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Seguridad
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Reportes
Fecha:  20/12/2016 
Desde el Ministerio de Seguridad se avanza en el diseño de un Plan Nacional de Prevención del Delito y la Violencia que contempla los factores vinculados a la criminalidad desde una perspectiva preventiva, multidimensional y con énfasis en la participación ciudadana para generar ambientes seguros. El Plan busca mejorar la recolección de datos y evaluar los resultados de las políticas públicas de prevención en la materia.

El Programa Barrios Seguros es una herramienta que permite efectuar un diagnóstico sobre el nivel de conflictividad de distintas áreas urbanas del territorio nacional a través de un abordaje integral que contempla el relevamiento de variables, la formulación de estratégicas y la implementación de políticas.

La Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal tiene por objeto producir y analizar información relevante para la persecución penal estratégica de fenómenos y organizaciones criminales. Interviene en el diseño y planificación de la persecución penal en conjunto con las áreas respectivas de las procuradurías especializadas y las fiscalías de distrito y cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario.
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 2

Fecha:  20/12/2016 
La Argentina adhirió a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo -CEDAW- que adoptó rango constitucional y, a nivel regional, a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención de Belem do Pará.

La Argentina considera la violencia contra la mujer como un delito grave y, en tal sentido, adoptó las siguientes medidas:

-En 2009 sancionó la Ley 26.485 sobre Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
-En 2013 incorporó el feminicidio como agravante de la figura de homicidio en el Código Penal.
-En 2014 inauguró una línea telefónica gratuita (144) para recibir denuncias de violencia contra la mujer.
-En 2015 creó la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres.
-En 2016 lanzó el Primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que estructura su implementación en base a acciones preventivas, de atención integral y monitoreo.
-Se editaron las “Guía de actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la investigación de feminicidios en el lugar del hallazgo”, “Pautas para la intervención policial en casos de violencia en relaciones familiares” y “Buenas Prácticas para la intervención policial ante casos de violencia intrafamiliar”.
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 3

Fecha:  20/12/2016 
En 2016 la Argentina participó de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas. A nivel regional y en el marco de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos Fiscales del Mercosur, se constituyó el Subgrupo de Trabajo sobre Narcocriminalidad, que la Argentina coordina. El mismo año se celebró en Buenos Aires una Jornada de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica sobre Narcocriminalidad que contó con la participación de 17 delegaciones. Se impulsó la implementación del Proyecto Comunicación de Aeropuertos y Control Global de Contenedores a través de bases de datos de la INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas. Se continuará participando en proyectos específicos destinados a intercambiar información en tiempo real con otros Estados sobre nuevas sustancias psicoactivas y precursores químicos.
Desde el Ministerio de Seguridad se ha elaborado una estrategia que busca atender la problemática de las drogas desde una perspectiva integral, equilibrada y multidisciplinaria. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico tiene a su cargo la coordinación de las políticas nacionales de lucha contra las drogas y las adicciones y la elaboración de un Plan Nacional Quinquenal de Reducción de la Demanda de Drogas, consensuado con todas las provincias. Por el lado de la oferta, se busca su reducción a través del fortalecimiento de las capacidades investigativas, el fomento a tareas de inteligencia por parte de las Fuerzas de Seguridad y policiales, la desarticulación del crimen organizado y la recuperación de la presencia del Estado en barrios vulnerables.

En 2013 se creó la Procuración de Narcocriminalidad como un equipo de trabajo especializado a disposición de todas las fiscalías federales del país.

Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 4

Fecha:  20/12/2016 
La Argentina considera que la acumulación excesiva y la proliferación incontrolada de armas de fuego generan un impacto negativo en términos de seguridad. En este entendido se inscriben los esfuerzos del Gobierno nacional para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Los fabricantes de armas o municiones deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Armas (RENAR) como condición previa a la habilitación de la planta o fábrica. Los fabricantes autorizados deben utilizar insumos adecuados y fiables como parte del proceso de producción. Las armas ilícitas son marcadas y decomisadas. En materia de comercialización, para poder retirar un arma de una armería, el legítimo usuario debe presentar la credencial de tenencia a su nombre, tramitada ante el RENAR. El tránsito de armas no puede hacerse sin la previa autorización del organismo competente.
El Decreto 603/92 regula las exportaciones de armas de uso bélico, de uso exclusivo de las instituciones armadas. Al igual que en el caso de las armas de uso civil, es obligatorio obtener una autorización previa para las exportaciones.

La Argentina participa del acuerdo de “Wassenaar” para el control de exportaciones de material bélico y tecnología sensible. Asimismo, es parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, del Tratado sobre Comercio de Armas (que entró en vigor en 2014) y participa del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. En el marco de la Organización de los Estados Americanos, suscribió, en 1997, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones y otros Materiales Relacionados y participa de las reuniones de su Comité Consultivo. En el Mercosur participa de las labores del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones.
Párrafos: - Párrafos VII Cumbre: 5

