A. Justificación técnica
B. Justificación institucional
C. Justificación legal
D. Justificación ambiental
E. Justificación social
F. Justificación económica
Los componentes y actividades programados en el proyecto de manejo y conservación de los recursos naturales renovables de la cuenca del río Chixoy pueden ser ejecutados por las instituciones participantes. En Guatemala existen suficientes experiencias en programas de extensión rural, reforestación, conservación de suelos y en manejo y protección forestal. El Ministerio de Energía y Minas, DIGEBOS y el INDE han venido desarrollando proyectos de reforestación y agroforestales de fin múltiple. DIGESA tiene actualmente en marcha el programa de asistencia tecnológica PROGETTAPS, en el cual se utilizan estrategias similares de asistencia técnica a las planteadas en el proyecto.
Las actividades de extensión agropecuaria y forestal, planes de manejo forestal, al igual que el monitoreo y seguimiento, serían puestas en práctica directamente por la unidad ejecutora (UNEPROCH), entidad creada expresamente para ese fin. Los paquetes tecnológicos y recomendaciones han sido tomados de experiencias nacionales, son sencillos, eficientes y de fácil adaptación para los agricultores, y están destinados a diversificar la producción e incrementar la productividad. El proyecto incluye un extenso programa de promoción y capacitación, con la participación de IICA, PROCASNEA e INTECAP, y está dirigido a los distintos niveles: campesinos, representantes agrícolas (RA), supervisores de RA, extensionistas, técnicos medios y profesionales. Los procedimientos y técnicas de transferencia tecnológica recibirán singular atención en el proceso.
Existen experiencias, no numerosas, de zonas de bosque manejadas con fines productivos y de protección, programas agroforestales de finalidad energética y de uso múltiple ejecutados a nivel piloto y que han merecido el apoyo e interés de los agricultores. DIGEBOS colaborará en la ejecución del componente, especialmente en las tareas de control de la explotación forestal y en las de control de plagas e incendios forestales.
La zona de los Cuchumatanes en la subcuenca del río Blanco ha sido declarada dentro del sistema de áreas protegidas por la CONAP, en zonas de características similares; los programas de extensión, control y vigilancia han ayudado a reducir las tasas de deforestación y controlar el pastoreo, situación que ha permitido una recuperación de la cubierta vegetal y del suelo.
El INDE ha desarrollado programas de rehabilitación de zonas degradadas desde el año 1984, y existe la experiencia para el diseño y construcción de las pequeñas obras de ingeniería necesarias. Se ha priorizado su construcción para las zonas en donde existe material del lugar y se han identificado los diseños más adecuados para que logren los fines de estabilizar el suelo y detener el transporte de sólidos.
Igualmente, el INDE tiene experiencia en el diseño y construcción de estaciones meteorológicas e hidrológicas, actividad que viene cumpliendo desde su creación. Se ubicarán los sitios más apropiados y se continuará con el matenimiento y toma de datos rutinario que la institución realiza en el área.
El dimensionamiento del proyecto responde a las necesidades inmediatas de manejo de los recursos naturales renovables de la cuenca del río Chixoy. Con la promoción a nivel de campesino y comunidad planteados, la creación de la unidad ejecutora, con la dotación del personal previsto, sigue los programas de capacitación e investigación acorde a los diseños presentados; las instituciones serán capaces de llevar adelante y cumplir con los objetivos y metas previstos.
La responsabilidad en la supervisión y coordinación del proyecto será del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través de la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto UNEPROCH. El Ministerio de Energía y Minas, por ser el organismo rector del sector energético y responsable de estudiar y fomentar el uso de las fuentes nuevas y renovables de energía, promueve el racional y adecuado aprovechamiento de la leña y carbón vegetal como recursos energéticos, y además de su vinculación directa con el INDE se convierte en una de las instituciones más interesadas en garantizar el éxito del proyecto.
Mediante un acuerdo interinstitucional, el Gobierno de Guatemala decidió delegar la responsabilidad de la coordinación de la realización de los estudios de factibilidad de manejo de la cuenca al Ministerio de Energía y Minas, y ha constituido en su estructura, dependiente de la Dirección de Planificación Energética, la unidad de manejo de la cuenca del río Chixoy. La participación de las otras instituciones en la realización de los estudios ha sido coordinada eficientemente por el MEM.
En sesión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto, con presencia de las más altas autoridades y sancionada por las actas de la reunión, el Gobierno de Guatemala determinó asignar la responsabilidad de la ejecución del proyecto a una unidad ejecutora con amplias atribuciones administrativas y financieras, a crearse mediante Decreto Gubernativo y adscrita al Ministerio de Energía y Minas. Adicional mente se constituirá el Consejo Directivo del proyecto con funciones de coordinación, participación y apoyo de las entidades representadas: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura, SEGEPLAN, CONAMA y el INDE. Para efectos de coordinación y apoyo técnico-operativo se constituye el Comité Técnico Asesor con la participación de DIGESA, DIGEBOS, DIGESEPE, ICTA, Dirección General de Planificación Energética, Gerencia de Obras del INDE y CONANCUEM.
Las tareas de las instituciones en los programas de apoyo están descritas en los documentos técnicos y cada una consta en el instrumento legal para su aplicación (convenio, contrato). Esta participación fue previamente acordada con cada institución, y deberán firmarse los documentos como condición previa al primer desembolso.
El Gobierno de Guatemala decidió extender el convenio interinstitucional, manteniendo una unidad de seguimiento del proyecto, coordinada por el Ministerio de Energía y Minas durante la etapa previa a la suscripción del préstamo. Adicionalmente el MEM creó como programa operativo con asignación de recursos físicos y económicos el programa de Manejo de la Cuenca del Río Chixoy a partir del año 1990, grupo que formaría la base de la UNEPROCH.
El Ministerio de Energía y Minas se crea en base del Decreto Ley 106-83 del Congreso de la República, determinándose entre sus funciones las de "estudiar y fomentar el uso de las fuentes nuevas y renovables de energía, y promover el aprovechamiento racional y adecuado de la leña, el carbón vegetal y el bagazo de la caña de azúcar como recursos energéticos." Como dependencia adscrita a este ministerio actúa el INDE en el aprovechamiento de los recursos hídricos y en el manejo de las cuencas donde existen plantas generadoras de electricidad.
El Decreto 68-86 del Congreso de la República emite la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, que como uno de sus fines propende a la utilización y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables. La aplicación de esta ley es de competencia de la CONAMA, cuyo radio de acción comprende todos los ministerios de estado.
El Acuerdo Gubernativo 195-89 crea la Comisión Nacional para el Manejo de Cuencas Hidrográficas (CONANCUEM), con funciones de asesoría y coordinación en las actividades relacionadas con el manejo de cuencas hidrográficas.
La ejecución del proyecto requiere la creación de la unidad ejecutora UNEPROCH, la cual se realizaría mediante Acuerdo Gubernativo conforme lo establece el modelo presentado en anexo. En la constitución del Consejo Directivo y del Comité Técnico Asesor se establece la participación y funciones de las instituciones que tienen responsabilidad en el manejo de los recursos naturales renovables en Guatemala. La creación de la unidad ejecutora fue acordada por la Comisión Ejecutiva del Proyecto con la participación de los Ministerios de Energía y Minas; Agricultura, Ganadería y Alimentación; la Secretaría General de Planificación Económica, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Electrificación, y la Comisión Nacional de Manejo de Cuencas. La firma del Acuerdo Gubernativo que crea al UNEPROCH será requisito previo al primer desembolso.
1. General
2. Limitaciones del análisis
3. Metodología
4. Conclusiones
La justificación ambiental del presente estudio de factibilidad incluye un análisis global del proyecto en su conjunto y un análisis detallado de sus principales componentes. El enfoque técnico adoptado trata de detectar tanto los conflictos como las relaciones positivas que se presentarían entre intereses y entre actividades (impactos ambientales) como resultado de la ejecución del proyecto.
Dentro de un enfoque general de ordenamiento y manejo de la cuenca alta del río Chixoy, la definición de los objetivos básicos del proyecto delimitó el campo de trabajo al manejo de los recursos naturales renovables, excluyendo de esta fase la consideración detallada de otros aspectos. Como consecuencia de ello, los componentes formulados por el proyecto corresponden a las actividades centrales y prioritarias que se deben abordar con el propósito de iniciar el proceso de ordenamiento y manejo integral de la cuenca alta del río Chixoy, y no deben considerarse en ningún caso como un conjunto exhaustivo de propuestas con ese propósito. Por ello, este análisis ambiental identifica también las principales acciones complementarias que deben ser realizadas por parte de la agencia encargada de ejecutar el proyecto, y por otras organizaciones y grupos sociales involucrados.
Debido a las limitaciones de la información histórica sobre indicadores ambientales específicos y sobre calidad ambiental en general, el estudio de las propuestas del proyecto se mantiene al nivel del análisis cualitativo del ecosistema de la cuenca alta y de sus principales subsistemas, y no incluye análisis cuantitativos detallados.
Al inicio del proyecto se elaboró un diagnóstico ambiental de la Cuenca Alta del río Chixoy, que identificó los conflictos ambientales más importantes que existen o se prevé que existan (sin la ejecución del proyecto) con el propósito de que ellos fueran considerados por el equipo técnico al elaborar las propuestas del proyecto. Ese conjunto de elementos se adoptó igualmente como el escenario ambiental de la cuenca en su situación "sin proyecto". De esta manera, el conjunto de efectos ambientales esperados de las propuestas recomendadas fue analizado para configurar un escenario ambiental futuro (situación "con proyecto") que al ser contrastado con el resultado del diagnóstico permite, en forma resumida, tener una visión global de los beneficios y costos ambientales asociados al proyecto.
