Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe donde conviven los pueblos indígenas maya, xinka, garífuna y los ladinos. Estos pueblos indígenas sufren una situación de desigualdad y exclusión consecuencia del racismo y la discriminación estructural.
Si bien se han dado iniciativas estatales para atender a la situación de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, estas se han presentado de modo desintegrado y sin ser concertadas con los pueblos indígenas.
La impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia y la violencia política, así como la exclusión social, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos.
CIDH presenta el informe:
"Situación de Derechos Humanos en Guatemala"
El informe aborda la situación de los derechos humanos en Guatemala, así como una serie de desafíos estructurales en materia de acceso a la justicia e impunidad, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que han afectado en forma severa los derechos humanos de sus habitantes.
Especial atención se da a la situación de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, niñas y niños, población LGTBI, migrantes y pueblos indígenas.
Se da particular atención a la independencia y autonomía de la administración de justicia en Guatemala y a los procesos de selección y las garantías de permanencia en el cargo de los operadores de justicia.
Avances positivos en políticas de derechos humanos en Guatemala
Se reconocen cambios en pro de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, promovidos y provocados por el trabajo de funcionarios públicos comprometidos con la justicia, de las y los defensores de derechos humanos, y de las y los dirigentes sociales.
Se destaca la reducción de la tasa de homicidios en materia de seguridad ciudadana, y la decisión de la Corte de Constitucionalidad de septiembre de 2015 en materia de derechos indígenas, que por primera vez ordena se practique la consulta a las comunidades indígenas afectadas por un proyecto de inversión.
Se valoran los esfuerzos del Estado para crear un programa de protección a periodistas, las acciones tomadas para prevenir y combatir la trata de personas y, la creación de estadística diferenciada en materia de violencia contra la mujer que alimentan el diseño de políticas públicas.
También en materia de administración de justicia se destaca la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público en la desarticulación de redes criminales y en la lucha contra la corrupción.
En los últimos años han habido algunos logros en la lucha contra la impunidad. Al respecto, se han dictado sentencias de alto impacto social, relacionadas con el crimen organizado, incluyendo casos de corrupción, extorsión, secuestro, violación y asesinato.
Es positiva la creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual, como una dependencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos; la firma de un convenio para generar contenidos de formación para la escuela de estudios penitenciarios y para la promoción de atención diferenciada para personas LGBT en las prisiones; charla sobre derechos humanos de personas LGBT en cárceles; la inclusión de la categoría LGBTI en los formularios para presentar denuncias ante la Policía Nacional Civil; y sus actividades de observación sobre los servicios de atención a personas LGBTI de infecciones de transmisión sexual
Crédito Fotográfico: prensa CIDH
La gran mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos no viven en un lugar libre de violencia
La tasa de homicidios en Guatemala es una de las más altas de Latinoamérica y el Caribe. Desde el año 2000, se presenta un escenario de violencia generalizada, siendo uno de los países más violentos de Latinoamérica.
Esta violencia e inseguridad está relacionada con la exclusión social y la falta de aplicación de la ley en un contexto de debilidad institucional agravado por el actuar del crimen organizado y el uso desmesurado de la seguridad privada.
Militarización de la seguridad ciudadana
Desapariciones forzadas
Linchamientos
La población termina en medidas desesperadas, frente al hecho de que la seguridad pública no funciona, esto no la justifica para nada, pero es una explicación de fondo. Hay una actitud en la población de que ya no pueden esperar en las instituciones del Estado, en ese sentido hay una reacción muy instintiva y perversa que lleva a las comunidades a tomar la justicia en sus manos, entre comillas.
Seguridad privada
Se estima que en el país existen al menos 120.000 agentes de seguridad privada, de los cuales aproximadamente la mitad son ilegales, al no haber sido instituidas por Acuerdo Gubernativo o Ministerial; mientras que el 94% de la otra mitad, no se encontrarían regularizados con base en la legislación vigente.
