Corruption, the abuse of public office for private gain, is about more than wasted money: it erodes the social contract and corrodes the government’s ability to help grow the economy in a way that benefits all citizens. Corruption was a problem before the crisis, but the COVID-19 pandemic has heightened the importance of stronger governance for three reasons.

El presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte, afirmó: “Seguimos trabajando para traer recursos a tasas y plazos más favorables para mejorar el bienestar de la población, mantener las ganancias sociales logradas en las últimas dos décadas y promover la reactivación económica de la región de la mano de un  aliado como es el BBVA”.

The supplies were procured via the UN Supply Portal and the PAHO Strategic Fund, which facilitates procurement of diagnostics, ventilators, and PPE for the COVID-19 response. This initiative is the result of several weeks of collaborative coordination between PAHO/WHO, the World Food Programme, the Government of Canada and the Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), which has developed an initiative to assist with the short-term establishment and operation of a new integrated Regional Logistics Hub for the COVID-19 response based in Barbados.

The public is advised that all protocols will be revised as necessary, based on the changing nature of the COVID-19 disease and compliance of the public and travellers to St. Vincent and The Grenadines. The importance of strict compliance to all quarantine and isolation orders is paramount. It is only by complying with these orders and the use of masks in public spaces that the spread of COVID-19 can be controlled in St. Vincent and the Grenadines.

La prórroga del estado de calamidad pública antes referida se decreta en virtud que a la fecha continúa la propagación y efectos de la epidemia COVID-19 y sus consecuencias de riesgos a la vida y salud de las personas.

Through a joint project— #YoCamino (I March) campaign—the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations Children's Fund (UNICEF) have provided specialized kits to more than 60 migrant children and adolescents like Alejandro and his brother, including many Nicaraguans.

The assistance kits contain hygiene supplies for personal use, food, and recreational and informative materials on preventing COVID-19 and irregular migration. In some cases, specific items to cover a child's special needs also have been delivered. In this case, Alejandro and his brother received the clothing and suitcases they lacked for their return.

Brazil is host to more than 345,000 refugees and asylum seekers, for whom the consequences of the pandemic are especially harsh.

In an effort to limit the spread and impact of the virus, UNHCR is enhancing community awareness efforts, including through information campaigns and preventive information sessions in the different indigenous languages. Hygiene promotion has also been scaled up in temporary shelters: hand-washing stations have been installed and soap distribution continue to take place since the beginning of March.

UNHCR is also addressing rising humanitarian and health needs among refugees living on the streets, and in overcrowded shelters and unsanitary conditions in the northern regions of Brazil, including in Amazonas, Roraima and Para states.

The Caribbean Development Bank (CDB) and the Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) took delivery of the majority of US$3 million worth of PPE at the Port of Bridgetown. CDB procured and purchased the equipment with concessional resources through the Bank’s Special Development Fund.

El país logró recibir el sello Safe Travels o Destino Seguro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), gracias a la implementación de los 16 protocolos sanitarios para las actividades turísticas.

“Para conseguir el sello debimos enviar los protocolos a revisión a la WTTC, los aprobaron y ahora viene una tercera etapa con el proceso para sub-licenciar a las empresas turísticas costarricenses y promover el uso del sello. El éxito del sello requiere que todos pequeña, mediana y gran empresa, así como los colaboradores y turistas, cumplamos las medidas de sanidad contra la pandemia”, señaló Gustavo Segura, Ministro Rector de Turismo.

Costa Rica se une Aruba, Portugal, Dubai, Turquía, Egipto, Ucrania y las ciudades españolas de Sevilla y Benidorm, como sitios con sello Safe Travels.

Parte de adaptarse a la "nueva normalidad" es encontrar formas de vivir nuestras vidas de manera segura”, explicó Tedros Adhanon Gebreyesus.

“Se trata de tomar buenas decisiones. Estamos pidiendo a todos que tomen las decisiones sobre dónde ir, qué hacer y a quién ver como si fueran decisiones de vida o muerte; porque lo son. Puede no ser tu vida, pero tu elección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien a quien amas o de un extraño”, dijo.

“We must remember that most people are still susceptible to this virus. As long as it’s circulating, everyone is at risk”, said Tedros (Adhanom Ghebreyesus), adding, “just because cases might be at a low level where you live, that doesn’t make it safe to let down your guard.”

“In recent years we’ve seen young people leading grassroots movements for climate change and racial equality. Now we need young people to start a global movement for health – for a world in which health is a human right, not a privilege”, he suggested.

Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), y Cassio Luiselli, miembro del Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria de las Américas, se encargaron del análisis de ambos panoramas, de modo de proponer respuestas adecuadas para reforzar la cooperación entre los países y mitigar los efectos de la pandemia.