Adicionalmente, se realizó un análisis detallado de los efectos directos e indirectos de cada uno de los principales componentes de la propuesta, con el propósito de identificar su efecto futuro en el estado de competencia y conflictos por el uso de los bienes y servicios naturales y antrópicos de la cuenca.
La modalidad de trabajo adoptada durante la realización del estudio, que incluyó la activa participación del equipo ambiental en el trabajo de los equipos sectoriales, así como la característica integral del proyecto y de sus recomendaciones, permitió que durante el proceso se redujera la cantidad y severidad de muchos conflictos que podrían haberse generado si se hubiese abordado cada uno de los componentes en forma independiente. Un ejemplo de esto se pudo observar en la priorización de subcuencas y microcuencas, lo que pudo realizarse satisfactoriamente gracias a una activa y amplia participación de todos los consultores y la contraparte nacional.
Como resultado de esta acción se obtuvieron propuestas más integradas e integrales, y se diseñaron estructuras y procedimientos que permitirán controlar, evaluar y reformular la ejecución de los diferentes componentes.
4.1 Consideraciones ambientales generales
El estudio de factibilidad demuestra que el Proyecto con las características y dimensión recomendadas generaría tres beneficios ambientales principales que corresponden a los objetivos básicos del estudio. En primer lugar, las medidas combinadas de conservación de suelos permitirían reducir en un 20% y llevar a niveles aceptables el proceso de erosión en aquellas áreas de la cuenca identificadas como críticas, y que cubren una superficie total de 75.000 ha. Esto tendrá un efecto importante sobre las condiciones económicas de la población, especialmente de agricultores de bajos ingresos, mediante el incremento de la productividad. En segundo lugar, el conjunto de medidas antierosivas propuestas para un 25% de la cuenca permite disminuir la tasa de sedimentación en el embalse de Pueblo Viejo de 5,26 a 3,74 millones de m3 al año, con su consecuente efecto sobre la producción de energía eléctrica. En tercer lugar, la propuesta busca que en la cuenca alta del río Chixoy puedan coexistir durante los próximos 50 años las actividades de agricultura en pequeñas propiedades, con la producción de energía eléctrica para el mercado nacional y centroamericano, actividades cuyo futuro se visualizó en el diagnóstico como problemático y en conflicto.
La ejecución de los componentes del proyecto no provoca alteraciones negativas graves o irreversibles en la zona, ya que dirige su atención hacia el desarrollo y mantenimiento de los sistemas existentes con el objeto de mejorar su situación actual.
Las propuestas de ordenamiento de la ocupación del territorio, en la cual se ha integrado la disponibilidad de bienes y servicios naturales y antrópicos con sus usos actuales y con la capacidad de absorción de tecnología por parte de los campesinos, garantizan mejorar las condiciones ambientales de la población de la cuenca.
Las consultas sociales realizadas, así como los programas previstos de diálogo con organismos de la comunidad y de capacitación, concientización y educación, colaborarán para que la gestión ambiental propuesta sea posible y exitosa.
4.2 Principales problemas ambientales resueltos
- Pérdida de suelos.
- Cobertura vegetal.
- Sedimentación en el embalse.
- Integración armónica de los subsistemas de la cuenca.
Además de atender los objetivos centrales de reducir la pérdida de suelos en la cuenca alta y disminuir la sedimentación en el embalse, la propuesta permitirá evitar los principales conflictos ambientales existentes y potenciales que fueron identificados en el diagnóstico:
· Se amplía la cobertura de las propuestas y se incorporan beneficiarios adicionales al proyecto, al proponerse plantaciones forestales con fines industriales.· En caso de implementarse el programa de catastro y titulación de tierras, se legitimaría la tenencia de la tierra de los pobladores más pobres.
· Se atiende a las necesidades de protección, con la propuesta de elaborar los planes de manejo de Los Cuchumatanes como "Reserva de uso múltiple" y se incluye programas para proteger la zona alrededor del embalse, otras áreas forestales de interés por su valor genético y de control de calidad del agua, y sitios arqueológicos importantes.
· Con la realización del estudio arqueológico especial, se ha minimizado el riesgo de que se deterioren los sitios arqueológicos durante la ejecución del componente de manejo de vertientes y sedimentos, que propone la construcción de muros con "piedras que se encuentren cerca del lugar". En esa oportunidad se obtuvo información tanto sobre los sitios arqueológicos como sobre prácticas agrícolas prehispánicas que pueden ser de mucha utilidad en el programa de extensión rural. En la propuesta se hace hincapié en la necesidad de ampliar estos estudios durante la etapa de ejecución. Con ello se trata de proponer un plan de manejo de sitios arqueológicos prehispánicos y se incluirían programas de capacitación y educación para técnicos y pobladores de la zona.
· Los programas de manejo de bosques permitirán la obtención de madera para diversos fines, en forma planificada y usando tecnología adecuada.
· La asistencia técnica del proyecto y la participación de las comunidades en la vigilancia y control de plagas y enfermedades, así como en el manejo de fuego en los bosques, constituyen mecanismos eficientes que coadyuvarán al ordenamiento ambiental del área.
· El manejo de la cobertura vegetal propuesto ayudará a mantener o mejorar los balances hídricos actuales, y al mismo tiempo influirá en las características de la biodiversidad mejorando la variedad y cantidad de la fauna silvestre.
4.3 Problemas ambientales por solucionar
A pesar del esfuerzo que hizo el equipo técnico para formular un proyecto integrado, útil y que respetara los intereses de los pobladores del área, no fue posible solucionar todos los conflictos identificados en la fase del diagnóstico. Estos quedan pendientes de afrontar en la siguiente etapa tanto por la "Unidad de Seguimiento", como en las fases iniciales de la ejecución. Los principales conflictos ambientales pendientes son los siguientes:
· De acuerdo con el criterio espacial utilizado por el proyecto, la unidad territorial del estudio fue la cuenca hidrográfica del río Chixoy aguas arriba de la represa de Pueblo Viejo. Como consecuencia puede surgir un conflicto de coordinación con organismos e instituciones que tienen competencia para proponer actividades de desarrollo en el área y que trabaja con divisiones político-administrativas, como es el caso de los Consejos de Desarrollo, la Secretaría General del Consejo de Planificación Económica (SEGEPLAN) y las dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los mecanismos de coordinación propuestos que prevén el funcionamiento de un Comité Ejecutivo y un Comité Técnico, y su refuerzo por un mecanismo de comunicación continúa con otras instituciones que operan en la cuenca, ayudarán a solucionar este conflicto potencial.· Las propuestas agropecuarias están elaboradas para cubrir la dieta básica o de autoconsumo de los pobladores de la zona y para generar pequeños excedentes de producción que mejoren sus ingresos. En un escenario más optimista en el cual la producción rebase las metas programadas y se obtengan excedentes superiores a los esperados, se realizarán estudios de mercado adicionales para definir ajustes a la estructura de producción y buscar los mecanismos de transporte, almacenaje y comercialización más apropiados, tarea que efectuaría la Unidad de Estudios.
· Se desconoce en términos cuantitativos precisos el efecto que tiene sobre la erosión en la cuenca el ineficiente diseño y la falta de mantenimiento de las carreteras. Consecuentemente, un estudio complementario deberá poner especial atención a esos factores. En el sector transporte en general, hace falta todavía un estudio global de accesibilidad y comunicación, problemas directamente asociados a la marginalidad y pobreza del área. Para atender estos requerimientos se recurrirá al mecanismo de asistencia técnica previsto.
· La información que sirvió de base al estudio proviene de diferentes fuentes y años, lo que ha incorporado un factor de error en algunas de las aproximaciones (los mapas de uso actual y capacidad de uso corresponden a años distintos). Estas limitaciones podrán ser resueltas en las primeras fases de la implementación del proyecto mediante el ajuste de las metas en base a la nueva información, que para esa fecha deberá estar disponible, y al trabajo de campo previsto.
Dentro de los diferentes componentes del proyecto, además de los problemas generales mencionados existen algunos aspectos ambientales específicos que requieren atención especial durante la fase de ejecución, a efecto de garantizar el pleno logro de los objetivos. Entre ellos son de especial importancia el análisis del área comunal en el componente pecuario; la necesidad de una adecuada promoción para lograr la participación activa de los campesinos en el proyecto, incluyendo su participación en la etapa de diseño final de las propuestas; la atención de las necesidades particulares de otros grupos minoritarios de pobladores.
La Unidad de Seguimiento, creada por el Gobierno para garantizar la fluida conducción de los trabajos asociados al estudio desde el período previo a su implementación, tendrá dentro de sus mandatos prioritarios la identificación y control de los conflictos ambientales que pudieran surgir. Para cumplir con esa tarea, la unidad contará con un asesor en manejo ambiental.
El grupo de antropólogos y promotores sociales que conformarán el equipo de promoción del proyecto iniciará sus actividades junto con las primeras fases de la ejecución, con el propósito básico de reforzar los mecanismos de comunicación con la población, identificar las comunidades más interesadas y mejor organizadas para participar en los programas de extensión, y para la adecuada definición de los diseños finales.
El diseño del proyecto incluye un margen de flexibilidad que le permitirá adecuarse tanto a la nueva información de detalle que se obtenga en el terreno, como a otros cambios externos. Para ello, la Unidad de Seguimiento mantendrá una activa comunicación con las organizaciones de base, los gobiernos locales y los organismos no gubernamentales de la región, como parte de un proceso continuo de información que orientará los ajustes tanto técnicos como políticos que sea necesario adoptar durante la implementación del proyecto.
Finalmente se mantendrá una adecuada coordinación con otros esfuerzos sectoriales que se lleven a cabo en la cuenca, en especial en lo referente a los sectores de vialidad y salud.
1. Introducción
2. Metodología
3. Consideraciones generales sobre el agro guatemalteco
4. Consideraciones sociales y culturales
5. Estímulos sociales del proyecto
6. Limitantes sociales del proyecto
El presente constituye un informe social que apunta a justificar el proyecto sobre el manejo y conservación de los recursos naturales renovables de la cuenca alta del río Chixoy.
