Entre 2023 y 2024, el Estado peruano ha adoptado medidas que han suscitado preocupaciones respecto a posibles restricciones al derecho de reunión pacífica. En respuesta a diversas manifestaciones, el gobierno peruano ha recurrido a la declaración de estados de emergencia, lo que ha permitido la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden público. En octubre de 2023, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó al Perú a implementar reformas significativas para garantizar el derecho de reunión pacífica y asegurar que cualquier uso de la fuerza sea compatible con el derecho internacional de los derechos humanos . Asimismo, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1589 , que aumenta las penas de prisión hasta 15 años para delitos como disturbios y entorpecimiento de servicios públicos. Dicho decreto representa una posible criminalización de la protesta social pacífica permitiendo la persecución de manifestantes, incluso sin participación directa en actos violentos. La penalización de actos como el bloque de carreteras, una práctica común en las manifestaciones, conlleva penas desproporcionadas que podrían inhibir el ejercicio del derecho a la protesta y ampliarían la impunidad de las fuerzas armadas y la policía. Por otro lado, las autoridades gubernamentales han empleado tácticas de "terruqueo", acusando sin pruebas a los manifestantes de estar vinculados con grupos terroristas o influenciados por países extranjeros. Esta estrategia ha sido utilizada para justificar la represión y deslegitimar las protestas. La CIDH ha señalado que el uso del "terruqueo" por parte del gobierno y las autoridades crea "un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional" . En este sentido, en mayo de 2023, el Tribunal Supremo del Perú emitió un fallo que criminaliza todas las manifestaciones, prohibiendo las protestas pacíficas al declarar que no están protegidas por la constitución . Esta decisión ha sido interpretada como una restricción significativa al derecho de reunión pacífica generando gran preocupación. Al respecto, la Corte Suprema ratificó la condena contra los manifestantes de Las Bambas, acusados de haber obstruido el tránsito de los vehículos de una empresa minera durante una protesta, afirmando que la ocupación de vías constituye un delito, especialmente cuando afecta a terceros y no existen alternativas. Este fallo restringe el derecho a la protesta, considerando cualquier forma de protesta, incluso pacífica, como un acto ilícito si afecta los derechos de terceros o el sistema económico. Esto incluye la posibilidad de sancionar manifestaciones que obstaculicen el tránsito o interfieran con actividades cotidianas. Esta interpretación ha sido vista como un retroceso en el derecho a la protesta, un derecho fundamental reconocido a nivel internacional, ya que limita severamente las formas en que los ciudadanos pueden expresar su disenso y demanda de cambios. El fallo socava el derecho fundamental a la libertad de expresión, que incluye la protesta pacífica, y advierten que podría utilizarse para reprimir la disidencia pública legítima. Ahora bien, en septiembre de 2024, el gobierno declaró el estado de emergencia en once distritos de Lima Metropolitana y el Callao durante 60 días en respuesta a una huelga de transportistas que protestaban contra la extorsión de mafias . Esta medida, que restringe derechos fundamentales, ha sido objeto de debate sobre su proporcionalidad y justificación. Estas acciones han generado críticas tanto a nivel nacional como internacional, señalando que podrían vulnerar el derecho a la reunión pacífica y otros derechos fundamentales.