Iniciativa: Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA)

La MACCIH-OEA combate la corrupción y la impunidad brindando apoyo en la reforma del Sistema de Justicia Penal hondureño y en desmantelar redes de corrupción, a través de un enfoque de “Colaboración activa”- lo que significa que la Misión trabaja directamente con instituciones hondureñas para implementar una agenda anti-corrupción. Bajo este enfoque, la MACCIH-OEA busca fortalecer el estado de derecho y la legitimidad de las instituciones del Gobierno de Honduras.

Actividades: La misión tiene un mandato de cuatro años (2016-2020) e implementa sus actividades mediante cuatro divisiones programáticas que se complementan mutuamente:

1. La División de Prevención y Combate a la Corrupción es responsable de: a) colaborar y brindar asesoría técnica a investigadores, fiscales y jueces de Honduras en relación a la investigación y enjuiciamiento de grandes casos de corrupción; b) redactar propuestas de normas legislativas o reformas anti-corrupción, tanto en el sector público como privado; c) preparar un Plan de Acción Nacional para implementar las recomendaciones realizadas a Honduras por parte del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

2. La División de Reformas de la Justicia Penal realiza recomendaciones para mejorar la calidad y la efectividad del Sistema de Justicia Penal hondureño. Asimismo, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, trabaja en la puesta en marcha de un Observatorio que permita dar seguimiento, monitorear y evaluar el Sistema de Justicia Penal hondureño.

3. La División de Reforma Político-Electoral brinda asesoramiento en la elaboración de normativas y regulaciones relativas a la implementación de mecanismos para controlar el flujo de dinero ilegal en partidos políticos, candidatos y campañas, debido a que puede facilitar la inserción de corrupción a nivel estatal.

4. La División de Seguridad Pública apoya la implementación de las recomendaciones propuestas por la Secretaría General de la OEA en sus reportes de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Honduras (SNSC), en particular acompañando la restructuración y depuración de la Policía Nacional y el sistema penitenciario, así como también en el establecimiento de mecanismos regulatorios para la protección de oficiales de justicia.

Página web: http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/default.asp

Beneficiarios: Ciudadanos hondureños, incluyendo diversos actores políticos, sociales y económicos. Instituciones del Sistema de Justicia Penal hondureño, específicamente aquellas involucradas en el combate y la prevención de la corrupción y la impunidad.

Financiamiento: Alemania, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.

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El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), un organismo intergubernamental establecido en el marco de la OEA, ha adoptado informes con recomendaciones para Canadá, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y Guatemala, con el fin de fortalecer sus normas para facilitar a las autoridades competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios.

Después de la interrupción del orden democrático que sucedió en Honduras en Junio de 2009, la OEA apoyó a las negociaciones que llevaron a la firma del Acuerdo Tegucigalpa-San José al crear una Comisión de Alto Nivel para evaluar la situación en Honduras, al presentar un reporte a la Asamblea en julio, y al proporcional asistencia técnica a la Comisión de Verdad y Reconciliación desde mayo del 2010. En Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la OEA concentró sus esfuerzos más recientes en proyectos para apoyar a las víctimas, con un énfasis particular en las comunidades indígenas y Afro-Colombianas. El mandato de la Misión fue renovado por tres años más (2011-2014) e incluye nuevas áreas y responsabilidades, en particular el monitoreo del proceso de restitución de tierras.

De conformidad con los compromisos sobre el tema asumidos en la Quinta Cumbre, y en respuesta de mandatos de la Asamblea General, la OEA coordinó la elaboración de una Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, con la participación de los órganos, agencias y entidades de la OEA, de los Estados Miembros y de organizaciones de la sociedad civil. As su vez, con miras de proporcionar el marco jurídico necesario para garantizar el acceso a la información en la región, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución AG/RES 2607 sobre la Ley Modelo, en junio de 2010, a la cual adjuntó su texto final. Desde esta aprobación, la OEA organizó una sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre el tema y un seminario internacional sobre la Ley Modelo en México. A raíz de estos esfuerzos, varios estados han considerado el texto de la Ley Modelo y su Guía de Implementación en la adopción o adecuación de sus marcos normativos, incluyendo Argentina, Bolivia, El Salvador, México y República Dominicana.