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Seguridad
Ministeriales Párrafos Relacionados al Tema Párrafos VII Cumbre

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Reportes
Fecha:  26/12/2011 
Capitulo V: TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

El presente capitulo brinda un estado de situación respecto al avance registrado en el país en cumplimiento de los artículos 76, 80, 81 de la Declaración de Compromiso de Puerto España. Constituye por tanto un insumo, de cara a las reuniones preparatorias de la próxima Cumbre de las Américas.
I: Mandato para Evitar Acceso de Fondos Ilícitos al Sistema Financiero
II: Mandato para Combatir la Corrupción y Prácticas Fraudulentas

En cuanto a: “la Convención Interamericana Contra la Corrupción”, Uruguay ratifico la Convención Interamericana (CICC) por ley 17.008 del 15 de setiembre de 1998 promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de setiembre y publicada en el Diario Oficial el 7 de octubre de 1998.

En cuanto a la “Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, Uruguay ratificó la Convención por Ley 18.056 del 14 de noviembre de 2006, promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de noviembre y publicada en el Diario Oficial el 1º de diciembre de 2006.

Uruguay participa activamente en los mecanismos de seguimiento de ambas convenciones, habiéndose ofrecido voluntariamente a ser evaluado en la primera ronda del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana, llamado MESICIC, y actualmente se encuentra en proceso de ser evaluado en el mecanismo de seguimiento de la Convención ONU. A su vez, ha actuado en varias oportunidades como Estado evaluador correspondiendo destacar la evaluación de Chile del año 2010, realizada junto con Estados Unidos en el marco del MESICIC, y la evaluación a Belice de 2011 que se encuentra en proceso. A su vez en el mecanismo de seguimiento ONU, nuestro país participa en subgrupo con Nicaragua, evaluando el cumplimiento de la República Dominicana.

En cuanto al compromiso con la “lucha contra todas las formas de corrupción, prácticas fraudulentas y conducta no ética, mediante el aumento de la transparencia, la integridad, el rendimiento de cuentas y la eficiencia en los sectores público, privado”. Podemos afirmar que nuestro País ha aprobado cambios en su legislación que le permiten luchar más eficazmente contra el fenómeno de la corrupción, siguiendo las estipulaciones de las Convenciones ya mencionadas. A continuación se detallan los cambios.

• Aprobación de la Ley 17.060 del 23 de diciembre de 1998 por la cual se implementan varias de las medidas anticorrupción de la CICC y se crea esta Junta. A continuación se detallan las medidas.
• Creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) articulo 4, con función preventiva contra la corrupción. Para ello debe: propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración Pública, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados a su presentación. La atención a los compromisos internacionales asumidos por el Uruguay en las Convenciones y Convenios vinculados a la materia y el control de la publicidad que deben realizar los entes públicos sobre los actos de adjudicación de licitaciones y contrataciones directas en régimen de excepción. (Dec. 393/004).
• Creación de un sistema de declaraciones juradas de bienes e ingresos de funcionarios públicos a quienes por su cargo o su función se les considere potencialmente expuestos al fenómeno de la corrupción, capítulo V artículos 10 a 19. Posteriormente reglamentada por el Decreto 354/999 y más recientemente por el Decreto 338/010.
• Creación de un entorno ético en la función pública. Capítulo VI, artículos 20 a 23, donde se establecen los principios que deben regir la conducta funcional, como los principios de probidad, respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad. A su vez establece una serie de prohibiciones relacionadas con el abuso de poder como son las de valerse del cargo para influir sobre una persona para obtener un provecho indebido, tomar o utilizar bienes del Estado en beneficio propio, evitar la implicancia del funcionario en decisiones de la Administración cuando tiene algún interés personal, usar en beneficio propio información reservada o privilegiada. A su vez también impone la rotación periódica de funcionarios que se desempeñen en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios. Estas disposiciones fueron a su vez reglamentadas por el Decreto 30/003 de normas de conducta en la función pública.
• Promoción de formación y capacitación de la población y en especial de los funcionarios públicos de los aspectos que regula la Ley 17.060, artículos 27 y 28. En este tema se destaca, la creación de un área de capacitación en la JUTEP que se encarga de dictar cursos y talleres a funcionarios públicos sobre esta temática. En especial a partir de 2009 mediante un Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que aportó la financiación para el proyecto de creación de una “red de funcionarios públicos especializados en normativa anticorrupción” y la implementación de cursos para funcionarios públicos por parte de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), dependiente de la Oficia Nacional del Servicio Civil, (ONSC), entre los que se destacan los cursos de ingreso a la Función Pública y programa de Dirección Media. El modulo vinculado a la ética pública en estos cursos se dicta por el equipo de la JUTEP.
• Actualización de la legislación penal en la materia mediante la modificación de los artículos del Código Penal referidos a los Delitos contra la Administración Pública, capítulo IV, artículos 8 y 9 de la Ley 17.060. Se aumentan las penas de privación de libertad, se actualizan las penas de multa llevándolas a valores más acordes con la gravedad del Delito y se crean figuras nuevas como el tráfico de influencias y la utilización indebida de información privilegiada.