La metodología utilizada fue variada. Se consideraron fuentes secundarias sobre la cuenca, se realizaron entrevistas con informantes clave-consultores del proyecto en campos disímiles y se visitaron diversas comunidades ubicadas en el interior de las subcuencas críticas.
Sin duda, los estímulos sociales tienen un peso mayor que las limitantes para ejecutar este proyecto. La pobreza y extrema pobreza en la que se encuentran sumergidos mas del ochenta por ciento de los habitantes de la cuenca justifican la ejecución del mismo. A esto se suma un factor subjetivo que se considera crucial: la conciencia indígena colectiva de pertenencia a la cuenca, agravada por su reciente deterioro, que incluso afecta de manera parcial o total a un número significativo de parcelarios. Además, el uso de electricidad en varias comunidades de la cuenca, así como los incentivos contemplados en el componente de extensión agropecuario-forestal tienden a garantizar el éxito del proyecto.
Sin embargo, la presión sobre la tierra, la situación político-conflictiva que atraviesan determinadas comunidades de la cuenca y la problemática interétnica constituyen las limitantes fundamentales para la ejecución del proyecto y el logro de los objetivos propuestos.
Para la realización de este estudio se recurrió al análisis de la documentación generada por los distintos expertos involucrados en este proyecto; a las entrevistas con distintos consultores involucrados en el proyecto, y la visita a la mayoría de los municipios que incluyen a su interior áreas críticas en la cuenca alta del río Chixoy.
A lo largo de dos semanas se visitaron un número significativo de municipios involucrados dentro de las áreas críticas. Entre los municipios visitados cabe mencionar Santa Cruz del Quiché, Cunén, Sacapulas, San Pedro Jocopilas y San Antonio Ilotenango del departamento del Quiché; Chiantla, Aguacatán y Malacatancito de Huehuetenango y Santa Lucía La Reforma, San Bartolo y Momostenango de Totonicapán.
Dentro de cada uno de los municipios se escogieron una o más comunidades ubicadas en las áreas críticas. Allí se tomó contacto con distintos líderes formales e informales (comandantes de patrullas de autodefensa civil, alcaldes auxiliares, maestros, líderes religiosos, presidentes de comités, etc.) con el fin de recoger información de primera mano sobre la situación de la comunidad en materia social, conocimiento de la problemática de la cuenca, información sobre el proyecto y opinión del mismo. En la mayoría de los casos se realizaron reuniones con grupos.
Es bien sabido que Guatemala es un país eminentemente agrícola, y que el agro es el escenario de los grandes problemas económicos, sociales y políticos.
La acción conjunta derivada del aumento de la población rural (a una tasa promedio del 3.5% anual; Hintermeister, 1985), por una parte, y la caída de algunos cultivos de exportación que requieren mano de obra temporal (v.g. café, cardamomo y banano) por la otra, ha multiplicado las presiones sobre la tierra. Esta presión se enfatizó porque el proceso de migración rural-urbana no ofrece en la actualidad mayores posibilidades de absorción de mano de obra, salvo en el ya saturado sector de la economía informal como consecuencia del estancamiento del sector industrial no agrícola. Es de hacer notar que en 1985 la municipalidad capitalina estimó en cuatro mil mensuales el número de nuevos vecinos solo en la ciudad de Guatemala. Esto sugiere que las soluciones para el sector rural deben tener como escenario este sector.
Guatemala puede descomponerse en tres grupos etno-lingüísticos. El primer conjunto está constituido por los quichés, mames, cakchikeles y kekchíes (2.377.000). El segundo conjunto está constituido por los kanjobales, tzutujiles, ixiles, chortís y pocomchís (355.000) y el tercer conjunto lo conforman jacaltecos, pocomames, chujes, sacapultecos, aguacatecos, caribes, mopanes, sipacapeños, tactitecos y uspantecos (156.000), (CLAPP & MAYNE, 1986).
Casi la totalidad de los grupos étnicos de Guatemala son autóctonos. Si bien sus actividades económicas cambiaron a lo largo de su historia y paralelamente se diversificaron, la agricultura se encuentra en el centro de sus vidas. La agricultura de milpa era casi exclusivamente un sistema basado en las lluvias más que en la irrigación. Maíz, chile, calabazas, frijoles y verduras han sido y aún son hoy sus cultivos centrales para la subsistencia.
Es bien sabido que los indígenas de Guatemala se encuentran marginados de los procesos de desarrollo. Desde la conquista hasta la actualidad han soportado no sólo la opresión sino también un relativo aislamiento que acentuó aún más su poca disposición a los cambios tecnológicos y sus patrones de ocupación. La posesión de la tierra se asocia no sólo a la subsistencia sino también a su sistema de creencias. La milpa es el foco principal de una cosmogonía elaborada de acuerdo con la cual está dotada de vida y es la proveedora de toda la comida y los bienes; es el dios más importante en sus creencias religiosas. La tierra es el asiento de la identidad. La agricultura de la milpa no es concebida como una categoría separada de los otros asuntos de la vida. De la misma manera que el camino tradicional de la vida es absoluto e invariable, así también se espera que las prácticas agrícolas continuarán durante los ciclos del tiempo.
Es evidente -a la luz del párrafo anterior- que los campesinos que responden a los moldes tradicionales se han mostrado poco propicios a los cambios e innovaciones y prefieren continuar con la agricultura de subsistencia. Sin embargo existen muchos ejemplos que demuestran que cuando el campesino indígena que posee una parcela mínima por sobre los niveles de subsistencia y un cierto acceso al crédito descubre las ventajas de la innovación, está dispuesto a experimentar nuevos cultivos y a aplicar tecnología de vanguardia.
Pero más allá del carácter más o menos innovador de quienes conforman los grupos étnicos guatemaltecos, los indígenas hacen pesar su identidad por la territorialidad, razón por la cual tanto la conservación como el acceso a la tierra se convierten en su objetivo central.
La modernización de la economía campesina puede apreciarse en el altiplano centro occidental del país. Su imagen tradicional la ubica como una región que vive un proceso de degradación permanente. Superpoblada y paupérrima (genera el 16% del producto agropecuario y contiene el 33% de la población rural del país; Baumeister, 1986). Se la toma como una reserva de mano de obra estacional para los agroexportadores. Sin embargo, el PIB agropecuario por habitante rural evolucionó en términos positivos entre 1950 y 1975 a una tasa de 1,6% anual, similar a la existente en la Costa Sur (Baumeister, 1986). Es decir, las distancias existentes en 1950 entre la Costa y el Altiplano se habían mantenido, pero en el marco de un dinamismo similar de sus agriculturas. Este fenómeno de modernización de la economía agrícola del altiplano se asocia con modificaciones estructurales que diferencian al interior de la región comunidades centrales y periféricas y donde las centrales presentarían mayor nivel de diversificación de sus actividades económicas (hortalizas de agroexportación, actividades artesanales y comerciales) y menor vinculación con la agricultura de subsistencia y el trabajo estacional. Si bien la mayoría de las comunidades ubicadas en las subcuencas críticas del alto Chixoy no pueden considerarse, desde la perspectiva anterior, puede esperarse de ellas, sin embargo, un significativo proceso de desarollo a la luz del esfuerzo sostenido que evidencia el crecimiento del PIB de la región, en donde se ubican las subcuencas críticas del alto Chixoy, a pesar de las desfavorables condiciones ecológicas y la alta densidad de población. Ciertas excepciones podrían ser varias comunidades de Aguacatán, Cunén y Momostenango.
En base a los estudios más recientes, en términos de tiempo de trabajo dedicado a las actividades asalariadas temporales puede estimarse en 45/días/hombre/familia en los minifundistas de Huehuetenango y 31 días para los del Quiché. Estos serían valores muy inferiores a los ofrecidos por el estudio de Schmid de los años sesenta, donde la migración estacional podría haber representado entre 80 y 90 días-hombre anuales por familia (Baumeister, 1986). Si bien no se sabe con exactitud la magnitud y característica del flujo laboral temporal a la costa sur, pareciera que hay un evidente descenso generalizado de la migración hacia esa región, no sólo por la situación de violencia, que hasta ahora no ha sido completamente superada, sino como resultado de la retracción relativa de los cultivos de agroexportación de la costa sur y por el fortalecimiento de las economías rurales, ya sea por la consolidación de la agroexportación en el altiplano como por la fusión de distintos mercados que permiten la participación en actividades artesanales, pequeñas manufacturas, actividades comerciales y en la maquila.
Tomando en consideración las condiciones de pobreza extrema en la que se encuentra sumergida un número significativo de la población guatemalteca, y en particular la campesina indígena, todo proyecto de desarrollo no sólo se justifica y posee un carácter esencial en el país, sino que es imprescindible e impostergable. Esta afirmación debe leerse en el contexto político de inestabilidad que atraviesa Centroamérica -foco de tensión mundial-, lo que la convierte en un centro de atención no sólo de las grandes potencias sino de los organismos mundiales, regionales y subregionales de financiamiento, desarrollo e integración económica y social.
De acuerdo con lo señalado en el estudio socioeconómico de la cuenca alta del río Chixoy, esta cuenca se asienta en una región que contiene treinta y dos municipios de seis departamentos diferentes y tres regiones diversas. Si se toma en consideración que la extrema pobreza se concentra en la población rural, que a nivel nacional constituye el 56% del total, podrá apreciarse la magnitud de este problema en la cuenca, donde ese segmento poblacional asciende al 85,8% del total. Asimismo, la densidad de población es un 18% mayor que en el país considerado en su conjunto. Sin duda, en las zonas críticas de la cuenca la densidad supera en muchos casos 200 hab/km2. Lo mismo sucede con el analfabetismo, que se encuentra casi un 20% por encima del promedio nacional.
