Señor presidente,

Esta trigésimo séptima sesión de la Asamblea General de los Estados
americanos nos reúne en la ciudad de Panamá para afianzar nuestros vínculos
de amistad y continuar profundizando el diálogo entre nuestras naciones.
La cuestión que nos convoca en esta ocasión, a partir de una muy oportuna
propuesta del gobierno de la República de Panamá, es de una relevancia
crucial para todos los habitantes de nuestro continente.
Efectivamente, la cuestión energética ya no puede ser analizada si no es en
el contexto del desarrollo sostenible. Hemos tomado conciencia, tardía por
cierto, de la influencia que todas las fases del ciclo de producción de la
energía -cualquiera sea su tipo- poseen en el amplio arco que va de lo
doméstico a lo global.
Hoy, la atención sobre la problemática de la energía es no sólo una de las
máximas preocupaciones de los gobiernos, sino de una sociedad cada vez más
responsable que se involucra en ella. Esto es así porque hemos comprendido
que la dimensión ambiental es la contrapartida de la dimensión energética.
¿Cómo hacer entonces para obtener dos valores que a primera vista podrían
parecer incompatibles? ¿Cómo cumplir acabadamente con una mayor
competitividad productiva, con mayores niveles de crecimiento económico y
mayores estándares de calidad de vida para lo que es imprescindible el uso
de la energía y al mismo tiempo cuidar el ambiente?
Precisamente adoptando los principios que hacen al desarrollo sostenible,
esto es, aquellos que tienen en cuenta la solidaridad y la equidad
intergeneracional.
La política de Estado siempre nos pone de cara al futuro, pero quizás sea el
concepto de sustentabilidad -en sus dimensiones ambiental, económica y
sociopolítica- el que en forma más clara nos sitúa frente al porvenir. Los
gobiernos de este siglo, sobre todo los de los países de América Latina,
sumamos a la urgencia de lograr la equidad y bienestar presente, la
responsabilidad de asegurarlos para el futuro.
En cambio, los países actualmente industrializados, no basaron su desarrollo
en los principios de sustentabilidad y hoy vemos cómo las actuales
generaciones sufren por ello. Pero ese padecimiento no se localiza
necesariamente entre quienes lo provocaron. Las catástrofes naturales
ocasionadas por el cambio climático y las consecuencias de la contaminación
local o la depredación de los recursos naturales afectan especialmente a los
países pobres, ya sea por su situación geográfica, por su historia de
dependencia o porque no poseen suficientes recursos para contrarrestarlos.
Al respecto, el presidente Néstor Kirchner dijo hace un año en Viena en
ocasión de la Cumbre entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea:
“Al desarrollar sus industrias los países más industrializados han
usufructuado un verdadero subsidio ambiental del resto de países .... Es
absolutamente claro que los habitantes de América Latina resultamos
acreedores ambientales del mundo industrializado”.
Los países en vías de desarrollo hemos tomado conciencia a tiempo de que la
industrialización y el crecimiento productivo, no podrá ser disfrutado si no
se atienden los recaudos de la sustentabilidad. Hablamos entonces de
desarrollo sostenible.
Para lograrlo, necesitamos de más y mejores tecnologías que nos permitan
tanto obtener una mayor eficiencia energética en el uso de los combustibles
fósiles, como en la producción de energía limpia a partir de recursos
renovables. Es necesario adquirir la capacidad necesaria para utilizar cada
vez más criterios de sustentabilidad de la producción de energía, tanto en
la evaluación como en el monitoreo de proyectos energéticos.
Pero además de las nuevas tecnologías y quizás más importante, sea lograr
una educación y una conciencia ambiental que nos conduzca a un uso cada vez
más racional de la energía. Lo vemos ya en muchas organizaciones sociales y
cada vez más en la práctica personal de los ciudadanos. Pero por su impacto,
es el sector privado productivo el que debe ser cada vez más exigente al
respecto, tanto por razones que hacen a su responsabilidad social como a las
necesidades de la competitividad empresaria.
Por supuesto, el rol de los gobiernos es imprescindible, tanto en la
producción de marcos regulatorios modernos como en la planificación de
políticas energéticas sustentables, la inversión en investigación y
desarrollo, la divulgación de programas de educación energética y el ejemplo
de mejora de sus propias prácticas de consumo en los organismos públicos.
Son los Estados quienes deben mejorar sus matrices energéticas,
diversificando la oferta, fortaleciendo la seguridad energética y asegurando
la accesibilidad para todos. Las políticas públicas energéticas, por su
necesaria estabilidad en el tiempo y por su vinculación con el modelo
productivo elegido, se convierten en políticas de estado que como tales
requieren de un consenso cada vez más amplio.
Tan amplio que las políticas energéticas en general exceden los límites
nacionales para requerir de un consenso regional multilateral. Es así que
para la Argentina, como para los países con los que comparte la región, el
eje energético es uno de los vertebradores de la integración sudamericana.

La integración energética ha sido destacada por los Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión de Naciones Sudamericanas en la Primera Cumbre
Energética, celebrada recientemente en la Isla Margarita, como herramienta
importante para promover el desarrollo social y económico y la erradicación
de la pobreza.
La adopción de políticas activas para el desarrollo de infraestructura
adecuada, así como la creación de condiciones apropiadas para la prestación
de servicios confiables, eficientes e inclusivos, han sido ejes de la acción
del gobierno del presidente Kirchner en este sector.
La Argentina posee una larga tradición como país productor de energías
fósiles, grandes complejos hidroeléctricos y uso pacífico de la energía
nuclear. En cuanto a las fuentes de energías alternativas, el gobierno
argentino ha tomado medidas y ha puesto en marcha políticas especificas como
expresión de su voluntad de mitigar el cambio climático y de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, como muestra de su interés en la
protección de los ecosistemas. La reciente legislación sobre la
incorporación de biocombustibles, es una muestra de ello.
Por supuesto también, más allá de los límites regionales, para los países
menos desarrollados resulta de suma importancia la cooperación internacional
y particularmente, la recepción de inversiones sustentables en materia
energética.
Es necesario en este contexto, subrayar la relación entre energía, ambiente
y pobreza. La universalidad del acceso a la energía, derecho del que todavía
no gozan todos los habitantes en nuestro continente, está directamente
relacionado con la incidencia del costo energético en la canasta básica y en
la posibilidad física del acceso. En este último aspecto, crítico para las
zonas rurales o las comunidades muy alejadas, hoy se abren un sinnúmero de
soluciones gracias a la producción de energías limpias como la solar, la
eólica y la proveniente de pequeñas represas hidroeléctricas.
Vemos cómo, tanto el uso cotidiano doméstico como el uso productivo de la
energía están ligados al bienestar, a la justicia social y a la calidad de
vida. Pero también la energía ha estado y está ligada a la política y a la
democracia. En América Latina históricamente fue frecuente la relación entre
la propiedad y explotación de los recursos energéticos y los golpes de
estado. Hoy, lejos de esa etapa lamentable, la cuestión energética se liga
también con la gobernabilidad democrática y con las posibilidades de
desarrollo. Vemos así en toda su dimensión la importancia del tema que nos
convoca en esta trigésimo séptima Asamblea.
El concepto de desarrollo sostenible involucra todos estos aspectos, es
mucho el tiempo perdido pero aún podemos enderezar nuestras acciones. La
Organización de Estados Americanos brinda una vez más su marco de diálogo,
debate y consenso sobre un tema que nos involucra a todos.

Muchas gracias.