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Ratificación e implementación de la Corte Penal Internacional



Implementación de las obligaciones establecidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional: La experiencia canadiense

Pierre-Gilles Bélanger
Abogado de la Sección de Política en Materia de Derecho Penal
Ministerio de Justicia de Canadá

I. Antecedentes

Han sido necesarios cientos de años de elusión de la cuestión del derecho internacional penal y, desgraciadamente también, de crímenes terribles contra la humanidad, para que surgiera un auténtico derecho internacional penal que vaya más allá de la soberanía de los estados. Por ejemplo, gracias a Nuremberg fue posible establecer importantes principios de derecho internacional penal, pero Nuremberg en sí estaba estrechamente ligado a la extraordinaria atrocidad de los crímenes de los nazis y, por ello, sólo recientemente la teoría de los crímenes internacionales se ha unido a la práctica de un verdadero tribunal internacional capaz de juzgar a los responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario.

El 10 de junio de 1998 se reunieron en Roma más de 140 delegaciones gubernamentales, cientos de organizaciones no gubernamentales y representantes de organizaciones intergubernamentales para tratar de la creación de un tribunal penal internacional. El 17 de julio de 1998, 120 países, representados por sus expertos y altos funcionarios, adoptaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) en forma de tratado.

El Estatuto entrará en vigor el primer día del mes, sesenta días después de la fecha en que se deposite la sexagésima ratificación (véase en el apéndice la lista de países firmantes y países que lo han ratificado).

Canadá firmó el Estatuto de Roma de la CPI el 18 de diciembre de 1998 y lo ratificó el 7 de julio de 2000, convirtiéndose así en uno de los muchos países que han tomado medidas para aplicar el Estatuto en su ordenamiento jurídico nacional.

Tras participar activamente en las negociaciones que condujeron al establecimiento del Estatuto de la CPI, Canadá fue uno de los primeros países del mundo en establecer tal legislación integral. El 29 de junio de 2000 Canadá promulgó la Ley de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra (Crimes Against Humanity and War Crimes Act), que entró en vigor el 23 de octubre de 2000. Junto a la creación de esta ley, Canadá modificó otras partes de su legislación, como el Código Penal y las leyes relativas a la extradición, a la ayuda jurídica mutua y a la protección de los testigos.

A continuación analizaremos la forma en que la Ley de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra se ajusta a las obligaciones establecidas en el Estatuto de la CPI.

II. La Ley Canadiense

Contrariamente a muchos países, Canadá ya disponía de una legislación relativa a los crímenes contra la humanidad y a los crímenes de guerra, que formaba parte del Código Penal canadiense, incluso antes de que fuera necesario estudiar la forma de aplicar el Estatuto de la CPI establecido en Roma. Estas disposiciones, así como otras leyes y normas jurídicas canadienses en general, fueron analizadas en relación con el Estatuto de Roma.

La Ley de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra fue promulgada como respuesta a dos necesidades. La primera fue la necesidad de aplicar el Estatuto de la CPI con el fin de poder ayudar a la Corte y colaborar con ella y garantizar las ventajas del régimen de complementariedad; la segunda fue el fortalecimiento de las bases legislativas canadienses para el procesamiento de los casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con el fin de que Canadá no se convirtiera en refugio de los autores de dichos crímenes.

a) Crímenes cometidos en Canadá (art. 4)

En primer lugar y de conformidad con las definiciones y disposiciones del Estatuto de Roma, la Ley canadiense tipifica nuevos tipos de delitos que abarcan el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Estas disposiciones se aplican a los actos cometidos en Canadá. Los delitos en cuestión pueden procesarse en Canadá o es posible entregar al supuesto delincuente a la Corte Penal Internacional para que lo juzgue.

b) Crímenes cometidos fuera de Canadá (art. 6)

En segundo lugar, la Ley canadiense estipula que los actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos fuera de Canadá se definan en relación con el derecho internacional convencional y consuetudinario en vigor en el momento y en el lugar en que se cometieran dichos actos, ya sea en el pasado o en el futuro. En consecuencia, las personas que hayan cometido actos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra podrían ser juzgadas independientemente del momento y del lugar en que cometieran dichos actos.

c) Incumplimiento de responsabilidades por parte de mandos militares y autoridades civiles (artículos 5 y 7)

La Ley de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra también prevé los delitos relativos al incumplimiento de responsabilidades por parte de los mandos militares y autoridades civiles tanto en Canadá como en el extranjero. Si un mando militar o una autoridad civil no ejerciera un control adecuado de las personas bajo sus órdenes o bajo su autoridad y ello motivase que sus subordinados cometiesen actos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, el mando militar o la autoridad civil podrían ser considerados responsables desde el punto de vista penal si no tomaron todas las medidas necesarias y razonables para evitar o reprimir la comisión de dichos delitos o para presentar el asunto a las autoridades competentes a efectos de investigación y enjuiciamiento.

