29. Iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, con participación ciudadana plural, en seguimiento de las distintas cumbres que se han realizado al respecto, que tome en cuenta las demandas estructurales que han venido siendo advertidas por la CIDH desde 2006. Esta reforma debe incluir: I) el fortalecimiento de la carrera judicial y de la Fiscalía, por medio de la asignación de recursos suficientes para atender la situación de transi- toriedad en las plazas judiciales y fiscales, en un plazo razonable; así como robustecimiento de las garantías de debido proceso en los procesos disciplinarios contra personas operadoras de justicia; II) la optimización de la asignación y la ejecución presupuestaria al órgano judicial que tome en cuenta parámetros de inversión anual, necesidades de equipamiento, infraestructura y personal, rendición de cuentas transparente y atención a las deficiencias de ejecución. III) la revisión de los programas en ejecución para la reducción de la mora procesal con el fin de comprender deficiencias, optimizarlos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. IV) la implementación efectiva de una política integral que involucre al órgano judicial y el ejecutivo para reducir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, según estándares internacionales, así como garan- tizar el acceso y la aplicación efectiva de los beneficios penitenciarios e indultos, con atención a la situación de personas mayores privadas de la libertad que puedan optar a dichas figuras legales. V) la garantía de recursos judiciales efectivos, con el apoyo de un mecanismo internacional independiente que garantice la aplicación de estándares internacionales contra la detención arbitraria y la aplicación del debido proceso en cada una de las persecuciones penales que tuvieran posibles motivaciones políticas. VI) el fortalecimiento de la jurisdicción indígena originario campesino por medio de una reforma a la Ley de Deslinde Jurisdiccional -previa consulta y consentimiento a los pueblos-; la asignación suficiente de presupuesto para su funcionamiento; la implementación efectiva de la perspectiva de interculturalidad en todos los juzgados ordinarios. VII) a mitigación de las barreras de acceso a la justicia, incluso las barreras físicas, lingüísticas, de conocimiento y culturales. VIII) la creación o reforma de leyes para la optimización del sistema de justicia, incluyendo la adopción de una ley de procedimientos de la jurisdicción agroambiental y la adecuación, a criterios objetivos, de los delitos de terrorismo; financiamiento del terrorismo y tortura, según estándares internacionales de las tipificaciones.