Señor Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente del Honorable Congreso:

Le agradezco su bienvenida y la invitación a esta casa de la democracia ecuatoriana. Siempre es grato visitar esta hermosa ciudad de San Francisco de Quito, Patrimonio Histórico de la Humanidad. He venido a ella con mucha frecuencia desde mi juventud y tengo grabados en mi memoria los volcanes, sus iglesias, sus calles estrechas, su arte colonial, los mercados, su deliciosa comida popular. Sin duda, algunos de mis más gratos recuerdos.

Es motivo de regocijo y un gran honor acompañarlos hoy en este recinto para recibir la condecoración “Dr. José Joaquín de Olmedo”. En la inauguración de la Asamblea de la OEA dije que ecuatorianos, colombianos, venezolanos somos el mismo pueblo. Como expresión de esa realidad y para no hablar de los héroes ecuatorianos, Bolívar recibió una gran contribución de Sucre, de Córdova, en Pichincha. Por eso en Ecuador me siento como en casa.

Estimados Diputados del Honorable Congreso Nacional de la República del Ecuador:

Como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos he tenido la oportunidad de ser testigo privilegiado de los grandes cambios que han convulsionado al mundo y a nuestro Hemisferio durante la última década.

En este escenario de la democracia, me siento obligado a hablar de asuntos que parecen académicos pero no lo son. Son de la pura esencia de la política. Si alguna responsabilidad tengo como Secretario de la OEA es tratar de entender las profundas transformaciones que se dan en nuestro entorno, tomarle el pulso a los acontecimientos mundiales, mirar los grandes desafíos y problemas, y encontrar y proponer respuestas adecuadas de acción colectiva.

Es de común ocurrencia oír hablar de cómo la revolución informática y de las telecomunicaciones empezó a tener en las Américas efectos profundos de naturaleza política económica y social. Cómo la interdependencia trascendió fronteras, clases sociales, religiones, razas. Y en el hemisferio, estos elementos se hacen aún más fuertes por la existencia de lazos culturales, históricos y geográficos comunes. Significa entonces que, a pesar de las diferencias de tamaño, riqueza y poder, las sociedades comparten una serie de problemas, de desafíos y de esperanzas.

Pero de manera simultánea tenemos que partir de una realidad que ustedes confrontan a diario. En estos tiempos, millones de ciudadanos de todos los estratos se sienten en una situación de vulnerabilidad y amenazados por fuerzas que ven como incontrolables y que traen inseguridad económica, incertidumbre social, enfrentamiento de clases y degradación ambiental. Son los malestares, las tensiones que nos ha traído esa mayor interdependencia, eso que denominamos la globalización. Ella ha entrañado oportunidades pero también grandes problemas y desafíos.

En mi reporte a los gobiernos que hacen parte de la OEA, al culminar mi mandato de una década, hablé de esa globalización y sus consecuencias, particularmente de la que podríamos llamar globalización política. Hoy, en el Congreso ecuatoriano, también quiero hacer referencia a los temas que hacen relación con nuestros sistemas políticos; los que tienen que ver con el funcionamiento del Estado; los partidos políticos; los problemas de la volatilidad de capitales y el daño que le han hecho a nuestras democracias; y destacar la importancia de la Carta Democrática Interamericana.

Primero, hoy es claro que la democracia no es sólo la realización de elecciones libres, justas, transparentes y el respeto de los derechos humanos. Ella es hoy independencia y equilibrio de los poderes públicos; transparencia y ética en el manejo del Estado; participación ciudadana y rendición de cuentas; fortalecimiento de los gobiernos locales; consolidación de los partidos políticos; acceso a la información, libertad de prensa y libertad de expresión. Es lo que comúnmente se llama el sistema político y, también, lo que se identifica con la democracia.

Segundo, la democracia también es buen funcionamiento del Estado. Los ciudadanos perciben las falencias de las instituciones públicas que cumplen funciones de supervisión, regulación y control o de aquellas que prestan servicios públicos básicos, como fallas del sistema democrático. La democracia ha sufrido mucho, particularmente en América Latina, como resultado de un Estado ineficiente, debilitado por la crisis de la deuda y agobiado por las limitaciones fiscales.