Dada la Carta canadiense de derechos y libertades (Canadian Charter of Rights and Freedoms) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá y teniendo en cuenta la afrenta y el castigo que van unidos a una condena por genocidio, crimen contra la humanidad o crimen de guerra, se consideró conveniente crear un delito específico de incumplimiento de responsabilidades y sustituir el criterio de "debería haber sabido", aplicable a los mandos militares, por el de negligencia criminal.

d) Jurisdicción (art. 8)

En Canadá puede acusarse a una persona de genocidio, crimen contra la humanidad o crimen de guerra cometido fuera de Canadá (art. 6), o de incumplimiento de responsabilidades fuera de Canadá (art. 7) si se cumple uno de estos criterios:

  • en el momento en que se supone que se cometió el delito:
  1. la persona era ciudadano canadiense o empleado civil o militar de Canadá;
  2. la persona era ciudadano de un estado que participaba en un conflicto armado contra Canadá, o era un empleado civil o militar de dicho estado;
  3. la víctima era un ciudadano canadiense; o
  4. la víctima del supuesto delito era un ciudadano de un estado aliado de Canadá en un conflicto armado; o
  • la persona está presente en Canadá después del momento en que se supone que se cometió el delito.

e) Medios de defensa (artículos 11 al 14)

La Ley de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra representa para los canadienses un equilibrio entre los valores de justicia, imparcialidad y estado de derecho y la necesidad de enjuiciar a las personas que han cometido actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

La ley prevé disposiciones concretas para proteger los derechos de las personas acusadas y se adapta a la realidad del crimen internacional moderno.

Como principio general, las personas acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o incumplimiento de responsabilidades —en el caso de los mandos militares o de las autoridades civiles— pueden basarse en las justificaciones, disculpas o medios de defensa previstos en las leyes canadienses o en el derecho internacional en el momento en el que se cometiera el delito o en el momento de las diligencias, aunque hay algunas excepciones.

No podrá alegarse que se cometió un delito por acatar una ley en vigor en el momento y en el lugar en que ocurrió dicho delito.

La obediencia de órdenes superiores es una alegación que está relacionada con lo previsto en el artículo 33 del Estatuto de Roma. La alegación —que sólo puede aplicarse en los casos de crímenes de guerra— no puede basarse en la creencia de que la orden era legal si dicha creencia del acusado se basa en información sobre un grupo identificable de personas, información que fomentó la ejecución de actos inhumanos o las faltas contra ese grupo.

En determinadas situaciones no se pueden utilizar alegatos especiales, como los de absolución, condena o indulto anteriores, con respecto a delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o incumplimiento de responsabilidades por parte de mandos militares o de autoridades civiles. Estos alegatos no pueden utilizarse cuando la persona haya sido juzgada en un tribunal de un estado o territorio extranjero y las diligencias en dicho tribunal tuvieran por objeto proteger a la persona de sus responsabilidades criminales o no se realizasen de manera independiente o imparcial conforme a las garantías procesales debidas que reconoce el derecho internacional, y se realizasen de forma que, en dichas circunstancias, fueran incoherentes con un intento de hacer que la persona fuera juzgada.

Este criterio del inciso 2 del artículo 12 de la Ley de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra es similar al establecido en el artículo 20 del Estatuto de Roma.

f) Condiciones para la condena y la libertad condicional (art. 15)

Las condiciones para la condena y para optar a la libertad condicional que se aplican a una persona declarada culpable de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, en caso de homicilio intencional, son similares a las que se aplican en los casos de asesinato conforme al Código Penal.