Fecha:  12/06/2015 
11. ACCIONES EN MATERIA DE JUSTICIA
Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina
En julio de 2011 la Presidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, dictó el Decreto N ° 936 de Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que promuevan o fomenten la explotación sexual en los medios de comunicación, norma que reglamenta y torna operativos preceptos de las Leyes N ° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y N ° 26.485 de Protección Integral para la Prevención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
Esta medida sin precedentes ha sido adoptada como recomendación del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que realiza el seguimiento del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños para todos los Estados Partes de la Convención, y representa un importante avance en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y en la limitación de la violencia sexual, simbólica y mediática contra las mujeres.
Logros de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (OM) Julio 2011- Diciembre 2013
• Se ha registrado un altísimo nivel de acatamiento a la norma: el 87% de los medios de prensa gráfica monitoreados (de distribución nacional, provincial y local) ha dejado de publicar avisos de oferta de comercio sexual.
• Ya no se publican anuncios cuyas redacciones confieran un trato denigrante hacia las mujeres en diarios argentinos, habiéndose reducido significativamente la violencia mediática contra las mujeres: los pocos medios gráficos que persisten en el incumplimiento de la norma recurren a redacciones solapadas o 'engañosas'.
• El promedio diario de publicaciones monitoreadas en presunta infracción al Decreto N ° 936/11 ha descendido de más de 1024 en agosto de 2011 a 374 en diciembre de 2013.
• Se han monitoreado 473.063 avisos en presunta infracción al Decreto N ° 936/2011 Y se ha generado y alimentado un programa informático con la información de estos anuncios, que hoy constituye la base de datos sobre el sistema prostibulario más grande del país, y cuenta con unos 250.000 registros.
• Se han respondido 67 pedidos de información de juzgados, fiscalías federales y del
Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de causas judiciales y/o investigaciones preliminares por los delitos de explotación sexual y/o trata de personas, en los que se ha provisto información relacionada con casi 2576 avisos de comercio sexual.
• Se han tramitado 179 denuncias, que fueron recibidas por la OM y/o realizadas por la OM y presentadas ante la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las complejas denuncias realizadas se relacionan con unos
1511 avisos de comercio sexual y promueven un abordaje proactivo en materia de prevención e investigación de los delitos de trata de personas y explotación sexual.
• Se han realizado 115 actuaciones relacionadas con medios gráficos que han derivado en la imposición de 31 sanciones (de apercibimiento y/o multa), promoviendo la visibilización de la responsabilidad de personas jurídicas en la vehiculización de estos delitos.
• Se han realizado jornadas y talleres de sensibilización y difusión a los que han asistido alrededor de 4350 personas, entre ellas: estudiantes de periodismo y comunicación social, docentes de educación media, funcionarios/as públicos/as y jóvenes de entre 18 y 24 años que no han finalizado sus estudios secundarios y se encuentran en proceso de búsqueda laboral.
• La sistematización y análisis de las publicaciones de oferta de comercio sexual realizadas en diferentes medios de comunicación permite:
- Establecer una aproximación de la envergadura del negocio,
- Distinguir publicaciones aisladas de aquellas que se realizan asiduamente
-Estimar los costos fijos de promoción de la actividad,
- Estimar cuántas personas serían o habrían sido explotadas en un lugar,
- Vincular diferentes prostíbulos que funcionan en red,
- Establecer diferentes puntos del territorio en los que funcionan estas redes,
- Determinar si hay o habría habido personas migrantes en esos lugares,
- Saber si a estas personas se les ha ofrecido una vivienda o alojamiento,
- Conocer los porcentajes de comisión retenidos por los explotadores,
- Saber si hay una persona que regentea el lugar de explotación,
- Conocer las tarifas y los horarios de funcionamiento del lugar de explotación, y, por lo tanto, constituye un importante soporte para la investigación criminal. Así es que no sólo se destinan esfuerzos a la eliminación de estas publicaciones, sino que se procura que se investiguen los sitios de explotación que las generan.
La prohibición de este tipo de anuncios pone un coto a una forma concreta de captación de mujeres y niñas para su explotación sexual y a la promoción de la explotación sexual en los medios de comunicación, que reproduce patrones socioculturales que perpetúan el posicionamiento de mujeres y niñas en un rol de subordinación y cosificación, otorgándoles un trato mercantilista que favorece la naturalización de la explotación sexual. Pero también permite ir más allá puesto que el monitoreo, la sistematización, el análisis y la denuncia de los anuncios de comercio sexual fomenta la proactividad en la investigación de los delitos que se esconden detrás de estas publicaciones, la prevención y persecución de la trata de personas y la explotación sexual, lo cual convierte al trabajo de esta Oficina en una herramienta clara al servicio del combate de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Lucha contra todas las formas de trata de personas y de explotación sexual y económica y de proporcionar protección y atención a las víctimas
En lo que respecta a lo normativo, se han sancionado leyes que aprueban convenciones internacionales como así también se han emitido leyes y decretos que impulsan medidas tendientes a proteger a las víctimas de trata y erradicar el delito.
El siguiente es el listado de documentos:
1. "Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y su "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños" y "Contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire" (Aprobada por Ley N ° 25.632/02);
2. "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y su Protocolo Facultativo" (Ratificada por Ley N ° 23.179 del año 1985);
3. "Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo" (Ratificada por
Ley N ° 23.849 Sancionada: Septiembre 27 de 1990 - Promulgada: Octubre 16 de 1990);
4. "Convenio relativo al Trabajo forzoso u obligatorio de 1930 (Num. 29)" - (Ratificado por Ley el 14 de Marzo de 1950);
5. "Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958 (Num. 111)" - (Ratificado por Ley el 18 de Junio de 1968);
6. "Convenio sobre la prohibición de las perores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación de 1999 (Num. 182), de la Organización Internacional del Trabajo" (Ratificado por Ley N ° 25.255 Sancionada: Junio 7 de 2000 - Promulgada: Julio 20 de 2000);
7. Ley N ° 26.061 "Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas. Niños y Adolescentes" (Sancionada: Septiembre 28 de 2005 - Promulgada de Hecho: Octubre 21 de 2005);
8. Ley N ° 26.364 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" (Sancionada: Abril 9 de 2008 - Promulgada: Abril 29 de 2008);
9. Ley N ° 26.485 "Ley de Protección integral a las Mujeres" (Sancionada: Marzo 11 de 2009. Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.);
10. Ley N ° 26.842 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" (Sancionada: Diciembre 19 de 2012. Promulgada: Diciembre 26 de 2012.), modificatoria de la Ley N ° 26.364.
11. Decreto N ° 936/2011 "Promuévase la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes' que estimulen o fomenten la explotación sexual.".
12. Resolución MJSyDH (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) N ° 731/12 "Creación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata";
13. Resoluciones MJSyDH N ° 171/2012 "Creación el ámbito del Ministerio de Seguridad la Mesa Permanente de Coordinación Interadministrativa sobre el Delito de Trata de Personas", N ° 421/2012 "Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos", N ° 1334/2012 "Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en controles vehiculares en rutas" y N ° 36/2013 "Guía Orientativa para la Recepción de Denuncias Sobre el Delito de Trata de Personas en dependencias de las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos Policiales", todas estas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Parte 1/2
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
En este sentido, atento facultades y competencias de este Programa Nacional, cabe destacar que con la sanción de la ley N ° 26.364, en el año 2008, en el ámbito del actual MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEREHOS HUMANOS DE LA NACION se creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (En adelante "Programa Nacional de Rescate"). Este Programa Nacional es continuador de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, creado en agosto de 2008, por Resolución MJSyDH N ° 2149/08. El objetivo del Programa Nacional de Rescate es centralizar toda actividad destinada a la prevención del delito de Trata de Personas, como así también el acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica a sus víctimas, hasta el momento de la declaración testimonial. Está integrado por un Equipo Interdisciplinario de Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Politólogas, Médicos, Abogados y personal policial especializado (exclusivo de este Programa), quienes brindan asistencia psicológica, médica, jurídica, protección y seguridad hasta la culminación de la declaración testimonial; además son quienes evalúan cuál es el momento más indicado para que ésta se lleve a cabo.
Es menester destacar que el personal del mencionado equipo, está especializado en la temática de Trata de Personas, identificación y la asistencia de las víctimas.
El Programa Nacional de Rescate, cuenta con una "casa refugio" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que son alojadas las víctimas rescatadas. La dirección de la referida casa es confidencial y no se consigna en ningún documento en el que pueda tener acceso personas comprometidas con la causa. En dicho refugio las víctimas rescatadas reciben asistencia psicológica, social, jurídica y custodia (realizada por personal policial integrante del equipo interdisciplinario del Programa).
En la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, se encuentran creadas unidades específicas de lucha contra la Trata de Personas en las cuatro fuerzas de seguridad federales, para la prevención, investigación y persecución del delito. Cabe mencionar que dichas unidades trabajan mancomunadamente con este Programa Nacional de Rescate.
En el ámbito Internacional el Estado Argentino es parte del "Plan de Acción del MERCOSUR y Estados Asociados para la Lucha contra la Trata de Personas" (Emanado de la XIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados del año 2006) y del "Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas" (Sexagésimo cuarto período - Julio 2009 a/64/L.64).
Del mismo modo, como parte de una estrategia integral contra el delito de Trata de Personas la República Argentina creó, como primer paso en la erradicación del delito a nivel Nacional y con anterioridad a la sanción de la Ley 26.364, el "Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas" (Decreto N ° 128112007 del 2 de Octubre de 2007).
Asimismo, y en atención al avance legislativo e institucional de la Argentina se han sancionado las siguientes leyes: "De Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes" .v su Decreto Reglamentario (Sancionada el 28 septiembre de 2005 – Decreto Reglamentario N ° 415/2006 del 17 de abril de 2006), "De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales " (Ley N ° 26.485 - Sancionada: Marzo 11 de 2009.Promulgada: Abril de 2009.), el Decreto N ° 936/11 y, destacándose para el abordaje puntual del delito la de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, En este sentido, la Ley N ° 26.842 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" modificatoria de la Ley N ° 26.364 profundizó la lucha contra la Trata de Personas, estableciendo penas de prisión de cuatro a seis años al que “…ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación ...". Asimismo, cuando la víctima fuere menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión.
Entre las modificaciones introducidas por esta nueva legislación, puede destacarse que, el consentimiento dado por la víctima de trata no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los responsables; también es dable mencionar la ampliación de los derechos de las víctimas, por la cual el Estado Nacional debe brindar gratuitamente, asistencia médica y psicológica; otorgar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar en la incorporación de la víctima en el sistema educativo. Además, se garantiza el derecho a la asistencia jurídica y al patrocinio integral y gratuito.
La norma crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, con la función de diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas. También se incluye la creación de un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Integrado por representantes de los Ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo.
El Programa Nacional de Rescate, interactúa con distintas Organizaciones Gubernamentales, No Gubernamentales, de índole Nacional e Internacional, y del sector privado en pos de emprender conjuntamente, trabajos de investigación y estudios sobre la Trata de Personas. Ejemplo de ello es el trabajo que se realiza con:
• Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: "Segunda Reunión lntersesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la Trata de Personas" - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 27-29 de Enero del 2010 - Viena-Austria.
Quinto período de sesiones - "Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. especialmente mujeres y niños" - Viena, 18 a 22 de octubre de 2010.
• Grupo de Trabajo Interministerial de Trata de Personas (Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros);
• "Fundación Maria de los Ángeles" (ONG);
• "El Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires",
• "Plataforma lnteramericana de Derechos Humanos - PIDDHH – Capitulo Argentino".
A continuación, se subraya el trabajo más relevante desarrollado por el Programa Nacional de Rescate, destacándose los objetivos primarios y secundarios de prevención, sensibilización y capacitación:
1) Convenios suscriptos:
-Convenio marco de cooperación en Políticas Públicas en materia de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en el mundo del trabajo, entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
-Convenios de capacitación y asistencia técnica entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN y los Ministerios de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de las provincias. Dicho convenio marco, tiene como objetivo que el Programa Nacional de Rescate asista y capacite a las fuerzas de Seguridad, Operadores Judiciales y población en general sobre la prevención y lucha contra el delito de Trata de Personas, como así también la asistencia a víctimas, firmado en el ámbito del Consejo Federal de Justicia de la República Argentina (COFEJUS).
-Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica en Materia de Lucha contra el delito de Trata de Personas entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de implementar acciones de formación y capacitación orientadas a la prevención, detección, sensibilización e investigación del delito de Trata de Personas.
-Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. para el traslado de testigos, víctimas, querellantes e imputados vinculados a delitos de Lesa Humanidad, de Trata de Personas u Otras Figuras comprendidas en la Ley N ° 25.764.
Parte 2/2
Párrafos: 1 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  12/06/2015 
-Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación de la Nación para incorporar un módulo pedagógico sobre la Trata de Personas en la currícula nivel inicial y secundario.
-Convenio Marco de Cooperación y Asistencia entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y la FUNDACIÓN MARÍA DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS con el fin de posibilitar la asistencia integral de las víctimas del delito de Trata de Personas, rescatadas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas Por el Delito de Trata, en las provincias donde la FUNDACIÓN MARÍA DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS cuente con sedes y/o centros de asistencia. Asimismo se acordó la coordinación de acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de cooperación y/o complementación de carácter científico, técnico y/o de investigación u otro tipo de actividades en áreas que resulten de mutuo interés.
-Convenio de cooperación y asistencia técnica con AEROLINEAS ARGENTINAS S.A./AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S.A., AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., FEDERACIÓN ARGENTINA DE PERSONAL AERONÁUTICO EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS, el que tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre las Partes para llevar adelante acciones conjuntas tendientes a la prevención, detección, sensibilización e investigación del delito, de acuerdo a lo establecido por Ley N ° 26.364 y su modificatoria N ° 26.842. Implementar acciones de formación y capacitación orientadas a la prevención, detección y sensibilización del delito de trata de personas, mediante el desarrollo de jornadas dirigidas a los empleados que desempeñan tareas administrativas, operativas, técnicas y las tripulaciones que se desempeñan en AEROLINEAS, AA2000 y la FAPA. Asimismo, elaborar y difundir campañas de información y sensibilización que tengan por objeto prevenir y concienciar sobre el delito, a través de distintos mecanismos de comunicación social destinada a alertar actos tendientes al ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación.
2) Se desarrollaron Jornadas de capacitación en todo el territorio nacional, destinadas a las Fuerzas de Seguridad, Organismos Gubernamentales, No Gubernamentales y población en general. A través de las mencionadas jornadas se procura compartir y advertir sobre las características del delito de Trata de Personas, sensibilizar en relación a las cuestiones de género e infancia y crear conciencia del carácter inaceptable de la violencia contra las mujeres y en sus repercusiones y consecuencias negativas para todos los que padecen los distintos tipos de violencias.
3) Participación activa en las Jornadas del "Grupo de trabajo sobre la trata de personas celebrada en Viena del 10 al 12 de octubre de 2011", en el marco de la "Conferencia de I Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", Es dable destacar la disertación en el tópico: "Análisis de conceptos básicos de interés especial en el concepto de "abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad" que figura en el articulo 3 del Protocolo contra la trata de personas.
4) Campañas informativas masivas dirigidas a concientizar a la sociedad en la prevención combate del delito de Trata de Personas. Tales como; campañas televisivas emitidas en canales de aire, campañas radiales en distintas emisoras de todo el país y campañas difundidas especialmente en ómnibus y aviones de transporte de pasajeros. Dichas campañas fueron creadas desde la perspectiva de los Derechos Humanos y de Género.
5) Creación de la línea de tres dígitos "145", gratuito y de alcance nacional, perteneciente al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Esta línea tiene como objetivo recibir denuncias de hechos de apariencia delictual (delito de Trata de Personas, las 24 horas, los 365 días del año. Quienes atienden dichos llamados son profesionales especializadas en la temática. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima.
6) Medidas de sensibilización llevadas adelante a través de programas educacionales iniciativas focalizadas en la capacitación y concientización de niños, niñas y adolescentes, para prevenir y combatir la trata de personas.
Dicha tarea se está llevando a cabo a partir de la incorporación, del mencionado módulo, el software desarrollado para el Programa "Conectar Igualdad" el cual se distribuye a través de computadoras personales (netbooks) que son entregadas por Presidencia de la Nación a los estudiantes de nivel primario y secundario de todo el país. Este módulo pedagógico se focaliza en la prevención del delito de Trata de Personas y constituye así una herramienta de visualización y concientización social respecto de esta problemática.
7) Participación en mesas interinstitucionales conformadas por agentes gubernamentales que intervienen en las distintas etapas del proceso de prevención y lucha contra el delito de Trata de Personas y asistencia a las víctimas. Entre los mencionados agentes se destaca la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros.
8) Creación de Oficinas Regionales en puntos estratégicos del territorio nacional, que permiten abordar la problemática de forma más inmediata. Ya se encuentran funcionando las Oficinas Regionales de Resistencia (provincia de Chaco), Santa Fe (provincia de Santa Fe) y Santa Rosa (provincia de La Pampa). Se proyecta la apertura de nuevas oficinas en otros puntos del país. Todas ellas bajo la coordinación de este Programa Nacional de Rescate.
9) Se estableció un mecanismo de articulación con la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, creada por Decreto 936/2011. El objetivo de la articulación es iniciar el proceso de denuncias desde este Programa Nacional, así como también el envío hacia la Oficina de Monitoreo de los casos que ingresan por las líneas de denuncias y/o correo electrónico y contienen información que, previo a la radicación de denuncias, se considere que debe ser evaluada por dicha Oficina
10) En conjunto con el Programa Nacional de Participación Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se llevó a cabo una Campaña de Difusión y Sensibilización sobre el fenómeno de Trata de Personas, dirigida a la comunidad educativa. Para ello se realizó en un primer momento una capacitación dirigida a los integrantes del Programa de Participación Juvenil acerca de las características del delito de Trata. Posteriormente se conformó un equipo técnico integrado por profesionales de ambos Programas, el cual tuvo a cargo el diseño y desarrollo del dispositivo de talleres. Para la puesta en marcha de la Campaña se seleccionaron diez escuelas de las zonas más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cuales se llevaron a cabo talleres de carácter participativo con alumnos, docentes y directivos de los establecimientos. El dispositivo consistió en una apertura a cargo de este Programa Nacional y la posterior realización de cuatro talleres: Género, Migraciones, Mundo Laboral, Medios de Comunicación.
Al finalizar cada jornada se efectué una charla/debate en la que se explicitaban los contenidos de cada taller, articulando lo trabajado en los talleres de Trata de Personas y se proyectó un video diseñado y realizado por integrantes del equipo técnico de ambos Programas.
El objetivo de la campaña fue visualizar los factores que se detectan como causas del fenómeno, instando a los participantes a la concientización y responsabilización como ciudadanos en relación a las causas que perpetúan la existencia y permanencia del delito.
Organización de una Campaña Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, en las provincias de Chaco, Neuquén y Buenos Aires.
La campaña se enmarcó en el proyecto PRODOC ARG 13/009 "Campaña Nacional de Lucha contra la Trata de Personas" cuyo objetivo es promover la concientización y sensibilización de la ciudadanía sobre el delito Trata de Personas así como contribuir a promover la reflexión respecto de las causas que posibilitan la existencia del delito en todas sus formas.
Dicha campaña contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y se llevó a cabo de manera simultánea distintas jornadas a las que asistieron especialistas en la temática del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Organismos de Asistencia a Víctimas, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc.
Parte 1/2
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Fecha:  12/06/2015 
11) Prevención y Sensibilización:
.- Se realizaron campañas de difusión en zonas vulnerables de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en forma conjunta con la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia. Se diseñaron remeras, afiches y folletería con información sobre el delito de Trata de Personas y números de teléfonos donde se reciben denuncias, durante las 24 horas. El objetivo - tomando en cuenta intención, medida y plazo – fue prevenir a la población de lo que es la Trata de Personas para aumentar las denuncias que se reciben en la línea 145.
-Spot de TV: lanzado en el mes de septiembre en conmemoración al Día Internacional de la Lucha Contra la Trata de Personas. Dicho spot tiene 80 segundos de duración, refleja el relato de una víctima rescatada de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, contando su historia personal.
-Gráfica en prensa: en esta pieza se ve una fotografía, tomada en el marco de un allanamiento en el que participaron profesionales del Equipo Técnico, acompañada por un copy dentro de una viñeta, el cual es un extracto de un relato de una víctima de trata. También se encuentra la información del Programa Nacional de Rescate y de la línea 145 para realizar denuncias.
-Zócalo en Fútbol Para Todos: Anuncio rectangular que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Este zócalo se mostró en diversos partidos del Tornero de Primera División y partidos de la Selección Argentina desde el mes de septiembre y por un plazo de 3 meses.
- Spot de radio: Spot en el cual se explica brevemente qué hacer en el caso de querer denunciar una situación posible de Trata de Personas y los datos del Programa Nacional y la línea 145.
- PNT: esto es Publicidad No Tradicional; la pauta consta de un discurso donde se explica qué se puede denunciar en la línea 145, así como también los datos del Programa Nacional de Rescate que se presenta en distintos programas de televisión en vivo. Ejemplos de esto son los programas de "Intrusos" y noticieros de Canal 26.
- Campaña de sensibilización y concientización que se realizó en TECNOPOLIS, el
Día Internacional de Lucha Contra la Trata de Personas.
- LIBRO reTRATAda: a mediados del año 2012, se imprimió la segunda edición del libro "reTRATAda" en donde se explica qué es la Trata de Personas, se difunden testimonios de víctimas, relatos de casos y fotografías de allanamientos.
-El número de la línea 145, gratuita y de alcance nacional se publicita en las lunetas de los ómnibus de larga distancia, especialmente los que recorren las rutas desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el sur de la República Argentina.
12) Articulación con otras Áreas
Se realizó una Jornada de capacitación dirigida al equipo psico-social de la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. El objetivo principal se focalizó en los factores causantes de la existencia del delito. Asimismo se hizo especial hincapié en los indicadores del delito de trata de personas a fin de brindar las herramientas necesarias para la detección temprana de un probable caso que ingrese por una consulta en un Centro de Acceso a la Justicia.
En el marco del trabajo que se Viene realizando con la mesa Coordinadora Interministerial e Interinstitucional, compuesto por: el Ministerio de Desarrollo Social, el
Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y Transporte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: como también dentro o fuera de esas particulares competencias ministeriales: la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) la Dirección Nacional de Migraciones, el Consejo Nacional de Políticas Sociales - el Plan AHÍ, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), la Coordinación de Políticas de Prevención de Adicciones y Consumo de Sustancias Psicotrópicas y Drogas con Impacto en el Mundo del Trabajo (CoPreAd), el Correo, Oficial y el Consejo Nacional de las Mujeres, se realizó en las provincias de Salta y Misiones, jornadas con los organismos referidos supra para el análisis y debate sobre "La Lucha contra la Trata de Personas con fines de Explotación laboral".
"Se realizó un Taller sobre Trata de Personas en conjunto con el RENATEA: Se llevó a cabo un taller sobre Trata de Personas dirigido a Inspectores y Delegados Provinciales de RENATEA, en el marco de las Jornadas de Capacitación organizadas por dicho organismo. Se realizó una presentación de las principales líneas de acción, objetivos y alcances del Programa Nacional, haciendo especial hincapié en la responsabilidad política, profesional y ética que como integrantes del Estado Nacional y como ciudadanos tenemos en la lucha contra el delito de Trata de Personas. En la segunda parte de la capacitación se realizó un recorrido conceptual respecto del abordaje jurídico-social del delito y la asistencia a sus víctimas, para posteriormente trabajar en modalidad taller sobre un caso de explotación laboral, a fin de que los asistentes pudieran detectar indicadores del delito de trata de personas, y debatir acerca de las posibles estrategias de intervención, priorizando la asistencia a las víctimas.
"Se trabajó de manera articulada con el portal de noticias y la editorial de INFOJUS -Sistema Argentino de Información Jurídica- en la publicación del Libro "Trata de Personas' - Políticas de Estado para su prevención y sanción '.> Se está trabajando conjuntamente con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales y la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, con la finalidad de fortalecer la cooperación y coordinar el proyecto denominado "Campaña suramericana de sensibilización y concientización del delito de
Trata de Personas" que busca utilizar todos los medios disponibles, particularmente las técnicas de la información y comunicación para alcanzar en forma masiva a la población suramericana y contribuir de manera eficaz a la prevención y persecución de este delito. Este proyecto pretende llegar a la población con herramientas novedosas que permitan la interacción con el destinatario.
Tendría dos componentes:
-Un componente digital, que busca generar un espacio digital exclusivo, inserto en la Red Suramericana de Seguridad Ciudadana, Justicia y de acciones contra el crimen organizado transnacional.
-Un componente audiovisual, cuyo propósito es producir material televisivo (ciclo de cortometrajes y cortos audiovisuales) para ser distribuidos a nivel regional.
Desde la sanción de la Ley N ° 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas hasta el 28 de febrero de 2014, se han rescatado un total de 6431 víctimas, en el marco de 2996 allanamientos realizados.
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12. ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
Sistema de registro informático de la documentación recibida referente a la criminalidad organizada
El Ministerio de Seguridad puso en funcionamiento un sistema de registro informático de la documentación recibida referente a la criminalidad organizada. Se confeccionó un registro pormenorizado y detallado del contenido de la información que se recibe de las Fuerzas de Seguridad en relación con delitos de terrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero, contrabando, piratería del asfalto, delitos rurales, trata de personas y delitos contra la integridad sexual, en un programa informático para su análisis eficiente, interrelación y toma de medidas.
Durante el año 2013, se gestionaron 1024 denuncias relativas al delito de trata de personas y/o delitos conexos, utilizando el Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA)18 y registro de denuncias. Se elaboraron actas de acuerdos con diferentes actores estatales, así como también se llevaron a cabo proyectos de concientización y sensibilización, además de estudios de legislación comparada en materia de trata de personas.
En 2014, además se puso en marcha una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que tiene como objetivo crear un espacio de trabajo en el cual participen todas las áreas que tengan relación con la problemática de la trata -cada una en el ámbito de sus respectivas competencias- y, principalmente, para facilitar la interacción entre las divisiones específicas de las cuatro Fuerzas Federales para, de esta manera, fortalecer los mecanismos de trabajo en lo que hace a la prevención, investigación y persecución de este delito.
En 2014, el Secretario de Seguridad autorizó la participación de las 4 Fuerzas de Seguridad Federales en el Operativo “Spartacus” de Interpol, por el cual se informa semanalmente al organismo lo solicitado en investigaciones y procedimientos policiales contra redes de trata.
El Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior de la República del Paraguay se encuentran en proceso de negociación para la suscripción de un Convenio de Cooperación Conjunta para la Prevención, Investigación y Detección del Delito de Trata de Personas.
En el marco del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la UNASUR, el Ministerio de Seguridad realizará en el transcurso del segundo semestre de 2014, un Taller de Buenas Prácticas para la Prevención y Accionar contra la Trata de Personas, destinados a funcionarios policiales de los países miembros.
Asimismo, en el ámbito de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR, se ha impulsado la suscripción de los siguientes documentos: “Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados”; la “Declaración de Fortaleza en Materia de Trata de Personas de los Estados Miembros y Asociados del MERCOSUR” (2012), cuyo objetivo consiste en la elaboración de un plan de acción y un marco normativo para la lucha contra la trata de personas y la elaboración de un perfil profesional de especialista contra la trata de personas.
En el ámbito regional e internacional, el Ministerio de Seguridad ha reforzado y afianzado sus relaciones con organismos destinados a combatir el problema mundial que genera el narcotráfico, como así también los delitos conexos, especialmente con la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD/OEA); la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE/OEA); el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC/ONU), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE/ONU) y el Foro de Jefes de Organismos Encargado de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas en América Latina y el Caribe (HONLEA/ONU).
El Ministerio de Seguridad, ha mejorado las capacidades de las Fuerzas Policiales y de Seguridad en su rol de auxiliar de la Justicia a través de la conformación de mesas de trabajo en diferentes lugares del país con jueces y fiscales de la Justicia Federal para poder conocer la situación del interior y programar una agenda de trabajo común, a los fines de mejorar la cooperación y la comunicación entre las Fuerzas Federales y la Justicia.
En el marco de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR, se suscribió un Acuerdo de Cooperación entre MERCOSUR y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Se ha implementado, desde la creación del MINISTERIO DE SEGURIDAD, una estrategia de seguridad enmarcada en el “Modelo Argentino de Seguridad Democrática” el cual está diseñado de forma tal que incluya un conjunto de acciones programáticas orientadas a garantizar una política pública integral en materia de Seguridad.
Desde un punto de vista operacional, se ha realizado un trabajo articulado entre las distintas Fuerzas de Seguridad con la finalidad de dar una respuesta rápida y eficaz a la toma de decisiones que competen al ámbito de la seguridad.
Asimismo, se le ha dado continuidad a los Operativos Centinela, destinado a brindar una mayor seguridad en el conurbano bonaerense; Escudo Norte y Cinturón Sur, para garantizar, por un lado, la seguridad, el espacio terrestre, fluvial y aéreo del norte argentino y, por el otro, asegurar el patrullaje en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal.
La participación ciudadana es otro eje de acción que se continuó fortaleciendo a fin de canalizar inquietudes y dar respuesta a los requerimientos sobre las problemáticas locales de los vecinos que residen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, se afianzaron 40 mesas de participación ciudadana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizaron en conjunto programas de acción de inclusión social en zonas urbanas sensibles, junto a ONG’s y Movimientos de Sacerdotes Villeros, etc.
Se puso en marcha el “Programa de Uso Racional de las Fuerza y las Armas de Fuego”, que incluyen reentrenamiento en tácticas de intervención policial.
En el plano formativo, se actualizaron los programas de estudio de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, y se incluyeron nuevos contenidos relacionados con las problemáticas sociales, la violencia y el uso de la fuerza de acuerdo con los principios internacionales en materia de derechos humanos.
Desde la Subsecretaría de Participación Ciudadana, se trabajó junto con la Policía Federal Argentina (PFA) en la profesionalización del personal que ingresó en los escalafones de agente furriel y auxiliar para la seguridad y defensa con vistas a elevar la calidad de la atención al público en las comisarías. Con la misma perspectiva, se están diseñando indicadores e instrumentos técnicos que aporten transparencia y faciliten los procesos de evaluación de desempeño, ascensos y asignación de destinos, en particular del personal de conducción de las 53 comisarías de la PFA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo la Subsecretaría de Participación Ciudadana impulsó la realización de talleres de prevención de los distintos tipos de violencia, llevó adelante capacitaciones para la formación de agentes multiplicadores en prevención de violencia familiar, con la participación del Centro de Orientación de la Víctima, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, ambos pertenecientes a la Policía Federal Argentina, y el Programa Víctimas contra las Violencias dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a la prevención de la trata de personas, en el que se desarrollaron talleres de sensibilización e información sobre captación y técnicas utilizadas para reclutamiento de víctimas dirigidos a adolescentes.
Se continua implementando el Programa Camino al Cole, que tiene por objetivo prevenir los delitos de robo y hurto a escolares en horarios de ingreso y egreso de instituciones educativas. Para ello, la Subsecretaría reforzó la presencia policial en la zona y en los horarios indicados y fomentó la participación de la comunidad. Además, se llevó a cabo el “Programa Por tu Seguridad, Desármate”.
Respecto a la prevención de incidentes en los partidos de fútbol, se desarrolló el Sistema de Registro Digital para la clasificación y archivo de imágenes, procesamiento de datos y elaboración de informes multimedia. Se implementó el control del ejercicio del derecho de admisión y se iniciaron expedientes administrativos ante violaciones y control fílmico en los espectáculos deportivos y se creó un sistema de mensajes preventivos en espectáculos futbolísticos. De esta manera, se fiscalizaron el 97,20% de los partidos de fútbol de la estimación anual, se realizaron reuniones semanales con jefes de operativos policiales, con el Consejo Nacional para la Prevención de la Violencia en el Fútbol y del Comité de Seguridad, y la coordinación con autoridades de los clubes, de la PFA y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Fecha:  12/06/2015 
En función a las necesidades de equipamiento de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, entendido esto como un requerimiento esencial para consolidar las estrategias y mecanismos de prevención del delito y la violencia, se modernizó el Sistema Logístico de la Seguridad mediante las siguientes adquisiciones: 5 equipos de comunicaciones digitales destinados a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), 472 vehículos y 81 camionetas patrulleras con equipamiento, 3675 ambos hospitalarios, 2 semirremolques habitacionales destinados a la Gendarmería Nacional, 2 vehículos para transporte de cadáveres destinados a la Policía Federal Argentina, adquisición, emplazamiento, distribución geográfica y puesta en marcha del Sistema de Inspección por rayos X (14 escáneres destinados a la detección de contrabando de drogas, armas y explosivos), provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo vehicular para móviles de la Policía Federal Argentina y adquisición de accesorios para equipos de comunicación destinados a Gendarmería Nacional. A esto se sumaron 12.987guardapolvos y 16.800 juegos de ropa blanca.
Se ha firmado un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a partir del cual se conformaron los equipos de intervención, tanto con personal policial como con médicos y psicólogos, con amplia experiencia en la materia. Esta unidad comienza a trabajar a partir de las órdenes judiciales que se reciben en la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, que registra y da instrucciones a la Unidad de traslado de forma inmediata para que efectivice el traslado, enviando vehículos y personal destinado a este trabajo, con un chofer policial, un efectivo, un médico o psicólogo a bordo, según corresponda o evalúe el personal de la SEDRONAR.
Al respecto, el Ministerio de Seguridad participó activamente en la elaboración del Catálogo de Capacidades para la Aplicación del Tratado de Comercio de Armas (ATT) en el marco de la Reunión Técnica del Grupo de Expertos en Armas de Fuego de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cual fue suscripto en el año 2013.
Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional
En el ámbito de la cooperación regional, el Ministerio de Seguridad ha participado activamente en el ámbito del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR y en la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad de MERCOSUR.
A nivel hemisférico, se ha fortalecido la presencia del Ministerio de Seguridad a través de la participación activa de funcionarios de alto nivel en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y en la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE/OEA).
Se han implementado los Acuerdos Interinstitucionales vigentes, con el objetivo de profundizar los lazos de cooperación entre las instituciones análogas de la región19. Asimismo, el Ministerio de Seguridad ha impulsado la suscripción de acuerdos de cooperación con países que no pertenecen al bloque regional, tales como: Italia, China y Canadá (en proceso de negociación).
El Ministerio de Seguridad aprobó un Protocolo, que incorporó una perspectiva de género y la hipótesis de femicidio (de acuerdo con la nueva normativa que agrega la figura de femicidio en el Código Penal) ante todas las intervenciones de las Fuerzas por la muerte de mujeres o personas con identidad de género femenino. Así se orienta el accionar hacia la identificación de indicios sobre la violencia de género previa o la comisión del homicidio por razones de género.
Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se adhirió un Acta complementaria con el fin de compartir registros que puedan reflejar información probablemente vinculada con casos de violencia contra las mujeres y que podrían ser insumos para conformar el Registro Único de Casos de Violencia Contra la Mujer (RUC).
En el marco del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR, la Delegación Argentina a través del Ministerio de Seguridad propuso la elaboración de dos cuestionarios con el objeto de gestionar un “Diagnóstico Regional sobre la Implementación de Políticas Públicas de Seguridad con Perspectiva de Género y Derechos Humanos” y un “Diagnóstico Regional sobre Mecanismos para asegurar el Trato No Discriminatorio del personal que integra las Fuerzas Policiales y de Seguridad”. Asimismo, se propuso la elaboración de un “Curso Virtual sobre Género y Derechos Humanos” a nivel regional que tome como base el que actualmente se dicta en el Ministerio de Seguridad.
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Fecha:  02/05/2013 
A su vez, la Argentina adhirió a la Iniciativa Global Contra el Terrorismo Nuclear (IGTLN) –que fuera lanzada conjuntamente por los presidentes de los EE.UU. y la Federación Rusa en ocasión de la Cumbre del G-8 en San Petersburgo en julio de 2006 –en ocasión de la participación, por invitación expresa del Presidente Obama, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Cumbre de Seguridad Nuclear que tuvo lugar en Washington, en abril de 2010. Entre los días 28 de febrero y 3 de marzo de 2011 se celebró en Córdoba, España, la primera “Reunión Semestral del Grupo de Implementación y Evaluación (IAG) de la IGTLN”, la cual contó con la presencia de una delegación de la República Argentina.

