La Recomendación 33 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al Estado peruano a garantizar la difusión y registro de los acontecimientos durante las protestas sociales, mediante políticas públicas, fortalecimiento institucional, rendición de cuentas y acciones pedagógicas. Sin embargo, entre 2023 y 2024, las medidas adoptadas por el Estado peruano en este ámbito han sido insuficientes y, en algunos casos, contrarias a estos objetivos. Como se mencionó anteriormente, en abril de 2023, la Corte Suprema de Perú emitió un fallo que criminaliza todas las manifestaciones, prohibiendo las protestas pacíficas y negándoles protección constitucional . Esta medida contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y dificulta la documentación y difusión de eventos durante las protestas. Asimismo, las autoridades peruanas han utilizado tácticas de estigmatización, como el “terruqueo”, acusando sin pruebas a manifestantes de estar vinculados con el terrorismo. Esta práctica no sólo deslegitima las protestas, sino que también inhibe la cobertura mediática y el registro objetivo de los hechos. Las víctimas de las protestas aún no son el centro de las investigaciones, evidenciando una falta de rendición de cuentas efectiva por parte del Estado. Asimismo, no se han implementado programas educativos dirigidos a funcionarios estatales para promover la importancia de la difusión y registro de eventos durante las protestas, ni para sensibilizarlos sobre el respeto a los derechos humanos en estos contextos. Las acciones del Estado peruano entre 2023 y 2024 han sido insuficientes para garantizar la difusión y registro de los acontecimientos durante las protestas sociales. Al contrario, ciertas medidas han restringido estos procesos, contraviniendo las recomendaciones de la CIDH y los estándares internacionales de derechos humanos. Es imperativo que el Estado adopte políticas públicas efectivas, fortalezca las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos, asegure la rendición de cuentas y desarrolle acciones pedagógicas para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales durante las protestas sociales.