El Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, establecido por el Estado peruano, tiene como objetivo principal garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia para quienes realizan labores de defensa de derechos humanos y enfrentan situaciones de riesgo debido a estas. Sin embargo, este mecanismo ha sido objeto de críticas por su limitada eficacia en abordar la criminalización de la protesta social. El Mecanismo intersectorial ha excluido los casos de criminalización, enfocándose principalmente en amenazas provenientes de economías ilegales. Esta omisión es significativa, ya que la criminalización de la protesta social es una de las principales amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en el Perú. Esto resulta en una protección insuficiente para aquellos que ejercen su derecho a la protesta social y enfrentan procesos judiciales injustos o desproporcionados. En este sentido, aunque el Mecanismo intersectorial represente un avance en la protección de personas defensoras de derechos humanos, su omisión en abordar la criminalización de la protesta social limita su eficacia y deja desprotegidos a quienes ejercen este derecho fundamental. Es necesario que el Estado peruano revise y fortalezca este mecanismo para incluir medidas específicas que prevengan y respondan a la criminalización de la protesta, garantizando así una protección integral para todos los defensores de derechos humanos.