En cuanto al fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, se destaca la continuidad del compromiso argentino con la labor del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en el marco de la OEA. En efecto, nuestro país participa activamente en el plan de trabajo anual de capacitación y actualización contra el terrorismo organizado por dicho comité, el cual se materializa a través de seminarios, workshops, cursos, talleres y simposios especializados en la materia. En particular, pueden mencionarse los siguientes:

** “II Ejercicio de Gestión de Crisis en Protección Portuaria” (Perú, 29 al 31 de marzo de 2011): asistió el Prefecto Auditor del Código de Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP).

** “Taller Subregional de habilidades para instructores y para el diseño de cursos sobre seguridad aeroportuaria” (Uruguay, 11 al 15 de abril de 2011).

** “Taller Regional de las Américas sobre Seguridad de Grandes Eventos” (Colombia, 4 al 6 de mayo de 2011)

**”Taller Hemisférico de Seguridad y Crimen Cibernético” (Miami, 9 al 13 de mayo de 2011).

En el ámbito de Naciones Unidas, amerita destacar la participación argentina en el siguiente evento: “Seminario para Fiscales sobre Acusación e Investigación de Terrorismo” (Turquía, 18 al 20 de julio de 2011): organizado por el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, como continuidad de otro Seminario desarrollado en Nueva Cork en diciembre de 2010.

A nivel subregional, Argentina participó activamente en las reuniones del “Foro Especializado Terrorismo” (FET) - grupo de trabajo técnico dependiente de la Reunión de Ministros del Interior y de Justicia del MERCOSUR. En este marco, a principios de 2011 se han realizado dos encuentros, en la ciudad de Asunción, Paraguay –del 5 al 7 de abril y del 31 de mayo al 3 de junio, respectivamente- en el ámbito de la XXIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados.

En los mencionados encuentros se procede a un fluido intercambio de información de inteligencia antiterrorista de interés de las delegaciones participantes y, en particular, se analizan cuestiones que hayan suscitado atención durante el corriente período de reuniones a fin de que los países de la Región consideren si amerita su incorporación y/o continuidad del tratamiento en el temario del foro. Por otra parte, se debaten acciones de prevención en curso, en función de potenciales focos de acción terrorista que pudieran generarse.

Adicionalmente, la República Argentina ha firmado y ratificado la mayoría de los Convenios multilaterales que se ocupan de la lucha contra el terrorismo.

Durante el transcurso del período 2010-2011, se sancionó la Ley 26.640, el 13 de octubre de 2010, que aprueba el Protocolo de Enmienda a la “Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares”, que fuera firmado en Viena, Austria, el 8 de julio de 2005.

Por otra parte, se encuentra pendiente de aprobación legislativa, el proyecto de ley (sancionado por el Senado el 15/04/2010, habiendo pasado a revisión por la Cámara de Diputados) referido a la “Convención Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear”, firmada en Nueva Cork, el 14 de septiembre de 2005.

Finalmente, cabe destacar que la República Argentina continuará exhortando la participación en todos los foros multilaterales, regionales y subregionales de lucha contra el terrorismo internacional y con la promoción de acciones de cooperación en la materia, en el marco del estricto respeto del derecho internacional, los derechos humanos, del derecho humanitario y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

En tal sentido, se propone continuar coordinando políticas y acciones en relación a la prevención, combate y eliminación del terrorismo, en el ámbito multilateral y bilateral, en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el MERCOSUR, El GRío, el Mecanismo de Seguridad de la Triple Frontera, entre otros foros internacionales y subregionales, respectivamente.

Contexto regional en la CELAC.

En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente respecto al tema:

“24. Rechazamos firmemente las evaluaciones, listas y certificaciones unilaterales e ilegítimas que hacen algunos países desarrollados y que afectan a países de la región, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter”.
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Fecha:  02/05/2013 
COOPERACIÓN BILATERAL

El Ministerio de Seguridad ha promovido la concreción de canales de cooperación y asistencia recíproca con las carteras de Seguridad de terceros países, a los fines de actualizar acuerdos existentes y suscribir nuevos Proyectos, en especial aquellos que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).


? Acuerdos suscriptos 2011-2012:

• Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (2012).
• Acuerdo Marco de Cooperación en Materia de Seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior del Ecuador (2012).
• Acuerdo Marco de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República del Paraguay (2012).
• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio de Justicia de la República Federativa de Brasil para la Cooperación en materia de Seguridad Pública (2012).
• Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación entre la policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina (2012).
• Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile (2012).
• Acuerdo Marco entre la Prefectura Naval Argentina y la Dirección General del Territorio Marítimo de la Marina Mercante de Chile (2011).
• Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina Argentina para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional de Uruguay (2011).
• Memorando de Entendimiento para la Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay en materia de Delincuencia Organizada Trasnacional (Drogas, Lavado de Dinero y Desvío de Precursores Químicos) y Delitos Conexos (2011).
• Memorando de Entendimiento para la Cooperación en Materia de Seguridad entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Nacional de Uruguay (2011).
• Memorando de Entendimiento para el Intercambio de Buenas Prácticas de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas entre Argentina y Paraguay (2011).


COOPERACIÓN MULTILATERAL

? Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR (RMI): En el marco de la Reunión especializada en materia de Seguridad de dicho foro, se han promovido los siguientes acuerdos regionales:

? Declaración de Asunción sobre la prevención de la Violencia en Eventos Deportivos Internacionales, suscripto durante la XXIX Reunión de Ministros en Paraguay (2011).
? Acuerdo para la creación de la Red de Especialistas en Seguridad Documental Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados, firmado durante la XXX Reunión de Ministros en Argentina (2012).
? Acuerdo Operativo sobre Lineamientos en Materia de Seguridad en Eventos Futbolísticos Internacionales entre los Ministerios competentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
? Declaración de Buenos Aires sobre Estandarización de Criterios Mínimos Comunes en la producción de información sobre violencia y delito en el ámbito del MERCOSUR, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
? Declaración de Buenos Aires sobre el Fortalecimiento de Espacios de Formación, Investigación y Políticas de Seguridad Ciudadana en el ámbito del MERCOSUR, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
? Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).
? Segundo Protocolo Adicional del “Acuerdo de Recife”, suscripto en la XXXI RMI, Argentina (2012).


TERRORISMO

Considerando al Terrorismo como una grave amenaza a la paz y a la seguridad internacional –tal como lo señala el párrafo 69 del texto de la V Cumbre -. la República Argentina ha llevado adelante diversas políticas relacionadas con la temática. En este sentido, puede señalarse que (en el marco de las actividades preventivas llevadas a cabo por la Unidad de Información Financiera (UIF) –creada por la ley 25.246) por Resolución N° 37, de febrero de 2011, dicha Unidad:

• Fijó en 30 (treinta) días hábiles el plazo para reportar Operaciones Sospechosas y 48 (cuarenta y ocho) horas como el período para comunicar a la UIF toda transacción con indicios de financiación del terrosismo, desde el momento en que la misma fue realizada o se intentó llevarla a cabo.

• Amplió los criterios de identificación del cliente, vg: elaboración de un legajo basado en las pautas establecidas por el Banco Central de la Nación, establecimiento de un listado de “Personas Expuestas Políticamente” y de quienes se encuentren en un listado de terroristas.

Adicionalmente, el 21 de junio de 2011 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.683, por medio de la cual se modifica el Código Penal y la Ley de Prevención del Encubrimiento y el Lavado de Activos de Origen Delictivo (Ley 25246). La misma fue promulgada a través del Decreto N° 825/2011 del Poder Ejecutivo Nacional, del 17 de junio de 2011, con la observación de la cláusula que disponía que la Unidad de Información Financiera (UIF) no podía constituirse como parte querellante en procesos penales [artículo 25].

En efecto, el mencionado Decreto manifiesta, entre sus considerandos, que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional…”; que “la UIF es el organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos proveniente tanto de la comisión de diversos tipos delictuales como del delito de financiación del terrorismo”, que “es competencia de la UIF colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público, en la persecución penal de los referidos delitos” y que “en consecuencia, se estima necesario que la (UIF) se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.” Asimismo, caracteriza a la UIF como organismo coordinador del Sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

Cabe señalar que, con lo dispuesto en este Decreto, la República Argentina cumple asimismo con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –el organismo internacional que apunta a combatir maniobras con dinero obtenido de ilícitos- en el sentido de aplicar leyes más estrictas contra este tipo de delitos.
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Fecha:  02/05/2013 
El Ministerio de Seguridad ha trabajado en pos del fortalecimiento institucional de todas las instancias de gobierno en materia de prevención del delito y la violencia .

Uno de los ejes centrales de la gestión ha sido el desarrollo del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad y las Mesas Barriales, en cuyo ámbito se diseñan los Mapas de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, conjuntamente con la implementación del Plan de Seguridad Urbana, tendiente a reforzar la presencia policial en horarios y lugares señalados por la inteligencia criminal y por las Mesas Barriales.

Del mismo modo, cabe señalar la ejecución del Proyecto Buenos Aires Segura, estableciendo un sistema integrado de seguridad urbana, basado en un dispositivo de seguridad ciudadana que cuenta con la tecnología más moderna para la prevención y conjura del delito; y la puesta en marcha del Programa Tren Alerta, un nuevo sistema de vigilancia de andenes, terminales ferroviarias y de ómnibus con cámaras de video de alta resolución.

Asimismo, se ha desarrollado una propuesta formativa de “Estrategias y políticas multiagenciales para la prevención del delito y la violencia en el ámbito local”, destinada a funcionarios municipales y orientada a fortalecer sus capacidades para el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad. Se dictó el Primer Curso de formación para funcionarios nacionales en Políticas Multiagenciales para la Prevención del Delito y la Violencia, acompañado por el relevamiento de políticas de prevención del delito y la violencia en el ámbito municipal y provincial, en conjunto con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior.

ARMAS DE FUEGO
Teniendo en cuenta que, conforme lo destacado en el párrafo 75 del texto de la V Cumbre de las Américas, “el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son una amenaza a la seguridad, engendran violencia, exacerban los conflictos y afectan negativamente el estado de derecho”, toda acción que se lleve a cabo para controlar dichos elementos ayuda a prevenir la delincuencia y la inseguridad.

En este marco, la normativa base para el control de armas de fuego en la Argentina son las Leyes 20.429. 24.492, 25.886, 25.938, 26.216 y 26.138 y sus Decretos Reglamentarios y modificatorios. En relación a ellas y de acuerdo a los últimos avances acontecidos en el país, se puede mencionar lo siguiente:

Registro y Rastreo de las armas
La Ley 25.938 –adoptada en octubre de 2004- creó un Registro bajo competencia del Registro Nacional de Armas (RENAR), en el cual se asientan los datos correspondientes a las armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones y demás materiales controlados incluidos en la ley Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales, Fuerzas de Seguridad, Policía Federal Argentina y Policías Provinciales, y demás organismos competentes en el ejercicio de las atribuciones que le son propias.

En cuanto a la implementación de dicha ley, el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS ha gestionado con los Poderes Ejecutivos provinciales, las Supremas Cortes de Justicia provinciales y los diferentes Poderes Legislativos provinciales la adhesión a la misma.

Provincias adheridas:
• Jujuy (Ley N° 5.459)
• Formosa (Ley N° 1.467)
• Chaco (Ley N° 5.519 – adhieren solo a los arts. 1°, 2° y 3°)
• Corrientes (Ley N° 5.732)
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 1.841)
• La Pampa (Ley N° 2.138)
• Chubut (Ley N° 5.401)
• Rio Negro (Ley N° 3.927)
• Mendoza (Ley N° 7.780)
• Buenos Aires (Ley N° 13.852)
• Santa Fe (Ley N° 12.929)
• San Juan (Ley N° 7.799)
• Neuquén (Ley N° 2.576)
• Misiones (Ley N° 4.428)
• Tierra del Fuego (Ley N° 786)
• Salta (Ley N° 7.635)

Provincias en vía de adhesión:
• Córdoba
• Entre Ríos (Proyecto en Senadores)


INCAUTACIÓN. RECOLECCION, DECOMISO y DESTRUCCIÓN DE ARMAS:

Incautación I Decomiso.
La Ley 20.429 sobre Armas y Explosivos establece en su artículo 36 inciso 6, como una de las sanciones a aplicar, el decomiso de material en infracción.

Por su parte, la mencionada Ley 25.938 -cuyo objetivo es contar con un Registro centralizado al cual todas las jurisdicciones están obligadas a dar información detallada acerca de las armas secuestradas bajo su jurisdicción (números de serie, personas involucradas y lugar del depósito)- faculta al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Registro Nacional de Armas y Secretaria de Seguridad Interior) para establecer normas y procedimientos obligatorios de seguridad para la gestión de los depósitos y arsenales de dichas armas, y establece la necesidad de proceder a la destrucción de las armas en la medida que dicha destrucción sea posible.

Destrucciones de armas.
Proyección. A continuación se detalla la información registrada desde el año 1993:

AÑO ARMAS DESTRUIDAS
1994 916
1995 3650
1996 1376
1998 2626
1999 709
2000 14822
2001 3925
2002 4381
2003 14471
2004 11200
2005 4808
2006 305
2007 20037
2008 32825
2009 51672
2010 20.168
2011 23.250
Párrafos: 71, 74, 2 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
CAMPAÑAS DE DESARME Y CONCIENTIZACION NACIONAL.

PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO – LEY 26.216
Mediante la sanción de la Ley N° 26.216 se creó el PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO.

El mentado PROGRAMA consistió en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones para su destrucción, con la finalidad de propender a la disminución, a cambio de un incentivo, de su uso y proliferación, la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas y la sensibilización de sus riesgos.

El PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, que funciona conforme los términos de la Ley N° 26.520 del 16 de diciembre de 2009, tuvo como uno de sus objetivos la reducción del circulante de armas en manos de civiles a partir de la recolección de armas de forma VOLUNTARIA y ANÓNIMA a cambio de un incentivo económico.

La respuesta de la sociedad civil a la iniciativa ha sido sumamente satisfactoria, obteniéndose óptimos resultados. La cantidad de armas de fuego recepcionadas solo conforme al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego Ley 26.216, fue de 128.734, y el total de municiones 976.465, lo cual representa aproximadamente el 10 % del total de armas registradas en manos de usuarios civiles en el país. Las mismas fueron recolectadas en puestos fijos y móviles dispuestos por el RENAR en diferentes provincias de todo el país. El tipo de armas recepcionadas en mayor cantidad fueron, revólveres 22, 32, 38 y pistolas 22 y 9 mm..

El material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue destruido por trituración y fundición. El total de armas destruidas, fue de 149.789.

Conforme a la “Creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestro o Incautados” Ley 25.938.

11/12/10 16.941
19/03/11 6.896
12/12/11 6.550

Conforme al “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, Ley 26.216.
1ra: 24/10/2007 20.037 armas de fuego
2da: 31/05/2008 32.825 armas de fuego
3ra: 25/04/2009 20.249 armas de fuego
4ta: 31/10/2009 31.423 armas de fuego
5ta: 11/12/2010 3.227 armas de fuego
6ta: 12/11/2011 9.804 armas de fuego

Total de armas destruidas en el 2010, 20.168.
Total de armas destruidas en el 2011, 23.250.

El metal de rezago resultante de la fundición del material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue donado a la Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P Garraham.

COORDINACION NACIONAL.
La mencionada Ley 26.216 prevé la creación, conforme lo sugerido por el Programa de Acción de las Naciones Unidas (UNPOA), de la maquinaria institucional adecuada a fin de entender de forma integral y comprehensiva en las cuestiones relativas al control de armas de fuego. En este sentido, el artículo 18 de la Ley crea el Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de Fuego el cual estará integrado por el Ministerio del Justicia, Seguridad y Derechos Humanos -a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Comité, de Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y de otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional que tengan competencia en la cuestión. Asimismo, se invitará a participar a miembros del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y a representantes de las provincias.

