Durante las protestas sociales en Perú entre diciembre de 2022 y enero de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó visitas al país para evaluar la situación de los derechos humanos. En este contexto, la CIDH sostuvo reuniones con diversas partes, incluyendo víctimas, familiares, organizaciones de la sociedad civil y autoridades estatales. Sin embargo, no se dispone de información pública sobre medidas de protección adoptadas por el Estado peruano para personas que testificaron o dialogaron con la CIDH durante estas visitas. Contrariamente a adoptar acciones para proteger a personas que hayan testificado ante la Comisión, el propio Estado del Perú por medio de sus autoridades, ha contribuido a agredir y poner en riesgo a participantes de estas audiencias. La postura estatal nos preocupa cada vez más, especialmente desde la reciente audiencia sobre la “Impunidad de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado de 1980-2000”, celebrada durante el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos . En ella, el Estado adoptó una posición abiertamente negacionista del conflicto armado interno y de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el mismo, y hostil hacia las víctimas y las organizaciones. En este sentido, citamos la intervención en la última audiencia del Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, David Charles Napurí Guzmán, quien señaló: “mi más profundo rechazo y desacuerdo con las informaciones últimas realizadas por la señora Gisela Ortiz, quien contra la investidura presidencial realizadas en esta audiencia por de parte de esta señora, estas informaciones en forma velada ponen en tela de juicio en carácter democrático de las instituciones del estado y las autoridades que la presiden, apartándose de lo que es el objeto de la audiencia”. Gisela Ortiz es víctima del caso La Cantuta y representa la voz de miles de víctimas en Perú que aún esperan justicia por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, lo que confiere una especial importancia a su mensaje y demanda una respuesta respetuosa por parte del Estado. Por tanto, es lamentable el ataque de la autoridad contra la sra. Ortiz, que viene siendo objeto durante años de estigmatización y ataques constantes , constituyendo una revictimización en desmedro no sólo de su dignidad y sus derechos sino que a través de ella, una afrenta en contra de las víctimas del periodo de conflicto armado interno sufrido en el Perú durante los años 1980-2000. En este sentido, recordamos que la situación actual en Perú se caracteriza por un desmantelamiento institucional y una persecución sistemática a personas defensoras de derechos humanos, por lo que lo señalado por el mencionado funcionario puede entenderse como una amenaza velada que reviste especial gravedad, y un ataque público a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por otra parte, continúan las campañas de estigmatización y terruqueo contra integrantes de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y el Instituto de Defensa Legal (IDL), impulsadas no sólo por medios de comunicación, sino también por autoridades del Estado. Es el caso de la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador , quien fue víctima de diversos ataques en diversas actividades públicas; así como de la directora ejecutiva de APRODEH y secretaria ejecutiva de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Gloria Cano , quien junto con personal de APRODEH también es constantemente víctima de difamaciones e intimidación ; asimismo, la abogada del IDL Cruz Silva, particularmente a raíz de su participación a nombre de la organización en la audiencia “Perú: Democracia y los efectos del proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia”, que tuvo lugar el 15 de noviembre del 2024 en Washington DC . Esto generó una importante atención mediática, que a su vez derivó en un mayor número de hostigamientos en línea. Como indicamos, ciertas figuras públicas – incluyendo autoridades del Estado – continúan impulsando estas campañas de estigmatización. Por ejemplo, el Congresista Alejandro Aguinaga ; Juan Maelo, líder de la autodenominada “La Resistencia” , y la lideresa de “La Insurgencia” Flor de los Milagros Contreras León, continúan difundiendo mensajes amenazantes y estigmatizantes en contra de Cruz Silva y otros miembros de la institución IDL. Esto da pie para que medios de comunicación también se sientan en libertad de replicar e impulsar estas campañas de difamación. Por ejemplo, el 8 de octubre de este año se publicó un artículo en el que se cuestiona a la abogada Cruz Silva y el trabajo de IDL por llevar a cabo una “campaña política” para la selección de la Junta Nacional de Justicia . Adicionalmente, estas campañas son posteriormente replicadas y acentuadas en la red social X, en la cual los usuarios que disienten de las actividades de APRODEH, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IDL y/o otras organizaciones o colectivos de la sociedad civil, o simpatizan con las autodenominadas “La Resistencia” o “La Insurgencia”, constantemente emiten mensajes de amenaza y amedrentamiento en contra de Jennie Dador, Gloria Cano e integrantes de APRODEH, así como Cruz Silva, y otros integrantes de IDL , incrementando el riesgo que enfrentan.