Esos problemas minan la confianza de nuestros ciudadanos en este sistema político. Una boca con hambre, un funcionario venal, un crimen sin castigo, un atentado contra una vida o el comercio de una sustancia ilícita, son golpes que recibe la democracia y socavan la confianza de los ciudadanos en ella como la mejor forma de gobierno.

Tercero, la globalización ha generado una conciencia planetaria en la búsqueda de justicia social y en defensa de la democracia y los derechos de todos los ciudadanos. Hasta hace poco, nuestros países tenían la opción de tener un sistema político que operara mal. Con la globalización política eso ya no es posible.

Gracias al desarrollo de los medios, la mundialización de las noticias y el acceso a Internet, los problemas de fraude electoral, el abuso del poder, la discriminación de mujeres, indígenas, o las violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del planeta, y no solo en América, nos movilizan a todos. El nacimiento de la llamada era de la información ha repercutido de manera sensible en la forma como los problemas se transmiten de un país a otro, de una región a otra, y también cómo los mismos son reportados y percibidos, y acrecientan de manera abrumadora la interdependencia de todos los protagonistas en el proceso de globalización.

Los ciudadanos del Hemisferio se ofenden porque cualquier gobierno desconoce su sistema judicial o ejerce sobre él presiones indebidas, o se aparta de un fallo de un tribunal constitucional. Igualmente, se solidarizan y movilizan para apoyar a sus congéneres ante la adversidad. El aislamiento y la indiferencia ya no tienen cabida en nuestras vidas.

No hay necesidad de mencionar la manera cómo jueces de varias naciones se atribuyan competencias sobre delitos cometidos en otras naciones hace varias décadas. Es como si les pareciera totalmente insuficiente o asunto de poca monta la creación de la Corte Penal Internacional que es sin duda un gran avance y una consecuencia de la globalización de las relaciones políticas.

Y qué decir de la demanda universal en contra de la corrupción y por la transparencia en las decisiones públicas. Es como si cualquier ciudadano de cualquier país del mundo sintiera que un acto de corrupción realizado a miles de millas de distancia le compete y le da el derecho a estar informado y a reclamar soluciones y sanciones.

Poco importa si un problema es competencia de tal o cual gobierno. Así, por ejemplo, todos los ciudadanos se movilizan por igual para exigir la participación de los indígenas en los asuntos públicos de prácticamente todas las naciones. En el seno de nuestra Organización hemos trabajado conjuntamente con representantes de los pueblos indígenas del Hemisferio, en el Proyecto de Declaración de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, debemos reconocer que tenemos inmensos problemas para asegurar que las instituciones del sector público funcionen bien. Sabemos que las escuelas, los hospitales o los departamentos de policía están desbordados por las demandas ciudadanas o simplemente no funcionan atrapados en problemas sindicales o en sistemas de administración clientelistas o paternalistas. Nuestros jueces disponen de precarios instrumentos para defender a los ciudadanos de la arbitrariedad ancestral de la que son víctimas, del dramático crecimiento de la delincuencia urbana o de la necesidad de proteger las inversiones.

Si bien esta visión tan extensa de lo que es la democracia amplía el universo de nuestras acciones, igualmente nos ubica en un complejo panorama que significa que la democracia termina siendo responsable de todo lo que haga o haya hecho, deje o haya dejado de hacer el Estado, el gobierno o cualquier órgano del poder público. Se le imputan las limitaciones de la política social o educativa. Tiene que cargar con la herencia de injusticia y desigualdad del anterior modelo económico y con las consecuencias del ajuste estructural que en algunos de nuestros países ha producido más pobreza al ampliar la brecha social.

En un contexto como el que hemos descrito la modernización de los partidos políticos es imprescindible. Entender la realidad y articular la sociedad en una situación tan difícil de entender es una gran responsabilidad. En virtud de que en nuestros países, durante la última década, todo el énfasis se ha puesto en el fortalecimiento de la sociedad civil, en la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas; y toda la discusión se ha hecho contra los partidos políticos, se creó la falsa idea de que era posible fortalecer la democracia en las Américas ignorándolos o atacándolos. Los tiempos han demostrado qué tan desafortunado es este enfoque.

