La RELE condena el asesinato de los periodistas Jaime Vásquez, Julio Zapata y Hilton Eduardo Barrios, y llama al Estado a investigar los hechos y asegurar la protección de periodistas

30 de abril de 2024

Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista y líder social Jaime Vásquez, registrado el 14 de abril en la ciudad Cúcuta, departamento de Norte de Santander; del periodista Julio Zapata, registrado el 22 de abril en el municipio de San Rafael, departamento de Antioquia; y del periodista Hilton Eduardo Barrios, registrado el 26 de abril en el municipio de Puerto López, departamento de Meta. Esta Oficina llama a las autoridades a investigar los hechos con debida diligencia, considerando su oficio como posible móvil de los crímenes, así como a esclarecer los hechos e identificar y sancionar a todos los responsables.

En el caso de Jaime Vásquez, según información pública, se encontraba transitando por las calles del barrio La Riviera, en la ciudad de Cúcuta, cuando un hombre a bordo de una motocicleta le propició tres disparos con arma de fuego mientras se refugiaba al interior de un establecimiento comercial. Vásquez fue trasladado con vida al centro de salud más cercano, sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones. Según reportes públicos, Vásquez era reconocido por realizar denuncias e informar a través de su página de Facebook sobre asuntos de interés público en la ciudad de Cúcuta, relacionados con posibles hechos de corrupción.

Según pudo conocer esta Oficina, Jaime Vásquez contaba con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). De acuerdo con la información proporcionada por el Estado a la Relatoría Especial, en enero de 2023, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) habría decidido ajustar las medidas de protección de Vásquez, las cuales incluían la asignación de un medio de comunicación, un chaleco blindado y una persona de protección.

No obstante, según reportes públicos, al momento del crimen el periodista no portaba el chaleco antibalístico y tampoco estaba acompañando de su escolta. La UNP, por su parte, ha indicado que Vásquez "sufrió un atentado mortal fuera de su domicilio" y que, si bien "tenía medidas vigentes", estas "se encontraban en proceso de revaluación". Reportes públicos han advertido con preocupación que la revaluación de dichas medidas habría tomado alrededor de 5 meses.

La Relatoría saluda las declaraciones del Presidente de la República y otras autoridades colombianas, incluyendo a la Gobernación, quienes han condenado enérgicamente el crimen. Asimismo, valora el avance en las investigaciones del caso por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que han conducido a la captura y detención del presunto responsable.

En relación con el asesinato del Julio Zapata, de acuerdo con información pública el periodista fue atacado con arma punzocortante mientras se encontraba en su vivienda en compañía de otra persona, ubicada en el municipio de San Rafael, departamento de Antioquia. Zapata fue el fundador del medio digital San Rafael Online en el que publicaba información de interés público, y también era locutor del programa El Despertador.

La Relatoría Especial saluda el pronunciamiento de la Alcaldía de San Rafael, que en un comunicado publicado el 23 de abril lamentó el asesinato y convocó a un Consejo de Seguridad para analizar el crimen y otras situaciones de violencia en el municipio.

Finalmente, la Relatoría Especial registró el asesinato del periodista y excandidato a la Alcaldía de Puerto López, departamento de Meta, Hilton Eduardo Barrios. De acuerdo con reportes públicos, el crimen ocurrió en un establecimiento comercial del barrio Menegua en Puerto López, donde hombres armados dispararon contra el periodista en repetidas ocasiones. Barrios era director del medio de comunicación local Ciudadanías, donde denunciaba presuntos hechos de corrupción. Además, era un reconocido líder del municipio que hizo parte de la Asamblea Campesina, desde donde trabajó por el ordenamiento territorial y la reforma agraria.

La RELE conoció que las autoridades colombianas habrían dispuesto un equipo especial de Investigación Criminal e Inteligencia Policial para recolectar evidencias y dar con el paradero de los responsables. El alcalde de Puerto López rechazó el crimen perpetrado contra Barrios, al igual que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la cual hizo un llamado al esclarecimiento de los crímenes mencionados.

Este es el tercer asesinato de periodistas en el país que registra la Relatoría Especial durante el mes de abril, y el cuarto en lo que va del año 2024, luego del asesinato periodista Mardonio Mejía Mendoza, perpetrado el 24 de enero en el municipio de San Pedro, en el departamento de Sucre; el del periodista y líder social Jaime Vásquez, en Cúcuta, Norte de Santander; y el del periodista Julio Zapata, en San Rafael, Antioquia.

Al respecto, la Relatoría Especial reitera que el asesinato de personas periodistas es la forma más extrema de censura. Como ha sido señalado por esta Oficina, “los actos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación no solo vulneran en forma grave su derecho a la vida, sino que apuntan a suprimir en forma radical su derecho a expresarse libremente y generan un efecto de autocensura”. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

Asimismo, recuerda que los Estados deben brindar medidas de protección a la vida y la integridad de los periodistas que estén sometidos a un riesgo especial, el cual debe ser evaluado a la luz del contexto existente en el país y puede surgir “por factores tales como el tipo de hechos que los periodistas cubren, el interés público de la información que difunden o la zona a la cual deben acceder para cumplir con su labor, así como [por] amenazas en relación con la difusión de esa información o por denunciar o impulsar la investigación de violaciones que sufrieron o de las que se enteraron en el ejercicio de su profesión”.

Corresponde a las autoridades estatales que toman conocimiento de la situación de riesgo especial, “identificar o valorar si la persona objeto de amenazas y hostigamientos requiere de medidas de protección o remitir a la autoridad competente para hacerlo, así como ofrecer a la persona en riesgo información oportuna sobre las medidas disponibles”. Los Estados deben garantizar que las medidas de protección adoptadas sean efectivas y adecuadas.

Ante las consideraciones previas, la Relatoría Especial urge al Estado colombiano a investigar los hechos considerando la profesión periodística como posible móvil de los crímenes; identificar y sancionar a todos los responsables; y adoptar medidas necesarias para mejorar la protección de las y los periodistas en el país. Asimismo, llama al Estado a fortalecer el mecanismo de protección y revisar el funcionamiento de los esquemas y medidas de seguridad para garantizar que estos sean efectivos y brinden la debida protección a las y los periodistas que se encuentran en situación de riesgo.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

No. R082/24

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