Por ejemplo, si una persona ha sido declarada culpable de un crimen de este tipo sería condenada a cadena perpetua (si el delito se considera como homicilio intencional) o podría ser condenada a cadena perpetua (en los demás casos, incluso cuando se trate de incumplimiento de responsabilidades).

g) Delitos contra la administración de la justicia

El artículo 70 del Estatuto de Roma abarca los delitos contra la administración de la justicia por parte de la CPI en los ámbitos en que dicho tribunal tiene competencia. Estos delitos comprenden el falso testimonio, la corrupción de testigos o el soborno de funcionarios de la Corte, las represalias contra un testigo y la realización de modificaciones fraudulentas al diligenciar las pruebas. El artículo 70 también exige que los estados amplíen su legislación penal para castigar los delitos contra la integridad de sus propios procesos de investigación o judiciales de forma que se apliquen a los delitos contra la administración de la justicia por parte de la CPI, si dichos delitos ocurren en su territorio o son cometidos por uno de sus ciudadanos.

Consecuentemente, además de los nuevos delitos relativos al genocidio, a los crímenes contra la humanidad y a los crímenes de guerra, la Ley de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra comprende delitos para proteger la administración de la justicia de la CPI. Estos nuevos delitos se basan por lo general en delitos del Código Penal que tratan de los tipos de conducta indicados en el Estatuto de Roma. Queríamos estar seguros de que todos los delitos contra la administración de la justicia —la lista es mayor que la del Estatuto de la CPI— se convirtieran en delitos contra la administración de justicia por parte de la CPI. También decidimos no limitarnos a la lista de crímenes que aparece en el Código Penal canadiense. La lista comprende ahora los casos de resistencia a los funcionarios de la CPI, de soborno de jueces y funcionarios de la CPI, de falso testimonio, de falsificación de pruebas y suministro de pruebas contradictorias, los delitos relativos a las declaraciones juradas y la intimidación.

Las personas que han testificado ante la CPI están protegidas ahora, conforme al Código Penal, de las represalias contra ellas o contra los miembros de sus familias. También se aplican otros delitos previstos en el Código Penal para proteger a los jueces y funcionarios de la CPI de los perjuicios que se les pudiera causar.

Como es lógico, estos delitos se aplican si se cometen en Canadá o los autores son ciudadanos canadienses fuera de Canadá.

lll. Extradición

La actuación de la CPI sólo podrá ser eficaz si los estados colaboran con ella. Una de las formas más importantes de colaboración por parte de un estado es dar curso a la petición de detención y entrega de una persona a la Corte.

En las negociaciones finales que se celebraron en Roma, los estados no pudieron ponerse de acuerdo sobre el procedimiento que habría que utilizar para llevar a las personas antes la Corte. Algunos países estuvieron a favor de un mecanismo sencillo de traslado que permitiría a un estado enviar a alguien a la CPI sin mayores formalidades internas. Otros países no aceptaron este método, especialmente para el traslado de sus propios ciudadanos y solicitaron que se utilizase el procedimiento de extradición. La solución que se adoptó consistió en solicitar a los estados que entregaran a la persona a la Corte y que eligieran el procedimiento a seguir. No obstante, el Estatuto de la CPI establece que el procedimiento de entrega de una persona a la Corte no debe ser más complejo que las disposiciones previstas para la extradición.

Los estados disponen de dos posibilidades para cumplir con su obligación de entregar a la Corte a una persona: pueden crear un mecanismo de entrega a la CPI o pueden modificar sus disposiciones legislativas relativas a la extradición de manera que se apliquen a la Corte.

a) Entrega

En su ley, Canadá ha optado por una forma sencilla del proceso habitual de extradición para entregar personas a la Corte. Decidimos utilizar una versión modificada del proceso de extradición porque este proceso se había presentado a nuestras autoridades judiciales superiores y había sido considerado como constitucional.

Con el fin de modificar el proceso de extradición y de que pudiera aplicarse a la CPI, añadimos la expresión entrega a la Ley de extradición (Extradition Act), ya que ésta es la palabra que utiliza el Estatuto de Roma y porque permite distinguir entre la entrega de una persona a la CPI por parte de un estado y la extradición entre estados. Asimismo, establecimos que los motivos de rechazo que ahora se enumeran en la Ley de extradición no se aplican a una solicitud de entrega hecha por la CPI. Además, decidimos que la prueba puede presentarse en forma de sumario.