En materia agraria -y siempre según el estudio socioeconómico- puede apreciarse un dominio absoluto del minifundismo: el 92% de las fincas poseen menos de 7,6 ha y cubren una superficie equivalente al 33,7% de la cuenca (41,5% son microfincas y 50,4% son de tipo subfamiliar). Esto revela un grado de minifundización que se ubica por encima del promedio nacional. De acuerdo con los datos suministrados por el estudio socioeconómico, la presión sobre la tierra es alta a consecuencia de la concentración (el índice de Gini arroja un 0,88), pero también es notable la inseguridad en la tenencia.
Si se revisan los indicadores de escolaridad, salud y productividad, se verá que arrojan cifras similares (véase Estudio Socioeconómico).
Ahora bien, al trasladarse de la dimensión socioeconómica de la cuenca a la sociocultural, se observa que, desde el punto de vista étnico, puede apreciarse que si en todo el contexto nacional el 50% de la población es indígena, en la cuenca este porcentaje ascendería al 72% según las cifras que arroja el censo de 1981. Aquí no se tomarían en consideración los criterios poco objetivos asumidos en los censos para establecer la adscripción étnica, lo que redunda en una cifra por debajo de la realidad. A pesar de esto, debe apreciarse que algunos municipios o comunidades ubicadas en subcuencas críticas presentan una significativa presencia ladina (v.g. Malacatancito), lo que, como se verá más adelante, dificulta desde el punto de vista social la ejecución de un proyecto tal como el de la cuenca alta del río Chixoy.
Además, cabe señalar que a diferencia de otros pueblos del área andina en Sud América, aquí puede observarse una fuerte diversidad intraétnica: quichés, mames, aguatecos, ixiles, uspantecos y pocomchíes. Cabe mencionar, sin embargo, que casi toda el área es de habla Quiché.
Esta diversidad sociocultural no impide que, a partir de ciertas concepciones cosmogónicas y ecoculturales, no exista, al menos entre la población indígena de la cuenca, un sentido de homogeneidad e interdependencia. El analfabetismo y la fuerza que ejerce la diferencia regional puede obstaculizarla, pero el indígena es un extraordinario observador y un agricultor por experiencia que conoce el significado del agua, de los ríos y sus consecuencias. "El que está al otro lado del barranco, de la ladera opuesta" es, de cierto modo, mi hermano. Las organizaciones sociales locales, tales como las cofradías y las parcialidades, también son compartidas por un número significativo de indígenas, estrechando lazos de solidaridad no sólo entre ellos sino con un medio ambiente que los hace posible. La heterogeneidad de la cuenca -desde el punto de vista humano- debe vérsela más desde la perspectiva de la diferenciación indio-ladino (dentro o fuera de las comunidades) que como una diferenciación intraétnica.
En tanto que un objetivo central del proyecto lo constituye elevar el nivel de vida de quienes habitan en la cuenca alta del río Chixoy, este proyecto se justifica sin mayores consideraciones. La pobreza extrema anteriormente señalada como fenómeno objetivo sumado a la conciencia de unidad y homogeneidad de la cuenca lo hacen factible. Para los indígenas no existe un divorcio ser humano-medio ambiente. Más aún, cuando esta ruptura existe, responde a las condiciones de extrema pobreza en que se encuentran. De tal suerte que toda acción que tienda a hacer salir a la población indígena de la pobreza supone la restitución de ese equilibrio, hoy perdido en las subcuencas críticas.
Pero debe considerarse también que hay circunstancias de índole sociopolítica que subrayan y sugieren la ejecución de este proyecto. Es bien sabido que el área donde se ubica la cuenca alta del río Chixoy, durante el período comprendido entre 1979 y 1984 fue epicentro de la violencia, en particular los departamentos de Huehuetenango y Quiché, donde precisamente se ubica un número significativo de subcuencas críticas consideradas en los estudios técnicos. Desapariciones, refugiados, desplazados y poblaciones arrasadas son algunas de sus consecuencias. Aún hoy existen evidencias de esa inestabilidad.
Debe entenderse entonces que este proyecto se inscribe también como un instrumento de pacificación en el contexto no sólo guatemalteco sino centroamericano. Las conversaciones entabladas desde 1986 entre los pueblos y gobiernos centroamericanos establecen como prioritario el impulso a los proyectos de desarrollo como el mejor instrumento para poner fin a los conflictos bélicos, impulsar el crecimiento y lograr la consolidación de la democracia. El proyecto de desarrollo del Trifinio Guatemala-El Salvador-Honduras debe asociárselo en esta perspectiva.
Muchas comunidades ya sienten como propio en el seno de la cuenca el proyecto en su objetivo-guía, es decir, las consecuencias que en materia energética puede provocar el azolvamiento de la presa del río Chixoy, puesto que utilizan electricidad suministrada por el INDE. Esto no sólo sucede con las cabeceras municipales sino con comunidades que han sido beneficiadas con la introducción de esta energía. Cabe destacar aquí que en los últimos años se han venido ejecutando diversos programas de electrificación rural (PER). Especialmente en Totonicapán, los programas PER I y PER II incluye un número significativo de comunidades que caen dentro de la cuenca. Para estos actores sociales el proyecto es necesario sin tener que recurrir a componentes de apoyo que lo estimulen.
Por otra parte, en todas las comunidades de la cuenca -en particular en las indígenas- existen organizaciones comunitarias que desarrollan actividades diversas (desde infraestructura hasta actividades religiosas). No debe pensarse que éstas sean mayoritariamente tradicionales y endógenas como las cofradías. Por el contrario, las cooperativas, y en particular los comités (pro mejoramiento de la comunidad, pro introducción de agua, etcétera) son los más difundidos. Innovadores y dirigidos por líderes de reconocida reputación deben considerarse el arma más efectiva para la ejecución de distintos componentes del proyecto en las comunidades.
Además, muchas comunidades conservan tierras comunales destinadas a actividades agrícolas o como sitio de aprovisionamiento de leña (en particular en Totonicapán, entre las áreas críticas) y que podrían convertirse en sitios adecuados de trabajo comunal para el impulso de ciertos componentes del proyecto, especialmente de manejo de bosques.
Se ha señalado que una de las causas que agravan la situación social de la cuenca la constituye la inseguridad en la tenencia. Aunque no es posible establecer ni siquiera aproximadamente el número de tierras no tituladas, la mayoría de las propiedades que poseen los minifundistas indígenas de la región no tienen ni siquiera iniciado el trámite de titulación (en el mejor de los casos se encuentra "registrada" en los municipios). En tal sentido, de ejecutarse paralelamente el componente de regulación, se va a dinamizar el mercado de compraventa de tierras.
Sin lugar a dudas, el componente de extensión agropecuaria es el que tendrá mejor acogida. Aunque no todos los campesinos consideran del mismo modo las consecuencias que acarrea la erosión en la cuenca, aquellos que tienen terrenos altamente deteriorados se encuentran sumamente dispuestos a participar. Incluso algunos de ellos ya han perdido de manera total sus terrenos. Entre éstos, toda recomendación y apoyo en materia de conservación de suelos, más que un trabajo que deba motivarse complementariamente, constituye una necesidad prioritaria que condiciona tanto su subsistencia como la de su familia.
Ahora bien, si tal como se dijo el proyecto persigue no sólo el objetivo de controlar el azolvamiento del embalse del río Chixoy, sino por su intermedio elevar el nivel de vida de quienes allí habitan, es obvio que los componentes agrícolas de incentivo a la participación y apoyo tanto a la autosuficiencia alimentaria como a la agrícola son cruciales. En este aspecto la población se ve dispuesta a recibir asistencia técnica agrícola, organizacional, artesanal, etc.; semillas mejoradas; árboles frutales; herramientas agrícolas y sistemas de minirriego.
Más allá de las condiciones mencionadas que estimulan el proyecto y que hacen prever su éxito, es necesario subrayar las limitaciones sociales básicas que podrían afectarlo.
En primer lugar, debe considerarse que la falta de tierra y la presión sobre la misma constituye el factor que más dificulta la ejecución de este proyecto. Esto se afirma en varios sentidos. Por una parte hay que considerar que la ley guatemalteca en materia agraria no ha realizado ningún esfuerzo para compatibilizar las prácticas jurídico-tradicionales indígenas, que en rigor no llegan a constituir un derecho consuetudinario con el derecho de fuente occidental.
La extrema pobreza, por otra parte, constituye una limitante puesto que obstaculiza la disposición al trabajo comunitario no implicado en la producción inmediata. Recuérdese que la acción colectiva en las tierras comunales entre los campesinos pobres es de actividades marginales.
Además, los campesinos no muestran disposición para realizar ningún tipo de trabajo "dificultoso", aunque éstos deban ser considerados innovadores y de altos beneficios -en especial los mediatos- para sus parcelas. Si bien es cierto que suele esgrimirse como argumento que los pequeños productores no trabajan más que una cuarta parte del año en la agricultura, se suele olvidar que el tiempo restante no supone holgazanería sino la dedicación a labores comerciales, artesanales o sociales de todo tipo. Recuérdese el significado que el campesino indígena deposita en la actividad religiosa, ya sea ésta católica tradicional, conocida como la "costumbre", o bien en el catolicismo innovador o el culto evangélico. Lo anterior, además, no discute la existencia de una posible racionalidad distinta entre una buena parte de la población indígena de la cuenca. Por ende, aquí deben esperarse resistencias en la medida que no se contemple el pago social, lo que no debe hacerse.
Cabe mencionar, como ejemplo, que los campesinos en la cuenca, cuando oyen la palabra "terraza" manifiestan rápidamente su animadversión, salvo que se les pague por ejecutarlas.
