El 22 de febrero del 2022 el Estado de Honduras suscribió un Convenio con las Organizaciones campesinas integradas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); aunado a esto mediante Acuerdo No. 002/2023 de fecha 05 de junio del 2023 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,253 en fecha 13 de junio del 2023 donde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra la que es coordinada por el Ministro Director del Instituto Nacional Agrario (INA), Licenciado Francisco Fúnez Rodríguez. Por lo cual se conformaron varias comisiones y sub comisiones de tierras nombradas para tratar temas relacionados a problemas agrarios sobre despojos, criminalización y desplazamientos forzados a varias cooperativas agropecuarias, para que en las diferentes reuniones sostenidas se buscara solución al conflicto agrario relacionado a la recuperación de las tierras de la reforma agraria del Bajo Aguán. En consecuencia, se conforma la Comisión Jurídica que se encargará de la recopilación de los documentos tanto de expedientes ubicados en el INA, inscripciones/tracto sucesivo en el Instituto de la Propiedad (IP), sobre todo techos autorizados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), información que se encuentra subida en una nube digital creada para tal fin. De la recopilación de toda la información, cada institución deberá hacer su propia investigación adicional, análisis y opiniones legales tanto de los hallazgos como la temporalidad y aplicabilidad de la ley y que en su momento resultó las transacciones de las propiedades a favor de los agroindustriales, de igual forma las autorizaciones para vender que establece la ley, inscripciones en el Registro de la Propiedad de Trujillo, los procesos de liquidación y cancelación de las personalidades jurídicas de las cooperativas y los sobre techos autorizados. Por lo que, en reunión de trabajo de la subcomisión jurídica, el 20 de marzo del 2024 se crea, la sub comisión de análisis integrada por apoderados legales del INA, IP, Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de la Presidencia y representantes de la Plataforma Agraria y COPA; la que se encargará de elaborar un informe final que será presentado a la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra para que esta tome las decisiones que estime convenientes. Trabajos realizados De las diferentes reuniones sostenidas en la Sub Comisión Jurídica, se realizaron varias actividades como libramiento de oficios a Instituciones del Estado para obtener la información necesaria y poder concluir con el trabajo asignado, trabajo técnico de campo, etcétera y entre las cuales están las siguientes: • INA proporcionó copia certificada de los expedientes solicitados y que se ubicaron en el archivo general. • Constancia de que no se ubicó ningún expediente de solicitud para autorización de venta de las tierras por parte de las cooperativas en el sector del Aguán. • IP ha revisado exhaustivamente las inscripciones y antecedentes referentes a las transacciones de compra-venta (se presentó el respectivo informe). • SAG puso a disposición los expedientes de autorización de sobre techos a los agroindustriales, así como la fotocopia de estos. • El Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas informó sobre el trámite de disolución y cancelación de personalidades jurídicas de las cooperativas. • Personal Técnico de INA-IP realizaron trabajo de campo sobre el levantamiento de plano; dicha brigada practicó inspección de la tierra a diferentes cooperativas campesinas dando como resultado la mensura de 11 cooperativas y una empresa campesina, detallándolas así:  Cooperativa Camarones  Brisas del Aguán  Laureles  La Occidental  El Plantel  El Remolino  La Trinidad  Tranvío  El Chile  La Brea  Chapagua  9 de Agosto  La EAC Tierra Prometida La Sub-Comisión Jurídica fue creada a instancias de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, el objetivo fundamental de la Sub Comisión es emitir una opinión legal, sobre las posibles soluciones a la conflictividad del Bajo Aguán, desde el punto de vista del derecho positivo. En el planteamiento de la Plataforma Agraria y COPA, establece la vinculación de las violaciones de los Derechos Humanos por el despojo, criminalización y desplazamientos forzados en perjuicio de socios que integraban las cooperativas del Bajo Aguán que mediante contratos de compraventa transmitieron el dominio pleno de sus tierras a empresas agroindustriales. Al respecto las instituciones del Estado antes indicadas han establecido como criterio unificado, desvincular el aspecto de derechos humanos por despojo, criminalización y desplazamientos forzados a la vigencia de las leyes agrarias y sus reglamentos al momento de efectuarse los traspasos de dominio relacionados. Se agregaron como anexos los estudios registrales efectuados por el IP en el Registro de la Propiedad Inmueble en la circunscripción del departamento de Colón, en donde se describen todas las transacciones efectuadas entre las cooperativas de la reforma agraria y los agroindustriales. En este caso será competente para conocer lo relacionado con las violaciones de los derechos humanos por el despojo, criminalización y desplazamientos forzados la Comisión Tripartita, quien dentro de sus atribuciones implementará los procedimientos necesarios para verificar los hechos criminales acontecidos en el Bajo Aguán en perjuicio de campesinos y campesinas por el acceso a la tierra, con la asistencia técnica y financiera de la cooperación internacional.