Asimismo, el artículo 20 de la Ley crea el Consejo Consultivo de las Políticas de Control de armas de fuego con el fin de colaborar con las autoridades competentes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de control y prevención del uso de armas de fuego y municiones. Este Consejo estará compuesto por el Comité mencionado anteriormente, representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos o expertos con reconocida trayectoria y experiencia.
Contexto regional en la CELAC.

En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente respecto al tema:

“48. Subrayamos la necesidad de promover la plena implementación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos y de apoyar los esfuerzos con miras a restringir el flujo ilegal de esas armas y sus municiones, particularmente en América Latina y Caribe”.

ESTADISTICA OFICIAL DE CRIMINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA.
La Ley 25.666 establece que la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia produce el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que tiene por objetivo principal recopilar datos sobre delitos registrados por la policía y fuerzas de seguridad de todo el país. En virtud de dicha ley, el SNIC representa la estadística oficial sobre cantidad de delitos discriminados por provincias y la evolución en las tasas de criminalidad de los últimos años.

Como un sistema de información complementario del SNIC, la Dirección de Política Criminal lleva adelante el Sistema de Alerta Temprana (SAT) que presenta la información mas desagregada sobre Homicidios Dolosos y Delitos contra la Propiedad. En este sistema es posible obtener datos sobre el tipo de armas utilizadas en la comisión de los mencionados delitos.

Los estudios de victimización tienen por objetivo básico describir el fenómeno criminal a partir del estudio de la población general. Para esto se realizan encuestas de hogar en centros urbanos - de acuerdo a una muestra representativa - en las que se indaga acerca de las experiencias de victimización vividas durante un período determinado por las personas encuestadas y, usualmente, acerca de sus opiniones sobre cuestiones relacionadas al tema de la seguridad.

La Dirección Nacional de Política Criminal ha realizado estudios de victimización a residentes de Ciudad de Buenos Aires y GBA sobre lo acontecido durante los años 2001, 2002 Y 2003. Sobre la base de estos estudios se cuenta con información sobre niveles de victimización (incluyendo la denominada "cifra negra" del delito, aquellos casos que no se denuncian), desagregado por tipo de delito y por la utilización de armas de fuego en su comisión. Asimismo, de estos estudios también surge información sobre porcentaje de hogares en los hay armas de fuego y las razones aducidas por las personas para contar con un arma en su casa.

Asimismo, a partir del año 2005, la Dirección Nacional de Política Criminal realiza un Informe Anual sobre Armas de Fuego en el que recopila la información estadística oficial existente en la materia, tomando datos del RENAR, del Ministerio de Salud, de la Policía y Fuerzas de Seguridad y de sus propios estudios. La información se encuentra publicada en http://www.polcrim.jus.gov.ar/ArmaDeFuego.PDF


ENTRENAMIENTO, CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, INVESTIGACIÓN.
La Argentina asigna alta prioridad a todos los programas sobre construcción de capacidades para la efectiva implementación del Programa de Acción, siendo esencial la cooperación y asistencia internacional para llevar adelante dichos objetivos.

Continúan vigentes diferentes iniciativas a fin de implementar programas nacionales y provinciales para capacitación de las fuerzas policiales.

Actualmente se encuentra en proceso un programa de capacitación para la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y para la Policía de Seguridad Aeroportuaria en orden de optimizar la integración del Banco Nacional Informatizado de datos sobre armas de fuego y demás materiales controlados, perfeccionar y controlar la operatoria registral.


COOPERACION CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONGS.

Red Argentina para el Desarme (RAD):
RAD sigue de cerca los procesos de control de armas y municiones y, específicamente, la marcha del programa de recolección de armas como miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil en materia de políticas de control de armas de fuego.


INTERCAMBIO DE INFORMACION.
La Argentina somete anualmente los informes relativos a las Transferencias de Armas Convencionales al Registro de las Naciones Unidas y remite dicha información a la Organización de Estados Americanos.

La Argentina es co-patrocinadora original de la Resolución AGNU 65/63 de la Asamblea General de las Naciones Unidas referida a "Información sobre Medidas de Fomento de la Confianza en el campo de las armas convencionales" que establece la creación de una base de datos para la publicación de las medidas implementadas por los Estados Miembros en este campo, lo cual incluye aquellas cuestiones relativas a las armas pequeñas y ligeras y se solicita al Secretario General que elabore un informe.

Cabe destacar que la Argentina, junto con Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenya y Reino Unido viene presentando, desde el año 2006, los sucesivos proyectos de resolución y de la Resolución 64/48 "Hacia un Tratado sobre el Comercio de Armas" a través de los cual establece el proceso tendiente a evaluar la factibilidad de contar con un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que establezca parámetros para regular las transferencias legales de armas convencionales.
Párrafos: 70, 3 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
El Ministerio de Seguridad se encarga de gestionar los sistemas de información criminal y la producción de conocimiento específico a través de estudios e investigaciones para el desarrollo e implementación de políticas públicas conducentes a la prevención del delito y la violencia, como así también contribuir en el proceso decisorio y la evaluación del desempeño de los componentes y factores que inciden en los fenómenos criminales y la violencia.
Párrafos: 4 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
En el plano nacional, el Ministerio de Seguridad ha reforzado la coordinación y trabajo conjunto con las Fuerzas Policiales y de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado , lo que ha permitido incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional. Durante el período 2011, en pos de este objetivo, se han implementado los siguientes operativos:

? CENTINELA: Establecido mediante el Decreto 2099/2010, implicó el despliegue de 6.000 efectivos de Gendarmería Nacional Argentina con vehículos y el sostén logístico necesario, en 27 partidos del Conurbano.

? ESCUDO NORTE: Establecido mediante el Decreto Nº 1091/2011, con el objetivo de prevenir y disuadir los delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes, a través del incremento de la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las regiones del NEA (Noreste argentino) y NOA (Noroeste argentino) de nuestro país, así como la aprehensión y judicialización de los incursores ilegales. Este Operativo, que implica el despliegue de efectivos y equipamiento de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA), en articulación con el Operativo Fortín II del Ministerio de Defensa, constituye un ejercicio inédito de coordinación a gran escala entre los Sistemas de Seguridad y de Defensa, cada uno en el ámbito estricto de su competencia.

? ÁGUILA: Constituyó el incremento de la seguridad interior, extremando las formas de control vehicular en rutas. Como consecuencia del mismo, se alcanzaron cifras históricas en relación a la incautación de estupefacientes.

? CINTURÓN SUR: Establecido mediante el Decreto 864/2011 con el objetivo de optimizar el servicio de seguridad ciudadana, coordinó las acciones de GNA y PNA en zonas específicas del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estableció que la Policía Federal Argentina (PFA) continúe con la actividad administrativa y judicial dentro de las Comisarías, y que la PNA y GNA ejerzan las funciones de policía de seguridad y las tareas de prevención e investigación de los delitos en las zonas asignadas. Implicó el despliegue de 1.250 gendarmes en los barrios de Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati y Villa Lugano con un refuerzo de 60 motos, 45 patrulleros y 14 camionetas, y 1.250 prefectos en los barrios de La Boca, Barracas y Parque Patricios con un refuerzo de 26 camionetas, 24 cuatriciclos y 10 patrulleros. A su vez, se ha fomentado la elaboración de estudios específicos relacionados con distintas figuras delictuales: homicidios dolosos, delito de trata de personas, robo y hurto automotor, uso ilegal de armas de fuego, piratería del asfalto, criminalidad organizada.

? VIGÍA: impone nuevos controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. El plan abarca tres ejes: la frontera NOA, la Terminal de Ómnibus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Retiro” y un Parador ubicado en la intersección de las rutas 197 y Panamericana. A los dispositivos de seguridad ya existentes se agregaron, 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escaners de rayos X, canes detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.

En el ámbito internacional, se ha impulsado una estrategia proactiva para la lucha contra el Delito, estableciendo al MERCOSUR y UNASUR como espacios estratégicos de integración y de proyección prioritaria para el combate transnacional de la criminalidad organizada. De esta forma, se han fomentado diversas iniciativas de articulación en instancias subregionales, regionales y hemisféricas:

? COOPERACIÓN MULTILATERAL: en el marco de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR (RMI), se han promovido acuerdos regionales referentes a seguridad ciudadana, prevención y represión de actividades ilícitas, capacitación policial, lucha contra el terrorismo, organización de operativos conjuntos, etc. en cumplimiento del Acuerdo Marco sobre Cooperación en materia de Seguridad Regional suscripto en 2006 y ratificado por nuestro país en 2010. La Sra. Ministra de Seguridad –Nilda Garré- asumió la Presidencia Pro Témpore de la RMI para el primer semestre 2012, a lo largo del cual se impulsaron importantes acuerdos en materia de prevención del delito de trata a nivel regional, prevención de la violencia en eventos futbolísticos internacionales, promoción de la capacitación de personal civil y policial, desarme de la sociedad civil, entre otros.

Asimismo, se proyecta a la UNASUR como instancia clave de consulta, cooperación y coordinación de la Seguridad Pública Regional mediante la creación de un “Consejo Sudamericano de Seguridad, Justicia y Lucha contra la Criminalidad Organizada".

? PROMOCIÓN DE ACUERDOS E INSTANCIAS DE COOPERACIÓN ANTE FOROS HEMISFÉRICOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS: el Ministerio de Seguridad participa activamente en la Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas/ OEA (MISPA). Se desarrollaron lineamientos estratégicos para la negociación de declaraciones, Acuerdos y Planes de Acción de cara a la MISPA III en Trinidad y Tobago (noviembre 2011), cuyo tema central fue “la gestión policial”. Asimismo, en el ámbito del Plan de Acción Hemisférico/OEA se defendió una concepción de la seguridad ciudadana como política pública ampliamente ligada a los derechos humanos, la participación ciudadana, la coordinación multiagencial, así como la profesionalización y modernización de equipamientos y recursos para efectivizar la lucha contra el delito.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad participa en foros vinculados a la prevención y neutralización del narcotráfico: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe (HONLEA); Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD), Reunión de Expertos en Narcotráfico Marítimo de la CICAD/OEA, Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE); I Reunión del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la UNASUR, Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en materia de drogas, su uso indebido y rehabilitación de drogadependientes del Mercosur (RED).
Párrafos: 70, 5 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
Por su parte, en materia de prevención y neutralización de actividades terroristas, a lo largo del 2011 el Ministerio de Seguridad participó activamente en las actividades del Comité Interamericanos contra el Terrorismo (CICTE), enviando especialistas de las Fuerzas de Seguridad y Policiales a los cursos de capacitación organizados por la Institución. Ello complementa a nivel hemisférico la participación Argentina en dos foros de carácter regional vinculados a la prevención y neutralización de actividades terroristas: el Comando Tripartito de la Triple Frontera y el Foro Especializado en Terrorismo (FET) de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR.

? COOPERACIÓN BILATERAL: Acentuando el gobierno político de las relaciones internacionales en materia de seguridad, se ha promovido la concreción de canales de cooperación y asistencia recíproca con las carteras de Seguridad de terceros países, a los fines de actualizar acuerdos existentes y promover la suscripción de nuevos Proyectos, en especial aquellos que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Para ello, se han considerado las necesidades operativas y estratégicas de cada una de las Instituciones que integran el Sistema de Seguridad Interior.

Continuando con lo relativo al problema mundial de las drogas y los delitos conexos , cabe resaltar que, a fines del año 2011, la República Argentina fue elegida para ejercer la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), en función de lo cual el país ofició de sede para la realización de la 50° Reunión Plenaria de dicho organismo.

Asimismo, la República Argentina mantuvo un importante rol en el proceso de elaboración de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan de Acción, ejerciendo la coordinación del capítulo sobre Medidas de Control. Del mismo modo, se participó en los diferentes Grupos de Expertos existentes en el ámbito de la CICAD, que abordan temas específicos como la reducción de la demanda, el desvío de precursores químicos, el tráfico ilícito de drogas por vía marítima y el lavado de activos.

Por otra parte, el país se desempeñó como Co-coordinador en el Grupo de Contacto para la Revisión del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD, encargado de revisar integralmente el funcionamiento del mecanismo y realizar propuestas para su optimización.

En forma paralela, nuestro país fue designado, conjuntamente con México, en la coordinación del capítulo de Medidas de Control en el marco de la Reunión Preparatoria del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) del MEM.

Adicionalmente, cabe decir que se logró un óptimo cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la participación del país en el MEM, dentro de las que se incluye el cumplimiento de cinco de las nueve recomendaciones asignadas en la Quinta Ronda de Evaluación, conjuntamente con las tareas de coordinación desarrolladas por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) en función de su rol como Entidad Coordinadora Nacional y la participación en el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) del mencionado mecanismo.

Por último, la SEDRONAR participa, junto a otros organismos de la Administración Pública Nacional, de los Grupos de Trabajo 2, 3 y 4 (Reducción de la Oferta, Medidas de Control y Lavado de Activos, respectivamente) al mismo tiempo que ejerce la coordinación del Grupo de Trabajo 1 de Reducción de la Demanda y co-coordina el Grupo 5 de Fortalecimiento Institucional y Armonización Legislativa, en el marco del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de Drogas (CSPMD) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).”

Adicionalmente, válido es destacar que la 47° Sesión Ordinaria de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), realizada en Washington los días 3/5 de mayo de 2010, aprobó la “Estrategia Hemisférica sobre Drogas”, la cual subraya la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados miembro de la OEA, la conveniencia de encarar el problema mundial de las drogas con un enfoque integral (oferta y demanda) y equilibrado y el principio de responsabilidad común y compartida. Asimismo, la CICAD ratificó el compromiso de implementar las recomendaciones emanadas del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).

Mediante la participación en los diversos mecanismos internacionales abocados a prevenir y neutralizar todos los aspectos del Problema Mundial de las Drogas, el Ministerio de Seguridad ha logrado fortalecer los lazos de cooperación con las autoridades competentes de otros países, tanto los espacios multilaterales como bilaterales. Asimismo, esta tarea se ha visto reflejada en una activa participación en los foros técnico-políticos, contribuyendo al desarrollo de proyectos, iniciativas y resoluciones para afrontar el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.

En el ámbito de la CICAD/OEA, durante el período 2012 el Ministerio de Seguridad de la Nación ha asumido la responsabilidad del ejercicio de la presidencia del Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo, a través de la Prefectura Naval Argentina, como muestra del firme compromiso en generar espacios de consensos, en la búsqueda de estrategias coordinadas y en el fortalecimiento de la cooperación multilateral en la región. La reunión de este grupo se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires entre los días 16 y 20 de julio. Durante la misma, se logró plasmar el mandato de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas a través de la concreción de documentos – guías elevados a dicho organismo para su consideración.

También es importante destacar la participación en la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas que se celebró en Lima durante los días 25 y 26 de junio de 2012, como parte de la estrategia antes mencionada.
Párrafos: 72, 5 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
En el caso de la Argentina, se han analizado los cambios estructurales generados en los últimos años como uno de los factores causales de la revalorización de la Sociedad Civil, modificando la acción colectiva, dando lugar al surgimiento de nuevas modalidades de trabajo y a la constitución de nuevos sujetos sociales que canalizan demandas de los ciudadanos .

El crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) en el país se entiende, en parte, por su acción colectiva agregadora de intereses y, también, por la conformación de una subjetividad que busca superar la resignación de muchos sectores que “no tienen voz”. De esta manera, las acciones de la Sociedad Civil, en general, tienden a buscar la participación y la identidad local como pilares para el desarrollo de las personas y de las comunidades.

Cuando se habla del diseño de las políticas y las decisiones públicas, se apunta puntualmente a la creación de procesos y canales que permiten a la sociedad civil acceder individual o colectivamente a ciertas fases de elaboración de las decisiones públicas orientadas a buscar mayores niveles de democratización. Desde esta postura, se intenta encontrar estrategias que favorezcan el fortalecimiento de canales tradicionales de representación y canalización de las demandas.

Dentro de esta visión están todas las propuestas relacionadas con los nuevos diseños institucionales creados en los últimos años, tales como audiencias públicas, consultas populares, iniciativas populares y revocatorias de mandato, entre otras.

Los lineamientos centrales apuntan a la generación de mayor transparencia y eficiencia en los sistemas de gestión que se traducen en cuestiones concretas para la Sociedad Civil y los ciudadanos. La transparencia es un elemento central y, cuando se la alcanza, da paso a la confianza y a la legitimidad de los sistemas y organismos ante el ciudadano.

La estrategia de incorporación de actores de la sociedad en la gestión estatal está íntimamente ligada con la preeminencia que ha ganado el tema de la democratización del Estado en la etapa post dictatorial. En este sentido, el principal argumento que se hace explícito para fundamentar el valor de este tipo de arreglos institucionales, afirma que la participación de representantes de la Sociedad Civil en el entramado de gestión de las políticas estatales contribuye a la ampliación del funcionamiento de la democracia, extendiéndolo más allá de los mecanismos establecidos por las instituciones representativas propias del sistema democrático.

Los esfuerzos por incidir en las políticas públicas requieren de capacidades institucionales que puedan ser potenciadas a partir de estrategias de formación adecuadas a este tipo de organizaciones y en particular a la especificidad de los contextos políticos en los que actúan. El desarrollo de estas capacidades requiere de marcos de referencia que ubiquen la función de incidencia en políticas y de deliberación pública de las OSC en el contexto de la democracia y de herramientas analíticas para entender los replanteamientos actuales sobre el papel del Estado y la Sociedad Civil en la política social.

Los esfuerzos por diseñar e implementar modelos, sistemas y mecanismos que capturen distintos aspectos de la evaluación a nivel estatal, como son el impacto, los efectos, la eficiencia, la eficacia, el desempeño o el presupuesto, también requieren de capacidades institucionales que pueden ser fortalecidas tanto desde el Estado como desde la Sociedad Civil en un ciclo virtuoso de transparencia y rendición de cuentas.

El espacio de asociaciones voluntarias y autónomas ha sido siempre amplio y robusto en la Argentina. Esa amplitud y robustez derivan, en gran parte, de la voluntad de las elites estatales y de la eficacia de sus estrategias de construcción. El crecimiento reciente de este espacio puede asociarse con la democratización, la redefinición del rol económico del Estado, el crecimiento en la cantidad y complejidad de los temas que se constituyen como objeto de las políticas.

La proliferación de experiencias de participación en la gestión pública ha estado, mayormente, enmarcada en procesos de desarrollo local o de implementación descentralizada de políticas sociales. Es decir, este tipo de mecanismos cobran especial relevancia en escenarios locales de gestión, donde la relación entre el Estado y los actores de la Sociedad Civil es más cercana.

La participación de la Sociedad Civil en cuestiones de políticas públicas adquiere nuevas formas: pasa de mecanismos más tradicionales de oposición al desempeño de otros papeles, ya sea en el diseño conjunto de políticas con el Estado o la implementación directa de una ley ya no en un nivel propiamente operativo.

Contexto regional en la CELAC.

