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Comunicado de Prensa

INSULZA: LUCHA ANTICORRUPCION SUSTENTA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, reiteró hoy su firme convencimiento de que la lucha contra la corrupción constituye uno de los pilares fundamentales para sustentar la estabilidad democrática en el hemisferio. Insulza inauguró la Segunda Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

El Secretario General resaltó la importancia de fortalecer el mecanismo de seguimiento para asegurar que las resoluciones, propuestas y recomendaciones que los técnicos y expertos realizan se cumplan en los países. Aseguró que una buena implementación de medidas contra la corrupción por parte de los gobiernos aportará, sin duda, beneficios a la gobernabilidad, estabilidad y desarrollo a los pueblos en el hemisferio.

Insulza reafirmó la importancia de continuar consolidando la cooperación recíproca contra la corrupción por sus efectos “particularmente negativos sobre un tema central de la agenda colectiva, como es la gobernabilidad democrática”. En este sentido afirmó que “todos sabemos que la corrupción y la falta de transparencia han estado en el origen de gran parte de la insatisfacción ciudadana que ha llevado a la caída de numerosos gobernantes”. Dijo también que la corrupción afecta el crecimiento económico y la inversión, tiene efectos sociales “devastadores” y atenta contra la seguridad pública.

La Conferencia de los Estados Parte es constituida por los 28 países de la región que participan en el proceso del MESICIC. Hasta la fecha, se ha completado la primera ronda de análisis de los avances y desafíos contra la corrupción en cada país y en el hemisferio.

Durante los dos días la conferencia, presidida por el Embajador de Brasil ante la OEA, Osmar Chohfi, los expertos de los Estados parte del tratado anticorrupción analizarán, entre otros temas, disposiciones relacionadas con el acceso a la función pública, la contratación estatal y la protección a quienes denuncien la corrupción. Asimismo se analizará los avances dados en la implementación de las recomendaciones formuladas a los Estados en la primera ronda de evaluación y se considerará y adoptará la propuesta sobre el Programa Interamericano de Cooperación contra la Corrupción.

Insulza se refirió al contenido del mencionado programa, que contempla promover el desarrollo y la difusión de investigaciones y estudios académicos relacionados con la cooperación contra la corrupción; facilitar la participación de universidades y centros de investigación en la elaboración, análisis y difusión de los mismos; continuar realizando estudios comparativos de las normas legales de los Estados; e identificar aspectos que puedan conducir a la elaboración de leyes modelo que incluyan las técnicas más avanzadas que se emplean en la lucha contra la corrupción.

Insulza reiteró el apoyo de la OEA para brindar colaboración mediante asesoría técnica en el diseño de un plan de acción que sería elaborado con participación del sector público y de la sociedad civil de cada país, en el que se contemplen de manera precisa las actividades necesarias para implementar las recomendaciones, se señalen los responsables de desarrollarlas y se definan cronogramas para hacerlo.

En el encuentro se escuchará una presentación sobre los antecedentes y desarrollos en materia de cooperación en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el MESICIC, tema a cargo de Jorge García González, Director de la Oficina de Cooperación Jurídica de la OEA. Una intervención sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción estará a cargo de Simonetta Grassi, representante de la Secretaría General de la ONU, mientras que representantes de organizaciones no gubernamentales se referirán al papel de la sociedad civil en el seguimiento de la implementación del tratado anticorrupción.

La Convención Interamericana contra la Corrupción fue adoptada en Caracas, Venezuela, en marzo de 1996 y ha sido ratificada por 33 Estados miembros de la OEA.

Referencia: C-248/06