La Ley de extradición también fue modificada de forma que una persona que sea objeto de una solicitud de entrega por parte de la CPI no puede alegar inmunidad contra su detención o entrega a la CPI.

- Inmunidad

Además, el artículo 48 del Estatuto de la CPI establece que los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el Secretario gozan de los mismos privilegios e inmunidad que los jefes de las misiones diplomáticas. Esto ha sido posible al modificar las leyes relativas a los jefes de las misiones diplomáticas de manera que se apliquen tales privilegios e inmunidad a los funcionarios de la CPI, que es lo que ha hecho Canadá.

Los otros miembros del personal de la CPI (Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía) también deben gozar de privilegios y de inmunidad, pero la naturaleza de estos privilegios y de la inmunidad ha de definirse todavía en negociaciones a este respecto. Por ello, países como el Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá han decidido aplicar este acuerdo, una vez que se haya adoptado, mediante reglamento o decreto ley.

b) Detención

Se han efectuado algunos cambios para que la CPI participe en el proceso de entrega. Por ejemplo, la Ley de extradición fue modificada para que la CPI presentase sus propuestas cuando una persona sea detenida a petición de la CPI y Canadá esté estudiando la liberación provisional. Si la CPI presenta propuestas, el juez canadiense debe tenerlas en cuenta antes de tomar una decisión.

lV. OTRAS FORMAS DE AYUDA: Ayuda jurídica mutua

Obviamente, la actuación de la CPI también depende de la colaboración de los estados en casos distintos a la detención y a la entrega (por ejemplo, la recogida de pruebas y la búsqueda de testigos potenciales).

Se ha modificado la Ley de ayuda jurídica mutua en materia penal (Mutual Legal Assistance in Criminal Mattters Act) con el fin de que Canadá pudiera prestar ciertas formas de ayuda, como la recogida de pruebas, la identificación de personas, el bloqueo y la incautación del producto de un delito, y la compensación de las víctimas. Nuestra intención era lograr que Canadá pudiera ayudar a la CPI aproximadamente de la misma forma que ayuda a otros estados en la realización de investigaciones y procesamientos habituales en casos penales.

a) Registro

Por ejemplo, la Ley de ayuda jurídica mutua en materia penal se ha modificado para que pueda emitirse una orden de registro de un lugar o sitio en Canadá —incluso mediante exhumación y examen de una sepultura—, en vez de aplicar simplemente las disposiciones generales de la ley con respecto a los registros.

b) Conservación de pruebas

El inciso 8 del artículo 19 del Estatuto de Roma podría permitir al fiscal de la CPI solicitar un permiso para indagar, incluso pedir la colaboración de ciertos estados para conservar determinadas pruebas, a la espera de una resolución de la CPI sobre una recusación de competencia. Según nuestra anterior ley, antes de que pudiera obtenerse una orden de conservación, un tribunal canadiense tenía que establecer que el estado o la entidad extranjera tenía competencia sobre el supuesto delito. Naturalmente, sería difícil demostrar a un juez canadiense que el crimen en cuestión estaba dentro del ámbito de competencia de la CPI cuando esta cuestión se estaba debatiendo ante la misma CPI.

Por ello, modificamos la Ley de ayuda jurídica mutua en materia penal con el fin de superar esta dificultad potencial. El juez ya no tendrá que tener en cuenta la competencia del estado o entidad solicitante con respecto al delito antes de otorgar una orden. Bastará con que un tribunal canadiense esté convencido de que hay razones para creer que se ha cometido un delito.

c) Otros cambios

Se han modificado otros aspectos de la Ley de ayuda jurídica mutua en materia penal para permitir:

  • el interrogatorio de sospechosos,
  • la entrega de documentos,
  • la protección de las víctimas,
  • el tránsito temporal de un acusado hacia la CPI a través de otro país.

Para hacer que se respeten las obligaciones relativas a la colaboración con la CPI, Canadá también ha adoptado métodos de investigación que facilitarán los procesamientos basados en cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra —así como los delitos contra la administración de la justicia por parte de la CPI— en Canadá. Por ejemplo, ahora se pueden utilizar las escuchas electrónicas y otras formas de vigilancia electrónica para que la policía pueda recoger pruebas que se utilizarán en las investigaciones y procesamientos en Canadá.

d) Represión y confiscación

De conformidad con el Estatuto de la CPI, los estados deben:

  • impedir, incautarse o bloquear el producto de un crimen,
  • hacer efectivas las multas y confiscaciones ordenadas,
  • hacer que se cumplan las órdenes de reparación.