En cuanto a “compromiso, en el marco de la legislación nacional y normas internacionales aplicables, a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen, y a sus bienes, y a cooperar en su extradición así como en la recuperación y la restitución a sus propietarios legítimos de los activos producto de la corrupción” corresponde informar que el Uruguay, con la aprobación de la Ley 17.060 en su capítulo VII, artículos 29 a 36, ha tomado las medidas que se detallan:

• Creación de figuras delictivas como el cohecho transnacional, el soborno transnacional (artículo 29) y blanqueo de dinero (artículo 30). En esta materia a su vez se produjo un nuevo avance con la aprobación de la Ley 17.016 y las Leyes 17.835 y 18.494 sobre lavado de activos.
• Regulación especial del sistema de extradición y cooperación jurídica internacional (artículos 31 a 36 de la Ley 17.060). En este aspecto se establece que la extradición se regulará en primer lugar por las disposiciones de las Convenciones Internacionales ratificadas por la República y en ausencia de dichas normas por las disposiciones del Código Penal. A su vez se establecen procedimientos de cooperación jurídica en la materia. Se crea la Sección de Cooperación Jurídica penal Internacional dentro de la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.
• Es de destacar que con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción se tiene otro instrumento ya que cuenta con disposiciones en la materia a ser aplicadas con los Estados que Uruguay no tenga otro instrumento jurídico aprobado.
• También existe regulación sobre extradición y cooperación jurídica internacional en materia de lavado de activos regulado por la Ley 17.835 y 18.494.

Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
Párrafos: 76 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  26/12/2011 
I: Mandato para Combatir al Terrorismo

El Estado uruguayo posee un marco normativo, adecuado, a efectos de enfrentar el fenómeno del terrorismo. Así, por Ley 17343 del 25/5/2001, que modificó la Ley 17.016 (Estupefacientes) se ampliaron las acciones que es posible adoptar sobre los bienes o productos provenientes del narcotráfico. La interrelación narcotráfico- terrorismo por todos conocida, permite a través de acciones aplicables sobre los bienes, obtener información vinculada a las actividades de financiamiento terrorista.

La Ley 17.835 del 14/9/2004 estableció como delitos de naturaleza terrorista: la organización, recolección de fondos y otras. A partir de ello se obliga a las entidades financieras a informar al Banco Central del Uruguay sobre la existencia de bienes vinculados a personas identificadas como pertenecientes a organizaciones terroristas incluidas en listas de la ONU, como también a personas declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. La Ley 18.494 del 3/6/2009, completa el marco normativo al tipificar el delito de financiación del terrorismo, la conspiración y los actos preparatorios.

Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
Párrafos: 69 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  26/12/2011 
II: Mandato para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional, los Tráficos Ilícitos, la Trata de Personas, el Lavado de Activos, las Pandillas Delictivas y Mejorar la Seguridad Transfronteriza

En lo referido, a las medidas implementadas al mandato sobre terrorismo y combate contra la delincuencia transnacional, los tráficos ilícitos, la trata de personas, el lavado de activos, las pandillas delictivas y la seguridad fronteriza conviene señalar varios puntos al respecto.

El Estado uruguayo ha fortalecido su seguridad ciudadana a partir de la reformulación de sus modelos de acción policial tradicional. En tal sentido, se ha promovido la constitución de MLCSC (Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana), las que impulsan una mejora de la prestación de los servicios policiales, a partir de la prevención de la ocurrencia del delito. Las Mesas han puesto fuerte énfasis en el desarrollo de programas multisectoriales con impacto focalizado, como mecanismo para entender las especiales situaciones de vulnerabilidad que se registran, en forma no homogénea, en los barrios. Las Mesas, son espacios de coordinación donde se abordan aspectos de la prevención situacional y se comparten ideas sobre las mejores prácticas. Uno de los temas de preferente atención en las Mesas ha sido la recuperación de espacios Públicos locales, desplazando a través de la participación social los factores que inciden en la ocurrencia de fenómenos delictivos en los mismos y recuperando estos espacios para la convivencia colectiva.