En la Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, celebrada en Santiago de Chile (27 al 28 de enero de 2013), los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron lo siguiente respecto al tema:

“24. Rechazamos firmemente las evaluaciones, listas y certificaciones unilaterales e ilegítimas que hacen algunos países desarrollados y que afectan a países de la región, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter”.

“51. Ratificamos el compromiso para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada transnacional de conformidad con el derecho internacional. En tal sentido, propiciamos la adopción de respuestas estratégicas, dinámicas y holísticas para combatir la delincuencia organizada transnacional. En este marco, impulsamos la articulación y una mayor coordinación de los esfuerzos operativos y de cooperación encaminados a promover el fortalecimiento institucional relacionado con la prevención, investigación y persecución criminal contra la delincuencia organizada transnacional. Consideramos asimismo, la aplicación de mejores prácticas y explorar nuevas formas y enfoques para luchar contra este flagelo”.
Párrafos: 6, 7, 8 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  02/05/2013 
POLITICAS DE ARTICULACION ESTADO - SOCIEDAD CIVIL

• Presidencia de la Nación

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

El Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS) es un espacio multiactoral que reúne a organizaciones representativas de la comunidad ciudadana y a miembros del Estado, para analizar y recomendar políticas sociales con el objetivo de lograr inclusión social.

Creado mediante el Decreto 15/2005 y reglamentado por la Resolución 408/2006, las funciones previstas para el CCNPS incluyen la recomendación y seguimiento de planes y programas sociales nacionales y el fortalecimiento de Consejos Consultivos (CCs).

Los CCs son espacios en los que Sociedad Civil y el Gobierno dialogan y llegan a acuerdos sobre cómo mejorar las políticas sociales. El decreto que fundó el Consejo planteaba que “(…) fuera un espacio de consulta y participación activa de la sociedad civil, para proporcionar e impulsar propuestas que atiendan a mejorar y facilitar la articulación territorial de planes sociales”.

Integrado por representantes gubernamentales, empresariales, de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales y de instituciones confesionales, el CCNPS se reúne semanalmente en Plenario y periódicamente emite informes de sus acuerdos para el Poder Ejecutivo Nacional. En ellos se resumen las sugerencias para la mejora de planes y programas y recomendaciones para la integración y el fortalecimiento de los CCs.

Por otra parte, el CCNPS brinda asistencia técnica a CCs locales y gestiona sus reclamos, denuncias y consultas, además de recibir consultas de beneficiarios y organizaciones sociales respecto de la gestión y alternativas de los programas.

Su autoridad de aplicación es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cuyo presidente honorario es la Sra. Ministra de Desarrollo Social, Dra. Alicia Kirchner. Cuenta con el apoyo económico y logístico de los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, además de la asistencia permanente de una Secretaría para la gestión y seguimiento de sus acuerdos.

Se aspira a que todo ciudadano, todo habitante, tenga la capacidad de sostenimiento económico de la familia, la posibilidad de acceso a la educación y a la salud y el acceso a los servicios colectivos vinculados con el hábitat. El fin último es lograr que toda la población que esté bajo el nivel de la línea de pobreza acceda a los distintos recursos que tienen el Estado y la Sociedad Civil para superar su situación.

El trabajo del CCNPS ha permitido que este organismo logre incidir positivamente en las políticas sociales del Estado. Esas nuevas políticas, impulsadas desde el Gobierno Nacional, responden en tiempo y forma a muchas de las recomendaciones realizadas por el CCNPS. En ese sentido, los analistas encuentran dos tipos de efectos, unos vinculados con cuestiones de enfoque y otros con cuestiones prácticas.

Respecto del enfoque, la fundamentación de las reformas a las políticas sociales menciona directamente la cuestión de género, la asistencia a desempleados estructurales y el derecho de inclusión en su sentido más amplio.

En cuanto a la repercusión en las prácticas, ésta se manifiesta en la idea de reformular las políticas sin discontinuar los beneficios, el incentivo al trabajo y el premio a la voluntad del trabajo, el incentivo a que todos puedan acceder realmente a una educación obligatoria completa, las políticas de intermediación laboral y el fortalecimiento de las oficinas de empleo, la cuestión de género en el Plan Familias y la cobertura social al trabajador, presente en el nuevo Seguro de Empleo y Capacitación.


• Ministerio de Educación
Programa Nacional Primeros Años
Para dar inicio a este Programa en 2005 se firmó un convenio de colaboración con los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud, en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Asimismo, se formó un equipo de trabajo con profesionales de cada uno de los ministerios con el fin de construir espacios comunes de acción.
Tras la adhesión de los gobiernos provinciales, el Programa se desarrolla en 22 jurisdicciones. En cada una se conformaron espacios interministeriales mediante la firma de acuerdos entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación de cada provincia, que cuentan con equipos técnicos interdisciplinarios capacitados por “Primeros Años” para el abordaje integral del desarrollo infantil y el apoyo al trabajo comunitario.
La Mesa de Planificación Estratégica y Coordinación Programática que lleva adelante la implementación del Programa está integrada por áreas específicas de los tres ministerios nacionales mencionados: la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil y la Dirección de Salud Familiar y Comunitaria del Ministerio de Salud; la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social; y el Programa Nacional de Desarrollo Infantil del Ministerio de Educación.
También se han conformado mesas intersectoriales locales en diversos barrios de 47 localidades urbanas y rurales, en zonas de alta vulnerabilidad social. Están integradas por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil a las que pertenecen 3600 facilitadores, capacitados en una concepción integral del desarrollo infantil, que acompañan a las familias en el fortalecimiento de las prácticas de crianza y promueven el intercambio de experiencias cotidianas y el establecimiento de vínculos.
Desde 2008, a las acciones que desarrolla el Programa, se incorpora el trabajo en las localidades seleccionadas por el Plan Nacional de Abordaje Integral “Ahí en el lugar”.
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Fecha:  02/05/2013 
Gestión de Políticas Sociales y Participación de la Sociedad Civil

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, ha generado políticas públicas en relación a tres ejes estratégicos que promueven el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada. El primero de estos ejes es el fomento de una política social de tipo socio productiva que identifique el potencial económico, social, cultural y humano de cada localidad.

El segundo es la generación de condiciones que permitan inclusión e integración social de las familias y el tercero, el fortalecimiento de los espacios multi actorales con el propósito de institucionalizar ámbitos de consenso y acuerdos entre los diferentes actores públicos y privados. En correspondencia con estos ejes, la Secretaría desarrolla tres planes nacionales. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”. Esta política apunta a identificar y fortalecer iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinado prioritariamente a personas en condición de vulnerabilidad social. Brinda asistencia técnica para la formulación o fortalecimiento de emprendimientos productivos, financiamiento (subsidios, créditos y microcréditos en concomitancia con las características de los proyectos) y capacitación para el proceso productivo. Se impulsa la asociación entre el desarrollo local y la economía social. El desarrollo local es entendido como un ámbito de interlocución que, por cercanía y conocimiento, es óptimo para el desarrollo económico. La economía social, por su parte, se refiere a un sector con alto potencial asociativo caracterizado por su variedad de experiencias, como las cooperativas y mutuales, los emprendimientos productivos familiares, las empresas recuperadas por los trabajadores, las ferias sociales y los diferentes clubes de trueque en los que el trabajo, la solidaridad y la sustentabilidad son los ejes básicos de su acción colectiva. La posibilidad de que ese desarrollo local vaya de la mano de la economía social plantea una estrategia de crecimiento sólido y sostenido.

El segundo plan nacional es el de seguridad alimentaria, conocido como “El hambre más urgente”. Este Plan se implementa a partir de una articulación entre provincias y municipios los que, a partir de transferencias recibidas de la Nación y en el marco de una planificación consensuada que contempla las características y capacidades propias de cada territorio, brinda asistencia alimentaria directa a todas las personas que la necesiten, garantizando la cobertura nutricional y calórica correspondiente para cada edad. Este plan también prevé la promoción de una alimentación autosustentable. A partir del apoyo técnico y de la organización de pequeñas unidades productivas se busca fomentar producción de alimentos frescos y la elaboración de productos alimenticios para el consumo comunitario.

“Familias” es el tercer plan nacional desarrollado. Esta política pública considera central fortalecer el rol de la familia en el cumplimiento de todas sus funciones. Esto implica promover el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y oportunidades entre género y generación de sus miembros. La familia y cada uno de sus integrantes con sus respectivos derechos y responsabilidades, deben propender a la equidad, la cooperación, la participación responsable, el desarrollo del asociacionismo y las redes comunitarias.

En este sentido, el Plan “Familias” se orienta a impulsar acciones a partir del desarrollo humano y de las propias capacidades de los beneficiarios de programas sociales. Para ello, brinda apoyo económico a las familias en condición de vulnerabilidad social y desarrolla mecanismos que promuevan la asistencia escolar y el cuidado de la salud de sus niños. Esta política social contempla, entre sus propósitos, la satisfacción de sus necesidades básicas y de un ingreso familiar que les permita ser protagonistas de su desarrollo.

Entre los logros que estos planes nacionales aportaron, se puede mencionar el haber consolidado una línea de trabajo con los Consejos Consultivos, espacios nacionales, provinciales y locales en los que conviven la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria, las OSCs y el municipio o el actor público en cada nivel. Esos espacios definen líneas de trabajo de políticas sociales propuestas muchas veces por la Sociedad Civil. El Estado nacional las acompaña o las ayuda a poner en marcha.

Un segundo éxito que dejaron estas políticas sociales de interacción fue el respeto mostrado por los funcionarios hacia la misión, visión, lógica, tiempos y objetivos de las OSCs.

El tercer logro fue iniciar un proceso de descentralización sin conflicto. Esta transferencia de recursos a municipios y a OSCs no se realiza con la idea de tercerizar los problemas sino como un mecanismo para que las instituciones locales propongan su definición y los recursos para ponerlo en marcha. Un ejemplo de esto es el Plan Manos a la Obra.

Hasta 2006, la mecánica de ese plan era centralizar toda evaluación de cada proyecto productivo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, luego de decidido, se llevaba al distrito en cuestión. La mecánica actual es diferente. Cada OSC o municipio presenta las líneas generales de un proyecto institucional, el Ministerio transfiere los fondos y ellos mismos evalúan, analizan y ponen en marcha los proyectos que consideran necesarios.

El Ministerio se limita a pedir que pongan en marcha un proyecto institucional para el que luego se le transfieren los recursos.

Centros Integradores Comunitarios (CIC)

Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y participativo con el objetivo de promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Dentro de estos espacios funciona una Mesa de Gestión Local desde donde dichos actores impulsan y desarrollan, de manera conjunta, las siguientes acciones:

• Coordinación de políticas de desarrollo social y atención primaria de la salud (prevención, promoción y asistencia sociosanitaria).
• Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables.
• Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red.
• Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular.

Los CIC, ubicados en las zonas más vulnerables del país, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico común de escala municipal.

Con el objetivo de generar nuevos espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, se incorporaron a los CIC instalaciones especialmente destinadas a estos fines, que se encuentran en funcionamiento.


• Ministerio de Salud

Municipios y Comunidades Saludables

El Ministerio de Salud estimula fuertemente la participación de las OSCs a través de su Comisión Nacional Coordinadora. La Comisión actúa como oficina de enlace entre las organizaciones de la sociedad civil y los programas de salud ministeriales. Las OSCs pueden analizar los programas que ofrece el Ministerio y elegir el que les interese. A partir de ese momento se inicia un trabajo en equipo con ellos, y se los capacita y forma para que luego sean multiplicadores de esos programas en los lugares donde se desarrolla su actividad.

La Comisión Nacional Coordinadora también está participando en el MERCOSUR, coordinando el Observatorio de Participación Ciudadana en Salud, donde todos los países tienen un representante político y uno académico, y son financiados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto permite proveer de información a los funcionarios para que lleven medidas productivas a la comunidad.


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Fecha:  02/05/2013 
• Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación

Subsecretaria de la Gestión Pública

Los programas vinculados con este tema que desarrolla la Subsecretaría son varios.

En primer lugar, el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, el cual tiene cinco ejes. El fortalecimiento de la transparencia es el primero, facilita el acceso de los ciudadanos a los actos de gobierno y a la información pública. Brindar un mejor servicio al ciudadano unificando, simplificando y transparentando la vinculación de los ciudadanos con el Estado mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). Mejorar la gestión pública brindando mayor calidad en los procedimientos y sistemas de información de cada organismo de modo que redunde en una verdadera articulación entre ellos. Reducir los costos de gestión a partir de la utilización de todas las potencialidades de estas tecnologías, simplificando procedimientos y optimizando la gestión. El quinto eje es lograr una mayor participación de los ciudadanos y la sociedad civil generando espacios de intercambio de información entre el Estado y los ciudadanos.

En segundo lugar, el Programa de Carta Compromiso con el Ciudadano. Se trata de un programa por el cual los organismos acuerdan y consensúan con los usuarios y ciudadanos determinadas mejoras de gestión, y garantizan el cumplimiento de derechos. El programa permite que se definan estándares de gestión entre cada organismo y sus usuarios, buscando la constante innovación que incremente la calidad de la gestión. Hoy existen más de 60 cartas firmadas y más de 1600 estándares definidos. Las evaluaciones que se realizan muestran significativas mejoras en el desempeño de esos organismos y en la satisfacción de los ciudadanos que utilizan sus servicios.

Este programa representa también un avance muy importante en el esfuerzo general hacia la construcción de un nuevo modelo de gestión pública. Poco a poco, con nuevas herramientas, se deja atrás un modelo de gestión pública fuertemente vinculado al cumplimiento de normas, procedimientos y rutinas. Se va reemplazando progresivamente por un nuevo modelo de gestión que tiene como objetivo central el logro de resultados claros, objetivos y medibles, básicamente los que necesita y reclama la ciudadanía.

Otro Programa que apunta a renovar el vínculo entre el ciudadano y la Sociedad Civil con el Estado es el de Guía de Trámites. Su objetivo es acercar la Administración Pública a la gente. Para ello, un sitio web brinda información clara y sencilla acerca de los servicios que presta el Estado, posibilitando de esta forma la transparencia de las acciones de gobierno y la reducción del tiempo que le demanda al ciudadano informarse sobre los requisitos del trámite que necesita gestionar.


• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Proyecto de Integración Social y Participación de la Sociedad Civil

El Proyecto de Integración Social y Participación de la Sociedad Civil es una iniciativa que se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Política Latinoamericana de la Cancillería Argentina. Se trata de un espacio en el que se ven fortalecidos los mecanismos de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en Foros regionales e internacionales y en las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; a través de instancias interactivas y disponibilidad de información, promoción del intercambio de experiencias y mejores prácticas y puente entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y los organismos del Estado.
Uno de sus principales objetivos es aumentar la incidencia de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo como un derecho, una responsabilidad y una condición necesaria para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Para ello se favorece la promoción de espacios de encuentro en áreas temáticas específicas, entre gobiernos y sociedad civil, en función de propiciar el conocimiento mutuo, la eventual coordinación de acciones, creación de coaliciones, agendas políticas, así como otro tipo de iniciativas de intercambio que viabilicen el trabajo concertado.

El Proyecto promueve la amplia participación e incidencia de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados en el diálogo oficial con las organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos encuentros nacionales, regionales e internacionales.
Mantiene un registro de OSC extranjeras e internacionales que no trabajan en Argentina, pero hacen conocer su interés en vincularse con OSC argentinas o de trabajar en el país.

A su vez fomenta la creación de espacios de participación ciudadana en UNASUR y CELAC, en conjunto con la Representación Especial para la Integración y la Participación Social (REIPS).

Se impulsa la articulación de los espacios de participación ya existentes en los diferentes encuentros regionales e internacionales para lograr mayor sinergia entre los representantes de las organizaciones y redes. Dichas redes son interlocutoras de amplia representatividad ya que nuclean a un número significativo de Organizaciones Sociales.

Desde el comienzo de 2004 la actividad principal del grupo de trabajo estuvo centrada en el fomento a la participación ciudadana en los distintos encuentros regionales y ante organismos internacionales. Entre ellos se destacan las Cumbres de las Américas, Asambleas Generales, Conferencias de las Naciones Unidas (ECOSOC), Foro Social Mundial, Foro Social de las Américas, Foro de Sao Paulo, COPPPAL, Cumbres Iberoamericanas, Cumbres de la UNASUR y, en conjunto con la REIPS, las Cumbres del MERCOSUR, entre otros.
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Fecha:  02/05/2013 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL

La REIPS busca acercar a la sociedad civil a toda aquella información de su interés respecto a la política exterior y procesos de integración en MERCOSUR.

Las reuniones plenarias del CCSC se organizan en la Cancillería Argentina y cuentan con la presencia de distintos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Culto. Hoy por hoy, se siguen sumando nuevas comisiones que trabajan de manera descentralizada y las cuales muchas veces son invitadas a participar de reuniones de algunos de los órganos del MERCOSUR.

Como puede observarse, los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana suponen un abordaje multiagencial y coordinado entre los distintos niveles de gobierno y áreas operativas del Estado. Desde la creación del Ministerio de Seguridad se ha dado lugar a un planeamiento participativo y de gestión asociada Estado-Comunidad que hace de la necesidad de reducción de la violencia -condición básica para la integración y la construcción de ciudadanía-, el eje central de la intervención multiagencial del Estado. Tratándose ésta de una perspectiva que, además de responder a una inequívoca decisión política de inclusión de los sectores más postergados, responde a los estándares fijados por la doctrina internacional, tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009.
En Materia de Capacitación y Formación del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, los lineamientos más importantes han sido:
• Optimización de la formación de los recursos humanos de la organización conforme doctrinas, técnicas y prácticas profesionales que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.
• Desarrollo de iniciativas de formación y difusión en materia de Derechos Humanos (DDHH) para integrantes de las Fuerzas policiales y de Seguridad (FFPPySS).
• Fortalecimiento de la inserción profesional de la mujer en la Institución.
• Reformulación de los planes y adecuación de la formación del personal que ingresa de las cuatro Fuerzas Federales. Convenio de Asistencia Técnica con el Ministerio de Educación para fortalecer el proceso de rediseño curricular.
• Intervención y rediseño de los órganos de gobierno de los institutos universitarios de las FFPPySS, respondiendo a las directivas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Destacándose el proceso de reordenamiento del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), con la designación de nuevas autoridades y un nuevo estatuto.
• Cooperación con 12 instituciones provinciales de formación policial, en el marco del convenio con el Ministerio de Educación de la Nación.
• Modificación de los nombres de las tres escuelas de formación de la Policía Federal Argentina (PFA), contribuyendo a que estos espacios proclamen valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.
• Reforma de los aspectos formativos de los grupos tácticos operativos a fin de asegurar estándares de profesionalismo y protección de los derechos humanos de sus integrantes.
• Dictado de capacitaciones vinculadas a mediadores en manifestaciones públicas y protestas sociales.
Asimismo, en materia de género y derechos humanos, se ha impulsado -entre otros- los siguientes cursos de capacitación y proyectos:
• Capacitación de personal de las Fuerzas Policiales en el marco de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en Condiciones de Vulnerabilidad.
• Capacitación de personal de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval sobre “El Tratamiento de los casos de violencia”, dictada por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• Curso Virtual “Introducción a los Derechos Humanos y la perspectiva de género en las Fuerzas de Seguridad”, organizado por la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. El curso se repite a lo largo de todo el año y está dirigido todos/as los/as jefes y subjefes de áreas estratégicas, o aquel personal que por la índole de sus funciones precise tener dichos conocimientos y todo el personal de las cuatro Fuerzas Policiales y de Seguridad que deseen cursarlo voluntariamente.

