En 2015, tomando nota de que diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales de distintos lugares del mundo habían venido celebrando anualmente el 28 de septiembre como día internacional del derecho a saber, la UNESCO proclamó esa fecha oficialmente como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información Pública. Este derecho posibilita y potencia el goce y ejercicio de otros derechos humanos, tales como el derecho a la educación, y a un medio ambiente sano, además de que es una herramienta para el control social de la gestión pública, la rendición de cuentas y la promoción de mejoras regulatorias.

En el actual contexto de pandemia, cuando se incrementa la producción de decretos y medidas excepcionales, simplificando muchos procesos de financiamiento de obras públicas, selección de contratistas y compras directas, se debe destacar la importancia del acceso a la información pública como un mecanismo de control social de la gestión gubernamental, así como un derecho llave que facilita el acceso a información precisa y actualizada sobre la prevalencia del virus, los servicios de prueba y tratamiento disponibles, las interrupciones o modificaciones a la prestación de otros servicios públicos, las medidas oficiales implementadas para prevenir los contagios, y el impacto de estas medidas en las actividades diarias de la población, entre otros.

A nivel regional, el trabajo que desde 2005 lleva a cabo la OEA ha dado un gran impulso al desarrollo de este derecho, facilitando la creación de estándares internacionales y principios que garantizan el acceso a la información pública en todos los niveles de la estructura estatal, incluyendo a los tres poderes del Estado, principalmente por medio de la creación y difusión de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (2010), que pronto se convirtió en un referente para los países que buscan mejorar sus leyes o adoptar legislación sobre la materia, y el Programa Interamericano sobre el Acceso a la Información Pública (2016).

Con el fin de continuar avanzando en este campo, el órgano máximo de la OEA, la Asamblea General, solicitó en 2017 al Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos que, mediante un proceso de consultas realizado con el apoyo de socios institucionales, Estados Miembros de la OEA, expertos en la materia y organizaciones de la sociedad civil, identificara las áreas temáticas en las que se estimara que era necesaria la actualización o ampliación de la Ley Modelo Interamericana. Los resultados de este proceso fueron plasmados en un documento que fue entregado al Comité Jurídico Interamericano (CJI), órgano consultivo de la OEA del cual el DDI es Secretaría Técnica.

En marzo de 2020, el CJI adoptó una Propuesta de Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública 2.0 que constituye un avance cualitativo en el fortalecimiento de los estándares regionales. Esta Propuesta fue remitida al Consejo Permanente de la OEA, con miras a que sea elevada a la consideración de la Asamblea General de la Organización, que celebrará su 50º periodo ordinario de sesiones los días 20 y 21 de octubre próximo.

De esta manera, el DDI reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios colaborativos que fortalezcan el derecho de acceso a la información pública en la región, y se suma a las iniciativas de la sociedad civil, los organismos internacionales, la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y los Estados Miembros de la OEA para conmemorar esta importante fecha. 

» Para ver la Propuesta de Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública 2.0, haga click aquí.

» Para ver el Programa Interamericano de Acceso a la Información Pública, clic aquí.

Para mayor información sobre este tema, comunicarse con el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA al teléfono + 1 202 370 0741. 

» Para más información sobre el Departamento de Derecho Internacional (DDI), por favor visite nuestra página Web.