De acuerdo a la OACNUDH-Guatemala, sólo 24 de las 151 empresas de seguridad privada registradas están consideradas acordes con el Decreto 52-2010 que regula los servicios de seguridad privada. Sólo 477 agentes de seguridad privada, de un total estimado de 46.000, están certificados.
Armas de fuego
Extorsión
Impacto económico
“La militarización se ha utilizado para dejar limpia el área, para que nadie moleste a las personas que están haciendo el trabajo para que la cementara se instale.”
Testimonio de un líder comunitario, recibido por la CIDH en visita de agosto de 2013. En las doce comunidades de San Juan Sacatepéquez, que se oponen a las actividades inconsultas de una empresa cementera, se encuentra de modo permanente un destacamento militar y que se habría instalado una segunda brigada.
Discriminación, desigualdad y exclusión de los pueblos indígenas
Históricamente ser indígena en Guatemala ha significado cargas valorativas negativas que los han situado en una relación jerárquica de extrema desigualdad. La discriminación se manifiesta en la falta de respeto y vigencia de los derechos humanos de los cuales son titulares, los coloca en una situación pobreza y pobreza extrema.
Los problemas estructurales creados desde la colonización han dificultado el camino para lograr el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, y la plena vigencia de sus derechos. Los Acuerdos de Paz “siguen siendo válidos y vigentes, y deben orientar el cambio de reconocimiento como Nación multiétnica, plurilingüe y multicultural
”. (Información recibida por la CIDH en reunión con SEPAZ, COPREDEH y PNR, 22 de agosto de 2013, Ciudad de Guatemala.)
Condiciones de pobreza
La discriminación incrementa la desigualdad social y ahonda las condiciones de pobreza en que se encuentra la población indígena. Esta exclusión se observa en todas las esferas, incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso a los servicios básicos, las condiciones laborales, el acceso a la economía formal, acceso a la justicia, la participación en instancias de toma de decisiones y representación en medios de comunicación y en el debate público.
Crédito Fotográfico: prensa CIDH
El principal obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos en Guatemala deriva de que el Estado ha sido estructurado para asegurar el disfrute de privilegios por parte de una pequeña parte de la población, en detrimento de la mayoría.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Committee on Economic, Social and Cultural Right hears from stakeholders on Guatemala, Nepal and Romania, 17 de noviembre de 2014.
Violencia contra las mujeres y femicidios
Diversas organizaciones internacionales y nacionales se han pronunciado enérgicamente sobre la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en Guatemala y el contexto general de impunidad ante estos hechos.
Sin clasificador étnico
Sin programas de salud mental
“11 mujeres fueron violadas sexualmente en grupo por varios hombres (guardias de seguridad de la empresa, policías y soldados del Ejército) que ejecutaron el desalojo. Todos estos hechos quedaron en la impunidad.”
Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Comunidad Q´eqchi´ del Lote 8, Chacpayla, Municipio de El Estor, Izabal, de fecha 19 de agosto de 2013.
Se informó que, en 2006 y 2007, la Compañía Guatemalteca de Niquel promovió desalojos forzados de comunidades q´eqchi´ en el Municipio de Panzós, Alta Verapaz y en El Estor, Izabal, en el Valle del Polochic para realizar actividades de extracción minera. El 17 de enero de 2007 habría ocurrido el desalojo.
Niños, niñas y adolescentes
La situación socioeconómica, la violencia intrafamiliar, la violencia colectiva y el incumplimiento del Estado de su deber de protección especial provocan que niños, niñas y adolescentes continúen sufriendo la vulneración de sus derechos.
Derecho a la alimentación
Trabajo infantil
Se reportó, además, la existencia de un severo problema de trabajo infantil en el sector agrícola, no sólo por el alto porcentaje de niños y niñas indígenas trabajando, sino también por la sobreexplotación y condiciones del trabajo, sin pago ni reconocimiento de derecho alguno.
