En su reciente sesión celebrada entre el 2 y el 11 de agosto de 2023, el CJI adoptó una Guía que identifica 32 normas destinadas a actualizar la cooperación jurisdiccional por medio del uso de las tecnologías de la comunicación y de la información, sin modificar o sustituir la normativa vigente en los textos convencionales, legales y reglamentarios, en función de una interpretación práctica de la norma.  

El trabajo fue desarrollado por la doctora Cecilia Fresnedo de Aguirre y responde a un mandato de la Asamblea General que solicitaba facilitar “la cooperación internacional en el sistema interamericano en beneficio de las sociedades del Hemisferio” (AG/RES. 2959 (L-O/20)).

En su elaboración se identificaron instrumentos convencionales universales, regionales y subregionales, además de las normativa y práctica en los Estados miembros de la OEA, junto a los estudios de la doctrina y jurisprudencia tanto de la región como fuera de ella.  De gran valía resultaron los cuestionarios enviados a los Estados así como a especialistas de la región, contando en este último caso, con el apoyo de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP).

La Guía de buenas prácticas recomienda mecanismos tendientes a hacer más efectivos los procedimientos de cooperación en el ámbito de las convenciones interamericanas vigentes, teniendo por objetivo fundamental servir al operador del derecho, tanto a jueces como a abogados, sin perjuicio de los avances normativos que surjan, a la luz de los avances tecnológicos.  

En concreto, la propuesta promueve el uso de medios tecnológicos respecto del uso de documentos o su tramitación en casos en que la norma no se pronuncia o no lo prohíbe, con pleno respeto de las garantías del debido proceso.  La Guía invita a los diferentes actores a servirse de medios tecnológicos, en que prevalezcan, entre otros, la utilización de expedientes electrónicos y correos electrónicos institucionales de los funcionarios, la tramitación del domicilio electrónico ante el poder judicial, el uso de videoconferencias, y la suscripción de actos por medio de la firma digital, analógica mecánica, digitalizada o escaneada.  En este sentido, la Guía reconoce que las actuaciones se deben guiar por el principio de la interpretación evolutiva, en la medida que las diferentes actuaciones sean permitidas por la norma e incluso sean técnica y económicamente posibles.  De hecho, en los casos en que ello no es aún permitido por la regulación interna, se insta a proceder a un desarrollo progresivo. 

Asimismo, se impulsan prácticas tendientes a eliminar obstáculos jurídicos, facilitar el actuar de las autoridades centrales e imponer el cumplimiento de formalidades, sin contravenir principios fundamentales de orden público internacional.  Especial énfasis se acuerda a las actuaciones en materia de exhortos y cartas rogatorias.  Tal como lo efectúan similares desarrollos, la Guía de buenas prácticas del CJI emite sugerencias y propuestas de índole no vinculante para los Estados (enlace a la Guía de buenas prácticas).

Como parte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, el Departamento de Derecho Internacional provee servicios de secretaría y apoyo técnico al CJI. 

El CJI es el órgano consultivo de la OEA en materia jurídica y tiene como función principal promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional.

» Para más información sobre el Comité Jurídico Interamericano (CJI), haga click aquí 

» Para más información sobre el Departamento de Derecho Internacional (DDI), haga click aquí 

 @DDIOEA