La Defensoría del Pueblo es clave en la defensa de derechos humanos en Perú, pero su proceso de selección enfrenta críticas por falta de transparencia y meritocracia. La CIDH ha instado a fortalecer esta institución mediante procesos participativos y basados en méritos, lo cual no se ha cumplido. En el marco del 28° aniversario de la Defensoría, exfuncionarios criticaron la gestión de Josué Gutiérrez, señalando que ha debilitado sus funciones esenciales, apartándose de la misión de proteger la democracia y los derechos humanos. Según ellos, Perú enfrenta una crisis institucional agravada tras el fallido golpe de Pedro Castillo, con una progresiva erosión del Estado de derecho liderada por el Congreso y el Ejecutivo. Se han señalado problemas específicos en la Defensoría: Desvinculación de personal: Renuncias y despidos de expertos han afectado su capacidad técnica. Nombramientos cuestionados: Personas con vínculos políticos habrían sido designadas, comprometiendo la imparcialidad. Falta de transparencia: Contratos asignados a allegados de Gutiérrez generan dudas sobre el uso de recursos. Prioridades inadecuadas: Gastos en eventos cuestionados por no estar relacionados con su función esencial. La posición de la Defensoría frente a protestas también ha sido criticada. Durante el foro APEC, la institución condenó las manifestaciones contra el Congreso y el Gobierno, priorizando el "interés nacional" y destacando proyectos como el nuevo aeropuerto y el puerto de Chancay. Aunque reconoció el derecho a la protesta, argumentó que debe subordinarse a obligaciones "imperativas" de unidad nacional y desarrollo. En 2023 y 2024 no se avanzó en reformar los procedimientos de selección. A pesar de las recomendaciones internacionales, el Congreso no priorizó esta mejora, perpetuando la opacidad, la exclusión de la sociedad civil y la influencia política. Esto afecta la legitimidad de la Defensoría, debilitando su independencia y reduciendo su capacidad para denunciar violaciones de derechos humanos. La falta de autonomía y legitimidad ha limitado su capacidad de acción durante protestas sociales recientes. Un proceso de selección transparente y meritocrático podría haber fortalecido la confianza ciudadana y su eficacia en la resolución de conflictos. Para superar estas deficiencias, se requiere: Normativas claras: Procesos de selección participativos, con criterios basados en méritos y cualificaciones. Participación ciudadana: Inclusión de sociedad civil y expertos independientes en todas las etapas del proceso. Transparencia: Publicación de perfiles de candidatos, planes de trabajo y antecedentes. Supervisión internacional: Acompañamiento de organismos como la CIDH para garantizar estándares de derechos humanos. Un proceso de selección transparente es esencial para restaurar la confianza en la Defensoría y fortalecer su rol en la protección de derechos humanos. Consolidar su autonomía contribuirá significativamente a la estabilidad democrática y a la defensa de los derechos fundamentales en Perú.