Por lo tanto, los estados pueden crear un nuevo sistema, modificar su legislación actual o adoptar una combinación de estas dos opciones para hacer que se respeten estas obligaciones. Nueva Zelanda es un buen ejemplo de país que decidió crear un nuevo sistema, mientras que el Reino Unido y Canadá optaron por crear nuevos sistemas y modificar sus legislaciones.

Modificamos nuestra Ley de ayuda jurídica mutua en materia penal para hacer posible que una orden de la CPI pueda cursarse en Canadá con el fin de impedir o incautarse del producto de un delito, o para cursar una orden de reparación o confiscación o la aplicación de multas. De esta forma, un tribunal canadiense podrá hacer cumplir estas órdenes directamente.

También decidimos ir más allá de las exigencias del Estatuto de la CPI y, por ello, creamos el Fondo para los crímenes contra la humanidad (Crimes Against Humanity Fund).

El dinero que se obtenga de la aplicación en Canadá de las órdenes de la CPI por reparación o confiscación o por las órdenes de la CPI que imponen una multa se abonará al Fondo. También se puede donar dinero al Fondo y el producto neto de la disposición de bienes incautados se depositarán en el Fondo.

El Procurador General de Canadá puede efectuar los pagos del Fondo para los crímenes contra la humanidad a la CPI, al Fondo fiduciario de la CPI, a las víctimas de delitos que estén en el ámbito de competencia de la CPI o de la ley canadiense, a las familias de las víctimas o a otros, según considere oportuno el Procurador General de Canadá.

Conclusión

La adopción del Estatuto de Roma es un acontecimiento de primera importancia en el ámbito jurídico ya que afecta al concepto claramente definido que nos habíamos hecho del estado y nuestra concepción clásica de soberanía nacional como base del derecho internacional. Con la entrada en vigor del Estatuto de Roma debemos darnos cuenta de que hay límites a las "razones de estado" y para cualquiera que infrinja determinados valores. Ello no significa extender el derecho de un estado a otro estado. Juntos, los países se están dotando de herramientas para acabar con los actos contrarios a los valores reconocidos internacionalmente que la gente aprecia y a los que se siente íntimamente unida.

Ha de recordarse que el objetivo del sistema internacional de justicia penal no es sólo el castigo. También se propone prevenir e impedir, y hasta tiene una meta de carácter pedagógico. Cuando se producen crímenes de guerra o contra la humanidad, la reparación resulta imposible en la mayoría de los casos y cualquier sanción que se imponga no ayuda y puede resultar desproporcionada con respecto al horror del delito. Lo único que nos queda es la búsqueda de la verdad, el establecimiento de los hechos, frente a todo revisionismo, el deber de hacer justicia a las víctimas y de rechazar las excusas. Para hacer esto, hace falta tiempo y un esfuerzo constante.

El Estatuto de Roma supone la materialización de un nuevo "espíritu de la ley", que surge de códigos y sentencias y nos lleva a la esfera de la moralidad. Para ello, necesitamos un cuerpo de disposiciones estable y coherente y por esta razón alentamos a todos los países a que se adhieran a ello a través de sus propias estructuras jurídicas, como sugiere el Estatuto. El derecho penal internacional se inspira en el derecho internacional y en el derecho penal y es todavía un edificio en fase de construcción pero que ahora cuenta con sólidos cimientos.

Referencias Bibliográficas

- International Criminal Court: Manual for the Ratification and Implementation of the Rome Statute, May 2000, Vancouver, Rights & Democracy – International Centre for Human Rights and Democratic Development and the International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy.

- Rome Statute of the International Criminal Court [corregido en las actas del 10 de noviembre de 19998 y del 12 de julio de 1999], A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998.

- An Act respecting genocide, crimes against humanity and war crimes and to implement the Rome Statute of the International Criminal Court, and to make consequential amendments to other Acts, 2000, c. 24.

- Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46.

- Extradition Act, S.C. 1999, c.18.

- Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, R.S.C. 1985, c. 30 (4th Supp.).


2002-03-06
 
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