Para ello es necesario revisar el marco institucional en el cual operan los partidos. Si queremos partidos fuertes, necesitamos marcos legales que faciliten su funcionamiento, no solo como aparatos electorales, sino como instrumentos de fortalecimiento democrático, bien sea desempeñando funciones de gobierno o desde la oposición.

Los partidos requieren integrarse de modo más activo a las nuevas dinámicas de la globalización. Para ello es necesario que partidos y gobiernos logren gobernar sobre la globalización y al mismo tiempo avanzar de manera colectiva hacia una mayor gobernabilidad democrática.

Permítanme hacer ahora algunos comentarios de naturaleza económica. El primero tiene que ver con el hecho de que no hemos crecido bien. Si se miran las tasas de crecimiento en Latinoamérica desde la mitad de la década pasada, nos encontramos con tasas insatisfactorias, malas, incapaces de resolver nuestros problemas sociales.

Si hay algo que hayamos aprendido a lo largo de estos años es que la interdependencia de los temas económicos, sociales y políticos es muy estrecha. Ningún país, no importa que tan acertada sea su política económica, es capaz de mantenerla si surgen problemas de estabilidad política o institucional. Igual cosa ocurre mirando desde el ángulo opuesto: no hay sistema político que pueda asimilar bien varios años de mal crecimiento. Asimismo, no hay sistema político o económico que no se resienta de la mayor desigualdad que a veces trae consigo la globalización, o de los retrocesos en la lucha contra la pobreza. Ecuador ha vivido en varias oportunidades disyuntivas como estas.

Y más allá de lo que hemos afirmado, hoy es claro que existe una gran influencia de unos aspectos sobre los otros y que no podemos entender a cabalidad la realidad que nos circunda si no comprendemos bien este complejo mundo de interconexiones que tienen círculos virtuosos y círculos perversos. Hay buena economía si hay estabilidad política y una exitosa política social; y hay estabilidad política y éxitos en la política social sólo si hay una buena economía.

En el proceso de elaboración de la Carta Democrática hace un par de años, encontramos que muchos de los más graves desafíos a la democracia tienen que ver con problemas en nuestros sistemas políticos y con deficiencias en el cumplimiento del Estado de sus funciones sociales. Sin embargo, a nuestro juicio, el escollo más grande para hacer frente a muchos problemas reside en las bajas tasas de crecimiento en Latinoamérica a lo largo de la última década.

El origen de esas bajas tasas de crecimiento es múltiple y está relacionado con problemas estructurales de las economías, como bajas tasas de ahorro, deficiencias de las políticas económicas, pobre desempeño de las instituciones públicas, y deterioro en los sistemas políticos lo que mina la confianza en éstos y debilita la paz social y el Estado de Derecho.

A ello se ha sumado el establecimiento equivocado de prioridades por gobiernos, congresos y sectores privados; las inequidades en las reglas actuales del comercio mundial; la creación de monopolios públicos y privados; la politización y mala administración de las empresas de servicios públicos; y la inflación desbordada que enriqueció a unos pocos y empobreció a la mayoría.

No obstante, en mi opinión la principal razón de estas tasas bajas -negativas en algunos años y países- es la volatilidad de capitales. Todos hemos sido testigos de las devastadoras consecuencias que la volatilidad tiene sobre nuestro crecimiento y el inmenso daño económico, político y social que ella genera. El Ecuador fue víctima en varias oportunidades de esta situación. En la última terminó tomando las difíciles decisiones que llevaron a la dolarización y a la renegociación de su deuda.

El efecto contagio, la rapidez con la que se expande la desconfianza y con la que las corrientes de capital abandonan los países ante cualquier desajuste en las variables económicas, sean fiscales o cambiarias, constituye una grave amenaza a lo que a veces se ha conseguido con sacrificios, coraje y decisión.

Desde el exterior, vemos con admiración cómo Ecuador le ha hecho frente a los huracanes financieros; cómo mantuvo abiertos los canales de comercio.

Tenemos, entonces, que encontrar el camino para reformar el Estado, fortalecer la democracia y mejorar la gobernabilidad.