Se ha creado una escuela de Seguridad Ciudadana, donde los equipos Policiales exponen sobre nociones básicas de Seguridad. Esta acción lleva como objetivo el desarrollo comunitario de promotores de Seguridad Pública.

Se han creado Comisiones de Trabajo que desarrollan su actividad conjuntamente con la Defensoría del Vecino, abarcando la problemática de las fincas abandonadas y su ocupación por sectores vinculados a la marginalidad y al delito.

Se han implementado Oficinas Barriales a fin de vincular los temas de seguridad ciudadana con el consumo abusivo de drogas y alcohol en coordinación con la Junta Nacional de Drogas.

La Policía Comunitaria conjuntamente con la Intendencia Municipal y el Ministerio de Desarrollo Social coordinan acciones respecto a las personas en situación de calle e indigentes.

En el marco de la capacitación de policías comunitarios, se han dictado Cursos de Formación de Policías Comunitarios, seleccionándolos de acuerdo a su perfil a efectos de dotarlos de herramientas de actuación para el contacto permanente y directo con la población.

Se vienen ejecutando proyectos vinculados a la incorporación de sistemas de alta tecnología en Seguridad Pública. En tal sentido se ha comenzado a usar herramientas para facilitar la ejecución de Políticas de Seguridad Pública. En tal sentido se ha comenzado a usar herramientas para facilitar la ejecución de Políticas de Seguridad, como lo es el empleo de una Red Wimax inalámbrica para las comunicaciones relacionadas a la transmisión de datos y el Sistema Automático de Identificación Criminal AFIS, que permite la identificación de la persona en terreno por impresión dactilar.

Se ha desarrollado un nuevo modelo de gestión policial (SGP), a través de una plataforma de gestión, sistematización e interoperabilidad de Servicios de Información Policial, que permite el registro de las denuncias y todos los eventos policiales y de hecho no delictivos con intervención de la Policía.

En el marco del proyecto de Fortalecimiento de la Respuesta Policial en Violencia Domestica y de Género se han implementado acciones de sensibilización, formación y abordaje del fenómeno para mejorar la capacidad de impacto de la acción preventiva y represiva que se cumple en las distintas unidades ejecutivas dentro del territorio nacional. Este proyecto es organizado por el Departamento de Genero del Ministerio del Interior y comprende diversas acciones, entre las que se cuenta, la capacitación en esta materia, al personal de las Jefaturas de Policía de distintas reparticiones.

El Departamento de Delitos Complejos a través de la Sección Delitos Informáticos efectúa investigaciones relacionadas a delitos vinculados al Tráfico de Personas y Pornografía Infantil. También el mismo Departamento cuenta con Personal capacitado en las investigaciones relacionadas a Secuestros extorsivos, habiendo recibido formación y capacitación en cooperación horizontal con otros países. El Departamento de Orden Público se ha especializado en el combate a la comercialización de drogas al menudeo, ya que de esta manera se ataca una de las formas más dañinas de comercializar estupefacientes por parte de pequeñas organizaciones de delincuentes. Por su parte, el Departamento de Delitos Económicos, realiza una tarea específica detectando la presencia y acciones de algunos delincuentes internacionales en nuestra Capital, como lo son los que se dedican a la clonación de tarjetas de crédito y de debito.

Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
Párrafos: 70 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  26/12/2011 
VI: Mandato para Combatir la Amenaza de las Armas de Fuego
Se han instrumentado operativos preventivos que combinan fuerza efectiva de distintas Unidades Policiales, realizando un patrullaje en zonas delimitadas, registrando personas e identificándolas en la vía Pública en busca de armas portadas ilegalmente. Estos operativos se caracterizan por su gran movilidad en algunos casos (Operativos Bisagra) y en otros, por el gran despliegue de Personal Policial en una zona (Operativos situación).

Se han instrumentado operativos preventivos que combinan fuerza efectiva de distintas Unidades Policiales, realizando un patrullaje en zonas delimitadas, registrando personas e identificándolas en la vía Pública en busca de armas portadas ilegalmente. Estos operativos se caracterizan por su gran movilidad en algunos casos (Operativos Bisagra) y en otros, por el gran despliegue de Personal Policial en una zona (Operativos situación).
Se han instrumentado operativos preventivos que combinan fuerza efectiva de distintas Unidades Policiales, realizando un patrullaje en zonas delimitadas, registrando personas e identificándolas en la vía Pública en busca de armas portadas ilegalmente. Estos operativos se caracterizan por su gran movilidad en algunos casos (Operativos Bisagra) y en otros, por el gran despliegue de Personal Policial en una zona (Operativos situación).

Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
Párrafos: 75 Párrafos VII Cumbre: -

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