Proyectos e iniciativas:

• Vigilancia de Derechos y garantías: Canal de denuncias sobre irregularidades y/o delitos presumiblemente cometidos por miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que resguarde al denunciante de sanciones disciplinarias (Resolución N° 1019/11). Sistematización y recepción de denuncias y demandas de las víctimas u organismos que representan a las víctimas.

• Resguardo de los Derechos de la Infancia: Relevamiento de las agrupaciones de Gendarmería Infantil que se encuentran funcionando en el país (74 agrupaciones de Gendarmería Infantil con asiento en 17 provincias, con 8600 niñas, niños y adolescentes participantes). Acuerdo con la Dirección Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social para el desarrollo de una agenda en materia de jóvenes y seguridad.

• Respeto a la Identidad de Género: Regulación del trato y registro de personas por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (Resolución N° 1181/11). Adecuación de las normas de detención de personas de acuerdo a la identidad de género adoptada o autopercibida (Resolución N° 1181/11).

• Derechos Humanos del personal:
- Eliminación de la necesidad de autorización para contraer matrimonio (Resolución N° 548/11).
- Prohibición de consultas sobre creencias religiosas: (Resolución Ministerial N°59/2012) instruye a los Jefes de las cuatro Fuerzas dependientes del Ministerio a revisar la normativa, reglamentación y criterios de ingreso vigentes a fin de dejar sin efecto las regulaciones que exigen declaraciones respecto de la religión del personal y/o quienes aspiren a integrar dichas instituciones. Las Instituciones Policiales ya han adecuado su normativa al respecto.
- Adecuación de las pautas de organización de exámenes de ingreso y ascenso respetuosas de la dignidad de las personas (Resolución 131/2012) instruye a las Fuerzas a adecuar la normativa, criterios de ingreso y formularios vigentes en su ámbito interno a fin de establecer las pautas generales para la organización y realización de los exámenes médicos de aptitud psicofísica que se efectúen al personal y/o quienes aspiren a integrar dichas Instituciones. Entre los criterios establecidos en la Resolución se encuentra la prohibición de consultar sobre convicciones políticas, ideológicas, filosóficas y/o morales; la duración máxima de los exámenes a fin evitar esperas y ayunos prolongados, etc.
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Fecha:  02/05/2013 
En lo que refiere al compromiso de proteger a todas las personas, especialmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, de todas las formas de trata de personas y de explotación sexual y económica, de prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil , y de eliminar el trabajo forzado -presente también en el párrafo 18 de la Declaración de Puerto España-, se informa que, en julio de 2011, la Argentina tomó una medida sin precedentes al dictar la Presidenta de la Nación el Decreto N° 935/11 de Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual.

El Decreto N° 936/11 reglamenta las leyes N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y N° 26.485 de Protección Integral para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Permite, a su vez, dar cumplimiento a compromisos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC), especialmente su Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En este sentido, debe destacarse que en octubre de 2011, el Grupo de trabajo sobre la trata de personas que realiza el seguimiento de la CTOC, recomendó a sus 193 Estados Partes la adopción de medidas de prohibición de publicaciones que promuevan la explotación, siguiendo el modelo de la política Argentina .

El Decreto N° 936/11 apunta, en primer lugar, a poner fin a las publicaciones que, por cualquier medio, puedan alentar o derivar en la captación de mujeres, niños, niñas y adolescentes para la trata de personas y la explotación sexual. En miras a ello, no sólo impide publicar anuncios que promuevan la oferta de sexo o que, de manera explícita e implícita, soliciten mujeres destinadas al comercio sexual, también prohíbe aquellos avisos que escondan esos propósitos aún cuando hagan referencia a actividades lícitas (Artículo 1°). De esta manera, el decreto profundiza el abordaje preventivo en materia de trata de personas que la Argentina promueve hace ya algunos años, dando visibilidad a la oferta sexual, pero también –y fundamentalmente- a la demanda, tanto aquella que generan las organizaciones delictivas que lucran con la explotación sexual ajena como la demanda social más amplia que la sostiene, la de los denominados ‘clientes’.

En segundo lugar, merece destacarse la dimensión simbólica de esta medida que, en esencia, busca promover un cambio cultural. Un cambio paulatino, dirigido a eliminar los mensajes estereotipados que sostienen la desigualdad de género, discriminando y colocando las mujeres, niñas y adolescentes en una posición de subordinación. Para ello se crea un organismo específico, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (Artículo 2°), con competencias definidas (Artículo 3°) y procedimientos detalladamente pautados (Artículo 4°). De este modo, se genera un dispositivo concreto a los fines de monitorear aquellas publicaciones por medio de las cuales se tiende a naturalizar la feminización de determinadas actividades y/o situaciones y a invisibilizar la violencia que éstas encierran.

Un último aspecto a resaltar se relaciona con los medios masivos de comunicación y el rol que éstos desempeñan a través de sus publicaciones. Pese a que la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes son temas frecuentemente abordados por los medios de comunicación en sus editoriales, secciones policiales y de sociedad, persisten publicaciones en las secciones comerciales que vehiculizan estos delitos. Al prohibir estas publicaciones, el Decreto N° 936/11 combate la participación y/o complicidad de los medios de comunicación en la configuración de los delitos de trata de personas y de explotación sexual.

Para llevar adelante su tarea, la Oficina trabaja articuladamente con el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Otros organismos como el Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI) y la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación también contribuyen en la implementación del Decreto N° 936/11.

Logros de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual en 2011:

En los primeros seis meses de su puesta en funcionamiento, la Oficina monitoreó 74 medios gráficos nacionales, provinciales y locales, incluyendo revistas de distribución masiva. El 65% de los medios relevados se ajustaba a la nueva normativa, ya sea porque dejó de publicar los avisos vedados luego de la sanción del decreto y de las actuaciones de la Oficina, o bien porque no publicaba avisos de este tipo, por criterios de autorregulación.

Entre julio y diciembre de 2011 se llevaron adelante 15 intimaciones a 13 medios gráficos. A partir de las mismas, 10 diarios dejaron de publicar los avisos prohibidos por los cuales fueron intimados, mientras que en otros casos fue necesario llegar a dictar sanciones, registrándose 4 apercibimientos en 2011.

En esa primera etapa, se contabilizaron 123.713 anuncios en presunta infracción. El 76% de ese total de avisos fue publicado por solo 5 grandes diarios.

Objetivos de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual para 2012:

- Sostener los esfuerzos orientados al cumplimiento del Decreto 936/11 por parte de los medios de prensa gráfica, incrementando la cantidad de medios monitoreados y los niveles de acatamiento a la medida
- Diseñar un procedimiento administrativo complementario para la erradicación de la difusión de avisos de oferta de comercio sexual en Internet y ponerlo en funcionamiento.
- Relevar y sistematizar la información de los volantes de la vía pública que promueven la oferta de comercio sexual.
- Promover investigaciones criminales de aquellos avisos sospechados de promover la trata con fines de explotación sexual y/o el proxenetismo
- Alentar la cooperación de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en el marco de causas y/o investigaciones preliminares relacionadas con delitos de: trata de personas con fines de explotación sexual; promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución; y/u otros delitos que atenten contra la integridad sexual de las mujeres, niñas y adolescentes.
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Fecha:  02/05/2013 
Políticas públicas contra la Trata de Personas

La gestión políticas públicas vinculadas a la lucha contra la trata de personas han tenido un desarrollo prioritario desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2010.
En el año 2011, las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales bajo la conducción de dicho Ministerio, lograron rescatar un total de 938 víctimas del delito de trata de personas, de las cuales 215 eran víctimas de trata con fines del explotación sexual, mientras que 723 de trata con fines de explotación laboral. Asimismo, se produjo un notorio avance en la extensión y eficacia de las acciones conducentes a la reducción de este delito. Así, en el año 2011, se logró superar ampliamente el número de víctimas rescatadas en años anteriores. Para ser más precisos, el rescate de víctimas (de trata y delitos conexos) se vio incrementado en un 187% en relación a la performance del año 2010 (en otras palabras, mientras que en el 2010 se logró rescatar a 569 víctimas, en el 2011 liberamos más de 1500 víctimas). También aumentó la cantidad de allanamientos y personas detenidas por este delito. Las Fuerzas efectuaron un total de 540 allanamientos por trata de personas, lo que implicó un aumento del 44% en relación a los operativos efectuados durante el año 2010 y detuvieron a 340 personas, es decir un 14% más que en el año 2010.
Asumiendo las responsabilidades del combate al crimen organizado como una problemática compleja que no sólo involucra y requiere la investigación de los delitos cometidos, sino también formular y evaluar prácticas y políticas eficaces para prevenir, reprimir y sancionar este tipo de delincuencia, la Argentina ha impulsado y desarrollado como política de Estado la prevención del delito de trata de personas, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores.

Nuestro país suscribió el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena en 1949. Reforzando este compromiso -en el año en 2008- luego de aprobar –como ya se mencionó- la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como Convención de Palermo) y su Protocolo Complementario, para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), promulgó la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

El delito de la trata representa un atentado contra la libertad, la dignidad humana y constituye una grave violación a los derechos humanos: vulnera el derecho a la salud, a la educación y a la identidad, entre otros derechos fundamentales. Es la esclavitud del siglo XXI.

El combate al crimen organizado y los delitos complejos, como lo es la trata de personas, exigen el fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender las particularidades y especificidades inherentes a cada uno de los fenómenos criminales.

Con ese fin, desde su creación, en diciembre de 2010, el Ministerio de Seguridad ha encarado una multiplicidad de iniciativas tendientes a brindar una respuesta integral contra esta problemática a través de las siguientes líneas maestras de actuación:

? “MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS”, Resolución MS N° 171/12: A comienzos del año 2011, en el ámbito del Ministerio, se puso en marcha un espacio interno de trabajo en la materia, con el fin de impulsar, desarrollar, implementar y coordinar las políticas y programas que se adoptan en relación a esta problemática.

? ACCIONES DE COOPERACIÓN: Partiendo de la premisa que las redes de crimen organizado constituyen, en muchos casos, verdaderas empresas transnacionales que operan allende las fronteras, hemos celebrado Acuerdos con países de la región, entre otros, con los Estados de Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, entre otros. En el ámbito del MERCOSUR, a través de las Reuniones de Ministros del Interior (RMI), hemos ratificado el compromiso del Estado Argentino en la lucha contra este flagelo, estableciéndolo como un tema de agenda prioritario. En dicho marco, presentamos la “Guía de actuación regional para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos” que fue aprobada por los países de la región en junio de 2012 durante la Presidencia Pro Témpore del bloque. Finalmente, merece destacarse que de manera conjunta con la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil se elaboró un proyecto para el desarrollo y la implementación de un sistema integrado de información sobre la problemática de trata de personas a nivel regional, que cuenta con el apoyo económico internacional de la Unión Europea, a través del programa MIEUX-ICMPD.

? TRABAJO MULTIAGENCIAL: Entendiendo que el trabajo mancomunado es un requisito indispensable para el éxito de toda estrategia destinada a prevenir y combatir la trata de personas, hemos celebrado diversos convenios de cooperación y colaboración con las agencias gubernamentales que tienen intervención activa en el abordaje de esta problemática, tanto a nivel nacional como federal. Entre ellos: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Dirección Nacional de Migraciones; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además, se han iniciado tratativas para celebrar convenios de cooperación y asistencia técnica con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Desarrollo Social.

? ACCIONES DE COORDINACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO: Se colaboró y asistió de forma técnica en la redacción y elaboración del proyecto de ley para modificar la normativa de trata de personas vigente en nuestro país. Se mantuvo un encuentro con Diputados Nacionales de distintas fuerzas políticas, donde se informaron las acciones y políticas emprendidas por el Gobierno Nacional en materia de lucha con la criminalidad organizada y en particular el delito de trata de personas.

? ACCIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL FEDERAL: En el marco del Consejo de Seguridad Interior, se ha promovido la suscripción una serie de Protocolos y Acuerdos de Cooperación en la materia de Seguridad. En relación a la trata podemos mencionar el “Protocolo de Actuación para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas”. Dada la importancia de la medida adoptada, el protocolo ha sido ratificado por la mayoría de las provincias de nuestro país, para extender su vigencia también a las policías provinciales. Asimismo, actualmente se están desarrollando las gestiones necesarias para que las provincias puedan incorporarse al Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (“SisTrata”, creado por Resolución MS N° 848/2011).

? DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS: Para combatir de manera eficaz este flagelo, todas las acciones que emprendan las Fuerzas de Seguridad y Policiales deben enmarcarse en una estrategia integral que garantice la profesionalidad, la previsibilidad y el control civil. Sobre la base de estos pilares, el Ministerio de Seguridad dictó una serie de protocolos y guías de actuación para las Fuerzas de Seguridad y Policiales:

- El “Protocolo de Actuación para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas” (Resolución MS N° 742/2011), el cual tiene por objeto regular la actuación de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en el marco de los procedimientos en los que intervengan con el fin de rescatar a víctimas de este delito.
- La “Guía orientativa para la toma de denuncias en comisarías de la Policía Federal Argentina ante la posible comisión del delito de Trata de Personas”, el cual permite brindar al personal que cumple funciones en las comisarías de la Policía Federal una herramienta práctica para la detección temprana de posibles casos de trata de personas a la hora de recibir una denuncia de una posible víctima, familiares y/o testigos.
- El “Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos” -elaborado por el Ministerio de Seguridad en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones- tiene por finalidad establecer criterios mínimos y pautas de acción comunes, con miras a la prevención del delito de trata de personas, la detección temprana y asistencia a sus posibles víctimas, la identificación de los presuntos tratantes, así como el registro estandarizado de la información sobre esta problemática.
- Por último, se está trabajando en un “Protocolo de actuación para la detección de este delito en rutas nacionales” y en un “Protocolo para la recepción de denuncias a través del 0800 del Ministerio de Seguridad”.

? PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA TEMÁTICA: En el año 2008 se crearon en la Argentina unidades específicas en el ámbito de cada una de las Fuerzas de Seguridad Federales, a los fines de la prevención e investigación del delito de la trata de personas. Dichas unidades, desde la creación del Ministerio de Seguridad, han ido fortaleciéndose y profesionalizándose permanentemente, bajo la conducción operativa coordinada en base a criterios de política criminal fijados por la autoridad ministerial, para desarrollar una política estructural e integrada de esfuerzos estatales frente a la criminalidad en sus formas más complejas.
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Fecha:  02/05/2013 
? ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LOS CUERPOS POLICIALES Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: El Ministerio de Seguridad ha trabajado en la formación profesional de cuadros especializados en materia de trata de personas. Entre otras, se desarrollaron las siguientes actividades de capacitación: Formación profesional de las Fuerzas de Seguridad; Formación de formadores de las Fuerzas en materia de género y trata de personas con fines de explotación sexual (curso elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –CSJN- y la Unidad Fiscal especializada –UFASE-); Módulo específico de trata de personas en los cursos de ascenso de oficiales y suboficiales, así como en la formación inicial policial; Seminarios específicos en la currícula de las escuelas de oficiales y agentes; elaboración de tarjetas de bolsillo con indicadores para la identificación de posibles víctimas de trata, destinados al personal de las Fuerzas; capacitaciones dirigidas al personal de la Policía Federal que cumple tareas en comisarías para la correcta aplicación de la “Guía orientativa para la toma de denuncias ante la posible comisión de un delito de trata de personas". Fueron capacitados más de 800 agentes de la PFA.

? PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CRIMINAL: Con el fin de jerarquizar el lugar que ocupa la información criminal, no sólo para conocer en profundidad las tendencias y mutaciones de la trata de personas en la Argentina sino, además, para contar con insumos útiles para la elaboración de diagnósticos calificados que favorezcan la toma de decisiones estratégicas, el Ministerio de Seguridad coordinó el trabajo con las unidades específicas en la temática que poseen las Fuerzas de Seguridad y Policiales, con miras a mejorar sus sistemas de relevamiento de información. El resultado, fue la construcción de indicadores sobre este delito y el desarrollo del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas, “SisTrata” (creado a través de la Resolución MS N° 848/2011) destinado a consolidar, de manera sistemática y uniforme, la información que resulte de los operativos realizados, así como de toda otra intervención que estas unidades puedan tener en el fenómeno.

? CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN: Se han diseñado diversas campañas de difusión, concientización y sensibilización sobre la trata de personas; entre ellas, las que se reseñan a continuación:

- AFICHES, BANNERS Y FOLLETOS difundiendo la problemática de la trata de personas y el número telefónico gratuito para realizar denuncias del Ministerio de Seguridad, para su distribución en pasos fronterizos y terminales de ómnibus de larga distancia, a fin de alertar a las posibles víctimas que se encuentren en la etapa de captación y traslado. Los folletos elaborados, además, se difundieron en las oficinas de venta de Aerolíneas Argentinas y en la revista de abordo que se reparte en vuelos operados por dicha aerolínea y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.
- SPOTS TELEVISIVOS difundiendo la problemática y los canales de denuncia del Ministerio, durante la televisación de los partidos de la liga profesional de fútbol, como a los pasajeros del transporte público automotor interurbano, mediante su proyección obligatoria en cada servicio de esa índole. Esta campaña se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Transporte.
- Impresión de la leyenda “Trata de personas es esclavitud. Si sabés algo, denuncialo”, en todos los boletos que se emitan para los servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano, difundiendo el número gratuito para denuncias del Ministerio de Seguridad, tarea impulsada conjuntamente con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
- CUADERNILLOS DE DIFUSIÓN “Política de Seguridad contra el Delito de Trata de Personas”, que difunden los canales de denuncia del Ministerio y contienen información respecto a: conceptualización del delito y el marco normativo de la trata de personas; estadísticas sobre los resultados de los procedimientos policiales y la labor llevada a cabo por el Ministerio en materia de trata de personas.