A propósito del pago social deben identificarse los efectos negativos de esta práctica en el área. En muchas comunidades comprendidas en las subcuencas críticas (en especial en Totonicapán y Quiché) se ha observado la acción del programa de Cooperación Guatemalteco-Alemana de Alimentos por Trabajo (COOGAT) que se implementa con el apoyo del Ministerio de Desarrollo. Este programa posee un carácter francamente dependiente puesto que toda acción individual o colectiva sólo se ejecuta si hay pago. De ahí que la gente pregunte, en cuanto se le plantean los objetivos de este proyecto, lo siguiente: "y qué cosa da el proyecto" cuando, por ejemplo, se habla de mejorar la producción en su terreno. Estas prácticas no son exclusivas de dicha institución. DIGESA también estuvo promoviendo actividades con pago social para la difusión de terrazas, curvas a nivel, barreras vivas o muertas y otras prácticas de conservación de suelos, que fueron abandonadas en cuanto desapareció el pago. Asimismo, los muros de contención promocionados por el INDE no muestran, por parte de la comunidad, acciones de mantenimiento, luego de realizados los pagos. El reto consiste en incorporar en las comunidades prácticas innovadoras sin dependencia en salarios.
Otra limitante la constituye la situación política que atraviesa parte de la cuenca. Si bien en el párrafo anterior se planteó la situación de violencia pasada como un estímulo para ejecutar el proyecto en el ámbito no sólo de la cuenca sino de alcance regional y nacional, también debe entenderse que en determinadas comunidades aún hoy no se presentan las condiciones apropiadas para el impulso de este tipo de proyectos. La desconfianza de la comunidad, la necesaria intermediación de las patrullas de autodefensa civil como autoridad legítima de las áreas de conflicto, la inseguridad que sentirán los supervisores del proyecto y las dificultades en el seguimiento limitan el éxito en estas zonas. Este fenómeno es especialmente importante en los municipios del Quiché comprendidos en las cuencas críticas.
Los conflictos Ínter o intra étnicos también deben considerarse fuente de preocupación para el éxito del proyecto. Por regla general, los "técnicos", sean agrónomos, ingenieros, licenciados, etc., son vistos con respeto en primera instancia, pero con recelo en niveles más profundos entre las comunidades indígenas. No se confía en los de "afuera" porque los que vienen del exterior suelen subvalorar y discriminar al indígena. Además, en las comunidades suelen existir -como en algunas aldeas de Aguacatán- campesinos indígenas y ladinos que no están dispuestos a seguir las mismas prácticas, participar con las mismas instituciones, trabajar con los mismos líderes.
El monolingüismo también es un factor limitante. No debe pensarse que se soluciona con la presencia de un técnico, representante agrícola y supervisor del proyecto bilingüe, puesto que las formas dialectales varían de comunidad en comunidad y también porque muchas veces un supervisor bilingüe ladino se resiste a hablar la lengua local, salvo que alguien que lo supervise esté presente y se lo exija, o si lo hace impone una relación de disimetría y de confrontación con los campesinos, lo cual obstaculiza el éxito de los objetivos trazados.
1. Introducción
2. Beneficios del proyecto
3. Estimación del efecto de las prácticas en la erosión
4. Medidas consideradas que influyen en la pérdida de suelo
5. Actividades del proyecto en la retención de sedimento
6. Rentabilidad económica del proyecto
7. Impacto de las inversiones en el sector energético
La finalidad de la evaluación económica es la de suministrar suficientes elementos de juicio sobre los costos y beneficios del proyecto, para que se pueda establecer la conveniencia al uso propuesto de los recursos económicos que se solicitan. Para el caso del manejo de la cuenca del río Chixoy deberá considerarse que la cuenca hidrográfica constituye una sola unidad con bienes y servicios íntimamente correlacionados, que interactúan entre sí y que la modificación de sus componentes afecta a los demás.
Los componentes del proyecto están ligados a la disponibilidad y uso de los recursos naturales renovables de la cuenca, y los beneficios que se contabilizan no son el resultado de modificaciones a actividades individuales sino del conjunto de ellas. El manejo adecuado de los bosques, llevándolos a la productividad, dependerá en buena medida del cambio de prácticas agrícolas y pecuarias, diversificando y mejorando los niveles de producción. Al asegurar mayores ingresos al pequeño campesino se disminuye la presión que ejerce sobre los bosques buscando ampliar la frontera agrícola hacia zonas más marginales. Igualmente, la calidad y disponibilidad del agua para fines agrícolas y domésticos, así como la provisión de leña, dependen de la permanencia de masas forestales.
Los cambios de uso de la tierra incontrolados y sin planificación, y el empleo de técnicas extractivas inadecuadas están produciendo pérdidas cada vez más considerables de los recursos forestales y el suelo, lo que resulta en la disminución de la producción agropecuaria y forestal y el empobrecimiento del pequeño campesino residente en la cuenca. La disminución de la cobertura y el mal manejo del suelo resulta en el incremento de la erosión, fenómeno que ocasiona deseconomías a la infraestructura existente aguas abajo, en este caso en la producción de hidroelectricidad al disminuir la vida útil del reservorio de Pueblo Viejo. El Proyecto estaría aplicando medidas que mitigan los problemas anteriormente mencionados mejorando la utilización del espacio y del suelo, lo que se reflejaría en un incremento de productividad y en la disminución de la erosión.
Debe mencionarse que para la evaluación económica, durante el proceso de dimensionamiento se realizó la priorización de subcuencas y de microcuencas, en donde se concentran los mayores beneficios del proyecto. Por un lado se destacan las zonas en donde se privilegia el manejo de los suelos a través de prácticas de conservación, y por otro las áreas en donde la disponibilidad del recurso forestal es prioritario. Para cada caso se analizaron la viabilidad de las inversiones privadas a nivel de finca y se estimaron las tasas de retorno económico del proyecto.
Para el análisis se utilizó la mejor información disponible a la fecha. Sin embargo, existe incertidumbre asociada con la proyección de los beneficios. La información proviene de estadísticas del Ministerio de Agricultura y de pequeños proyectos realizados por agencias de cooperación técnica y DIGESA en el altiplano, algunos de ellos tomados en condiciones similares a las que se tendría en la cuenca del río Chixoy. La bondad de la información podrá ser confirmada únicamente cuando se realicen las mediciones y se tengan datos estadísticos durante la ejecución del proyecto. Esta situación destaca la importancia del programa de seguimiento y evaluación que se propone, cuyos resultados darán la medida y las pautas para que se realicen los ajustes necesarios en la fase de implementación.
La metodología utilizada en la evaluación se basa en el trabajo de I. Little y J. Mirilees, con aportes de L. Squire y H. Van Der Taak (LMST). Se utilizan precios de eficiencia, lo que implica que no se hicieron diferencias entre la unidad de ingreso percibida por el gobierno y la unidad de ingreso percibida por los particulares; tampoco variará la valoración del consumo con el nivel de ingreso.
Para la evaluación, las actividades de inversión se organizaron en cuatro programas: agroforestal, forestal, otros de protección de los recursos naturales, y el de evaluación, seguimiento y dirección. Teniendo en cuenta que el proyecto tendrá impacto en la generación de energía eléctrica y que también producirá transferencias monetarias entre el gobierno y los agricultores, se consideran los dos agregados, la externalidad (valor de la generación adicional de energía en Chixoy) y las transferencias monetarias.
El análisis parte de la información existente del uso actual del suelo y de los recursos naturales renovables, para lo cual se recopiló información de estadísticas del Ministerio de Agricultura, censales, de proyectos piloto y de una amplia tarea de investigación a nivel de fincas modelos representativas del área y de otras comunidades. En los párrafos correspondientes al diseño de los componentes se trata de manera detallada esa información. Para determinar la situación con el proyecto, se cuantificaron a nivel de finca, microcuenca y extrapolado a toda la cuenca, los costos y los beneficios de cada una de las actividades asociadas a los cambios en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
Las actividades de inversión consideradas se realizan en: i) actividades agropecuarias y agroforestales en microfincas y fincas subfamiliares menores de 7 ha; ii) de manejo forestal con fines productivos, iii) de manejo forestal con fines energéticos y de protección, iv) de rehabilitación en áreas deterioradas por procesos erosivos, v) de control y vigilancia en áreas especiales, y vi) de producción forestal industrial en zonas de vocación silvícola.
Con el Proyecto se introducen cambios en la tecnología de producción agropecuaria, forestal y en el manejo de los recursos naturales; consecuentemente los beneficios se medirán en los incrementos asociados al aumento de la producción agropecuaria y forestal, a los derivados de la conservación de los recursos suelo y agua, y a los beneficios externos que se desarrollan fuera de las áreas directas de acción, principalmente de sedimentos en el embalse de Pueblo Viejo. Los beneficios directos de producción se han determinado para diferentes modelos de finca, donde las prácticas de conservación de suelos y nuevas prácticas tecnológicas mejorarán la productividad; en fincas subfamiliares, donde la introducción de prácticas agroforestales diversifican la producción y utilizan productos de mayor rendimiento; mejora de la calidad y productividad del ganado bovino y ovino; mayor producción forestal del bosque bajo manejo; valor de la producción forestal en las plantaciones a establecerse en las fincas medianas.
Los beneficios cuantificables a la protección de los recursos naturales renovables estarán dados, principalmente, por su contribución al impacto agregado en generación adicional de energía. Para tal efecto, se tuvo que simular los escenarios con y sin proyecto, en cuanto a la tasa de sedimentación en el reservorio, y aplicar un modelo de simulación de operación y de despacho de la energía.
También se ha considerado en la evaluación el impacto de la erosión en la productividad de los suelos, que es creciente en el tiempo y que se supone que se reflejaría de dos maneras: una reducción del ingreso neto obtenido en la situación sin el proyecto, que sería lineal entre la fecha de inicio del proyecto y el año que se supone dejaría de existir el primer horizonte de los suelos; el proceso de pérdida de la productividad implica que la situación terminal de la evaluación sería diferente para las situaciones con y sin proyecto, incorporando un diferencial estimado del valor de la tierra en el año final del período de análisis, como beneficio de la situación con el proyecto.
