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El ranking presentado por la ONG Mexicana “SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.” muestra un panorama oscuro para la seguridad en el continente. De las 50 ciudades más peligrosas del planeta 42 se encuentran en América Latina y 4 en Estados Unidos, para un total de 46 ciudades Americanas dentro de dicho ranking. En comparación con el ranking del 2016 se puede evidenciar la disminución de la violencia en Honduras, donde San Pedro Sula disminuyó su tasa en un 54.34% y el Distrito Central contribuyó así mismo en un orden del 43.59%. Al contrario, la violencia en México se encuentra en preocupante aumento: 5 de las 10 ciudades más violentas son mexicanas y de ellas, la más violenta (Los Cabos) experimentó un aumento en sus homicidios de 500% entre 2016 y 2017. La situación en Venezuela es así mismo de especial consideración; la negativa gubernamental a ofrecer datos fiables sobre la violencia impide hacer un cálculo verificable del fenómeno en el país. Aun así, estimaciones conservadoras por parte de organizaciones de la sociedad civil estiman la tasa de homicidios nacional entre 84 y 92 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La cartilla del Consejo Nacional de Televisión de Chile lista siete recomendaciones para el tratamiento mediático a niñas y mujeres víctimas de violencia.

La seguridad ciudadana es un determinante fundamental del bienestar de los hogares y las comunidades. El importante crecimiento del delito y de la violencia en muchos países de América Latina en los últimos años no solo ha implicado altos costos económicos y sociales, sino que ha comprometido
la gobernabilidad democrática y la legitimidad del Estado al socavar la confianza de los ciudadanos entre sí y en las autoridades.

En 1996, la 49.a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA49.25, en la que se declara que la violencia es un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el mundo (véase el texto completo en el recuadro). En esta resolución, la Asamblea hizo resaltar las graves consecuencias de la violencia, tanto a corto como a largo plazo, para los individuos, las familias, las comunidades y los países, y recalcó los efectos perjudiciales de la violencia en los servicios de atención de salud.