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Fecha:  21/12/2010 
En primera instancia y reafirmando el espíritu del párrafo 68 de la Declaración de Puerto España, cabe resaltar que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina sostiene, tanto en el plano interno como en el internacional, una concepción de seguridad en sentido amplio, que abarca el pleno respeto a los derechos humanos y la aplicación eficaz de la justicia.
Desde este perspectiva el acceso universal a la justicia, el goce irrestricto de los Derechos Humanos, y la seguridad de los ciudadanos constituyen pilares fundamentales para consolidar la paz, el desarrollo integral y la justicia social de la Nación.
En tal sentido la Argentina aborda los ejes de justicia, seguridad y derechos humanos de manera articulada, desde un enfoque integral y multidisciplinario, que requiere necesariamente un abordaje multiagencial para hacer frente a las diversas problemáticas. Esta concepción constituye el cimiento sobre el cual se han diseñado y ejecutado las políticas públicas sobre la materia.
En forma coherente y coordinada con los avances logrados en el ámbito interno, este Ministerio ha trabajado fuertemente para instalar la necesaria vinculación existente entre los temas de justicia y seguridad en los ámbitos subregionales, regionales y universales de los cuales participa activamente.
Desde la celebración de la V Cumbre de las Américas a la fecha del presente informe, entre las medidas implementadas, que guardan relación con los mandatos emitidos por las Reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), cabe destacar las siguientes:
EN EL PLANO INTERNO:
• Programa integral de seguridad ciudadana. El Programa integral de protección ciudadana lanzado en el 2009, permite financiar con recursos no reintegrables a los municipios, para la incorporación de recursos y tecnología aplicables a la prevención y esclarecimiento de delitos, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sumando herramientas tecnológicas, operativas y de coordinación a la seguridad pública. En la actualidad se está en la segunda etapa de implementación de este modelo por el cual se fortalecerá a los gobiernos municipales en su función de colaboradores con los organismos competentes del estado provincial en la protección de la vida, la seguridad y propiedad de los ciudadanos. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, en materia de gestión de policía y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II).
• Profundización del Programa acceso a la justicia para todos. A la fecha se inauguraron diez (10) centros de orientación y asesoramiento jurídico gratuitos para la población. Este servicio permite que los ciudadanos conozcan sus derechos, resuelvan los conflictos en este ámbito; y reciban asesoramiento cuando sea necesario defenderlos ante la justicia. (En línea a las medidas en materia de Participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II y en línea al punto 13 de la VIII REMJA referida a “acceso a la justicia”)
• Lanzamiento del Primer Proyecto Federal de investigación criminal a través de los Ministerios Públicos de las 24 provincias argentinas.
Se firmó un convenio que permitirá, con fondos que aportará el Estado nacional, la creación de cuatro laboratorios forenses dotados con tecnología de última generación. El acuerdo establece que el Gobierno nacional invertirá, en una primera etapa, 15 millones de pesos en la creación de Laboratorios regionales de investigación forense “con el objetivo de brindar a la investigación criminal todas las evidencias científicas imprescindibles, seguras, confiables y oportunas que requiere el proceso penal, propiciando el impacto que contribuya a la eficacia y eficiencia del funcionamiento de los operadores del sistema de persecución criminal; promoviendo el irrestricto respeto al debido proceso legal, consustancial con el Estado de Derecho; incorporando tecnología de última generación en materia de investigación criminal y dotando a los operadores del Ministerio Público Fiscal de los recursos técnicos de avanzada que ya se encuentran consensuados a nivel internacional como elementos de alto nivel indiciario y probatorio”.(En línea a las medidas en materia de Gestión de la Policía de la MISPA II y en línea al punto 3 inciso i del apartado I: Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas de la REMJA VIII).
• Profundización del Consejo Federal a partir de la aprobación de su Reglamento. Este Consejo tiene entre sus objetivos: Proponer políticas y líneas de acción comunes en el área, que contemplen las problemáticas y particularidades regionales; Promover consensos y desarrollar anteproyectos de reforma con criterios uniformes para las distintas jurisdicciones; Propender al establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos ágiles, sencillos y económicos; Impulsar la innovación y el adelanto tecnológico en todas las jurisdicciones; Reglamentar estándares para la comunicación y el intercambio de información judicial; Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas y acciones propuestas.(En línea a las medidas en materia de Gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II y en línea al punto 6 inciso a del apartado II: Asistencia mutua penal y extradición de la REMJA VIII)
• Articulación de Nación y Provincia. Las carteras de Estado nacional y provincial en materia de justicia y seguridad, pusieron en funcionamiento las Comisiones de Justicia y Seguridad a fin de coordinar el trabajo entre ambas. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública y en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II y en línea al punto 6 del apartado I: Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas de la REMJA VIII)
• Ejecución del Programa Nacional de infraestructura carcelaria. Este Proyecto prevé ampliar un treinta por ciento el total de plazas del Sistema Penitenciario Federal mediante la construcción de cuatro cárceles modelo. El proyecto se basa en las pautas internacionales de operación descentralizada y arquitectura abierta, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales en la materia, los penales alojarán en forma diferenciada y sectorizada a procesados y condenados; menores y adultos; varones y mujeres; madres y condenados en el período de semi-libertad.
Asimismo, cumplirá con todos los requerimientos de Ley en torno a que se les asegure a los internos contar con oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades.
En ese orden, los espacios de programas están dimensionados para que los internos puedan estar ocupados por lo menos diez (10) horas al día, en actividades positivas en las que la escuela se plantea como un hito dentro del conjunto.
La configuración general y el diseño arquitectónico reflejan los criterios penitenciarios actuales vinculados a una mayor apertura, sin que ello signifique poner en riesgo la seguridad de los internos, del personal o del propio establecimiento.
Así, prevé una decreciente atenuación de las medidas restrictivas, conforme se desarrolla la progresividad del régimen penitenciario, con el objetivo de concretar un entorno que intenta reducir las diferencias entre la vida en prisión y la posterior vida en libertad. Está proyectado para el 2010 ampliar la construcción de estos centros penitenciarios a lo largo del país. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública de la MISPA II y en línea al punto 2 del apartado 6: Políticas penitenciarias y carcelarias de la REMJA VIII)
• Implementación del Programa Desarme Voluntario, a través del cual fueron sacadas de circulación 107.488 armas de fuego (de las cuales, ya fueron destruidas más de 104 mil) que fueron entregadas por sus propietarios, además de 774.500 municiones. (En línea a las medidas en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II)
• Firma de un entendimiento a través del cual los profesionales del Registro de la propiedad de la Capital Federal –dependiente del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos–, los funcionarios del Ministerio Público bonaerense recibirán asistencia para la resolución de “todas aquellas causas en que existan investigaciones judiciales relacionadas con delitos contra la fe pública y otras infracciones del Código Penal de la Nación vinculadas a los servicios de publicidad registral que tiene asignados por ley el Registro de la Propiedad” (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública y en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad de la MISPA II)
Párrafos: 68, 73, 76 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
En lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere, y específicamente en materia de cooperación internacional en la materia, la Argentina ha suscripto y ratificado la mayoría de los convenios multilaterales que se ocupan del tema tanto de forma general como específica.

En la tramitación de las rogatorias, ya sea en el marco de los tratados de cooperación, como en el ámbito de la ley interna, se ha incorporado la utilización de las nuevas tecnologías para su diligenciamiento y se incorporado la utilización de sistemas de “correo electrónico seguro”, como lo son el “Groove” (de la OEA) o el de la “IberRed” de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos. El uso de dichas herramientas ha sido incorporado en los nuevos convenios de cooperación concluidos o proyectados como forma eficaz de adelantar trámites y agilizar pedidos.

Se han celebrado nuevos tratados bilaterales de cooperación en donde se condena específicamente el terrorismo y se promueven nuevas formas de cooperación para la facilitación de la asistencia. Un ejemplo reciente y de relevancia, es el del Tratado Asistencia Penal Mutua con la Confederación Suiza, (suscripto el 10 de noviembre de 2009), con trámite parlamentario y próximo a su aprobación legislativa en la Argentina, que prevé entre otras novedades, la de no poder invocar el secreto bancario para denegar la asistencia y en la posibilidad de utilización de las nuevas tecnologías para la cooperación.

En materia de ciberdelito, la República Argentina ha aprobado la Ley N° 26.388, que modifica el Código penal e incorpora la tipificación de los delitos llamados “informáticos”.

(Para más información sobre Terrorismo consulte las páginas 104-106 del Informe Nacional Sobre Cumplimiento de Mandatos de la V Cumbre de las Américas-Argentina)
Párrafos: 69, 70, 76 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
La 47° Sesión Ordinaria de la Comisión Interamericana contra el abuso de drogas (CICAD), realizada en Washington los días 3/5 de mayo de 2010, aprobó la “Estrategia Hemisférica sobre drogas”, la cual subraya la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados miembros de la OEA, la conveniencia de encarar el problema mundial de las drogas con un enfoque integral (oferta y demanda) y equilibrado y el principio de responsabilidad común y compartida. Asimismo, la CICAD ratificó el compromiso de implementar las recomendaciones emanadas del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).
Párrafos: 72 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
El Programa "Las víctimas contra las violencias” creado bajo Resolución 314/ 2006 el 13 de marzo de 2006 en el Ministerio del Interior, cuenta con tres Brigadas Móviles. Si bien las tres cumplen funciones asistenciales, los operadores durante sus intervenciones aportan información a las victimas para prevenir una nueva agresión (Se excluye de esta estrategia la Brigada Niñas) ya que sus víctimas, menores de edad insisten en afirmar que para ellas la prostitución a la que son sometidas se trata de “un trabajo” y se carece de recursos para intentar una reinserción social.

En este momento el Programa mediante sus equipos presta colaboración al Programa “Acceso a la Justicia para Todos” desarrollado por el área de Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mediante reuniones en las áreas denominadas “villeras” dialogando en forma grupal con las adolescentes y mujeres de cada villa.

El nombre del Programa “Las víctimas contra las violencias” implica intervenir con una filosofía que no solo sostenga a la víctima sino que ésta reclame al Estado por sus derechos vulnerados y solicite la sanción del/ os responsable/s.

Estimamos que dichos principios constituyen uno de los fundamentos de las distintas formas de prevención posible de las violencias.
Párrafos: 74 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:
PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO.

Las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que a continuación se mencionan se encuentran publicadas en las siguientes páginas web: www.infoleg.gov.ar y www.renar.gov.ar. La normativa base para el control de armas de fuego en la Argentina son las Leyes 20.429. 24.492, 25.886, 25.938, 26.216 y 26.138 y sus Decretos Reglamentarios y modificatorios.

Dictado Disposición RENAR N° 251/08

Con la finalidad de ejercer un control eficaz en las operaciones de comercio internacional de armas de fuego, materiales de usos especiales, repuestos y municiones se reglamentó, mediante el dictado de la Disposición RENAR N° 251 de fecha 6 de mayo de 2008, la normativa positiva relativa a la importación comercial, la exportación y el tránsito internacional del material controlado contenidas en la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, en el Decreto N° 395/75, y demás normativa de aplicación destacándose que, antes del dictado de la mentada disposición, la materia no se encontraba regulada ordenándose, de esta forma, los procedimientos administrativos relacionados con este tipo de operaciones.

Cabe destacar que, mediante la sanción de la ley N° 26.138 se aprobó el PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES que complementa la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL que establece que cada Estado Parte dispondrá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

A tales efectos y mediante el dictado de la mencionada Disposición RENAR N° 251/08, se establecieron los procedimientos que garantizan el cumplimiento de lo normado por la Ley N° 26.138 y se han tomado los recaudos a fin de asegurar que los estados importadores hayan emitido las correspondientes autorizaciones de exportación y los estados de tránsito hayan otorgado los pertinentes permisos para que el material en cuestión transite por sus territorios, como así también, se han regulado los recaudos de la documentación que requieren estas tramitaciones.


MARCAJE, REGISTRO Y RASTREO DE ARMAS en cumplimiento de lo dispuesto por el "Instrumento Internacional para permitir a los Estados identificar y localizar de forma oportuna y fidedigna armas pequeñas y ligeras ilícitas", conforme fuera adoptada por la Resolución 59/519 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Marcaje.

Los fabricantes autorizados deben aplicar marcas adecuadas y fiables en cada arma como parte integral del proceso de producción del material producido en el país. En efecto, para el caso de las armas de guerra, además de las marcas de fábrica. Una numeración correlativa (número de serie) por clase de arma, colocadas en las piezas más importantes (cañones, armaduras, correderas, cerrojos almacenes. etc.). Las armas de uso civil llevarán la marca y numeración correlativa en una pieza fundamental de manera que esta última sea visible sin desmontar parte del arma (Decreto 395/75, Anexo 1, artículo 11). En este sentido, las marcas están ubicadas en la superficie exterior, son visibles, sin instrumentos técnicos, claramente reconocibles, legible, duraderas y en la medida de lo técnicamente posible, son también recuperables. Una cuestión de fundamental importancia respecto de la ubicación de las marcas es que las mismas se realizan en los repuestos principales, constituidos por los componentes de soporte sobre los que se ensamblan las demás partes y accesorios de las armas y las piezas estructurales que proporcionan el cierre y bloqueo del mecanismo de disparo y guiado del proyectil, debiendo considerarse tales como: los armazones, las básculas de escopetas, los bloques y sistemas de cierre, los cajones de mecanismos, los cañones, los cerrojos, las correderas, y los tambores, cuya destrucción haría a las armas permanentemente inoperables e impediría su reactivación. La marca incluye la siguiente información: nombre del fabricante, el país de fabricación, el número de serie alfanumérico, el tipo y modelo del armas y su calibre.

Para el caso de las armas importadas, el mismo Decreto establece que dichas armas deberán tener marca de fábrica y número de serie. En el caso que dicha marca y numeración esté ausente, las armas de guerra se marcarán, en oportunidad de su remisión al RENAR, (Decreto 395/75, artículo 11). Asimismo, la normativa se completa con la disposición de la Administración Nacional de Aduana 3115/94 y sus modificatorias que en base a la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas reglamentarias, en el Anexo III, punto 1.3 establece que todas las armas de fuego que se importen al país deberán llevar la marca de fabrica y numeración y que (...) siempre que la de la inspección visual de las referidas armas no surja que las anteriores marcas y numeraciones han sido hechas desaparecer, en cuyo caso se dará intervención a la autoridad competente - Autoridad Local de Fiscalización (ALF). En la misma forma se procede para las armas de guerra y de uso civil. Por último, el sistema Informático Maria que registra las destinaciones de Importación y Exportación, exige al documentante que declare: marca y modelo, tipo de acción (simple o doble): calibre, sistemas de disparo tiro a tiro, repetición o semiautomática. Para el caso de las armas fabricadas para su exportación, se graba o estampa en ella una marca que permite identificar el país de importación.

En la legislación argentina, la transferencia de armas de los arsenales estatales al mercado civil no está prevista, siendo dichas armas en desuso destinadas a su destrucción. El método utilizado para la destrucción de las armas es la trituración y posterior fundición, lo cual garantiza que las mismas no sean recicladas para ningún uso. Por su parte, las armas ilícitas encontradas en el territorio son marcadas y registradas en forma única, mantenidas en un lugar seguro y destruidas a la mayor prontitud posible.
Párrafos: 75 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
• Acceso a la información. El programa -diseñado por el Registro Nacional de Reincidencia- informará acerca de los pedidos de captura y rebeldía que recaen sobre una persona, cualquiera sea la jurisdicción en la que haya delinquido.
Todos los jueces penales, miembros de las fuerzas de seguridad, policías provinciales, y fiscales debidamente autorizados por el Registro Nacional de Reincidencia podrán acceder a una base de datos específica certificando la existencia o no de procesos penales respecto a un individuo. (En línea a las medidas en materia de Gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, en materia de gestión de la policía, y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II y en línea al punto 8 del apartado I: Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas de la REMJA VIII))
• Articulación con las Universidades. El Consejo Permanente de Decanos de Derecho de Universidades Nacionales anunció que colaborará en los programas estratégicos que se encuentra elaborando el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II)
• Campañas de capacitación y asistencia a los municipios en la implementación de estrategias tendientes a fortalecer las políticas de Estado en materia de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional. Para lo cual se firmó un convenio de cooperación a través del cual la Secretaría de Derechos Humanos y la Federación Argentina de Municipios (FAM) se comprometieron a construir una relación complementaria en áreas de investigación técnica, académica, cultural y de desarrollo, y a favorecer la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de interés mutuo. (En línea a las medidas en materia de gestión de la seguridad pública, en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, y en materia de participación ciudadana y comunitaria de la MISPA II)

EN EL PLANO INTERNACIONAL
MULTILATERALES
MERCADO COMÚN DEL SUR Y PAÍSES ASOCIADOS (MERCOSUR):
• La Argentina pesentó, en el ámbito de las Reuniones de Ministros de Justicia y de Ministros de Interior del MERCOSUR, en el transcurso del primer semestre del 2010, el documento denominado “Principios y Directrices Básicos del MECOSUR en materia de justicia, seguridad y derechos humanos como ejes necesarios para el avance en la integración regional” que fue negociado y aprobado por los Ministros de ambas carteras en mayo último. El citado documento cuyo contenido responde acabadamente a su titulo, encuadra de lleno en las previsiones del párrafo 68 de la Declaración de Puerto España, y constituye un notable avance en el acercamiento entre las Reuniones de Ministros de Justicia y de Ministros de Interior del MERCOSUR y Estados Asociados.
• También en mayo del 2010, las Reuniones de Ministros del MERCOSUR citadas en el punto anterior aprobaron el Acuerdo sobre Equipos de Investigación Conjunta, el citado acuerdo constituye una herramienta moderna y operativa de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que encuentra su fundamento en la cooperación entre dependencias de los Ministerios de Justicia de los países que componen el MERCOSUR y Estados Asociados y de los Ministerios de Interior de los mismos países.
• Otro documento presentado por la Argentina en el ámbito de las Reuniones de MERCOSUR arriba citadas, y que merece ser mencionado en el presente informe, es el “Compilado de Instrumentos Internacionales que contienen normas en materia de cooperación: judicial, penal, administrativa y/o policial”. El citado documento que refleja el estado de avance que el MERCOSUR tiene en materia de cooperación judicial, penal, administrativa y policial entre los países del bloque, fue negociado y aprobado en las Reuniones de Ministros de Justicia y de Interior del MERCOSUR en mayo del corriente año.
• Los documentos mencionados en los dos ítems anteriores fueron presentados en el marco de la Conferencia que organizara la Argentina el día 6 de mayo próximo pasado, denominada “Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tres ejes para la integración del MERCOSUR”. En este evento, expusieron el Señor Ministro de Justicia de la República Federativa del Brasil, y el Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina. En ambas exposiciones se resaltó la necesaria complementariedad que deben tener las políticas de seguridad con las de justicia, así como el respeto a los Derechos Humanos como eje transversal a las mismas.
• Asimismo, resulta dable de destacar como resultado de las citadas Reuniones de Ministros de Justicia y de Interior del MERCOSUR de mayor del corriente año, la suscripción de la llamada “Declaración de Buenos Aires de trata de personas, con fines de cualquier forma de explotación”. En la citada Declaración los Ministros del bloque coincidieron en la necesidad de presentar en el ámbito de Naciones Unidas, una resolución que reflejando los avances existentes en la región en materia de lucha contra la trata, planteara expresamente la necesidad de visualizar negativamente la figura del llamado cliente o usuario y de reflexionar sobre su eventual sanción. Asimismo remarcara la necesaria protección a las víctimas, haciendo especial hincapié en el irrestricto respeto a los derechos humanos de las mismas. En tal sentido mandataron al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina y al Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, para que se efectuara en el ámbito de la 19° Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONUDD, la pertinente presentación.
Se dio cumplimiento a tal mandato, obteniendo como resultado la aprobación de una resolución que responde a los fines buscados.
Párrafos: 68, 73 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS (COMJIB)
En el transcurso de los últimos meses el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, ha trabajado activamente en el ámbito de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB), desarrollando los documentos que serán suscriptos por los Ministros de Justicia Iberoamericanos en el mes de octubre del corriente año. Entre dichos documentos, caben ser señalados por guardar relación con la materia del presente informe:
• Directrices sobre normas mínimas y comunes para la sanción penal de trata de personas, asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas. Todas ellas, hacen hincapié en la necesaria cooperación internacional para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada transnacional.
• Acuerdo sobre uso de video conferencia.
• Recomendación relativa al acceso a derechos de las personas penalmente privadas de la libertad en Iberoamérica.
En este punto es dable señalar que en mayo del corriente año se suscribió entre este Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos de la Argentina y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, un acuerdo sede por el cual se crea en Buenos Aires, la primera oficina regional de la COMJIB. Esta oficina tendrá entre sus objetivos fundamentales el avance en mecanismos de cooperación entre los Ministerios de Justicia de la región.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
• En abril del corriente año, en el marco de la VIII REMJA el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina suscribió con la Secretaría General de la OEA un memorando de entendimiento destinado a integrar la Red Hemisférica de intercambio de información para la asistencia mutua en materia penal y extradición.
• En el marco de la OEA, específicamente en cumplimiento a los mandatos de la REMJA cabe mencionarse como últimos antecedentes, los siguientes:
a. Participación en el GRUPO DE TRABAJO EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN (31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2009) San Salvador, El Salvador.
b. Participación en el GRUPO DE TRABAJO EN CIENCIAS FORENSES (24-25 Septiembre 2009) Sede de la OEA
c. Participación en el GRUPO DE TRABAJO TRATA DE PERSONAS(Viena, Austria - 21 de abril de 2009) Reunión de Expertos sobre el Marco de Acción para una efectiva implementación del Protocolo de Palermo
d. Participación de la Reunión de DELITO CIBERNÉTICO (21 y 22 ENERO – 2010) (Doc: CIBER-VI/doc.4/10 rev. 1)
e. Realización en Buenos Aires, del Primer Taller de entrenamiento sobre la Encuesta de las Naciones Unidas sobre tendencias del crimen y operaciones de los sistemas criminales, organizada por la OEA conjuntamente con la ONUDD.

