Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Washington D.C. - En el marco del Día Mundial para la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su preocupación por la grave situación de las y los periodistas en Haití, país que, al día de hoy, enfrenta los mayores desafíos para la libertad de prensa en el hemisferio. Esta Oficina urge al Consejo Presidencial de Transición, así como a los demás Estados miembros de la OEA a que, en el marco de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití de la ONU, adopten mecanismos de asistencia y medidas necesarias que tengan en cuenta la seguridad y protección de las y los periodistas en Haití, a fin de que puedan realizar su labor de manera segura y libre.
El último informe de país de la CIDH, publicado en 2023, señala que las distintas crisis que actualmente azotan al Estado haitiano constan de dos ciclos interconectados que, con base en el análisis transversal de la RELE, han minado la libertad de prensa con una escala y velocidad sin precedentes en la región.
El primer ciclo, transcurrido entre 2018 y mediados de 2021, estuvo marcado por el crecimiento de protestas frente al descontento social por el incremento del precio de la gasolina, acusaciones de corrupción contra el gobierno, así como por esfuerzos fallidos de consolidación de una institucionalidad electoral. Durante este primer ciclo, la Relatoría registró en sus informes anuales el asesinato de por lo menos 4 periodistas, perpetrados principalmente por las bandas armadas; la desaparición de 1 comunicador; agresiones físicas contra 12 reporteros cubriendo manifestaciones, incluyendo disparos con armas de fuego y armas menos letales; ataques armados contra 6 miembros de la prensa por su labor investigativa en torno a la corrupción y la seguridad ciudadana; y 3 amenazas contra las instalaciones de medios de comunicación.
El segundo ciclo se ha desarrollado a partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. Este acontecimiento derivó en la agudización del quiebre institucional y democrático en el país y, con ello, el empeoramiento de la seguridad ciudadana. El gobierno interino del primer ministro Ariel Henry postergó elecciones en 2021 y 2023, lo que resultó en una disminución gradual en el número de funcionarios electos en ejercicio. Este contexto de vacío de autoridad ha facilitado la proliferación de pandillas en el país, así como su presencia y control territorial. Las estimaciones más recientes sugieren que existen aproximadamente 200 pandillas, de las cuales al menos 23 operan en Puerto Príncipe en dos coaliciones rivales, G-PEP y G-9, que, a su vez, compiten por más del 80 por ciento del área metropolitana de la capital haitiana. Desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2024, y debido a la violencia de las pandillas, se produjeron más de 4,000 asesinatos, 1,800 secuestros y 2,100 heridos, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Igualmente, más de 53,000 personas han huido de la capital desde marzo del año en curso, sumándose a las 310,000 personas anteriormente desplazadas.
Desde julio de 2021, la Relatoría Especial ha registrado el asesinato de 11 periodistas, la mayoría en el marco de su cubrimiento de los enfrentamientos entre bandas criminales por control territorial; el secuestro de al menos 10 trabajadores de la prensa como estrategia de intimidación y extorsión de grupos armados; el desplazamiento interno forzoso de 9 periodistas y sus familias; el exilio de al menos 3 reporteros más; agresiones contra al menos 10 reporteros que, a pesar de estar cumpliendo con su labor informativa en múltiples protestas, habrían resultado heridos por proyectiles letales y botes de gas lacrimógeno; así como ataques armados contra las inmediaciones de 2 medios de comunicación.
Esta Oficina ha determinado que las “zonas silenciadas” presentan ciertas características comunes, a decir, la presencia de estructuras criminales organizadas; altos índices de corrupción administrativa que facilita la cooptación de las instituciones estatales; la ausencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades encargadas de la prevención, protección y procuración de justicia; y la falta de apoyo o acompañamiento a periodistas que los exponen a un mayor riesgo. El alarmante número de asesinatos, desapariciones, secuestros, agresiones y amenazas contra periodistas, las múltiples instancias de desplazamiento forzado interno y exilio, así como los reiterados ataques contra las instalaciones de emisoras radiales y cadenas televisivas, evidencian que Haití y, en especial, su capital, constituye una zona silenciada y reviste una alta peligrosidad para periodistas.
El conjunto de estos factores inhibe constantemente a las y los periodistas en el país, y en especial en Puerto Príncipe, a realizar su labor, limita la libertad de expresión, y produce un efecto amedrentador sobre el libre flujo de la información, así como un temor de la prensa para reportar sobre asuntos de elevado interés público. Esta Oficina considera que sin periodismo, las organizaciones de la sociedad civil, las entidades del Estado aún operativas, y la comunidad internacional enfrentarán mayores retos para dar respuesta a la crisis política, económica, social y humanitaria por la que atraviesa el país.
En vista de la posesión del Consejo Presidencial de Transición el 25 de abril de 2024, así como el proceso preliminar de despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, esta Oficina hace un llamado a ambos actores a emprender esfuerzos puntuales para proteger a las y los periodistas como parte de su estrategia para restablecer la seguridad en el país y allanar el camino hacia la celebración de elecciones.
Finalmente, la Relatoría Especial anuncia que se encuentra elaborando un informe cuyo objetivo es realizar un diagnóstico de las dificultades que enfrentan las y los periodistas en Haití para realizar su labor, y el impacto que ello tiene en el ecosistema de medios de comunicación. El informe abordará en detalle el valor del periodismo para la orientación de respuestas nacionales e internacionales a las crisis en Haití por parte de actores de la sociedad civil, instituciones estatales y la comunidad internacional. Como parte de este informe, la Relatoría continuará entablando diálogos con reporteros locales y corresponsales internacionales para dar seguimiento a la situación de libertad de prensa en el país.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
No. R089/24
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