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Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Washington D.C.– La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la tolerancia institucional a la divulgación de datos personales de periodistas en México, e insta al Estado a conducir su actuación de conformidad con estándares de derechos humanos.
Según información pública, el 22 de febrero, en su habitual conferencia de prensa, el presidente de la República hizo público el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal del periódico New York Times en México. Posteriormente, el Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano publicó un video con la fotografía de la periodista, en el que se le acusa de publicar notas “sin pruebas y con ausencia de rigor periodístico”. Al ser cuestionado sobre los hechos, el mandatario no advirtió excesos de su parte y señaló que su derecho a defenderse de “calumnias” está “por encima de cualquier reglamento”. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) anunció una investigación de oficio y la plataforma de YouTube habría retirado el video de la conferencia alegando “comportamientos perjudiciales” como “doxing”.
La CIDH reconoce que es legítimo y en ciertas ocasiones un deber que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público y se defiendan ante las críticas y cuestionamientos de la prensa.
No obstante, la Relatoría Especial advierte con preocupación la gravedad que reviste la divulgación de datos personales de periodistas, particularmente en el marco de declaraciones oficiales, toda vez que estas tienen el potencial de “acentuar o exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión” por sectores de la población hacia periodistas o medios de comunicación; en especial en un país que registra altos índices de violencia contra la prensa. La divulgación de este tipo de información por parte de voces oficiales puede interpretarse razonablemente como amenaza, estigmatización y abuso de poder. La CIDH ha reiterado en distintas oportunidades que, las personas que participan en el debate público de manera protagónica, incluyendo a los funcionarios públicos, operan “como un vector que amplifica y acelera la difusión de mensajes estigmatizantes”.
Esta Oficina exhorta a que el Estado atienda las causas y consecuencias de estas decisiones oficiales, tomando en consideración que, en su derecho a defenderse de críticas y cuestionamientos, las autoridades deben tomar distancia de cualquier discurso intolerante, discriminatorio o invasivo de la privacidad que pueda, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra sectores de la población que pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Las consecuencias lesivas que puedan derivarse de las declaraciones oficiales podrían llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
Para la RELE, la divulgación gubernamental de procesos periodísticos inconclusos y datos personales de forma previa al momento que autónomamente determine el medio de comunicación afecta las condiciones que se esperan desde el Estado para hacer periodismo; desalienta el contraste de fuentes como práctica deseable en los medios de comunicación y genera un efecto de autocensura. La Relatoría Especial considera que la publicación de piezas de propaganda dirigida contra mujeres periodistas a través de medios públicos no aporta a la calidad del debate público y profundiza la polarización.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
No. R046/24
3:00 PM