• Asimismo y como resultado de la Segunda Reunión de Altas Autoridades en materia en trata de personas de la REMJA, realizada en Buenos Aires en el año 2009, en el transcurso de los últimos meses, en el ámbito de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, se ha redactado el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental 2010- 2012. En dicha redacción este Ministerio tuvo una activa participación, promoviendo que en el mismo se reflejasen los avances que sobre el tema usuario o cliente se registraron en la REMJA VIII de febrero de 2010.

NACIONES UNIDAS (ONU)
• En mayo del corriente año, el Ministerio de Jusitica, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina suscribió con el Representante Regional de la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito (ONUDD) el documento “Compromiso de creación de una oficina de dicha organización internacional en Buenos Aires”, destinada a colaborar y coordinar local y regionalmente acciones de lucha contra la droga y el delito.
• En abril del corriente año, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos humanos participó del 12° Congreso de prevención del delito y justicia penal de la ONU, pronunciándose en el mismo a favor de los avances en línea de trabajos conjuntos y coordinación de los Estados en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, siempre en el marco del irrestricto respeto de los derechos humanos.
• También resulta dable de destacar, la realización en Buenos Aires, de la Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de expertos de composición abierta “Mejoramiento de la recolección, presentación y análisis de información para aumentar los conocimientos sobre las tendencias en esferas delictivas concretas” de la ONUDD.
CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHOS INTERNACIONAL PRIVADO
• Relacionado con avances en medidas de cooperación e intercambio de información resulta dable de señalar, la firma del Memorandum de Entendimiento entre los Ministros de Justicia o equivalentes de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador y la República del Perú, junto a la Conferencia de la Haya de Derechos Internacional Privado, a fin de unificar progresivamente las normas de derecho universal privado, y armonizar la legislación a nivel regional.

BILATERALES
En el transcurso de los últimos meses el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ha avanzado en la negociación y suscripción de instrumentos bilaterales tendientes a la implementación de mecanismos de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional con el Ministerio del Interior de la República de Serbia, y con el Ministerio del Interior de la República de Israel.
Asimismo se han mantenido conversaciones tendientes a avanzar y/o profundizar mecanismos de cooperación con el Ministerio de Interior de Bolivia, con el Ministerio de Justicia de Chile, con los Ministerios de Justicia de Turquía, Líbano y Marruecos.
Párrafos: 68, 73 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
3.2. Registro y Rastreo de las armas.

Ley 25.938

Como oportunamente se informara mediante la sanción de la Ley 25.938 se creó un Registro bajo competencia de este Registro Nacional de Armas en el cual se asientan los datos correspondientes a las armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones y demás materiales controlados incluidos en la ley Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales, Fuerzas de Seguridad, Policía Federal Argentina y Policías Provinciales, y demás organismos competentes en el ejercicio de las atribuciones que le son propias.

En cuanto a la implementación de la ley N° 25.938 el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS ha gestionado con los Poderes Ejecutivos provinciales, las Supremas Cortes de Justicia provinciales y los diferentes Poderes Legislativos provinciales la adhesión a la misma, resultando Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan, Santa Fe y Neuquén. Se encuentran en vías de adhesión las provincias de Salta, Córdoba y Entre Ríos.

El total de armas destruidas, durante el transcurso del año 2009, en el marco de la Ley N° 25.938 fue de MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (1884).

Teniendo en cuenta la normativa vigente con relación a los legítimos usuarios, la regulación de la producción, comercialización interna, exportación, importación, tránsito y destrucción de las armas, así como la reglamentación aplicable para la correcta identificación de las armas, se obtiene un registro adecuado para el correcto y fehaciente rastreo de las armas de fuego. El Estado argentino exige que los registros de armas de fuego en poder de empresas que cesen en su actividad sean entregados al RENAR de conformidad con la legislación vigente.

El Registro es un Banco Nacional Informatizado de Datos a cargo del RENAR y fue puesto en funcionamiento en el año 1993. El mantenimiento de la información es por tiempo indefinido y centralizado.

Por su parte, a partir de la adopción de la Ley 25.938 sobre Armas Incautadas, la Argentina cuenta con una herramienta fundamental para poder establecer los posibles desvíos de las armas hacia el mercado ilegal, identificado su último usuario legal.

Respecto de las disposiciones del instrumento sobre rastreo y marcaje en materia de cooperación y asistencia, se destaca que la Argentina se encuentra en condiciones de prestar asistencia técnica, bilateral y multilateral, previa petición de las autoridades competentes, en el fomento de la capacidad nacional en las áreas de la marcación.

PENALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS.

La tipificación del delito de fabricación ilegal, posesión, almacenamiento y comercialización de armas de fuego se encuentra contenido en diferentes medidas legislativas del Código Penal argentino, la Ley 24.492, la Ley 25.882, el Código Aduanero (sección XII, Disposiciones Penales. Título I (Delitos Aduaneros, Capitulo 1: Contrabando).

La República Argentina da a publicidad a través de Resoluciones Ministeriales – según lo establecido por el Decreto N° 1521/2004 - las medidas obligatorias impuestas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en aplicación del articulo VII de la Carta, incluyendo aquí las disposiciones referidas a embargos de armas. De esta manera quedan definitivamente incorporadas al ordenamiento jurídico interno.


INCAUTACIÓN. RECOLECCION, DECOMISO y DESTRUCCIÓN DE ARMAS:

Incautación I Decomiso.

La Ley 20.429 sobre Armas y Explosivos establece en su artículo 36 inciso 6, como una de las sanciones a aplicar, el decomiso de material en infracción. Su decreto reglamentario 395/75, Articulo 141, dispone "la suspensión provisional de permiso de autorización, la clausura provisional y el secuestro del material en infracción podrán ser resueltos por la autoridad competente cuando dicha medida se funde en razones de seguridad o para evitar la comisión de nuevas infracciones y hasta tanto se dicte resolución definitiva. Se podrá disponer el decomiso y destrucción del material secuestrado, cuando así lo impongan urgentes razones de seguridad".

La Ley 25.938, adoptada en octubre de 2004, crea el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados Secuestrados e Incautados, bajo competencia del RENAR. El objetivo de la Ley es contar con un Registro centralizado al cual todas las jurisdicciones están obligadas a dar información detallada acerca de las armas secuestradas bajo su jurisdicción (números de serie, personas involucradas y lugar del depósito). Asimismo, faculta al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Registro Nacional de Armas y Secretaria de Seguridad Interior) para establecer normas y procedimientos obligatorios de seguridad para la gestión de los depósitos y arsenales de dichas armas, y por último, establece la necesidad de proceder a la destrucción de las armas en la medida que dicha destrucción sea posible.

Actualmente, el RENAR está implementando los procedimientos y análisis estadísticos de la información que permitirá identificar los modos de operación, aplicar medidas preventivas y determinar procedimientos para optimizar la investigación de la procedencia de los materiales controlados con los cuales se cometen los ilícitos.

En cuanto a la implementación de la Ley 25.938, el Registro Nacional de Armas está trabajando activamente a nivel provincial en el relevamiento de las capacidades logísticas de las Fuerzas de Seguridad Provinciales y Nacionales para colaborar en la provisión de los espacios físicos necesarios para almacenar las armas, explosivos y materiales controlados provenientes de secuestros.

Por su parte, el RENAR ha firmado un Convenio con la Procuración General de la Nación por el cual se ha creado la Unidad Fiscal para la Investigación de los delitos cometidos en el ámbito de actuación del RENAR (Resolución PGN N° 01/05). Se espera que con dicha Fiscalía se pueda aumentar la eficacia y eficiencia de las inspecciones, combatir la proliferación ilegal de armas, explosivos y pirotecnia, e investigar delitos relativos al uso o presencia de armas y materiales controlados, permitiendo optimizar la prevención y combate de los delitos cometidos con armas o explosivos.

Destrucciones de armas.

Proyección. A continuación se detalla la información registrada desde el año 1993:

AÑO 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
ARMAS DESTRUIDAS 916 3650 1376 2626 709 14822 3925 4381 14471 11200 4808 305 20037 32825 51672 167723

El origen de las armas destruidas es el siguiente:

- incautadas en procedimientos efectuados por la Policía que carecen de titular reqistral o con su numeración eliminada.

- entregadas por juzgados una vez finalizados los procedimientos judiciales correspondientes para su destrucción registradas y no registradas, abandonadas por particulares para la destrucción entregadas en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO

- rezagos (surplus) de origen policial.

El método de destrucción empleado es la trituración y posterior fundición de armas de acero en el horno de fundición eléctrico y la destrucción de armas de aleación de antimonio mediante la adición de escoria a alta temperatura.

Para la destrucción de armas excedentes de las Fuerzas de Seguridad, cada una de las instituciones remiten las armas al RENAR, y luego éste organiza la destrucción. Para llevarla a cabo resulta necesario una Resolución Ministerial firmada por el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Párrafos: 75 Párrafos VII Cumbre: -

Fecha:  21/12/2010 
CAMPAÑAS DE DESARME Y CONCIENTIZACION NACIONAL.

PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO – LEY 26.216

Mediante la sanción de la Ley N° 26.216 se creó el PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO.

El mentado PROGRAMA consistió en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones para su destrucción, con la finalidad de, a cambio de un incentivo, propender a la disminución de su uso y proliferación, la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas y la sensibilización sobre sus riesgos.

El PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, que funciona conforme los términos de la Ley N° 26.520 del 16 de diciembre de 2009, tuvo como uno de sus objetivos la reducción del circulante de armas en manos de civiles a partir de la recolección de armas de forma VOLUNTARIA y ANÓNIMA a cambio de un incentivo económico. Este plan de alcance nacional, formó parte de una política integral de control y prevención de la violencia armada que incluyó medidas de control del mercado legal y medidas de persecución del mercado ilegal de armas de fuego. El plan tuvo como objetivos: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego y municiones, la reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego, la sensibilización acerca de los riesgos de la tendencia y uso de armas, la promoción de una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos que desaliente la tendencia y uso de armas de fuego.

La respuesta de la sociedad civil a la iniciativa ha sido sumamente satisfactoria, obteniéndose óptimos resultados, el total de armas de fuego recepcionadas conforme la Ley 26.216 fue de CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO (107.488) lo cual representa aproximadamente el 8.8 % del total de armas registradas en manos civiles.

El material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue destruido por trituración y fundición. Desde la implementación del PROGRAMA Ley N° 26.216 se han realizado CUATRO (4) destrucciones de armas de fuego, mediante el método de trituración de esas armas y luego el de fundición que transforma el arma en escoria o material de hierro fundido.

1ra: 24/10/2007 20.037 armas de fuego
2da: 31/05/2008 32.825 armas de fuego
3ra: 25/04/2009 20.249 armas de fuego
4ta: 31/10/2009 31.423 armas de fuego

El total de armas destruidas, Ley N° 26.216, fue de CIENTO CUATRO MIL QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO (104.534) – DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO (248) armas de fuego no se destruyeron por tener procesos administrativos o judiciales pendientes de resolución.

El metal de rezago resultante de la fundición del material recibido en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO fue donado a la Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P Garraham.

El día 20 de diciembre de 2006 se sancionó la Ley 26.216 a través de la cual se crea el "Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” y declara la "Emergencia nacional en materia de armas de fuego, explosivos y materiales controlados", el cual ha sido lanzado en junio del año 2007. El Programa consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas y municiones a cambio de un incentivo en puestos de recepción donde serán inmediatamente inutilizadas para luego ser destruidas (en un plazo no mayor a sesenta días de finalizado el Programa); el Programa ha logrado una masiva adhesión por parte de la población civil, que ha hecho entrega de más de 75.000 armas de fuego - cortas y largas - y mas de medio millón de cartuchos de distintos calibres. El Programa supone una amnistía por la tenencia ilegal de armas de uso civil y de guerra prevista en el Código Penal y se creará un Premio Federal (subsidio a entidades deportivas) a fin de promover la participación de los Municipios en el mencionado programa. Luego de finalizado el programa se prevé contar con un informe final público en el que constará el detalle de los materiales entregados y destruidos. Asimismo, la Ley prevé la realización de campañas de sensibilidad y abandono del uso de armas de fuego de juguete y se espera que la misma adquiera carácter federal.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA

IV Seminario sobre Armas Pequeñas y Ligeras: Grado de Aplicación del Programa de Acción de NNUU y el Proyecto de un Tratado Internacional de Comercio de Armas, que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, los días 16 al 20 de febrero de 2009.

Reunión de Expertos sobre la Ley Modelo en materia de Armas de Fuego, que tuvo lugar en la ciudad de Viena, Austria, del 3 al 6 de noviembre de 2009.

Ley Cooperación Penal Internacional: Suministro de asistencia jurídica a otros países para ayudarlos a obtener pruebas y tomar otras medidas necesarias que faciliten los procedimientos pertinentes de las investigaciones y los procesamientos.

Autoridad central responsable de formular y recibir los pedidos de asistencia jurídica mutua: Por el Decreto 1052/98 el Poder Ejecutivo ha delegado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, las facultades previstas en los artículos 22 y 36 de la Ley 24.787.

A través de esta ley, la Argentina participa en cooperación jurídica, extradición y otras materias relacionadas con la puesta en práctica de la Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA).

COOPERACION CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONGS.

Red Argentina para el Desarme (RAD):

Desde hace varios años las organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando intensamente en políticas de control de armas y de desarme, por lo que fueron adquiriendo experiencia y capacidad de trabajo en conjunto, para mejorar el control de las armas. En Noviembre de 2004 se formó la Red Argentina para el Desarme (RAD), actualmente conformada por las organizaciones: Espacios (Mendoza), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Comuna (Rosario), la Fundación Lebensohn, La Fundación Alfredo Marcenac (Necochea), la Asociación para Políticas Públicas (APP), Fundación Marcenac, Dante Piccioli y otros familiares de víctimas.

En el 2006 la sociedad civil efectuó una presentación al gobierno solicitando un cambio radical en las políticas de control de armas. Finalmente, el entonces Presidente Néstor Kirchner se reunió con las organizaciones, y comprometió a tomar medidas al respecto. En Agosto de 2006 se anunció el lanzamiento de las “Nuevas Políticas de Control de Armas” que implicaban, entre otras cosas, la realización de un Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y la creación de un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, del cual la Red es miembro. Finalmente, en Diciembre de ese mismo año el Congreso aprobó la Ley 26.212 conocida como “Ley de Desarme”, en parte gracias a la facilitación realizada por la sociedad civil. Además del Plan de Entrega Voluntarias de armas, se realizaron programas de concientización extracurriculares en escuelas y talleres de concientización en distintos puntos del país. Durante el año 2010 la Red Argentina para el Desarme implementará el Programa “Municipios sin Armas”.

Entre el 2007 y el 2009 el Plan de Desarme logró recolectar 107.488 armas de fuego y 774,500 municiones, el 8.5% del total de armas registradas en manos de usuarios civiles. Las organizaciones y expertos de la sociedad civil no sólo impulsaron el Programa, junto a las nuevas políticas vinculadas al control de armas, sino que también colaboraron activamente en el diseño, implementación y monitoreo del mismo. En particular, en la diagramación del conjunto de la estructura normativa del plan, en la facilitación de la coordinación con otras agencias, y en la redacción de los borradores de las normas, entre otras cosas. Además, fue crucial la participación de la Red como agente observador y monitor en los procesos de destrucción y fundición de las armas recolectadas. La totalidad de las armas recolectadas fueron destruidas en ceremonia pública con la presencia de la sociedad civil.

Entre las cuestiones que explican el éxito del Programa, además del compromiso asumido por las autoridades del RENAR, es de destacar las actividades de promoción por parte de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, uno de los factores más relevantes fue la movilización comunitaria y su liderazgo, tal como la realizada por los Marcenac en el Municipio de Necochea.

Al mismo tiempo, para acompañar y fortalecer la implementación del Plan, la Red llevó adelante la campaña “Basta de Armas”, instalando el problema en el debate público, y aumentando los niveles de concientización sobre la necesidad de disminuir la cantidad de armas en manos de los ciudadanos.

Es de resaltar que las organizaciones si bien trabajaron muy activamente, se vieron superadas por la falta de recursos necesarios para promover y efectuar un seguimiento de un plan de alcance nacional, que para que fuera efectivo era conveniente un fuerte trabajo en cada localidad donde se llevara a cabo el Plan.

Con relación al impacto que tuvo la campaña de divulgación del Plan, hubo muchos medios gráficos, radiales y visuales que hicieron noticias sobre el tema en los que aparecían representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Por último, entre fines del 2009 y principio del 2010 la Red Argentina para el Desarme se encuentra promoviendo activamente la prórroga del Programa de Desarme, así como también la aprobación de una nueva ley de armas, programas de educación para el desarme, entre otros.

Párrafos: 75 Párrafos VII Cumbre: -

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