El Estado debe continuar trabajando para fortalecer las medidas para responder y erradicar el trabajo infantil.
Embarazos de niñas y adolescentes
Migrantes
Derecho a la educación Acceso limitado
En algunas comunidades, es muy limitado el acceso a las escuelas y que existen numerosas comunidades donde no hay maestros. Pocos años de escolarización
Los niños y niñas indígenas en áreas rurales asisten a la escuela un promedio de poco más de tres años, mientras que las niñas superan escasamente un año de escolarización. Pobreza
La deserción escolar entre niños y niñas indígenas tienen a la pobreza como factor determinante al verse obligados a dedicarse a actividades domésticas en sus hogares o a realizar labores en las fincas. Sólo ciclo primario
Las escuelas en las comunidades únicamente ofrecen la oportunidad de estudiar el ciclo primario, y hay una mínima cobertura en el nivel secundario. Para poder continuar estudiando, los niños, niñas y jóvenes indígenas deben matricularse en centros educativos urbanos, y son pocas las familias que pueden cubrir tales costos. Sin educación bilingüe
Un número reducido de establecimientos educativos funcionan bajo la modalidad de educación bilingüe intercultural, incluso en los departamentos con más de 90% de población indígena. De acuerdo a la información disponible, la educación bilingüe intercultural no cubriría todos los grados educativos y no abarcaría a las distintas comunidades sociolingüísticas.
Acceso limitado
Pocos años de escolarización
Pobreza
Sólo ciclo primario
Sin educación bilingüe
“Hay una persecución. Hay una guerra psicológica, no nos están matando con el arma, pero es un daño psicológico. Los niños ya no sienten la libertad de asistir a las escuelas. Hemos presentado recursos de exhibición personal, hemos presentado denuncias. Hasta el momento la Corte Suprema de Justicia no nos ha informado.”
Información recibida por la CIDH en visita de agosto de 2013.
Derechos laborales
El racismo es un elemento que ha incidido y continúa incidiendo directamente en las relaciones sociales de producción, en la medida en que influye en el establecimiento de formas y tipos de trabajo. El trabajo forzado y explotación servil del indígena, ha sido un elemento fundamental en el sometimiento de los pueblos indígenas a lo largo de la historia de Guatemala.
Colonia de Peones
Continúan existiendo en Guatemala formas contemporáneas de esclavitud con fines de explotación económica, que tienen orígenes coloniales. De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008, existen unas 5.043 unidades productivas agrícolas en las que permanece el sistema de “colonias de peones” o “mozos colonos”. Se trata de grupos de familias o comunidades que han vivido dentro de las fincas generación tras generación, y que sobreviven sirviendo a los “patrones” a cambio de míseros salarios o alimentos. Estas personas son “heredadas” o “transferidas” a los nuevos propietarios de las fincas junto con la tierra.
Crédito Fotográfico: prensa CIDH
“Desde hace años en la finca, [hoy denominada Finca Empresa Agrícola San Francisco S.A.], han promovido trabajos forzosos sin pagos y prestaciones laborales, a las [126] familias [que han habitado y poseído las tierras por más de dos siglos], que se traduce en acarrear tallos de guineo a espaldas humanas trasladando a dos horas a pie hasta su destino, así como sembrar y cosechar café.”
CUC. Casos de violaciones a derechos de comunidades indígenas y campesinas en Guatemala en el Departamento de El Quiché (Caso Regadillos, Sanchina y Buena Vista). Carta a Relatora Dinah Shelton, 22 de agosto de 2013.
Derecho a la salud
Uno de los principales retos en materia de salud indígena es la adecuación cultural del servicio de atención, pues el sistema de salud estatal es percibido como ajeno a la concepción propia de los pueblos indígenas, y su diseño y aplicación se ha determinado sistemáticamente sin su participación.
Como ejes centrales se debe tener el fortalecimiento y consolidación de la medicina tradicional a través del establecimiento de instrumentos y mecanismos que permitan su puesta en ejercicio; así como la especial relación que vincula a los pueblos indígenas con sus territorios y con los recursos naturales que en ellos se encuentran.
