La situación de los derechos humanos en Venezuela se puede resumir de la siguiente manera: son inexistentes los derechos humanos en Venezuela y el culpable de esta situación es la dictadura usurpadora de Maduro, con la ayuda de la dictadura cubana y de los grupos ilegales que operan con total impunidad en el territorio venezolano.

En nombre del Secretario General Luis Almagro agradezco tas intervenciones del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, de Tamara Suju, de Valentina Ballesta, de Tamara Taraciuk Broner y por supuesto de los Estados parte de este Consejo Permanente, que agregan todavía más evidencia a la que la comunidad internacional ya viene acumulando desde al menos febrero de 2014, confirmando la destrucción intencional y sistemática de los derechos humanos del pueblo venezolano.

Mientras recolectamos más y más evidencia y reportes técnicos sobre la grave situación de los derechos humanos en el país, se continúa requiriendo de la comunidad internacional acción y asertividad para restablecer los derechos humanos, la democracia y la justicia en Venezuela.

Desde 2016, la Secretaría General ha publicado cuatro reportes extensivos -en mayo de 2016, marzo de 2017, julio de 2017, em septiembre de 2017- con evidencia y análisis detallado sobre la alteración y rompimiento del orden constitucional, el deterioro precipitado de la situación humanitaria y el despojo al pueblo venezolano de sus derechos humanos fundamentales por parte del Régimen de Maduro.

En el informe de mayo de 2018 elaborado por la Secretaria General de la OEA y el Panel de Expertos Internacionales Independientes, el cual se remitió a la fiscal de la Corte Penal Internacional, se advirtió sobre la evidencia de la existencia de crímenes de lesa humanidad con pruebas, entre otras de: cientos de manifestantes asesinados; cientos de manifestantes y opositores torturados; más de 8.000 ciudadanos ejecutados de modo extrajudicial con el ánimo de ejercer control social lo cual fue reportado por la OEA pero también figura en el informe de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michel Bachelet.

También más de 12.000 detenciones arbitrarias en el momento del informe que hago referencia y que hoy superan 15.000. Un número incuantificable de venezolanas y venezolanos afectados por la falta de medicinas y servicios médicos, entre los cuales, lamentablemente, muchos han fallecido y millones de personas afectadas por la falta de alimentos, de electricidad, de agua potable y 4 millones que se han visto forzado a exiliarse o a emigrar.

Permítame detenerme, Presidenta, sobre el reciente informe que la Secretaría General de la OEA y el Instituto CASLA presentaron en la pasada semana relativo a reporte técnico sobre los crímenes cometidos contra comunidades indígenas por parte de la dictadura venezolana.

Como se documenta en el informe citado, distintas comunidades de la etnia Pemón y los habitantes de la capital del municipio, Santa Elena de Uarién, fueron objeto de un ataque militar desmedido y cruel, así como de desplazamiento forzoso, dentro del marco de la represión sistemática que el régimen de Nicolás Maduro mantiene contra la mayoría de la población venezolana.

Este ataque militar en el mes de febrero sirvió no solo para prevenir la llegada de ayuda humanitaria tan necesitada por una población enferma y con hambruna, sino que tuvo igualmente objetivos aún del mismo tenor deplorable.

Frente a la caída de los sectores tradicionales de fuentes de ingreso para el Gobierno, el Régimen pretendió lograr el control de la Gran Sabana, arrebatando a la etnia Pemón el control de sus territorios ancestrales y recuperar la exclusividad del control de toda la actividad minera en el municipio más rico en minerales del país. Por ello, el régimen ordenó el despliegue de por lo menos 5.000 efectivos, incluyendo la Fuerza Armada, Guardia Nacional, SEBIN, CICPC, colectivos, milicianos, pranes y sindicatos, traídos de otras zonas del país para reprimir y atacar de forma despiadada a las comunidades de Kumarakapay, Manak-Krü, Maurak, entre otras, así como la ciudad de Santa Elena de Uarién, todas ellas cercanas a la frontera con Brasil.

En solo 48 horas, asesinaron e hirieron a mansalva a miembros de las comunidades. Según fuentes oficiales son siete los asesinados, pero la Mission Casla-OEA entrevistó a varios testigos que hablaron de entre 22 y 55 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Algunas fuentes hablaron de la existencia de una fosa común.

La misión entrevistó directamente a 13 heridos de bala y pudo observar horribles heridas sufridas, incluyendo parálisis, fracturas y todo el abanico de heridas lamentables.

Un testigo llegó a indicar el traslado de por lo menos del traslado de 67personas heridas al Hospital de Boa Vista, en Brasil, y de cómo fueron múltiples los heridos que debieron ser atendidos fuera del hospital, en Santa Elena de Uarién. En varios de los testimonios obtenidos para este informe se constató que por lo menos 36 de las personas que fueron detenidas fueron sometidos a tortura. Las comunidades hermanas Pemón del Municipio de Roraima en Brasil, recibieron a por lo menos 1200 personas, la gran mayoría también de la etnia Pemón del lado venezolano de la frontera, que fueron desplazadas forzosamente huyendo con hijos y familias ante lo que ellos calificaron como una masacre.

Este informe al que he hecho breve referencia, Presidenta, presenta así evidencias adicionales para
los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma, como son el asesinato, la tortura y la persecución, previamente alegados en el Informe de la Secretaria General de la OEA y del Panel de Expertos Internacionales Independientes al cual se suma el Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Señora Presidenta, culmino recordando que hoy 17 de julio de 2019, se cumplen 21 años de la adopción el 17 de julio de 1998 del Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional. Es siempre con tal motivo -más aún en este aniversario- valioso abogar por la remisión del presente informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet a la propia Corte Penal Internacional, junto con toda la evidencia adicional que ha venido surgiendo con las investigaciones y trabajos relativos a la vulneración de derechos humanos en Venezuela y recordar el oportuno informe pro parte de los Estados de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá del informe elaborado por la Secretaria General de la OEA respecto a la evidencia de la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Le agradezco Presidenta.