Llevamos mucho tiempo, quizás demasiado, pensando en cómo sanear nuestras economías y ello, lógicamente, ha debilitado al Estado y ha significado un deterioro notable de su capacidad institucional y financiera para hacer política social. Es paradójico pero cierto: el ideal del buen Estado debería ser la razón de ser de la política. Sin embargo, en muchas de nuestras naciones, el ideal de la buena economía ha pasado a ser la razón última de la política, por lo menos esa es la percepción que recibe el ciudadano y eso tiene que cambiar.

Y quiero borrar cualquier duda sobre lo que pienso. Ecuador necesita conservar lo que ha logrado en la estabilidad de su Economía. Cierta ortodoxia económica, la necesidad de conservar ciertos equilibrios financieros, comerciales y cambiarios no es algo que se pueda abandonar sin pagar un altísimo costo en términos de crecimiento y empleo. Es preciso que el Estado y las instituciones públicas sean la preocupación central de la agenda política en nuestros países. Y no me refiero al tamaño del Estado, sino a su eficacia, a su capacidad para prestar los servicios públicos y ejercer sus funciones de regulación, supervisión y control. En América Latina sólo un Estado fuerte, eficaz y prestigioso nos puede asegurar la defensa de nuestros sistemas políticos. Necesitamos un Estado democrático, respetuoso y garante de los derechos de todos, protector de los más vulnerables.

Cada vez creamos nuevas demandas para lograr un Estado más eficiente, con mayor poder regulatorio, mejores sistemas de justicia, educativos y de seguridad social. En los ochenta y noventa, la agenda se fundamentaba en la mayor confianza en los mecanismos de mercado. La nueva agenda tiene mucho más que ver con las viejas y nuevas responsabilidades del Estado.

La eficacia en la lucha contra la pobreza y la mejoría en la distribución del ingreso dependen mucho de la reforma del Estado y en especial de los sistemas educativos. Estos últimos también son necesarios para preparar nuestros trabajadores para la creciente competencia internacional que nos ha traído la globalización.

Por todas estas razones no podemos enjuiciar o menospreciar a quienes de una u otra forma reclaman resultados en la lucha contra la pobreza, la mejor distribución del ingreso, el crecimiento de los salarios reales de los trabajadores, menores cifras de desempleo o un sistema educativo acorde con los requerimientos de la globalización y la revolución de las comunicaciones.

Es posible que se haya dado en algunos países y coyunturas un deseo de involución, cierta tentación de volver al pasado. Sin embargo, nuestra conclusión es que el modelo que utilizó América Latina en los años cincuenta, sesenta y setenta se agotó y que es imposible regresar a sus postulados. La política económica da hoy poco margen para alejarse de ciertos postulados.

Pero nuestra obligación ineludible es trabajar para asegurar un futuro mejor para todos aquellos que están por fuera de la economía de mercado: los que viven en la miseria, los desnutridos, los indígenas, los analfabetas, los ancianos, las poblaciones más vulnerables. La pobreza y la desigualdad constituyen las más grandes amenazas, los retos principales para la democracia en nuestro Hemisferio.

En América Latina tenemos también un grave problema de exclusión social. No hemos sido capaces de integrar más gente a nuestras economías de mercado y a nuestros sistemas políticos. Le tenemos que dar respuesta a los problemas de equidad, desigualdad y exclusión social. El desarrollo social, las políticas de salud y de educación deben estar cada día más en el centro de nuestras preocupaciones. América Latina no puede seguir siendo la región más inequitativa del mundo.

Es necesario, entonces, dar a los temas sociales la prioridad que merecen. Para nosotros es evidente que las reformas que se han implementado no lograrán por si solas disminuir la pobreza. Sin embargo, como ya lo he señalado, abandonarlas también es una receta riesgosa en un mundo tan competitivo e interdependiente como el que vivimos.

No nos puede quedar ninguna duda de que para hacerle frente a la pobreza es necesario asegurar buenos niveles de crecimiento económico. Para ello, es muy importante preservar un buen manejo economico, una buena política de integración economica, la consecución de un sistema impositivo que funcione mejor, garantizar el equilibrio fiscal y el de las cuentas externas, y afirmar el clima de confianza, de estabilidad política y de solución de los conflictos internos. Aunque suene a una receta difícil, solo con más reformas y más democracia podremos superar las dificultades del presente, no solo en Ecuador sino en toda America.