Según consideraron, para la reactivación económica y la seguridad alimentaria de la región latinoamericana y el Caribe será crucial aprovechar el potencial del multilateralismo, mantener el flujo de mercancías, minimizar barreras comerciales, promover cadenas productivas con más valor agregado, una mejor comercialización y distribución de alimentos, así como fortalecer la agricultura familiar.

Alicia Bárcena advirtió que la región está en riesgo de una verdadera crisis alimentaria. Precisó que más de 96 millones de personas estarán en situación de pobreza extrema, 11,8% de ellas en ciudades y 29% en zonas rurales.

“La alerta es enorme, se reducen los ingresos de los hogares y su acceso a la canasta alimentaria. No es que haya falta de alimentos, es que no hay recursos para poder adquirirlos. Esto se suma a la baja calidad nutricional que están viviendo sobre todo las familias más pobres”, insistió.

El informe “Temporary Basic Income: Protecting Poor and Vulnerable People in Developing Countries” (Ingreso Básico Temporal: Proteger a las Personas Pobres y Vulnerables en los Países en Desarrollo), se estima que costaría US$ 199.000 millones ofrecer un ingreso básico garantizado durante seis meses a los 2.700 millones de personas que viven por debajo o apenas por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo.

En el informe se ha determinado que esa medida es viable y urgentemente necesaria, ya que la pandemia está avanzando actualmente a un ritmo que supera los 1,5 millones de nuevos casos por semana, en especial en los países en desarrollo, donde 7 de cada 10 trabajadores generan su sustento a través de mercados informales y no pueden obtener ingresos si permanecen en sus hogares.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$130 millones para apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) como sostén del empleo en Bolivia frente a la crisis del COVID-19 y sus efectos en el tejido productivo.

El programa espera beneficiar como mínimo a aproximadamente 12.000 MiPyME afectadas por la crisis, mediante créditos que se otorgarán a través de las Instituciones Financieras elegibles, destinándose un monto superior al 30 por ciento del total de los recursos a empresas propiedad de mujeres.

El Señor Presidente de la República Dominicana Lic. Danilo Medina, ha declarado el Estado de Emergencia Nacional por un periodo de cuarenta y cinco ( 45 ) días debido al brote de coronavirus (COVID-19), en virtud de la autorización dada por el Congreso Nacional mediante la Resolución Núm.70-20 de fecha 19 de julio de 2020 , de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República Dominicana y en la Ley núm. 21-18 sobre la Regulación de los Estados de Excepción dispuestos en la Constitución de la República Dominicana, del 25 de mayo del 2018.

El documento es producto de trece reuniones sostenidas entre la Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos y la Coalición por Venezuela, conformada por 63 organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia a venezolanos en 23 países de la región.

“La situación de migrantes y refugiados venezolanos representa uno de los más grandes desafíos durante la pandemia por COVID-19, toda vez que ha supuesto el incremento de la dificultad para ejercicio pleno de sus derechos, tales como: acceso a la salud, a la educación, el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo y la salvaguarda de los medios de vida,” señala el documento en la introducción.

We then explore scenarios where the opening of economies results in recurrent outbreaks of various magnitudes and countries respond with and without economic shutdowns. We also explore the impact if no vaccine becomes available and the world must adapt to living with COVID-19 in coming decades. The final scenario is the case where a given country is in the most optimistic scenario (Scenario 1), but the rest of the world is in the most pessimistic scenario. The scenarios demonstrate that even a contained outbreak will significantly impact the global economy in the coming years. The economic consequences of the pandemic under plausible scenarios are substantial and the ongoing economic adjustment is far from over.

This note was developed by the OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE) in collaboration with the OECD Working Party for Urban Policy and the OECD Champion Mayors Initiative for Inclusive Growth. It is an update of the version released on 27 March, which expands the examples of measures taken by cities to respond to COVID-19 and provides analysis on issues related to the economic impact, density, resilience and collaboration with national governments. Short and medium term responses provided by cities are clustered around six categories: i) social distancing; ii) workplace and commuting; iii) vulnerable groups; iv) local service delivery; v) support to business; and vi) communication, awareness raising and digital tools. The note also includes new information on how cities are progressively exiting the lockdown and on lessons learned in terms of density, mobility and digitalisation. It concludes with action-oriented guidance to build back better cities, building on previous work on urban resilience. Annex A provides more detailed information on the inventoried city initiatives. Annex B maps efforts from selected organisations and city networks to collect city responses and foster knowledge and experience sharing. This is a working and living document, whose next version will be released by the end of June

With multilateral cooperation under strain, senior UN officials, Nobel laureates and eminent academic experts, gathered virtually on Wednesday for the launch of a new report recommending “an adjusted approach” to economic development, and a policy dialogue exploring how countries can recover from COVID-19, in ways that lead to real structural transformation.