La Recomendación 22 de la CIDH urge al Estado peruano a evitar reformas que socaven la independencia del Sistema Nacional Electoral y el Poder Judicial. No obstante, entre 2023 y 2024 se han promovido diversas iniciativas contrarias a este llamado, generando serias preocupaciones. En febrero de 2023, el Tribunal Constitucional instó al Congreso a reformar el artículo 99 de la Constitución para incluir a las altas autoridades del Sistema Electoral en la figura de acusación constitucional. Esto podría aumentar la injerencia política y debilitar la autonomía de dicho sistema. Asimismo, en 2024 se aprobaron reformas significativas, como la Ley 32153, que afecta el control difuso en el Poder Judicial, obligando a los jueces a remitir sus decisiones a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, limitando su autonomía. También se redujo el requisito de mayoría en el Tribunal Constitucional para fallos competenciales, aumentando el poder de su presidenta. El Congreso ha impulsado reformas que politizan instituciones clave, como la elección del presidente del JNE, y plantea reemplazar la JNJ por una Escuela Nacional de la Magistratura bajo control político. Adicionalmente, proyectos de ley proponen destituciones automáticas de jueces por discrepancias interpretativas y eliminar el control difuso de la constitucionalidad, afectando gravemente la independencia judicial. Además, el Congreso aprobó una moción para crear una comisión multipartidaria destinada a reformar el sistema de justicia, cuestionada por su falta de transparencia. En el ámbito electoral, el Congreso presentó al menos 29 iniciativas que buscan cambiar las reglas del JNE, incluyendo su integración al antejuicio político, comprometiendo los principios de imparcialidad y autonomía. Otro ejemplo alarmante es el proyecto de ley para retirar al Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual eliminaría el acceso de la ciudadanía a instancias internacionales de protección. Estas medidas reflejan una tendencia a debilitar la división de poderes y erosionar la confianza en las instituciones democráticas, contraviniendo estándares internacionales y poniendo en riesgo el Estado de derecho y los derechos humanos en Perú.