El Perú firmó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia el 25 de octubre de 2016 . Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha procedido con su ratificación . Esta inacción pone de manifiesto un rezago en priorizar la lucha contra el racismo estructural, reflejando posibles resistencias políticas o sociales que obstaculizan el avance hacia una agenda más inclusiva y equitativa. La ratificación de esta Convención representaría un paso fundamental para alinear las normativas internas con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y para garantizar una protección efectiva contra la discriminación racial en todas sus manifestaciones. Este compromiso fortalecería el marco normativo nacional y reforzaría la capacidad del Estado para combatir prácticas discriminatorias que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, entre otras. El retraso en este proceso también puede estar relacionado con el contexto de alta polarización y discriminación evidenciado durante las recientes protestas sociales. En dichas movilizaciones, se observó el uso de términos despectivos hacia miembros de comunidades indígenas y campesinas, lo que puso de relieve la persistencia de prácticas y discursos racistas en la sociedad peruana. En este escenario, la ratificación de la Convención no solo tendría un impacto normativo, sino también simbólico, reafirmando el compromiso del Estado peruano con la erradicación del racismo y la promoción de una sociedad más justa e inclusiva.