Para lograr políticas públicas efectivas, los países de la región, requieren una adecuada capacidad de recolección, procesamiento, análisis y difusión de datos, especialmente en el campo de la seguridad En los últimos cinco años, las Américas han enfrentado formas cada vez más complejas de amenazas y desafíos a la seguridad de las personas. Para colaborar con sus Estados Miembros y evitar el riesgo de que los gobiernos tengan que desarrollar sus políticas de seguridad limitadamente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) creó recientemente el Observatorio Interamericano de Seguridad Ciudadana http://www.alertamerica.org/ que, entre otras metas, busca aumentar la base de conocimientos sobre las tendencias de la criminalidad y las operaciones de los sistemas de justicia en la región.

Actualmente, gran parte de la información sobre la criminalidad y violencia en los Estados Miembros de la OEA proviene de datos parciales, desarrollados individualmente por ciertas instituciones del Estado. Las policías, fiscalías, prisiones y cortes de justicia presentan sus informes, con alguna regularidad, pero utilizando indicadores que dificultan la comparación internacional. Con el objetivo de fortalecer la creación de indicadores estandarizados para todos los países, la OEA firmó un acuerdo con las Naciones Unidas para que el organismo regional coordine la Encuesta Mundial sobre Criminalidad en el Hemisferio Occidental. Como resultado de este acuerdo, el Observatorio de Seguridad Ciudadana ya está divulgando la información oficial recolectada por los Estados Miembros. También se divulga la información recolectada a través de otros organismos del Sistema Interamericano, tales como los informes sobre tráfico y consumo de drogas, los datos sobre violencia contra la mujer, datos sobre corrupción y Cyber-delito, reporte de la justicia e informes sobre derechos humanos. De igual forma, se publican los resultados de las encuestas de victimización llevadas a cabo por los gobiernos de los Estados Miembros, así como datos adicionales sobre el desarrollo socio-económico de cada país y/o subregión del Hemisferio Occidental.

Durante la primera Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública, realizada en 2008, los países Miembros de la OEA adoptaron el Compromiso por la Seguridad en las Américas que, en cuanto a los indicadores, decide “alentar a los Estados Miembros a considerar el desarrollo de parámetros comparables en materia de seguridad pública a fin de mejorar nuestros esfuerzos de cooperación”. En esa región, son principalmente las instituciones policiales quienes tienen la función de gestionar la información sobre hechos criminales. Por su carácter de datos considerados “sensibles”, asociados a los servicios de inteligencia, estos indicadores tienen, muchas veces, una difusión restringida. A pesar de los reclamos de la sociedad civil exigiendo el acceso libre a la información, los pocos datos sobre violencia y criminalidad disponibles siguen, mucha vez, siendo propiedad exclusiva de algunos representantes del Estado. Razón por la cual se ve dificultada la labor de monitorear las políticas de seguridad ciudadana. Con el lanzamiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA, esta información pasa a estar disponible para todas las instituciones del Estado y para todos los sectores sociales, proporcionando a los países un instrumento capaz de medir la efectividad de sus acciones en el campo de la seguridad. Como instrumento regional, el Observatorio es el encargado de proveer dicha información de manera práctica y oportuna a los gobiernos, organismos nacionales, regionales e internacionales, sociedad civil, academia, y al público en general.

La elaboración de políticas públicas requiere, también, personal calificado, capacidad de decisión e información adecuada. Por ende, el Observatorio procura estimular el desarrollo de una cultura de la información estadística, apoyando el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales responsables por la producción de datos, evitando las duplicaciones de tareas y buscando coordinar las actividades de recolección de datos cuantitativos y cualitativitos en los países y a nivel subregional. Finalmente, el Observatorio pretende contribuir a una mayor racionalidad en el debate sobre la seguridad pública, propiciando un espacio intersectorial e interdisciplinario que facilite el desarrollo y monitoreo de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de la población. De hecho, el Observatorio de seguridad Ciudadana de la OEA ha logrado recolectar, en muy poco tiempo, una cantidad extensa de datos cuantitativos oficiales, sobre criminalidad y violencia, al igual que información cualitativa - que incluye normas jurídicas, políticas públicas, y lecciones aprendidas relativas a casi todos los Estados Miembros de la OEA. Esta información está disponible en la Web y en una serie de publicaciones del Observatorio sobre temas de seguridad pública.

Esta nueva iniciativa de la OEA es parte integral de los esfuerzos del organismo regional para apoyar a sus Estados Miembros en el enfrentamiento de un problema que no sólo atenta contra la seguridad, la salud, la integridad física y la vida de millones de habitantes de las Américas, socavando libertades individuales y derechos básicos, sino que afecta directamente los fundamentos del desarrollo económico y amenaza la integridad misma del Estado y de las instituciones democráticas de muchos países de la región.

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