3.1 Introducción
Con la finalidad de establecer un proceso metodológico que permita seleccionar las áreas de intervención y estimar el proceso de erosión/sedimentación en la cuenca del río Chixoy, se realizó un estudio geomorfológico que tuvo los siguientes objetivos: determinar los sectores de erosión y calcular las tasas de pérdida de suelo a nivel de subcuenca; jerarquizar las áreas críticas de intervención; identificar la problemática de las áreas críticas y recomendar las acciones de manejo; evaluar el impacto de las actividades del proyecto en la pérdida de suelos y los problemas de erosión.
Se analizaron las subcuencas a dos niveles de detalle: a escala a 1:50.000 las subcuencas de los ríos Blanco Serchil, Pacaranat, Molino, Negro y Chicruz, y las restantes se hicieron a escala 1:250.000. La diferencia en el nivel de detalle del estudio se debió fundamentalmente a la limitación en el tiempo y a la evidencia, resultado del diagnóstico y del estudio de prefactibilidad, de que las zonas críticas se concentran en el sector del altiplano.
Se identificaron las zonas geomorfológicas y los procesos morfodinámicos actuales, tomando en consideración: estructuras geológicas, formaciones litológicas, morfología del relieve, clima, vegetación y uso del suelo. Se cartografiaron los sectores sedimentológicos que corresponden a microcuencas o unidades homogéneas en sus tendencias a erosionar, transportar o acumular sedimento en forma similar. Se identificaron cuatro clases de unidades; a la primera corresponden 36 sectores conformados básicamente por microcuencas; a la segunda, 11 sectores conformados por rellenos de colmatación; a la tercera corresponden tres sectores caracterizados por valles, y a la cuarta clase tres sectores anómalos.
Para cada sector se aplicó la "Ecuación Universal de Pérdida de Suelos" U.S.L.E. Los parámetros de la ecuación fueron obtenidos para microcuencas representativas de los sectores. La utilización de una fórmula empírica como la USLE presenta algunas limitaciones que se refieren fundamentalmente a la ausencia de datos experimentales de la cuenca que permitan calibrar los parámetros, y a limitaciones propias del modelo, como la interdependencia entre variables que ocasionan un doble conteo y la omisión de otros factores de importancia como el relacionado con la escorrentía.
A pesar de las limitaciones de la USLE, su utilización como herramienta de planificación tiene validez. Los parámetros se basan en información primaria meteorológica, mapas cartográficos en escala 1:50.000, fotografías aéreas, mapas temáticos (geológico, edafológico, morfológico, uso y cobertura de la tierra) y en información directa de campo realizada en las microcuencas representativas.
La USLE permitió estimar la tasa de pérdida de suelo de tipo diluvial que se presenta en forma laminar y de microsurcos. Esa pérdida de suelos no incluye la erosión en cárcavas, barrancos y la propiciada por otros procesos morfodinámicos. Sobre estos últimos se realizó un análisis particular que permite conocer su origen, fuerzas que lo excitan y un mapeo de su ubicación en diferentes niveles de riesgo.
En la situación sin proyecto se consideró que las prácticas agrícolas permanecen sin cambio y que la deforestación avanza a un ritmo del 1,5% anual, valor tomado del cambio del uso del suelo evidenciado en fotografias aéreas e imágenes de satélite de diferente fecha, valor que se corrobora por estimaciones hechas durante el estudio de uso de leña y de incremento de la frontera agrícola. Este incremento se estima en un 80% de la superficie deforestada, mientras el 20% restante se dedica a pastos. Para la situación con proyecto se estima el trabajo de guardabosques y extensionistas en sus tareas de vigilancia de los bosques remanentes, de utilización de madera con prácticas silvícolas y de incremento de la productividad; además se determinará que la tasa de deforestación se reduzca en un 70%.
4.1 Conservación de suelos
Consiste fundamentalmente en la aplicación de un paquete tecnológico con prácticas de conservación de suelos que incluyen: barreras vivas, terrazas, acequias, surcos a nivel y camellones. Estas prácticas se aplican a las áreas de cultivos limpios, fundamentalmente de maíz y frijol, en donde las metas se cumplen escalonadamente en los 6 años de ejecución del proyecto hasta cubrir la totalidad de la parcela.
En esas condiciones se calculó la erosión que se evita al variar los parámetros de manejo P y los de longitud-pendiente LS de la ecuación.
4.2 Sistemas agroforestales
Se consideró la introducción de especies arbóreas de uso múltiple en zonas de uso actual agrícola. En la estimación del impacto en la erosión se tomó en cuenta la densidad de plantación, el desarrollo del fuste, los ciclos de poda y corta, y con esta base se determinó la variación del coeficiente de cobertura del suelo.
4.3 Reforestación industrial
Se consideró que la reforestación se realizará en suelos de clase agrológica VI y VII, los cuales presentan muy poca cobertura vegetal. Se asume el 80% de la plantación con pinos y el 20% con eucaliptos. Las densidades de plantación son de 2.000 plantas por hectárea, los turnos de raleo con 30% de intensidad a los 12 años y corta total a los 18 años.
El crecimiento del follaje, el desarrollo del sotobosque y el "mulch" que producen los pinos varían los factores de cobertura del suelo.
4.4 Manejo de bosques
Para determinar el efecto de esta actividad en la erosión se señaló la superficie de bosque a protegerse en cada sector sedimentológico. Para la situación sin proyecto se consideró que se tala anualmente el 1,5% del área remanente de bosque; de esta superficie, un 80% es dedicada a cultivos limpios de subsistencia y el 20% a pastizales. Para la situación con proyecto se asumió que la deforestación sería controlada en un 70%. El remanente 30% seguirá convirtiéndose a tierra de agricultura y pastos, según los porcentajes establecidos. El cambio del factor de cobertura y de manejo posibilita estimar las diferencias para las situaciones con y sin proyecto, calculándose así la erosión evitada por la acción del manejo de bosques.
4.5 Manejo de zonas de protección
Para estas zonas se contempla llevar un programa que restrinja su uso, especialmente el sobrepastoreo, permitiéndose una regeneración natural, la cual modifica el factor de cobertura. Para la situación sin proyecto se consideró que esas áreas mantendrán la cobertura actual de matorral y pastos degradados. En la situación con proyecto la cobertura variará a matorral y pasto denso. La diferencia en el grado de protección hidrológica permite estimar el efecto sobre la erosión.
4.6 Obras de corrección de cárcavas
Estas pequeñas obras de protección se localizan en los terrenos más degradados, donde se inician los procesos de erosión profunda. En el cálculo del efecto sobre la erosión se consideró el volumen que se atrapa propiamente en el vaso de la estructura y el efecto de estabilización que tiene sobre la superficie de ladera adyacente. Las mediciones fueron efectuadas sobre construcciones realizadas en el terreno que tienen más de tres años de funcionamiento.
Para calcular el efecto que la reducción de la pérdida de suelos en las subcuencas tendría en la deposición de sedimentos del embalse de Pueblo Viejo, se utilizaron los estudios sedimentológicos actualizados que llevaron a cabo técnicos del INDE y el informe de consultoría de las dos batimetrías realizadas en el reservorio.
La información disponible no permite utilizar un modelo matemático integral para simular el transporte de sedimentos en la cuenca. En esta virtud, se utilizó el criterio de "relación de sedimentos entregados" SDR, calibrando los resultados para las estaciones de Paradillo, Chicruz y los datos de la batimetría, sitios en los cuales se determinó la relación existente entre los valores de pérdida de suelo y los de sedimentos en suspensión.
Los SDR calculados son los siguientes: Paradillo 21,3%, Chicruz 25,8% y Pueblo Viejo 24,3%. El promedio de ingreso de sedimento al embalse es de 3,8 millones de metros cúbicos anuales, en tanto que el promedio de pérdida de suelos calculado en el estudio geomorfológico es de 15,85 millones de toneladas. Al analizar los resultados de sedimentos en suspensión y los de pérdida a nivel de subcuenca puede decirse que guardan mucha congruencia; los volúmenes de sedimentos en suspensión son directamente proporcionales a los volúmenes de pérdida de suelo.
Para realizar la conversión de las toneladas de pérdida de suelo a volumen en el reservorio se utilizaron los SDR correspondientes a cada subcuenca y las densidades y coeficientes de atrapamiento calculados en el informe de batimetría: para los 25 primeros años 1,15 ton/m3 y 0,94 respectivamente; para los subsiguientes 25 años 1,25 ton/m3 y 0,925 respectivamente.
El cuadro 5 presenta los sedimentos evitados por las diferentes acciones a desarrollar para la totalidad de la cuenca; éstos son los volúmenes directamente atribuibles a las actividades del Proyecto y que se depositarían en el embalse de Pueblo Viejo. Corresponden a la implantación de sistemas de conservación de suelos en 8.113 ha de cultivos limpios, establecimiento de 1.550 ha de sistemas agroforestales, manejo de bosques en 50.000 ha, plantaciones forestales de producción en 5.000 ha, manejo de 18.000 ha de zonas de protección y la recuperación de 1.450 ha de cárcavas.
Se calculó, pero no se presenta aquí, el volumen de sedimento que se depositaría en el embalse de Pueblo Viejo para las situaciones con y sin proyecto, en un período de 50 años, para el cual se realiza el análisis. El efecto total en la disminución de sedimentos sería de 40 millones de metros cúbicos, el 18% del total esperado. Ese resultado se logra al intervenir directamente en el 3% de la cuenca (programas de conservación de suelos y reforestación) y manejar el 12,5% en zonas de bosque y protección. Las actividades previstas no pretenden cambiar los usos de la tierra tradicionales, ya que en su totalidad son de autoconsumo. La finalidad es introducir mejoras tecnológicas que disminuyan la erosión, cuyo efecto fue descrito y, paralelamente, se obtengan mejoras en la productividad y se asegure el sustento a largo plazo.
