Personas a cargo de las presentaciones:
Julio César Castaños, Presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana
Salvador Romero, Presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia
Wilfredo Penco, Vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay
Diana Atamaint, Presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador
Maria Elena Wapenka, Ministra del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay
Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia
Gerardo de Icaza, Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral
Brenda Santamaría, Jefa de Sección, Departamento para la Cooperación y Observación Electoral
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Los Estados deben garantizar el derecho a la vida y a la salud. Asimismo, éstos son responsables de proteger los valores democráticos y garantizar el respeto al orden constitucional establecido en cada país.
Los procesos electorales, en particular la etapa pre-electoral y el día de las elecciones, implican reuniones masivas o eventos comunitarios, por ejemplo: actividades de campaña, capacitación a miembros de mesa, preparación del material electoral, asistencia de ciudadanos a su mesa de votación, entre otros. A la luz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de evitar la aglomeración de personas, las autoridades electorales se ven ante el desafío de llevar a cabo procesos electorales al tiempo de resguardar la salud de la ciudadanía y de las y los servidores electorales.
Por otro lado, las medidas de distanciamiento social y contexto actual podrían afectar el principio de transparencia, el cual está ligado al derecho fundamental de la ciudadanía a buscar, recibir e impartir información, así como al derecho de participar en el gobierno y los asuntos públicos.
De la misma manera, una crisis sanitaria de este tipo requiere que las autoridades tomen nuevas medidas para garantizar elecciones inclusivas, que ofrezcan igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos con derecho a votar y a ser elegidos puedan participar.
Finalmente, es importante tener en cuenta que la crisis global de salud generada por la propagación del COVID-19 generó una crisis de desinformación, fenómeno que probablemente se extenderá a los procesos electorales.
Tomando en cuenta lo anterior, se propone que la discusión gire en torno a las siguientes interrogantes:
- ¿Qué medidas han considerado para mitigar la expansión del virus durante la etapa pre-electoral y el día de la elección, y proteger tanto a los servidores electorales como a la ciudadanía?
- ¿Qué desafíos normativos y políticos han encontrado implementando cambios para garantizar los derechos a la vida y salud de los ciudadanos? ¿Cómo han superado dichos desafíos?
- ¿Qué procedimientos se deben poner en práctica para garantizar que la información relacionada con todas las etapas del ciclo electoral, incluyendo el escrutinio el día de la elección, esté disponible y sea accesible a la ciudadanía?
- ¿Qué acciones han considerado para garantizar la participación de grupos vulnerables en el proceso electoral?
- ¿Qué iniciativas se han planteado para combatir las noticias falsas o desinformación en el contexto actual?