El sistema penitenciario en Honduras atraviesa una grave crisis debido a problemas estructurales como el crecimiento continuo de la población carcelaria, el alto nivel de hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada y de recursos presupuestarios y humanos suficientes, la ausencia de programas de reintegración y rehabilitación social para las personas privadas de libertad, así como las dificultades en la profesionalización del personal penitenciario, entre otros.
Si bien en los últimos años el Gobierno de Honduras ha desplegado esfuerzos significativos para transformar y fortalecer el funcionamiento del sistema penitenciario y adecuarlo a los estándares internacionales en vigor, el sistema penitenciario hondureño aún enfrenta importantes desafíos.
En ese contexto, el 3 de febrero de 2020, en el marco de la IV Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Carcelarias o Penitenciarias, se firmó en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el acuerdo de cooperación para el desarrollo de la Estrategia Penitenciaria para Honduras entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República de Honduras, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP). El acuerdo tiene como objetivo desarrollar una estrategia para fortalecer las capacidades institucionales del Instituto Nacional Penitenciario en el corto, mediano y largo plazo.
En el marco del acuerdo de cooperación, el Departamento de Seguridad Pública elaboró un diagnóstico, una estrategia penitenciaria y un plan de acción para fortalecer las capacidades institucionales del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras a partir del establecimiento de metas de corto, mediano y largo plazo, con base en la realidad del sistema penitenciario hondureño. El proyecto brinda herramientas concretas para mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario, mejorar el entorno carcelario y la calidad de vida tanto de las personas privadas de libertad como del personal penitenciario, y promover la reinserción de las personas privadas de libertad, fortaleciendo así el Estado de derecho y la cohesión social.