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Even before the arrival of the COVID-19 pandemic, the home was a place of fear for many women and girls living in situations of violence. In Latin America, 70 percent of femicides occur in the victim’s home.

The quarantine and stay-at-home orders that governments adopted to address COVID-19 trapped many women with their abusers; evidence from early on in the pandemic reinforces the urgency of this issue. ORMUSA, or Organización de Mujeres Salvadoreña, in El Salvador reported 13 femicides in the first 6 weeks of quarantine between March 17 and April 29, 2020. In Argentina, 63 women and girls were killed because of their gender between March 20 and July 7. In the month of March 2020, 50 feminicides were recorded in just six states in Brazil. These statistics are alarming as the virus continues to spread across the Americas, raising fears that extended lockdowns will continue to exacerbate gender-based violence while governments struggle to address the twin public health crises.

Segun la Organización Mundial de la Salud  (OMS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual infligida por la pareja en algún momento de su vida. 

La violencia contra la mujer es un fenómeno generalizado. Ocurre en todos los países, pero la prevalencia varía de un país a otro. La prevalencia del mismo también varía dentro de cada país. Estudios realizados en diferentes países demuestran que el porcentaje de mujeres 15 a 49 años que han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. 

Esas diferencias muestran que la violencia contra la mujer es un problema prevenible. 

El artículo adjunto habla sobre el impacto de COVID-19 en la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. 

Es probable que las cifras aumenten durante la crisis y luego de la pandemia, producto del impacto económico, la escacez de recursos, mayores tensiones en los hogares, las medidas de cuarentena que intestifican el aislamiento de las mujeres de sus redes de apoyo y que están generando barreras adicionales en el acceso a los servicios esenciales. 

Como parte de las decisiones de gestión de la crisis sanitaria y económica, y el diseño de incentivos que de cara a la futura reactivación post COVID-19, será importante asegurar que haya una inversión adecuada en la prevencieon y atencieon de la violencia contra las mujeres, en los servicios esenciales, los servicios de apooyo brindados por la sociedad civil y las iniciativas de prevención durante la pandemia y en la fase de recuperación. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, la violencia contra las mujeres (VCM) afecta a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Este tipo de violencia resultó en al menos 3,800 víctimas de
feminicidios en el año 2018 en América Latina y el Caribe, región considerada como una de las más peligrosas del mundo para las mujeres. Catorce (14) de los 25 países con las mayores tasas de feminicidios en el mundo se encuentran en esta región. ONU Mujeres advierte que las medidas de prevención y de mitigación de la propagación de COVID-19, tales como la cuarentena, el aislamiento o distanciamiento social, y las restricciones de movilidad impuestas, han exacerbado la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

El control de armas constituye un factor clave a la hora de prevenir y reducir la violencia contra las mujeres, por lo que resulta necesario impulsar el debate sobre la violencia por razones de género y su vinculación con las medidas decontrol de armas. En ese sentido, es fundamental el cruce normativo entre aquellas normas que regulan y controlan la tenencia y porte de armas de fuego con aquellas que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como la coordinación y comunicación entre las autoridades con responsabilidades en ambos asuntos.

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 y el incremento de casos de VCM y su consecuente visibilización, refuerza la necesidad de establecer vínculos entre el control de armas de fuego y las distintas medidas que se están tomando para atender la violencia contra las mujeres durante la pandemia.

En este contexto específico, UNLIREC ha realizado una investigación sobre las distintas medidas que los Estados de la región han estado tomando para responder al incremento de la VCM durante el confinamiento social en medio de la crisis sanitaria. Para este esfuerzo se han consultado fuentes abiertas como noticias de medios de comunicación, páginas oficiales de ministerios, así como decretos y leyes promulgadas en los últimos meses sobre el tema en cuestión.

OEA lanza una guía para facilitar el acceso de las personas LGBTI en las Américas a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador (GTPSS) lanzaron hoy la “Guía para la operacionalización de los indicadores del Protocolo de San Salvador desde una perspectiva transversal LGBTI”. Esta Guía facilitará el acceso a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI).

La Guía es la primera de una serie de informes temáticos llamados "Midiendo todas las brechas" que busca esclarecer el estado de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (conocidos como DESCA) de varios grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, quienes sufren exclusión y discriminación en todo el mundo y requieren medidas específicas para garantizar su acceso y el disfrute de los derechos señalados.