Sistema obsoleto
Obstaculos geográficos
Mortalidad materna
“A veces el personal va, pesa, mide al niño. Dicen sí es desnutrido el niño pero como no está afiliado al partido oficial no le dan la bolsa segura o los beneficios que el gobierno está promoviendo.”
Testimonio recibido en reunión con líderes, lideresas y organizaciones indígenas el 25 de agosto de 2013 en Nebaj, Quiché.
Derecho de propiedad y de consulta de los pueblos indígenas
El desconocimiento del uso y ocupación histórica como fundamento de los derechos colectivos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas es el principal obstáculo para el respeto y garantía del derecho a la propiedad indígena en Guatemala.
Conquista, colonia y conflicto armado
Falta de registro de la tierra
Desalojos forzosos y proyectos de desarrollo
Creación y manejo de áreas naturales protegidas
Sin derecho de consulta
Crédito Fotográfico: prensa CIDH
Los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos.
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Suriname. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 121.
Guatemala debe reconocer el genocidio que sufrió el pueblo maya durante el conflicto armado interno
Entre los años 1960 y 1996, Guatemala vivió un conflicto armado con múltiples, masivas y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas en ese período.
El Gobierno guatemalteco ha rechazado la existencia de genocidio como componente del conflicto armado, a pesar de que está ampliamente reconocido por múltiples organismos internacionales y de su devastador efecto sobre las comunidades indígenas.
La negativa de reconocer el genocidio que sufrió el pueblo maya es un reflejo del racismo y la discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas en Guatemala.
La mayor parte de los hechos ocurridos durante el conflicto armado en Guatemala permanecen impunes.
Defensoras y defensores de derechos humanos
Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.
Defensa de las comunidades
En los últimos años, varios líderes y autoridades indígenas en diferentes lugares de Guatemala han sido asesinados por motivos presuntamente vinculados a sus actividades en defensa de los derechos de sus pueblos o comunidades. Asimismo, una serie de actos de violencia, agresiones y detenciones se han producido en el contexto de desalojos y manifestaciones, en particular en aquellas organizadas en oposición a proyectos de desarrollo e inversión.
Actos de violencia
Tales actos consistirían en la destrucción, robo y quema de sus viviendas y cultivos; obstrucción del paso a caminos o destrucción de puentes, a veces las únicas vías de comunicación; amenazas verbales y con armas corto punzantes y de fuego; disparos de armas de fuego al aire o contra los comunitarios; denuncias ante los juzgados locales para obtener órdenes de captura en su contra; agresiones físicas directas contra comunitarios, incluyendo a niños y niñas; entre otros.
Crédito Fotográfico: prensa CIDH
“Los militares vienen a controlar más al pueblo por las empresas que quieren entrar, si la gente se manifiesta ellos controlan las manifestaciones. Intimidan a la población, especialmente a la población víctima y sobreviviente del conflicto. Aun no se han subsanado las heridas y ahora se reviven otra vez.”
Información recibida por la CIDH en visita de agosto de 2013. En la región Ixil, una de las más afectadas por el conflicto armado, se incrementaron los elementos militares de la base de Chajul y del destacamento militar de Nebaj, y se instaló un nuevo destacamento en Cotzal.
Acceso a la justicia: independencia judicial, impunidad y compromisos internacionales
Es de atención la independencia y autonomía de la administración de justicia en Guatemala y a los procesos de selección y las garantías de permanencia en el cargo de los operadores de justicia.
Cuestionada elección de jueces y magistrados
Impunidad respecto del conflicto armado
Desacato
En medio de la crisis política e institucional más profunda en décadas, las y los guatemaltecos son conscientes de que solo mediante reformas integrales se logrará un verdadero cambio en el país.
ACNUDH-Guatemala, El Despertar de Guatemala: La revolución por la justicia y el cambio.