Durante los últimos cinco años, América Latina ha
gozado de un intenso crecimiento económico, el cual se espera que
continúe aún a un ritmo más lento. Con el aumento de la prosperidad,
la clase media, cada vez mayor, está fortaleciendo la demanda interna
de bienes y servicios. La industria de las telecomunicaciones también
se ha beneficiado de esta expansión económica y ha logrado un
importante crecimiento en el sector móvil, pero las conexiones
alámbricas y la penetración de banda ancha se han quedado atrás con
respecto a las de la región de Asia y el Pacífico. La tecnología es el
motor básico del desarrollo económico y está bien establecido que las
inversiones en banda ancha estimulan el crecimiento del empleo, la
productividad y el PBI. Por lo tanto, es decisivo que los gobiernos
latinoamericanos se pregunten si deben actualizar sus políticas
públicas para aprovechar las nuevas tecnologías y garantizar que sus
marcos normativos impulsen a los inversionistas, tantos locales como
extranjeros, a acelerar la puesta en funcionamiento de redes de banda
ancha y ofrezcan servicios combinados.
Atraer la inversión extranjera en la
infraestructura de las telecomunicaciones
La inversión extranjera directa (IED) ha sido
tradicionalmente el factor que ha impulsado el crecimiento del sector
de las telecomunicaciones en las economías que se están liberalizando.
Los países que eliminaron barreras a la inversión extranjera directa
se han beneficiado de un mayor compromiso y participación de
inversores extranjeros a largo plazo, así como de los nuevos enfoques
en la administración, nueva tecnología y nuevas capacidades. La
eliminación de los límites a la inversión extranjera directa y de
otras restricciones que perjudican a los proveedores extranjeros de
servicios de telecomunicaciones puede ayudar a atraer inversiones que
acelerarán la puesta en funcionamiento de las redes de banda ancha. A
medida que la región avanza en este proceso, será esencial que los
gobiernos cuenten con políticas y prácticas que creen un medio
empresarial que atraiga la inversión y promueva la competencia. El
sector de las telecomunicaciones es una industria de capital intensivo
y el acceso al capital es clave para asegurar el funcionamiento de
redes fuertes. Una mayor y rápida liberalización del sector de las
telecomunicaciones podría fortalecer el crecimiento económico en
sectores de importancia crucial en todos los mercados de la región.
Además, el contar con un medio general propicio
para los negocios y competitivo contribuirá a atraer la necesaria
inversión en redes de banda ancha. Un sistema jurídico claro y estable
es un elemento clave para crear un medio favorable para las empresas.
Por ejemplo, los inversionistas preferirán países que cuenten con una
legislación tributaria bien arraigada y previsible a aquéllos que no
la tienen. Otros factores importantes asociados con un medio propicio
para los negocios se relacionan con políticas que estimulan la
innovación y mantienen neutralidad tecnológica. Los inversionistas
valoran altamente la flexibilidad de elegir tecnologías que les
permitan prestar servicios innovadores en forma eficiente.
Procesos normativos que ofrecen confianza
Los procesos normativos que permiten que se
consulte con la industria sobre la reglamentación, que son
transparentes y contienen mecanismos de aplicación efectivos dan
confianza al inversor. Es necesario instar a los miembros de la
industria a que comenten acerca de los reglamentos propuestos y sus
comentarios deben ponerse a disposición de las partes interesadas. Su
transparencia normativa permite que los organismos normativos
controlen el medio empresarial y garanticen que se acaten las reglas
del juego. Los mecanismos efectivos para resolver controversias así
como una trayectoria en la que se impone el cumplimiento de las
medidas de control contra las conductas que atenten contra la libre
competencia, ofrecen confianza a los inversionistas y fortalecen la
función de la parte encargada de reglamentar.
Impulsar servicios de telecomunicaciones
innovadores
La concesión de licencias ofrece la confianza
básica y la seguridad legal que los inversionistas necesitan para
realizar inversiones significativas en la infraestructura de las
comunicaciones. Los criterios y condiciones para la concesión de
licencias deben formularse de una manera transparente y abierta. Para
promover servicios combinados basados en el protocolo Internet (IP),
los servicios de concesión de licencias deben tener un amplio alcance
para facilitar la prestación de servicios innovadores. Además, debe
considerarse la posibilidad de no exigir licencias para la prestación
de servicios no básicos, tales como los servicios de valor añadido.
Otros aspectos importantes que deben tenerse en cuenta son los medios
rápidos para resolver controversias sobre el alcance de los servicios
permitidos y costos razonables y simplificados para la regulación de
licencias. Por último, el garantizar que los titulares de las
licencias tengan acceso a las necesarias entradas a la red, tales como
puertas de enlace internacionales y otras facilidades en materia de
red en base a términos razonables, promoverá la competencia y
acelerará la prestación de servicios innovadores.
En resumen, la tecnología es el motor fundamental
del desarrollo económico y la inversión en red y servicios de banda
ancha estimulan el desarrollo económico. La mayoría de los países en
América Latina se encuentran en una posición fuerte para
modificar/examinar sus políticas públicas y aprovechar las nuevas
tecnologías. La adopción de políticas que alienten la inversión
extranjera directa, agilicen el proceso de concesión de licencias,
amplíen el alcance de las licencias y creen procesos normativos que
ofrezcan confianza, serán factores clave para determinar el futuro de
los servicios de banda ancha en la región. Ahora es el momento de
actuar.
Jacquelynn Ruff
Vice Presidente de Asuntos Regulatorios
Verizon
Información adicional: Este es un resumen
de la presentación realizada durante el
“Foro conjunto UIT/CITEL: Posibilitando un ambiente de negocios
para las TICs en la Región Américas” que tuvo
lugar el día 21 de abril de 2008, en Washington D.C., Estados
Unidos de América en la sede de la OEA.
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