El sedimento depositado en el embalse, en 50 años, sería de 221 millones m3 sin proyecto, y de 181 con proyecto. Será necesario mantener el componente de Evaluación y Seguimiento con el detalle para conocer con mayor precisión los efectos del proyecto, de manera que puedan ser utilizados en la retroalimentación de las acciones y como datos para el diseño de las siguientes fases de manejo a implementarse en la cuenca. Las mediciones en las parcelas de escorrentía, próximas batimetrías y la información sedimentológica que se genere para los diferentes afluentes del Chixoy permitirán ajustar las estimaciones realizadas durante estos estudios y posibilitarán el ensayo de un modelo de simulación integral con parámetros debidamente calibrados, factores que darán mayor confiabilidad al efecto de las medidas de manejo de la erosión.
6.1 Resultados de la evaluación
La evaluación económica se realizó para un caso de referencia y ocho sensibilidades, utilizando el modelo elaborado durante el estudio, el cual se incluye aquí.
La evaluación para el caso estudiado (precio sombra de la mano de obra = 0,708, factor de conversión estándar 0,97 y costos e ingresos suministrados por el equipo técnico arroja una tasa interna de retorno (TIR) de 15,9% a precios de cuenta (10,08% a precios de mercado), con un beneficio neto en valor presente (BNVP) de 19 millones de quetzales para una tasa de descuento del 12%.
El análisis incluyó lo siguiente:
· Evaluación por cultivo y por hectárea de la producción agroforestal sin proyecto: valor de producción, costos de producción, ingreso neto a precios de mercado, ingreso neto a precios de cuenta, valor de las transferencias a favor del agricultor realizadas por el gobierno, bien sea en efectivo o asumiendo parcialmente costos, y los valores presentes que para este caso no son pertinentes.· Evaluación por cultivo y por hectárea de la producción agroforestal con proyecto. Comparando estos resultados con los anteriores se puede verificar que la totalidad de las tecnologías propuestas son rentables tanto en términos privados como a precios de cuenta. Este análisis es muy similar al análisis financiero de los modelos de finca presentados en los informes técnicos de los componentes agrícola-conservación de suelos, agroforestal y pecuario.
· Evaluaciones por tipo de plantación, por hectárea por año y valor presente, para los programas forestales en las situaciones con y sin proyecto. En este caso se consideró que el uso alternativo de las tierras destinables a reforestación industrial es la ganadería extensiva, en tanto que para los programas de manejo la situación sin proyecto se caracterizó como un proceso de degradación progresiva del bosque, que lo lleva a convertirse en tierras de ganadería extensiva. Es conveniente dejar en claro que los coeficientes técnicos de los casos de manejo intensivo y extensivo, para las situaciones con y sin proyecto, son tentativos, pues no existe información de campo confiable al respecto. Durante el estudio del proyecto no se realizó un diagnóstico detallado de la forma como las comunidades manejan en la práctica los bosques, las tasas de extracción de distintos productos y las tasas de crecimiento de los bosques en estas circunstancias. Igualmente, no existe información suficiente que permita realizar estimativos confiables de la tasa a la cual avanza la frontera agrícola en las distintas zonas de la cuenca, la forma como este proceso evolucionará en el futuro, habida cuenta de sus relaciones con las migraciones de población y eventuales cambios en la productividad de los suelos de distintas zonas de la cuenca. De hecho, un pronóstico confiable de este proceso requerirá un estudio más detallado que el realizado para diseñar la totalidad del proyecto.
· Evaluación a nivel de programa (agroforestal, forestal, otros programas de protección), cuentas para cada uno de los grupos que participa en el proyecto, y tasa interna de retorno a precios de mercado y precios de cuenta.
CUADRO 5 - RESUMEN DE SEDIMENTOS EVITADOS POR LAS OBRAS DE PROTECCION DEL RIO CHIXOY - SISTEMAS
La evaluación a nivel de componentes del proyecto indica que el programa agroforestal (producción agrícola, pecuaria, agroforestal, el programa de extensión respectivo, incrementando los beneficios netos en la participación del programa en la externalidad y reduciéndolos por su participación en los costos de la unidad ejecutora) arroja unos BNVP de 9,5 millones de quetzales para una tasa de descuento del 12%; el programa forestal (manejo extensivo e intensivo, reforestación industrial y sus programas de apoyo, incrementando los beneficios por la participación en la externalidad y reducidos por la participación en los costos de la unidad ejecutora) unos BNVP de 14,8 millones de quetzales, en tanto que el manejo de áreas protegidas da BNVP de 1,3 millones de quetzales, y las obras civiles unos BNVP de 3,9 millones.
El BNVP para una tasa de descuento del 12% por concepto de incrementos en generación de energía en Chixoy es del orden de 0,2 millones de quetzales, que corresponde a menos del 3% de los BNVP del proyecto; esto indica a las claras que este efecto es prácticamente despreciable en términos de la evaluación económica del proyecto.
En relación con el programa de obras civiles es conveniente mencionar que, a pesar de su alta participación en los BNVP por incrementos en generación de energía (28,4%), también llamados externalidad del proyecto, no alcanzan a cubrir su participación en los costos de administración de la unidad ejecutora. Ello indica a las claras que este programa no puede justificarse económicamente si el único beneficio atribuible es el control de sedimento. En consecuencia, de incluirse obras civiles en el proyecto, deberá realizarse una revisión cuidadosa de sus costos y exigir una evaluación económica de las obras a realizar, caso por caso como parte del diseño, una vez se conozca su localización exacta en el terreno. Para efectos de esa evaluación podrá estimarse que cada metro cúbico de sedimento evitado en el volumen útil del embalse (no se refiere a sedimentos captados por la obra o sedimentos llegando al embalse) y traído a valor presente a una tasa de descuento del 12% implica un beneficio aproximado de 0,18 quetzales. Los beneficios adicionales requeridos para justificar estas obras deberán estar dados por la protección de zonas de producción agropecuaria o forestal.
En cuanto hace al programa de manejo de áreas protegidas, es claro también que los beneficios por control de sedimentos son insuficientes para justificar económicamente su inclusión en el proyecto; en este caso, sin embargo, se prevé la realización de un estudio detallado de esas zonas al inicio del proyecto, el cual deberá proveer la información necesaria para realizar una evaluación más completa.
El programa agroforestal es rentable, incluso cuando se consideran los costos de las actividades de extensión requeridas por él. Este programa incluye 8.113 ha a ser tratadas con obras de conservación de suelos (7.721 con surcos y barreras y 392 con terrazas), además de 1.550 ha en las que se introducirán combinaciones agroforestales y 2.017 ha en las que se hará mejoramiento de pastos para incrementar la producción pecuaria. En la zona que debe ser tratada con obras de conservación de suelos se esperan incrementos de productividad como resultado de mejoras en las prácticas de cultivo. Las evaluaciones financieras de los modelos de finca hacen parte igualmente de los informes técnicos de conservación de suelos, agroforestería y componente pecuario.
El BNVP de la externalidad producida por las obras de conservación de suelos asciende aproximadamente a Q.48.000 (6,5% del total), lo cual representa un 11% del valor de las transferencias del gobierno a los agricultores asociados directamente con estas obras (50 Q./ha para surcos y 90 Q./ha para terrazas). Estas cifras indican que esas transferencias constituyen un subsidio que se justifica únicamente en cuanto contribuya a introducir el proyecto en la comunidad, habida cuenta de que este componente se justifica económicamente.
El programa forestal es rentable en su conjunto (BNVP de 14,8 millones de quetzales al 12%). Al analizar los distintos componentes de ese programa se observa que los programas de manejo arrojan BNVP positivos para una tasa de descuento del 12%, en tanto que el de reforestación industrial tiene una TIR inferior al 11%.
Al analizar las cuentas para los diferentes grupos que participan en el proyecto (elaboradas para una tasa de descuento del 12%), se observa que los abiertos ganadores son los trabajadores asalariados (BNVP 6,3 millones de quetzales) y los agricultores de fincas pequeñas (BNVP 43 millones de quetzales), en tanto que el gobierno experimenta un saldo negativo de 32,6 millones de quetzales, y los agricultores que participan en el programa de reforestación industrial pierden 0,85 millones de quetzales cuando las transferencias que reciben del proyecto se balancean con repagos posteriores para una tasa del 12%, tal como se consideró en la evaluación. Igualmente, se estima que el proyecto generará unos BNVP no asignables del orden de Q.3,2 millones.
Al disminuir el precio sombra de la mano de obra a 0,6, la TIR se incrementa, a precios de cuenta, a 17,1%, y los BNVP a precios de cuenta pasan de 19,1 a Q.23,6 millones, en tanto que con un precio sombra de la mano de obra de 0,8 la TIR se reduce a 15% y los BNVP al 12% a 15,2 millones de quetzales. Esos resultados significa que al incrementar el PSMO en 0,1 se reduce la TIR en 1% y los BNVP en Q.4,5 millones. Estas modificaciones se explican por la alta participación de la mano de obra no asalariada en el proyecto, y a su vez significa que las conclusiones presentadas anteriormente no cambian cuando sedan modificaciones de este orden en el PSMO, que es muy posiblemente el orden de precisión en su estimación.
En la evaluación, cuando el factor de conversión estándar se reduce de 0,97 a 0,9 (equivalente a incrementar el precio sombra de la divisa de 1,03 a 1,11), la TIR del Proyecto a precios de cuenta se incrementa a 17,7% y los BNVP al 12% pasan a ser Q.26,3 millones. El incremento en los BNVP (Q.7,2 millones) corresponde en gran parte al programa forestal, en tanto que en la división de los beneficios por grupos este incremento corresponde a la porción no asignable, la cual en algunas evaluaciones se identifica con el resto de la sociedad.
