28. Robustecer el marco legal para asegurar la inclusión de criterios objetivos para la preselección, elección y nombramiento de las autoridades judiciales de las cortes y del Consejo de la Magistratura, que tomen en consideración la participación ciudadana y trans- parencia; así como auditorías externas independientes. El Estado debe garantizar que los procesos de selección se realicen en los tiempos y modalidades constitucionalmente previstas, con el fin de evitar las prórrogas de mandatos. Esto es esencial para la construcción de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y la institucionalidad democrática, así como para el resguardo los proceso políticos institucionales democráticos.