Quisiera terminar mi intervención haciendo referencia al instrumento más importante que hemos adoptado en la OEA desde que me posesioné como Secretario General en 1994, la Carta Democrática Interamericana. La aprobación y puesta en marcha de este instrumento, en Lima en 2001, marcó un hito en las relaciones interamericanas y en nuestra visión colectiva de lo que representa la democracia. La Carta, en uno de sus artículos más importantes, establece que la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional, mientras persista, es un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en la OEA.

La Carta es un manual de conducta que nos encomienda la tarea de respetar todas las instituciones que componen la democracia. Esto debe ser motivo de gran regocijo para todos los pueblos de las Américas que desgraciadamente han tenido que vivir una larga pesadilla de golpes de estado y dictaduras militares.

Con la Carta estamos protegiendo el derecho de nuestros pueblos a vivir en democracia, incorporando nuestra visión y principios comunes, nuestras necesidades y aspiraciones, nuestra voluntad colectiva y nuestro compromiso de trabajar de consuno para defender los valores compartidos.

Este instrumento llama la atención sobre una nueva generación de derechos relacionados con los pueblos indígenas, la diversidad étnica, religiosa y cultural en las Américas, los niños, las mujeres, los trabajadores migratorios y sus familias, y los derechos de los trabajadores sobre la base de las convenciones de la OIT.

Ella es más que un instrumento para enfrentar crisis e imponer sanciones. Su objetivo es ayudar a las democracias y recibir apoyo hemisférico cuando sus procesos políticos e institucionales se vean amenazados o cuando se encuentra en peligro el ejercicio del poder legítimo. La Carta otorga a nuestras naciones los instrumentos para enfrentar colectivamente las amenazas y desafíos de una manera ordenada, decisiva, oportuna y consensual.

Nos hemos aferrado con firmeza a sus preceptos por las muchas dificultades que encuentran nuestros gobernantes para responder a las demandas ciudadanas; para atender los reclamos, las protestas y los malestares que surgen contra las decisiones o políticas gubernamentales, la globalización o contra la integración regional, algunos fundados, otros apenas justificados.

La Carta se ha constituido así en un documento capital, viviente, imprescindible, casi podríamos decir imperativo. Allí están consagradas las múltiples dimensiones de lo que es hoy la democracia.

Estoy seguro que interpreto el sentimiento de los pueblos americanos cuando señalo que muchos en América queremos que Ecuador recupere su gobernabilidad. Ello es perfectamente compatible con el pleno respeto a la diversidad, con un apoyo incondicionado al carácter multiétnico y pluricultural del país, reconociendo el derecho de todos a la participación en los asuntos nacionales, y con total comprensión a las necesidades y aspiraciones de los sectores contestatarios. Todos tienen derecho a un lugar bajo el sol de esta gran nación, a que haya tolerancia, respeto mutuo, comprensión.

El país no encontrará el camino de la prosperidad, la equidad, la justicia social, la inclusión de todos los sectores, la reducción de la pobreza sino hace un inmenso esfuerzo de conciliación, de concertación, de avanzar hacia acuerdos en lo fundamental. Ello no implica ahogar el disentimiento ni la critica, sino discrepar de una manera constructiva, que permita avanzar a la síntesis que de la legitima controversia democrática surja la democracia fortalecida y no debilitada.

Honorables Diputados ecuatorianos:

Les agradezco este reconocimiento y lo acepto en nombre de los gobiernos y pueblos que conforman la OEA. Que la “Luz de América” ilumine nuestros esfuerzos para asegurarle a todos nuestros pueblos un horizonte en el que podamos pensar en nuestros ideales, valores y sueños. Un sistema que responda a los objetivos que nuestros pueblos y gobernantes nos han trazado: un horizonte de integración, paz y democracia, pero también de igualdad, justicia y libertad. En fin, uno de solidaridad, preservación de la naturaleza, crecimiento y prosperidad.

Muchas Gracias