y la destrucción de armas de aleación de antimonio mediante la adición de escoria a alta temperatura.

    Para la destrucción de armas excedentes de las Fuerzas de Seguridad, cada una de las instituciones remiten las armas al RENAR, y luego éste organiza la destrucción. Para llevarla a cabo resulta necesario una Resolución Ministerial firmada por el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
    • Fecha:  21/12/2010    Párrafos: 75
    CAMPAÑAS DE DESARME Y CONCIENTIZACION NACIONAL.

    PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO – LEY 26.216

    Mediante la sanción de la Ley N° 26.216 se creó el PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO.

    El mentado PROGRAMA consistió en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones para su destrucción, con la finalidad de, a cambio de un incentivo, propender a la disminución de su uso y proliferación, la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas y la sensibilización sobre sus riesgos.

    El PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, que funciona conforme los términos de la Ley N° 26.520 del 16 de diciembre de 2009, tuvo como uno de sus objetivos la reducción del circulante de armas en manos de civiles a partir de la recolección de armas de forma VOLUNTARIA y ANÓNIMA a cambio de un incentivo económico. Este plan de alcance nacional, formó parte de una política integral de control y prevención de la violencia armada que incluyó medidas de control del mercado legal y medidas de persecución del mercado ilegal de armas de fuego. El plan tuvo como objetivos: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego y municiones, la reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego, la sensibilización acerca de los riesgos de la tendencia y uso de armas, la promoción de una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos que desaliente la tendencia y uso de armas de fuego.

    La respuesta de la sociedad civil a la iniciativa ha sido sumamente satisfactoria, obteniéndose óptimos resultados, el total de armas de fuego recepcionadas conforme la Ley 26.216 fue de CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO (107.488) lo cual representa aproximadamente el 8.8 % del total de armas registradas en manos civiles.

    El material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue destruido por trituración y fundición. Desde la implementación del PROGRAMA Ley N° 26.216 se han realizado CUATRO (4) destrucciones de armas de fuego, mediante el método de trituración de esas armas y luego el de fundición que transforma el arma en escoria o material de hierro fundido.

    1ra: 24/10/2007 20.037 armas de fuego
    2da: 31/05/2008 32.825 armas de fuego
    3ra: 25/04/2009 20.249 armas de fuego