En la evaluación, cuando los beneficios por generación adicional de energía se duplican, como es de esperar, la TIR del Proyecto prácticamente no varía (de 15,92% pasa a 16,06%) y los resultados a nivel de programas cambian en mínima proporción. En este punto conviene recordar que los beneficios por este concepto son difíciles de estimar con un nivel apropiado de confiabilidad, por cuanto no es fácil valorar el impacto del Proyecto en el volumen de sedimento depositado en la porción útil del embalse. En un informe presentado en octubre de 1989 se describe el procedimiento utilizado para estimar esos beneficios y se mencionan algunas de las incertidumbres de la información técnica sobre sedimentos utilizada en la evaluación. Los resultados obtenidos indican que los beneficios por este concepto no juegan un papel importante en el total de beneficios del Proyecto.
La evaluación para los casos en que se incrementan los costos de producción agroforestales y forestales en 10%, cuando se incrementa en 10% el valor de los ingresos provenientes de estos productos y cuando se incrementa en 10% el costo de las inversiones con cargo al gobierno. La TIR del Proyecto a precios de cuenta para cada uno de estos casos es: 14,5%, 18,6% y 14,9%, respectivamente, lo que indica que la TIR del Proyecto oscila entre 14 y 19% para el conjunto de sensibilidades normalmente analizadas en un Proyecto de este tipo.
Sobre la reforestación industrial es conveniente aclarar que en ella se ha considerado un patrón de transferencias del gobierno y repagos de los agricultores que resulta en un valor presente neto de cero, cuanto esas cifras se descuentan al 10%. Este patrón se adoptó dada la escasa participación de esa actividad en la externalidad generada por el proyecto (0,5% del total) y el nivel de ingreso de los agricultores que participan.
Del análisis resulta claro que la reforestación industrial considerada en el diseño actual del proyecto es una actividad de bajo atractivo económico, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, y seguramente tampoco es atractiva en términos privados. Esta última afirmación se fundamenta en el hecho de que en Guatemala existen esquemas para fomentar la reforestación que ofrecen subsidios importantes y que no han conseguido promover la actividad a los niveles esperados en el Proyecto.
A nivel de programas, el agroforestal y las actividades de manejo de bosques son atractivos en términos económicos para la sociedad en su conjunto (TIR superior al 14%) y para los participantes, en tanto que la reforestación industrial tiene una TIR cercana al 10% y posiblemente no demuestre atractivo, en términos privados, si se exige que las transferencias sean repagadas por los agricultores utilizando una tasa de interés del 10%. El programa de obras civiles no se justifica económicamente si los únicos beneficios atribuibles a éstas son la retención de sedimento. Por lo tanto, es posible que deba realizarse una revisión detallada de su costo y exigir una evaluación económica cuando se conozca su ubicación exacta en el terreno, para ver si la protección que estas podrían proveer a áreas productivas justifica su inclusión en el proyecto. Con respecto al programa de manejo de áreas protegidas, los beneficios por control de sedimento son insuficientes para justificar su inclusión en el proyecto; sin embargo, se considera que el estudio a realizar al inicio del proyecto podrá proveer mejores elementos de juicio para juzgar la bondad económica de este componente.
En términos de los grupos que participan en el proyecto, los agricultores pequeños (predios de menos de 10 hectáreas y las comunidades que participan en los programas de manejo) y los trabajadores asalariados reciben la mayor parte de los beneficios netos (42,9 y 6,4 millones de quintales), en tanto que la cuenta para el gobierno arroja un saldo neto negativo en valor presente de algo más de Q.30 millones.
El sistema nacional interconectado de generación de energía eléctrica en Guatemala (INDE + EEGSA) contaba a diciembre de 1987, con una capacidad instalada de 646,5 MW; de esta potencia, 438,1 MW correspondían a plantas hidráulicas y 208,4 MW a plantas térmicas.
El cuadro 6 presenta un resumen de la generación bruta total, su descomposición en hidráulica y térmica, los consumos propios y la demanda máxima de potencia para el período 1980-1987, y deja ver la modificación ocurrida en 1986, año en el cual entró en operación Chixoy luego de la suspensión de los trabajos en el período 83-85, a partir del cual la generación hidráulica pasó a representar aproximadamente el 97% de la generación total del SNI. A su vez, Chixoy, con sus 250 MW representó en 1987 el 71% de la generación hidráulica del SNI y el 39% de la capacidad instalada. Estas cifras indican la importancia del Proyecto Chixoy en el sector eléctrico de Guatemala en la actualidad. Hacia el futuro, la situación no es del todo clara. En efecto, existe un plan de expansión del sistema con un horizonte de planeamiento hasta el año 2005. El cuadro 7 presenta los proyectos de generación considerados en el plan y sus fechas estimadas de entrada.
Una revisión del plan y de las bases para su formulación deja ver que éste ofrece serias limitaciones para ser tomado como herramienta base en el análisis de impacto del proyecto de manejo de la cuenca del río Chixoy, a saber:
1) El proyecto de manejo de la cuenca tendrá impacto en la operación de Chixoy, y por tanto en la operación del SNI, en un horizonte de tiempo que supera en mucho el año 2005; de hecho, para la evaluación económica se utiliza un horizonte de planeamiento de 50 años.2) Varios de los proyectos considerados en el plan están a nivel de prefactibilidad, y por tanto aún subsiste un nivel de incertidumbre acerca de su inclusión en la expansión definitiva del sistema.
3) La metodología seguida para efectuar las proyecciones de demanda utilizadas como base en el plan adolece de serias deficiencias, entre otras: los modelos planteados son regresiones simples de consumo sectorial en contraposición al PIB sectorial, en las que se ignoran las características dinámicas de muchas de las demandas, no hay influencia de la tarifa, no se considera la influencia del acervo de capital, etc.
A fin de evaluar el impacto del proyecto de manejo de la cuenca en el sector energético se decidió utilizar un método aproximado que puede ser resumido en los siguientes términos:
a) El proyecto de manejo de la cuenca, además de los incrementos en productividad, se espera que tenga impacto para reducir la erosión laminar y en cárcavas que afecta las microcuencas seleccionadas. Esas reducciones en erosión deben traducirse en reducciones en sedimentos depositados en el embalse.La estimación de la reducción en el aporte de sedimento es difícil por cuanto existen aspectos importantes que no han sido cuantificados. Entre ellos pueden citarse los siguientes:
· No se conoce el tiempo de transporte del sedimento entre las microcuencas seleccionadas y el embalse, por lo que no se ha determinado el rezago que existe entre las acciones del proyecto y sus efectos en la deposición de sedimentos en el embalse.· No se conoce la fracción de los sedimentos totales de que proviene, de procesos gravitacionales, y por tanto no es posible saber qué parte de los sedimentos totales se está tratando de controlar con el proyecto.
· No se conoce la cantidad de sedimento que se encuentra en los cauces de la cuenca y sobre los cuales las medidas de manejo no tendrán mayor impacto.
· No se ha estudiado la forma como se depositan los sedimentos en el embalse y su comportamiento en el tiempo; por lo tanto, la división entre sedimento depositado en el volumen muerto y en el volumen útil es aproximado.
Con las salvedades anteriores, se tornan las cifras sobre sedimentos totales depositados en el embalse en las situaciones con y sin proyecto estimadas por el cuerpo técnico del estudio, y las curvas altura-volumen en el embalse que ellos implican.
b) Los sedimentos depositados en el volumen útil afectan la capacidad de regulación del embalse y por tanto la generación de energía firme y secundaria; los sedimentos depositados en el volumen muerto no tienen implicaciones directas en la evaluación, porque según los estimativos, el volumen muerto se coparía después del año 80 de operación del proyecto, lo que abiertamente está fuera del período de análisis.
Para estimar la generación de energía firme y secundaria en Chixoy bajo diversas condiciones del embalse, se construyó un modelo de simulación (SIMU1). Dicho modelo presenta mucha complejidad y puede decirse que casi no tiene incidencia en el proyecto; por eso no se detalla en este estudio.
CUADRO 6 - GENERACION DE ENERGIA
|
Año |
1980 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
|
G. Bruta, GWH |
1033,3 |
1011,5 |
982,5 |
1143,3 |
1089,2 |
1164,1 |
1739,1 |
1773,9 |
|
Hidráulica |
278,6 |
344,2 |
481,4 |
807,6 |
604,8 |
677,9 |
1717,3 |
1700,5 |
|
Térmica, GWH |
754,7 |
667,3 |
500,8 |
335,7 |
484,4 |
486,2 |
21,8 |
73,4 |
|
C. Propio, GWH Demanda Máx |
40,4 |
41,9 |
36,6 |
25,8 |
30,7 |
29,9 |
4,1 |
5,8 |
|
en MW |
272,8 |
287,1 |
270,8 |
276,6 |
284,2 |
301,6 |
379,4 |
388,9 |
CUADRO 7 - PROYECTOS DE GENERACION
|
PROYECTO C. |
INSTALADA |
ENERGIA DEL 80% |
AÑO ENTRADA |
|
(MW) |
(GWH) |
||
|
Geozunil |
15 |
110 |
1992 |
|
Río Bobos |
9 |
55 |
1993 |
|
Vapor III |
50 |
350 |
1993 |
|
Santa María II (hidro) |
68 |
177 |
1995 |
|
El Palmar (hidro) |
55 |
180 |
1996 |
|
Jocotán (hidro) |
40 |
132 |
1996 |
|
Serchil (hidro) |
80 |
209 |
1998 |
|
Geotérmica II |
55 |
430 |
1999 |
